domingo, 9 de enero de 2022

El nuevo ministro de Agricultura de Alemania quiere acabar con los “precios basura” de la carne


BERLÍN.- Cem Özdemir, el nuevo ministro de Agricultura alemán, tiene dos méritos casi revolucionarios en la política de su país: en 1994 se convirtió en el primer diputado del Bundestag (el Parlamento federal) con raíces turcas, una hazaña que repitió el pasado 8 de diciembre cuando se convirtió en el primer ministro federal de ese origen. 

Ahora, Özdemir, un vegetariano de toda la vida, se ha impuesto una misión igual de revolucionaria: le ha declarado la guerra a los “precios basura” de la carne. Aunque el ministro no se ha referido específicamente a las macrogranjas, es este sistema de producción de tipo industrial el que permite unos precios tan bajos en estos alimentos, según narra El País.

De hecho, el titular de Agricultura sugirió en una reciente entrevista en el periódico Bild am Sonntag que el número de cabezas de ganado en Alemania se base en la tierra disponible y pidió mejorar las condiciones en los establos, lo que supondría un beneficio para los humanos y los animales. Las principales organizaciones ecologistas europeas denuncian continuamente las malas condiciones en las que se encuentran los animales en las macrogranjas.

“A veces tengo la sensación de que un buen aceite de motor es más importante para nosotros que un buen aceite de ensalada”, señaló Özdemir en el diario alemán. 

“Más del 50% de los adultos tienen sobrepeso. La razón es el exceso de azúcar, grasa y sal, sobre todo en los productos precocinados. Los políticos han intentado durante demasiado tiempo que la industria reduzca estos ingredientes con compromisos voluntarios. Eso ya ha terminado. Conmigo habrá objetivos de reducción vinculantes”, continuó. 

El ministro también quiere aumentar la superficie de los campos cultivados de forma ecológica desde el 10% actual hasta el 30% en 2030.

Para llevar a cabo su revolución en la dieta germana, Özdemir tiene un plan polémico que despierta críticas y aplausos: los precios de los alimentos y los productos agrícolas deben subir. “No debe haber más precios basura para los alimentos; llevan a las granjas a la ruina, impiden más bienestar animal, promueven la extinción de especies y contaminan el clima. Quiero cambiar eso”, apuntó.

En julio de 2021, una comisión gubernamental integrada por grupos ecologistas y de agricultores llegó a la misma conclusión que Özdemir: había que reducir el consumo de carne y aumentar la protección del clima. La comisión dijo que un kilo de carne de vacuno debería costar cinco o seis veces más de lo que cuesta ahora, es decir, unos 80 euros el kilo, en lugar de los 13 euros actuales; mientras que los productos lácteos deberían costar entre dos y cuatro veces más que ahora.

La comisión también constató que los daños medioambientales causados por la agricultura industrial suponen un coste de unos 90 millones de euros al año, y recomendó la inversión de entre 7.000 y 11.000 millones de euros anuales para financiar la transformación de la industria agrícola en una ecológica.

Después del revuelo por sus declaraciones en contra de los precios bajos, el político de los Verdes anunció que su ministerio está estudiando si se puede prohibir la venta de alimentos a un precio inferior a los costes de producción. “No se debe permitir que los grandes operadores sigan dictando los precios y optimizando los márgenes”, dijo el ministro.

En otra entrevista con el grupo RND, Özdemir dijo que era necesario obtener condiciones justas para todos en la cadena alimentaria. “Para lograrlo, queremos, entre otras cosas, reforzar la supervisión de los abusos antimonopolio y el control de las fusiones en la Oficina Federal de Cárteles, seguir actuando contra las prácticas comerciales desleales y examinar si se puede evitar la venta de alimentos por debajo de los costes de producción”.

13 millones de pobres

Özdemir también desechó las críticas de que su reciente alegato contra los “precios basura” de la carne, por ejemplo, era antisocial. “Todo el mundo debería poder seguir pagando la carne. No debe convertirse en un bien de lujo. Para mí, la justicia social empieza también con los trabajadores de los mataderos, cuyo salario mínimo vamos a aumentar por fin”, explicó el ministro. “Y se trata de nuestros agricultores que, como todos, deben poder vivir de su trabajo”, añadió.

Los planes del ministro se enfrentan, sin embargo, a una realidad social. Unos 13 millones de personas en el país son consideradas pobres, tienen que pensar cuidadosamente para qué les alcanza su dinero antes de ir a comprar o tienen que recurrir al banco de alimentos para cubrir sus necesidades diarias.

Por eso, la guerra a los “precios de la comida basura”, que debe provocar mejoras para los agricultores, el clima y el bienestar animal, ha sido criticada incluso por su propio partido. La portavoz federal de la organización juvenil de los Verdes, Sarah-Lee Heinrich, pidió en Twitter “más justicia social” para que los ciudadanos no se sientan abandonados en las medidas de gran alcance para proteger el clima y el medio ambiente.

Pero Özdemir tiene de su lado al presidente de la Asociación de Agricultores, Joachim Rukwied, quien declaró que los alimentos de alta calidad merecían un precio más alto. La organización Greenpeace también defendió los planes del ministro. “El nuevo Gobierno federal debería ajustar el IVA de la carne y los productos lácteos al tipo normal del 19%”, señaló la organización ecologista.

 “A cambio, puede bajar el IVA de las frutas y verduras o suprimirlo por completo. Esto crearía incentivos para un consumo de alimentos de origen vegetal más respetuoso con el medio ambiente y el clima”, añadió.

El Gobierno y al menos cuatro autonomías han anunciado o aprobado medidas contra las macrogranjas


MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, aseguró el pasado 21 de abril en el décimo Congreso de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) que elaboraría un decreto ley para “regular el tamaño de las granjas de vacuno, en el marco de un modelo de agricultura familiar y profesional”. 

 El texto, en fase de consulta pública, limita la “capacidad máxima” de la explotación a 850 unidades de ganado mayor —esto es, de gran tamaño— para las granjas de bovinos. Además, Planas aseguró que la nueva PAC —Política Agraria Común— de la Unión Europea favorecerá el modelo de explotación “familiar y profesional”. 

En la misma línea, - recuerda El País - los gobiernos autonómicos de Castilla- La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra han aprobado iniciativas para prohibir o limitar la construcción y ampliación de macrogranjas.

Emiliano García-Page (PSOE), presidente de Castilla-La Mancha, anunció hace dos semanas una moratoria que prohibía la construcción de nuevas macrogranjas y la ampliación de las existentes hasta diciembre de 2024. Aunque unos días antes el presidente castellano-manchego anunció que esta limitación sería con carácter indefinido. 

“Entre todos debemos establecer un diálogo sereno sobre la normativa que debe regir este tema, compatibilizando el sector económico y ganadero de la comunidad autónoma con las necesidades de sostenibilidad ambiental”, afirmó el presidente autonómico.

El Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán (PSOE), presentó el pasado julio un proyecto de ley para la “protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón”. En este texto se señala que la ganadería intensiva “pone en peligro tanto la sostenibilidad ambiental del territorio, como la sostenibilidad económica y social”. 

La iniciativa legislativa añade que la agricultura familiar “está sometida a riesgos especialmente relevantes en el ámbito de la ganadería intensiva”. El proyecto de ley del Gobierno de Lambán, aunque no prohíbe la construcción de nuevas explotaciones intensivas, sí limita el tamaño de “todas las explotaciones ganaderas intensivas” y condiciona la construcción de nuevas macrogranjas a la capacidad de “recepción de estiércoles” que tenga el suelo sobre el que se pretendan edificar.

Se trata de una medida semejante a la aprobada por María Chivite en Navarra el pasado abril, que ha prohibido la construcción o ampliación de explotaciones con más de 1.250 unidades de vacuno. La proposición de ley se aprobó con los votos a favor de los partidos de izquierdas y la abstención de Navarra Suma, formada por Ciudadanos y el Partido Popular.

En Cataluña, la autonomía con mayor número de macrogranjas según los datos facilitados por cada región, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural propuso un nuevo modelo de regulación de la ordenación ganadera en octubre de 2021 que tomará forma de decreto para asegurar el equilibrio entre la sostenibilidad económica y ambiental. 

Con él, se limitará el número de animales que pueden llegar a tener las explotaciones y no se podrán ampliar las cabezas de ganado en aquellas granjas que no cumplan las distancias reglamentarias entre ellos. 

El decreto fija un máximo de 600 vacas para las nuevas explotaciones, además de una formación obligatoria para los trabajadores de las granjas, que consiste en 20 horas de cursos sobre fisiología, comportamiento, conceptos de sanidad animal y legislación vigente en materia de bienestar animal.

A esta medida se suma que el Gobierno catalán impidió en 2019 la construcción de nuevas instalaciones por un periodo de dos años ante la contaminación de sus acuíferos. En julio, la Generalitat aprobó un decreto ley que prorrogaba cuatro años más —hasta 2025— la moratoria en la concesión de permisos para construir o ampliar este tipo de explotaciones en 68 municipios catalanes. 

El objetivo, según señaló el Govern, era revertir la presencia excesiva de nitratos en las aguas de estas localidades a causa de los purines vertidos por la ganadería intensiva. Siete de cada diez acuíferos están contaminados en Cataluña según los criterios europeos.

La medida anunciada por el ministro Planas el pasado abril fue celebrada por UPA, que lleva años solicitando el cierre de estas explotaciones y se mostró “esperanzada” ante la decisión del ministro. Las ONG medioambientales como WWF, Greenpeace o Ecologistas en Acción, también reclaman y aplauden la aprobación de moratorias para la nueva edificación o ampliación de macrogranjas por el vertido de nitratos que suponen. 

Este Gobierno ha aprobado dos decretos ley sobre la ganadería intensiva: el primero en febrero de 2020 reguló las granjas porcinas y el segundo en julio de 2021, para las explotaciones avícolas.

En ambas se imponen medidas para la gestión del estiércol y la reducción de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos —presentes en los excrementos de los animales—. En el caso de las granjas porcinas señalaba también que no pueden estar a menos de 200 metros de una población. 

A pesar de estas leyes, el pasado diciembre la Comisión Europea denunció a España —tras advertirla en 2020— ante la justicia comunitaria, al considerar “insatisfactorios e insuficientes” los esfuerzos realizados para reducir el nivel de nitrato en sus acuíferos.

Autonomías sin medidas contra las macrogranjas

Las iniciativas aprobadas por Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón y Navarra chocan con las adoptadas por otras comunidades autónomas como Castilla y León. En 2020, el Ejecutivo regional aprobó un decreto ley que aligeró los trámites para crear instalaciones de este tipo. Tan solo se necesita una licencia ambiental para funcionar. Las macrogranjas que lleven funcionando al menos 10 años, pueden obtener directamente este permiso, aunque anteriormente no lo tuvieran.

Sin embargo, hay otras regiones como Asturias o Cantabria en las que no se ha aprobado medida alguna al margen de las adoptadas por el Ministerio de Agricultura. En el País Vasco tampoco existe una regulación específica, ya que predomina la agricultura familiar, con granjas pequeñas con pocas cabezas de ganado.

 En Andalucía, la legislación se limita a desarrollar la directiva europea. Los municipios están sujetos, entre otras, a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), de ámbito autonómico para otorgar de manera previa una concesión o una autorización ambiental para su instalación en función de su tamaño. Este periódico no ha encontrado normativa alguna al respecto en Comunidad de Madrid.

La Comunidad Valenciana es otra de las autonomías que no dispone de una regulación particular sobre las macrogranjas. Únicamente ha establecido un procedimiento para que el personal de las explotaciones ganaderas, transporte de animales, sacrificio y núcleos zoológicos obtengan la formación adecuada en materia de bienestar animal.

En la comarca de A Limia (Ourense), las granjas avícolas y porcinas generan toneladas de excrementos que se acumulan sin tratar y causan episodios de grave contaminación por cianobacterias todos los años en el río Limia y sus embalses. A pesar de ello, el Gobierno gallego tampoco ha aprobado normativa alguna.

La Unión Europea notifica 428 alertas de frutas y verduras de Turquía con residuos plaguicidas en 2021, según La Unió


VALENCIA.- Un estudio elaborado por La Unió de Llauradors ha revelado que el sistema de alertas europeo del RASFF (autoridad de la Comisión Europea para la seguridad en alimentos) notificó el año pasado un total de 428 alertas de frutas y hortalizas con destino al mercado de la Unión Europea procedentes de Turquía, que tenían presencia de residuos de plaguicidas, entre ellos el Metil-clorpirifos y Clorpirifos prohibidos aquí o pesticidas que superaban los Límites Máximos de Residuos permitidos en el mercado comunitario.

De ese estudio de la organización agraria se desprende que un total de 173 correspondieron a cítricos y 164 fueron por la presencia de Metil Clorpirifos o Clorpirifos procedentes de las importaciones de frutas y hortalizas de Turquía.  

Egipto por su parte recibió 62 notificaciones de alertas sanitarias oficiales europeas en el año 2021, de las que 39 fueron de cítricos y 42 se detectaron con Metil Clorpirifos o Clorpirifos.

"Turquía y Egipto continúan así su escalada alcista" y los datos de 2021 suponen un aumento de las alertas de productos del primer país de un 57% y del 343% de las del segundo, sobre las del año 2020, asegura La Unió.

Pese a la magnitud de esas cifras, "las autoridades comunitarias permanecen bastante pasivas", lamenta la organización agraria en un comunicado. 

Un historial de las auditorías recientes de la Comisión Europea, al que ha podido acceder La Unió, revela que desde el año 1998 a Egipto no se le ha hecho ningún control específico en cítricos y desde 2011 ninguno relacionado con productos agrícolas. A Turquía no se le realizan auditorías por plaguicidas desde hace más de dos años.

Con los datos en la mano y la subida de las alertas se desprende que "la Unión Europea no realiza controles exhaustivos a las importaciones", censuran desde La Unió.

Según la organización agraria valenciana, la recién estrenada presidencia de la UE por parte de Francia debe servir para avanzar en la reciprocidad, pues se ha fijado como prioridad asegurar que los productos agrícolas importados respeten los mismos estándares que los europeos.

En este sentido, La Unió recuerda que el ministro de Agricultura francés, Julien Denormandie, ha señalado que "no podemos seguir aceptando las importaciones en nuestro mercado europeo de productos que no respetan las normas que imponemos a nuestras propias producciones. No tiene sentido. Actuar para una reciprocidad de las normas será una de las prioridades de la presidencia francesa".

Para el secretario general de La Unió, Carles Peris, "es el momento de que España y Francia, dos potencias agrícolas europeas, unan fuerzas junto a otros países de la Unión Europea para evitar la competencia desleal y equiparar los estándares de producción para los productos importados con los nuestros".

En su opinión, "hay que hacer un esfuerzo para transformar esa intención en realidad y los estados miembros deben de aplicar esa reducción de pesticidas de su estrategia De la granja a la mesa lo más pronto posible a los productos importados, en aras a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad".

Según Peris, gracias en buena parte a las reiteradas denuncias por parte de La Unió acerca de las alertas procedentes de Turquía, la Comisión Europea aumentó la presión inspectora a los cítricos de Turquía mediante el Reglamento de Ejecución 2021/1900 de 27 de octubre de 2021, elevando los controles hasta el 20% en cítricos (limones, mandarinas y naranjas), granadas y pimientos.

A pesar de ello, las alertas sanitarias se han venido reproduciendo durante los dos últimos meses y por tanto desde La Unió se apuesta por la suspensión de las importaciones de estas producciones procedentes de Turquía hasta que garantice la seguridad alimentaria en los productos que pretende poner en el mercado de la Unión Europea. Del mismo modo, solicita para Egipto un control mínimo de sus cítricos del 20%, porque en estos momentos son únicamente aleatorios.

La UE y los nuevos Gobiernos en Alemania y Países Bajos secundan la postura de Garzón sobre las macrogranjas y la ganadería extensiva


BRUSELAS.- Las palabras del ministro Alberto Garzón, responsable de Consumo, en las que mostró su preocupación sobre "la carne de vacuno de animales criados en macrogranjas" en una entrevista con el rotativo The Guardian han desatado un tsunami en la política española. Sin embargo, el apoyo a una ganadería extensiva y sostenible aparece en todas las estrategias climáticas y medioambientales tanto a nivel nacional como europeo, según recuerda el corresponsal del diario
Público en Bruselas.

Recientemente, Bruselas ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por su incapacidad de frenar la contaminación de nitratos provocada por la ganadería y por la agricultura industrial. El Ejecutivo comunitario estima que el país vulnera la Directiva sobre nitratos, que tiene por misión "proteger la calidad del agua en toda Europa mediante la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales procedentes de fuentes agrarias".

Un año antes, los eurodiputados socialistas enviaron una pregunta parlamentaria a la Comisión expresando su preocupación por las macrogranjas, Sin embargo, en la actual polémica con Garzón, el partido de Pedro Sánchez no le ha respaldado. Esta fue la pregunta:

En noviembre de 2018 la Comisión inició un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la Directiva sobre nitratos debido a la protección insuficiente de sus aguas frente a la contaminación producida por estos en la agricultura. La comunidad autónoma de Castilla y León, afectada por este procedimiento, incumple el límite de concentración de nitratos en el agua potable de 50 mg/l (el 31,3 % de los pueblos en esta comunidad supera este límite). A pesar de esta situación crítica, las autoridades autonómicas han autorizado la instalación de catorce proyectos de macrogranjas porcinas en un radio de tan solo 20 km cúbicos. Esto quiere decir que, con un mínimo de 7.000 cabezas de ganado por explotación, podría alcanzarse una concentración de más de 100.000 animales. En estas circunstancias:

1. ¿No cree la Comisión que debería investigar el caso de las macrogranjas en un territorio como este, afectado por incumplimientos de la legislación europea?

2. ¿Qué está haciendo la Comisión para vigilar más de cerca el desarrollo de proyectos de agricultura y ganadería intensiva claramente contrarios a las ambiciones del Pacto Verde Europeo?"

La primera reprimenda de la Comisión se remonta a 2018, pero tres años después las medidas adoptadas por España son "insatisfactorias e insuficientes", especialmente en las regiones de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana. Parte de este problema tiene su epicentro en las macrogranjas, que en cuatro años han duplicado la contaminación del agua por este compuesto químico en España. 

En el conjunto de la UE, el 81% de las aportaciones de nutrientes a los sistemas acuáticos están provocados por la ganadería, puesto que los nitratos contaminan el suelo con los fertilizantes o los excrementos animales. Su reducción es clave en la lucha contra el cambio climático.

¿Qué dice la hoja de ruta europea?

La revolución verde y la sostenibilidad del sector primario se encuentran entre las prioridades más altas de la agenda comunitaria de la actual legislatura. La estrategia de La Granja a la Mesa, que recibió el aval del Parlamento Europeo en octubre, busca sentar las bases hacia un modelo de consumo y de producción de alimentos más sostenible, reduciendo el uso de pesticidas y garantizando la disponibilidad de alimentos saludables y asequibles a corto y largo plazo en todo el bloque comunitario.

Una de sus banderas es la reducción de la huella medioambiental de los sistemas alimentarios, responsable de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Entre sus principales objetivos se encuentra, también, la mejora del bienestar de los animales. Una ambición que es ampliamente compartida por la sociedad: según recoge el último Eurobarómetro sobre la materia, el 82% de los europeos estiman que las condiciones de los animales en las granjas deberían de mejorar.

La UE tiene unos de los estándares de bienestar animal más altos del mundo. La Directiva europea sobre protección de animales establece que "los animales de granja deben vivir y ser transportados en condiciones que no impliquen maltrato ni les causen dolor o sufrimiento". Y ampara cinco derechos: libres de hambre y sed; de molestias; de dolor, heridas y enfermedades; de expresar comportamientos normales; y de estar libres de miedo y angustias. Unas garantías que chocan con los abusos generalizados denunciados en estas grandes explotaciones.

"Las macrogranjas son una fuente de explotación animal, destrucción ambiental y competencia desleal frente a la ganadería extensiva y sostenible. Además, la calidad de los alimentos es inferior (más estrés, medicamentos...) ¿Quién puede apoyar este modelo?", ha denunciado a través de Twitter María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidos Podemos.

El objetivo del ambicioso Pacto Verde Europeo es, además, que el bloque comunitario alcance una "contaminación cero, lo que beneficiará a la salud pública, al medio ambiente y a la neutralidad climática". Por tanto, los conglomerados de las macrogranjas chocan con lo establecido en la estrategia de La Granja a la Mesa, con los planes para articular una transición sostenible y son contrarios a los objetivos marcados por el Pacto Verde, la hoja de ruta que busca convertir a Europa en el primer continente del mundo climáticamente neutro en 2050.

En clave nacional, la Estrategia Española de Economía Ciricular (EEEC) para 2030 incluye la mejora de un 10% de la eficiencia en el uso del agua y el impulso de "sistemas productivos extensivos" con el objetivo de "aprovechar los recursos del ecosistema" y "hacer un uso más eficiente de los recursos". Sin embargo, el pasado diciembre, PSOE, PP, Vox y Ciudadanos frenaron en el Congreso una iniciativa de Unidas Podemos para prohibir las macrogranjas en zonas vulnerables.

La producción de carne ha crecido de forma exponencial en España: cerca de un 1.000% desde los años 60, frente a poco más del 150% en la UE o en otros países como Alemania, Dinamarca o Francia, según cifras que recoge Greenpeace. A pesar de ello, las palabras de Garzón han encontrado una fuerte resistencia entre el PSOE, su aliado en el Gobierno, y han sido ferozmente atacadas por PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, sus declaraciones van en línea con los planes de otras grandes potencias del bloque comunitario.

El recién estrenado ministro de Agricultura alemán, Cem Özdemir, aseguró recientemente que la calidad de los alimentos en su país es baja. "Ya no debería haber precios de oferta. Llevan a las granjas a la ruina, impiden el bienestar de los animales, promueven la extinción de especies y dañan el medioambiente. Quiero cambiar eso", afirmó en declaraciones que recoge la cadena de radio alemana Deutsche Welle. El objetivo del nuevo Ejecutivo comandado por Olaf Scholz es pasar de un 10% de cultivos ecológicos a un 30% en 2030.

El también recién estrenado Gobierno holandés, comandado por Mark Rutte, ha creado un Ministerio de Naturaleza y Nitrógeno para reducir las emisiones de gas contaminantes procedentes del sector ganadero. Será encabezado por la liberal Christianne van der Wal. La apuesta neerlandesa también pasa por un modelo más extensivo. Antes de la irrupción del coronavirus, el primer ministro neerlandés calificó la del nitrógeno como la mayor crisis de su mandato.

La sociedad civil se moviliza

Un informe de Ecologistas en Acción vincula las macrogranjas con el auge de la España vaciada. Subraya que el 74% de las localidades con alta tasa de ganadería intensiva pierden más población o ganan menos habitantes que las que no la tienen. Esta lucha es bien conocida por los vecinos del Monte Arabí, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Situado entre las localidades de Montealegre del Castillo (Albacete) y Yecla (Murcia), los habitantes aledaños llevan años en pie de guerra contra los planes del grupo Fuertes-El Pozo para construir una macrogranja cerca de la localidad albaceteña.

Las protestas masivas de la población frenaron el proyecto en 2017, que, no obstante, fue avalado por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. Tras esta victoria, El Pozo ha vuelto a retomar los planes de construcción, a la espera del último permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura. Diferentes agricultores de la zona expresan a Público su malestar y rechazo por el aterrizaje de estos conglomerados que suponen una amenaza directa para el "medio ambiente, el pueblo, el valor cultural del monte y los cultivos".

Yayo Herrero: Murcia, la más fuerte 'zona de sacrificio' de España


MADRID.- "Creo que, claramente, el mundo se está polarizando más entre espacios de privilegio cada vez más pequeñitos y zonas de sacrificio donde la tierra, los animales, las plantas, el aire y las personas son cada vez más sacrificadas, donde la gente es convertida básicamente en población sobrante. 

Digamos que el extractivismo acompaña el proceso colonizador, tiene más de 500 años de historia. En los últimos años, había que plantear todas estas cosas con lenguajes políticamente correctos. La promesa siempre ha sido el desarrollo, la generación de puestos de trabajo. 

Y vemos muchas zonas en muchos países convertidas en verdaderos territorios devastados, donde la vida humana es precaria, es dura, es miserable o simplemente no es posible. Ya ha generado importantes expulsiones y esto nos empieza a llegar también a otros territorios.

Territorios cada vez más cercanos...

Sí, por ejemplo, Murcia, toda la Región de Murcia, me parece la zona de sacrificio más fuerte que tenemos dentro de la península. Por un lado ves el Mar Menor completamente envenenado y podrido, pero es un lugar donde también hay importantes restos de contaminación de dinámicas extractivista anteriores. 

Es un lugar en donde la agricultura industrial está esquilmando el agua subterránea y genera importantísimas cuotas de contaminación. Y a la vez es uno de los lugares donde la renta per cápita es más baja, donde hay unas altísimas tasas de incidencia de enfermedad y de cáncer, donde la pérdida de fertilidad, de calidad del semen tiene las tasas más altas —por lo que las posibilidades de reproducción humana voluntaria son más precarias—, donde suelen estar en los niveles más altos de tasas de violencia y maltrato. Es decir, es un lugar en donde la vida humana se precariza a pasos agigantados, junto al territorio que la sostiene."

(entrevista completa en:
https://www.elsaltodiario.com/ecofeminismo/yayo-herrero-gran-reto-generar-diferentes-formas-comunitarias-en-culturas-absolutamente-individuales)

La histeria porcina y el Gobierno cínico-ambiental / Pedro Costa Morata *

Gracias a la sinceridad del ministro de Consumo, Alberto Garzón, excepcional en la historia del Consejo de Ministros, va elevándose el tono de la polémica sobre la espantosa invasión de nuestros campos por macrogranjas de porcino y ovino. Una polémica que ha sido levantada por las organizaciones civiles ecologistas, plataformas populares ante el silencio de la mayor parte de los partidos, las administraciones y los medios de comunicación. 

Un debate que pone en solfa un modelo agrario enloquecido por una productividad obsesiva de patente industrialista, que envenena nuestros campos y aguas con una agricultura y una ganadería intensivas, tóxicas e insalubres. Un agro insostenible al que pretende sostener un Gobierno antiecológico, un empresariado codicioso y unos sindicatos agrarios enemigos del campo y de la vida.

Como en la anterior expresión de responsabilidad del ministro de Consumo, cuando el ridículo “escándalo del chuletón”, el Gobierno al que pertenece ha desautorizado sus palabras cediendo a la presión del sector. 

El Gobierno de Pedro Sánchez somete su pretendida sensibilidad ecológica a los grandes intereses económicos, llevado por la agresividad ambiental que lleva aparejado el actuar siempre por el corto plazo, sin atender a un futuro que, globalmente, se perfila catastrófico. 

Y así, creó un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sin la menor filosofía básica para afrontar ambos objetivos y poniendo al frente del mismo a una burócrata, Teresa Ribera, extraída del mundo de las organizaciones internacionales, bien conocidas por su doblez ambiental. 

De ahí que consienta esta oleada de granjas masivas e intensivas a sabiendas de que sus exigencias en recursos y la contaminación que producen, van contra los acuíferos en gran medida sobreexplotados y envenenados por los nitratos de origen ganadero; y que se muestre incapaz de reconocer que la agroindustria y las economías de escala en el campo expulsan directa y ferozmente gente del medio rural.

Aunque el MITECO procure no entrar en esta polémica, consintiendo la tropelía mientras trata de disimular unos objetivos falsificados, el otro Ministerio de esta farsa antiecológica, el de Agricultura, es el que se encarga de presentar, y representar, el frente de la algarada y de la necedad, exigiendo al ministro Garzón que renuncie al tratamiento científico, ecológico, sanitario y político del asunto. 

“Que nadie me toque a mis agricultores y ganaderos”, decía el ministro Luis Planas, un tecnócrata educado en la perniciosa política agraria comunitaria y cómodamente instalado en la filosofía abusiva del sector, cuando estalló la divertida “crisis del solomillo”, asumiendo personalmente la crítica a Garzón.

Se trata de ministros que no quieren afrontar el núcleo ideológico del problema, que no es otro que el liberalismo que profesan (que subyace a un socialismo degradado, estéril y complaciente) es intrínsecamente incompatible con cualquier política ambiental sincera, que pretenda salvaguardar los recursos naturales básicos. 

Las ministras Portavoz y de Educación también han demostrado tratando de aislar las opiniones de Garzón que la parte socialista del actual Gobierno se ríe de esa sostenibilidad con la que dicen, una y otra vez, sentirse comprometidos ante el país y la comunidad internacional.

Otros destacados socialistas, que también se han sentido ofendidos por las verdades como puños del ministro de Consumo, confirman la banalidad de sus posiciones y la estrechez de su perspectiva: el castellano-manchego García Page, porque parece no haberse enterado de que su propio gobierno autonómico ha decretado una moratoria para las granjas porcinas en su región, reconociendo estar ante un serio desatino; y el aragonés Lambán porque no parece sentirse afectado por la alarmante situación de los acuíferos (sobreexplotados y contaminados) en prácticamente toda la cuenca del Ebro. 

La actitud de Garzón unas declaraciones al diario británico The Guardian resulta muy oportuna, también, como secuencia a relacionar con la vergonzante coalición que, en torno al PSOE y constituida por el PP, Ciudadanos y Vox, rechazó hace dos meses la moratoria propuesta por IU-Podemos sobre estas granjas estabuladas, pese a que aludía solamente al caso de los proyectos a ubicar sobre acuíferos sobreexplotados.

De todas formas, la primera reacción contra Garzón ha provenido, de nuevo y con el mismo tono brutal, ignorante e intimidatorio, de varios sindicatos agrarios ASAJA y UPA, destacadamente, que hace años vienen demostrando su desarraigo del campo al que esquilman, su permanente traición a la sabiduría y la prudencia de la cultura campesina y su obsesión por una productividad que como saben muy bien sólo la consiguen machacando el medio ambiente y eludiendo asumir el inmenso coste económico del impacto ecológico que infligen a la naturaleza común; porque cumplir con esa obligación les alejaría radicalmente de cualquier rentabilidad. 

No parecen captar estas organizaciones (que nada tienen que ver con los sindicatos tradicionales), con su escandalera antiecológica, que son víctimas de la tensión permanente a la que las contradicciones y perversidades de la Política Agraria Común los somete, y son incapaces de reaccionar planteando un modelo agrario radicalmente distinto al que siguen y se les dicta desde Bruselas… 

No deja de observarse en ellas, con la repetición de su griterío contra las críticas crecientes y bien fundadas hacia su actividad, una cierta alarma lo que, lejos de hacerles recapacitar y velar por su supervivencia, endurece su respuesta, ya que ese mundo sabe muy bien que o intimida a los políticos o sus destrozos ambientales tienen los días contados.

Demasiada consideración vienen teniendo con estas organizaciones los ecologistas, testigos alarmados de la acelerada degradación de suelos y aguas, debido a un antiguo sentimiento de (natural) alianza con los pobladores y defensores del campo y la vida campesina, como referencia en su lucha contra la industrialización salvaje y el ninguneo de la actividad agraria. 

Porque hace mucho que esos sindicatos no sostienen reivindicación campesina alguna, sino que hacen causa común con las grandes firmas explotadoras y se han reconvertido, sin solución de continuidad, en gremios de intereses agroindustriales de lo más convencional.

Desde estas posiciones, con mucho de histeria y de mala conciencia, se muestran impasibles ante la despoblación de la España rural e insensibles a cualquier motivación ambiental, lo que los hace objetivo de duras acusaciones, empezando por la primera y más global, la de ser protagonistas directos de la ruina física y cultural del campo. 

Ya perdieron su estado de gracia frente al ecologismo cuando empezaron a declararse enemigas implacables de la protección de espacios naturales, demostrando su nulo vínculo con la conservación del territorio y sus recursos, que prefieren explotar a lo salvaje, obteniendo el máximo partido posible y en el más corto plazo.

El caso es que hay que celebrar el empujón que el ministro Garzón da, con su honestidad política, a la insurrección generalizada ya por todo el territorio español, contribuyendo eficazmente al desbloqueo y la popularización de una lucha agria y tenaz, de rechazo y denuncia de las consecuencias de esta alianza de administraciones, organizaciones agrarias y empresas del sector.

 Una alianza de entes irresponsables que se traduce cada día, a más de una lluvia constante de nuevos proyectos a cuál más osado, en una apremiante una tensión, en primer lugar sobre los ayuntamientos, pero también sobre las Confederaciones Hidrográficas, lo que da lugar a creciente corrupción político-administrativa y a abundantes arbitrariedades en la administración de las aguas públicas.

Sólo una economía enloquecida, que somete al territorio y el medio ambiente a una presión criminal, hace posible que el sector agrario intensivo sea productivo sobre un suelo y unos recursos hídricos tan castigados por procesos emponzoñados y forzado a la declinación de sus cualidades básicas: fertilidad, capacidad de regeneración, fuente de salud pública… 

Y sólo esta coalición de intereses económicos ciegos, enviciados por la exportación, puede incurrir en la imprudencia ante la más que probable burbuja (eminentemente) porcina en ciernes. 

Como en otras ocasiones, los sectores directamente beneficiados por su codicia, saben que cuando estalle esa burbuja recibirán, en pago a sus intimidaciones y lamentaciones, exenciones e indemnizaciones, que serán cargadas sobre el erario público de la misma manera que cargan las tropelías ecológicas sobre el medio ambiente común.

 

(*)  Ingeniero, politólogo y profesor jubilado de la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente (1998) 

 

https://www.elsaltodiario.com/ganaderia/la-histeria-porcina-y-el-gobierno-cinico-ambiental 

Las cuentas del Mar Menor / José Luis Álvarez-Castellanos Rubio *

Falaz, cargado de cinismo e hipocresía y lleno de tópicos paternalistas insoportables. Así podría calificarse el mensaje de año nuevo de López Miras. Insinuar, por ejemplo, que lo ocurrido en el Mar Menor es un desastre natural no merece, en mi opinión, otros calificativos, y enfatizar, además, que los presupuestos «para frenar su deterioro y propiciar su recuperación destinan este año (2022) la mayor cantidad nunca invertida en la historia» (84,9 millones) es, sencillamente, falso. 

El Anexo de Actuaciones en el Mar Menor, que puede consultarse en el Proyecto de Presupuestos, es una mezcolanza de iniciativas la mayoría de las cuales nada tiene que ver con frenar el estado eutrófico de la laguna, que es de lo que se trata. 

Así, contabilizar como medidas para revertir su deterioro los 5,4 millones para el mantenimiento de las autovías RM-1, RM-12, RM-19 y otras carreteras, el medio millón para promoción del deporte en la laguna o los 6,2 millones para las obras de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de La Manga (EDUSI), que contempla actuaciones como un aparcamiento disuasorio, un edificio de usos múltiples o la remodelación de la Gran Vía de esta localidad, es mucho conceder.  

La lista de inversiones semejantes alcanza, al menos, hasta los 38,5 millones que llegan a 50 si contabilizamos otros 11,5 millones asignados a «inversiones de ESAMUR en la zona del Mar Menor», inversiones que no aparecen en ninguna memoria explicativa ni partida presupuestaria, concreta o suma de éstas. 

Podría tratarse, no obstante, de la ampliación de la desaladora de Escombreras para atender a la demanda de mayores caudales para el regadío o de obras de depuración y saneamiento en distintas localidades, aunque sin especificar cuáles.

Pero, aun asumiendo que los 84,9 millones de marras para la supuesta recuperación del Mar Menor fueran realmente inversiones implicadas en revertir su deterioro, resulta que casi el 60% de dicha cantidad corresponde a fondos estatales y europeos (50,2 M). 

Si a esto añadimos que la ejecución presupuestaria posterior deja bastante que desear, a pesar de que la mayoría de actuaciones están ampliamente cofinanciadas (como en el caso de la dirección general del Mar Menor que no supera el 32% de ejecución presupuestaria en el conjunto de los cuatro años de su existencia), el récord histórico de inversión en la laguna que se atribuye López Miras se sitúa en su justa medida. 

 

 (*) Coordinador regional de IU

 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/01/05/cuentas-mar-menor-61275158.amp.html 

El juez australiano se muestra receptivo con los argumentos de los abogados de Novak Djokovic


CANBERRA.- Ha llegado el momento de que los tribunales australianos se pronuncien sobre el 'Caso Djokovic'. La vista ante el juez Anthony Kelly ya ha comenzado y lo ha hecho con la intervención del abogado de Novak Djokovic, quien parece haber logrado que el magistrado se muestre receptivo con algunos de sus argumentos empleados en la defensa de su cliente. La vista se alargará quizá más de lo previsto y, tras la intervención de los abogados de 'Nole', habrá un descanso de unas tres horas.

Novak Djokovic no se encuentra en estos momentos en The Park Hotel, donde estaba recluido. El juez le ha permitido salir del mismo para seguir el procedimiento desde otro lugar, aunque no se ha especificado desde dónde. En cualquier caso, regresará tras cada audiencia.

Tras unos problemas técnicos en la vista que han obligado a detenerla, ha vuelto la señal y el abogado de Djokovic ha reiterado que el tenista tiene cierto nivel de inmunidad natural por haber padecido covid-19 recientemente. 

Nicholas Wood ha declarado que la vacunación "no es aconsejable" y tendría una utilidad limitada para alguien que haya estado infectado recientemente covid-19, combinado con posibles riesgos de un efecto adverso. Es decir, que por motivos médicos Djokovic no se puede vacunar en estos momentos, indica, y de ahí que solicitara una "exención temporal de la vacuna".

El abogado de Djokovic esgrime que no se le concedió a su cliente tiempo necesario para poder recibir asesoramiento de sus abogados y de Tenis Australia tras advertirle que se iba cancelar su visado a las cuatro de la madrugada. El juez Kelly también parece receptivo con este argumento y señala que el jugador estaba básicamente "incomunicado".

Sobre la declaración de viaje de Djokovic antes de su llegada a Australia. Fue rellenada por el agente de Djokovic según indica su abogado Nicholas Wood, que ha señalado que en la declaración sobre su estado de vacunación, Djokovic afirmaba que no puede ser vacunado por motivos médicos. 

Nole mostró a los funcionarios del aeropuerto, como prueba, la exención médica que le proporcionó Tenis Australia y el estado de Victoria. El juez Anthony Kelly está de acuerdo con el argumento del abogado de Djokovic de que el tenista presentó todas las pruebas médicas necesarias a los funcionarios, en todo caso.

El abogado del número uno del mundo dice que éste realizó una declaración de viaje completa que incluía una prueba de su exención médica debido a su infección por Covid del 16 de diciembre. Eso sí, el letrado que defiende a 'Nole' señala que ninguna de las leyes australianas establece explícitamente que las personas no pueden entrar en Australia a menos que estén vacunadas o que necesiten proporcionar dicha prueba. 

El juez Anthony Kelly está de acuerdo: "Si el parlamento quisiera que algo fuera un requisito lo habría dicho".

Los abogados de Djokovic han comenzado argumentando que los funcionarios fronterizos no le notificaron de forma adecuada su intención de cancelar su visado. Antes de cancelar un visado, la Ley de Migración australiana especifica que los funcionarios deben notificarlo adecuadamente y dar tiempo suficiente para que los implicados puedan responder adecuadamente. Los abogados de Djokovic intentan argumentar que los funcionarios no siguieron este proceso correctamente.

Con algo más de hora y media de retraso, al fin ha comenzado la audiencia tras resolverse algunos problemas técnicos para que la misma pudiera ser retransmitida. Se espera que durante esta jornada se emita un veredicto acerca del Caso Djokovic, pero el juez Anthony Kelly tendría hasta el martes para pronunciarse.  

Los abogados del número uno del mundo se valdrán de una estrategia que tratará de golpear en dos frentes, tras denegarle a este su entrada en Australia.

Por un lado, tratarán de argumentar que se produjeron una serie de "errores jurisdiccionales"; por otro, el equipo legal del tenista esgrimirá que 'Nole' dio positivo por covid-19 el pasado 16 de diciembre, de ahí que no requiera estar vacunado. 

El Gobierno australiano reacciona contra el serbio

En un documento publicado por el Tribunal Federal, los abogados del Departamento del Interior de Australia dejan la puerta abierta para que el gobierno cancele el visado de Djokovic por segunda vez, incluso si el tribunal anula la decisión inicial. 

"Una orden de liberación inmediata no evita la redetención si hay poder para detener", se lee en el documento. El Ministro del Interior australiano "podrá utilizar cualquier poder disponible en virtud de la Ley de Migración para cancelar el visado nuevamente".

En la alegación del número uno del mundo presentada por sus abogados, se afirma que la decisión del Departamento del Interior de rechazar su entrada a Australia fue "seriamente ilógica, irracional o legalmente irrazonable".

Se ha conocido que Djokovic alegó haber recibido una exención médica para entrar en Australia después de haberse contagiado de covid-19 el pasado diciembre, según señalaron sus abogados a través de un documento judicial. "La fecha de la primera prueba PCR positiva de covid se registró el 16 de diciembre de 2021", indica el escrito.

Al darse este positivo, según los representantes del tenista serbio, Tenis Australia, e incluso el estado de Victoria, le habrían proporcionado justo 14 días después a su cliente la tan deseada exención médica para poder jugar el Abierto de Australia. 

"El Sr. Djokovic recibió, el 30 de diciembre de 2021, una carta del director médico de Tenis Australia que registraba que se le había proporcionado una 'exención médica de la vacunación de covid' porque se había recuperado recientemente de covid", explica el documento de la defensa del ganador de 20 Grand Slam.

El tema del positivo llevó rápidamente a repasar la cronología de las vivencias de Djokovic en aquellos jornadas. El 14 de diciembre estuvo presenciando el partido de baloncesto entre el Barcelona y el Estrella Roja. Varios jugadores de aquel duelo dieron positivo en días posteriores, entre ellos Nigel Hayes el 16 de diciembre, con quien precisamente Novak se fotografió.

El escrito de los abogados del tenista número uno del mundo, recoge que "la fecha de la primera prueba PCR positiva de covid se registró el 16 de diciembre de 2021". Justo al día siguiente de realizarse esa PCR, Djokovic publicó en redes sociales unas imágenes, sin mascarilla, en el acto de presentación del sello por parte del servicio postal serbio. 

El mismo día 17, 'Nole' estuvo presente en la entrega de premios a los mejores tenistas de 2021 elegidos por la Asociación de Tenis de Belgrado. En las fotos se le podía ver en el Novak Tennis Center de Dorcol, rodeado de niños y sin mascarilla.

Otra de las vías que explotarán los abogados de Djokovic, en cualquier caso, es que argumentarán que no se siguieron los procedimientos correctos para revocar la exención médica de Tenis Australia aprobada por el estado de Victoria. También se planteará que el jugador no fue informado adecuadamente sobre la decisión de cancelar su visado y se pondrá en duda si se le dio la oportunidad legal correcta para defenderse.

Recordemos que el certificado de exención médica con el que se supone que viajaba Djokovic fue otorgado por dos paneles médicos independientes, uno bajo el amparo de Tenis Australia, quien dirige el Open, y otro bajo el del estado de Victoria, es decir, una autoridad jurisdiccional de bastante calado.

Los abogados del Departamento del Interior de Australia han insistido en que a Novak Djokovic nunca se le dio ninguna garantía de que su exención médica le permitiría ingresar en el país. 

Si bien también se confirmó que el número uno del mundo no está vacunado, el equipo legal del gobierno australiano ha dicho antes de la audiencia de apelación que no hay una razón válida para que 'Nole' tenga acceso a Australia para el torneo que comienza el 17 de enero.

Los abogados de la Commonwealth además afirman que Djokovic se basó en unas normas de vacunación obsoletas para respaldar su exención. En un documento publicado por el Tribunal Federal se rechaza las afirmaciones de que no se le concedió asesoramiento jurídico durante su entrevista en el aeropuerto de Melbourne.

Testimonio de un químico y exempleado sobre cuál es la forma de actuar de la farmaindustria y cómplices contra el paciente


La inmunidad natural “socavaría la política de vacunación indiscriminada para todos y cada uno de los seres humanos”


WASHINGTON.- El 14 de diciembre de 2021, un Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Crisis del Coronavirus celebró una audiencia remota en la que debatieron la necesidad de un esfuerzo de vacunación acelerado. En la toma de esa reunión, el congresista Jim Jordan, (R-Ohio), señala que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. y los Institutos Nacionales de Salud / Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas tienen una reunión anual combinada y un presupuesto de alrededor de $ 58.000 millones, y un personal combinado de 31,000 personas.

Con ese tipo de presupuesto y un ejército de personal, ¿por qué el gobierno de EE. UU. no ha realizado un estudio para determinar cómo se compara la inmunidad natural contra el golpe de COVID ? Preguntó Jordan. La respuesta que recibió (de un médico, desafortunadamente, no identificado) fue refrescantemente directa:

“No creo que quieran saber la respuesta”, porque “socavaría la política de vacunación indiscriminada para todos y cada uno de los seres humanos, incluidas las personas de riesgo extremadamente bajo”.

Según un estudio de la Universidad de Columbia, más de la mitad de la población estadounidense ha estado expuesta al virus SARS-CoV-2 de una forma u otra y tiene inmunidad natural, y según un estudio israelí , la inmunidad natural es 27 veces más efectiva. que el disparo de COVID.

Entonces, ¿por qué los líderes gubernamentales y las supuestas autoridades sanitarias siguen actuando como si la inmunidad natural fuera irrelevante y la única forma de controlar la pandemia es mediante inyecciones repetidas con tecnología de transferencia genética experimental y claramente peligrosa?

Creo que la respuesta es que están ignorando la inmunidad natural porque su principal objetivo y meta es que todos se inyecten. Quieren que todo el mundo sea criticado de forma rutinaria para que puedan justificar el lanzamiento de pasaportes de salud, que se convertirán en la base de un sistema de control de identificación digital que lo abarque todo .

En resumen, nuestras agencias de salud pública han sido secuestradas y están llevando a cabo una agenda antihumana y anti-salud destinada a esclavizar al público en una red de control tecnocrático .

Ya no hay duda de que los pasaportes de vacunas se ampliarán para abarcar transacciones financieras e incorporar un sistema de crédito social. Juntas, todas estas piezas permitirán que una élite no elegida controle la vida de todas las personas del planeta, hasta el más mínimo detalle de nuestra vida cotidiana.

Si bien Fauci y Collins ciertamente no están solos en este esfuerzo, y probablemente ni siquiera están cerca de la cima de la cadena alimentaria tecnocrática, han desempeñado papeles muy importantes. Es hora de verlos por quiénes y qué son, y exigir que rindan cuentas por sus acciones.

Sigue la racha en España de muertes repentinas


 VITORIA/VALENCIA.- Muere de forma repentina el alcalde de Elciego, Luis Aldazabal, a los 42 años. Según publica El Correo, el regidor, que llevaba casi doce años al frente de la Alcaldía, habría sufrido, al parecer, un infarto en su hogar.

Por otra parte y, según publica el diario Levante, un hombre de 71 años perdió la vida el pasado viernes por la tarde en el término de l’Eliana después de que su vehículo colisionara por causas que aún se desconocen contra una vivienda de la localidad, tal como confirmaron luego fuentes policiales a este periódico.

Los hechos sucedieron alrededor de las 18 horas del pasado 7 de enero en el cruce de dos calles del barrio de Montesol cuando, por causas que todavía se desconocen, el vehículo chocó contra el muro de un chalé después de que su conductor perdiera el control del automóvil. 

Según ha podido saber Levante-EMV, en el siniestro mortal no intervino ningún otro vehículo, pero como consecuencia del accidente también sufrió importantes daños otro coche estacionado en las inmediaciones de la casa.

Jelena Ristic, a tope con su esposo Novak Djokovic


BELGRADO.- Jelena Ristic, la esposa de Novak Djokovic, ha compartido una fotografía de ambos en Instagram para apoyar públicamente a su marido y agradecer las muestras de cariño que el tenista está recibiendo en las últimas horas.

Jelena Ristic ha expresado un mensaje con el que pide “amor y respeto” para “todos los seres humanos”.

“Es Navidad para nosotros. Mis deseos para todos es que estéis felices, sanos, seguros y con vuestras familias. Ojalá estuviésemos juntos hoy, pero mi consuelo es que al menos estamos sanos y que creceremos a partir de esta experiencia”, ha avanzado Ristic, pues los cristianos ortodoxos celebran la Navidad este 7 de enero.

“Gracias, querida gente de todo el mundo por utilizar vuestra voz para mandar cariño a mi marido. Estoy respirando hondo para calmarme y encontrar gratitud (y comprensión) en este momento por todo lo que está pasando. La única ley que deberíamos respetar todos a través de todas las fronteras es amor y respeto por los demás seres humanos. Amor y perdón nunca es un error, sino una fuerza poderosa. Os deseo lo mejor”, ha zanjado la esposa del tenista, con quien inició su relación en 2005, dándose el ‘sí quiero’ en 2014.

La Resistencia francesa responde al pequeño Napoleón Macron

 

 

PARÍS.- Ayer nuevo sábado de manifestaciones en Francia que llega después de que Emmanuel Macron creara un clamor al declarar el martes tener “muchas ganas de cabrear” a las personas no vacunadas. Varias protestas contra el proyecto del pase de vacunas tuvieron lugar este sábado en toda Francia, pocos días después de las controvertidas declaraciones de Emmanuel Macron sobre los no vacunados, a quienes quiere “cabrear” . 

Una movilización en rebote muy claro, con 105.200 participantes en toda Francia, según el Ministerio del Interior, más de cuatro veces más que los 25.500 del encuentro anterior, el 18 de diciembre.

En la capital, París, marcharon tres procesiones de 18.000 personas, según el Ministerio que reportó 10 detenciones y tres policías heridos. En el resto del país, donde hubo 24 detenciones y siete policías levemente heridos, según el Ministerio, fueron 87.200 en la calle.

En Toulouse, 2.200 personas han pisado el pavimento, según la prefectura. Una demostración plagada de incidencias. Se produjeron cuatro detenciones, en particular por ” arrojar proyectiles ” y ” desprecio al titular de la autoridad pública“ de la prefectura de Haute-Garonne, informó a la AFP. En total, ” se utilizaron alrededor de cuarenta medios de gas lacrimógeno “, agregó sin dar más detalles sobre los hechos que enfrentaron a los manifestantes a la policía.

En los videos publicados en las redes sociales por los participantes en la manifestación, podemos ver a grupos de personas cantando canciones en contra de Emmanuel Macron, quien dijo el martes que quería ” cabrear ” a los no vacunados. Algunos manifestantes se filmaron frente a la Place du Capitole, que la prefectura les cerró, al igual que todo el hipercentro.

 En Burdeos , entre 500 y 1000 personas, según la Policía, se manifestaron a pesar de la lluvia bajo los gritos de ”Macron on t’emmerde “, en un curso tomando los muelles del Garona y la vasta plaza de Quinconces. “¿Cuándo veremos una vacuna de respeto?“, #Ontemmerde , ” Confianza rota “, podríamos leer en los carteles. 

Además, en Perpignan, en los Pirineos Orientales, la manifestación del movimiento de pases anti-sanitarios reunió a 1.300 personas, según la policía.

Los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía marcaron la manifestación contra el pase de salud en Montpellier este sábado, que reunió a 3.700 personas según la prefectura. A la cabeza de la procesión desfilaron varios jóvenes encapuchados, seguidos de unas pocas decenas de chalecos amarillos. ” Macron, te jodemos “, corearon, ” Montpellier está enojado “. 

Según la Policía, un pequeño grupo dañó la puerta principal de la comisaría de Saint-Roch, en el centro de la ciudad. La estación tuvo que estar cerrada por unos minutos, dijo un guardia de seguridad a un periodista de AFP que vio el impacto en la puerta.

Un poco más tarde, los manifestantes intentaron trepar por las puertas de la prefectura, según la Policía. La Policía arrojó gas lacrimógeno varias veces por la tarde, en las calles abarrotadas de transeúntes.

Al final de la tarde, los gendarmes intentaron evacuar la Place de la Préfecture, empujando a la fuerza a los manifestantes por una de las escaleras de este lugar, creando un movimiento de multitud. 

No vengas a decirme que los manifestantes contra el pase de vacuna son unos malos. La respuesta de la policía es totalmente desproporcionada. Yo no formaba parte de los ‘chalecos amarillos’ en ese momento, pero lo que está sucediendo hoy parece mucho ”, dijo Vanessa Sunni, enfermera.

A primera hora de la noche, los manifestantes arrojaron sillas desde la terraza de un bar, o incluso macetas de flores de una tienda en el centro, señaló AFP, en una atmósfera sofocante por los gases lacrimógenos. Bastión del movimiento de los “ chalecos amarillos ”, Montpellier ha sido testigo de muchas manifestaciones violentas.

Según la prefectura de Policía de Bouches-du-Rhône, 1.500 manifestantes se reunieron en Marsella y en Aix-en-Provence, cifras superiores a las de los últimos sábados de movilización.

Seis futbolistas han muerto ya en las últimas semanas


ELCHE.- ¡Qué se pare el fútbol! Seis futbolistas han muerto, recuerda y pide hoy el digital Rambla Libre, y casi todos en las últimas semanas.

El primero, Marín Cacic, futbolista croata de 23 años, murió por un ataque cardíaco mientras estaba entrenando. El joven defensa luchó por su vida durante tres días pero lamentablemente murió el jueves 23 de diciembre.

Un día después, Mukhaled Al Raqadi, de Omán murió también por un infarto a los 29 años, mientras calentaba previo a un partido con su equipo, el Muscat FC de la liga omaní.

El guardameta egipcio, Ahmed Amin, falleció tras sufrir un paro cardiaco repentino, el portero jugaba en la tercera división de Egipto. Amin terminó su sesión de entrenamiento y en el vestuario se desplomó.

El futbolista argelino, Sofiane Loukar, falleció poco después de chocar con su portero, el defensor de 30 años, chocó con su guardameta. El médico lo atendió y el jugador se repuso y volvió a jugar, pero 9 minutos después, Loukar colapsó y murió en el trayecto entre el estadio y el hospital.

Nemanja Mirosavljevic, fue jugador de la UB Conquense de la tercera división de España, falleció tras sufrir un infarto después de estar 7 días en coma. El joven serbio de tan solo 26 años en la actualidad era entrenador del equipo juvenil del Graficar.

Y este lunes, el futbolista guatemalteco, Marcos Menaldo, (en la imagen) de 25 años del club Marquense, falleció después de desvanecerse en un entrenamiento de su equipo de la primera división.

La muerte de estos futbolistas hace saltar las alarmas en el mundo del futbol. Cuesta entender cómo estas anomalías cardíacas le suceden a deportistas que pasan “supuestamente” revisiones constantes.

Por otra parte, el jugador maliense Ousmane Coulibaly ha sufrido un infarto durante un partido de la Liga de Qatar este sábado y tuvo que ser reanimado en el terreno de juego antes de ser trasladado a un hospital para seguir recibiendo tratamiento médico. 

El jugador del Al-Wakrah, de 32 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el partido entre su club y el Al-Rayyan, poco antes del final de la primera mitad. Coulibaly se desplomó dentro de su propia portería.