El ministro Planas insiste a la Comisión Europea que vigile los precios de referencia de exportaciones agrícolas de terceros países

NÍJAR.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que España "está insistiendo cerca de la Comisión Europea" para que exista un "control efectivo" de los reglamentos comunitarios en cuanto a la entrada de productos hortofrutícolas de terceros países de modo que, entre otros aspectos, "se vigilen efectivamente" los precios de referencia.

Así lo ha indicado el titular en declaraciones a los periodistas ante las protestas del sector agrario de los pasados días, la última de ellas este mismo jueves en Jaén, por la crisis de precios que se da en el sector primario y que, en el caso de las frutas y hortalizas, se ha declarado "estructural" por parte de las organizaciones de productores.

Durante una visita a una finca de Níjar, Planas ha reconocido que el país exporta "más de la mitad" de sus productos del sector agroalimentario y, por lo tanto, debe "abrir nuevos mercados", si bien también ha considerado que es precios que la normativa comunitaria se cumpla "de manera estricta" en cuanto al etiquetado de productos y el cumplimiento de reglas fitosanitarias.

"España está insistiendo cerca de la Comisión Europea para que lo haga sobre todo en el sector de frutas y hortalizas, particularmente, y en el conjunto de los sectores", ha afirmado el titular de Agricultura, quien también se ha referido a la necesidad de que los precios de referencia de entrada de producto, como es el caso del tomate procedente de países extracomunitarios, se cumplan.

En el mismo sentido, ha señalado que "de vez en cuando" es necesario recordar a la Comisión la aplicación de las normas para que lleguen a los estados miembro que tienen que ponerlas en marcha ya que a través de las diferentes fronteras se reciben esos productos. "Creo que de esa forma, quien exporte a España lo hará en plenitud de legalidad y nosotros también, lógicamente, tenemos que defender nuestra provisión en otros mercados", ha dicho.

En relación a las manifestaciones realizadas en los últimos días en lugares como Don Benito (Badajoz) o Almería, Planas ha reconocido la "preocupación" de los productores por los precios, cuya situación es "complicada" y deriva de otros "muchos factores" como la "climatología" o la "situación del mercado".

"Tenemos que ser capaces de estructurar, de mejorar la organización del sector para conseguir efectivamente que la estructuración de la oferta a través también de las cooperativas agroalimentarias, de las organizaciones profesionales de frutas y hortalizas y también de las interprofesionales, puedan mejorar", ha opinado a tenor de este asunto.

Junto a estos problemas, Planas ha identificado otros "factores de incertidumbre" que acompañan a la crisis de precios, entre los que ha apuntado la negociación de la nueva PAC que se debatirá el 20 de febrero en Bruselas, a donde viajará el presidente del Gobierno; los aranceles impuestos por Estados Unidos y la aplicación del Brexit a partir de enero de próximo año una vez se cumpla la moratoria.

"Ante esa preocupación solo se responde con esfuerzo, trabajo conjunto, diálogo y racionalidad", ha dicho el ministro, quien ha repasado la agenda de reuniones que mantuvo la primera semana como ministro para escenificar la necesidad de "trabajar todos juntos" para "sacar adelante" la agricultura, que es "uno de los grandes activos de España". 

"Creo que el futuro es brillante, pero para esto tenemos que remar todos en la misma dirección", ha apostillado.

De otro lado, Planas se ha vuelto a referir a la aplicación de salario mínimo interprofesional (SMI) en el sector. "Somos uno de los 12 países más ricos del mundo y estamos en octavo lugar en la UE en cuanto importe del salario mínimo interprofesional, con lo que esto no es el problema", ha manifestado.

Para el responsable estatal de Agricultura, la aplicación de SMI es "perfectamente asumible" por lo que ha animado a la patronal y a los representantes de los empleados a "llegar a un acuerdo" para dar "la misma dignidad" al trabajador del campo que al del sector servicios en lugares como Almería, donde el convenio colectivo vigente concluyó en 2015 y está pendiente de actualización.

Planas asume "muchísimas" reivindicaciones del sector hortofrutícola y propone una "hoja de ruta" consensuada

ALMERÍA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado que en "muchísimas" de las reivindicaciones que está haciendo en los últimos meses la patronal agraria "piensa como ellos" y ha avanzado que su departamento va a preparar una "hoja de ruta" para abordar de manera "conjunta con el sector" el futuro de un modelo que muestra síntomas de agotamiento.

«Estamos de acuerdo en que hay síntomas que dicen que un cierto modelo de crecimiento puede estar llegando a su límite y que es necesario renovarlo y mejorarlo», ha trasladado Planas al finalizar la reunión mantenida este jueves en Almería con organizaciones agrarias y comercializadoras en la que, según ha subrayado, ha predominado «una voluntad común de trabajo».

El ministro, quien también ha visitado las explotaciones invernadas de Níjar afectadas por la borrasca ‘Gloria’, ha concretado la necesidad de actuar ante la crisis de precios y por el cumplimiento «estricto» de la UE en lo referente a los controles en fronteras de los productos de terceros países y ha «ofertado» al sector la posibilidad de preparar «una hoja de ruta desde el consenso».

Ha apuntado que el Gobierno tienen la «intención» de «integrar» la nueva directiva europea sobre prácticas comerciales desleales para, desde ahí, «revisar la ley agroalimentaria vigente, que creo que es un instrumento muy poderoso de cara al establecimientos y mejora de la posición del agricultor en la cadena alimentaría» frente a la gran distribución.

Planas ha añadido que exigirán a la UE un «control estricto» de fitosanitarios, etiquetado y precios de referencia en los productos procedentes de terceros países. 

«El problema de los precios es real y entiendo lo que el sector está pasando perfectamente pero apelo al respeto, la comprensión y el diálogo porque si trabajamos juntos, saldrá adelante», ha concluido.

En un tono menos beligerante que en las últimas protestas, la patronal agraria ha coincidido en remarcar que todos las partes han reconocido una «crisis estructural, no coyuntural» del modelo y han trasladado su satisfacción por haber alcanzado «un punto de encuentro».

En este sentido, el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, ha considerado que, si bien hay un «compromiso» del Gobierno de retomar la agenda de reivindicaciones del sector, el acuerdo no paralizará las movilizaciones «en la calle» pero «liderada por las organizaciones agrarias y como siempre hemos sabido hacer las cosas».

Góngora, quien ha resaltado que las protestas del sector de las frutas y hortalizas comenzó «hace meses aunque ahora estemos en un contexto de movilización nacional», ha insistido en que es una crisis estructural «con pérdida de rentabilidad» y la ha vinculado a «la crisis de precios, a la posición de dominio de las grandes cadenas de supermercados y a las importaciones de terceros países».

Por su parte, desde Asaja, su responsable provincial, Pascual Soler, ha incorporado a las demandas la regulación de los precios del agua y de una ley «que no se está cumpliendo». Ha considerado un «paso de gigante» el compromiso de preparar una «hoja de ruta» y ha pedido que se trabaje no solo en los precios de los productos sino también en los costes de producción.

La portavoz de UPA, Francisca Iglesias, ha alertado del «estrés» en el sector que está llevando «al deterioro y al abandono del modelo ‘Almería'» y ha abogado no «por cambiar cómo se produce sino cómo se vende». «Hay que conseguir seguir vendiendo a un precio razonable para consumidor y agricultor», ha concluido.

La gestión económica del PP en Cartagena y la CARM nos empobrece y endeuda, dice MC

CARTAGENA.- Ante los reiterados incumplimientos del Gobierno regional en el pago a proveedores al superar el plazo máximo de abono de estas facturas, el Ministerio de Hacienda ha decidido retener un porcentaje de las entregas a cuenta que realiza a la CARM para efectuar desde Madrid el abono de las mismas.

Y es que desde la Consejería de Hacienda ya se acumula una deuda comercial superior a los 200 millones de euros con sus proveedores, cifra escandalosa que evidencia el precipicio al que nos dirige el PP, ahora con la ayuda y complacencia de Ciudadanos y Vox.

La circunstancia ha sido valorada por la responsable del área económica en MC Cartagena, Isabel García, quien ha sentenciado que "los números son el argumento más contundente en el que asentar un análisis. No hablamos de impresiones ni de opiniones. Esto es información. 200 millones de euros de deuda con proveedores y un plazo medio de pago cercano a los 80 días, casi el triple de lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

"Un desastre económico del que en Cartagena podemos hablar en primera persona, pues la vuelta del PP a nuestro Ayuntamiento es la noticia más desoladora que podíamos recibir, retroceder veinte años y volver a las viejas y ruinosas políticas que nos llevaron a ser intervenidos, como ahora sucede con la CARM", ha continuado García.

Se aplica el 155 a la CARM

En clave regional, la dirigente de MC ha puesto de relieve "la nefasta gestión del PP y de sus socios de Gobierno, Ciudadanos, comprometiendo la liquidez autonómica, mermada de por sí por el grosero aumento de la deuda regional, que llega hasta los 10.000 millones de euros".

Acto seguido, ha recordado "las populistas e incoherentes medidas", anunciadas por el Ejecutivo regional, "a través de una bajada de impuestos que es totalmente contraproducente teniendo en cuenta la cuantiosa deuda que arrastra la Región. Un modo de hacer las cosas que se mimetiza con lo sucedido en nuestro Ayuntamiento, en donde el primer presupuesto del PP lo han 'cuadrado' con dos préstamos de diez millones de euros".

Más tarde, García, haciendo propias las reflexiones del consejero de Hacienda de la CARM, Javier Celdrán, ha recordado que "la nefasta situación financiera que atraviesa esta Comunidad Autónoma es un problema de infradotación presupuestaria, producto del sistema de financiación autonómica. Lo que pone de manifiesto la catastrófica estructura financiera, así como la poca representatividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito nacional debido, en parte, al hecho de ser uniprovinciales". 

Acto seguido, la concejal de MC ha sentenciado que "esta intervención, de no cambiar el rumbo de gestión y financiación de la CARM, será la primera de las posibles medidas futuras de esta comunidad mal estructurada, mal financiada y mal gestionada".

Presupuestos 2020, una deuda que pagan los ciudadanos

Para concluir, Isabel García ha manifestado que "en MC ya estamos trabajando un año más en el análisis pormenorizado y exhaustivo de los Presupuestos regionales para el año 2020, así como el papel de Cartagena en los mismos". 

Al hilo de esto, ha adelantado que "se trata de un documento en el que la deuda tiene el mayor protagonismo en la historia de la CARM, por lo que, a priori, el dinero que debería invertirse directamente en los ciudadanos tiene que ir destinado a pagar deuda pública año tras año".

Murcia aumenta progresivamente el gasto de sus partidas, batiendo su récord de inversión en transporte público

MURCIA.- El municipio de Murcia ha aumentado todas las partidas presupuestarias en 2019, a excepción de bienestar comunitario que se ha rebajado levemente, batiendo su récord de inversión en transporte público, según un informe elaborado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en el que se analiza la evolución de las cuentas municipales entre los años 2010 y 2019 en base a cifras oficiales.

El análisis realizado por OSUR, los principales gastos presupuestarios del Ayuntamiento de Murcia en 2019 se han dado en bienestar comunitario -que engloba servicios como gestión de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, servicios funerarios y alumbrado- con 155,76 euros por habitante; seguido por seguridad y orden público con 74,82 euros por habitante; y transporte con 46,99 euros por habitante.

Le sigue, por orden de gasto, educación -que engloba administración general de educación, funcionamiento de centros docentes de preescolar y primaria y educación especial y servicios complementarios de educación- con 35,26 euros por habitante; promoción y fomento del deporte con 8,18 euros por habitante.

Por contra, las partidas que menos dinero recibieron han sido promoción turística con 5,32 euros por habitante; vivienda -que abarca promoción y gestión de vivienda de protección pública y conservación y rehabilitación de la edificación- con 4,15 euros por habitante; y, por último, medio ambiente con 4,02 euros por habitante.

El análisis pormenorizado por indicadores muestra que el gasto en materia de protección y mejora del medio ambiente es "pobre", Murcia destina 4,02 euros por habitante que, pese a suponer un aumento respecto a 2018 (3,59 euros por habitante), "se trata de una cifra baja, sobre todo si se compara con la primera ciudad del ranking en este ámbito, Santa Cruz de Tenerife, que designa 28,88 euros por habitante en medio ambiente".

El ayuntamiento ha rebajado levemente (cinco décimas), el gasto en bienestar comunitario, la partida que más dinero recibe, asignando 155,76 euros por habitante. Dentro de este servicio, la partida de recogida, gestión y tratamiento de residuos es lo que se ha llevado la mayor parte del gasto en bienestar comunitario, poco más de 126 euros por habitante.

En transporte público, Murcia ha continuado ascendiendo su gasto en 2019 (un 5,38 por ciento), y ha batido el récord de 2018 hasta rozar los 47 euros por habitante, la cifra más alta de la última década (18 euros por encima de Cartagena y 4 euros más que Elche), casi cuatro veces por encima de la media nacional (12,58 euros por habitante).

En lo referente a seguridad y orden público, el gobierno municipal ha alcanzado los 74,82 euros por habitante en 2019, una cifra que se ha elevado por segundo año consecutivo, una cota solo superada en 2016 en toda la última década. No obstante, se sitúa lejos de lo asignado por la primera ciudad del ranking en este ámbito, Bilbao, que destina 148,03 euros por habitante en seguridad.

En materia de educación, Murcia ha dedicado en 2019 un total de 35,26 euros por habitante, lo que supone 0,74 euros más que en 2018. En este ámbito, Murcia ha gastado 33,33 euros por habitante en funcionamiento de centros docentes de preescolar y primaria y educación especial, más que Barcelona (26 euros), Madrid (30 euros) o Zaragoza (28 euros). De hecho, en 2019 el gasto en este apartado se ha incrementado un 1,55 por ciento.

En promoción y fomento del deporte, se ha aumentado el gasto pasando de 7,91 euros por habitante en 2018 a 8,18 euros en 2019. En cuanto al gasto en instalaciones deportivas, una partida que no se incluye dentro del indicador de deporte, es de 29,54 euros.

A la partida de información y promoción turística, Murcia le ha dedicado 5,43 euros por habitante, 50 céntimos más que en 2018. Lo que supone un tercio de lo que destina Vigo, la primera ciudad del ranking en este ámbito, con 16,25 euros por habitante.

El gasto en vivienda durante 2019 ha aumentado, pasando de 3,71 euros por habitante a 4,15 euros. Dentro de la partida, el gasto en promoción y gestión de vivienda de protección pública en 2019 ha crecido un 25 por ciento (hasta los 3,77 euros por habitante).

Para el director general de OSUR, Lorenzo Dávila, "del gobierno popular de Murcia es especialmente destacable la gestión en materia de transporte público, batiendo el récord de asignación de presupuesto en la última década".

Además, "el gobierno municipal ha anunciado su intención de seguir perfeccionando el servicio dado que se prevé que en adelante una sola empresa gestione el servicio de autobús urbano e interurbano y se contemplan nuevos recorridos en las líneas interurbanas, rutas circulares por la ciudad, conexiones entre pedanías e intercambiadores", ha destacado Dávila.

"En contraposición, preocupa la falta de presupuesto para la protección del medio ambiente", ha señalado el director de OSUR.

El Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) ha analizado 21 partidas presupuestarias de 20 ciudades españolas con diferentes gobiernos entre los años 2010-2019.

Cartagena aumenta el gasto en las partidas presupuestarias educación, seguridad y deporte

CARTAGENA.- Cartagena ha aumentado el gasto en las partidas presupuestarias educación, seguridad y deporte mientras que se estanca en bienestar comunitario con 211,06 euros por habitante en 2019, la partida a la que más dinero destina, según un informe elaborado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en el que se analiza la evolución de las cuentas municipales entre los años 2010 y 2019 para 20 ciudades españolas en base a cifras oficiales.

El análisis realizado por OSUR revela que los principales gastos presupuestarios del Ayuntamiento de Cartagena en 2019 han sido, por este orden, en bienestar comunitario -que engloba servicios como gestión de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, servicios funerarios y alumbrado- con 211,06 euros por habitante; seguridad y orden público con 74,7 euros por habitante; y educación -que engloba administración general de educación, funcionamiento de centros docentes de preescolar y primaria y educación especial y servicios complementarios de educación-, con 68,76 euros por habitante.

Le sigue transporte con 28,82 euros por habitante; promoción y fomento del deporte con 18,43 euros por habitante; medio ambiente con 13,43 euros por habitante y, por último, promoción turística con 5,46 euros por habitante. El análisis de OSUR también tiene en cuenta el indicador de vivienda, una partida con la que no se cuenta con datos de Cartagena.

El análisis pormenorizado por indicadores muestra que el indicador bienestar comunitario es al que más dinero se destina, pero sigue siendo la localidad que "menos gasta" en alcantarillado (0,10 céntimos) y en cementerios y servicios funerarios (0,05 céntimos). En materia de abastecimiento de agua potable, el gasto se ha reducido considerablemente pasando de invertir 1,40 euros por habitante en 2018 a 0,93 euros en 2019.

En seguridad y orden público, el gobierno de Cartagena ha gastado 74,70 euros por habitante en 2019, lo que supone 3,09 euros por ciudadano más que en 2018.

La categoría de educación se sitúa en la tercera posición por orden de gasto destinando 68,76 euros por habitante, lo que supone 4,16 euros más por ciudadano que en 2018.

En transporte, Cartagena se ha estancado desde 2016 en los 28 euros por habitante, convirtiéndose en la segunda ciudad de las analizadas que menos gasta en transporte público, solo por detrás de Sabadell que destina 17,28 euros por habitante.

La partida promoción y fomento del deporte aumenta el gasto con respecto a 2018, pasando de los 14,39 euros por habitante a los 18,43 euros por habitante en 2019.

En protección y mejora del medio ambiente, Cartagena ha destinado en 2019 13,43 euros por habitante, la más baja de los últimos cinco años.

En materia de información y promoción turística, Cartagena ha aumentado en 2019 el gasto un 28 por ciento respecto a 2018, hasta los 5,46 euros por habitante, corrigiendo así la bajada del 17 por ciento del año anterior.

Para el director general de OSUR, Lorenzo Dávila, "pese a que los últimos datos del Barómetro muestran que más de la mitad de los cartageneros están insatisfechos con los servicios municipales, la partida de bienestar comunitario se mantiene estancada".

"Por ejemplo, en limpieza viaria, la insatisfacción alcanza el 43 por ciento (la media nacional es del 37 por ciento), mientras que el gasto en Cartagena en este ámbito fue de solo 0,86 euros por habitante en 2019, la segunda cifra más baja de los ayuntamientos analizados. Claramente, Cartagena debe mejorar para que la inversión repercuta en la satisfacción de sus ciudadanos", he defendido Dávila.

El Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) ha analizado 21 partidas presupuestarias de 20 ciudades españolas con diferentes gobiernos entre los años 2010-2019. De los datos se desprende que la tendencia de gasto en los ayuntamientos analizados es en general a la baja.

Sindicatos y empresarios firman el convenio colectivo de la Madera, que incluye un aumento del 1,5% en salario a los trabajadores

YECLA.- Los sindicatos UGT, CCOO y USO y la Asociación Regional de Empresarios de la Madera Región de Murcia (AREMA) han suscrito este jueves el convenio colectivo de trabajo para las actividades de la Madera, que incluye un incremento del 1,5% para las anualidades de 2020 y 2021 en el salario de los más de 7.500 empleados integrados en el sector.

Este acuerdo normativo, que, en concreto, afecta a los trabajadores de carpintería, ebanistería, tapicería y varios de la Región de Murcia, se materializa tras "alcanzar una resolución igual de satisfactoria para las dos partes" y dedicar "muchas horas" a "poner en común ideas y propuestas", informaron las organizaciones firmantes en un comunicado conjunto.

Las dos partes implicadas (sindical y empresarial) han manifestado su "satisfacción" por haber llegado a un consenso que "facilite el avance de este sector, caracterizado por una mano de obra intensiva y que con tanto esfuerzo ha ido posicionándose como uno de los principales motores de la economía murciana".

El FMI pide cambiar las pensiones para no sostenerlas "a expensas de los jóvenes"

NUEVA YORK.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que mantener el sistema de "generosas" pensiones en España sin modificaciones "no es sostenible" y solo podrá ser respaldado a costa "de la generación más joven, que ya está en desventaja".

Las "generosas" pensiones en España han ayudado a que los mayores hayan "navegado" la crisis mejor que los jóvenes, que han quedado "particularmente en desventaja", señaló el Fondo en un informe sobre el gasto social.

El informe, titulado 'Efectividad y equidad en el gasto social: el caso de España', ha apuntado que "la desigualdad en España es más alta que en sus socios de la Unión Europea (UE)".

"Las pensiones son la parte más grande de la protección social y son consideradas bastante generosas en la comparación regional. Como resultado, la pobreza en la tercera edad en España es relativamente baja y los pensionistas han estado bien protegidos de la crisis financiera global", agregó.

No obstante, advirtió de que mantener el sistema de pensiones "sin reformas integrales no es sostenible y se haría a expensas de la generación más joven, que ya está en desventaja".

Recomienda, en este sentido, incentivar vidas laborales más largas, elevar los ingresos sin aumentar las ya elevadas cotizaciones y alentar los ahorros suplementarios.

El organismo indicó que un cuarto de la población española todavía está en riesgo de pobreza o exclusión social, y en agosto de 2019, pese a la tendencia a la mejora, el 32,2% de la fuerza laboral juvenil de España (entre 16 y 24 años) estaba desempleada, comparado con el 15,4% en la zona euro.

Tras la aguda crisis económica, las políticas de gasto social han elevado la necesidad de responder pero se encuentran restringidas por la "alta deuda pública", cercana al 100% del producto interior bruto (PIB) y tres veces superior a la de 2007, y las presiones de "una sociedad en proceso de envejecimiento".

"El gasto social por sí solo no puede reducir la desigualdad, y los esfuerzos también deberían ser dirigidos hacia un mercado laboral más inclusivo", indicó.

En este sentido, el organismo dirigido por Kristalina Georgieva apuntó que "la gran diferencia en los costes de despido entre los fijos y los temporales continúa siendo la causa de que las empresas ofrezcan pocos contratos indefinidos".

En sus últimas previsiones de crecimiento para España, el organismo proyectó una desaceleración del crecimiento económico hasta el 1,6% en 2020, dos décimas menos de lo previsto, lastrada por la reducción de la demanda interna y las exportaciones.

El Constitucional no ve justificado promover el alquiler mediante decreto

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) considera que el Gobierno "no ha justificado" la necesidad de legislar medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler a través del real decreto, aprobado el pasado marzo, por el que se regulan los contratos en dicho régimen.

Así lo expresan los magistrados, que estiman parcialmente el recurso interpuesto por el PP, en una sentencia cuyo fallo trascendió el pasado martes y que declara nulas dos disposiciones adicionales, incluida la que hasta ahora ha previsto la movilización de suelo público para construir viviendas en alquiler social.

En su recurso, los populares denunciaban los enunciados "genéricos" que contenía la disposición adicional primera, la cual carecía de "medidas reales, efectivas, concretas y de aplicación inmediata" como correspondería a una norma de urgencia.

Dichos argumentos trataron de ser refutados por la Abogacía del Estado, que vinculó este apartado a la "insuficiente oferta de viviendas en alquiler".

Ahora el Constitucional, en su sentencia íntegra conocida este jueves, entiende que el Gobierno "no ha justificado la necesidad de acudir a un real decreto ley" para un aspecto que, en principio, no requiere de la "habilitación de una norma con rango de ley".

El mandato recurrido encomendaba al Ministerio de Fomento "un conjunto de acciones a realizar, entre ellas la negociación con las administraciones sectorialmente competentes, utilizando para este fin todos los instrumentos a su disposición".

Asimismo, le permitía modular los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda para poder atender estas necesidades, y reorientar sus bases para apoyar "exclusivamente" el disfrute de la vivienda en este régimen.

Aspectos que el Pleno del alto tribunal ha declarado inconstitucionales y que el Ejecutivo deberá reformular, al igual que sucede con la también anulada disposición adicional tercera sobre convenios en materia de infraestructuras públicas.

Para los diputados del PP, "se desconoce en qué medida" esta clase de convenios "puede bajar el precio del alquiler", y alegaban que el Gobierno "no proporcionaba ninguna motivación al respecto".

Por el contrario, el Estado fundamentó su decisión en los objetivos de "movilidad sostenible" en un país, España, que se caracteriza por la importante concentración demográfica.

Sin embargo, los magistrados creen que esa justificación no se puede percibir "directamente" ni es "instantánea o inmediata" al no guardar una "necesaria relación" con una "extraordinaria y urgente necesidad previamente definida".

En cambio, avalan el resto del real decreto, que no incluye ninguna medida para fijar los precios de los alquileres, cuya renta deberá actualizarse durante la vigencia del contrato al índice de precios al consumo (IPC).

Para incentivar la oferta de viviendas en este régimen, establece además una serie de medidas fiscales como bonificaciones de hasta un 95 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de la vivienda protegida en alquiler cuando los Ayuntamientos acuerden, en una norma jurídica, una renta limitada.

También habilita el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, elimina el impuesto de transmisiones en los alquileres de vivienda habitual, establece el derecho de adquisición preferente por parte de las Administraciones en caso de la venta conjunta de un inmueble con arrendamientos, y amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos, o a 7 si es una persona jurídica.

Apartados todos ellos legitimados por la sentencia del Constitucional, que defiende que los cambios en materia de impuestos -IBI, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados- se limitan a corregir parcialmente la forma que tienen de tributar un pequeño grupo de operaciones -las protegidas por el decreto- de entre las muchas sujetas a estos gravámenes.

De igual modo, respalda el sistema de mejora de la accesibilidad en tanto que "trata de paliar las deficiencias que sufren diariamente las personas con movilidad reducida", y las modificaciones en materia de desahucios "por la situación de extraordinaria y urgente necesidad que quiere revertir".

Tras adelantarse el fallo, el secretario de Estado de Vivienda, Pedro Saura, consideraba ayer que el Constitucional había avalado de forma "clara" el real decreto.

Lectura que antes había compartido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que descartó que la opinión de la sentencia sobre las medidas de dinamización fueran afectar a sus planes de ceder suelos públicos a empresas privadas para que construyan y exploten durante 50 años unas 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles.

 

 El Gobierno dice que el fallo del TC no afecta 

a temas relevantes para los alquileres

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comunicado que las cuestiones más relevantes del real decreto para promover el alquiler "continuarán estando plenamente vigentes", tras conocer este jueves la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre un recurso interpuesto por el PP.

El Ministerio señala en un comunicado que el real decreto de marzo de 2019 introducía "más de 20 mejoras" en la regulación de los alquileres y también "importantes medidas económicas y fiscales" en materia de vivienda y alquiler, y reitera que todas quedan avaladas por la sentencia del TC.

Los magistrados, no obstante, han estimado parcialmente el recurso interpuesto por el PP en contra de la citada norma, en una sentencia cuyo fallo trascendió el pasado martes y que declara nulas dos disposiciones adicionales, incluida la que hasta ahora ha previsto la movilización de suelo público para construir viviendas en alquiler social.

El departamento que dirige José Luis Ábalos indica que se ha desestimado el recurso "salvo en lo que se refiere a las disposiciones adicionales primera y tercera, relativas al programa de medidas para promover la oferta en alquiler y a la duración de los convenios en materia de infraestructuras respectivamente".

"Se trata de dos disposiciones adicionales que no forman parte del cuerpo del real decreto ley", añade el Ministerio.

Igualmente, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha reiterado este jueves que el TC avala de manera "clara" el real decreto sobre el alquiler y "tumba" el recurso presentado por el PP.

El 'número dos' de José Luis Ábalos en el rebautizado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento) ha señalado que la sentencia avala que los contratos de alquiler obligatorios pasen de 3 a 5 años y de 3 a 7 años en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, mientras que el PP "quería volver al real decreto ley de 2013 y establecerlo en 3 años".

El propio Ábalos ha defendido a través de Twitter que el TC "da la razón al Gobierno al desestimar el recurso del PP" y se pregunta "a ver cómo explica ahora la derecha que garantizar el acceso a la vivienda no es urgente ni necesario".

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP en el Congreso y coordinador de asuntos económicos, Mario Garcés, ha opinado que la sentencia del TC ha puesto en evidencia la "improvisación" del ejecutivo y ha afirmado que "cuando se gobierna a golpe de Real Decreto Ley ocurren estas patologías".

"Con esta sentencia queda demostrado que la aparente urgencia en la toma de ciertas decisiones no estaba justificada, violentando así la naturaleza misma y la razón de ser de un Real Decreto Ley", ha recalcado el diputado del PP, para quien el "intervencionismo del Gobierno ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, en un episodio más de una semana para olvidar del ministro Abalos”. 

Las empresas españolas suspenden los viajes de sus empleados a China

MADRID.- Las empresas españolas con presencia en China están suspendiendo los viajes de sus empleados al país asiático y algunas como Bankia y Mango han cerrado sus establecimientos, al tiempo que siguen atentas a la evolución de sus centros de operaciones y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS ha convocado un comité de emergencia para este jueves, formado por epidemiólogos y otros expertos, para determinar si el coronavirus, que ha causado ya al menos 170 muertos, constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y, en tal caso, definir las recomendaciones para gestionarla. Y ha declarado finalmente la emergencia internacional.

Entre tanto, unos 6.000 pasajeros de un crucero de la compañía Costa Cruceros procedente de Palma de Mallorca están retenidos en el barco en el puerto de Civitavecchi, en Italia, hasta que concluyan los análisis a una pasajera originaria de Macao que presentaba síntomas compatibles con el coronovirus.

Al tiempo, las empresas españolas en el país asiático activan sus planes de contingencia, que pasan en muchos casos por cancelar los viajes al país, aunque por el momento la mayoría de ellas apenas da información sobre la situación y se limitan a señalar que siguen las recomendaciones de las autoridades.

Recomendaciones que suponen no abrir la oficina ni acudir al puesto de trabajo hasta el 10 de febrero.

La firma española Mango ha sido de las primeras en anunciar el cierre hasta ese día de sus 26 tiendas en China -once propias y quince franquicias-, mientras que Bankia tampoco abrirá su oficina de representación en Shanghái, ni sus tres empleados -dos ciudadanos chinos y un expatriado español- acudirán al puesto de trabajo.

También Denominaciones de Origen (DO) de vino español aconsejan a sus asociados no viajar al país por la propagación del coronavirus de Wuhan y analizan cómo no perder las ayudas para la promoción de sus productos en ese país concedidas por Bruselas.

Bodegas y miembros del sector han admitido su preocupación debido a que China figura entre los diez principales compradores de vino español a nivel mundial, un destino estratégico cuya importancia ha aumentado todavía más desde la puesta en marcha de aranceles en Estados Unidos, en octubre de 2019.

Los inversores, por su parte, trasladan su inquietud en bolsa, donde el temor a la expansión del coronavirus arrastra un día más a las aerolíneas y empresas del sector turístico que caen, en general, por encima del 2 %.

El fabricante de componentes para el automóvil Gestamp, que tiene 11 plantas en China, ha sido claro en su información y ha dicho que tras el brote de neumonía ha ampliado la paralización de la producción que ya había acordado con motivo del Año Nuevo chino.

Banco Santander -con unos 250 empleados, principalmente en Pekín, Shanghái y Hong Kong- ha cancelado los viajes a China o Hong Kong y está recomendando a sus empleados que hubieran viajado allí en los últimos 14 días que acudan a sus centro médicos locales.

Firmas españolas tan diversas como la textil Adolfo Domínguez, con ocho tiendas en el país; la compañía de piscinas Fluidra, con oficina en Shangái y fábricas propias en Ningbó; la farmacéutica Esteve, con una planta en la región de Zhejiang, y la Bodega Matarromera, entre otras, han decidido suspender los viajes de sus profesionales a China.

Banco Sabadell, con 6 empleados en sus dos oficinas de representación en Pekín y Shanghái, les ha recomendado teletrabajar, igual que ha hecho Google, que ha cerrado todas sus oficinas en China.

Sin embargo, la mayoría de las empresas españolas con presencia en China están ofreciendo poca información sobre la situación de sus negocios en el país asiático.

Así, CaixaBank, con 10 trabajadores en las oficinas de Pekin, Shanghái y Hong Kong, dice que están a más de 1.000 kilómetros de distancia del foco de la epidemia y no añade más comentarios.

Siemens Gamesa tiene una fábrica de góndolas (un componente del aerogenerador) en Tianjin y otra fábrica de palas en Lingang y cuenta con oficinas en Pekín y Shanghai, con un total de 1.320 empleados en el país. Sólo comenta que está "monitorizando" la situación de cerca.

La cadena hotelera Meliá sigue atenta a la situación de sus cinco hoteles en China, que siguen operativos aunque con ocupaciones "muy pequeñas" y ha aplicado sus planes de contingencia, pero no precisa más.

Porcelanosa, que desarrolla en China grandes proyectos como el Central Park & Commercial Complex en Shenzhen y tiene más de 30 puntos de venta en diferentes ciudades de China, con un crecimiento en 2019 cercano al 9 %, "no tiene constancia de que les esté afectando en ningún sentido".

La petrolera Cepsa sólo ha informado de que dispone de una planta de producción de fenol en Shanghái, y Prosegur, con una unidad de negocio de seguridad "de pequeño volumen", ha dicho que "no han hecho nada más allá de trasladar las recomendaciones oficiales".

Inditex tiene 577 tiendas en China de todas sus enseñas pero no ha contestado a los requerimientos de información mientras Mango se limita a decir que seguirán las recomendaciones pertinentes.

Mientras, la cadena sueca Ikea sí ha comunicado que cierra desde este jueves hasta nuevo aviso todas sus tiendas físicas en China, un total de 33, según la información de su página web.

La agricultura global tiene un problema de siembra

CHICAGO.- Los cultivos responsables con el clima están recibiendo más atención de agricultores y compañías de alimentos a medida que aumenta la presión por encontrar formas sostenibles de agricultura. Entra Kernza al panorama, un nuevo grano que ya tiene poderosos patrocinadores como General Mills Inc. y el apoyo de la academia.

Kernza es un grano similar al trigo que se puede usar en panes, cereales o incluso servir como arroz pilaf. También es un cultivo perenne, lo que significa que se puede sembrar una vez y luego cultivarse durante varios años. Ayuda al medio ambiente porque captura carbono en el suelo a través de su sistema de raíces profundas y requiere menos insumos químicos.

El signo revelador de los beneficios verdes de Kernza está debajo del suelo. Para los no iniciados, tierra es tierra. Pero los agricultores pueden hablar de innumerables variedades, desde tierra roja y arcillosa, hasta árida, seca y arenosa. 

Luego está lo que se obtiene cuando se desentierra una pradera natural: tierra oscura, rica y aterciopelada, todo un sueño. Cuando Carmen Fernholz, agricultor de Minnesota, inició un cultivo de prueba de Kernza después de siete temporadas, eso fue exactamente lo que vio.

“Era exuberante, la calidad, la estructura, todo era hermoso”, dijo Fernholz.

¿Por qué importa la buena tierra? Porque significa mucho menos fertilizante sintético en el suelo, lo que reduce las posibilidades de escorrentía química y restaura la materia orgánica natural del suelo. Recordemos la “zona muerta” para la vida marina en el Golfo de México, causada en parte por la escorrentía de fertilizantes de la agricultura estadounidense.

La riqueza del suelo refleja el sistema de raíces profundas de Kernza, que puede formarse porque el cultivo se siembra una vez cada cinco años más o menos. Eso contrasta con los principales productos básicos como el maíz y el trigo, cultivos anuales que se replantan cada temporada y contribuyen a la erosión del suelo, el agotamiento de nutrientes y otros problemas ambientales.

La Universidad de Minnesota ha estado trabajando con científicos de un grupo sin ánimo de lucro en Kansas llamado Land Institute para desarrollar Kernza, producto casero a partir de pasto de trigo silvestre y perenne.

Para Fred Iutzi, presidente de Land Institute, el trabajo está ayudando a solucionar un problema que comenzó hace unos 10.000 años en los albores de la agricultura.

Hay otros perennes en proceso, como una variedad de arroz que crece en miles de hectáreas en el sur de China. Estos cultivos también ofrecen beneficios a los agricultores, que ahorran en semillas. 

Los costos de combustible también son más bajos, con equipos de plantación necesarios solo cada cinco años. Durante la temporada de crecimiento, los campos Kernza también se pueden reutilizar varias veces. El cultivo también proporciona paja para el forraje.

Kernza aún se encuentra en etapa de desarrollo. Se necesita más trabajo para ayudar a aumentar los rendimientos, lo que le permitiría competir en la producción comercial a gran escala. Esto aún podría estar a 10 años.

España mira al "brexit" con inquietud por residentes, turismo y Gibraltar

MADRID.- La salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que se consumará finalmente en la medianoche de este 31 de enero, genera inquietud e interrogantes en España, donde no se pueden medir totalmente las consecuencias en empresas y ciudadanos.

España mantiene, junto con Irlanda, una de las dos fronteras terrestres con el Reino Unido (la de Gibraltar) y un elevado nivel de turistas y ciudadanos de ambos países que residen en el otro, y todo ello hace que las implicaciones bilaterales del "brexit" sean muy importantes.

Con el fin de conocer las prioridades españolas para la negociación de la relación futura con el Reino Unido viajó este jueves a Madrid el negociador principal de la UE, Miguel Barnier, que mantuvo reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios miembros del Ejecutivo.

Tras el encuentro, el Gobierno español recordó en un comunicado que es partidario de establecer una relación lo más estrecha posible, preservando la integridad del mercado interior, la autonomía de decisión de la UE y un marco regulatorio equiparable, y que las materias prioritarias para España, de cara a la negociación futura, son la pesca, la agricultura y los servicios.

El divorcio entre Londres y Bruselas se ha ido gestando poco a poco, debido a la indefinición y los retrasos en el Parlamento británico a los que ha obligado la inestabilidad política británica, y por ello el período transitorio será de once meses y concluirá a finales de este año.

A pesar de que el tiempo pasado desde el referéndum del "brexit" de junio de 2016 ha permitido ir tejiendo acuerdos bilaterales entre Madrid y Londres sobre Gibraltar, la inminencia del momento final genera interrogantes por lo que esta situación inédita pueda provocar cuando acabe ese período.

Ambas partes prevén acordar antes del 31 de diciembre todos los aspectos de su relación futura y hasta entonces la legislación de la UE, incluida la libre circulación de personas de trabajadores, seguirá aplicándose en el Reino Unido.

El futuro de esa libertad de circulación es lo que más preocupa. En el Reino Unido viven unos 180.000 españoles y, al igual que los ciudadanos de otros países de la UE, hay inquietud acerca de si las autoridades británicas respetarán, y cómo, los derechos de residencia adquiridos.

Y también preocupa cómo podrán acceder españoles y comunitarios en general al mercado de trabajo británico, un país que tradicionalmente absorbe inmigración.

Por otra parte, se calcula que en España residen cerca de 300.000 británicos (235.000 registrados oficialmente), la mayoría en zonas costeras del Mediterráneo. Muchos de ellos son jubilados que buscan pasar sus últimos años al abrigo del sol y del buen tiempo.

Pero también hay entre ellos profesionales asentados en España, algunos de los cuales trabajan a distancia para empresas británicas, con viajes periódicos en aerolíneas de bajo coste a sus sedes corporativas.

Para todos es clave el mantenimiento de su estatus legal como residentes y el cobro de las pensiones de jubilación.

El acuerdo de salida británica de la UE "no incluye derechos clave" para los británicos que viven en España, como los de libre circulación o de ofrecer servicios profesionales en la nueva Unión Europea, lamenta EuroCitizens, una asociación de británicos residentes en España

Las empresas, grandes y pequeñas, están muy preocupadas por el impacto en el comercio -sobre todo los trámites aduaneros- y las finanzas, pero también en cuestiones legales como la protección de marcas o los derechos de propiedad intelectual.

Un ejemplo es el Banco Santander, la mayor entidad financiera de España y de la zona euro, que tiene una importante filial británica. "No sabemos las condiciones (finales) de salida, pero nos hemos preparado para cualquier eventualidad", declaró este miércoles la presidenta del banco, Ana Botín.

Las ventas de productos españoles a Reino Unido han caído un 8,28 % desde que, en 2016, los británicos votaron a favor de abandonar la UE. Han bajado de los 20.076,57 millones de euros a cierre de 2016 a los 18.413,93 millones hasta noviembre de 2019, último dato disponible en la estadística de la balanza comercial que publica la Secretaría de Estado de Comercio.

No obstante, a falta de conocer el dato de diciembre, todo apunta a que las exportaciones se van a recuperar en el conjunto de 2019 respecto a 2018, año que cerró con un volumen de ventas de 18.580,54 millones.

No obstante, el comercio bilateral de bienes sumó 30.500 millones de euros en 2018, con un incremento anual del 2,8 % y un superávit a favor de España de 7.528 millones de euros.

El turismo es un asunto clave para España. Millones de turistas británicos visitan el país cada año, con un impacto económico aproximado en este país de unos 13.300 millones de euros, según cifras oficiales del Gobierno británico.

El mantenimiento de ese flujo turístico es fundamental para amplias zonas turísticas españolas, que temen que parte de ese movimiento se desvíe a países mediterráneos de turismo de bajo coste.

La atención sanitaria en suelo español a ciudadanos británicos (sean turistas o residentes) y su compensación (en España la sanidad pública es gratuita) es otro asunto a definir.

Por otra parte, está la controvertida cuestión de Gibraltar, la estratégica ciudad que controla el estrecho del mismo nombre y bajo dominio británico desde 1704.

Se trata del único lugar (salvo Irlanda) donde el Reino Unido tiene una frontera terrestre con otro país de la UE. Ahí, entre británicos que hablan español con acento andaluz, está el paso fronterizo más pequeño del "brexit".

Cada día atraviesan la conocida como "verja" de Gibraltar casi 15.000 trabajadores, así como 200 camiones de transporte.

En Gibraltar no hay desempleo, pero al otro lado de la frontera, en La Línea, alcanza casi el 31 por ciento de la población activa, por lo que un impacto económico negativo del "brexit" en la rica colonia británica preocupa mucho a la deprimida comarca con la que bordea.

"La dependencia (económica) es total", reconoce el español Lorenzo Periañez, presidente del grupo transfronterizo que reúne a empresarios y sindicatos de ambos lados.

El pequeño territorio, de 32.000 habitantes, vive sobre todo de la industria de servicios financieros, como las empresas de juego y apuestas por internet. De hecho, Gibraltar, con 6,8 kilómetros cuadrados, alberga ahora mismo 13.536 empresas, que son 3.300 menos que hace un año.

España y el Reino Unido firmaron a finales de 2018 una serie de acuerdos bilaterales en cuestiones como derechos de trabajadores transfronterizos, medio ambiente, cooperación fiscal y aduanera y lucha contra el contrabando de tabaco.

La venta de cigarrillos repunta en España por primera vez tras 10 años de caídas

MADRID.- El número de cajetillas de cigarrillos vendidas en España creció un 0,5% en 2019, hasta los 2.243 millones de unidades, en la que supone su primera subida después de una década ininterrumpida de caídas.

Así se desprende de los datos anuales conocidos este jueves y publicados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT), que reflejan cómo la comercialización de cigarrillos ha bajado drásticamente en los últimos diez años, aunque esta caída se fue ralentizando hasta el cambio de tendencia del pasado año.

Las estadísticas de este organismo -correspondientes únicamente a Península y Baleares, sin incluir Ceuta y Melilla- revelan que el último aumento en el comercio de este producto databa de 2008, cuando se cerró el año con 4.500 millones de cajetillas vendidas, el doble que ahora.

Entre ese año y el 2013 -coincidiendo, entre otros factores, con la crisis económica o la implementación total de algunas medidas de la ley antitabaco- se concentró la mayor parte de ese descenso, y desde entonces siguió cayendo pero de forma más leve.

Por comunidades, Cataluña lidera la clasificación con cerca de 427 millones de cajetillas comercializadas -cada una de ellas con 20 cigarrillos-, muy por delante de Andalucía (361,3 millones) y Madrid (282,9 millones).

La venta de cigarrillos generó ingresos por valor de 10.201 millones de euros en 2019, un 0,3% más que el ejercicio anterior. No obstante, mientras que la cifra de cajetillas comercializadas se ha desplomado cerca de un 50%, el volumen de facturación acumula un retroceso del 12% en la última década. De esta forma, el precio medio por unidad en 2019 ascendió a 4,5 euros.

El ránking por marcas de cigarrillos sigue liderado por Marlboro (13,81% de cuota de mercado, frente al 13,94% de 2018), seguido de Camel (9,6%, frente al 8,91% de un año antes), Winston Classic (8%), Chesterfield (8%); Fortuna (7,37%), Lucky Strike (7,32%), Winston (5,21%) y L&M (4,25%).

Por compañías, Philip Morris controla el 30,72% del negocio de cigarrillos en España; a continuación figuran Altadis-Imperial Tobacco España (28,03%), Japan Tobacco International (24,5%) y British American Tobacco España (11,84%).

En el resto de las labores destaca el incremento registrado en las ventas de tabaco de pipa, que crecieron más de un 40%, hasta las 1.290 toneladas. La comercialización de picadura de liar aumentó un 3,4%, hasta las 6.012 toneladas, mientras que bajó un 2,63% la comercialización de cigarritos (1.825 toneladas) y un 6% la de cigarros (465 toneladas).

El informe dedica un apartado al cultivo de tabaco con datos de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) que arroja que en la última campaña el volumen contratado fue de 21.968 toneladas.

Banco Sabadell registra pérdidas en el 4º trimestre por incremento de provisiones

MADRID.- El banco español Sabadell incurrió contra pronóstico en unas pérdidas de 15 millones de euros en el cuarto trimestre, frente a un beneficio de 80 millones de euros un año antes, debido a un incremento superior al esperado en provisiones contra insolvencias y a los números rojos de su filial británica TSB.

Los analistas consultados habían anticipado de media un beneficio neto de 16 millones de euros.

El fondo de la tabla se vio empañado por provisiones por un total de 370 millones de euros para cubrir el saneamiento de ventas de activos inmobiliarios de más de 6.000 millones de euros cerradas en el último trimestre de 2019.

Como otros bancos españoles, Sabadell salió al extranjero de compras en busca de mayores ingresos, pero la adquisición de TSB en 2015 se ha visto plagada de importantes fallos tecnológicos.

En el cuarto trimestre, TSB registró una pérdida de 34 millones de euros.

Con todo, Sabadell duplicó con creces el beneficio en el conjunto del año con un resultado atribuido de 768 millones de euros, después de que en 2018 se viese muy penalizado por los costes extraordinarios de 637 millones de euros ligados a la integración y los problemas informáticos de TSB.

El margen de intereses anual bajó un 1,4% a 3.622 millones de euros, caída que Sabadell achacó a la aplicación de una norma contable internacional, a la titulización de préstamos y a los bajos tipos de interés.

En el cuarto trimestre, esta variable (que mide el beneficio que un banco gana con su actividad principal de préstamo una vez restado el coste de los depósitos) alcanzó los 910 millones de euros, un 2,4% menos que en el cuarto trimestre del año anterior, aunque mejoró un 0,4% más desde el tercero.

Al igual que muchos otros bancos europeos, las entidades financieras españolas están sufriendo presión en sus márgenes por los niveles negativos en los tipos de interés de referencia del BCE, lo que dificulta que las entidades ganen dinero con su negocio tradicional de crédito.

El grupo vio crecer su crédito vivo un 3,7% a 144.572 millones al cierre de 2019 gracias al préstamo a pymes y grandes empresas, y a un crecimiento en hipotecas.

La ratio de morosidad del grupo se situó en diciembre en el 3,8%, desde el 4,2% de 2018, mientras que el ratio de capital de máxima calidad CET 1 Fully loaded se ubicó en el 11,7%, ganando 34 puntos básicos en el cuarto trimestre del ejercicio.

"De esta forma, el banco cumple el objetivo presentado de cerrar el año 2019 con un ratio de capital CET1 fully loaded como mínimo del 11,6%, mejorando así el guidance anunciado", destacó.

Sin embargo, no alcanzó su objetivo de rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de acabar el año con un porcentaje superior al 6,5% al situarse en el 5,9% o un 5,2% en términos recurrentes, esto es, sin contar con el impacto de resultados extraordinarios.

Para 2020, el banco espera un ROE recurrente estable respecto a 2019. En cuanto al capital, prevé que el CET 1 fully loaded se mantenga en los alrededores del 12%.

Por otra parte, el consejo de administración de la entidad aprobó el reparto de un dividendo complementario en efectivo de 0,02 euros por acción que se suma a otro pagado a cuenta por el mismo importe, haciendo que la retribución anual represente aproximadamente el 40% de los beneficios del grupo.