Doce líneas contra el "plan criminal" de Pedro Antonio Sánchez

MADRID.- Más de dos años de investigación sobre la rama de Púnica que operaba en Murcia se despachan, en el caso del presidente de esa comunidad autónoma, en apenas un párrafo. La orden de la Fiscalía General del Estado de no acusar al popular Pedro Antonio Sánchez se traduce en 12 líneas que comienzan muy al gusto de todos los políticos implicados en la causa por mejorar su imagen con dinero público: «Las investigaciones entrañan dificultades de deslinde de la publicidad institucional de la reputacional», reproduce hoy El Mundo.

A continuación, se añade que en el caso de Sánchez «ni siquiera existen los contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas» por su presunto intento de pagar con fondos de Educación -él era entonces el consejero- trabajos en su propio beneficio. Y ese «eventual perjuicio futuro» tampoco podría servir para formular una acusación por fraude -lo que sí sostiene el juez- porque no consta «la aceptación de las mismas por el citado aforado». 

Finalmente, se alega que los hechos sucedieron antes de la reforma legal de 2015 que sí castiga expresamente la provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra la Administración Pública.

Las dos fiscales del caso rechazaron firmar la oposición a que el TSJ de Murcia impute a Sánchez. Sí firmaron el escrito que respalda actuar contra la senadora popular Pilar Barreiro. 

Frente al escuálido escrito sobre Sánchez, los 58 folios del informe sobre la senadora incluyen abundantes referencias a la actividad supuestamente delictiva del presidente autonómico -mencionado en más de 20 ocasiones-, muy ligada a la de Barreiro.

«El apoyo político y reputacional que [los implicados en Púnica] ofrecieron a Pedro Antonio Sánchez permitió que todos ellos elaboraran concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores realizado por la sociedad EICO a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del presupuesto de Educación, mediante [...] un contrato de cobertura que simularía como objeto la 'formación', concepto genérico y vinculado a las competencias de la Consejería de Educación».

«Dicho contrato», añade el informe, «les permitiría desviar fondos públicos de dicha consejería a favor de las empresas de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, beneficiándose Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez».

En la línea del «sólido informe del Grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil», las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez resaltan que las conversaciones telefónicas intervenidas han revelado que De Pedro y Barreiro mantuvieron con los cabecillas de la trama «contactos y reuniones convocadas en hoteles de Madrid, fuera de los despachos oficiales de ambos cargos públicos, manteniendo reservados los encuentros, para fraguar un contrato negociado del que saldría perjudicada la Administración pública autonómica de Murcia».

Prosiguen explicando que «la última fase de las maquinaciones» la marcó una reunión el 24 de octubre de 2014 en la sede de la Consejería de Educación, donde se estableció el 1 de noviembre «como fecha de inicio de los trabajos» para los dos cargos populares.

Finalmente, se expone que los documentos confeccionados como «hoja de pedido de servicios» e «informe preventa» a Barreiro y Sánchez que se encontraron en los registros «recogen el gasto ilícito que se hubiese generado mensualmente a la Consejería de Educación» si la operación policial no hubiera frustrado sus planes. 

«El plan criminal se hubiera traducido en un perjuicio a las arcas públicas de 2.100 euros mensuales por los trabajos personales realizados a Pilar Barreiro y 4.600 euros mensuales por los trabajos particulares realizados a Pedro Antonio Sánchez».

Catalá y el presidente de Murcia se vieron a solas el domingo

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, mantuvieron una conversación reservada el pasado domingo, durante el Congreso Nacional del PP, tras la que Sánchez abandonó de manera precipitada la Caja Mágica. 

Según la información que hoy publica el diario 'La Verdad' de Murcia, que menciona como testigo directo de esa situación a uno de sus redactores, el ministro y el presidente murciano conversaron a solas durante unos minutos en la denominada Zona Expo, en público, para luego apartarse discretamente hacia los pasillos interiores que rodean la cancha principal del recinto, donde continuó su diálogo. El miércoles, en conversación con El Mundo, Catalá rechazó sin embargo que hubiese hablado con Sánchez de su situación en el 'caso Púnica'.

Una indiscreción del presidente de Murcia este martes, durante una entrevista en la Cope, reveló que había tenido acceso a la información, secreta para los posibles afectados por unas diligencias, de que "cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo" habían opinado en contra de su imputación en el 'caso Púnica', imponiéndose al criterio de las fiscales encargadas de esa investigación, que decidieron retirar su firma del escrito de 12 líneas que finalmente se presentó en el juzgado.
La propia portavoz del Gobierno autonómico, Noelia Arroyo, comunicó a los periodistas que esa postura estaba respaldada por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General y admitió el miércoles que su Ejecutivo se había beneficiado de "filtraciones". Catalá, ayer en la Ser, reconoció que había sido así: "Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos suficientes como para que Sánchez haya oído hablar del asunto".

En el momento de la conversación entre Catalá y Pedro Antonio Sánchez, todavía no se había notificado el auto del juez Eloy Velasco que atribuye tres delitos al presidente de Murcia. Se conoció a media mañana del lunes y, apenas una hora después, Sánchez comparecía ante la prensa con la seguridad de que no iba a ser imputado.
Por la tarde, ese mismo día, una nota de la Fiscalía hacía pública su posición oficial contraria al encausamiento del presidente regional, sin aportar ningún detalle acerca de las discrepancias producidas en el seno del Ministerio Público y sin esperar siquiera a que su escrito fuese notificado a las partes.
A la mañana siguiente, la indiscreción de Sánchez puso a El Mundo sobre la pista de que la Fiscalía General había impuesto su criterio al de las fiscales del caso Púnica.

El 'lobby' empresarial valenciano-catalán presiona a Fomento para el corredor ferroviario mediterráneo

VALENCIA.- La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el Círculo de Economía, Fomento del Trabajo, em­pre­sa­rios como Juan Roig (Mercadona), Vicente Boluda (naviero), y otras 300 em­presas se han unido más que nunca para meter pre­sión al Gobierno y al mi­nistro de Fomento para que agi­lice el pro­yecto que, según todas las partes im­pli­ca­das, lleva atas­cado desde la an­te­rior le­gis­la­tura de Rajoy.

La pla­ta­forma y el lobby de pre­sión exigen tres puntos clave para el desa­rrollo del Eje que une Almería hasta la fron­tera fran­cesa. Reclaman la co­ne­xión de alta ve­lo­ci­dad, ancho de vía in­ter­na­cional entre Almería y la fron­tera fran­cesa para 2025 y un ca­len­dario firme para la doble pla­ta­forma de pa­sa­jeros y mer­can­cías por todo el Levante es­pañol.

De la Serna se ha visto obli­gado a reac­cionar tam­bién en este ma­rrón y ha anun­ciado que el pro­yecto su­pone “una prio­ridad po­lí­ti­ca”. No obs­tante, ha re­co­no­cido que se están pro­du­ciendo in­ci­den­cias téc­ni­cas. Como en otros asuntos pen­dien­tes, el pro­blema que el Ejecutivo y el Ministerio de Fomento tienen no es otro que la falta de pre­su­puesto para eje­cutar las obras. Hasta el mo­mento, se llevan in­ver­tidos unos 13.400 mi­llones de euros y el pre­su­puesto final as­ciende a unos 17.000 mi­llones de eu­ros. Es de­cir, se ne­ce­sitan in­vertir unos 3.500 mi­llones más, una cifra que, con el pro­blema del dé­ficit que el Estado arras­tra, Montoro se niega a soltar por ahora.

Pese a todo, los em­pre­sa­rios instan al nuevo Ejecutivo a que ponga fecha a la alta ve­lo­cidad entre Barcelona y Alicante y com­pro­me­terse tam­bién a que en exista ancho in­ter­na­cional fe­rro­viario desde Almería hasta Francia. Boluda ha pe­dido al mi­nistro De la Serna que tenga “una vi­sión cor­to­pla­cista” e in­vierta en la fi­na­li­za­ción de las obras, “una in­fra­es­truc­tura que sufre im­por­tantes re­tra­sos”, ha sub­ra­yado.

El eje fe­rro­viario que prevé en­lazar Algeciras, Almería, Murcia, Alicante y toda Cataluña con Hungría, co­nec­tará con toda Europa a través de 3.500 ki­ló­me­tros de ancho in­ter­na­cio­nal. Será lo que se de­no­mina el gran pro­yecto fe­rro­viario del Siglo XXI y abrirá las puertas a todo el eje Mediterráneo hacia el norte de Europa.

Fomento quiere a todos los camiones circulando por las autopistas y autovías

MADRID.- Los ca­mio­neros están contra Fomento por la pro­puesta de su ti­tular Íñigo de la Serna de querer que cir­culen por las au­to­pis­tas. Por ahora, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha seña­lado que el plan de desvío de ca­miones que quiere im­pulsar el Ministerio debe ser vo­lun­tario para el trans­por­tista y que, si es obli­ga­to­rio, que sea “gratuito”.

El pro­yecto del mi­nistro es que los ca­miones de trans­porte de mer­can­cías des­víen su tra­yecto por las au­to­pistas a cambio de una bo­ni­fi­ca­ción en el peaje. El plan se aplicó ya de forma ex­pe­ri­mental du­rante unos meses en 2015 en media do­cena de tramos de au­to­pis­tas, y de forma vo­lun­ta­ria, a cambio de un des­cuento del 50% en el peaje.

La idea ha sido lan­zada por las pre­siones tam­bién de las va­rias co­mu­ni­dades au­tó­nomas para in­tentar des­viar a los ca­miones de las ca­rre­teras na­cio­nales pero la so­lu­ción es com­pli­cada por la falta de pre­su­puesto para sub­ven­cionar parte del peaje.

Gobierno y PP cuestionan la imparcialidad de los fiscales

MADRID.- El poder político popular cierra filas. Lejos de apuntarse al principio del respeto a las actuaciones de la Justicia en el caso que afecta al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, desde el Gobierno y desde el PP se ha optado por arremeter contra el criterio de las fiscales del caso Púnica, que apostaban por la necesidad de investigar e imputar al dirigente murciano por su intento de utilizar dinero público para mejorar su imagen como candidato del Partido Popular para presidir su comunidad, publica hoy El Mundo. 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abrió fuego frente a las representantes fiscales, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, cuyo criterio a favor de investigar al presidente murciano quedó cercenado por orden del fiscal general del Estado a través de su Secretaría Técnica. 

Catalá, ayer, arremetió contra ambas desacreditándolas, al reprocharles en una entrevista la «anomalía» que cometen al negarse a suscribir y firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se apuesta por no imputar al presidente murciano. «Lo anómalo es que no acaten el criterio de sus superiores», precisó. A ello añadió la crítica de permitir que la discrepancia sea de «conocimiento público».

Catalá argumentó que es habitual que, en una institución regida por el principio de jerarquía como lo es la Fiscalía, los superiores se pronuncien cuando los asuntos son de especial relevancia bien para ratificarlos, bien para modificarlos. En el caso que afecta al presidente popular de la Región de la Murcia, fue para enmendarlo en toda regla.

En su opinión, las fiscales discrepantes son las que tienen un «problema», puesto que sus superiores no han respaldado su criterio. Catalá no dudó en situarse del lado de la jefatura, pese a reconocer no estar al tanto de los detalles del caso: «Yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, pero yo me pongo más del lado de los jefes», afirmó.

Este choque de pareceres que, en opinión del ministro de Justicia, está definitivamente saldado con el pronunciamiento del fiscal general a favor del dirigente del PP, no denota en ningún caso intento alguno de «manipulación». «Así funciona siempre la Fiscalía», remachó antes de señalar su propio criterio sobre el asunto. Para el ministro, se trata de un intento de acusar a Pedro Antonio Sánchez sin fundamento, puesto que el hoy presidente murciano nunca llegó a firmar contrato alguno con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica, para reforzar su imagen como candidato y pagar el servicio con fondos públicos.

Desde las filas del PP se respaldó la misma posición. El portavoz parlamentario, Rafael Hernando, tachó de «desproporcionadas» y «sectarias» las sospechas que suscita en la oposición la actuación de la Fiscalía General, dirigida por José Manuel Maza. En su opinión, responden exclusivamente a «intereses políticos», lógicamente en contra del PP, y son claramente «tendenciosas». Hernando sorprendió al advertir de la posibilidad de que haya fiscales que decidan «inventarse delitos que no existen en el Código Penal».

Entre las fuerzas de la oposición, sin embargo, la actuación del fiscal general en el caso de Pedro Antonio Sánchez ha suscitado muchas dudas que, ayer, llegaron incluso a convertirse en alarma cuando se supo que algo parecido había sucedido en relación con el ex presidente de La Rioja, también del PP, y en la actualidad vicepresidente del Senado, Pedro Sanz. Éste iba a ser imputado por prevaricación urbanística, pero su imputación fue frenada desde la más alta instancia del Ministerio Público y en contra del criterio original del fiscal del caso.

El PSOE, el primero en reaccionar el pasado miércoles tras la publicación en El Mundo del caso murciano pidiendo la comparecencia en sede parlamentaria del fiscal general, dio ayer un paso más registrando un escrito dirigido a la Mesa del Congreso solicitando que la citada presencia se realice con trámite de «urgencia». Para los socialistas, se trata de un «escándalo» que genera «alarma social» y pone de manifiesto la manipulación del Ministerio Público por parte del Gobierno para proteger a altos cargos.

No es sólo el Grupo Socialista el que así opina. A lo largo de la mañana de ayer, Ciudadanos -partido que apoya al Gobierno regional tanto en Murcia como en La Rioja-, Unidos Podemos y Compromís solicitaron también la comparecencia de José Manuel Maza en el Congreso y en el Senado para que aclare los criterios que emplea para perseguir la presunta corrupción cuando ésta afecta a dirigentes del PP. Desde las filas de Unidos Podemos se elevaba el tono al afirmar que todo apunta a que hay «una mafia instalada en el Gobierno».

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, tiene previsto, incluso, dirigir una pregunta sobre esta cuestión al ministro Catalá en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, incidiendo en los reproches que ha lanzado contra las fiscales del caso Púnica en Murcia.

Mientras, las palabras de Rafael Catalá no tardaron en provocar el enfado de las asociaciones de fiscales, que le exigieron respeto ante el Poder Judicial e incluso pidieron su dimisión. Así, la Asociación de Fiscales le advirtió de que no están dispuestos a tolerar que use el cargo que ocupa para tomar partido ni dar su opinión sobre este tipo de cuestiones, ya que puede dar «la falsa percepción de injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial».

Es más, no pasaron por alto recordarle que «la discrepancia en los dictámenes opera con normalidad» dentro de la carrera por los cauces estatutariamente establecidos, «sin que ello suponga crítica ni cuestionamiento del buen hacer de los autores de los mismos».

Fue la Unión Progresista de Fiscales la que pidió la dimisión del ministro por «cuestionar» el trabajo de Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, en el marco del cual el juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco atribuye presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia.

Esta asociación reprochó a Catalá haber actuado con «absoluto desconocimiento de la ley» en lo que consideran una «intromisión intolerable» del trabajo del Ministerio Público por parte del Gobierno.

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) respondió al ministro afirmando que «lo anómalo debería ser que cualquier fiscal de este país, como jurista de acreditada solvencia profesional, no discutiera aquellas órdenes que entendiera por cualquier motivo improcedentes». La asociación pidió también que, «con urgencia», el Consejo Fiscal -órgano que representa a la carrera- se reúna y «ampare a las compañeras injustamente atacadas en los medios de comunicación».

La respuesta de las asociaciones

Asociación de Fiscales.

«La discrepancia en los dictámenes opera con normalidad en la carrera sin que suponga crítica ni cuestionamiento del buen hacer de los autores de los mismos».

Unión Progresista de Fiscales.

Pide la dimisión de Rafael Catalá por «cuestionar» el trabajo de los fiscales. Le acusan de actuar «con absoluto desconocimiento de la ley». Es «una intromisión intolerable».

Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

«Lo anómalo debería ser que cualquier fiscal de este país no discutiera aquellas órdenes que entendiera por cualquier motivo improcedentes».

Antes tonta que choriza / Ángel Montiel *

Es una fatalidad que sea precisamente hoy, en pleno cuestionamiento de la función de la Fiscalía General del Estado, cuando se dé a conocer la sentencia sobre el caso de la infanta Cristina y de su socio Iñaki Urdangarin. Es probable que el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, hubiera deseado que el previsible enjuague al que asistiremos esta mañana se hubiera producido en otro momento, más que nada para evitar inevitables paralelismos, tal y como en las últimas fechas han evolucionado las cosas. 

El fiscal del caso infanta acabó convertido en un improvisado abogado defensor del icono monárquico con cuya imagen el marido plebeyo se embolsaba los millones de euros que les permitieron a ambos destrozar un palacete señorial de Barcelona para convertirlo en un pretencioso chalé hortera de clase media venida mágicamente a más. 

Horrach, junto al ´constitucionalista´ Roca Junyent, amigo de papá, han jugado una papel deliciosamente expresivo para convertir a la infanta lista en la infanta tonta, con tanto éxito como hoy comprobaremos, gracias sobre todo a la colaboración de la interfecta, dispuesta a pasar por lela antes que por choriza y esquivar así el determinismo histórico borbónico, del que se libra, de momento, su hermano, el rey, a pesar de las amistades peligrosas de los compiyoguis de su engañosamente gélida esposa. 

En un caso tan evidente de apropiación por la cara de los recursos públicos para disfrute privado del núcleo parasitario del entorno monárquico, la Fiscalía, que debiera defender el interés de los ciudadanos impositores, ha jugado a ojos vista y de manera esforzada, sin complejos, y con la suficiente dosis de cinismo para anular todo rubor, a favor del Símbolo, poniendo en evidencia que hay una Justicia especial, aparte de la ordinaria, para las chicas listas que se hacen las tontas, género muy nutrido en el poder y sus cercanías, por cierto: véanse las esposas de Bárcenas o de Correa, por no aludir a la cosecha murciana, en la que algunas es seguro que pretenden desconocer de donde sacan para tanto como destacan, ya no sólo las esposas, sino en algún caso también las hijas. La política es un territorio en que el machismo, aceptado y exhibido, resulta económicamente productivo siempre gracias al bolsillo de los administrados. 

El tocomocho de la sentencia de la infanta que hoy se conocerá es una elaboración de la Fiscalía, anunciado incluso en declaraciones públicas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Para consumarlo tal vez se ha entendido que los ciudadanos, aparte de las chanzas, memes y carnavaladas (estamos en fecha) que vendrán, aceptarán el simulacro de Justicia por ´el bien del Estado´, en la previsión juancarlista de que «nunca volverá a ocurrir», y pelillos a la mar, empezamos de nuevo, fue un desliz, cosas del exceso de confianza, consecuencia de una época, un fenómeno de crecimiento que se nos fue de las manos, y tal y tal y tal, como diría el difunto. Aceptemos que la sentencia sobre la infanta es ya un estropicio amortizado.

El problema, a los efectos de la actualidad murciana, que ya es actualidad nacional gracias precisamente a la Fiscalía del Estado, es que este estamento no tiene fin, es insaciable, y no le basta con la excepcionalidad consentida del caso infanta sino que mantiene su vocación por la ingeniería jurídica en toda investigación de interés para el Gobierno, dado que es ante el que responde por la procedencia de los nombramientos. 

En esto no hay disimulo, como ayer mismo se constató en las declaraciones del propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien sobre la pieza que afecta a PAS en el caso Púnica, se preguntaba retóricamente dónde está la verdad, si en el informe de las fiscales que investigaron el asunto o en el criterio de sus jefes jerárquicos, para concluir, claro, que en los jefes, que son curiosamente los que dependen de él. En un país normal, si el caso PAS había pasado a ser el caso Fiscalía, como apunté ayer, después de estas declaraciones, el caso Fiscalía debiera pasar a ser el caso Catalá. Antes muertos que sencillos; antes los falsos formulismos que liberar a la Justicia del yugo político. 

La inocencia de PAS en el caso Púnica brillaría más con los argumentos que mantiene en su defensa que con el socorro forzado del aparato fiscal del Estado, es decir, del Gobierno de sus partido. Nadie en este país debiera querer ser una Infanta 2.

(*) Columnista

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/02/17/tonta-choriza/806612.html 

En nombre del partido / Ramón Cotarelo *

Este gobierno ha destruido el crédito de todas los instituciones del Estado, excluida la Monarquía que se ha encargado de destruirse por su propia larga mano. Todo lo demás se ha deteriorado a extremos insólitos: el Parlamento en la anterior legislatura, los medios de comunicación públicos y en buena medida los privados por la vía de las subvenciones, los servicios públicos, la administración de Justicia, el Tribunal Constitucional y, según se ve, también el Ministerio Fiscal.

En este momento, la justicia en España es la justicia del príncipe que nunca tiene nada de justa. El gobierno sigue indultando delincuentes y la Fiscalía General da la impresión de actuar en defensa de los intereses del gobierno y no del interés público. El caso del presidente de Murcia, del PP, al que la Fiscalía ordena no investigar en contra del criterio de las fiscales del lugar, es justo el simétrico al caso del expresidente Mas, cuando la Fiscalía General ordenó investigar en contra del criterio unánime de los fiscales catalanes. Tan errático comportamiento, propio de casuística vergonzante, explica por qué la Asociación Progresista de Fiscales pide la dimisión del ministro de Justicia.

La situación es ya insostenible, entre una policía política como la que estuvo funcionando en la legislatura anterior y un ministerio fiscal al servicio del gobierno y su partido, aquí, de Estado de derecho no quedan ni las migajas.

El procesado habla

El País no cabe en sí de alborozo. Le rebosa en el titular: una alternativa para Cataluña, un punto medio, el equilibrio, lo que todo el mundo valora tanto. ¡Y creencia del independentista Mas! Ese titular es una invitación abierta al gobierno a que indague en dónde se encontraría el áureo punto medio. Una ocasión que debe aprovecharse  por mor de la Patria. 

Dice Mas que la formulación de la alternativa corresponde al gobierno. Obvio. Hay dos polos, según Mas: polo 1: las cosas como están; polo 2: la independencia. Una de las partes está por el polo 2 y la otra no está por el polo 1 (porque acepta que son necesarias reformas de todo tipo) pero sí está contra el polo 2. Ahora bien, en una sociedad democrática no es posible justificar política alguna en función de su negatividad. Hay que proponer algo... una alternativa.

Muchos independentistas verán estas declaraciones como un amago de retirada, como la aceptación de que no haya independencia, como una concesión. Sin embargo, no es otra cosa que doctrina oficial del bloque independentista en el gobierno: hasta el último momento antes del referéndum, está abierto a la negociación con el Estado. Quizá la base del equívoco radique en la fijación del término ad quem, según que sea el referéndum o la independencia, que no son coincidentes. Mas no ha dicho que sea el referéndum, sino la independencia. Pero, el decirlo es de sentido común: el referéndum va de suyo pero uno de sus resultados puede ser un "no" a la independencia.  

La pelota, la patata caliente, la cuenta atrás las tiene el Estado y en su representación, el gobierno. Basar su política en un "no" absoluto al referéndum, sin ofrecer alternativa alguna lleva a la confrontación que, al decir de muchos, es justamente lo que se pretende. Aunque luego diga el señor Albiol que el ejército no entrará por la Diagonal, en un lapsus freudiano. El gobierno se niega a negociar con la Generalitat e incluso la excluye de esa política fantasmagórica a la que llama diálogo y de la que ni él mismo sabe en qué consiste. La idea de la vicepresidenta de que sea posible negociar con los niveles de gobiernos locales, sin duda hablando de cuestiones económicas, es decir, comprándolas, demuestra una ignorancia supina de la naturaleza del movimiento independentista catalán, cosa nada de extrañar si se tiene en cuenta que el PP gobierna en uno solo de los 947 municipios de Cataluña.

A estas alturas, no hay alternativa al margen del referéndum. Porque, aunque el Estado y la Generalitat dieran con una fórmula alternativa entre los dos polos satisfactoria para ambas partes, esa fórmula habrá de someterse a referéndum, a su vez. Será, además, irrelevante que ese referéndum sea a escala española o catalana porque, en definitiva, los únicos resultados que contarán para resolver el conflicto serán los catalanes.

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Una sentencia decepcionante y para levitar / Pablo Sebastián *

No sorprende que Miguel Roca, abogado de la Infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos, declare al conocer la sentencia absolutoria de su defendida que estaba ‘levitando’. Motivos tienen él y otros abogados del caso Nóos, empezando por el de Iñaki Urdangarin, condenado solo a 6 años y 3 meses de prisión, para levitar de alegría, porque la sentencia resulta decepcionante y producirá amplio malestar en la ciudadanía y la sospecha fundada de que todos los españoles no son iguales ante la ley.

Al contrario de lo que declaró el Rey Juan Carlos I en un mensaje navideño y en alusión al caso Nóos que fue una de las causas de su abdicación ante el riesgo verse afectado en la trama por sus presuntas gestiones en favor del negocio de su yerno Urdangarin y la Infanta Cristina ante las Comunidades de Baleares y Valencia y los ayuntamientos de Madrid y Valencia. Así se desprendía de las reuniones que los gobernantes de esas instituciones y los miembros de la trama habían mantenido en los Palacios de Marivent y La Zarzuela en Madrid. Una situación esta que llevó al Rey Felipe VI a retirar el título de Duques de Palma a sus cuñados.

Si a los cabecillas de la Gürtel de Valencia les acaban de condenar a 13, 12 y 9 años de cárcel por el amaño de un solo contrato de la Comunidad de Valencia en la Feria de Fitur, parece asombroso que al primer autor de la trama Nóos, que es Urdangarin por su condición de miembro de la Familia Real, lo que constituía la base del negocio, solo se le haya condenado a 6 años y 3 meses de prisión por los delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal, mientras que a su socio Diego Torres que era el administrador, le han caído 8 años y seis meses de prisión, al añadirle a los mencionados delitos el de blanqueo de capitales.

Como asombroso resulta que los políticos autores de los contratos de Nóos con administraciones públicas de Valencia y Madrid hayan sido absueltos, a pesar de su ‘necesaria colaboración’ en delitos similares a otros que se han juzgado. Con la excepción hecha del e presidente balear Jaume Matas, que confesó su delito y al que le han dictado una condena de 3 años y 8 meses de prisión incluso después de haber colaborado con el fiscal. Y asombroso es que la responsabilidad civil que se les imputa a Urdangarin y Torres sea inferior al monto recaudado en sus negocios públicos.

En cuanto a la infanta Cristina la sentencia la declara inocente y solo se le aplica una multa de 265.000 euros como la beneficiaria del negocio de su esposo, dejándose fuera su presunto delito fiscal. Aunque parece claro que su colaboración con la trama y el uso de su nombre y de la Familia Real formó parte decisiva del negocio delictivo. Otra cosas es que no se haya podido demostrar una relación directa de la Infanta con las actuaciones de la trama y con su esposo Iñaki Urdangarin, una vez que Cristina declaró desconocer lo que hacía su esposo, a pesar de ser ella accionista del 50 % de la sociedad Aizoon que facturaba a Nóos.

Una actitud la de Cristina que recuerda las excusas recientes de Ana Mato, esposa de Jesús Sepúlveda o Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas en el caso Gürtel. Y no digamos si comparamos el trato de favor recibido por la Infanta con lo que pasó con Isabel Pantoja como lo ha recordado el juez instructor del caso, José Castro.

Y a no perder de vista que esta trama delictiva también estafó a varias empresas de la cúpula de Ibex que no quisieron denunciarla por estar implicada parte de la familia del Rey Juan Carlos I. Empresas de las que Urdangarín y Torres recibieron altas cantidades económicas a cambio de supuestas asesorías y de presuntos trabajos no realizados o de informes copiados de Internet, lo que de haber llegado a juicio habría supuesto más delitos, incluido el fiscal.

En suma, y aunque a algunos les parezca una proeza que la Infanta se haya sentado en el banquillo y que se haya condenado a Urdangarin podemos decir, como el abogado Roca, que la sentencia es para ‘levitar’. Y no solo los abogados de alegría sino todos los españoles de indignación porque se merecían una sentencia justa y similar a las dictadas a otros delincuentes de la corrupción. Pero está claro que en este juicio no cabía la ejemplaridad sino más bien la socorrida ‘razón de Estado’.

Y ello pesar de la encomiable instrucción del juez José Castro que sufrió presiones de todo orden y descalificaciones personales incluso por parte del muy sospechoso fiscal Pedro Horrach. El que ahora debería recurrir ante el Tribunal Supremo las bajas penas impuestas a los condenados que son muy inferiores a las que él pidió así como la exclusión de los delitos de Valencia y Madrid. Pero Horrach no lo hará demostrando que estaba en la ‘pomada’ y ahora levitando de alegría como Roca, y porque el nuevo Fiscal General -para eso lo han nada nombrado- no lo permitirá.

(*) Periodista

http://www.republica.com/el-manantial/2017/02/17/una-sentencia-decepcionante-y-para-levitar/ 

Señora consejera, ¿qué piensa hacer usted? / Esperanza Clares *

Las Artes Escénicas de la Región de Murcia sufren, desde los últimos siete años, una situación de precariedad absoluta: una agonía lenta, motivada por la progresiva reducción de recursos destinados a la contratación por parte de las administraciones locales, y dolorosa, por el desafecto con el que se nos trata desde la Administración Regional.

A nuestra Administración Regional dedicamos hoy como artistas nuestra más amarga frustración, como empresas nuestra más contundente protesta y como ciudadanos nuestra más absoluta decepción.

Son muchas las preguntas sin respuesta que lanzamos a nuestro Gobierno regional, centralizadas en su Consejería de Cultura, a partir de la consideración de que la Cultura –y las Artes Escénicas- debe florecer a su amparo, a través del apoyo a sus agentes activos: nuestras empresas son creadoras del producto cultural y generadoras de puestos de trabajo directos e indirectos, inexistentes la mayoría en otros sectores profesionales.

A partir de las dos frases más escuchadas en los últimos años en cada uno de los encuentros mantenidos con los responsables de nuestra Consejería de Cultura: «ojalá pudiésemos disponer de más dinero para cultura pero por más que luchamos por ello desde esta Consejería no lo conseguimos porque siempre llega la Consejería de Hacienda y nos recorta» o «vamos entre todos a aportar ideas que no necesiten presupuesto porque desde la precariedad surgen las mejores propuestas», nos abordan muchas cuestiones generales y particulares que resumiremos en diez:

1.- ¿Sienten verdaderamente los responsables de la política cultural de la región que están realizando el papel para el que se les eligió, siendo incapaces de conseguir un presupuesto justo y necesario para la Consejería de Cultura y su aplicación en las Artes Escénicas?

2.- ¿No consideran que los 400.000 €, único presupuesto de esta Consejería dedicado a las Artes Escénicas, de los cuales solo 250.000 € van destinados al sector profesional a través de PLAN ESCENA (compartido con la música), son un motivo más que manifiesto para demostrar que el Teatro no interesa en absoluto a nuestro Gobierno Regional y que están, además de incumpliendo sus obligaciones políticas, contribuyendo a su desaparición?

3.- ¿Tiene algún sentido que el programa PLAN ESCENA, la única convocatoria que esta Consejería lanza a través del ICA para la ayuda a la Artes Escénicas, no haya sido publicada todavía, sabiendo que es la única ayuda destinada a los Ayuntamientos para la contratación de nuestras compañías?

4.- ¿No les preocupa que, por no tener ninguna línea de ayudas a la producción, como ocurre en el resto de comunidades del estado, las producciones murcianas no resulten competitivas en el mercado nacional, mermándose aún más la posibilidad de exportar espectáculos de tan extraordinaria calidad artística como, por dicha carencia, deficitaria rentabilidad económica?

5.- ¿No son capaces de entender que la exportación de nuestros trabajos es marca-sello cultural de la Región de Murcia?

6.- ¿No sienten ningún remordimiento al conocer las demoledoras cifras de paro o trabajo en precario de actores y técnicos, publicadas por la Fundación AISGE, que para Murcia suponen un 90%?

7.- Cuando tantos y tan claros han sido y son los informes, balances, estudios, propuestas surgidos desde nuestra Asociación como profesionales conocedores del sector, ¿necesitamos seguir gastando el presupuesto que, supuestamente no tenemos, en empresas de otros sectores que valoren nuestra situación y nos aporten soluciones que, hasta el momento, nunca han visto la luz?

8.- ¿No obtendríamos mayor rentabilidad económica si reinvirtiéramos ese presupuesto en escuchar y ejecutar nuestras propuestas?

9.- ¿Deberíamos desde MurciaaEscena seguir manteniendo el logo en nuestra publicidad de una Consejería de Cultura y un ICA que comunicaron en noviembre del año pasado su colaboración económica para la asistencia y montaje de stand en MERCARTES, la más importante Feria de las Artes Escénicas de España, y que, a día de hoy, no han hecho efectivo su compromiso, forzando con ello a que nuestras empresas, afectadas, débiles y descapitalizadas, hayan tenido que adelantar el gasto, no sin que antes sus respectivos gabinetes de comunicación se asegurasen de que los logos resultaban visibles en tamaño y situación?

10.- ¿Hemos de seguir expresando que «existe un diálogo fluido entre MurciaaEscena, Consejería de Cultura e ICA», o deberíamos comenzar a añadir a esa frase la coletilla de «pero no nos sirve de nada.»?

Después de este mudo interrogatorio, MURCIAaESCENA, Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región de Murcia, con quince años de vida corporativa, participación activa en la elaboración y consolidación de las políticas culturales a nivel regional y nacional, miembro de la FAETEDA -Federación Estatal de Empresas de Artes Escénicas-, como única representante del sector empresarial de la región, en constante diálogo con la Unión de Actores de la Región de Murcia, mantiene su firme propósito, a pesar de las adversidades, de no entonar un réquiem y continuar día a día trabajando por y para las Artes Escénicas.

Sra. Consejera de Cultura ¿qué piensa hacer usted?

(*) Presidenta de MurciaaEscena

Otro Plan General de Urbanismo, Sí Se Puede / Marcela Crespo *

Dicen que rectificar es de personas sabias, y que honra a quien lo hace.

No es el caso del, por ahora, Alcalde de Totana, que persiste en el obstinado planteamiento de sacar adelante un Plan General producto de la especulación y la corrupción urbanística, aderezado con algunos Convenios Urbanísticos, paseos por calabozos y prisión de personal funcionario y anteriores alcaldes. Un Plan que suscitó (y sigue suscitando) una gran malestar social en forma de movilizaciones y miles de alegaciones, desde 2005 hasta la fecha.

El pasado 28 de julio de 2016, asistimos al lamentable espectáculo de “Junts pel Sí” (PP, Ciudadanos y Ganar Totana-IU) a éste Plan General. Recientemente, tras el varapalo de la Consejería de Fomento (como era razonablemente previsible) hemos pasado a “Junts pel Ridiculet”.

Se niega cínicamente por el Alcalde y quienes lo secundan acríticamente, lo nefasto de la rebaja de las alturas de los edificios “dentro de Ordenación”, que puede suponer un impacto social impresionante en caso de cobro de seguros por afección en seismos, o simplemente a la hora de transacciones de compra-venta, al no poder justificar su legalidad. Incluso el simple hecho de reformas para mantenimiento o mejora de nuestras viviendas. Todo ello se hace por mantener el volumen total de edificabilidad sin “tocar” la edificabilidad de los 29 Convenios Urbanísticos vigentes.

Es suficientemente conocido el daño que supone para muchas viviendas la ilegalización de derechos adquiridos, si se aprueba esta “rebaja de alturas” que convertiría en ilegales “fuera de norma urbanística”, de la segunda planta hacia arriba en muchos barrios de Totana ( Tirol Camilleri, Frailes, Casas Baratas, San José, Era Alta,…). 

Todo esto nos llama poderosamente la atención y nos parece inaudito, increíble y , por supuesto, nos da mucho que pensar. Especialmente en el caso de la Alcaldía y de Ganar Totana-IU que buscan extraños aliados para una Triple Alianza Contra Natura, introduciendo importantes tensiones y factores de riesgo en el Equipo de Gobierno con el PSOE. 

Menos entendible es todavía en un municipio que ha pasado de impulsar Presupuestos Participativos y estar en el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa a gobernarse desde la Alcaldía con práctica cuestionables y dudosas. ¿Todo para el Pueblo, pero sin el Pueblo? ¿Cómo sabemos lo que conviene al Pueblo, sin preguntarle, sin debate social abierto, transparente, con información entendible y con plazos de tiempo razonables para garantizar que sabemos qué es lo que necesitamos? ¿No sería prudente y de sentido común buscar el máximo consenso de todas las fuerzas políticas, empresariales, sindicales, agrarias, del pequeño comercio, asociaciones, ONGs,…y de la ciudadanía afectada, en general? ¿No serían buenos cimientos para un Plan Consensuado y, por tanto, con vocación de perdurar en el tiempo? ¿Qué tal someter el Plan Consensuado a una Consulta Ciudadana final? 

¿A qué se deben las prisas? ¿No parece esto raro, raro, raro? 

Lo dijimos y lo repetimos: éste Plan acabará cayendo gracias a las acciones ciudadanas desde la coordinación colaborativa en los terrenos judicial, social y político. Y en su caída arrastrará a quienes por motivos e intereses inconcebibles e inconfesados le han dado su apoyo. La Historia NO los absolverá.

La inteligencia colectiva, la sabiduría de la gente, puede aportar soluciones creativas y de sentido común para dotar a Totana de equipamientos y zonas verdes en el casco urbano, como ahora se reclama desde la Comunidad Autónoma. Sí Se Puede, con la gente, desde la gente.

(*) Consejera Ciudadana de Podemos Región de Murcia

Resumen de Confidenciales

Viernes con expectación en todos los medios por una u otra razón ante la inminente sentencia del Caso Nóos, que dará la vuelta al mundo; y con saturación de titulares en portadas y grandes titulares sobre la zona oscuro de fiscales, policías, funcionarios, políticos...

Una tostada para el desayuno en dos versiones. En El Periódico: 'Sobornos en el AVE: cuatro constructoras compraron a directivos de Adif con viajes y coches, según la Guardia Civil; el ex tesorero de CDC Andreu Viloca es uno de los destinatarios de regalos de la empresas' (J.G. Albalat). Y en El País: 'La red de sobornos en obras del AVE se extiende a toda España: un informe de la Guardia Civil incorporado al caso Adif revela sobornos en Castilla y León, Galicia, Euskadi y Asturias' (Jesús García).

Y otro fallo del TC que es un mazazo, aunque en este caso no a los bancos, sino a los ayuntamientos, según avanza María Peral en El Español: ‘El TC tumba el impuesto de plusvalía porque las casas no siempre se revalorizan: la resolución supone un revés a los ayuntamientos porque el gravamen es una gran fuente de sus ingresos’.

INFORMACIÓN NACIONAL

El País: España busca su lugar en el mapamundi de Trump: Rajoy fue el quinto líder europeo al que llamó el nuevo inquilino de la Casa Blanca y al que menos tiempo dedicó (Miguel González). ABC: Cospedal negociará mayor presencia de la OTAN en España: reitera ante la Alianza Atlántica el compromiso de dedicar a Defensa el 2% del PIB (Esteban Villarejo). El Mundo: El PSOE y el PSC esperan cerrar hoy la crisis entre ambos partidos (Luis Ángel Sanz). Otro titular: Entrevista a Landelino Lavilla: 'Ha vuelto el rupturismo que quedó marginado en la Transición' (Emilia Landaluce). Público: Congreso socialista: El PSOE se enclaustra en Ferraz en busca de un 'proyecto político socialista distinto' (Manuel Sánchez).

El Confidencial: Iglesias creará un Gobierno en la sombra con Bescansa, Navarro, Monereo y el ex Jemad: el líder de Podemos está diseñando un gabinete paralelo, con sus correspondientes carteras, que se presentará y aprobará este sábado en la reunión del consejo ciudadano estatal (Iván Gil). La Razón: Irene Montero será la portavoz de Podemos en la próxima sesión de control en lugar de Errejón. El Economista: Entrevista a Juan Carlos Monedero: ‘Que Errejón pida un trozo de Podemos es de señor feudal’; ‘El PP está regalando el Gobierno a Ciudadanos y PSOE’ (Esther Esteban).

CATALUÑA

El País: Mas afirma en Madrid que hay alternativa a la independencia (Miquel Alberola). Economía Digital: Mas reta a Rajoy a que intervenga ya la Generalitat (Manel Manchón). Otro titular: Los alcaldes independentistas están a un paso de la malversación (Josep Maria Casas). La Vanguardia: El TC ve imposible el referéndum pactado sin reformar la Constitución (Quico Sallés). Otro titular: La mayoría de la Mesa responde al TC que ‘no serán censores’ al servicio de Rajoy. Otro titular: Mas acusa a Rajoy de preparar el 'caldo de cultivo' para 'intervenir' en Catalunya (Leonor Mayor Ortega). Otro titular: Albiol: 'Algunos desean que Ejército entre por la Diagonal, pero no ocurrirá'. El Periódico: La Generalitat pacta con el Banco de España mantener la cuota catalana (Olga Grau). ABC: Barcelona exigirá que las maniobras del Ejército sean sin armas.

ECONOMÍA

El País: El Gobierno se aferra al PNV para sacar adelante los Presupuestos: Rajoy trata de salvar los primeros trámites parlamentarios con el apoyo del partido vasco, Ciudadanos y Coalición Canarias, mientras espera al nuevo líder socialista (J. Sérvulo González). Otro titular: Competencia inicia una ofensiva contra el sector de la estiba: la CNMC ha detectado indicios de conductas anticompetitivas de sindicatos y empresas (Hugo Gutiérrez). Otro titular: Bruselas presiona a España para que cumpla la sentencia sobre la estiba. ABC: Rajoy negociará los Presupuestos con el futuro líder del PSOE. Otro titular: Bruselas recuerda a España que la norma de la estiba debe respetar los tratados de la UE. Vozpopuli: Susana Díaz se alía con los estibadores y mantiene el bloqueo del decreto.

El Economista: Los estibadores diseñan un Plan B para blindar su monopolio: validar la formación (África Semprún). Cinco Días: Así se jubilan los españoles: la edad media real de retiro está en 64,1 años; las medidas del Gobierno no logran retrasarla (Raquel Pascual). Otro titular: Competencia irrumpe en la crisis de la estiba con una investigación en Vigo. Expansión: Más de 900.000 personas faltan al trabajo todo el año. Europa Press: Fitch advierte de que el acceso a la vivienda en España empeorará gradualmente como consecuencia de las dificultades a las que se enfrenta el mercado laboral. Esdiario: Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, ofrece empleos a 5 míseros euros la hora: y luego su marido culpa a Rajoy de la precarización (A.I.M.).

EMPRESAS

Capital Madrid: Fomento se convierte en la 'cámara de los horrores' de los empresarios: el recorte del presupuesto pone contra las cuerdas al ministro De la Serna con conflictos sobre puertos, Corredor del Mediterráneo, radiales en quiebra, líneas de AVE sin cerrar... (Julián González). Vozpopuli: Slim rescata a FCC en Panamá al apoyar la financiación de la línea 2 del metro (Raúl Pozo). Otro titular: Nadal acepta regular a los Airbnb tras las reuniones de Asian con el sector (Mario Moratalla). Expansión: Renfe puja por el AVE de California. El Economista: La lusa EDP pone a la venta Naturgas por 2.000 millones (Rubén Esteller y Araceli Muñoz). Otro titular: Intu levantará en Madrid el mayor centro comercial de España (Alba Brualla y Rubén Esteller). Otro titular: Se despeja el negocio gasista de Gas Natural en Argentina (Tomás Díaz). Cinco Días: Nissan pone sobre la mesa el cierre de la factoría de Ávila.

SECTOR FINANCIERO

Europa Press: BBVA vende casi toda su participación en el chino CNCB por 554 millones con plusvalías de 177 millones. Capital Madrid: FG trata de reponerse del mal trago chino con un café turco: desligada de Garanti, la zona de Euroasia tan sólo supone el 3,5% del beneficio, cuando hasta hace poco el presidente del BBVA aún presumía de su posición relevante en China (José Luis Marco). El Mundo: Rebelión interna en el Banco de España por el apoyo a los imputados (Carlos Segovia). El País: Los sindicatos del Banco de España rechazan la recogida de firmas a favor de los imputados (Antonio Maqueda). EFE: La Audiencia Nacional quiere que se investigue a Miguel Blesa por fraude fiscal.

Expansión: Los fondos reclamarán a los bancos por las cláusulas suelo. Otro titular: Fernando Eguidazu coordina el libro blanco del Banco de España. Otro titular: BBVA sale de China tras 10 años. Cinco Días: Las compras y fusiones se aceleran en España este año: las operaciones alcanzan los 6.000 millones de euros desde enero; la estabilidad política española propulsa los movimientos empresariales en 2017. Otro titular: Las consultoras inmobiliarias preparan un plan Brexit para España: plan conjunto para atraer empresas que salgan de Londres (Ángeles Gonzalo Alconada). Confidencial Digital: PP y PSOE pactan salvar a Zapatero de una condena por Bankia: los socialistas han ofrecido a cambio la cabeza de Elena Salgado.

OTROS TITULARES DESTACADOS

OKdiario: El preso Urdangarin tendrá derecho a un vis a vis al mes con su mujer y a gastar 100 euros a la semana (M.A. Ruiz Coll). El País: La fiscalía evitó que se investigara a Villarejo por blanqueo: dos informes oficiales señalaban a las empresas del policía (Javier Ayuso). La Razón: Manuel Moix contará con la mayoría del Consejo Fiscal para dirigir Anticorrupción. Público: El director de Método 3 denuncia a Pino, dos comisarios y un inspector por 5 delitos (Carlos Enrique Bayo). Otro titular Del 'pendrive' al dossier secreto de Pujol: las versiones de Pino que han enojado al juez (Patricia López).

El Mundo: Gobierno y PP cuestionan la imparcialidad de los fiscales: Catalá dice que ‘lo anómalo es que no acaten el criterio de sus superiores’ y Rafael Hernando afirma que ‘inventan delitos’ (M. Cruz, M. Recuero, M. Marraco y J. Manso). Otro titular: Los informes de El Faisán y el 11-M han sido borrados de los ordenadores de la Policía (Fernando Lázaro). Otro titular: La Fiscalía pedirá prisión inmediata para Urdangarin si es condenado a más de seis años (Eduardo Colom y Esteban Urreiztieta). ABC: Carmen Thyssen: ‘Tendré que vender un cuadro para lograr liquidez’; XXV años de arte y polémica en el Thyssen. El Confidencial: La baronesa Thyssen presiona a Hacienda: encuentra comprador para el 'Mata Mua' (A.S). Otro titular: Liechtenstein bloquea el rastreo de las comisiones que FCC pagó al clan Pujol (José María Olmo).

Estrella Digital: La guerra de los comisarios: Las dietas de la 'Policía patriótica' (Joaquín Vidal). El Periódico: La guerra entre policías enreda la investigación del Caso Pujol. Otro titular: Una nueva terapia frena el virus del sida durante un tiempo récord (Ángels Gallardo). La Vanguardia: La primera vacuna que frena el virus del sida: una investigación en tres centros catalanes logra que cinco pacientes controlen el VIH (Josep Corbella). Eldiario: El Gobierno precariza los contratos de miles de investigadores sin avisar y con efecto retroactivo (Sofía Pérez Mendoza).

OPINIONES

Editorial en El Mundo: '60.000 millones justifican una comisión de investigación: lo que iba a ser una comisión de investigación parlamentaria sobre la salida a Bolsa de Bankia en 2011 puede degenerar en un juicio político al sector financiero español desde el año 2000'. Jorge Zuloaga en Vozpopuli: 'La encrucijada de Linde en la reconstrucción del Banco de España'. Editorial en Cinco Días: ‘Una normativa que respalde el futuro para implantar con éxito la tecnología de telefonía móvil 5G’. Otro editorial: ‘Más fusiones y adquisiciones’. José Antonio Vega en el mismo diario: ‘Linde quiere gente como él, que se jubile a los 73 años’.

Editorial en ABC: ‘El coste de una buena Defensa’. Editorial en El País: ‘Seguridad hipotecaria’. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona en el el mismo diario: 'El muro independentista: quienes levantan barreras pueden acabar lamentando no haber pactado algo razonable'. José Apezarena en Confidencial Digital: 'En España tenemos Gobierno de concentración (en la sombra)'. Editorial en El Español: 'Respiro para el ciudadano, revés para los alcaldes'.

Editorial en El Periódico: ‘La ciencia catalana, pionera contra el sida’. Otro editorial: ‘La Operación Cataluña y la justicia: intolerable que el Caso Pujol pueda quedar en nada porque hay pruebas que son fruto de la guerra sucia’. Editorial en La Vanguardia: ‘Comisiones de investigación’. Otro editorial: ‘Polémica sobre la edad de jubilación’. Mariángel Alcázar en el mismo diario: 'Entre la condena y la pena: la infanta Cristina se librará hoy seguramente de una pena de cárcel, pero no del remordimiento de haber contribuido al desprestigio temporal de una institución que bajó del cielo a los infiernos'.

A. R. Mendizabal

https://www.capitalmadrid.com/news_links/2256 

La Unión Progresista de Fiscales exige la dimisión de Catalá por su «intromisión intolerable» como ministro de Justicia

MADRID.- La Unión Progresista de Fiscales, a través de su cuenta de Twitter, ha exigido hoy la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus críticas a las fiscales del 'caso Púnica' en la Audiencia Nacional, en lo que consideran una "intromisión intolerable" al trabajo de los fiscales y "un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal".

La citada asociación esgrime que el ministro debe dimitir "por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la ley, el trabajo de nuestras compañeras y por amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior".

Catalá declaró este jueves que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Mucia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia "sea de conocimiento público".

"Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio (por parte de sus superiores)", añadió. En una entrevista en la Cadena Ser, Catalá remarcó que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y "ratifiquen o modifiquen".

Además, se refirió al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica.

"Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", remarcó.

Por otra parte, el ministro de Justicia ha admitido este jueves que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, conoció el decreto de la fiscalía general del Estado dando instrucciones para que no fuera acusado cuando ni siquiera está personado en la causa de Púnica y al menos dos días antes de que las acusaciones y las defensas comenzaran a tener acceso al mismo.
Al presidente Sánchez se le vio hablando en un aparte con el ministro de Justicia en el pasado congreso del PP, cuando el juez Velasco ya había firmado su auto.

En ese decreto del lunes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, daba instrucciones para que Sánchez no fuera acusado de corrupción, en contra del criterio de las dos fiscales del caso y del juez, Eloy Velasco. En la mañana del día siguiente, Sánchez decía en una emisora que cuatro fiscales del Tribunal Supremo respaldan que no se le acuse. Esa postura de los fiscales del alto tribunal aparece en el decreto de Maza.

"El fiscal general del Estado dicta un decreto que se comunica a Anticorrupción, y el presidente de Murcia al día siguiente hace referencia al documento. Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos suficientes como para que (Sánchez) haya oído hablar del asunto", ha asegurado Catalá en esa entrevista en la Cadena Ser.

Hasta 24 horas después de las declaraciones del presidente de Murcia, los medios de comunicación no comenzaron a informar de las maniobras de la Fiscalía General y, por entonces, ni siquiera se conocía la participación de cuatro fiscales del Tribunal Supremo. 

La naturalidad con la que Catalá se refiere a la filtración al presidente de Murcia se convierte en reproche al hablar de las fiscales del caso Púnica por dejar por escrito que discrepan de las órdenes recibidas. "La Fiscalía debe funcionar con mayor discreción. No tiene sentido que unos fiscales pongan que han discrepado con sus jefes", ha afirmado Catalá en la entrevista.

El ministro de Justicia ha intentado poner en evidencia a las fiscales Gemma García y María Teresa Gálvez asegurando que quien "tiene el problema" son ellas, que comenzaron a investigar la trama Púnica hace más de tres años. " Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha dicho.   

Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y "ratifiquen o modifiquen". Por contra, ha añadido: "Que firme el escrito la fiscal jefe de Anticorrupción y no las fiscales actuantes es anómalo", ha reconocido Catalá, quien ha insistido en que eso no implica que se ordenara desde la Fiscalía del Estado no acusar a Sánchez, sino que la superior jerárquica de las fiscales del caso, de forma independiente, no sostuvo el criterio de aquellas.

Lo "anómalo" en este caso es, según el ministro, que "una discrepancia interna se haya puesto en evidencia hacia el exterior. Que se hayan negado a firmar supongo que generará una actuación dentro de la fiscalía. Pero sobre todo me extraña que se ponga en conocimiento público", ha señalado. También ha defendido que no dimita el presidente de Murcia al no estar imputado.

Maza explicará en el Congreso por qué no acusó a Pedro Antonio Sánchez y Pedro Sanz la Fiscalía

MADRID.- Poco más de dos meses después de tomar posesión del cargo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que acudir al Congreso a dar explicaciones sobre la primera gran polémica a la que se enfrenta: su decisión de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el 'caso Púnica'.

El PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís han pedido la comparecencia urgente de Maza para que explique si ha recibido instrucciones políticas para oponerse a que sean investigados tanto Sánchez como el expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.

Respecto al primero de ellos, en contra del criterio de las fiscales del caso, la Fiscalía General consideró que no hubo responsabilidad penal de Sánchez por intentar contratar los servicios de la trama para mejorar su reputación, dado que esos contratos no se firmaron y no hubo daño a las arcas públicas.

Maza, que se ha declarado "encantado" de ir al Congreso de los Diputados a dar las explicaciones oportunas, ha negado de forma tajante haber recibido "ninguna presión" para no actuar contra el presidente de Murcia.

Ha explicado que adoptó su decisión "con toda honestidad" y respaldado por informes de los fiscales de la Secretaría Técnica y por la opinión de los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo.

Y ha encontrado el respaldo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha negado injerencias del Ejecutivo en el trabajo de la Fiscalía y ha recordado a las fiscales del caso, que en caso criterios discordantes, el que impera es el de sus superiores.

Las críticas de Catalá a las fiscales han sido interpretadas como una "amenaza" por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha pedido por ello la dimisión del ministro.

El escrito en el que la Fiscalía pedía al juez no acusar a Pedro Antonio Sánchez lo firmó la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, de acuerdo con el criterio marcado por Maza y en contra de la posición de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez.

Éstas, en el escrito relativo a la otra aforada, la senadora del PP Pilar Barreiro, a la que sí que acusan, señalan que Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, también se habría beneficiado de un "plan criminal" para mejorar su imagen.

Según las fiscales, ese plan, de no haber sido "descubierto", habría supuesto un perjuicio a las arcas públicas, en concreto a las de la Consejería de Educación, de 2.100 euros mensuales en el caso de Barreiro y de 4.600 en el de Sánchez, siempre por trabajos "personales" o "particulares".

Toda esta polémica ha surgido a escasas fechas de que, el próximo día 22, el Consejo Fiscal afronte la renovación de 35 fiscalías, entre ellas Anticorrupción para la que se presentan seis miembros de esa fiscalía especial y un fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Moix.

Al menos dos de las aspirantes a dirigir esa Fiscalía se han visto involucradas en el asunto de 'Púnica': la actual teniente fiscal y una de las que lleva la investigación a la familia Pujol, Belén Suárez, quien firmó el escrito dirigido al juez Eloy Velasco en el que se oponía a acusar a Pedro Antonio Sánchez, y Teresa Gálvez, una de las fiscales del caso que sí era partidaria de la acusación.

Y otro, Alejandro Luzón, fiscal del caso Bankia, es teniente fiscal de la Secretaría Técnica, cuyo informe, según ha dicho Maza, avaló que no se acusara al presidente de Murcia.

Tovar califica de "vergonzoso, bochornoso e inadmisible el cambalache del Ministerio y la Fiscalía para salvar a PAS de su situación judicial"

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Rafael González Tovar, mostró su estupefacción ante las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que dice "que entiende que los informes en el Ministerio pasan por tantas manos, que es difícil evitar que se filtren". 

Una cuestión que el PSOE preguntará en el Congreso de los Diputados para esclarecer por qué el presidente de la Comunidad, pero sobre todo el ciudadano, Pedro Antonio Sánchez, tiene información privilegiada de la Fiscalía sobre la actitud que tienen determinados fiscales en torno a un tema que le afecta judicialmente.

González Tovar calificó de "vergonzoso, bochornoso y un auténtico escándalo todo este asunto, en el que conforme dan explicaciones se evidencia más que estamos ante "un cambalache indigno de un Estado de Derecho y de una sociedad democrática, en la que todos somos iguales ante la Ley".

El portavoz socialista agregó que por muy aforado que esté un cargo público, "no debe tener información privilegiada y menos disponer de un Ministerio que trabaje para librarle del peso de la Ley. Digo esto con profundo dolor y porque desde el PSOE no entendemos qué está pasando".

González Tovar aseguró que tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea Regional se trabajará para que este tema se clarifique políticamente, "porque judicialmente tendrán que ser los jueces quienes emitan sentencia".

Al hilo de esto, aprovechó para exigir respeto por el trabajo de los jueces, "porque es inadmisible que un cargo público del PP afirme que el juez Velasco miente; eso es lo más contrario que hay a decir que se respeta la justicia, un estribillo que no han parado de repetir desde que se conoció este tema".

Rafael González Tovar apostilló que estamos ante un momento complicado en el que se está dirimiendo la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia, "y con eso no se juega; más allá de la pésima imagen que el PP está trasladando y un presidente que se acoraza en el Gobierno regional para salvarse y dirimir sus problemas judiciales de otras etapas, cuando fue consejero de Educación y como alcalde en Puerto Lumbreras, donde hizo una mala gestión, como se evidencia".

Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos por Murcia, pide en el Congreso la comparecencia del Fiscal General

MADRID.- El diputado de Unidos Podemos por Murcia, Javier Sánchez Serna, ha presentado esta solicitud para que, José Manuel Maza, explique por qué la Fiscalía General ha emitido órdenes para paralizar las investigaciones relativas a Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Región de Murcia. 

Sánchez Serna ha recordado que las instituciones judiciales están como "los fiscales no están para proteger a los presuntos corruptos sino para perseguir delitos. Si la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con las investigaciones de los presidentes de Murcia y La Rioja creemos que debe comparecer en la sede de la soberanía popular para explicar su decisión".

El diputado de Unidos Podemos por la Región de Murcia ha incidido en que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, tiene la "responsabilidad de explicar qué ha pasado, por qué el presidente regional tenía además información privilegiada sobre su caso, algo que ningún ciudadano que se enfrenta a un proceso como el suyo podría disfrutar".

Respecto a las declaraciones del Ministro de Justicia, Sánchez Serna ha dicho que "lo anómalo" es que el Partido Popular "instrumentalice a estamentos del Estado para sacar a sus cargos de procesos penales y mantener a un presidente, como Pedro Antonio Sánchez, en su sillón a costa de la imagen de la Región de Murcia".

Tovar: "El presidente, acorralado por la corrupción, se enroca y niega la evidencia de sus problemas judiciales"

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Rafael González Tovar, ha preguntado esta tarde en la Asamblea al presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, si consideraba que los delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos, de los cuales los jueces y la Fiscalía han encontrado indicios de responsabilidad penal en algunas de sus actuaciones, ¿son errores administrativos?

González Tovar reprochó a Sánchez que con menos de dos años como presidente ya va por dos causas judiciales abiertas (como alcalde y como consejero) en las que pesan sobre su persona cinco posibles delitos de corrupción, algunos por partida doble; un hecho que sostienen informes de la Policía y de la Guardia Civil, además de diversas resoluciones judiciales. Aún así, "el presidente, acorralado por la corrupción, se enroca y niega la evidencia".

El portavoz socialista afirmó que la situación de Pedro Antonio Sánchez es insostenible, y "como presidente está empañando el buen nombre de esta Región, arrastrándonos a un escenario de inestabilidad institucional y utilizando su cargo como trinchera de defensa personal. Pedro Antonio Sánchez está usando las instituciones públicas, a su gobierno, y hasta a la Fiscalía para lavar su imagen".

Al hilo de esto, recriminó a Pedro Antonio Sánchez que se vaya de la Asamblea sin aclarar por qué tenía información privilegiada de la Fiscalía y sin asumir su responsabilidad como político. 

González Tovar exigió a Pedro Antonio Sánchez que aclare quién le ha filtrado esa información de la Fiscalía y diga "si ha sido el propio ministro, el fiscal jefe o Martínez Pujalte, que parece que tiene mano en la Fiscalía desde hace tiempo y parece que no la ha perdido".

Para el portavoz socialista, "por desgracia, la agenda política de esta Región la marcan los problemas judiciales de Pedro Antonio Sánchez, y la Región de Murcia tiene que estar por encima de esta situación. Necesitamos un presidente ejemplar". 

Por ello, le exigió que se ladee y ejercite su derecho de defensa desde el ámbito personal. "Abandone la presidencia para no dañar más a los murcianos y a la Región y defienda su inocencia sin la coraza del aforamiento y el parapeto del gobierno".

Además, le pidió que se defienda sin mentir diciendo que son errores administrativos, pues la Ley de enjuiciamiento criminal, el Código Penal, la doctrina del Consejo General del Poder Judicial y nuestra ley de Transparencia dejan muy claro que la prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos por los que le investigan son graves delitos de corrupción.

"No demore las decisiones y no huya hacia adelante, afronte la realidad de cara, porque todos sus caminos llevan al Tribunal Superior de Justicia y el verdadero error administrativo es continuar al frente de la presidencia", concluyó.

López Bernal no parece que vaya a renovar como fiscal-jefe del TSJ en pleno escándalo por PAS en la Fiscalía General

MURCIA.- El fiscal-jefe del TSJ de la Región de Murcia, Manuel López Bernal no renovará presumiblemente en el cargo. El Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía, se reunirá el próximo miércoles día 23 para pronunciarse sobre las candidaturas para cubrir 35 vacantes en las principales fiscalías del país, una decisión que en último término compete al fiscal general del Estado, el hoy ya muy polemico José Manuel Maza por el escándalo a cuenta de salvar a PAS.

López Bernal aspira a repetir, en competencia con otros dos candidatos, el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, y el teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga. Pero por si acaso no lo consigue ha solicitado otros dos destinos profesionales, ambos en Madrid, donde mantiene una vivienda en propiedad.

López Bernal ha llevado personalmente el peso de la querella contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio' en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras impulsar otras numerosas causas de corrupción en la Región Murcia, extremo bien conocido en Madrid, tanto en la Fiscalía General como en Moncloa y en Génova 13.

De ser finalmente relevado en el cargo por el fiscal general del Estado, las causas de los casos 'Auditorio' y 'Púnica', en el más que probable supuesto de que esta sea remitida por el juez Velasco al TSJ de Murcia, serían impulsados por Díaz Manzanera o por Sánchez Lucerga, según La Verdad.

Por contra, si López Bernal no es renovado en su actual cargo, la decisión última sobre las pesquisas a Pedro Antonio Sánchez recaería en el nuevo fiscal superior regional que nombre José Manuel Maza, dice http://www.infolibre.es

Manuel López Bernal accedió a la jefatura de la Fiscalía de Murcia en 2006, con el PSOE en el Gobierno, pero fue renovado cinco años después, ya con el PP al frente del Estado. Durante su etapa, López Bernal se ha caracterizado por abrir numerosas causas relacionadas con la corrupción, que en su mayoría han afectado a cargos del Partido Popular. Esto le ha valido la antipatía por parte de este partido, que lo ha llegado a relacionar con el PSOE.  

López Bernal es el fiscal que presentó la querella contra el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, por la adjudicación, construcción y recepción del auditorio de Puerto Lumbreras.

Maza baraja no renovar a Manuel López Bernal al frente de la Fiscalía de Murcia, después de que haya solicitado la imputación del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez (PP), por cinco supuestos delitos de corrupción, según fuentes jurídicas citadas ya en diciembre por http://www.publico.es 

Las mismas fuentes sitúan la decisión de Maza de no ratificar a López Bernal en el cargo de fiscal superior de Murcia al haber permitido que el fiscal de Delitos Urbanísticos, José Luis Díaz Manzanera, pidiera investigar a Pedro Antonio Sánchez el pasado 23 de noviembre ante el juzgado del Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Lorca.

Muy caro va a salir a López Bernal el haberse convertido en el azote de la corrupción en Murcia -donde ha abierto varias investigaciones que salpican a dirigentes populares-, de prosperar la decisión política de cesarlo, según asegura el mismo diario digital.

Al tiempo que López Bernal cercaba la corrupción, se sucedieron noticias de una supuesta vinculación con grupos de izquierda, como Podemos.

Ahora llega su caída, aseguran las mismas fuentes. López Bernal fue nombrado en el cargo en el año 2006 por cinco años, y fue renovado por Consuelo Madrigal, la antecesora de Maza.

IU-V promueve en el pleno de Lorca la recuperación de las pagas extras que "roban" a los mayores en las residencias

LORCA.- Las personas mayores y sus problemáticas, tan ajenas por desgracia a la política local, serán protagonistas de uno de los puntos del orden del día del próximo Pleno Municipal gracias a una moción que defenderá la concejala de IU-V, Adoración Peñas.

Dos asuntos, distintos pero muy relacionados, son los que aborda la moción de IU-V. De un lado exigir la recuperación de las pagas extraordinarias por parte de los usuarios de las residencias de la tercera edad, y de otro implicar a Lorca en la demanda que exigen los colectivos de mayores de toda España para garantizar constitucionalmente el poder adquisitivo de las pensiones.

Adoración Peñas recuerda que en el año 2012 el Gobierno Regional, desde su lógica política e ideológica, adoptó un paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica entre las que destacó, por su importancia y efectos, la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de aquel año a los miles de funcionarios en nómina de la CARM. Pero hubo otras medidas de ese paquete que pasaron más inadvertidas. 

Una de ellas afectó a un colectivo tan vulnerable como el de las personas mayores usuarias de las residencias de la tercera edad de la Región, a las que a partir de ese momento se les empezó a incluir las pagas extraordinarias que cobraban en la base de cálculo que determina su aportación mensual a las residencias; una aportación que, hasta entonces, sólo tenía en cuenta las doce pagas ordinarias del año.

Toda vez que en las últimas semanas los funcionarios afectados por la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 han recuperado este ingreso, IU-V pretende que la recuperación de derechos que por fin ha llegado a los funcionarios se extienda y amplíe al colectivo de las personas mayores usuarios de las residencias de la tercera edad. Una medida que podría afectar a más de 200 residentes de Lorca repartidos entre las residencias de San Diego y CASER, y a cerca de 2.500 en el conjunto de la Región de Murcia, usuarios de las residencias de mayores (públicas o concertadas).

Lo sucedido en 2012 con los usuarios de las residencias de la tercera edad de la Región de Murcia, afirma Peñas, contraviene de modo palmario las disposiciones de la Constitución Española que en su artículo 50 dispone que: "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.". 

Cabe recordar que este "robo continuado" realizado a nuestras personas mayores desde 2012 emulaba una iniciativa similar adoptada por el gobierno de la vecina comunidad de Castilla-La Mancha, entonces presidido por la ahora Ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

A partir de entonces, recuerda Dori Peñas, se estableció un "agravio comparativo" respecto al resto de autonomías españolas, donde las personas mayores, y aquellas con discapacidad que viven en una residencia, disfrutan de sus pagas extras, lo que a todas luces vulnera el artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los españoles con independencia de donde residan.

Los usuarios de residencias y los familiares de los mismos denuncian que con el dinero de las pagas extraordinarias se podían atender gastos que no cubren sus plazas de residente, tales como seguros de decesos, sillas de ruedas, vestido y calzado, prótesis o medicamentos que están fuera del sistema sanitario.

La concejal de IU-V espera que ante el agravio social y territorial expuesto, el Ayuntamiento de Lorca sea receptivo a esta iniciativa que pretende instar al Consejo de Gobierno de la CARM a que realice de manera urgente los trámites precisos para que los usuarios de las residencias de mayores -públicas y concertadas- recobren sus pagas extraordinarias, dejando de estar sujetas a la base de cálculo que determina las aportaciones mensuales por plaza de residente, y, además que esa recuperación de derechos tenga efectos retroactivos y se devuelva a los mayores residentes lo que nunca se les debió quitar.

En otro orden de cosas muy relacionado con lo anterior, IU-V también planteará en esa moción al Pleno instar al Gobierno de España a que promueva una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

"El PP obstaculiza las comisiones de investigación en el ayuntamiento de Alcantarilla", denuncia el PSRM

ALCANTARILLA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcantarilla denuncia que el gobierno municipal del PP intenta ralentizar la marcha fluida de las diferentes Comisiones de Investigación, que fueron creadas para esclarecer aspectos poco claros de diversos temas relacionados con la gestión municipal del PP durante los últimos años.

Gabriel Esturillo, portavoz municipal del Grupo Socialista, señala que dichas Comisiones de Investigación han de ser convocadas, obligatoriamente, con una periodicidad que va, según el caso, de dos a tres meses.

"Alguna de esas comisiones, como es el caso de la que investiga todo el proceso de concesión y condiciones pactadas del Parking de Entrevías, y la que investiga la gestión de gastos de los conciertos de las Fiestas de Mayo, llevan sin reunirse desde el mes de julio de 2016, vulnerando los acuerdos fijados. Es evidente la nula voluntad del Equipo de Gobierno del PP de compartir información sobre temas delicados que, tal vez, podrían cuestionar la gestión correcta del PP en todos estos pasados años".

Esturillo destaca que "ha sido necesario que este grupo municipal socialista solicitara por Registro, el pasado lunes 13 de febrero, las Actas de las últimas reuniones de todas las diferentes Comisiones, que tampoco habían sido enviadas hasta el momento, para que, apresuradamente, el gobierno municipal se haya visto obligado a convocarla todas, asumiendo la gravedad del asunto".

Esturillo concluye afirmando que "la imagen de pretendida transparencia que busca dar el Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcantarilla choca con la auténtica realidad. El gobierno municipal del señor Buendía, tras esa fachada, sigue intentando ocultar y tapar las posibles miserias de gestión de su partido durante todos estos últimos años".