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"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero de 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la Universidad Complutense desde 1976.
MADRID.- La Oferta Pública de Empleo (OPE), tanto estatal como autonómica, es uno de los temas que más preocupa al personal sanitario de este país.
Tras años de crisis económica en la que no pudieron salir a concurso
miles de plazas por falta de presupuesto, este 2018 se ha convertido en
la esperanza de todos aquellos que quieren optar a un puesto fijo en la
Sanidad.
A pesar de que esto es un soplo de aire fresco para el sector, hay
algunas CCAA que han decidido aunar su convocatoria con la estatal,
produciéndose una situación de agravio para los aspirantes que se
postulan a las plazas. De hecho, las fuerzas sindicales insistían en que lo justo era que todas las CCAA hubieran convocado en las mismas fechas;
dado que esto no se producirá, las centrales sindicales reconocen que
las que hacen un solo examen por categoría profesional complican más las
opciones que las que se desligan en dos fechas distintas, según constata redaccionmedica.com.
El hecho de que determinadas comunidades se hayan sumado a la gran OPE nacional de estabilización supone un punto
negativo para el personal sanitario de la CCAA que se presenta, ya que
en este caso solo tienen derecho a presentarse a una única convocatoria. En cambio, los sanitarios de otras regiones como Aragón o Andalucía, que no se han unido a la estatal, tienen una doble oportunidad para hacerse con una plaza, ya que pueden presentarse a los exámenes de la comunidad y a los que se han acordado con el ministerio de Sanidad.
En este sentido, las comunidades autónomas que han decidido sumarse a la OPE estatal
de estabilización son las siguientes: Cataluña, la Comunidad de Madrid,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Cantabria y
Asturias.
Por el contrario, Aragón, Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, La
rioja y el País Vasco han decidido poner los exámenes de sus OPEs en
fechas distintas de la estatal. De este modo, los sanitarios que
se presenten por estas regiones tienen el doble de oportunidades que
sus compañeros de otras comunidades, un agravio comparativo muy alto
entre profesionales del sector.
Fechas de la gran OPE nacional de estabilización
Las comunidades que han decidido aunar sus OPEs con los exámenes que el Estado convocó a nivel estatal tendrán las pruebas el 3 y 17 de febrero, 10 de marzo, 7 y 28 de abril y 12 de mayo de 2019.
Estas fechas corresponden a los exámenes de matrona, fisioterapeuta,
celador, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermería y enfermería.
Asimismo, para la categoría de Médico de Familia la OPE nacional anunció el 25 de noviembre de este mismo año o el 17 de noviembre de 2019. Para Pediatría de AP se propuso el 11 de noviembre de 2018 o el 1 de diciembre de 2019 y para los Técnicos Superiores de Radiodiagnóstico el 21 de octubre de 2018 o el 27 de octubre del año que viene.
En cambio, para los Técnicos Superiores de Laboratorio se puso sobre la mesa el 21 de octubre de este año o el 27 de octubre del año siguiente. Finalmente, los aspirantes a pinches podrán
examinarse el 23 de octubre de 2018 o el 20 de octubre de 2019. Se debe
tener en cuenta que es la comunidad la que decide en cuál de las dos
fechas convoca el examen.
CÁDIZ.- La Armada española ultima la partida del patrullero Infanta Elena
para una misión de seguridad marítima y cooperación diplomática con
diversos países del África Occidental y del Golfo de Guinea. Fuentes del
Cuartel General de la Armada han precisado a Diario de Cádiz que la
misión del buque se encuadra en la iniciativa Despliegue Africano que
se desarrolla periódicamente en el marco de la Diplomacia de Defensa y
la Acción Exterior del Estado español.
El Infanta Elena desarrollará los
diversos cometidos de su misión bajo la supervisión del Cuartel General
de la Flota en Rota, ejecutándolos con un doble prisma operativo.
El navío español realizará, de un lado, tareas
de seguridad marítima, patrullando en areas navales del Atlántico donde
existe actividad de pesqueros españoles y tráfico de buques mercantes
nacionales.
Estas labores buscan preservar a dichos
navíos ante posibles ataques piráticos. En los últimos años se ha
producido un repunte de la piratería en este área geográfica, mientras
dicha práctica decrece notablemente en el Índico tras el despliegue de
la Operación Atalanta de la Unión Europea.
La vigilancia marítima del patrullero
español busca también atajar los tráficos ilícitos que se han convertido
en una constante en la citada área naval.
El Infanta Elena
realizará asimismo actividades de seguridad cooperativa con los países
de dicha área geográfica, tanto en la mar como en puerto.
La dotación del patrullero español
colaborará así con Mauritania, Senegal y Cabo Verde, desarrollando
acciones de instrucción para mejorar las capacidades militares y de
seguridad marítima de los citados países.
Los marinos españoles adiestrarán a sus
homólogos africanos en operaciones de interdicción marítima (detención
para control y registro de buques sospechosos) e inspecciones pesqueras.
En virtud de los convenios de cooperación
suscritos por España con Senegal, Mauritania y Cabo Verde se instruye
asimismo a militares de esos países en técnicas de navegación, buceo,
tiro, defensa personal, operaciones de vuelo y tratamiento médico.
Dentro de los postulados del Despliegue
Africano se incluyen también actividades de cooperación militar de
carácter más básico, con otra decena de países del Africa Occidental y
del Golfo de Guinea.
Las naciones con las que la Armada española
colabora son Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Angola, Gabón, Nigeria,
Santo Tomé y Príncipe, Guinea Conakri y Benín.
Durante las singladuras de ida o de tornaviaje suelen realizarse igualmente actividades conjuntas con la Marina de Marruecos.
El
Despliegue Africano tiene carácter bilateral con los países ribereños
del Atlántico septentrional, aunque se atienda también a compromisos
internacionales con otras marinas de guerra aliadas, caso de las de
Francia, Portugal y EEUU.
En el Golfo de Guinea, esos compromisos se materializarán con la participación del navío español en el ejercicio Obangame Express, liderado por EEUU; y en el denominado African NEMO, que organiza Francia para mejorar las capacidades de las marinas regionales en países de habla francófona.
El Infanta Elena realizará también
intercambios de oficiales con Portugal, en sus barcos desplegados en el
Golfo de Guinea, y compartirá experiencias en el ámbito de la seguridad
marítima en la zona atlántica.
MADRID.- «Gestión de un año de Gobierno socialista». Era el nombre del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que consultaba la opinión de los españoles a finales de 1983, un año después de la victoria de Felipe González.
Era, además, el primero en el que se preguntaba sobre el conocimiento y
la valoración de los ministros. Entonces, el 27% de los ministros eran
poco conocidos tras un año de gestión. 35 años después, la cifra de
anonimato en el Gobierno de Mariano Rajoy llega el 53,8%, tope histórico, recuerda hoy El Mundo.
Son poco conocidos porque más de la mitad de los encuestados en el último barómetro del CIS
respondió, cuando se les dijo su nombre, que no sabía quiénes eran. Y
no significa que el resto sí les conozca, ya que el porcentaje de gente
que no sabe o no contesta ronda el 10%. Destaca el caso de la ministra
de Agricultura, Isabel García Tejerina: ocupa el puesto desde hace más de tres años y el 60% de los españoles no sabe quién es.
El caso del ministro de Justicia, Rafael Catalá,
es similar: ocupa el puesto desde finales de 2014, y aún es desconocido
para más de la mitad de la población. El ministro de Educación desde
junio de 2015, Íñigo Méndez de Vigo,
portavoz del Gobierno desde 2016, apenas logra que le conozca uno de
cada dos españoles. Y menos suena el ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital, Álvaro Nadal, ignorado por casi el 70% de la sociedad. La mitad de los representantes de los ministerios del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también eran poco conocidos, pero sin alcanzar el nivel actual. En abril de 2005 los españoles conocían a José Bono y a Miguel Ángel Moratinos y de algo les sonaban María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes.
El resto formaban parte de las nuevas caras que pretendían ser reflejo
de un nuevo PSOE del que hablaba ZP.
Zapatero vivió una situación casi
similar a la actual en enero de 2009. Nueve meses después de su segunda
victoria electoral, el CIS señaló que la población no conocía a nueve de
los 17 miembros de su equipo. Y cuatro meses después, en el aniversario
de su reelección, acometió una importante renovación con rostros
reconocibles: Trinidad Jiménez, José Blanco, Manuel Chaves...
Tras los cambios, el barómetro realizado ese mismo mes apuntaba un
desconocimiento del 29% de los miembros del Gobierno, 24 puntos por
debajo de sus predecesores. Un año después, sólo tres ministras -el 17%
del Ejecutivo- seguían siendo anónimas: Beatriz Corredor, Cristina Garmendia y Ángeles González-Sinde.
Pero, a diferencia de ZP, Rajoy no tiene previsto remodelar su Gabinete
para paliar la lejanía entre su equipo y el electorado.
Muy distintas fueron las dos legislaturas de José María Aznar. Al año siguiente del nombramiento, ninguno de ellos era un extraño para la mayoría de la población. Destacaban nombres como Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato, Isabel Tocino o Celia Villalobos,
que gozaron de un nivel de popularidad poco habitual para el cargo de
ministro: sólo entre un 7% y un 16% de los encuestados afirmaba no
conocerles. La llegada de Rajoy trajo la reducción de 17 a 13 ministerios y la incorporación de políticos con poco impacto: Pedro Morenés, Jorge Fernández Díaz, José Manuel García-Margallo...
No obstante, el global de poco conocimiento se quedó en el 38%. Hoy se
eleva 15 puntos más y tres por encima de la peor marca socialista que
llevó a una sacudida, que ahora nadie espera, en el Consejo de Ministros.
ZARAGOZA.- Para la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el descuadre de 16.800 millones de euros (un
1,47% del PIB) con el que la Seguridad Social cerró el año pasado es un
dato positivo que supone comenzar a “revertir el deterioro” del déficit
e iniciar “el camino de vuelta al equilibrio financiero” al ser
inferior al del ejercicio anterior, recoge Público.
Lo dijo, a pesar de que las previsiones apuntan a resultados negativos
de en torno a 15.000 millones para los próximos años y de reconocer que
“este menor déficit se va a producir también en 2018”, ya que en 2017
el gasto, que lleva años disparado, creció menos que los ingresos.
Sin embargo, los expertos, que discrepan del
mensaje optimista de la ministra, señalan varias amenazas para la
sostenibilidad del sistema de pensiones que ya se vislumbran, mientras
la Seguridad Social acumula un déficit de 87.238 millones en seis años.
Desplome de los ingresos y aumento del gasto
La brecha ente los dos grandes componentes del
sistema, las cotizaciones en los ingresos y las pensiones y los
subsidios en los gastos, cierran 2017 con una brecha histórica que ya en
noviembre (últimos datos disponibles)
superaba los 25.000 millones de euros: las aportaciones de los
trabajadores no alcanzaban los 100.000 mientras las pensiones (115.600) y
los subsidios (10.000) pasaban de 125.000 a falta de diciembre, mes de
paga doble.
El de 2010 fue el último ejercicio con saldo positivo entre
esos dos factores, con una recaudación de 105.400 millones y un gasto de
105.300. Y las previsiones apuntan a que esa brecha seguirá creciendo.
Hoy hay 2,33 cotizantes por cada pensionista,
pero comienza a llegar la jubilación de los nacidos en el ‘baby-boom’,
entre finales de los años 50 y principios de los 70, y eso hará que el
actual ritmo de aumento de 150.000 retirados por año (550.000 altas por
400.000 bajas) se eleve hasta los 250.000. Los 8,5 mayores de 67 años de 2022 habrán pasado a ser 10,6 una década más tarde y 13,1 en la siguiente, según las Proyecciones de Población del INE (Instituto Nacional de Estadística).
Paralelamente, la creación de empleo precario ha tenido un efecto perverso: trabaja más gente pero hay menos trabajo, y eso hace que la cotización media anual haya caído de 6.146 a 5.902 euros en cinco años,
desde que la reforma laboral entró en vigor en 2012, mientras las
pensiones se revalorizaban unos 2.000. En ese mismo periodo, la pensión
media del Régimen General subía de 1.121 a 1.215 euros y la de los
autónomos, de 649 a 713. Es decir, un descenso del 4% en los pagos
frente a aumentos del 8,3% al 9,8% en los cobros.
Recortes y bonificaciones que merman la recaudación
Medidas como la tarifa plana de los
autónomos, que se aplican con independencia de los ingresos del
beneficiario y que no están generando un aumento de la afiliación en ese
régimen, merman cada año en unos 700 millones de euros la recaudación
de la Seguridad Social, lo que supone casi un tercio de los 1.800
millones anuales en bonificaciones.
Paralelamente, una medida como el recorte de
la cotización de los desempleados, cuya base se redujo en 2012 del 125%
de la prestación al 100%, ha provocado una merma de casi 4.000 millones de euros anuales: los 10.388 de 2011 se habían reducido a 5.509 en noviembre de 2017, ejercicio en el que el presupuesto de esta partida se quedaba en 6.592.
El desplome de los salarios tira a la baja
de esas bases de cotización, de la que carecen casi la mitad de los
desempleados: más de la décima parte (399.300 de los 3,7 millones de parados del país no ha trabajado, mientras al menos uno de cada tres (1,24 millones) ha agotado las prestaciones.
El efecto ilusorio de una medida heredada
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social han mejorado, aunque se trata de una mejora con matices. Los 18,3 millones de afiliados registrados al cierre de 2017 superan en 1,2 millones a los inscritos al finalizar 2011.
Sin embargo, más de un tercio de ese aumento no procede de los
asalariados del sector privado. Alrededor de medio millón de las
incorporaciones corresponden a nuevos funcionarios, que desde 2012 pasan
al Régimen General, lo que ha maquillado los efectos que la
precarización del empleo privado ha tenido en las cotizaciones.
El sector público,
que hoy ocupa a algo más de 2,5 millones de empleados, se perfila como
uno de los que en los próximos años puede tirar al alza tanto del empleo
como de las cotizaciones, ya que más de 130.000 funcionarios alcanzan la edad de jubilación en el próximo lustro
y una cifra similar lo hace en el siguiente. Eso puede llevar al
Gobierno a levantar las actuales restricciones sobre la tasa de
reposición y aumentar las ofertas de empleo, algo que suele tener como
efecto secundario una subida de los salarios en el sector privado.
Una deuda de alto riesgo
El sistema español de Seguridad Social
carece de medidas de apoyo financiero más allá de las aportaciones del
Gobierno vía transferencia de fondos, que el año pasado iban a superar
los 17.000 millones: 16.475 vía transferencia corriente y 737 de
capital.
Sin embargo, la desaparición de la llamada ‘hucha de las pensiones’, que pasó en seis años de guardar 70.341 millones cuya inversión generaba intereses a faltarle 176, ha ido acompañada de un aumento de la deuda hasta los 37.410 millones, 14.223 de ellos en préstamos desvinculados de las emisiones de deuda.
El grueso de esta última partida, un préstamo de 10.193 millones, fue contraído el año pasado. Y a él se le suma otro de 8.621 procedentes de las mutuas vía Fondo de Contingencia.
Ese nivel de endeudamiento requiere cada
año, además de amortizar las pólizas que van venciendo, y que suponen
entre 8.000 y 10.000 millones al año, otros 370 para pagar intereses, ya
que los tipos reales rondan el 1%. Todo apunta a que el inminente
aumento del precio del dinero por el BCE (Banco Central Europeo) tirará
al alza de esa factura, lo que descuadrará un poco más las cuentas de la
Seguridad Social.
MADRID.- La economía española respira de nuevo con la fuerza de un atleta.
España está a un pequeño salto de abandonar la estrecha tutela que ha
mantenido Bruselas desde que las administraciones públicas comenzaron a
sumar números rojos. La nueva bonanza económica trae consigo una
recaudación récord. Las autonomías reciben más recursos que nunca del desvencijado sistema de financiación.
Pese a ello, se quejan de que este modelo es insuficiente y presenta
muchas carencias afloradas en la crisis.
Es el momento de abordar su
reforma. Es un proyecto que enfrenta a muchos, sobrecoge a algunos y
aburre a otros. Pero su importancia es vital para el correcto
funcionamiento de los hospitales, colegios públicos y dependencia en
todo el territorio español, según publica El País.
El sistema de financiación de las comunidades autónomas no es más que
la fórmula por la cual se reparte el dinero obtenido por algunos
impuestos cedidos a estas administraciones (el 50% del IRPF, 50% del IVA
y el 58% de los impuestos especiales) para que puedan prestar los
servicios públicos básicos (sanidad, educación, servicios sociales y
dependencia) y ejercer otras competencias que algunas han asumido (como
la justicia o la policía autonómica, por ejemplo).
El actual sistema de financiación se puso en marcha en 2009 y se tenía
que haber revisado en 2014. El Gobierno de Rajoy lo ha aplazado con
múltiples excusas: la crisis económica, la catalana…
Desde entonces, los
barones autonómicos reclaman al Gobierno central que aborde la reforma.
Lastrados por los recortes que protagonizaron la Gran Recesión y con
las nuevas restricciones legales que les impiden gastar más —la Ley de
Estabilidad aprobada en 2012 consagró la austeridad en las cuentas
públicas—, los presidentes autonómicos claman por un modelo que les aporte más dinero
para mejorar los servicios públicos que prestan o recuperar algunos de
los que tuvieron que suprimir en lo peor de la crisis.
Este año
ingresarán algo más de 105.000 millones de euros de ese sistema, la
mayor cantidad de la historia. Los barones aducen que aún no han
recuperado el nivel de calidad de servicios públicos previo a la crisis
porque, entre otros motivos, el gasto sanitario y la dependencia son
crecientes por el envejecimiento de la población.
16.000 millones de déficit
La recaudación ligada al ladrillo
tampoco se ha recuperado y, seguramente nunca lo hará. Los expertos
convocados por Montoro para la reforma del sistema de financiación
calcularon que la bolsa común necesitaba de unos 16.000 millones
adicionales para que las autonomías pudieran prestar la misma calidad de
servicios que antes de la Gran Recesión. Hacienda recuerda que ese
cálculo fue elaborado con datos de 2015 y que desde entonces los
recursos han engordado en cerca de 20.000 millones de euros.
La competencia entre las comunidades por conseguir un euro más es feroz.
Existen bloques de territorios que defienden determinados criterios que
les benefician: dar más importancia a la población envejecida, hacerlo
con la que está en edad escolar, ponderar mejor la dispersión geográfica
o la insularidad o calcular mejor el coste fijo de los servicios. Abrir
la financiación autonómica es iniciar una batalla política entre 15
enemigos (País Vasco y Navarra tienen su propio sistema).
En realidad,
son 16 rivales porque el Ministerio de Hacienda también libra su propio
combate contra el conjunto de las comunidades.
En este contexto, Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda que más
tiempo ha ocupado esa cartera, quiere impulsar la reforma del sistema de
financiación con una triple propuesta. Por un lado pretende abordar una
reforma tributaria de los impuestos que dependen de las comunidades;
por otro pretende simplificar el actual sistema que es “complejo, opaco y
con problemas de equidad y eficiencia”, en palabras de los expertos que
recibieron el encargo de presentar una propuesta para revisar el
sistema.
Y por último, y quizá el elemento más importante, es que
estudia cómo aligerar la pesada carga de la deuda que acumulan las
comunidades.
Vayamos por partes. Una de las cuestiones que más preocupa a los dirigentes regionales
es la deuda pública de sus administraciones, que les pega un bocado en
sus gastos al tener que pagar intereses y que les obliga a obtener
recursos adicionales para saldar los vencimientos que se van
produciendo.
En 2012 se desató la peor tormenta del último periodo de
crisis. Los mercados financieros cerraron el grifo a las comunidades,
que acumulaban déficits insostenibles. Las autonomías no encontraban
quien les prestase dinero para financiar sus deudas. En ese momento, el
Ejecutivo puso en marcha el plan de pago a proveedores, una línea de
crédito en condiciones ventajosas para que las autonomías pudieran
liquidar las facturas que tenían en los cajones. A este mecanismo le
sucedió el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), otra línea de crédito con
bajos tipos de interés, para que las comunidades hicieran frente a los
vencimientos de la deuda que tenían con los bancos y pagaran otras
facturas pendientes.
Así se entiende el debate
suscitado entre los presidentes regionales que, como el valenciano Ximo
Puig, reclaman una quita de esta deuda. Achacan ese pasivo financiero a
que están peor financiadas que el resto. Por eso, dicen, el Estado
debería compensarles.
Otras autonomías, como Madrid, Galicia o Andalucía, rechazan la
condonación total de la deuda porque aducen que ellas han gestionado
mejor y se han endeudado menos. Con la quita resultarían menos
favorecidas que las más hipotecadas.
Frente a cada argumento en un sentido u otro, existe una réplica. Es
un debate interminable. Por eso, Montoro busca un camino intermedio que
contente a todos: planea una reestructuración de la deuda autonómica,
que permita ampliar los plazos de devolución y reducir, al mismo tiempo,
los intereses para rebajar la carga financiera que tienen que soportar
las autonomías.
La idea es aplazar a unos 50 años la deuda que mantienen
con el Estado. Incluso se plantean un periodo de carencia para que en
los próximos años las autonomías no tengan que amortizar esos
compromisos. Sería una deuda casi perpetua.
Según explican fuentes gubernamentales, Cataluña tiene que hacer
frente a unos vencimientos de unos 5.400 millones de euros este año. Si
se retrasan esas letras, se dejaría un espacio presupuestario para que
las comunidades puedan aprovechar para aumentar su gasto social o las
inversiones, precisan en el ministerio.
La cuestión es cómo hacerlo sin
“agravios”. No es lo mismo cambiar las condiciones de los 70.909
millones que debe Cataluña o los 53.756 que tiene comprometidos con el
Estado la Comunidad Valenciana que los 4.728 que suma Madrid. Pero eso,
dicen en las oficinas del ministerio ubicado en la calle de Alcalá, se
resolverá tras una negociación política. No obstante, aclaran que habrá
que determinar qué parte de ese pasivo financiero corresponde con una
infrafinanciación real y cuál con despilfarro o mala gestión. Porque hay
de todo.
“Es el momento de debatir sobre qué debemos hacer con las deudas
acumuladas. Eso es lo que toca repensar”, aseguró el ministro esta
semana en el Congreso. De esta forma, el Ejecutivo central soluciona dos
problemas.
Por un lado alivia la deuda autonómica y satisface las
reclamaciones de comunidades como la Valenciana o Cataluña, que son las
que más deben. Y por otro, presenta este elemento como un cebo o
compensación para concitar el mayor consenso en torno al nuevo sistema
de financiación. Cada vez que se ha reformado un nuevo modelo, los
sucesivos gobiernos han tenido que poner dinero sobre la mesa para
contentar a todas las autonomías.
En esta ocasión, el Ejecutivo no
dispone de nuevos recursos que ofrecer, más allá del alza de recaudación
que proporciona el crecimiento económico. Así que para invitar a las
autonomías a sumarse al nuevo acuerdo de financiación les ofrece
reestructurar su deuda.
Además, explican fuentes gubernamentales, aunque el Ejecutivo pusiera
más dinero, las comunidades no podrían gastarlo porque la regla de
gasto –uno de los corsés de la Ley de Estabilidad, que limita el aumento
del gasto público— se lo impediría y les obligaría a amortizar deuda. Y
como la mayor parte de esa deuda es con el Estado, en realidad el
Gobierno estaría poniendo dinero en las comunidades para que volviera a
él.
Por eso Montoro ha lanzado esta reflexión esta semana: “No tiene
sentido que cuando hablamos de nuevos recursos para las comunidades en
Educación, Sanidad o protección social lo que planteemos en paralelo es
que el Estado se financie con intereses por la deuda contraídas con el
mismo Estado. O hacemos una cosa o hacemos la otra pero las dos, no”.
Otro de los aspectos del sistema de financiación tiene que ver con la
estructura del modelo en sí. El actual sistema es complejo, poco
transparente y poco equitativo. Cuenta con cinco fondos que lo hacen aún
más inaccesible. Uno garantiza la financiación de los servicios
esenciales (sanidad, educación y servicios sociales). Este fondo está
dotado con el 75% de los recursos del sistema.
Funciona bastante bien y
reparte de forma equitativa los recursos en función de las necesidades
de gasto, que vienen determinadas por la población ajustada: la
población total corregida con unos indicadores para tener en cuenta el
peso de los niños en edad escolar, los mayores, la dispersión geográfica
o la superficie de cada territorio, que influyen de forma decisiva en
el gasto público.
“Es muy importante que el sistema de financiación
garantice en todas las comunidades un mismo nivel de servicios públicos,
sobre todo teniendo en cuenta que sigue habiendo una gran distancia en
el nivel de riqueza de nuestras comunidades”, dijo Montoro en el
Congreso.
Una de las críticas que los expertos convocados por Hacienda y las
comunidades para que esbozaran el proyecto para reformar el sistema es
que existen grandes diferencias en financiación entre las comunidades.
Existen casi 30 puntos de distancia entre el índice de financiación por
habitante de la Comunidad Valenciana, la peor financiada, y Cantabria,
la mejor tratada por el sistema.
La mayor parte de esas diferencias
provienen de los fondos complementarios del sistema, el de suficiencia
–para financiar las competencias no homogéneas—; el de cooperación –que
favorece a las más pobres—; y el fondo de competitividad –favorable a
las más ricas, como Cataluña—. Pocos entienden cómo funcionan y cómo se
distribuyen. La mayoría de expertos admiten que estos son los fondos de
cierre del sistema: los instrumentos con los que los sucesivos Gobiernos
han introducido los acuerdos políticos alcanzados con las comunidades
para que aceptaran cada uno de los nuevos sistemas.
También está el
fondo de compensación interterritorial, que trata de cerrar la brecha en
nivel de renta entre las autonomías más pobres y las más prósperas, que
se nutre del Estado central y es marginal al sistema.
El plan de Montoro es simplificar este modelo creando un gran fondo
de garantía de servicios públicos, similar al que existe ahora pero que
financie también la dependencia. Y refundir el resto de fondos en uno
solo. Además, pretende impulsar un fondo de convergencia para reducir la
brecha en renta entre las regiones pobres y las más prósperas, una
diferencia que se ha mantenido igual en los últimos 50 años, explican
fuentes gubernamentales.
La idea es que se pueda reducir la distancia
con más apoyo para los territorios que están menos desarrollados. A
Montoro le inquietan los agravios que surgen durante los debates de
financiación cuando los territorios ricos acusan a los menos avanzados
de subvencionarlos. Por eso, defiende la creación de un fondo financiado
por personas, es decir por el Estado central, no por territorios.
La tercera propuesta de Montoro para reformar el sistema consiste en
una reforma tributaria de los impuestos autonómicos. En este tercer
brazo se incluiría una armonización de los tributos, como el de
sucesiones y donaciones o el de actos jurídicos documentados.
Actualmente existe una gran diferencia entre lo que se paga entre
territorios. Madrid, gobernada por el PP que ha hecho bandera de la
bajada de impuestos, es la que mantiene los más bajos. Por eso, es
acusada de competencia desleal por parte de otras autonomías entre las
que están Andalucía, con impuestos más elevados. El Gobierno pretende
establecer unos límites por debajo de los cuales no se podrían bajar
esos impuestos pero tampoco subirlos. De esta forma daría cierta
uniformidad.
Impuestos verdes
En el mismo ámbito, Montoro pretende abordar la imposición
medioambiental. Aduce que existen multitud de impuestos verdes en las
comunidades, desde la depuración de aguas, a las bolsas de basura, o
diferentes tasas por tipos de contaminación. Su plan consiste en
armonizar estas figuras tributarias para que no exista una maraña de
impuestos en cada territorio con una regulación diferente en cada caso.
El ministro se muestra remiso a crear nuevos impuestos o subir más los
existentes, por eso se muestra reacio a aumentar más los gravámenes
sobre el diésel, como reclaman los organismos internacionales. Tampoco
es favorable, en principio, a que las comunidades puedan subir el IVA de
forma colegiada, como han propuesto los expertos para la reforma de la
financiación.
En definitiva, el sistema ideado por Montoro se basa en los ejes
fundamentales del informe elaborado por los expertos. Trata de
garantizar la mayor igualdad en la financiación de los servicios
esenciales. Aumenta la responsabilidad fiscal de las autonomías para que
financien con sus excedentes los servicios complementarios.
Y plantea
un fondo externo al sistema para reducir la brecha de riqueza entre los
territorios. “Buscamos un sistema de financiación estable, que se
fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad,
transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los
ciudadanos a los servicios públicos que prestan las comunidades”.
De
esta forma resumió Montoro su plan. Ahora solo hace falta que la
negociación política no convierta el documento en un nuevo Frankenstein,
como muchos de los expertos denominan al sistema actual.
MADRID.- El debate en torno a la proliferación de macrogranjas
porcinas en varias comunidades autónomas españolas arrecia en
Castilla-La Mancha. Frente a la escalada de autorizaciones de
macrogranjas, sobre todo de cerdos, ha surgido una creciente protesta
vecinal a través de plataformas locales que han terminado ‘cuajando’ en un grupo que aspira a ser regional: la Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos.
Esta plataforma surgió en Cuenca, ‘territorio’ de una de las grandes
empresas del porcino de esta región. Industrias Cárnicas Loriente
Piqueras S.A (Incarlopsa), asentada en el municipio conquense de
Tarancón, es bien conocida en la región pero se ha extendido también a
Castilla y León, en concreto a Soria, donde está la sede de su empresa
integradora, Icpor Soria.
Incarlopsa inauguró en junio de 2017 las nuevas instalaciones de su
matadero de porcino en Tarancón. 16.520 metros cuadrados, 40 millones
de euros de inversión y 500 nuevos empleos (ya trabajan en el antiguo
matadero unas 2.100 personas) son las grandes cifras de un proyecto que
apoya la Junta castellano-manchega
El presidente regional Emiliano
García-Page acudió al acto de inauguración de las nuevas instalaciones
para resaltar la trayectoria y el “patriotismo local” de esta empresa.
para conseguir, según la empresa “sacrificar en dos turnos a pleno
rendimiento, entre 10.500 y 11.000 cerdos al día”.
Algo que esperan
poder hacer en un plazo máximo de cinco años.
Pero, ¿cómo conseguir abastecer al matadero con esa
cantidad de animales? Incarlopsa (o Icpor en este caso) ha diseñado una
estrategia global para ese periodo que pasa por abrir una fábrica
central de piensos en Montalbo (Cuenca) y establecer en un radio de 180
kilómetros una serie (no especificada) de macrogranjas de crianza y
producción de cerdos. Eso implica que su proyecto incluye a las cinco
provincias de la región, pero en particular a Cuenca.
Hoy esas cifras se matizan. Julián Redondo, gerente de Icpor Soria,
paraguas para varias empresas incluyendo Incarlopsa, explica que en la
actualidad producen medio millón de cerdos al año en Castilla-León
(Soria principalmente) a los que se sumaran 600.000 cerdos al año que
esperan llegar a producir en Castilla-La Mancha.
El ‘efecto Salvados’
El pasado fin de semana, la intención de Incarlopsa de abrir una explotación en Almendros (Cuenca) desató la tensión, con episodios de vandalismo incluidos,
entre vecinos a favor y en contra de una macrogranja que incluye una
incineradora. Y como viene ocurriendo en otros municipios de la región,
se ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra el proyecto, que
también tiene partidarios.
El modelo previsto para este municipio es
idéntico al que la empresa posee desde hace dos años en Cubo de La
Solana (Soria). Y eso solo un ejemplo. Esta semana, el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha publicaba una nueva autorización para otro proyecto en Quero (Toledo).
La ‘alarma’ entre la población castellano-manchega por la creciente
proliferación de proyectos con miles de cerdos (no solo auspiciados por
Incarlopsa) surgió mucho antes de que se emitiese en ‘Salvados’ de La Sexta, que dirige Jordi Évole,
un programa dedicado a estas explotaciones ganaderas.
Pero el programa
ha reavivado la polémica y, también, la preocupación entre grandes
empresas cárnicas como Incarlopsa, que le han visto las orejas al lobo,
tras la denuncia mediática centrada en El Pozo, que ya ha tenido consecuencias, y da su versión para achacarlos a la “desinformación”, asegura el presidente de Incarlopsa a eldiarioclm.es, Emilio Loriente.
La empresa conquense asegura que no se instalará allí
donde no se la quiera pero lo cierto es que sus proyectos están
prosperando, poco a poco, a pesar de las alegaciones, desarrollo de
ordenanzas municipales que no llegan a tiempo o recursos ante la
Consejería de Medio Ambiente (un total de siete ya para 33 macrogranjas
previstas solo en la provincia de Cuenca en Pozorrubielos, Villarta,
Priego, Torrejoncillo, Cañete y preparan otros para Almendros y
Belinchón).
Todos ellos a iniciativa de la Plataforma Stop Macrogranjas
Pueblos Vivos.
La cárnica rechaza, frente a la
preocupación vecinal, que el caso castellano-manchego pueda compararse
con otras experiencias como las de Catalunya, Aragón o Murcia (donde
opera El Pozo).
Julián Redondo sostiene que la densidad de animales en
un radio de 180 kilómetros a la redonda en torno a Montalbo (Cuenca),
donde se ubicará la fábrica de piensos, es muy inferior porque nunca
habría 600.000 cerdos al mismo tiempo. Las granjas, dice, realizan 2,4
rotaciones al año y por eso, insiste, el tope de cerdos a la vez
concentrados en esta zona sería de 250.000, repartidos entre las
provincias de Albacete, Ciudad Real, Toledo y Cuenca. Aunque no
descartan proyectos también en Guadalajara.
El
destino de esta intensiva producción de porcino será no solo Mercadona,
uno de los “aliados” de la empresa, sino el mercado internacional, de
forma creciente en los próximos años: Corea del Sur, Japón, Filipinas o
la Unión Europea y esperan llegar a China.
“Ponerse en contra de las cosas por ponerse, no lo entiendo” dice
Loriente, porque sus granjas “se están montando con todos los requisitos
sanitarios y respetando el medio ambiente para no dar ningún problema”.
Sostiene que “es beneficioso para todo el mundo. ¿Acaso no comemos
jamón, tocino, panceta…¿Y de dónde sale todo eso?”
El bienestar animal, purines que “no huelen” y ningún “impacto” en el turismo
“Las ganaderías hoy en día más tecnificadas son el porcino y la
avicultura. Si quieres conseguir una alta producción tienen que estar en
las mejores condiciones de bienestar animal”, señala Julián Redondo,
frente a las críticas –y a las imágenes de animales enfermos o con
malformaciones”.
“Si las granjas fueran como lo que aparece en el
programa de La Sexta ¿dónde estaría el beneficio?” e “invitan” a visitar
sus instalaciones.
Sobre el sistema de recogida de purines y los malos
olores apelan a la “tecnología”. Emilio Loriente sostiene que “las
granjas que se montan ahora no huelen”. Ni en las balsas ni en su
posterior aplicación como abono. “El purín se reparte por la noche y una
vez que cae en la tierra no huele a nada. Es beneficioso para las
tierras. Y el que extiende el purín lleva un GPS para saber de dónde
viene el viento para que no le llegue el olor al pueblo”. ¿Y los
nitratos? “Lo que está orinando un cerdo es lo mismo que cualquiera en
sus casa”, responde.
“En mi pueblo, en Tarancón,
montaremos dos o tres granjas ¿Usted cree que yo quiero que huela mal?
Es que estamos en contra de todo”, lamenta Loriente, para explicar que
en cuanto al agua “se consume lo mínimo posible, porque el agua cuesta
mucho dinero y siempre buscamos sitios donde no haya problemas”.
También desmienten que se busquen lugares deshabitados para evitar el
rechazo de la población. “¿Tarancón es un pueblo deshabitado? No, y
vamos a montar dos o tres granjas. Nosotros vamos a sitios donde nos
buscan, no al revés. Ofrecemos un negocio y una rentabilidad. Es un bien
rural para todo el mundo”, asegura el presidente de Incarlopsa. Una
empresa que tampoco ve ningún problema a las posibilidades del turismo.
“No hay impacto, todos los proyectos están estudiados”.
Responden a las críticas de sus detractores sobre la escasa generación
de empleo frente al alto coste ambiental que denuncian. “No es lógico
que una granja de 2.000 cerdos tenga a diez personas cuando una persona
lo puede llevar. Lo que hay que mirar es el proyecto global y estamos
hablando de 300 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha”.
“¿Antibióticos en los animales sacrificados?: Cero”
Julián Redondo, veterinario de profesión, responde también a las dudas
en torno a la presencia de medicamentos en los productos derivados del
cerdo. Redondo es tajante: “No, porque todo animal, antes de ser
sacrificado, se somete a un periodo de supresión. Le puedo asegurar que
no hay ni un solo ganadero que se lo salte porque Sanidad hace tomas
constantes de muestras buscando antibióticos. El ganadero que dé
positivo, está cometiendo un delito por el que irá a la cárcel
directamente”.
Y, por su parte, Emilio Loriente
contrapone los beneficios, a su juicio, de la ganadería intensiva frente
a la extensiva de la que dice “está muy bien vista pero es una
guarrería. Está mucho más controlada la ganadería intensiva. Hemos hecho
pruebas de todo tipo.
Y del cerdo, lo bueno es lo que come. Si le das
un buen pienso hay control y está mejor que en el campo comiendo lo que
se pueda: una rata, un pájaro…”. Los piensos que, asegura, proporcionan a
sus animales se basan en “cereales en un 70%: maíz, soja, cebada…y
luego, proteínas, grasa vegetal y luego otras cosas como guisantes,
judías verdes…” cuyos proveedores son los agricultores de la zona.
Ni una sola pega. Y por si queda alguna duda hablan también de las
incineradoras que sirven para eliminar a los animales que mueren en
estas explotaciones ganaderas. Como la que tendrá la de Almendros.
“El
horno incinerador es el sistema más seguro y limpio de destrucción de
cadáveres dentro de una granja”, sostiene Redondo, frente al vigente
sistema de un camión que recoge animales muertos de varias granjas para
“destruirlos” en otro lugar. “Es una forma de evitar que nos lleguen
enfermedades de otros sitios”, dice.
Icpor niega que
exista una alta mortandad de animales y que esa sea la razón de montar
una incineradora. “¿Qué piensan, que vamos a incinerar a millones de
cerdos? Lo que nos interesa es que estén sanos para que sean rentables”,
dice Loriente quien asegura que en una granja de 2.700 animales la
mortalidad no supera el 0,03% al año.
“El horno
incinerador no se amortiza por los kilos de animales incinerados sino
con la seguridad sanitaria que supone para la granja si evito que venga
un camión”, añade Julián Redondo quien sentencia: “Y si el problema es
el horno incinerador, lo quitamos, pero insisto, es el sistema más
seguro”.
Reconocen que la presión mediática y vecinal
les hace replantearse la inversión y amenazan con llevarse la industria
y los empleos a otra región. “En Soria estarían encantados”, dice
Redondo. “Si la agricultura en nuestra región va como va, de turismo
poquito, de industrias pichí pichá y ahora ganadería tampoco…No sé de
qué vamos a vivir en Castilla-La Mancha. ¿Del aire, del sol o de qué?”. Y
advierte que si han de llevarse la industria a Castilla y León o Murcia
por falta de abastecimiento de porcino desde granjas cercanas, lo
harán.
MADRID.- La guerra que ahora mismo libran PP y Ciudadanos por la hegemonía electoral del centro derecha tiene muchos frentes activos.
Hay una nueva batalla que está a punto de librarse que es especialmente
polémica en determinados territorios. La sequía que afecta a España ha
reabierto el debate secular sobre la gestión del agua.
Albert Rivera pidió a principios de año una reunión de la Mesa del Agua para abordar una solución duradera a los problemas cíclicos de sequía
que tiene España. Según ha podido saber El Español, Ciudadanos ultima
una propuesta que prevé la construcción de nuevos embalses y abre la
puerta a recuperar los trasvases. El partido naranja no plantea un
macroproyecto de trasvase del Ebro como el de José María Aznar, pero no renuncia a que los excedentes de agua sean trasvasados a las cuencas más secas.
El agua promete entrar en la campaña para las elecciones autonómicas y municipales de mayo del 2019 si persiste la sequía. De hecho, ya ha comenzado, pues en su última aparición pública, en la Convención Nacional de Pymes y Autónomos en Alicante, Mariano Rajoy ha desafiado a la formación naranja a conseguir un pacto nacional del agua: "A ver si son capaces de construirlo"
Los embalses están actualmente al 42% de su capacidad,
pero cuencas como la del Segura -en Murcia- apenas almacena un 16%; la
del Júcar -en Valencia- un 26%; y la del Guadalquivir -Andalucía- un
32%. Moncloa sabe que es un asunto delicado. En el pasado ha enfrentado a
gobiernos del PP en comunidades como Aragón, Valencia y Murcia. El agua fue uno de los temas que el presidente Mariano Rajoy abordó con sus barones en la reunión de hace una semana en la calle Génova.
Microembalses como en Israel
El secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha explicado a El Español las tres líneas de acción que su partido va a proponer en la búsqueda de un pacto nacional. Ciudadanos quiere construir microembalses
en zonas delimitadas por técnicos en cada una de las cuencas
hidrográficas de España para aumentar su capacidad embalsadora.
Este
sistema imita el modelo de Israel, que utiliza microembalses para
almacenar la poca lluvia que cae en Oriente Próximo. La formación
naranja propone además una modernización de las técnicas de depuración,
por un lado, y de los regadíos, por otro, que mejore el aprovechamiento
del agua. El objetivo, dice Villegas, es tratar este bien como lo que
es, "un bien escaso".
"Es un problema histórico que se está agudizando, porque ya no nos quedan casi cuencas excedentes",
dice Villegas. "Nosotros creemos que todos deberíamos estar de acuerdo
en esas tres líneas de actuación que nos permitirían, por un lado, tener
menos necesidades de agua en los regadíos porque lo utilizamos mejor y,
por otro, tener más agua disponible porque somos capaces de almacenar más agua y tratarla mejor para adaptarla a los usos que necesitamos".
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo de los hogares en España es de 132 litros por habitante y día. El volumen de agua de riego utilizado por las explotaciones agrarias ascende a 14.945 hectómetros cúbicos al año.
El problema, según el INE, es que sólo el 1,8%
de esa agua de regadío procede de recursos hídricos como las
desaladoras o el agua regenerada. El 76% es agua en superficie, es decir
pantanos. Estas cifras sitúan a España como el quinto país de la OCDE que más agua consume per cápita, muy por delante de la media europea y de países húmedos como Francia, Bélgica o Alemania.
Ciudadanos busca aplicar más investigación y desarrollo
al reaprovechamiento del agua. Pero no sólo ahí. El partido recupera la
palabra "trasvase", fuente inagotable de conflictos entre comunidades.
Lo que dice Villegas es que si los nuevos microembalses y las técnicas
aplicadas crean excedentes de agua, esos excedentes pueden trasvasarse. El número dos de Ciudadanos no ha precisado el número de nuevos embalses ni su localización. El partido tampoco ha concretado qué trasvases podrían realizarse. De momento asegura que su plan no es reactivar el viejo trasvase del Ebro.
"Si mejoramos las infraestructuras de almacenamiento
y somos capaces de que efectivamente vuelva a haber excedentes reales
de agua yo creo que a nadie le sabría mal que pudiera trasvasarse agua
de unas cuencas a otras", dice Villegas. "Lo que no se puede es enfrentar a los territorios
con reclamos genéricos de trasvase sí, trasvase no. Es un maniqueísmo
que ahora mismo no tiene sentido porque no tenemos excedentes".
Trasvase o desaladoras
En España hay en funcionamiento 16 trasvases
que principalmente garantizan el abastecimiento de la población y
aseguran el suministro de agua al sistema agroalimentario. El más
conocido es el Tajo-Segura, pero hay otros que implican
un menor caudal y benefician a una porción pequeña del territorio. En
los últimos 20 años, se han intentado dos fórmulas para abordar la
cuestión de la sequía perenne de forma global. Ninguna ha funcionado.
El Plan Hidrológico Nacional fue el proyecto del
Gobierno Aznar. La medida estrella era un trasvase de agua desde la
cuenca del Ebro en Aragón a Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante,
Murcia y Almería. El ex presidente del PP llegó a poner la primera
piedra de esta infraestructura faraónica en la provincia de Almería.
El trasvase provocó una agria polémica que enfrentó fundamentalmente a Aragón y Cataluña con las comunidades del Levante. Sin embargo, la victoria del PSOE en 2004 frenó el proyecto. José Luis Rodríguez Zapatero
derogó el trasvase y lo sustituyó por el llamado plan AGUA, una
inversión de 4.000 millones de euros en la construcción de 15
desaladoras en el Mediterráneo.
Las desaladoras tampoco han acabado con
el desabastecimiento. El sobrecoste de este proyecto se ha calculado en un 128% más de los presupuestado inicialmente. Muchas de estas desaladoras ni siquiera funcionan a pleno rendimiento.
"Hay que afrontar este problema sin sectarismos, porque al final parece que los rojos son los de las desaladoras y los azules los del trasvase. Nosotros
planteamos esas tres líneas de actuación y después necesitaremos un mix
de soluciones que se puedan ir utilizando", asegura Villegas.
"Las
desaladoras seguramente tendrán que estar, tendrá que haber algunos
trasvases si efectivamente hay un excedente real... Pero el trasvase
como gran titular o solución al problema del agua en España creemos que
hoy en día está claro que no es la solución ni es eficiente", añade.
El PP pide consenso
El PP no oculta su preocupación por la presión que Ciudadanos puede ejercer políticamente en año preelectoral. Fuentes populares recuerdan que el problema del agua no es monopolio de Rivera. "En 2017 hubo 125 reuniones sobre este tema con entidades, sectores, comunidades autónomas, afectados, y partidos políticos", dicen.
El Congreso tumbó la semana pasada una propuesta de Ciudadanos
que pedía la reunión de la Mesa del Agua. El Gobierno quiere llevar la
iniciativa en la negociación y mantiene su oferta de mano tendida a
todas las formaciones, incluida Ciudadanos. ¿Soluciones concretas? No hay propuestas encima de la mesa.
El PP, al menos oficialmente, ha dado por
zanjado el trasvase del Ebro ideado por Aznar. El PP de Aragón, que
sufrió las consecuencias de la impopularidad del proyecto en esta
comunidad durante varios años, asegura que el trasvase "está olvidado".
Pero las direcciones regionales del PP en Valencia y sobre todo en
Murcia no terminan de darlo por enterrado. Creen que es la única manera
de aportar una solución definitiva.
Génova recuerda que cualquier acuerdo,
incluido un hipotético trasvase o varios, deberá pasar por el Congreso
de los Diputados. "El PP gobierna en minoría, así que necesitará el apoyo y el consenso de otros partidos",
recuerdan estas fuentes. El anterior trasvase se aprobó en la segunda
legislatura de Aznar, cuando el PP tenía mayoría absoluta.
MADRID.- El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro,
presidió ayer mañana en la catedral de La Almudena la ordenación de sus
tres obispos auxiliares, los presbíteros José Cobo Cano, Santos Montoya
Torres y Jesús Vidal Chamorro. La ceremonia se celebró en loor de
multitudes, concelebrada por decenas de obispos, entre ellos los cinco
cardenales con sede en España.
Ocuparon lugar destacado varios líderes
de iglesias cristianas no católicas. “Gracias al Santo Padre, el papa Francisco,
que me ha regalado estos tres nuevos obispos auxiliares para dar
noticia de Jesucristo multiplicando la presencia del pastor en medio de
su pueblo. Nuestro tiempo es para la comunidad”, dijo el pontífice
madrileño en su homilía, recogida por El País.
El gozo de Osoro, que esperaba este momento con indisimulada ansiedad
desde que tomó el mando en agosto de 2014, refleja un estado de ánimo
largamente aplazado. “Se completa la revolución en Madrid”, se dijo
cuando Francisco anunció la pasada Navidad el nombre de los elegidos.
Intentaba poner fin a la Iglesia del no, bronca, opuesta a reformas que
la sociedad ha asumido sobradamente, poco amiga de dialogar o entenderse
con la sociedad civil y laica. Además, en un episcopado envejecido (con
una media de edad por encima de los 67 años y decenas de altos prelados
que ya han superado los 75), los nuevos obispos rondan los 50 años, y
uno ni siquiera los ha cumplido.
Cobo Cano nació en Sabiote (Jaén) en
1965; Montoya Torres, en 1966 en la Solana (Ciudad Real), y Vidal
Chamorro, en 1974 en Madrid.
Hay otro perfil novedoso entre los designados. Los tres son de
vocación tardía, como el propio cardenal Osoro, que incluso tuvo novia
antes de entrar en la Universidad Pontificia de Salamanca para hacerse
cura. Los nuevos obispos estudiaron carreras civiles antes de hacerse
sacerdotes. Cobo es licenciado en Derecho Civil, Montoya es químico y
Vidal, que con 43 de edad es con mucho el obispo más joven de España, se
licenció en Ciencias Económicas y Empresariales.
Los nombramientos cierran, por tanto, la etapa del cardenal Antonio María Rouco,
que fue arzobispo de Madrid 23 años, además de indiscutible líder del
episcopado español durante una década. Del pontificado de Rouco solo
quedaba al mando en Madrid, y muy marginado, quien fue su mano derecha
en la Conferencia Episcopal, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, desde esta mañana “clérigo acéfalo o vago” según la terminología canónica.
El Vaticano
se esfuerza en fijar su estructura jerárquica y ordena con rigor las
funciones de cada clérigo. Lo hace mediante un largo Código de Derecho
Canónigo (1752 cánones o artículos, diez veces más que la Constitución
Española), incluso para aquellos eclesiásticos a quienes denomina
“acéfalos o vagos”. Pero hay circunstancias que se escapan al
legislador. Según expertos canonistas, es el caso de Martínez Camino,
portavoz y secretario general durante una década (de 2003 a 2013) de la Conferencia Episcopal, y obispo auxiliar de Rouco desde 2007.
Ni siquiera la ordenación episcopal de Camino fue pacífica. Rouco lo
promovió al episcopado despreciando la regla ignaciana que prohíbe a los
miembros de la Compañía de Jesús aceptar cargos salvo en tierra de
misiones. El nombramiento se fraguó pese a esa negativa, muy insistente y
reiterada. Finalmente, el entonces portavoz se convirtió en el primer
jesuita en ocupar una sede episcopal en España.
La jubilación de Rouco a los 78 años y la inmediata llegada a Madrid
del cántabro Osoro (Castañeda. Cantabria. 1945), con el encargo de
Francisco de variar el rumbo ultraconservador en la principal
archidiócesis española, dejó fuera de juego al equipo episcopal
anterior, compuesto de tres prelados auxiliares.
A dos de ellos, Roma
los buscó pronto salida con ascenso, a Fidel Herráez como arzobispo de
Burgos, y en la diócesis de Segovia a César Franco. Martínez Camino
(Marcenado, Asturias. 1953), se quedó atrapado en Madrid, sin apenas
relación con Osoro, de muy distinto talante.
Por motivos difícilmente explicables, el Vaticano no le ha encontrado
en estos tres años un destino apropiado, unas veces porque algunas
diócesis lo rechazaron más o menos veladamente; otras, por reticencias
del Gobierno de Mariano Rajoy, que tiene derecho a poner objeciones a
cualquier nombramiento episcopal por concesión concordataria de uno de
los llamados Acuerdos firmados entre el Estado vaticano y España
(uno de 1976, tres en 1979), y también porque ni el PP ni el Rey veían
al combativo y bronco exportavoz como posible vicario general castrense
con rango de arzobispo y general de División.
En este caso, el
nombramiento es competencia del Rey, que lo firma escogiendo sobre una
terna negociada entre la Nunciatura (embajada) del Papa en Madrid y el
ministerio de Asuntos Exteriores.
La diputada Celia Villalobos, que preside la comisión del Pacto de
Toledo, donde los grupos parlamentarios debaten la reforma del sistema,
recomendó a los jóvenes meter en la hucha «dos eurillos al mes» para
cuando se retiren. ¿Por qué apenas ahorran las familias españolas? En
parte por falta de costumbre, pero también por la menor capacidad para
hacerlo al no mejorar los salarios.
De la renta disponible que
les queda tras pagar sus impuestos, los hogares españoles solo guardan
el 6,1%, lo que supone el nivel más bajo desde principios de 2008 y la
mitad que la media de la Eurozona (12,01%), según datos del INE y
Eurostat. La tasa de ahorro de las familias alemanas supera el 17%, la de las francesas roza el 14% y la de las italianas rebasa del 10%.
Una
de las dos causas de esa raquítica tasa de ahorro es, según admite en
su último informe anual la Asociación de Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), que agrupa a las gestoras y
pide fomentar el ahorro privado para la jubilación, «la dificultad de
ahorrar por parte de las familias en un entorno de estancamiento de las
subidas salariales». La otra es que ante las mejores expectativas
económicas y de empleo, los españoles están consumiendo más.
Mientras
el consumo de los hogares está creciendo a un ritmo anual del 2%, la
remuneración media por asalariado está prácticamente estancada (+0,1%),
según cifras de la oficina de estadística del tercer trimestre de 2017.
De hecho, el gasto privado de las familias se estaba ralentizando el año
pasado respecto a 2016, lo que según los analistas podría ser ya un
síntoma de esa congelación salarial,
y apuntan a que la sostenibilidad del crecimiento económico del país
pasa en buena parte por una mejora de las retribuciones de los
empleados.
Más de 3 millones de asalariados, el 20% del total,
ganan menos de 1.002,8 euros brutos al mes, según datos del INE. El 30%
(4,58 millones de asalariados), ingresan menos de 1.229,3. Más de 6
millones de trabajadores, el 40%, obtiene entre 1.229,3 y 2.137,5 euros
brutos cada mes y el tercio restante más de 2.137,5 euros.
La
industria del ahorro privado no cree que la diferencia de ahorro entre
ciudadanos españoles y los de otros países como Holanda, donde se ahorra
unas ocho veces más, se explique por una brecha salarial de ocho veces.
Efectivamente, según la Oficina de Análisis Económico holandesa el
salario medio de sus ciudadanos fue en 2016 de 2.816 euros brutos al
mes, la mitad más que en España (1.878 euros).
Patrimonio en ladrillo
De
los españoles se suele decir que no es que ahorren poco, es que ahorran
mal. Según datos del Banco de España , acumulan una riqueza neta media
de 250.000 euros, pero el 73,5% en inmuebles y solo el resto en activos
financieros. De hecho, el patrimonio acumulado por en planes de
pensiones en España suma algo más de 111.000 millones, apenas el 10% del
PIB del país, una de las ratios más bajas de todos los países de la
OCDE, por debajo de la media (85,3%) y muy lejos de países referencia en
ahorro financiero como Holanda (181,8%) y Reino Unido (95,3%).
Como fuere, los ciudadanos admiten
que si no ahorran lo suficiente para la jubilación es debido,
principalmente, a los bajos sueldos. El 73% de los consultados
en una encuesta del Instituto BBVA de Pensiones responde que los
salarios deberían mejorar para que la gente se anime a ahorrar de cara a
su retiro, y el 40% que las empresas lo deberían favorecer con
planes de pensiones de empleo. «Solo» el 35% pide incentivos fiscales. A
día de hoy, según esa encuesta, únicamente el 28% de los españoles de
entre 18 y 65 años ahorran para su jubilación.
Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
Cese: 3 de marzo 2017
↓
Autorización: 4 de diciembre de 2017
↓
Global Training Aviation no recibió contratos del Ministerio de Defensa. Está participada por la tecnológica Indra
Eduardo Gil Rosella
Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
Cese: 1 de diciembre 2017
↓
Autorización: 11 de enero de 2018
↓
El Grupo Oesía recibió 23,7 millones de euros en contratos del Ministerio de Defensa mientras fue alto cargo
Eugenio Ferrer Pérez
Jefe del Mando Aéreo de Combate
Cese: 12 de mayo 2017
↓
Autorización: 4 de diciembre de 2017
↓
El grupo Indra recibió 680 millones de euros en contratos del Ministerio de Defensa mientras fue alto cargo
MADRID.- De la cúpula del Ministerio de Defensa a trabajar una
empresa de armas: un camino profesional que se repite con bastante
frecuencia en el ejército español. La Oficina de Conflicto de Intereses,
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas,
autorizó a tres generales de la cúpula del Ejército del Aire a trabajar
para empresas de armas entre diciembre de 2017 y enero de este año, según datos publicados en el Portal de Transparencia y que recoge eldiario.es.
Javier García Arnaiz, ex Jefe del Estado Mayor (JEMA) del Ejército del
Aire, fue autorizado a trabajar para la compañía Global Training
Aviation, Eduardo Gil Rosella, ex segundo del JEMA, recibió el permiso
para incorporarse al Grupo Oesía y Eugenio Ferrer Pérez, Jefe del Mando
Aéreo de Combate, para realizar actividades privadas con la tecnológica
Indra.
Fuentes de las empresas afectadas han confirmado a
eldiario.es que los tres ex generales del Ministerio de Defensa se han
incorporado como asesores externos o consejeros dentro de las compañías.
La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2015 establece
que estos últimos "no podrán prestar servicios en entidades privadas
que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan
participado" durante los dos años siguiente a su cese como responsable
público.
La Oficina de Conflicto de Intereses no halló
incompatibilidad en ninguno de los tres casos por trabajar para una
empresa dedicada a la producción de armamento o la industria de defensa
justo después de haber desempeñado un puesto de alta responsabilidad en
el Ministerio.
Dos de esas tres compañías (Indra y
Grupo Oesía) recibieron, al menos, 695 millones de euros en 463
adjudicaciones del Ministerio de Defensa durante el periodo en el que
desempeñaron sus funciones como altos cargos del Ministerio, según datos
de la Plataforma de Contratación del Estado y el BOE recopilados por
eldiario.es.
Global Training Aviation, con sede en
Madrid y especializada en la formación de pilotos de aviación, no ha
recibido contratos públicos del Gobierno durante ese periodo. No
obstante, la compañía está participada en un 35% por la tecnológica Indra, habitual contratista del Ministerio de Defensa.
De los 695 millones de euros, 640 fueron adjudicados por el
procedimiento más opaco posible: negociado sin publicidad. Esta fórmula
permite al Gobierno realizar adjudicaciones sin concurso público y
negociando directamente con las empresas.
Eugenio Ferrer, ex jefe del Mando Aéreo de Combate, recibió el 4 de
diciembre el permiso para trabajar para la multinacional Indra. Fuentes
de la compañía han confirmado a eldiario.es que Eugenio Ferrer colabora
como "asesor externo" y su incorporación se debe a su "alto conocimiento
y experiencia en aspectos técnicos, tecnológicos y de mercado".
Indra, con una facturación anual cercana a los 3.000 millones de euros,
es la principal empresa tecnológica española. Desde 1999 forma parte
del Ibex-35 y lleva "más de 30 años desarrollando soluciones tecnológica
en el sector de la defensa", según explica su página web.
Es, además, uno de los principales contratistas del Ministerio de
Defensa. Entre 2012 y 2017 recibió 750 millones de euros en
adjudicaciones del Ministerio, incluyendo las uniones temporales de
empresa en las que ha formado parte. En el periodo en el que Ferrer fue
alto cargo en Defensa, Indra percibió 680 millones de euros.
El mes dorado para la tecnológica llegó en diciembre de
2015, cuando sumó adjudicaciones por más de 300 millones. Entre
ellos, el contrato para desarrollar los sensores y el sistema de combate
de la fragata F-110 de la Armada, otro por un centro de simulación para
los helicópteros NH-90 y se adjudicó los programas tecnológicos de los
vehículos blindados VCR 8x8.
Este jugoso negocio de
Indra con el Ejército español se tramitó en las más oscura opacidad. El
73% de los contratos adjudicados a la tecnológica española desde 2012 se
hicieron a través del procedimiento negociado sin publicidad. Con esta
regla, el Ministerio se evita sacar a concurso las adjudicaciones y
negocia directamente con las empresas.
Oesía, la tecnología detrás de un misil
Gil
Rosella, ex segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, se
incorporará como consejero dentro del Comité de Estrategia del Grupo
Oesía, según han confirmado fuentes de la compañía. Apenas un mes
después de su cese como alto cargo, recibió el permiso del Gobierno para
asesorar al grupo empresarial. La Oficina de Conflicto de Intereses no
halló incompatibilidad en su incorporación.
Oesía, a
través de su filial especializada en ingeniería aplicada a seguridad y
defensa Tecnobit, es contratista regular del Ministerio de Defensa.
Entre 2012 y 2017, la compañía percibió casi 32 millones en
adjudicaciones, de los cuales 23,7 millones fueron adjudicados durante
el periodo en el que Gil Rosella desempeñó puestos de alta
responsabilidad en el Ministerio.
El contrato más jugoso se lo adjudicó junto con Indra
para desarrollar los sensores infrarrojos de los misiles de la fragata
F-110. El Ministerio de Defensa adjudicó este desarrollo tecnológico a
la unión empresarial por 9,7 millones sin concurso ni publicidad.
Fuentes del Grupo Oesía aseguran a eldiario.es que la compañía opera en
el mercado con "total transparencia" y defiende que la empresa cuenta
con una "trayectoria de 40 años en el mercado y es ampliamente
reconocida dentro y fuera de nuestas fronteras".
El
86% de las adjudicaciones del Ministerio al grupo Oesía se hicieron a
través del procedimiento negociado: la regla más opaca posible.
La Oficina que nunca ve conflicto de intereses
Esta, además, no es la primera vez que la Oficina de Conflicto de
Intereses autoriza a militares y altos cargos del Ministerio de Defensa a
trabajar para empresas de armas. Tal y como publicó eldiario.es,
los Gobiernos de Zapatero y Rajoy permitieron a siete ex altos
responsables de Defensa a trabajar para compañías como Airbus, Santa
Bárbara, Indra o Explosivos Alaveses entre 2007 y 2015.
Aunque la ley establece que los altos cargos "no podrán prestar
servicios" en empresas "afectadas por decisiones en las que hayan
participado", la Oficina permitió que se incorporaran a contratistas
habituales de la cartera ministerial.
La Oficina es
la encargada de fiscalizar las actividades privadas de los altos cargos
que han cesado de sus responsabilidades. En diez años, apenas ha vetado
el paso al sector privado en ocho ocasiones, según datos obtenidos de
una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal
de Transparencia.
Tal y como adelantó eldiario.es,
la Oficina de Conflicto de Intereses solo ha vetado el 2% de las
resoluciones referidas a altos cargos que querían realizar "actividades
privadas" tras su cese.
MADRID.- “El lanzamiento del satélite de observación de la tierra Paz desde la
Base Aérea norteamericana de Vandenberg, en California , previsto
para hoy domingo día 18 de febrero ha sido aplazado, por razones
técnicas, hasta nueva fecha por determinar de la que se informará oportunamente”, según nota del Ministerio de Defensa que recoge Abc.
“El satélite está en perfectas condiciones”, recalcaron por su parte
fuentes de Hisdesat, propietario, explotador y operador del satélite.
Posteriormente, el consejero delegado de Hisdesat, Miguel Ángel Panduro,
afirmó que la fecha probable para el nuevo intento del lanzamiento es el 21 de febrero.
Los accionistas de Hisdesat son: la operadora de satélites de
comunicaciones Hispasat (43%); la sociedad pública Isdefe, perteneciente
al Ministerio de Defensa (30%); Airbus Defence & Space (15%); Indra
(7%); y Sener (5%).
De esta manera se pospone de nuevo el lanzamiento de este satélite Paz que parece gafado:
En principio, el consorcio ruso-ucraniano Kosmotras tenía que haberlo puesto en órbita en 2015
desde la ciudad de Dnipró (este ucraniano) pero la guerra aplazó «sine
die» el lanzamiento.
Finalmente se decidió como mejor opción la base
estadounidense.
En 2017 se decidió finalmente que fuera la empresa estadounidense SpaceX quien lo lanzara proponiéndose como fecha inicial el 30 de enero.
Se postergó finalmente su lanzamiento al 10 febrero; luego al 17 y 18 de febrero. Ahora con fecha aún por determinar.
LORCA.- La puesta en marcha de once nuevas empresas durante
el pasado año 2017 en el polígono industrial Saprelorca permitirá la
creación de un total de 136 nuevos puestos de trabajo.
Este enclave
industrial, en cuya sociedad de gestión participa el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, supera así un 80 por ciento de
ocupación, con cerca de 235 empresas instaladas que a día de hoy dan
empleo a más de 2.600 trabajadores.
Durante el pasado año se trabajó en la
captación de 49 proyectos empresariales, de los que se confirmaron un
total de 14 por valor de 159 millones de euros que supusieron la
creación de 708 nuevos puestos de trabajo.
En el polígono industrial Saprelorca, en los
últimos ocho años se han instalado más de 70 empresas, lo que a su vez
ha significado la creación de cerca de 800 puestos de trabajo. Además, y
desde hace cerca de un año, este enclave tiene en marcha una campaña de
promoción para reindustrializar el suelo de la comarca lorquina, con
bonificaciones de hasta el 40 por ciento en el precio del suelo
industrial o el establecimiento de contactos directos y puntuales con
los clientes objetivos.
La industria regional, de hecho, registró
un aumento del índice de producción del 9,2 por ciento durante el año
2017, un dato que multiplica por 3,5 el ritmo de crecimiento medio de la
industria nacional (2,6) y que sitúa a la Región como la comunidad
autónoma que más aumentó su producción.
