"Esta cesión mantiene una situación completamente anómala, ya que supone explotar unos pozos, los de sequía, justamente cuando ya no existe una situación oficial de sequía en la cuenca, por lo que deben ser clausurados en tanto no se esté oficialmente en situación de emergencia por sequía.
Además, la explotación de estos pozos persiste en una gestión insostenible del agua que esquilma los escasos acuíferos no sobrexplotados de la cuenca, precisamente los de mayor valor ambiental, degradando las fuentes, manantiales y humedales que de ellos dependen.
Por otra parte, la cesión de estos pozos permite que los regantes del trasvase utilicen recursos propios de la cuenca, los cuales deben ser asignados a usos prioritarios y de interés general, como el mantenimiento de los escasos fuentes y manantiales que quedan en la cuenca y salvaguardar reservas de agua subterránea en cantidad y calidad para necesidades sociales prioritarias como el abastecimiento y los usos ambientales en verdadera situación de sequía.
Finalmente Ecologistas en Acción, con esta encomienda de gestión directa de los pozos por parte de los regantes, considera muy insuficientes las medidas previstas para garantizar un escrupuloso cumplimiento de las condiciones de explotación, especialmente de los volúmenes totales extraídos y el uso final de los mismos".
La CHS ha encomendado al Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura la gestión directa de 18 pozos de sequía en la cabecera de la cuenca y en Calasparra y Lorca, lo que profundiza en la insostenible gestión del agua en la cuenca del Segura.
En primer lugar, los pozos de sequía deben constituir una medida excepcional y temporal que, como aparece en la normativa vigente, sólo deben explotarse en situación de emergencia por sequía. Sin embargo no estamos en periodo de emergencia por sequía, por lo que no es admisible en estos momentos la explotación de dichos pozos.
Además, la permanente prórroga de estos acuerdos de gestión, haya o no sequía, convierte en permanente lo que debería ser una medida excepcional, vulnerando así el espíritu y la letra de la normativa en esta materia.
En segundo lugar, los pozos de sequía, como así ocurre en la gran mayoría de cuencas, deben destinarse a garantizar, en situaciones de emergencia, usos prioritarios de interés general, en particular el abastecimiento a poblaciones y en su caso el mantenimiento del régimen de caudales ambientales, mientras que para el regadío deben ponerse en marcha otro tipo de medidas, fundamentalmente de gestión y reducción temporal de la demanda para regadío.
No cabe justificar, por tanto, que los pozos de sequía se dediquen en la cuenca del Segura al regadío, lo que por otra parte constituye un paso atrás respecto a la situación de años anteriores, cuando la gestión de los pozos de sequía se dedicó, durante algún tiempo, al abastecimiento.
En tercer lugar, no es admisible que los pozos de sequía, con recursos de la cuenca, se destinen a cubrir la demanda de los regantes del trasvase, cuando dichos regantes forman parte de un sistema de recursos y demandas totalmente diferenciado de los regantes de aguas propias de la cuenca, tanto en derechos, como en recursos disponibles y marco normativo.
Los regantes del trasvase no tienen derechos sobre los aguas de la cuenca y por tanto la explotación directa y permanente, a través de continuas prórrogas, de los pozos de sequía por parte de los regantes del trasvase, constituye una verdadera anomalía en relación con el marco normativo e institucional del regadío del trasvase, anomalía que va en detrimento de las necesidades de la cuenca. ¿Qué ocurrirá cuando realmente entremos en situación de emergencia por sequía?
En cuarto lugar, los pozos de sequía se sitúan justamente en los acuíferos que deben ser preservados de forma prioritaria, por ser lo de mayor valor ambiental y los que mantienen una mayor calidad del agua, de gran valor para el abastecimiento.
La explotación abusiva de esos acuíferos pone en peligro las fuentes y ríos en la Sierra del Segura y otras zonas de la cabecera de la cuenca, los cuales tienen una gran importancia en el mantenimiento de los sistemas naturales, por lo que su sobreexplotación puede ocasionar la desaparición de fuentes y arroyos. Igualmente negativa es la afección de los pozos de sequía en Calasparra y Lorca, que pueden degradar fuentes, humedales y otros ecosistemas ligados al agua, así como el paisaje y la biodiversidad asociada a los mismos.
Justamente los cada vez más escasos acuíferos en equilibrio y no sobreexplotados, son los que poseen un mayor valor ambiental y social, ya que son los únicos que todavía pueden mantener una serie de fuentes, manantiales, humedales y otros puntos de agua.
Precisamente estos acuíferos son mucho más sensibles que otros acuíferos ya sobreexplotados, porque la sobreexplotación inicial del acuífero es la que ocasiona realmente la pérdida irreparable de fuentes, manantiales y humedales, y por tanto de todos sus valores ecológicos, paisajísticos, de biodiversidad, sociales, culturales y etnológicos.
Además estos acuíferos mantienen un agua de alta calidad que debe ser preservada como reserva estratégica para abastecimiento en futuras situaciones de emergencia y no dilapidarse para el regadío. En definitiva, los pozos de sequía, caso de ser necesarios como medida excepcional de emergencia, deberían ubicarse en acuíferos ya sobreexplotados, los cuales tienen menores valores ambientales y sociales.
Finalmente Ecologistas en Acción considera totalmente insuficientes las medidas previstas para el control de la explotación de los pozos, control que se complica enormemente con la encomienda directa de gestión de los pozos de sequía por parte de los regantes.
La experiencia en la cuenca del Segura ha demostrado reiteradamente la necesidad de aplicar medidas de control mucho más exigentes y rigurosas y en modo alguno las previstas en esta encomienda de gestión garantizan el cumplimiento estricto de todas las condiciones de explotación de los pozos, especialmente en relación con los volúmenes totales de agua extraídos y el destino final de los mismos.