lunes, 18 de septiembre de 2017

La financiación de competencias por habitante baja en la Región 1,2 puntos entre 2002 y 2015

MADRID.- La financiación de competencias homogéneas por habitante ajustado presenta diferencias "difícilmente justificables" entre comunidades, que se han ido acrecentando en los últimos años, según un estudio del director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente.

Publicado por el BBVA, el informe, titulado 'La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2015', analiza la evolución de la financiación definitiva de las comunidades autónomas de régimen común desde 2002 hasta 2015.
Con ese fin, se construyen series de financiación efectiva a competencias homogéneas, esto es, incluyendo sólo los recursos destinados a financiar un conjunto de competencias común a todas lasautonomías y uniforme en el tiempo, que incluye la gestión de lasanidad y de la educación pero no otras materias singulares, comoinstituciones penitenciarias, la policía o la administración de justicia.
En el trabajo se construyen series homogeneizadas de financiación regional a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal desde 2002 hasta 2015, así como series complementarias de financiación por caja y financiación destinada a competencias singulares.
Según este estudio, tanto en 2002 como en 2015 se encuentran diferencias importantes en términos de financiación por unidad de necesidad.
En el año 2002, algunas comunidades como La Rioja y Cantabria disfrutaban de una financiación por habitante ajustado superior en casi veinte puntos al promedio, mientras que la autonomía "peor tratada", que era Baleares, se situaba casi diez puntos por debajo de la referencia.
Aunque en 2015 la situación era "muy similar", han crecido las diferencias, tanto por arriba como por abajo. Para De la Fuente, "resultan llamativos" los cambios de posición relativa que han experimentado algunos territorios. Así, Baleares ha ganado casi 17 puntos entre un año y otro y Extremadura 7 y Cantabria 5, mientras que Andalucía ha perdido 2,4 puntos y Canarias otros 2,3 puntos.
Junto a estas dos últimas, la financiación ha bajado en Cataluña (1,5 puntos), Murcia (1,2), Comunidad Valenciana (1,4) y Madrid (0,8).
Tras pequeñas oscilaciones iniciales, la desigualdad aumentó rápidamente con el inicio de la crisis, se redujo apreciablemente con el cambio de modelo y mostró una cierta tendencia al alza, aunque con fuertes altibajos, tras 2009.

Ninguno de los vuelos cancelados por 'Ryanair' hasta ahora afecta a San Javier

CARTAGENA.- Ninguno de los 178 vuelos cancelados desde el pasado sábado por la aerolínea irlandesa Ryanair afecta a vuelos con salida o llegada al aeropuerto de San Javier.

La compañía, que informó que cancelará unos 50 vuelos diarios durante las próximas seis semanas a fin de mejorar la puntualidad, publicó en su web un listado con los enlaces y conexiones que no despegarán hasta el miércoles, si bien aclaró que entre este lunes y martes comunicará el listado completo.
La aerolínea tiene operativos durante esta temporada una decena de conexiones entre el aeropuerto de San Javier y los de Dublín y Glasgow (Irlanda), Eindhoven (Holanda), Birmingham, Bournemouth, Nottingham, Glasgow, Leeds, Manchester y dos de Londres (Stansted y Luton), que, por el momento, no se ven afectados por las cancelaciones.
La compañía explicó que las huelgas de controladores aéreos, el mal tiempo y las vacaciones de pilotos y personal de cabina produjeron una caída de la puntualidad de los vuelos por debajo del 80% en las últimas dos semanas.
Ryanair aseguró que ofrecerá vuelos alternativos a los afectados por la medida o una devolución del dinero.

El Supremo confirma la condena al abogado Mazón por vulnerar el honor del registrador que sustituyó a Rajoy

MURCIA.- El Tribunal Supremo confirmó una condena que la Audiencia Provincial de Murcia impuso al abogado José Luis Mazón, quien deberá indemnizar con 18.000 euros por daños al honor al registrador de la propiedad que sustituyó en esa función al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Santa Pola (Alicante).

El abogado Mazón actúa frecuentemente ante los tribunales españoles en nombre de la asociación Contrapoder y ha dirigido numerosas acusaciones contra responsables públicos.
En este caso, hizo declaraciones a dos medios informativos de Murcia en las que se vertían acusaciones sobre cómo se hizo el relevo en el registro de la propiedad alicantino del que fue titular el presidente del Gobierno.
El nuevo titular del puesto, Francisco Gaspar Riquelme, fue quien demandó por ese motivo a Mazón y quien, de acuerdo a la sentencia, vio dañado su derecho al honor y debe ser indemnizado.
El Supremo explica en su sentencia que las acusaciones de que dicho relevo se produjo de modo irregular, "transmitiendo al lector la existencia del un apaño entre amigos" (...) "ponen en cuestión el buen nombre del demandante", quien "no tiene necesidad ni obligación" de soportarlas.
"Esto no es el derecho a la libertad de expresión que garantiza nuestra Constitución" y resulta especialmente grave "cuando quien así se manifiesta es abogado y fundador de un partido político" (añade el tribunal en alusión a Contrapoder).
De este modo, el Supremo rechaza el recurso de Mazón, a quien condena en costas, y confirma la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Murcia.

Piden dos años de cárcel a los acusados de secuestrar a un socio de 'Trampolín' para recuperar su dinero

MURCIA.- El fiscal pidió dos años de prisión y una multa de 2.340 euros para cada uno de los dos acusados que fueron convocados por la Audiencia Provincial de Murcia por si se consigue un acuerdo de conformidad y que están acusados de secuestrar a un socio de Trampolín Hills Golf Resort para que les devolviera el dinero entregado a cuenta por las 15 viviendas que habían adquirido.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía señalan que los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2010, cuando Miguel Ángel G.T. y Alfonso G.T., presuntamente, acudieron a las oficinas de Solera Trampolín, ubicadas en la pedanía murciana de Gea y Truyols, provistos cada uno de una pistola automática.
Una vez allí se entrevistaron con el socio de la misma Rafael Aguilera, al que conocían por haberle adquirido las viviendas en la urbanización Trampolín Hills, y por las que habían entregado cantidades a cuenta del precio pactado.
Añade el fiscal que los acusados, presuntamente, lo introdujeron en una furgoneta y viajaron con él en busca del otro socio, Antonio Martínez, al que no encontraron ni en sus oficinas ni en un solar al que también acudía por estar depositados en el mismo vehículos de la sociedad.
El fiscal acusó a los dos de un delito de realización arbitraria del propio derecho y de un delito de detención ilegal. La Audiencia los convocó para el 22 de septiembre por si reconocen los hechos y se conforman con cumplir la pena que puedan acordar el fiscal del caso y sus defensas.
La urbanización donde los denunciados habían adquirido las viviendas no llegó a ejecutarse, lo que motivó que los perjudicados, que suman varios centenares, presentaran numerosas denuncias contra sus promotores.

El TSJRM suspende el plazo para presentar los escritos de acusación de la rama murciana de 'Púnica' contra Sánchez


MURCIA.- El magistrado instructor de las diligencias de caso conocido como 'Púnica' que se siguen en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha accedido a las peticiones de las acusaciones y ha decidido suspender el plazo para la presentación del escrito de acusación, solicitado por el Ministerio Fiscal y la representación procesal de ADADE, que finalizaba ya.

Todo ello hasta que no se resuelva el resto de cuestiones interesadas en los escritos presentados por estos el pasado 11 y 12 de septiembre, respectivamente. No obstante, previsiblemente el magistrado resolverá en breve las peticiones planteadas tanto por las acusaciones pública como popular.
Entre otras cosas, las acusaciones pedían la suspensión del plazo para formular acusación, que finalizaba ya, y el magistrado ha aceptado, de manera que ahora tendrá que resolver las distintas peticiones que se le plantean, entre ellas el hecho de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada solicitara la apertura de juicio oral por el procedimiento de Tribunal del Jurado al expresidente de la Comunidad y actual diputado regional, Pedro Antonio Sánchez.
Así, la Fiscalía pedía la suspensión del trámite para formular el escrito de acusación y la transformación del procedimiento, "debiendo incoarse el procedimiento de Jurado previsto en la ley que lo regula".
Cabe recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco de la trama Púnica, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) de la parte relativa al ya expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, a quien le atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información.
En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 justificó su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.
El pasado 25 de julio, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, actuando como Sala de lo Penal, acordó desestimar los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales del ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y de quien fuera su miembro de su equipo, D.C.F., contra los autos dictados por el magistrado instructor del conocido como caso 'Púnica'.
La Sala confirmó en su integridad los autos del magistrado Enrique Quiñonero de fechas 6 y 27 de junio de 2017, por lo que se acordó la conclusión de dichas diligencias previas y su continuación por los trámites del procedimiento abreviado, según el auto.

El PPRM trata de conjurar a toda prisa su absoluta falta de credibilidad en torno a las infraestructuras del AVE


MURCIA.- "La memoria de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 detallará el proyecto de soterramiento de las vías y la estación del Carmen", así lo afirmó en rueda de prensa este lunes el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Teodoro García.

Por ello tendió la mano al resto de partidos políticos de la oposición a "trabajar de la mano por la llegada soterrada de la Alta Velocidad a la Región".
Teodoro García puso el acento en la defensa de los intereses de la Región "que están por encima de los partidistas" y denunció que las obras que durante años ha ido poniendo en marcha el PP, el PSOE las ha parado o ralentizado. 
Así, hizo referencia a la Variante de Camarillas, la autovía de Yecla o la conocida como autovía del Bancal que une el municipio costero de San Javier con Santomera. Igualmente citó como otras obras que durante el mandato del PSOE quedaron paradas y el PP ha recuperado, presupuestado y ejecutado como la regeneración de la Bahía de Portmán o la llegada de la Alta Velocidad a la Región .
El parlamentario del PP en el Congreso avanzó que la inauguración de la autovía de Yecla será en unos meses una realidad "de la que disfrutarán todos los yeclanos" y la Variante de Camarillas "que estaba abandonada en poco tiempo entrará en servicio acortando el viaje con Madrid y permitiendo recrecer el pantano de Camarillas".
Continuando en esta línea, Teodoro García hizo referencia a la regeneración de la Bahía de Portman de la que ha dicho "avanzan las obras con la retirada de estériles". Defendió, igualmente, el compromiso que el PP tiene con la llegada del AVE a la Región para que lo haga a la Estación del Carmen "mediante una vía provisional mientras se ejecutan los trabajos de soterramiento". De esta manera advirtió que "donde antes había vías, mañana habrá jardines, por lo que el tren discurrirá por abajo y las personas por arriba".
En palabras de García, los muros pantalla de metacrilato transparente que se han instalado a modo de seguridad tiene como fin proteger a la población de la catenaria provisional y de las obras de soterramiento y ha avanzado que "tienen fecha de caducidad" cifrada en "dos años como máximo, un compromiso adquirido por el Ministro Iñigo de la Serna". 
Teodoro García remarcó entender la preocupación de los vecinos por la instalación de la misma por lo que precisó que "para el PP y para Gobierno Central lo primero siempre es la seguridad de las personas". Así, pidió al resto de partidos políticos que "confíen en la opinión de los técnicos y de los expertos y en recomendaciones". Afirmó: "No tendremos que lamentar ninguna desgracia fruto de la negligencias".
El portavoz adjunto del PP en el Congreso dejó claro en su comparecencia ante los medios que "el AVE llegará a la estación del Carmen bajo tierra" y afirmó que "así lo recogerán tanto los Presupuestos Generales del Estado como la memoria de dichos presupuestos donde se detallan todas y cada una de las actuaciones y partidas que contienen dichas cuentas".
En relación a la posibilidad de que la Alta Velocidad llegue a la Estación de Beniel de manera provisional Teodoro García subrayó que "los políticos de la oposición reconocen en privado que esta opción es un disparate", por lo que criticó que "insistan en esta posibilidad y la defiendan de cara a los vecinos a sabiendas que no es una buena opción".
Así explicó también que es "inviable" cortar el tráfico ferroviario en la Estación del Carmen para soterrar, por lo que defendió de nuevo la opción del PP, que pasa por "instalar la vía provisional y en el mismo instante en el que el primer tren AVE comience a circular por esa vía, empezar con el proyecto de soterramiento integral que elimine las vías, para siempre, de Santiago el Mayor, El Carmen, Ronda sur, Nonduermas y Barriomar".
Preguntado por la posibilidad de llegada de trenes híbridos el diputado del PP en la Cámara Baja dijo que "nuestro compromiso es con la llegada soterrada de la Alta Velocidad con todas sus prestaciones como la que disponen grandes ciudades como Madrid o Barcelona, Sevilla, Valencia o Alicante“. 
"El PP no quiere parches sino llegada de la Alta Velocidad a Murcia, Cartagena y Lorca como merecen todos los murcianos", reiteró.
En cuanto a la supresión de los pasos a nivel, dijo García, "es decisión de los técnicos de Adif que son los expertos en seguridad" y matizó que "no caben afirmaciones de otras personas que carezcan de la titulación adecuada", por lo que defendió de nuevo la opción de la llegada del AVE con la máximas prestaciones a la ciudad de Murcia y su continuidad a Cartagena y Lorca y dijo que "la solución no es que la Alta Velocidad llegue a Orihuela o Beniel, esto es una mala opción porque Murcia no merece tener un AVE a 12, 20 o 40 kilómetros".

En libertad, el joven detenido por agresiones a ultraderechistas

MURCIA.-El joven detenido como supuesto autor de las agresiones a dos ultraderechistas ha sido puesto en libertad por el titular del juzgado de instrucción nº 8 de Murcia, si bien tendrá la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, según fuentes judiciales.

El menor de 16 años que también es investigado por tales agresiones fue puesto a disposición de sus padres por decision del fiscal de menores.
Además fueron agredidos dos agentes de la Policía Nacional, por lo que al delito de lesiones se suma el de atentado a la autoridad.

La flora microbiana del suelo es vital contra la sequía, según investigadores del CEBAS

MURCIA.-Un estudio internacional, dirigido por investigadores del Grupo de Enzimología y Biorremediación de Suelos y Aguas del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) en Murcia, ha logrado determinar cómo se puede ayudar a la flora microbiana que habita en los suelos para que proteja a los bosques frente a los efectos del cambio climático. La clave reside en elegir las técnicas forestales que hacen más resistentes a los microorganismos del terreno en zonas del Sureste español castigadas por la sequía.

Se trata de los resultados de un proyecto del Plan Estatal de I+D que ha sido publicado en Global Change Biology. Además del CEBAS-CSIC, en el proyecto también han participado expertos de instituciones nacionales (Universidad de Castilla-La Mancha) y de centros de investigación internacionales (UFZ-Helmholtz Centre for Environmental Research de Leipzig, en Alemania, y el Laboratorio de Microbiología Ambiental de Praga).
«En este estudio hemos evaluado el impacto que la sequía, tal y como predicen los modelos climáticos para las próximas décadas, tendrá en la comunidad de microorganismos de un suelo. Además, hemos observado que la forma en la que 'se maneja' el bosque puede ser fundamental para hacer que esos microorganismos sean más resistentes ante la falta de agua», precisa Bastida, investigador principal del proyecto.
Valiéndose de técnicas de última generación a nivel molecular, los investigadores del CEBAS-CSIC caracterizaron la diversidad microbiana de la superficie terrestre en un bosque semiárido situado en el Sureste español; en concreto, en una zona de Yeste que había sufrido un incendio. 
Investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha aplicaron la técnica del 'clareo' -consistente en reducir el número de árboles tras un incendio para maximizar la supervivencia de los restantes- para simular la sequía prevista para las próximas décadas según los modelos climáticos.
Las conclusiones indican que el 'clareo' permite que el suelo se vuelva más resistente a la escasez de agua y las inclemencias del cambio climático a través de cambios en la flora microbiana.

La economía sumergida aún supone un quinto de la actividad en España


BARCELONA.- Estos días se cumplen diez años del estallido de la crisis financiera. Las cifras oficiales, enfati­zadas con satisfacción por el ­Gobierno, apuntan a que está teniendo lugar una clara recuperación en España. Pero la antigua lacra de la economía sumergida sigue presente: todavía representa un 17,2% de la riqueza del país, casi un quinto del total. Se trata del tercer peor porcentaje entre las grandes economías mundiales, después de Grecia (21,5%) e Italia (19,8%), recoge hoy La Vanguardia.

Estos datos se desprenden de un estudio del IAW de la Universidad de Tubinga, en Alemania, uno de los institutos más reputados a la hora de calcular el peso de la economía en la sombra en los distintos países. El Foro Económico Mundial de Davos esta semana acaba de hacerse eco de sus resultados, que recogen datos recopilados entre los años 2014 y 2016. Los tres grandes países del área del Mediterráneo –Italia, España y Grecia– pueden presumir de tener el porcentaje más elevado de transacciones económicas sin declarar. Los economistas coinciden en que esta opacidad perjudica a la innovación y el crecimiento.

Para llevar a cabo estas estimaciones los académicos cuentan con modelos matemáticos que comparan, entre otras variables, la riqueza producida con el efectivo circulante. Incluye desde el comercio de copias ilegales, pasando por lavado de dinero y hasta sueldos pagados en negro. El IAW atribuye a la economía sumergida en el mundo un valor de 550.000 millones de euros, aunque el mismo Foro Económico reconoce que es difícil calcular algo que, por definición, está oculto en las cifras oficiales.

Prueba es que el académico austriaco Friedrich Schneider, considerado una eminencia mundial en esta materia, en tres estudios diferentes elaborados en los últimos meses ofrecía resultados muy dispares entre ellos. Por ejemplo, en una investigación del pasado mes de julio, situó el porcentaje de economía sumergida en España en el 24,5% del PIB (2015), una cifra bastante superior.

El anterior estudio detallado sobre España referente a la economía en la sombra se remonta al 2014 y fue elaborado por Gestha (sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda) y dirigido por el profesor Jordi Sardà, de la Universitat Virgili i Rovira de Tarragona. En aquel entonces, los datos (se referían al periodo hasta el 2012) apuntaban a un porcentaje de economía negra del 24,6%, casi siete puntos más comparado con el 2007. En esa ocasión se subrayó que, por efecto de la crisis económica, la economía irregular había incrementado su peso porque los contribuyentes optaban por evadir el pago de impuestos y ocultaron a Hacienda cada año unos 15.000 millones más.

El mencionado estudio alemán del IAW parecería indicar, por lo tanto, que el porcentaje de la economía oculta en el PIB español ha disminuido, en coincidencia con la recuperación del ciclo. Pero Jordi Sardà expresa sus dudas al respeto. “Lo lógico debería ser que cuando la economía va mejor, la parte irregular disminuye. Pero en el caso de España no creo que esto sea verdad. Porque el mercado del trabajo, aunque hoy haya menos paro, es más precario que antes, y esta situación acaba fomentando la opacidad, por ejemplo a la hora de declarar las remuneraciones”, apunta.

Los expertos coinciden en que, a grandes rasgos, los países más desarrollados tienen mayores tasas de presión fiscal, pero, sin embargo, presentan tamaños de economía sumergida bajos o relativamente moderados. Cuanto menos avanzada es la economía de un Estado, más alta es la evasión. Schneider estima que en los últimos 25 años en el mundo en promedio no se ha declarado un tercio del total de la riqueza producida.

“Si se excluyen los países en vías de desarrollo, en todos los rankings Italia, España y Grecia siempre están en las primeras posiciones en cuanto a la economía irregular. Hay muchos factores que lo explican, entre los cuales destaca la manera en la que los contribuyentes perciben su Estado. Si hay corrupción e ineficiencia de las administraciones públicas, entonces se tiende a pagar menos impuestos”, explica Sardà. Las crisis pasan, las sombras permanecen.

José Manuel Maza: "Hay que ser prudentes, buscan una reacción desproporcionada"


SEGOVIA.- Desde su despacho en Madrid y su piso en Segovia, el fiscal general impulsa la respuesta legal al desafío independentista. Tras una semana de hiperactividad de la Fiscalía, cree que el protagonismo corresponde ahora a las Fuerzas de Seguridad y que es necesario medir los pasos hasta el momento «más enérgico» del 1-O. Lo entrevista El Mundo.

Después de varios días de gran actividad de la Fiscalía frente al 1-O, no se impidió el gran mitin de inicio de campaña. ¿Por qué?  

La Fiscalía ha adquirido en este asunto un protagonismo que aceptamos porque es nuestra obligación, pero es que muchos piensan que la Fiscalía es la gran solución, que vamos a ser como Superman y vamos a impedirlo todo. La Fiscalía tiene sus competencias, que consisten en dar instrucciones a las Fuerzas de Seguridad para que utilicen todos los medios posibles para recabar los efectos de delitos cometidos e impedir que otros nuevos se lleven a cabo. Luego les corresponde a ellas en cada supuesto gestionarlo como mejor puedan o sepan. En un acto multitudinario nosotros no tenemos preparación para decidir cómo actuar. Son ellas las que tienen que decidirlo. Sus razones tendrán. En estos momentos es importante ser proporcional y no llevar a cabo actuaciones en las que sea peor el remedio que la enfermedad. 
 
 
Es decir, que ahora estamos en el terreno de que las Fuerzas de Seguridad asuman su cometido.
La estrategia de mantenimiento del orden público corresponde a la policía gubernativa. La Fiscalía apoya, estamos obligados a reaccionar ante la comisión de delitos y hemos valorado que el acto de Tarragona puede ser un delito muy grave de malversación.
 
Pero ese argumento, el del peligro de orden público, se va a poder aplicar a casi cualquier concentración o al propio 1-O.
Es distinto. Mientras que esto son reuniones que están en el marco de un comportamiento ilegal continuado, pero que no contribuyen directamente a la organización del referéndum, el 1-O ya sería un acto ejecutivo nuclear y ahí ya se va a actuar con más energía. Llegado ese momento -que creemos que podemos evitar-, el impedimento tendrá que ser más enérgico.
 
Los ciudadanos observan cómo dirigentes políticos que han cometido un delito se mantienen en la reiteración delictiva. ¿El Estado de Derecho no puede impedirlo?
No sólo hay que decidir si se impide o no, sino cómo se impide, si se actúa con la prudencia y la proporcionalidad necesaria. Y eso no nos corresponde. Los fiscales lo que hacemos es, una vez que se produce el hecho delictivo, aplicar la ley y buscar responsables. La Fiscalía tiene que dar la voz de alerta. Estos señores buscan una reacción del Estado desproporcionada, que a ellos les vendría muy bien. Son conscientes de que esta situación que están provocando, al final de los finales, antes y después del 1 de octubre, no tiene salida, y a ellos les gustaría que el Estado tomase una reacción desproporcionada, y hay que actuar con prudencia.
 
La malversación conlleva cárcel y, por tanto, posibles medidas cautelares de prisión.
Se podría pedir, legalmente sería posible, pero primero hay que ver el resultado de las diligencias de investigación. Después veríamos si se dan los requisitos. El primero, de que el delito conlleve prisión, ya se da, pero hay otros requisitos, como impedir la reiteración delictiva. Si llegado el momento vemos que es necesario y conveniente, lo haríamos. En este momento, lo que prima es la energía y la firmeza en la defensa de la ley, pero también la prudencia. Nosotros actuaremos escalonada y gradualmente. 
 
Por ser concretos, ¿se contempla el arresto del presidente Puigdemont si persiste en la reiteración delictiva?
Se podría considerar, porque el objetivo principal es impedir que se celebre el referéndum. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias cosas a considerar, pero el tema de pedir prisiones yo no lo excluyo en absoluto. Tampoco digo que se vaya a hacer antes del 1 de octubre. Podría darse la hipótesis llegado el momento. Que sea más razonable hacerlo ahora o después, dentro de una estrategia general que es impedir el referéndum, habría que verlo. A lo mejor hay algunas medidas que no son imprescindibles ahora y que son más negativas que positivas. 
 
Está introduciendo un criterio de coste de oportunidad.
Una estrategia, una estrategia general que consiste en no cometer ningún error por las provocaciones que podamos sufrir y centrándonos en los objetivos principales, que son que se mantengan el orden público, la paz y la tranquilidad, y que no se celebre un acto ilegal. Si se llega a celebrar, hablaríamos de otras cosas. De entrada, de la presentación de nuevas querellas, de la posibilidad de pedir medidas cautelares y de la celebración de juicios y la imposición de condenas.
 
¿Es posible suspender al Govern dentro de la vía penal?
No podemos. Lo hemos estudiado, pero el criterio de la Secretaría Técnica es que no cabe en nuestro ordenamiento pedir la suspensión de un cargo público. 
 
¿El Estado de Derecho, por restricciones como ésta o como alguna otra, como la pena que existe para el delito de desobediencia, ofrece armas suficientes para enfrentarse a una insurrección?
Efectivamente, el Derecho Penal tiene armas. El asunto es cómo gestionar esas soluciones desde el punto de visto preventivo. Ahí hay que hacer un gran esfuerzo. A los ciudadanos les transmitiría que estén tranquilos, que esperen y que se va a impedir el referéndum. Y todos los actos de preparativos recibirán su respuesta en los tribunales. El 1 de octubre es en lo que tenemos que estar, en que ese referéndum no se celebre. Hay que ponderar si otras decisiones benefician ese objetivo o si distraen e introducen alteraciones que lo hacen peor. 
 
¿Tienen previsto que se tome declaración al Govern en los próximos días? ¿Van a instar un plazo?
Tenemos que estar a lo que establezca el juez de instrucción. No nos hemos planteado dirigir un escrito pidiendo prisa, no nos debemos obsesionar con actuar con rapidez, sí con energía y con firmeza. En el caso de los alcaldes, sí son diligencias de la Fiscalía. Como han realizado un acto que es ilegal ya, al haber firmado un decreto poniendo a disposición locales para el referéndum, los llamamos rápidamente a declarar también para impedir que consumen ese propósito.
 
Hay más de 700 alcaldes investigados. ¿Han valorado el coste social de su eventual inhabilitación?
No podemos hacer esas valoraciones sociales. Yo me encuentro con un posible delito, al firmar ese decreto, y veo que no lo ha hecho uno, sino 700. No podemos hacer excepciones, podemos establecer criterios en cuanto a la celeridad, procurar empezar con los de mayor población, que son actuaciones más graves, pero más allá de ahí yo no puedo hacer distingos porque rompería el principio de igualdad. Si afecta a muchas personas, pues yo lo siento. Se dice que son alcaldes elegidos por el pueblo. Por favor, nadie tiene privilegios de esa clase. Me veo obligado por la ley.
 
Usted en su primera comparecencia pública sobre el 1-O habló de desobediencia, prevaricación y malversación, y dijo «al menos». ¿Qué otros delitos tenía en mente?
Hay delitos más graves si se da el salto ya a la violencia. Podría estarse hablando de delitos de sedición. Eso está en boca de todos y es un tipo penal que hasta ahora es discutible, pero por desgracia está en el posible horizonte si, como dice el Código Penal, se produce violencia o una actuación tumultuaria. Si vemos en un momento determinado que se está cometiendo, no tendremos duda ninguna. En ese caso, creemos que el tribunal competente sería la Audiencia Nacional.
 
La alcaldesa de Barcelona dijo que va a permitir que se vote. Usted cursó una instrucción a la Guardia Urbana para impedir el 1-O. Si no la cumple por orden de la alcaldesa, ¿estaríamos ante un posible delito?
Sí, estaríamos ante un posible delito, sin lugar a dudas. Pero una cosa es que ella diga que lo va a permitir. Habrá que ver si lo permite o si los actos que realiza son nucleares o esenciales. Hay distintos grados de participación en el delito, están los autores, los cooperadores necesarios, los cómplices y luego están los que sólo aplauden. No sabemos aún qué va a hacer esa señora. Puede decir que sí que lo va a permitir y luego al final no hacer nada.
 
¿Tienen la confirmación de que la procedencia del dinero para el referéndum es pública o de alguna entidad privada?
Imaginamos que es dinero público, bien porque sea dinero de titularidad de la administración o porque sea dinero de alguna organización, fundación o asociación que recibe subvenciones, en cuyo caso eso se considera a efectos penales también dinero público. Si luego se demuestra que han sido unas personas privadas de su propio peculio, tendrán responsabilidad por supuesto pero no sería malversación, sino una cooperación necesaria en una desobediencia. 
 
Los independentistas alegan que el derecho internacional permite el referéndum.
Hay muchas personas en Cataluña que para mí están engañadas. Es rotundamente falso. El otro día alguno de los responsables catalanes comparaban su caso con el de Lituania en entreguerras. Yo sinceramente tengo que decir que es inmoral comparar esos sufrimientos por represión y de torturas con la situación de Cataluña. Decir que es lo mismo y que tiene la misma justificación para pedir su independencia me parece una flagrante mentira.
 
  • En el 9-N, la Fiscalía pidió casi 10 años por desobediencia y prevaricación y el Supremo fijó dos años como máximo, ¿qué le parece que unos hechos tan graves se salden así?
  • El problema es que en 1995 se suprimió el delito de sedición impropia, que era esto mismo que está ocurriendo ahora de intentar retirar del Estado español una parte de nuestra nación sin violencia ni actitudes tumultuarias. Mi opinión es que eso supuso que decisiones contra la ley tan graves como ésta quedaran con penas muy leves. Pero es lo que hay. Esa es la ley yo ni la hago ni la reformo. 
  • Usted puede proponer reformas legales.
  • Si yo tuviera que hacer mañana una propuesta legal no le digo que esa no fuera una, que se vuelva a la sedición impropia o que, dentro de la prevaricación, se fije un tipo penal agravado para casos de esta entidad. Para proteger al Estado de Derecho sería muy conveniente una pena más severa, como prisión o multas elevadas. No estamos ante la típica prevaricación del concejal por una autorización de obra. Es cierto que podríamos tener una herramienta más potente en el Código Penal. El delito de prevaricación en este país actualmente no cubre con la suficiente gravedad de penas actos de esta gravedad, eso está claro para cualquier persona con sentido común no ya un técnico en derecho.
  • ¿Podrían resultar imputados miles de ciudadanos por participar en las mesas electorales?
  • Es un problema jurídico importante, porque la ley es la ley y hay que cumplirla. En Cataluña se está diciendo una cantidad de mentiras extraordinaria, como afirmar que todo esto es legal y que la gente tiene obligación de acudir a las mesas. Es radicalmente falso y yo tengo que encargarme de avisar a los ciudadanos para que no cometan delitos inconscientemente, subyugados o abducidos por este tipo de manifestaciones. Que no haya por mi parte ninguna dejación en avisar y advertir, oiga, que esto es delito y el que lo haga se va a ver con responsabilidades ante la ley. Luego habrá que valorar cada caso.
  • Ese llamamiento a las mesas electorales podría suponer un delito de coacciones?
  • Parece que faltaría algún requisito del delito. Tampoco creemos que sean amenazas, porque es imposible amenazar con castigar al que no va, porque es ilegal que vayan. Además, las coacciones tienen una pena muy leve; no veo que sea trascendente con tantos problemas importantes que tenemos.
 
 
https://amp.elmundo.es/espana/2017/09/17/59bd75b4e5fdea562a8b4651.html 

Guindos dice que “el empobrecimiento de la sociedad catalana sería brutal” con la independencia

MADRID.- El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, cree que el desafío catalán no afectará a la revisión de la calificación de España que algunas agencias internacionales, como Standard & Poor´s, deben realizar a finales de este mes, dado que "nadie" considera viable la independencia de Cataluña. El titular de Economía ha avisado que la independencia generaría "un empobrecimiento brutal" en la sociedad catalana, el paro se duplicaría, habría una fuga masiva de ahorros y el 75% de la producción quedaría sujeta a aranceles.

"(La independencia de Cataluña) es tan irracional que ni los inversores, ni los mercados de capitales ni mis colegas del Ecofin consideran que sea un escenario mínimamente viable y aceptable y, por lo tanto, no lo incorporan a sus cálculos. Por supuesto, el Gobierno no va a dejar que ocurra", ha subrayado en declaraciones a la Cope. El titular de Economía ha afirmado, además, que no tiene constancia de que se hayan producido deslocalizaciones empresariales a causa del debate catalán. Otra cosa distinta es que haya habido "cambios de domicilio social" por la "elevada tributación" que existe en Cataluña, ha matizado.

La respuesta del consejero de empresa catalán, Santi Vila, no se ha hecho esperar. Vila ha replicado a Guindos que "el anuncio de plagas bíblicas" no ayuda demasiado a "resolver la situación", que en su opinión no es un conflicto de nacionalidades, sino "de organización y reparto del poder" en España. El consejero ha añadido que el único dato "objetivo" es que las cifras de exportaciones, inversiones extranjeras en Cataluña y evolución del paro son "las mejores de la década".

El ministro ha asegurado que el debate catalán "no ha impactado por el momento" en los indicadores económicos porque los inversores, los mercados financieros y los que prestan dinero a España no se creen que vaya a haber independencia en Cataluña. Además, el responsable de Economía ha descartado que la situación en Cataluña vaya a dificultar que las cuentas de 2018 —que el Gobierno lleva este viernes al Consejo de Ministros— salgan adelante con los mismos apoyos que las de 2017, es decir los votos de Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Impacto en la economía

Guindos ha insistido en que, desde el punto de vista económico, la separación de Cataluña sería "absolutamente irracional" y ha advertido de algunas de las consecuencias que tendría y "de las que no hablan" los defensores del proceso. Así, ha indicado que la independencia supondría la salida de Cataluña de la zona euro y de la UE, lo que conllevaría que el 75% de su producción estaría sujeta a un arancel. Por otro lado, ha añadido, los bancos con sede en Cataluña deberían cambiar su domicilio, lo que generaría una "incertidumbre brutal".

Al mismo tiempo, la Cataluña independiente tendría que crear su propia divisa, con una devaluación de entre el 30% y el 50%; su PIB se reduciría entre el 25% y el 30% y su tasa de paro se duplicaría. "El empobrecimiento de la sociedad catalana sería brutal", ha zanjado Guindos, que insiste en que "nadie con dos dedos de frente" considera que la independencia es un escenario viable. En su opinión, se trata de "un caballo de Troya" para que Cataluña tenga un gobierno "radical". "Y eso es lo que van a conseguir en última instancia", ha agregado.

Respecto al comportamiento de los salarios, el ministro ha dicho que el Gobierno no puede determinar las alzas salariales y que poco a poco irán acompañando el ritmo de la economía. No obstante, ha recordado que todavía hay que recuperar mucho empleo y que la pérdida del peso de los salarios en la tarta del PIB se debe exclusivamente a eso.

La sociedad catalana ante el 1-O: una fractura hecha de silencios

MADRID.- Grupo de whatsapp de 200 personas para preparar el 25 aniversario de la promoción universitaria abierto a inicios de este verano. Todo empieza con comentarios inocentes sobre el devenir vital de cada uno, 25 años después de abandonar las aulas universitarias. Y todo se complica cuando la política, o el procés, se cuela en la conversación, revela El Independiente

Bromas no compartidas, comentarios ofendidos, acusaciones de facha y sonoros portazos al grupo de ex compañeros universitarios. Tres meses después, el grupo se ha quedado en 60 atónitos miembros que celebrarán en un formato mucho más reducido de lo previsto sus bodas de plata profesionales.
Es sólo una anécdota vivida este verano en Barcelona. Una anécdota que se podría trasladar a casi cualquier ámbito de la sociedad catalana. El procés impone su discurso también fuera de la política, y a medida que se acerca la fecha límite lo que antes eran bromas de mejor o peor gusto se han convertido ahora en enfrentamientos abiertos. O silencios.
“Si no eres un buen catalán te señalan con el dedo, cuando no formas parte del pesebre te sientes desplazado, por eso la gente intenta asentir, bajar la cabeza y callar”. Así lo vive el empresario Ramon Bosch, miembro fundador de Sociedad Civil Catalana, quien reconoce haber sufrido en persona las consecuencias de discrepar del proceso independentista. “La sociedad catalana en general es en estos momentos una sociedad cobarde”. El mismo proceso que con los años ha llevado a la fractura de todos los partidos políticos catalanes con una excepción: ERC.
El antropólogo Manuel Delgado, por contra, desdramatiza esta fractura social por el referéndum. “Claro que hay división, todos los referéndums dividen. Y claro que la sociedad está dividida, por eso hay partidos, porque hay segmentos, sectores, opciones ideológicas o religiosas que hacen que estemos divididos. No somos homogéneos, hay división y esa división es la que nos mantiene unidos”.
Pero Delgado no cree que se deje de hablar “por miedo, sino por no discutir”. Y se remite al recurrido símil de la comida navideña. “La idea de que en Cataluña alguien tiene miedo de decir lo que piensa es una fantasía” asegura, atribuyendo esa fantasía a los detractores del proceso independentista.

La mayoría silenciosa

El antropólogo reconoce, eso sí, la existencia de una mayoría silenciosa que no está a favor de la independencia, esa que no se manifiesta en la Diada ni participó el 9N. “Creo que es probable” la existencia de ese grupo, señala Delgado, para quien “lo incomprensible es que el Estado no entienda que la única opción de que Cataluña permanezca en España es convocar un referéndum que podría ser ganado por el No perfectamente en condiciones normales”.
Para Bosch, por contra, el problema es la existencia de una minoría independentista que se ha quedado con la “superioridad moral” imponiendo su discurso. No es que se haya instalado la espiral del silencio, para Bosch “Cataluña es el silencio, es un país absolutamente anormal. Aquí no hay nadie de derechas. Pero ¿quién puede ser más de derechas que los pequeños burgueses de Berga o de Solsona? Todos son pequeños terratenientes procedentes del carlismo y de la Lliga después, que eran de derecha o extrema derecha, y sin embargo en Berga gobierna la CUP y en Solsona ERC”.
Una situación que muchos explican, como Bosch, en los años del pujolismo. “El Estado se rindió ante un chantajista y un sinvergüenza como Jordi Pujol y ahora pagamos las consecuencias”, lamenta. 
Para Delgado, sin embargo, el origen de la actual crisis institucional está en la sublimación de las contradicciones heredadas de la Transición, que a su juicio sólo sirvió “para eternizar el régimen franquista bajo otra forma pero con los mismos sectores de poder. El PP fue fundado por una persona que había firmado penas de muerte, eso marca estilo”.
Eso explica, además “que buena parte de los partidarios de la independencia no sean independentistas, básicamente quieren deshacerse de la monarquía y su implicación con el franquismo”. Para el antropólogo “hay sectores que entienden que la movilización del 1-O tiene mucho de anti-autoritario y básicamente de descalificación de la monarquía borbónica y el régimen del 78”.
Y aquí viene el siguiente punto de polarización, el carácter nacionalista, o no, del referéndum independentista. Una condición indiscutible para los contrarios a la consulta secesionista, y puramente anecdótica para sus defensores. “Cataluña es un país absolutamente anormal fruto de la imposición del nacionalismo que hizo Pujol” apunta Bosch, hasta el punto de que “aquí la gente de izquierda radical es nacionalista, que es la absurdidad más enorme”.
El partido nacionalista por excelencia está perdiendo votos, argumenta Delgado en sentido contrario. El antropólogo, miembro de diversos colectivos de izquierdas, asegura que ni ERC ni la CUP son nacionalistas, sino independentistas. “Si tuviera que elegir entre una España gobernada por Podemos y una Cataluña independiente gobernada por el PDCat elegiría sin duda una España de Podemos” asegura Delgado, “pero como esa perspectiva es tan remota, uno llega a la conclusión de que España es irreformable. Es esa frustración ante la imposibilidad del cambio en España lo que ha hecho que algunos que queremos la republica española nos tengamos que conformar con la republica catalana”.
En lo que sí coinciden ambos es en el carácter supremacista del nacionalismo. “El nacionalismo implica supremacismo respecto a otros pueblos, esa es la gran diferencia entre lo que representa Puigdemont y gente que como yo se siente patriota” asegura Bosch. “Hay una parte del catalanismo que es racista y parte de premisas supremacistas” añade Delgado. “A este sector ultramontano que cree que existe una esencia de catalanidad hay que aclararle que esto es una tregua” para conseguir la independencia, advierte. “Personajes como Heribert Barrera no son de los nuestros. Soy incapaz de tomarme una caña, o un agua de vichy con Pilar Rahola, en cambio con Juan Carlos Girauta tengo de qué hablar”.

Qué pasará el 1-O

La visión de estos dos catalanes que representan en cierto modo la división que parece inevitable en la sociedad catalana hasta el 1-O también es antagónica respecto a lo que sucederá ese día. Curiosamente Bosch está convencido de que “el 1 de octubre habrá urnas” aunque las augura como una expresión festiva en la que también participarán amigos y familiares. “Pero el 2 de octubre volverá a salir el sol y volveremos a ser catalanes y españoles”.
Manuel Delgado, por contra, duda de que haya un referéndum “dado que Mariano Rajoy se ha comprometido a impedirlo y no se podría permitir hacer ese ridículo”. Pero está convencido de que a la larga habrá un referéndum pactado. “La única salida es convocar un referéndum y que se decida cual es la vía”, autonomismo, federalismo o independencia. “El problema es que los que mandan en España no piensan que estamos unidos, creen que somos lo mismo. Si nos encontramos en esta situación es porque una parte de España piensa que Cataluña no está unida a España sino que Cataluña se diluye en una homogeneidad llamada España, es el problema que tiene el PP en reconocer la heterogeneidad del país que administra”.
El futuro es muy distinto en opinión de Bosch. “Soy muy optimista, el nacionalismo lo que ha hecho es despertar al Estado español y no tienen ni puñetera idea de la que les va a caer encima. Esta vez el Estado va a ser implacable con el nacionalismo. El miedo que hasta la fecha hemos sentido los catalanes normales va a cambiar de bando”.

Cataluña sortea los ‘números rojos’ en su balanza comercial gracias a las ventas al resto de España

MADRID.- Cataluña logró en 2010 por primera vez en su historia que sus exportaciones a países extranjeros superaran a las ventas con destino a otras comunidades autónomas de España.  Un hito, una gesta, que entró para quedarse en el argumentario nacionalista como muestra de que la economía catalana se abría al mundo e iba rompiendo ataduras con España, según recoge El Independiente.

Las empresas catalanas, como el resto de compañías españolas, hicieron de la necesidad virtud y aprovecharon la crisis económica para buscar nuevos mercados para vender sus productos porque la economía doméstica estaba en punto muerto. Cataluña ha mantenido en los últimos años el volumen de sus exportaciones al resto de España sin grandes cambios –con continuos pero pequeños dientes de sierra, con una ligera tendencia a la baja- pero a la vez ha elevado sustancialmente las ventas a otros países.

Tras dos años consecutivos de crecimiento, en 2016 tocó caída. Las empresas catalanas acumularon el año pasado ventas al resto de España por importe de 38.861 millones de euros, un 1,6% menos que en 2015, según el último informe sobre comercio interregional que elabora el Centro de Predicción Económica (Ceprede) con datos facilitados por los propios gobiernos regionales, entre ellos la Generalitat catalana.

Las exportaciones catalanas al resto del mundo siguieron al alza, hasta alcanzar los 65.142 millones de euros, un 1,9% más. Con las ventas a España cayendo ligeramente y las ventas internacionales con continuas subidas, la cuota de unas y otras en el sector exportador ha cambiado sustancialmente desde ese 2010 en que prácticamente estaban empatadas. Las exportaciones al resto de España concentraron el año pasado el 37,2% de todas las ventas de Cataluña, frente al 62,8% que representa el resto del mundo.

La salud de la balanza catalana

El peso absoluto de España en el sector exterior catalán cae. Pero la salud de la balanza comercial de Cataluña sigue dependiendo exclusivamente de las ventas al resto de España. Las exportaciones a otras comunidades siguen siendo el único salvavidas que permite a Cataluña sortear los números rojos en su balanza.

El año pasado, el sector exterior catalán logró un superávit 4.865 millones. Sólo el saldo positivo de las relaciones comerciales con España (la diferencia entre el importe de exportaciones y el de importaciones) sirve para enjugar el fortísimo déficit que Cataluña presenta en sus ventas a otros países.

El comercio de bienes a otras comunidades españolas presenta un saldo positivo para Cataluña de 17.548 millones de euros. Pero la región compra al resto del mundo mucho más de lo que consigue vender, y el saldo con el resto del mundo presenta año tras año importantes déficits, que fue de 12.683 millones en 2016. Sin la inyección que aporta el comercio con el resto de España, la balanza comercial de Cataluña estaría en negativo.

Una eventual independencia de Cataluña no haría desaparecer las relaciones comerciales. Pero anticipar -como se ha pretendido desde el secesionismo- que la ruptura no tendría consecuencia alguna en la evolución de las ventas y que la inyección económica que suponen  las ventas al resto de España se mantendría a España se adivina como puro voluntarismo.

La imposición de aranceles por la salida de Cataluña de la Unión Europea o simplemente el denominado efecto frontera (por el que la relación comercial entre territorios es menos fluida formando parte de distintos países, incluso a pesar de que exista proximidad) ponen en riesgo al menos parte de esas exportaciones a España que rozan los 39.000 millones anuales. Ésas que impiden que la economía catalana sufra un abultado déficit comercial.

Frente Único Antijaponés / Enric Juliana *

José Rodríguez de la Borbolla acaba de introducir una imagen en el debate público a la que hay que prestar atención: el Frente Único Antijaponés. El expresidente de la Junta de Andalucía plantea que populares y socialistas aparquen todas sus diferencias para concentrarse en la derrota del “desafío” soberanista catalán. 

Para subrayar la carga estratégica de su propuesta, Rodríguez de la Borbolla, apasionado lector de la historia de China, ha recurrido a una metáfora maoísta en un reciente artículo en el diario El País: “Ahora únicamente cabe hacer lo que hizo Mao Zedong en 1937, ante la invasión japonesa de China: impulsó el Frente Único Anti­japonés, aliándose con Chiang Kai-shek, y dejó para más adelante su guerra civil contra el Kuomintang. Primero el atacante de la Nación, y luego el adversario de clase. Pues eso: ahora, en España, un frente unido constitucional, sin matices ni ocurrencias”.

Rodríguez de la Borbolla es, en mi opinión, el dirigente más genuino del socialismo andaluz. Descendiente de un linaje de la Restauración (su bisabuelo, Pedro Rodríguez de la Borbolla Amozcótegui de Saavedra, fue ministro del rey Al­fonso XIII), educado en los jesuitas, estudios universitarios en Italia, sólida formación intelectual y una enorme lealtad al PSOE, pese a su defenestración en 1990 –exigida por Alfonso Guerra y concedida por Felipe González en vísperas de la Expo de Sevilla–, fue uno de los estrategas del “nosotros no vamos a ser menos” de 1980, el tirón andalucista que dio pie a la igualación autonómica. 

Pepote, como le llaman coloquialmente en Sevilla, es el único expresidente de la Junta que no se ha visto envuelto en ningún escándalo. Es la cabeza mejor amueblada en el entorno de Susana Díaz. Desde hace unas semanas, preside el comité director del PSOE de Andalucía, principal órgano directivo entre congresos.

Frente Único Antijaponés. Alianza nacionalista para hacer frente al invasor extranjero. ¡Caray! Hay metáforas que las carga el diablo. Otras, Maquiavelo. Esta parece inspirada por Lin Biao, malogrado jefe del Ejército Popular de Liberación. Un buen estratega. Una vez nombrado número dos del régimen de Pekín, se opuso al acercamiento a Estados Unidos y empezó a conspirar contra Mao. Descubierta la maniobra, intentó huir a la URSS. El avión se estrelló en Mongolia, por ­falta de combustible, según la versión oficial.

Las metáforas pueden ser la plasmación simbólica de un pensamiento profundo. La visualización de los independentistas catalanes como “extranjeros” es un peligroso recurso retórico al que ya han acudido otros autores. La concesión del estatuto de “extranjería” a una opción que ha llegado a tener el apoyo electoral del 48% de los catalanes es, en el plano narrativo, la antesala de la independencia. 

No sé, José Rodríguez de la Borbolla, si Mao Zedong, astuto hijo de campesinos bien aposentados, aprobaría una estratagema que puede conducir al fortalecimiento del adver­sario. ¿No sería mejor tratar- les como compatriotas y aceptar que estamos en el interior de una gran batalla política, ­pacífica y civil, que versa sobre el reparto del poder en Espa- ña, una vez amortizados los ­justificantes emocionales de la transición?

Frente Único Antijaponés. Quizá sea otro el objetivo de Lin Biao: atar de pies y manos a Pedro Sánchez, dejarle sin margen para otras alianzas a partir del 2 de octubre, ahogarle en Catalunya y empujarle al definitivo fracaso como secretario general del PSOE. En Sevilla están pensando en la segunda muerte de Pedro Sánchez.


(*) Periodista


El empresariado independentista se repliega / Iva Anguera de Sojo *

Uno de los efectos colaterales del proceso independentista catalán ha sido el silencio atronador que el mundo económico ha guardado durante los últimos años. Sólo unos pocos se han atrevido a manifestarse a favor o en contra del proceso independentista abierto por Artur Mas hace cinco años. 

Y en muchos casos el “factor mercado” ha ayudado a dar el paso a quienes lo han hecho. José Luis Bonet (Freixenet), y José Manuel Lara Bosch (Planeta) -hasta el momento de su muerte- han sido los más destacados detractores del proyecto secesionista. Víctor Grifols (Grupo Grifols), Ferrán Rodés (Havas Media) y la familia Carulla (Agrolimen) han sido los más destacados defensores públicos del proceso independentista, aunque había otros nombres como Ricard Aubert (Simon) o Josep Mateu (RACC), por poner sólo algunos ejemplos, que han abanderado el proyecto en los círculos restringidos del gran empresariado catalán. Hasta ahora.

En las últimas semanas, la deriva emprendida por el Gobierno de Carles Puigdemont parece haber alejado incluso a sus más fieles valedores, especialmente desde que presentó la Ley del Referéndum que la Comisión Jurídica de Fomento del Trabajo calificó de golpe de estado. Una alarma que no ha hecho más que crecer con el espectáculo de la semana pasada en el Parlament, cuando la mayoría independentista se impuso por encima del reglamento de la Cámara y sus letrados para aprobar las dos leyes de ruptura.

Batalla en el Círculo

El movimiento más sintomático, y también el menos conocido, ha sido el intento independentista de hacerse con la presidencia del Círculo de Economía que actualmente ostenta Juan José Bruguera. Esta entidad, la más transversal de las tres grandes sedes del poder económico catalán -Fomento del Trabajo, la Cámara de Barcelona y el Círculo- reclamó en junio a Carles Puigdemont que respetara la legalidad y aceptara la invitación del Gobierno para acudir a explicar su propuesta de referéndum al Congreso. Lo hizo en su reunión anual en Sitges, en la que el presidente catalán sufrió en sus carnes la frialdad del empresariado catalán cuando tras su discurso sólo tuvo una pregunta del público, y fue para reclamarle que se ajustara a la legalidad vigente.

Es en este contexto en el que en los últimos meses ha habido movimientos para relevar a Bruguera, impulsado por Tatxo Benet, socio de Jaume Roures en Mediapro, para imponer en el Círculo un discurso más proclive al Govern. Puigdemont sólo cuenta con el apoyo incondicional de la patronal vallesana Pimec, aunque hasta ahora ha sabido aprovechar los silencios del empresariado. Pero esa maniobra se quedó en agua de borrajas cuando los Carulla se apearon del barco, aseguran fuentes conocedoras del proyecto. Artur Carulla abandonó la vicepresidencia del Círculo con la renovación de la junta de hace un año -algunos dicen que por la puerta de atrás, sin dejar un “heredero” en la junta de Bruguera- después de haber frenado un documento crítico de la entidad con la gestión de Artur Mas en los inicios del proceso secesionista.

El primero en “caerse” del proyecto independentista, sin embargo, fue Víctor Grífols. “Sé que está pasando por una situación difícil, pero tiene determinación, así que vaya hacia delante y no se arrugue”. Así arengaba el entonces presidente de la farmacéutica y número uno mundial en hemoderivados al presidente de la Generalitat Artur Mas en los meses previos al 9N. En aquel lejano 2014 Grífols -cuyo mercado es mundial y no arriesgaba nada, económicamente hablando, con sus declaraciones- se convirtió en el empresario de referencia del nacionalismo.

Pero el dinero no entiende de ideologías, tras las arengas y pese a recibir la Creu Sant Jordi de manos del president Puigdemont, Grífols trasladó hace dos años su centro de operaciones financieras a Irlanda para evitar la elevada fiscalidad que sufría en Barcelona. La concesión de la más alta distinción del Govern le costó a Puigdemont una crisis con la CUP, que llevó al Parlament las críticas por premiar a un empresario que opera en 13 paraísos fiscales según Intermón Oxfam. La muestra definitiva de la ruptura entre la familia Grífols y el Govern fue la exclusión de la primera farmacéutica catalana del Comité de Apoyo de la candidatura de Barcelona a la Agencia Europea del Medicamento. Un comité en el que sí se sientan representantes de las farmacéuticas Almirall o Esteve.

Crisis en el Ara

Aunque la auténtica crisis ha llegado con lo que el independentismo ha vivido como una traición de sus valedores económicos, los Rodés y los Carulla, a raíz de la crisis abierta por la negativa de la empresa editora a aceptar la campaña publicitaria del referéndum, lanzada por la Generalitat. El primer aviso lo dio la negativa de las grandes centrales de medios, entre ellas Havas Media, propiedad de los Rodés. Pero la hecatombe se produjo cuando el pasado viernes la empresa editora de Ara anunció su negativa a aceptar esta publicidad.

De nada han servido las quejas de lectores y trabajadores, que el miércoles publicaron en la página editorial del periódico su disconformidad con la decisión. El riesgo derivado de publicar una campaña afectada por una investigación de la Fiscalía por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación ha pesado más que las convicciones independentistas de sus dueños.

Una propiedad en la que Rodés amplió sustancialmente su participación en junio de 2016, cuando asumió la presidencia del consejo de administración y las acciones de Grup Cultura 03, para realizar a continuación una ampliación de capital, apoyada por los Carulla, que reforzó aun más el papel de las dos familias en la empresa.

Las entidades guardan silencio

Mención aparte merece la postura de entidades económicas que han intentado mantenerse al margen de la crisis política e institucional que vive Cataluña. Con dos excepciones. Foment del Treball rompió su silencio este verano con el citado informe de su Comisión Jurídica, y el presidente del Círculo de Economía, Juan José Bruguera, se desgañitó en el último encuentro de la entidad en Sitges pidiendo diálogo a Gobierno y Generalitat.

“¡Cuesta mucho ser independiente en el país de la independencia!”, lamenta un responsable de una de esas entidades que intenta explicar con este lamento el ostentoso silencio del empresariado catalán ante el proceso independentista. No es sólo que en sus juntas directivas convivan sensibilidades muy distintas. Tampoco quieren comprometer a sus respectivas empresas con opiniones que pueden afectar directamente a sus resultados en el mercado catalán o el conjunto del español, según el caso.

Pese a estas reticencias, la reunión de la directiva de Fomento del Trabajo del próximo lunes difícilmente se sustraerá a la crisis política catalana. Esta entidad es la única que ha mostrado su voluntad de hacer un posicionamiento público sobre el referéndum antes del 1-O e intenta obtener el apoyo del Círculo y la Cámara para que se trate de un documento conjunto en favor del respeto a la ley. Pero en el Círculo y la Cámara parece primar de momento la opción de guardar silencio hasta después del referéndum independentista.


(*) Periodista



El populismo como justificación del poder / Juan Carlos Monedero *

¡Tiznado! le dijo la sartén al cazo. El PP que agita otra vez el ¡España se rompe!, que monta a Arias Cañete en un tractor cuando hay elecciones, amigo de Donald Trump y de Bertín Osborne, mira a derecha y a izquierda y grita: ¡Populistas! Y de insulto en insulto el concepto al final ya casi nadie sabe qué significa.


Mucho antes de que el populismo se articule alguien ha creado el dolor -vivimos en sociedades de clase-. Después, solo después, ha habido pueblo que ha elaborado ese dolor, principalmente sobre la base de las desigualdades (es la progresión: “doler-saber-querer-poder-hacer” que permite la transformación social sólo cuando el dolor se convierte en conocimiento, el conocimiento en voluntad, la voluntad en capacidad y la capacidad en decisión) . Y pagando siempre un gran precio. Las libertades siempre han sido una conquista.

El liberalismo nunca ha permitido que el pueblo se organice, aprenda, lea y escriba, reclame derechos. Prohibieron el asociacionismo desde el siglo XIX porque la clase obrera organizaba significaba la posibilidad de traducir las necesidades en derechos. Ni una sola de las ventajas de nuestras sociedades ha sido una concesión de los poderosos. Ni acabar con el trabajo infantil ni con el analfabetismo, ni reducir la jornada laboral ni tener derecho a sanidad, ni poder ir a la escuela o la universidad ni cuidar entre todos a los ancianos a través del sistema de pensiones, ni el voto popular ni el voto de las mujeres, ni los derechos de las minorías sexuales y raciales ni el derecho a la justicia gratuita e imparcial. 

No tendríamos derechos sin las revoluciones francesa, de 1830, 1848 y 1871, sin la revolución rusa y sin el mayo del 68. El liberalismo siempre ha estado en contra de la extensión de los derechos. Basta leer a Locke para ver que al tiempo que se quejaba de que el Rey les convertía en esclavos, él mismo tenía plantación de esclavos donde le negaba la humanidad a los negros llevados a la fuerza desde África. Cánovas del Castillo estaba en contra del sufragio universal.

Nunca se ha dado una “solidaridad afectuosa” como la que reclama Lassalle por parte de los que tienen algún privilegio, precisamente porque ese privilegio lo están pagando lo que no pueden recibir afecto sin que el privilegio se disipe. A los liberales siempre les han gustado los tíos Tom.y en tiempos complicados están dispuestos incluso a tolerar a los socialdemócratas. Cuando los negros de Haití se levantaron en nombre de la libertad cantando la Marsellesa no tardaron en ir las fuerzas del ejército francés a reprimirles. La libertad, igualdad y fraternidad no eran para ellos. El “afecto” del liberalismo, como el del neoliberalismo, siempre ha tenido su última ratio en las armas.

Cierto que antes de recurrir a la policía y el ejercito han pretendido el control de los dispositivos de obediencia. La escuela y la iglesia, igual que luego la prensa, la radio, la televisión o los videojuegos (todavía tienen dificultades para controlar de la misma manera internet). Aquí también entra la redistribución de la renta, pero siempre como una exigencia popular y siempre que no frene la acumulación. Si se exceden en el robo, se termina notando. Vivimos en sociedades cuyo principio económico organizador es la obtención de beneficio a través del mercado. Y también la democracia liberal a través de los partidos que otorga legitimidad al sistema pero no es capaz de explicar las enormes diferencias entre la clase política (con sus jefes) y el pueblo al que representan. 

El liberalismo se ha hecho democrático a la fuerza, y cuando las recurrentes crisis amenazan el beneficio de los que pueden pelearlo de cualquier forma, se liberan del compromiso democrático y regresan al liberalismo de la fuerza, las leyes mordaza, la represión y la violencia. En esta fase, los ricos o los sectores empresariales ya no compran políticos sino que entran ellos directamente en política (EEUU, Argentina, Brasil, Francia o el lobby de las armas poniendo en España al Ministro de Defensa). Lo que estamos viviendo hoy en Europa y vivió ayer América Latina, África y Asia y aún sufren.

El populismo expresa la indignación desde finales del siglo XIX contra las humillaciones -que se expresan en las desigualdades-, contra la economía -que convierte al ser humano en mercancía- y la política de élites o partidos -que aleja el compromiso de los gobernantes con la democracia-. Es lo que emergió en la crisis de 1873, la de 1929, la de 1973 y la de 2008. Es lo que expresó el 15M:¿por qué no me representas? ¿por qué me tratas como una mercancía en manos de banqueros y políticos corruptos? 

El populismo es un momento destituyente, de impugnación, que construye un nosotros circunstancial contra un ellos responsable de las desigualdades, los recortes, la precariedad y, por lo general, también de la corrupción. Al que tiene que seguir un momento constituyente. En el momento populista coinciden todos los damnificados por la forma que tiene el poder en nuestra sociedades de salir de las crisis. En el momento constituyente los bandos se clarifican. 

Hubo gente de Ciudadanos, el partido reinventado a mayor gloria de Rivera, en el 15M. Pero a la hora de crear un nuevo contrato social, el peso de los intereses de clase no es menor y eso explica el alineamiento de Ciudadanos con el Partido Popular. La derecha siempre se sube al carro del populismo para ganar votos. Agitan los problemas del Pacto de Versalles por la mañana y por la noche se reúnes con los Thyssen y los Krupp. Ahí tenemos a Trump, a Macron o a Rajoy fotografiándose en 2011 delante de una sede del INEM. Luego vendría su reforma laboral. El populismo de derechas es el principal enemigo del populismo de izquierdas, precisamente por su facilidad para subirse al carro de la indignación.

“Apoyémonos en una solidaridad afectuosa que nos haga sentir que somos un “nosotros” que debemos preservar unido y en paz si queremos definirnos como seres civilizados. Confiemos en los otros y cuidemos entre todos la democracia”, le ofrece Lassalle a Íñigo Errejón (quien ha reseñado el último libro del que fuera Secretario de Estado de Cultura con Rajoy). 

Al tiempo que su partido, el PP, entra en redacciones para requisar material electoral, prohíbe actos, encarcela desobedientes políticos e impide un referéndum en un país donde pedimos a una banda terrorista que dejara las armas y se expresara políticamente. Al tiempo que han crecido desorbitadamente las desigualdades, se han quebrado los salarios y las condiciones laborales, se ha expulsado de nuevo a los sectores populares de la universidad y se ha vaciado la hucha de las pensiones mientras el PP se enriquecía, robaba, organizaba campañas electorales con dinero proveniente de acuerdos ilegales en obra pública. ¿Tender la mano sin más? 

La derecha siempre reclama diálogo cuando no puede hacer valer más la fuerza. Pero ahora los ciudadanos del Reino de España tenemos una obligación democrática: salir cuanto antes del gobierno del Partido Popular y su populismo de derechas. Cuando estén fuera del gobierno, el diálogo será más sincero.


(*) Profesor titular de Teoría del Estado en la Universidad Complutense


¿De verdad le interesa a Junqueras gobernar con el partido de Colau? / Casimiro García-Abadillo *

La cena de Oriol Junqueras y Pablo Iglesias en casa del empresario Jaume Roures (27 de agosto) despertó excesivas expectativas sobre un pacto ERC/Podemos, cuya primera fase se concretaría en gobierno de coalición tras unas eventuales elecciones anticipadas en Cataluña, para después, en una segunda y definitiva vuelta, plasmarse en una moción de censura en el Congreso, apoyada por la izquierda y los independentistas, que encaramaría a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.

Al líder de Podemos le interesa el dibujo. Con él se quita de encima al incómodo Dante Fachin (Podem), le deja el terreno libre en Cataluña a Ada Colau y Xavier Domènech (Catalunya en Comú), consolidando un gran bloque de izquierdas/independentistas en Cataluña con fuerza suficiente como para llevar a la Generalitat a Junqueras, y, después, ponerle en bandeja al secretario general del PSOE una mayoría en el Congreso capaz de derribar a Rajoy. Muy al estilo de Juego de Tronos.

Pero una cosa es lo que le interesa a Iglesias y otra muy distinta es lo que le interesa a Junqueras. Sí, tanto ellos dos como Colau quieren echar al PP del gobierno, pero luego, cada uno por su lado, saca cuentas a ver qué saca de esa operación de laboratorio. Es decir, ¿cómo se reparte el botín?

Una fuente bien informada de Barcelona me comenta: “En Madrid hay una obsesión con el bloque de izquierdas en Cataluña, con el acuerdo de los comunes y ERC. Una vez más, no ven la realidad. La partida en Cataluña ahora se juega entre el independentismo y el unionismo y no entre la izquierda y la derecha. Si ERC logra sumar mayoría absoluta con el PDeCAT no te quepa duda que habrá un gobierno soberanista en Cataluña”.

Si Junqueras pactara con los comunes, una parte de su electorado, la más independentista, lo vería como una traición. La ambigüedad de Colau en torno al 1-O no acaba de gustar a esa facción irredenta del soberanismo. Por otro lado, a Junqueras, después de todo el esfuerzo para levantar una república catalana, que ha rentabilizado en las encuestas de manera notable, hasta situar a ERC como el partido hegemónico en Cataluña, dar la mano a un movimiento netamente izquierdista como Catalunya en Comú no haría sino crearle complicaciones a la hora de fijar la agenda de su gobierno de coalición (siempre en caso de que ERC y los comunes sumasen más de 68 escaños).

Una fuente del PDeCAT me ratificó la idea de que, si se convocan elecciones anticipadas tras el 1-O, ya no se repetirá la fórmula JxSí, pero sí la disposición del partido nacionalista heredero de CiU a alcanzar un acuerdo de gobierno con ERC para forzar “a Madrid a negociar la realización de un referéndum con todas las garantías de legalidad”.

La clave, por tanto, está en los números. Si ERC logra alrededor del 30% de los votos -porcentaje que le dan algunas encuestas- necesitaría que el PDeCAT registrara, al menos, un 15% para tener asegurada la mayoría absoluta. Entre las dos formaciones deberían sumar unos dos millones de votos. JxSí consiguió 1,6 millones en 2015 y obtuvo 62 escaños, quedándose a 6 de la mayoría absoluta, lo que obligó a la coalición al pacto suicida con la CUP (10 escaños).

Según la citada fuente del PDeCAT, las estimaciones internas de dicho partido reflejan una recuperación de la mano de su compromiso firme con el 1-O, de tal forma que podría aspirar a tener entre 20 y 25 escaños en el Parlament. Si ERC obtiene 50 escaños, los números le saldrían a Junqueras para formar un gobierno independentista sin depender ni de la CUP ni de los comunes.

Si se celebran elecciones anticipadas, tras un pulso sin precedentes de la Generalitat con el Estado de cara al 1º de octubre, la campaña electoral girará indudablemente en torno a la independencia. Si ese es el debate, los comunes tratarán de nuevo de nadar y guardar la ropa, como ha hecho Colau hasta ahora. Con un perfil bajo en la cuestión esencial no es muy probable que Catalunya en Comú obtenga un resultado muy brillante.

Lo que ocurrió con En Comú Podem en las elecciones generales de 2016 (donde obtuvo 12 escaños y se convirtió en la primera fuerza en Cataluña) puede ser engañoso. De hecho, la marca catalana de Podemos (CSQP) registró un modesto resultado en los comicios autonómicos de 2015: 11 escaños, los mismos que el PP. En Cataluña nunca se ha votado igual en unas elecciones generales y en unas autonómicas.

Cuanto más se hable de independencia, menos posibilidades de subir tendrán los comunes ¿Renunciará Junqueras a convertirse en el primer presidente de la Generalitat con un gobierno netamente independentista que tenga como primera y única meta arrebatarle a Madrid el referéndum de autodeterminación? Desde luego que no. Si el PDeCAT no se hunde, esa será su prioridad. Y por esa razón, el líder de ERC hará todo lo posible para dar oxígeno a su futuro aliado.


(*) Periodista y editor de El Independiente


Exijo un juicio comparativo entre el 23-F y lo que está ocurriendo en Cataluña / Antonio Tejero *

“Yo, Antonio Tejero Molina, español de 85 años de edad, teniente coronel de la Guardia Civil expulsado del Ejército por los sucesos de 23 de febrero de 1981 y como más antiguo de todos los participantes vivos que tomaron parte en aquella acción, exijo, que por la Justicia española se lleve a cabo un Juicio Comparativo entre lo ocurrido en la fecha del Golpe de Estado, llamado 23-F, y lo que está ocurriendo actualmente en los prolegómenos de la que quiere ser la destrucción de España, llevado a cabo por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, y teniendo en cuenta los siguientes términos:

1. Que el 23-F pretendía conseguir un cambio de Gobierno que garantizara la unidad de la Patria, dañada por la Constitución y los Estatutos de Autonomías que el presidente Suárez otorgó a Cataluña y Vascongadas; sin embargo, el Golpe de Estado que se está preparando en Cataluña quiere conseguir la ruptura de la región catalana del resto de la Patria.

2. Que es cierto que cometimos un gran delito, que fue castigado con penas gravísimas, ya que tres de los participantes lo fuimos con 30 años de Reclusión Mayor y expulsión del Ejército; en cambio, los sediciosos catalanes están incumpliendo leyes y más leyes desde hace tiempo con total impunidad, con el agravante de jactarse de ello y de ir, cada vez, más adelante en la comisión de sus delitos independentistas.

3. Que la persecución del delito del 23-F fue inmediata y contundente y que, si bien en una primera sentencia se condenaba a un máximo de 12 años y un día, al Gobierno le pareció escaso y según nos comunicaron dos vocales del Consejo de Guerra, uno de ellos el general de división D. José Contreras Franco, que el Gobierno había ordenado subir la pena hasta los 30 años de Reclusión Mayor y que ellos, no habiendo estado de acuerdo con la medida, hicieron Notas separadas disintiendo. Sin embargo, estamos viendo como el Gobierno del Sr. Rajoy es totalmente estático ante los hechos independentistas catalanes, mucho más graves que los nuestros y continúa en estas fechas intentando diálogos infructuosos y tomando pequeñas medidas como la persecución de las papeletas del Referéndum, empleando para ello al dignísimo Cuerpo de la Guardia Civil. Es por lo que también se pide que se juzgue la actitud de delación de poder con perjuicio para la unidad de España del Gobierno de la Nación que por ningún momento ha cumplido con su deber de acabar desde sus inicios con estos delitos tan patentes, tan públicos y tan graves.

4. Sé que el Rey no es responsable de sus actos, pero creo que dentro de esta cualidad debió de haber tomado alguna resolución de que se ejercieran medidas mas coercitivas.

Por todo ello y antes de que llegue el fatídico día del primero de octubre, y como integrante de lo que más que un Golpe de Estado fue el Contragolpe que se dio al preparado en la persona del general Armada, y patrocinado por el Rey Juan Carlos I y los partidos políticos, sobre todo el socialista y comunista, que ya se habían repartido todos los Ministerios. Todo esto, se encuentra en los Papeles del 23-F que aún no han sido descalificados ya que al cumplir los 25 años se subió el plazo otros 25 años más. Hasta última hora, hemos estado esperando una reacción del Gobierno tan contundente como la que se empleó con nosotros el 23-F pero ni se ha producido ni creo que se vaya a producir; sigue el “pasteleo” que no lleva a ninguna parte, bueno lleva a que cada vez se envalentonen más Puigdemont y su comparsa, en vez de estar desde hace tiempo en prisión como les corresponde.

Esta declaración me gustaría que saliera en la Prensa antes de su envío a la Justicia ya que al llegar a ésta quizá la remitan al Tribunal Constitucional que es el paño de lágrimas de los políticos cobardes e incompetentes y el retrete del Gobierno catalán.

De los militares no quiero hablar por el respeto que me merecen esta Institución, sus héroes y sus mártires que han dado todo antes en la defensa y en la creación de la unidad de España, aunque pienso que podrían hablar un poco los que aún están en activo porque entres otras cosas os conviene ya que un general en una España rota y disminuida no vale nada.

Ya sólo me queda la Iglesia y de esta aún hablaré menos por ser hijo fiel de ella, pero los obispos y clérigos que ondean las banderas esteladas, algunas veces hasta en sus iglesias, podían mejor orar por la unidad de la Patria que tanto expandió la religión católica por el mundo y a la que España dio tantos mártires.

Piénsenlo bien antes de seguir por el camino que han tomado y Dios y España les premiará, y si no se lo demandará ¡Lo juro! Como juro igualmente fidelidad a España, a su historia, a sus mártires, a sus héroes y, en la actualidad, sobre todo a su unidad y su grandeza, en defensa de las cuales daría gustoso mi vida y la vida de mis enemigos.

¡Viva España!”


(*) Teniente coronel de la Guardia Civil