jueves, 29 de junio de 2017

Tovar: "La política del PP en materia de agua no es líquida sino una burbuja gaseosa, llena de mentiras y humo"

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Rafael González Tovar ha manifestado que "la situación del agua, uno de los recursos más importantes para la Región, es de auténtica alarma".

Esta tarde ha comparecido en Sesión informativa en el Pleno de la Asamblea el presidente del Consejo de Gobierno para abordar del problema del agua.
González Tovar reprochó al Gobierno regional que "su política hidrológica más que líquida, es gaseosa, en vez de traer agua solo traen humo y mentiras"; y criticó la ausencia de planificación hídrica del PP, que Rajoy pudo llevar a cabo y no hizo, desaprovechando una legislatura con mayoría absoluta. "Solo conocemos parches como los rácanos decretos de sequía, las limitadas ayudas al precio del agua desalada o las exenciones fiscales".
El portavoz socialista mencionó a los regantes murcianos y dijo que necesitan agua a precios razonables y soluciones estructurales para tener certidumbre, planificar sus cosechas y mantener el liderazgo en los mercados europeos y el 30% de los empleos en la Región.
Hizo alusión a que el diagnóstico del presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, es contundente cuando afirma que "el agua ha sido la gran estafa electoral de los últimos veinte años del PP, que prometieron trasvases y no han cumplido".
Reprochó que en la reunión del Círculo por el Agua de Murcia, Alicante y Almería, el Ministerio no ofreció nada nuevo con los pozos de sequía, cuya apertura se solicitó el año pasado; "mientras que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha acabado con la esperanza de las tres provincias del Levante".
A lo largo de su intervención, resumió la gestión del PP en reiteradas promesas incumplidas desde Madrid, un Memorándum que amenaza el trasvase del Tajo, inseguridad jurídica para las transferencias de agua, e incapacidad para alcanzar un Pacto Nacional.
"Solo en una cosa el PP ha dado su brazo a torcer: ahora consideran que el agua desmayá de las desaladoras, tan denostada cuando la ministra socialista Cristina Narbona la trajo a la Región, es una parte importante de la solución".
Durante su discurso González Tovar recriminó también al PP que recuperara el eslogan de Agua para siempre "en la época donde los socialistas prácticamente triplicamos la inversión en infraestructuras hídricas, pasando de los 403,7 M€ con el gobierno del PP a 1.174 M€ con el gobierno del PSOE".
El portavoz socialista abogó por seguir avanzando y sacar el tema del agua de la confrontación partidista. Para ello, planteó la necesidad de conectar las desalinizadoras, abaratar costes de la desalación con energías renovables, facilitar una normativa de autoconsumo para abaratar la energía para las Comunidades de Regantes, que el PP en Madrid niega; asimismo, propone que se planteen soluciones a zonas como Altiplano y Noroeste, donde no llega actualmente agua, y el uso transparente del agua, combatiendo el mercado negro que perjudica a los pequeños agricultores.
Para el PSOE, uno de los objetivos básicos en este mandato es la consecución de un Pacto Regional del Agua, para consensuar medidas e inversiones que garanticen el riego. 
"De momento, el Gobierno regional ni ha impuesto el ritmo que merecería una gran prioridad como es el agua, ni ha cumplido medidas aprobadas por esta Cámara en el Debate del Estado de la Región de julio pasado, tampoco ha avanzado en invertir para ahorrar costes ni ha constituido los bancos de agua".
Rafael González Tovar exigió al Gobierno regional que reaccione, sea menos sumiso en Madrid y lleve a cabo las medidas necesarias para avanzar en soluciones. 
Entre las principales medidas propone la puesta en marcha al 100% de las desaladoras públicas, ampliando su capacidad de producción y desarrollando alternativas para disminuir los costes energéticos; completar al 100% el Plan de Modernización de Regadíos y finalizar el Plan regional de Depuración y Reutilización; crear las infraestructuras necesarias para la distribución del agua allá donde sea necesaria con embalses de regulación o redes de distribución, además de desarrollar actuaciones para la protección y mejora del medio acuático, especialmente en torno al Mar Menor.
"El Pacto por el agua no puede ser una mera intención de cara a la galería, y el PP está demostrando que le falta de voluntad política para impulsar soluciones factibles y ejecutables".
. En opinión del portavoz socialista, es preciso abordar esta cuestión como un problema de Estado y formar un frente común para forzar a los respectivos partidos a nivel nacional.
"Porque o damos pronto con una solución integral para toda la España seca mediante trasvases de agua que sobre en cuencas excedentes y abaratando los costes de la desalación, o perderemos una de las esencias y de los pilares económicos de nuestra tierra", concluyó.

Podemos considera que López Miras trae "el mismo proyecto caduco y desfasado sobre agua"


CARTAGENA.- María Giménez, diputada regional de Podemos, ha señalado que el "peor enemigo" del campo murciano es el "regadío ilegal. Ese monstruo alimentado por el Partido Popular, aquél especulador al que se ha dejado montar cientos de hectáreas ilegales y que provoca que el agricultor profesional que trabaja a tiempo completo no pueda regar". 

Sobre el pacto del agua, Giménez ha afirmado que es "la enésima oferta entre políticos sobre agua. Otro pacto por arriba entre partidos que luego no lleva a ninguna parte. El único pacto posible solo tiene sentido si se cuenta con todos los actores sociales, con los agricultores y un amplio elenco sociedad civil".
Giménez ha calificado el discurso de López Miras de "obsoleto y ajeno" a la realidad que vive la Región de Murcia. Hemos escuchado, ha dicho la diputada de Podemos, un discurso "muy alejado de lo que nos dice Europa que tenemos que hacer y que apela a un supuesto consenso que ni los propios agricultores comparten. El discurso del PP ya no es el discurso único y oficial del agua. Quien ha vendido a los agricultores es el Partido Popular".
"Los agricultores se sienten estafados" ha puntualizado María Giménez, por las "continuas promesas incumplidas del Partido Popular. Han permitido que durante más de 20 años se riegue sin planificar a golpe de decreto de sequía". De ahí, que Giménez haya pedido al presidente López Miras que "abandone el debate estéril sobre buenos y malos, trasvasistas y no trasvasistas, defensores de Murcia y antimurcianos. Nadie en esta Cámara se siente identificado con esa dicotomía, pues no existe".
Giménez ha subrayado que la sequía "no es una maldición divina. Se necesita planificación y anticipación para prevenir los efectos dramáticos que ocasiona. Además, en un contexto de cambio climático, los riesgos de las sequías seguirán creciendo. Contra la sequía se lucha mirando a largo plazo. Que el año más lluvioso de los últimos 30 años tengamos que aprobar un decreto de Sequía es una muestra evidente del desgobierno hídrico y su mala gestión". Por ello, como ha aseverado la diputada del Grupo Parlamentario Podemos "ya existe una nueva voz de agricultores que no están de acuerdo con ustedes. El PP ya no les puede tomar el pelo, no pueden seguir presentando la sequía como algo insólito".
Respecto a los regadíos ilegales, María Giménez ha incidido en que "si no hay agua para zonas legales no se puede aumentar la dotación en beneficio de superficies fuera del perímetro regable pertenecientes, en la mayoría de los casos, a la agroindustria. El Memorándum ha sido un engaño del PP que favorece a quién tiene dinero. Condenan a aquel agricultor que ni siquiera puede acceder al agua desalada pues no establecen mecanismos para abaratarla o subvencionar a quién no puede comprarla. De esa manera, sin hacer un auditoria de los regadíos ilegales, quitamos futuro al agricultor legal, eficiente y responsable".

"La Comisión concluye que el sobrecoste del Batel se debe a la actitud negligente del PP y José Selgas", dice MC

CARTAGENA.- La concejal de Hacienda, Isabel García (MC), ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación, en compañía del resto de representantes de los grupos municipales que han participado en las sesiones de la Comisión que ha estudiado el sobrecoste en la construcción del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel.

Los trabajos de este grupo han concluido hoy y García, como presidente del mismo, ha dado a conocer las conclusiones recabadas, documento compartido por los cinco grupos políticos que han participado en el proceso.
La concejal ha comenzado resaltado lo "difícil" de la tarea por el gran volumen de documentación a revisar, lo que ha exigido un "trabajo ordenado y metódico".
Cabe recordar que la Comisión fue creada en virtud del acuerdo plenario de 30 de diciembre de 2015. 
A lo largo de este tiempo, se ha revisado la documentación del expediente administrativo de contratación de la obra, así como de sus modificados (pliegos, propuestas de las empresas, informes técnicos), informes emitidos por el Departamento de Estructuras y Construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), etc.
Del mismo modo, se ha contado con la presencia de los técnicos municipales intervinientes en la obra, un representante de la empresa constructora, y profesores de la Universidad Politécnica que realizaron el estudio.
Por el contrario, ni la ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (máxima autoridad municipal durante todo el proceso de construcción del Auditorio), ni los concejales intervinientes en el mismo (José Vicente Albaladejo, María de los Ángeles Palacios, José Cabezos o Gabriel Ruiz) han comparecido en la Comisión, a pesar de estar convocados.
Isabel García ha continuado agradeciendo la labor de aquellas personas que se han involucrado de manera activa para la consecución final de los objetivos de una Comisión que ha determinado acreditados diversos hechos.

Cronología de un dislate económico para las arcas de Cartagena
8 de abril de 2002. Primera fecha reseñable. El Ayuntamiento de Cartagena encarga a José Selgas Rubio la redacción del proyecto básico y de ejecución del Auditorio Municipal de Cartagena, de acuerdo a las bases del concurso y por una cantidad que rozó los 600.000 euros.
De acuerdo a esta circunstancia, Selgas fue conocedor que se le encargaba un auditorio terminado. Debía contener caja escénica, acústica, mobiliario y adecuación del entorno. Este punto es importante de resaltar ya que, tal y como ha reconocido García, "parte del encarecimiento de las obras viene de los trabajos complementarios para dotar al auditorio del mobiliario, equipamiento escénico y acústico, además de adecuar los exteriores. La piedra angular del sobrecoste es el estudio geotécnico", ha argumentado.
Y es que el 3 de octubre de ese mismo, se le encarga a una empresa madrileña (CONES) el contrato de consultoría, asistencia y servicios, referente a la redacción de estudio geotécnico del solar del Auditorio Municipal, por lo que, parece obvio deducir que el proyecto de ejecución básico se redactó sin este preceptivo informe. Dos meses más tarde, un escrito de la mercantil Fhecor, dirigido a Selgas, declara incompleto el estudio geotécnico elaborado por CONES.

Inicio de expediente
El 7 de febrero de 2003 se inicia el expediente de contratación de las obras, con un importe total que ascendía a 20.738.234,30 euros, entre los ejercicios 2003 a 2006.
El 2 de septiembre de 2003, a la vista del informe de valoración emitido por la Comisión Técnica (integrado por Jesús López, Juan Canalejo y José Amorós), la Mesa de Contratación propone como adjudicataria de la obra a la UTE INTERSA ACS, por la cantidad de 20.364.945,79 euros, elevándose a pleno el 9 de octubre. En el acto del acuerdo de pleno se recoge la propuesta, "aceptando las mejoras ofrecidas en su proposición".
Ya en el acta de replanteo previo, el director de la obra, José Selgas, declara que "existía disponibilidad de los terrenos necesarios para la realización de las obras", equivocándose en dicha percepción, ya que entre sus obligaciones se encontraba haber reflejado este hecho en el proyecto de ejecución. La disponibilidad de los terrenos se obtiene después del acuerdo de adjudicación de la obra.
Como hecho anecdótico cabe citar que el 5 de julio de 2004, ACS Proyectos Obras y Construcciones, S.A, pasa a llamarse Dragados, S.A. Curiosamente, esta empresa, en UTE con Emurtel, S.A., resulta la empresa adjudicataria de la construcción del Palacio de los Deportes.
El 2 de agosto de 2004 se firma el Acta de Replanteo para dar inicio a las obras. Conviene citar que el contrato con la adjudicataria se firma el 25 de noviembre de 2003, si bien, el acta de replanteo para inicio de las obras no se suscribe hasta el 2 de agosto de 2004, pasando más de seis meses, lo que podría haber sido causa de resolución del contrato.

Proyecto modificado
El 14 de abril de 2005, José Selgas solicita redactar un proyecto modificado que conllevaría un incremento económico que se cifra entre el 19 y el 20%.
Lo fundamenta en el hecho de que "con posterioridad a la adjudicación de las obras han surgido incidencias nuevas debido a que el terreno encontrado es menos homogéneo de lo previsto y a la conveniencia de mantener con respecto al Museo de Arqueología Submarina la mayor distancia posible. aconsejan el movimiento del edificio dentro de la parcela."
De las investigaciones de la Comisión subyace que la petición de modificado presenta justificaciones que tratan de esconder que el proyecto contratado es incorrecto y que los mecanismos que la ley exige para el control de calidad del mismo han sido "ineficaces".

Incremento de la obra (20,34%)
El 9 de agosto de 2005, los técnicos municipales emiten informe de Supervisión Técnica del Proyecto Modificado n°1, dando el visto bueno a las modificaciones propuestas y al nuevo presupuesto que supone un 16,9530% sobre el presupuesto de adjudicación.
Cantidad que sería incrementada ya que, si restamos los 691.0006, 69 euros de la partida destinada a "urbanizaciones", el presupuesto real de la modificación es de 24.508.435,60 euros, lo que supone un incremento del 20,34%.

Segundo modificado. Incremento acumulado del 69,38%
Un año más tarde (15 de junio de 2006), Selgas solicita el segundo modificado, lo que supone un incremento económico entre el 44 y el 47%, exponiendo que "habiéndose ejecutado las obras del Proyecto Modificado. se constata que existe una realidad ejecutada que supera ampliamente lo presupuestado en este Proyecto Modificado".
El 20 de abril de 2007, la Junta de Gobierno aprueba la modificación número 2 del contrato para la construcción del auditorio con un presupuesto de ejecución de 34.495.113,50 euros, admitiendo un incremento del 69,38% y procediéndose a la firma de un nuevo contrato con la UTE.
Conviene llamar la atención sobre un hecho realmente aclarador y es que, en este punto, Selgas reconoce que no se abordó un proyecto modificado (el primero) que diese una solución "global" al problema debido a que el plazo de tramitación de un modificado superior habría sido mucho mayor.
O lo que es lo mismo, Selgas es "conocedor del problema" pero no lo afronta para evitar los plazos de un modificado superior al 20%. Por lo tanto, es lógico deducir que se trata del responsable del dinero invertido. Situación que se ve agravada por el hecho de cobrar por una actuación que no resolvería la problemática.

Nuevos modificados
A esta sangría de dinero público, hay que sumar dos nuevos modificados. Octubre de 2008 (2.188.968,39 euros), y un cuarto que, si bien, no supone un incremento económico si acarrea un mayor plazo de ejecución (12 meses).

Obras complementarias. Aumento notable del coste
Los trabajos de la Comisión han deducido el incremento generado por la elaboración de cuatro proyectos paralelos de terminación de obra (equipamiento escénico, mobiliario, división y adaptación acústica y urbanización del entorno del Auditorio y Museo de Arqueología Submarina).
Unas obras complementarias que supondrán una destacadísima inversión. Ello para solventar "circunstancias imprevistas".
El coste total fue el siguiente:
Equipamiento escénico del Auditorio-Palacio de Congresos de Cartagena. 8.302.273,69 euros.
Adaptación acústica del Auditorio-Palacio de Congresos de Cartagena. 1.878.022,17 euros.
Adecuación del entorno del Museo de Arqueología Subacuática y el Palacio de Congresos y Auditorio de Cartagena. 4.508.605,12 euros.
Suministro de mobiliario (Pliego técnico y administrativo realizado por José Selgas). Presupuesto de licitación de 2.086.312,20 euros.

Recepción de las obras
Finalmente, el 21 de octubre de 2011, Juan José Hernández, José Selgas y Enrique Soler firman todas las actas de recepción de las obras.
Se recepciona un auditorio defectuoso, con importantes deficiencias, que llegan a nuestros días, como el no cumplimiento de las medidas contraincendios, tal y como informó el Jefe de Extinción de Incendios el 13 de mayo de 2016.

Calderón: "Se deben exigir responsabilidades técnicas y políticas"
Una vez conocidos los cuarenta y un puntos que conforman las conclusiones de esta Comisión de Investigación, el portavoz del Grupo municipal MC, Francisco Calderón, ha asegurado se deben exigir "responsabilidades técnicas y políticas, además de aquellas que puedan proceder al valorar estas conclusiones por parte de la asesoría jurídica municipal".
De los trabajos efectuados en estos últimos meses, se deduce que las personas cuya actuación no es ajustada a sus deberes con el interés público y la normativa de aplicación son las siguientes: Pilar Barreiro Álvarez; Gabriel Ruiz Álvarez; María de los Ángeles Palacios; José Cabezos Navarro; José Vicente Albaladejo; José Selgas Cano; Jesús López López, así como otros funcionarios jefes de servicio ya retirados.

Calderón ha expuesto que estas responsabilidades se deben a una serie de razones: "falta de previsión y gestión en la obra, lo que ha supuesto un sobrecoste, a lo que hay que sumar el gasto en mantenimiento de un edificio de estas características en el entorno elegido; la errónea decisión política sobre la ubicación del Auditorio, ya que no consta informe favorable alguno sobre la ubicación elegida; las distintas modificaciones sobre lo proyectado que evidencian una constante imprevisión basado en el 'prueba y error'; la clara responsabilidad del autor del proyecto, así como las responsabilidades municipales, en este caso tanto política como técnica, pues el Ayuntamiento es el promotor y, por tanto, el responsable directo. De hecho, no se crea la comisión de seguimiento-control hasta que ya se ha consumado el grave daño a las arcas públicas".
Igualmente, ha añadido el portavoz del Grupo municipal MC, "ha quedado demostrado que se conocía la necesidad de un modificado del proyecto antes de iniciarse las obras, sin que ni el director facultativo ni el contratista reflejaran este hecho". Esto se debe a que haber llevado a cabo este modificado "habría dado lugar a la suspensión del inicio de las obras, es decir, a la resolución del contrato. La no realización de este trámite ha conllevado un encarecimiento desmesurado de la obra, que puede considerarse un despilfarro evitable con la simple aplicación de las normas y las decisiones políticas adecuadas".

Reprobación de los responsables políticos
Tras el trabajo realizado por la Comisión, se propondrá al Pleno del Ayuntamiento la reprobación de la actuación de los responsables políticos que han actuado en esta tramitación y cuyas acciones y, principalmente omisiones, ha provocado un grave daño a las arcas municipales.
Asimismo, se dará traslado a la asesoría jurídica municipal de las conclusiones para que, en su caso, informe del inicio de acciones legales, judiciales o a través de la Fiscalía contra los responsables políticos y técnicos, en especial, el arquitecto José Selgas, del probado perjuicio a las arcas municipales y la tramitación administrativa.
Si bien, no corresponde a la Comisión la determinación de ilícitos penales, sí ha considerado que deben investigarse las acciones y omisiones políticas ante le conocimiento que existía sobre la idoneidad del proyecto y la tramitación de la contratación.
Por ello, se solicitará a la asesoría jurídica que estudie si los hechos y la participación de los distintos actores en ellos son susceptibles de los delitos de: falsificación en documentación públicos del art.390 y siguientes; prevaricación administrativa del art.404 y siguientes del Código Penal; malversación del art.432 y siguientes, y fraude a la Administración (art. 436 y siguientes).
La Comisión de Investigación acercadel sobrecoste en la construcción del Auditorio El Batel, que ha contado con participación de todos los grupos municipales, quedó constituida el 17 de febrero de 2016, tras el acuerdo adoptado en el Pleno celebrado el 30 de diciembre de 2015.

C's acusa a CTSSP-Podemos de desinformar deliberadamente sobre el Faro de Cabo de Palos

CARTAGENA.- Ciudadanos ha acusado hoy a CTSSP-Podemos de desinformar deliberadamente con motivo de la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados para poner en valor el Faro de Cabo de Palos. 

El portavoz de la formación naranja, Manuel Padín, ha lamentado "la desvergüenza política del populismo de izquierdas que ha querido equiparar el contenido de una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, con la proposición en el Congreso que ha apoyado Ciudadanos, que poco o nada tienen en común, con el fin de desacreditar nuestra posición o acusarnos de incoherentes".
Manuel Padín ha explicado que la moción municipal manifestaba el rechazo a que el Faro de Cabo de Palos fuera usado única y exclusivamente como un hotel de lujo de carácter privado que restringiría el libre acceso de la ciudadanía a las inmediaciones y al entorno del propio faro e instaba a la Autoridad Portuaria a defender la permanencia de los trabajadores del Faro en las mismas condiciones en las que trabajan actualmente, mientras que la proposición aprobada en el Congreso, insta al Gobierno a poner en valor el Faro con el objetivo de conseguir la implantación de usos turístico, residencial y científico, convirtiendo esta instalación en un elemento de referencia en el litoral mediterráneo".
Ciudadanos está contribuyendo así a una mayor conservación de nuestro patrimonio, a revalorizar un inmueble histórico para atraer inversión privada y generar empleo vinculado a su explotación, además de enriquecer las actividades turísticas de alrededor". 
"Pero claro-indica Padín- para conciliar la inversión privada con el derecho de los ciudadanos a disfrutar de este BIC hay que trabajar y negociar, y eso es algo que no se le da demasiado bien a nuestros compañeros de Podemos".
El portavoz de Ciudadanos ha señalado que "la única explicación que encontramos en la actitud de Podemos es que estén intentando desviar la atención para que la ciudadanía se olvide de su incoherencia política al apoyar a un gobierno, el de Cartagena, con imputados por corrupción política, o la traición a sus propios valores al validar con su apoyo el reparto de sillones, los aumentos de sueldo injustificados, y la colocación a dedo del presidente de MC, Jesus Giménez Gallo, como coordinador de Desarrollo Sostenible". 
Padín asegura que "CTSSP-Podemos ha cogido todos los códigos éticos que decía defender y los ha quemado a cambio de nada, y ahora se sienten obligados a lanzar campañas de distracción al más puro estilo populista".

Comunicado de CTSSP sobre las conclusiones finales de la comisión de investigación del auditorio El Batel


CARTAGENA.- "Desde CTSSP manifestamos nuestra satisfacción por esta primera Comisión de Investigación propuesta por nuestro grupo, y destacamos el buen hacer y el trabajo de sus integrantes. La experiencia obtenida en la misma nos emplaza a una pronta y necesaria regulación de la comisiones de investigación en el Reglamento del Pleno de este Ayuntamiento para corregir algunas faltas y vacíos detectados en su desarrollo. 

En segundo lugar, la ciudadanía debe saber que en el pliego de condiciones se deja muy claro que se contrata un auditorio terminado, y sin embargo, tras el importe de licitación del contrato de las obras más los 4 modificados que suman 44.462.765€, se tuvieron que ejecutar a posteriori las obras complementarias. ¿Por qué? Dichas obras supusieron unos costes añadidos de 2.093.871 € para la Adaptación Acústica + 9.478.441 € para Equipamiento Escénico + 1.538.788 € para Mobiliario + 4.238.175 € para Adecuación del Entorno, lo que sumado a los honorarios técnicos de arquitecto y aparejador nos hacen pasar a un coste total de 63.9382E377 € para un auditorio que se contrató por 20.364.945 € (+315%).
La obra fue contratada, ciertamente a un premio nacional de arquitectura, pero el cual no completó ni consumó la diligencia y lex artis propia de su profesión, pues tenía que haber previsto que la especial ubicación iba a ser origen de los sobrecostes que finalmente se produjeron, debiendo haberse basado en un correcto y eficaz estudio geotécnico como primer paso para la redacción, tanto de los documentos técnicos, como de la ejecución de las obras y la correspondencia entre previsiones y situaciones desconocidas, no previstas o sobrevenidas.
La solución, con una filtración que parece importante, en un ambiente marino agresivo, y con unos requisitos de estanqueidad muy exigentes, al ser el espacio sumergido (el propio patio de butacas), parece más precaria de lo que sería deseable, y aparentemente sobrevenida por una falta de previsión de algo que era evidente al construir bajo rasante junto al cantil del puerto. Por todo ello, desde CTSSP exigimos la responsabilidad contractual y técnica del arquitecto José Selgas.
El Sr. Juan José Hernández Nieto, director de la UTE (ACS e INTERSA) empresa constructora, también es corresponsable de estos sobrecostes, pues era conocedor de los errores de inicio pero aún así decidió continuar con la obra manifestando que ellos no estaban para renunciar a la misma. Conocían los estudios geotécnicos sabiendo que el primero ya era incorrecto, pero entendemos que su presunta actitud negligente le llevó a continuar y no desistir a pesar de los futuros y previsibles problemas que efectivamente surgieron.
En cuanto a los técnicos del Ayto, queremos emitir unas “conclusiones particulares” en las que nos diferenciamos como grupo político de la apreciación del resto de la Comisión: desde CTSSP consideramos que cabe también recriminar el mal hacer del Coordinador de Urbanismo existente en el inicio de la obra, Jesús López López, dado que él supervisó el proyecto inicial, dándole el visto bueno y no vio en ningún momento la importancia del informe geotécnico inicial, pues desconocía su existencia, según nos manifestó. Sus funciones principales como Director de Urbanismo eran la certificación de obras, el cumplimiento de los plazos y las obligaciones del contrato; es decir, él era la figura del control municipal sobre la dirección técnica de la obra. Estuvo en el momento más importante del inicio de la obra, que era cuando se realizó el acta de replanteo y no advirtió nada. De hecho es prueba evidente de ello que nada más marchar de sus funciones se crea una Comisión Técnica Especial formada por funcionarios del Ayto. (que trabajaron adecuadamente) para reconducir y poner orden en las numerosas irregularidades que se estaban empezando a dar.
La ubicación formaba parte de un proyecto estratégico denominado “Puerto-Ciudad”; sin embargo parece que dicha decisión fue caprichosa por parte de los políticos gobernantes en ese momento, que no tuvieron en cuenta las repercusiones económicas que supuso para las arcas municipales, gastando el dinero público sin contemplaciones ni medida con el fin último de promocionar su figura política y a su partido.
Incluso en el supuesto de que todo estuviera dentro de la legalidad, acusamos directamente al gobierno municipal del Partido Popular en aquellos años, formado por los concejales Gabriel Ruiz, Mª Ángeles Palacios, José Vicente Albaladejo y José Cabezos Navarro, y en última instancia la alcaldesa Pilar Barreiro, como últimos responsables por no cumplir con su función de servidores públicos, al llevar a cabo la construcción de un edificio no prioritario y económicamente desproporcionado para las necesidades de Cartagena2E Esto supone una evidente falta de previsión y gestión en una obra pública, que nos ha dejado endeudados por muchos años a la ciudadanía cartagenera.
También queremos dejar claro las responsabilidades que desde nuestra valoración particular se deben exigir al Arquitecto José Selgas, a la UTE ACS-INTERSA, al Técnico municipal Director de urbanismo Jesús López López y a los concejales y alcaldesa del PP. Dichas responsabilidades serán depuradas en la forma en que los Servicios Jurídicos del Ayto. de CT determinen, tras el informe que la Comisión de Investigación les haga llegar.
Por último, lamentamos que ni Pilar Barreiro, ni su equipo de Gobierno ni el propio arquitecto tuvieran la disposición a prestar declaración en la Comisión, ya que la ciudadanía es lo mínimo que se merece, teniendo en cuenta que se deben dar todas las explicaciones cuando se ha construido con dinero público un edificio innecesario que ha costado 3 veces más de lo presupuestado inicialmente".

El PSRM consigue sacar adelante un Catálogo de lugares de Memoria Histórica de la guerra civil y la Dictadura

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán ha defendido en el Pleno de la Asamblea, la creación y regulación de la figura del lugar de Memoria Histórica de la Región de Murcia, al tiempo que ha exigido al Gobierno de España que cumpla la Ley 52/2007, elaborada por un gobierno socialista.

López Pagán argumentó que esta iniciativa, que forma parte del ideario político del Partido Socialista, viene a recordar que "la memoria y la historia no deben quedar en el olvido y es obligación de las instituciones dar cumplimiento a la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura del general Franco".
Esa Ley -añadió- "ha tenido un desarrollo desigual y en la Región de Murcia quedan numerosos lugares que no se han puesto en valor" . 
El objeto fundamental de esta moción es, además de promover ese lugar de Memoria Histórica de la Región, la creación de un Catálogo de lugares de Memoria Histórica de la Región de Murcia, que recoja el listado de sitios vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos entre la sublevación militar contra el Gobierno de la II República, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
"Se trata de conocer de manera científica, con las aportaciones documentales que existan por parte de la Administración y de la Asociación de Memoria Histórica, impulsora de esta iniciativa, todos y cada uno de los lugares vinculados a esta etapa de nuestra historia".
López Pagán agregó que se trata de "hacer un trabajo objetivo y riguroso, porque es de justicia y sin ánimo de reverdecer una lucha, porque la mejor manera de no repetir los errores de nuestra historia es recordándolos".
La diputada socialista Yolanda Fernández ha sido la ponente socialista de la moción del Grupo Parlamentario Podemos en la que piden la prohibición de herbicidas químicos para usos no agrarios en espacios de uso público y su sustitución por métodos no químicos. Fernández anunció que el PSOE apoya esta iniciativa "porque en este tema, más vale prevenir que curar".
La diputada socialista explicó que existen estudios y resoluciones contradictorias en este sentido. Recordó que en 2015, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, asociada a la OMS, asociaba el glifosato con el cáncer en humanos; por otra parte, la Organización Independiente para Asesoramiento Científico para la Unión Europea lo desmintió y aseguró que esta sustancia no era potencialmente cancerígena.
En abril de 2016, la eurocámara aprobó la renovación por siete años del permiso de utilización del glifosato, una decisión que fue revisada y meses después, en junio, se modificó ese permiso para 18 meses, cumpliéndose el plazo el próximo mes de diciembre. "Un cambio motivado por esos estudios contradictorios y por una investigación a la multinacional que tiene la patente de esta sustancia y que desde 1999 tiene conocimiento de que su producto podía producir algún tipo de mutación".
Yolanda Fernández añadió que el PSOE ha denunciado ante el Comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria la falta de transparencia, fiabilidad científica e independencia de las agencias reguladoras y ante este panorama de incertidumbre, el Parlamento europeo ha vuelto a someter a debate esta cuestión y ha reclamado una Comisión de Investigación.
El viceportavoz Joaquín López Pagán también ha sido ponente de la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía sobre la puesta en funcionamiento de la Alta Velocidad de la red ferroviaria desde Beniel mientras no se resuelve la entrada en Murcia. 
López Pagán fue tajante en exigir el soterramiento integral para la llegada de la alta velocidad al municipio de Murcia, desde el inicio de la nueva variante de acceso a la ciudad de Murcia hasta el núcleo urbano de Nonduermas, incluido el soterramiento de las vías en el tramo de la Estación Murcia El Carmen.
El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido una enmienda a la totalidad en la que manifiesta su compromiso irrenunciable con las obras de soterramiento. "Nuestro compromiso es claro y apoyamos la petición de la Plataforma Pro Soterramiento para que el AVE llegue a Murcia soterrado de manera integral y no llegue en superficie, a menos que simultáneamente se realicen las obras para el soterramiento".
Asimismo, reclama que de manera inmediata se ponga en conocimiento de la ciudadanía de la Región el proyecto de soterramiento y la planificación presupuestaria para el cumplimiento de dicho proyecto.
El viceportavoz socialista criticó la actitud de Ciudadanos y apeló al consenso político en esta cuestión de interés para toda la Región. "Lo importante es la voluntad del Gobierno de Rajoy para que el soterramiento sea una realidad; no queremos más promesas incumplidas, ni más uvas que no nos podemos tomar si el AVE no llega, como prometió el ex consejero Bernabé".
Joaquín López criticó la ambigüedad de Ciudadanos que en el Congreso de los Diputados no hizo mención alguna a esta cuestión durante el debate de una Proposición no de Ley del PSOE.
Por último, reivindicó que no se acometa ninguna obra ni se destine partida presupuestaria alguna sobre este pasillo ferroviario que no sea destinada expresamente a la culminación de las obras de soterramiento integral de las vías del tren a su paso por el municipio de Murcia.
"Consideramos que la propuesta de Ciudadanos es solo un paripé, una medida cortoplacista para demandar una solución que nadie ha demostrado que sea la solución para que el AVE finalmente llegue soterrado".

El Parque Industrial de Alhama experimenta un crecimiento del 36'94% en su volumen de ventas de 2016


ALHAMA DE MURCIA.- El Parque Industrial Alhama experimentó un crecimiento del 36'94 por ciento en su volumen de ventas el pasado año, al alcanzar una facturación de 2.128.286 millones de euros, frente a 2015, en que se alcanzó el valor de 1.343.000 millones de euros.

El dinamismo del parque ha llevado al consejo de administración de Industrialhama, sociedad encargada de la gestión del parque y de la que forma parte el Instituto de Fomento, a acometer una cuarta fase de ampliación que permitirá poner otros 60.000 metros cuadrados a disposición de las empresas. El consejo de administración de este órgano, precisamente, aprobó hoy las cuentas del ejercicio de 2016, que reflejan unos beneficios de 252.699 euros.
El director del Info y vicepresidente de Industrialhama, Joaquín Gómez, destacó tras la reunión del consejo las buenas condiciones industriales para atraer inversiones del parque. "Las completas infraestructuras, la localización, los precios competitivos y el dinamismo de las empresas instaladas y las sinergias que surgen entre ellas son algunos de los factores que explican este crecimiento y que, a su vez, actúan como imán para nuevas inversiones productivas".
"En este sentido, destaca también el efecto tractor de las medidas de simplificación y aceleración, en especial la Unidad de Aceleración de Inversiones del Info, que han convertido la Región en un espacio de libertad económica de gran atractivo para las empresas, como lo prueba el hecho de que la Región ha sido durante los tres primeros meses del año la comunidad en la que más creció la inversión extranjera (797,7 por ciento)", señaló Joaquín Gómez.
En concreto, un total de 15 empresas han empezado su actividad en el parque en los dos últimos años, lo que refleja el gran dinamismo de este parque industrial, que cuenta ya con más de 140 empresas. 
Con el objetivo de seguir aumentando su capacidad de acogida, Industrialhama inició una segunda y tercera fase de ampliación de suelo industrial el pasado año. El concurso para la adjudicación de las obras, al que se han presentado una docena de empresas, se resolverá en breve, lo que permitirá que dichas obras comiencen a lo largo de este verano y estén finalizadas para principios de 2018.
Estas obras prevén la urbanización, acondicionamiento y equipamiento de aproximadamente 90.000 metros cuadrados, lo que supondrá una inversión aproximada de 1'5 millones de euros. Se van a instalar, además, servicios con especial valor añadido, como cableado de fibra óptica con mayor ancho de banda, permitiendo unas mejores comunicaciones, así como gas canalizado. 
Esta ampliación se completará con una cuarta fase, ya aprobada por la sociedad Industrialhama, que pondrá a disposición de las empresas otros 60.000 metros cuadrados y que conllevará una inversión de 1'3 millones de euros.
Durante la reunión se destacó que la próxima ampliación va a permitir que cuatro grandes empresas se instalen o aumenten su actual extensión. Además, otras 10 empresas están valorando instalarse en el parque. 
De esta forma, las previsiones de crecimiento del polígono se sitúan entre 8 y 10 por año, lo que permitirá seguir contribuyendo a su carácter dinámico actual y multiplicará la actividad industrial de la zona en los próximos años.

La CARM financia los programas de ayuda social de Cáritas Diocesana con 1,2 millones

MURCIA.- La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, se reunió hoy con el consejero-sacerdote de Cáritas Diócesis de Cartagena, Francisco Montesinos, y con el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Saura, para la presentación del nuevo centro para personas en riesgo de exclusión de la ciudad.

Violante Tomás recordó el compromiso del Gobierno regional "con las personas que más lo necesitan, a través de distintos programas de lucha contra la pobreza y ayudas a las personas más vulnerables que lleva a cabo la Comunidad en coordinación con esta ONG, por un importe total de 1.266.033 euros en 2017".
La Comunidad desarrolla cuatro tipos de programas con Cáritas. Uno está orientado a la mejora de la empleabilidad y garantía juvenil, dirigido a personas en situación o riesgo de exclusión social, por importe de 381.000 euros, cofinanciados al 80 por ciento por el Fondo Social Europeo.
Un segundo, denominado 'Ágape', cuenta con 240.533 euros para el mantenimiento de comedores de adultos e infantiles en Cartagena, Murcia y en la pedanía murciana de Aljucer, así como economatos en Cartagena, Lorca y Torre Pacheco y ayudas para alimentos, suministros esenciales, salud y material educativo.
El tercer programa es el 'Plan de acogida en viviendas', dirigido a inmigrantes en riesgo de exclusión, que permite mantener 39 plazas por un importe total de 577.000 euros este año. Este contrato de servicio público se inició el pasado 1 de diciembre, para un periodo de tres años, por importe total de 1.690.000 euros.
El último de los programas se refiere a la atención integral en centros a colectivos vulnerables y se dirige a menores que han permanecido tutelados por la Administración pública y que han cumplido los 18 años (y hasta los 25 años) sin contar con recursos propios ni familiares.
En este servicio, que financia la Consejería con 67.500 euros, se promueve, además de la cobertura de necesidades básicas como alojamiento y manutención, su emancipación a través de la activación social, formación, capacitación laboral y acceso a recursos.
"Cuando los jóvenes cumplen la mayoría de edad se les ofrece la posibilidad de disponer de alojamiento en un recurso residencial para jóvenes extutelados, desde este recurso se les incluye en un programa de acompañamiento, con inserción social y laboral dirigido a favorecer la autonomía personal de estos jóvenes", explicó Violante Tomás.
Actualmente, desde la Dirección General de Familia y Políticas Sociales se financia un proyecto de Cáritas para alojamiento e inserción social y laboral, de 20 plazas para extutelados menores extranjeros no acompañados, y otras 6 plazas para extutelados en viviendas de emancipación y preparación para la vida adulta.
Violante Tomás también destacó que unas 80 personas participaron en el proyecto para mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación o riesgo de exclusión social 'ELIGEH!', que desarrolló Cáritas Diócesis de Cartagena, y está cofinanciado en un 91 por el ciento por el Fondo Social Europeo y por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
Así, se desarrollaron itinerarios de inserción socio-laboral y de mejora de las competencias socio-laborales y profesionales. Las acciones formativas son de certificado de Profesionalidad Nivel 1, 'Operaciones básicas de cocina' y 'Operaciones Básicas de Restaurante y Bar' Colaboración con la Mesa de Apoyo al Tercer Sector.

Cartagena se suma a la ofensiva legislativa de C's para exigir la retirada urgente de los barracones en los centros educativos


CARTAGENA.- Ciudadanos Cartagena se ha sumado hoy a la ofensiva legislativa de la formación naranja en todo el territorio nacional para exigir la retirada urgente de los barracones en los centros educativos y ha registrado una moción para instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que cumpla con los Mapas de Infraestructuras Escolares previstos en el municipio de Cartagena y ejecute el 100% de lo presupuesto para este fin. 

Por otra parte, C's quiere que se presente ya un plan de sustitución progresiva o acondicionamiento, en los próximos cuatro meses, de las infraestructuras cuya sustitución ya se planificó y ha quedado paralizada y de aquellas instalaciones que ya hayan superado el plazo de provisionalidad y que se establezca un conjunto de requisitos de edificación, acondicionamiento y salubridad y un proceso de calidad para la comprobación y auditoría de las instalaciones, tanto nuevas como existentes. 
Además, la formación naranja quiere que se le dé traslado al Consejo Escolar Municipal de Cartagena y a los colegios afectados de la moción y los acuerdos adoptados.
El portavoz de Ciudadanos en Cartagena ha calificado de "dantesca" la situación de las infraestructuras educativas en Cartagena con 12 barracones, "si nos basamos en datos municipales, gracias a la información comunicada por la Concejalía de Educación a los medios de comunicación en fechas recientes, Cartagena tiene dos casetas en La Casa del Niño y unos aseos prefabricados desde el año 2007, además un aula prefabricada en la escuela de San Ginés de la Jara desde hace más de diez años. 
Desde 2012, existe un módulo en el Luis Calandre de Santa Ana y otro en el Miguel de Cervantes de La Aljorra. En 2015 se instalaron uno en el Colegio Aníbal de Los Mateos, otro en el Santa Florentina de La Palma y dos módulos y unos servicios en el San Cristóbal de El Bohío. 
Desde 2016, el Virgen de Begoña de Tentegorra cuenta con una caseta y una zona de tutorías y dos casetas y unos aseos en La Aljorra. Estos centros llevan necesitando desde hace años actuaciones importantes y a día de hoy no se ha actuado en ninguno de ellos".
Según el portavoz de Ciudadanos, "el uso de los barracones está generando mucha preocupación a cientos de miles de padres por la falta de infraestructuras y de condiciones mínimas de salubridad y acondicionamiento que, unidos a la actual ola de calor que azota España, está provocando casos de lipotimias y desfallecimientos en muchos centros, entre ellos en la Región de Murcia". 
Para Manuel Padín, "el problema en sí no se reduce al uso de barracones, los cuales pueden diseñarse para cumplir con todos los requisitos marcados por el Código Técnico de Edificación y tener una vida útil muy superior a los diez años; el problema surge cuando se usan estructuras provisionales cuyas condiciones de construcción y montaje están pensados para un período de tres años como si fueran estructuras fijas y no temporales, cuando no hay dotación de aire acondicionado con bomba de calor, paneles aislantes, doble cubierta o suelos hormigonados".

Urralburu: "Debemos caminar hacia otra forma de entender la participación de los agentes sociales"

CARTAGENA.- El portavoz parlamentario y secretario general de Podemos Región de Murcia ha señalado que leyes como la aprobada hoy son las que alejan a los sindicatos y patronal "de la sociedad, puesto que son acuerdos de cúpulas sindicales y empresariales, mediados por los poderes públicos". 

Óscar Urralburu ha afirmado que el acuerdo "no aporta ningún tipo de implicación o beneficio para el mundo del trabajo o para las condiciones de vida de la gente. Su verdadera finalidad es financiar a la CROEM y a los sindicatos firmantes con 700.000 euros anuales".
Urralburu ha señalado que la Ley de Participación Institucional aprobada hoy por la Asamblea Regional es "la compensación mediante el pago de 700.000 euros a la suscripción del Acuerdo Social de diciembre de 2016, un acuerdo que fue puramente publicitario y que ha resultado absolutamente inocuo para la creación o la mejora del empleo de la región de Murcia. Lo hacen, además, sin una memoria económica que justifique esta colaboración institucional y que explicite los criterios que sustentan la cifra de 700.000 euros anuales".
El portavoz parlamentario de Podemos ha asegurado que lo que se reivindica desde su grupo parlamentario es "la Acción Sindical por sí misma y la defensa concreta de las condiciones de trabajo en los Convenios Colectivos, por encima de la concertación social". Por ello, Óscar Urralburu ha insistido en que desde Podemos "estamos con las organizaciones sindicales, pero no podemos compartir una lógica política que en lugar de fortalecerlas las debilita erosionándolas desde su base".
Nos gustaría saber, ha dicho Urralburu, "qué pensarán de esta garantía de poder adquisitivo los trabajadores y trabajadoras de los sectores productivos de nuestra Región que no consiguen revisar su convenio colectivo y se ven sometidos a la intemperie retributiva en la que los ha colocado las sucesivas reformas laborales".
Además, para el portavoz parlamentario de Podemos esta Ley es innecesaria, porque las Organizaciones Sindicales y Empresariales intersectoriales más representativas "ya tienen garantizada su participación institucional en los Consejos que señala el Anexo II de la Proposición. Y en los más relevantes la tienen por garantizada por la Ley que los creó".
De hecho, ha añadido Óscar Urralburu, esta Proposición de Ley es "discriminatoria para las restantes entidades representadas en los citados consejos, que con la misma función y responsabilidad no percibirán compensación económica por su participación institucional. Por ejemplo, es una ley de participación institucional por vía parlamentaria para que no haya participación del CES y del Consejo Jurídico".

El PSOE de Lorca exige explicaciones por la sentencia que anula el Plan Parcial 3-T, que afecta a la futura ampliación del hospital 'Rafael Méndez'

LORCA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha mostrado su preocupación por la conocida sentencia que anula el Plan Parcial del sector 3-T, ya que afecta tanto a los terrenos reservados para una futura ampliación del hospital Rafael Méndez, como a los terrenos donde se ubica el Centro de Vóley Playa, por lo que arroja "más dudas aún" sobre esta instalación.

Mateos ha manifestado su "profunda preocupación" ya que esta sentencia, la n° 151/2017, ha declarado nulo tanto el Plan Parcial del Sector 3-T como el Programa de Actuación y Estatutos del sector. Una sentencia que, además, impone las costas al Ayuntamiento de Lorca como codemandado.
El edil ha advertido que este sector afecta tanto al Centro de Vóley Playa como a los terrenos destinados en el PGMO para la futura ampliación del Hospital Rafael Méndez, por lo que se hace necesario dar las oportunas explicaciones sobre las circunstancias y consecuencias que puede tener este "nuevo revés judicial" al Ayuntamiento de Lorca.
Mateos advierte que se trata de una "nueva sombra más" en la "oscura tramitación" del convenio "trampa" de 2008, y que desde el PSOE vienen denunciando de manera insistente. Diego José Mateos recuerda que se trata de un convenio firmado por el actual equipo de gobierno del Partido Popular, por el que se acordó la cesión de terrenos y construcción "sui generis" del Centro de Vóley Playa, ya que ahora es el Tribunal Superior de Justicia el que anula el Plan Parcial.
Mateos asegura que es "muy curioso" fuentes municipales, del Partido Popular, hagan públicas otras sentencias judiciales cuando son achacables a otros equipos de gobierno, y silencian las que son de responsabilidad exclusivamente suya. 
Por ello, Mateos exige que se den las oportunas explicaciones en la Comisión Informativa de Urbanismo, en concreto, qué acciones se van a tomar, cómo afecta al centro de Vóley Playa esta sentencia; cómo afecta a los terrenos reservados para la futura ampliación del Hospital Rafael Méndez y qué costes judiciales (minutas y costas) va a suponer esta tramitación judicial para las arcas municipales.

Respuesta de la mayoría gobernante

La Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, Satur Martínez, ha aclarado que la tramitación del Plan Parcial 3T, diseñado sobre unos terrenos ubicados en la pedanía de La Torrecilla, seguirá su curso normal, no afectando en absoluto al desarrollo de otras infraestructuras sanitarias y/o deportivas de la zona. Las obligaciones no se ven, en ningún caso, afectadas por esta decisión, ya que se dieron por cumplidas con la modificación del Plan Parcial.
De hecho cabe anticipar que el reciente dictamen legal ha sido recurrido por petición expresa de los técnicos municipales, puesto que se trata de un trámite puramente administrativo y ajeno a decisión política: los funcionarios nos han indicado que se trata de una disparidad de criterios sobre la efectividad de una publicación. Hemos de recordar, además, que el PSOE jamás votó en contra de este proyecto, una evidencia que “desnuda” sus alarmistas críticas de hoy.
Tratar de comparar este tema con la batería de condenas judiciales que nos obligan a pagar 16 millones de euros a todos los lorquinos por los convenios urbanísticos trampa del PSOE es ridículo.
Satur Martínez se ha congratulado de haber disipado la “profunda preocupación” que tanto angustia de repente al Sr. Mateos por una cuestión puramente jurídica, hecho que contrasta con que los 16 millones de euros que tenemos que pagar los lorquinos por la orgía del ladrillo perpetrada por el PSOE no le importen lo más mínimo.

Murcia aprueba un reconocimiento institucional hacia los deportados en los campos de exterminio entre 1940 y 1945

MURCIA.- El Pleno municipal de Murcia ha aprobado hoy la moción conjunta gracias a la cual pone de manifiesto el reconocimiento institucional y público del Ayuntamiento de Murcia hacia los deportados en los campos de exterminio entre 1940 y 1945.

Así, el texto aprobado incluye la colocación de un monolito en una calle o plaza pública en la memoria de las víctimas y el homenaje personal del Ayuntamiento a Francisco Griéguez Pina, originario del municipio, que nació en 1918 y que "aún recuerda con tristeza y dolor los acontecimientos sucedidos, que tiñeron de desesperanza, represión y amenaza de muerte los que deberían haber sido los años más felices de su vida. Cayó, junto a otros murcianos y deportados de otros países, en las garras más violentas del hombre y fue víctima de la máquina de exterminio más horrorosa de la historia".
El alcalde José Ballesta ha agradecido a los investigadores Víctor Peñalver, Rufino Garrido, José Luis López Mesa y José Sánchez, entre otros, el trabajo realizado.
La moción añade que "es justo y razonable, por tanto, que esta Corporación Municipal, como representantes legítimos de los ciudadanos de Murcia, manifieste públicamente la admiración y agradecimiento hacia quienes pusieron en riesgo sus propias vidas para defender la libertad".
"Murcia debe homenajear a quienes soportaron un sufrimiento extremo, terminando, los menos, en libertad, mientras que la mayoría pagaron con sus vidas. Las víctimas son de todos y Murcia desea manifestar nuestro apoyo y solidaridad con los afectados y sus familias", concluye el texto aprobado.

El Pleno del Ayto. de Murcia aprueba la modificación de la ordenanza fiscal de vados

MURCIA.- El Pleno municipal de Murcia ha aprobado en su sesión de esta mañana el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos.

Ahora la nueva normativa pasará por un periodo de exposición pública que se extenderá durante un mes tras la publicación en el BORM.
El acuerdo incluye una actualización de las tarifas que, en la práctica, supondrá una rebaja de la tasa para la mayor parte de los vados de pedanías, cuyos propietarios pagarán el próximo año en torno a un 44% y 49,7% menos.
El nuevo texto disminuye el coste de los vados de hasta 3 vehículos, manteniendo la tasa de los de 4 vehículos y apenas incrementando 50 céntimos anuales por vehículo los de más de 5 coches.
Si se realiza una simulación con la modificación de la tarifa aplicando a los vados de pedanías, se obtiene que el ahorro individual por vado, suponiendo 4 metros de entrada, en una calle de 4ª categoría pasaría de pagar 143,8 euros a pagar 72,4 euros, lo que supone un ahorro del 49,7%.
Si el vado se encuentra en una calle de 5ª categoría pasaría de pagar 129,4 euros a pagar 72,4 euros con un ahorro del 44%.
Así, el impacto económico de estas nuevas tarifas, con los datos actuales de número de vados por categoría de calle y epígrafe, supone que los murcianos pagarán al año 77.782 euros menos que con las anteriores tarifas.
La nueva normativa varía los artículos 2º, 3º y 5º para adaptarlos a la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de los Vados, actualmente en tramitación, y se modifica la tarifa. El acuerdo aprobado hoy se trasladará ahora a la comisión informativa para que continúe el procedimiento administrativo, con el objeto de que las nuevas tasas estén en vigor el próximo año.
La tarifa se aplicará a aquellos inmuebles que cuenten con entrada y salida de vehículos a través de las aceras, pasos y calles peatonales o similares.
La normativa incluye que se iniciará de oficio expediente de comprobación limitada o de inspección tributaria, a efectos de su incorporación a tributación cuando exista un vado en la vía pública, entendiéndose por tal toda modificación de la estructura de la acera y bordillo destinada exclusivamente a facilitar el acceso de vehículos a inmuebles colindantes con la vía pública.
De esta forma, se emitirá un documento suscrito por técnicos municipales en el que se recojan los hechos que prueben la posibilidad de utilización o aprovechamiento privativo del dominio público local.
La modificación del artículo 3 especifica que estarán obligados al pago de esta tasa los propietarios de los inmuebles a los que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir las cuotas sobre los beneficiarios del aprovechamiento.
En cuanto al artículo 5 la principal novedad es que si el aprovechamiento se realizara sin haber obtenido la preceptiva autorización municipal, el plazo de ingreso de la tasa será desde la fecha de devengo de la presente tasa, no de un mes desde que se inicie dicho aprovechamiento como anteriormente.
Además, se incluye un nuevo punto que establece que cuando se conceda al peticionario cédula de habitabilidad de la vivienda que disponga de garaje o licencia de primera ocupación de edificios, naves o locales comerciales que se beneficien de la entrada de vehículos, se practicará la liquidación correspondiente al interesado con incorporación inmediata a Padrón, previa autorización municipal por el servicio gestor del registro de vados.

Las nuevas tarifas son las siguientes:

CATEGORÍA FISCAL
ENTRADA DE VEHÍCULOS 
1ª 2ª y 3ª

6ª 7ª
Se pagará al año por metro lineal o fracción:





1.- En locales con capacidad hasta 3 vehículos o en los que no se encierren pero entren o salgan vehículos:
       77,15  
       18,10  
       18,10  
       18,10  
         4,60  
2.- En locales con capacidad hasta 10 vehículos y talleres de reparación:
       97,30  
       54,15  
       48,75  
       35,95  
         8,95  
3.- En locales con capacidad hasta 25 vehículos:
      126,42  
       77,33  
       69,62  
       56,86  
       14,23  
4.- En locales con capacidad hasta 50 vehículos:
      157,47  
      105,82  
       95,26  
       81,02  
       20,13  
5.- En locales con capacidad de más de 50 vehículos, y garajes y aparcamientos públicos de hasta 50 vehículos:
      201,90  
      138,54  
      124,68  
      112,56  
       27,96  
6.- En locales con capacidad de más de 100 vehículos, garajes y aparcamientos públicos de más de 50 vehículos:
      273,39  
      183,82  
      165,43  
      146,19  
       36,40  

Podemos denuncia que la Administración se desentiende del IES 'Sanje' de Alcantarilla

ALCANTARILLA.- Los recortes en educación han golpeado especialmente al IES Sanje. Podemos ha trasladado a la Comisión al respecto del Ayuntamiento de Alcantarilla las demandas de la comunidad educativa y propuestas de mejora. Falta material de protección en el ciclo de soldadura y no se realiza mantenimiento de las máquinas de FP, por lo que el riesgo de accidente es alto. Podemos exige a la Administración regional medios dignos para el centro.

Además, los recortes en recursos humanos han provocado un aumento del absentismo y del fracaso escolar. Podemos propone una dotación presupuestaria desde el Ayuntamiento de Alcantarilla para establecer programas de compensación educativa con la colaboración de los Servicios Sociales, el AMPA y el centro.
Por último, el actual calendario de matriculación impide el acceso a muchos alumnos, ya que los plazos se cierran precipitadamente a final de junio dejando fuera a muchos estudiantes. Podemos propone adaptar el calendario de matriculación a las necesidades de los estudiantes, así como desviar autobuses de las líneas ya existentes coincidiendo con el comienzo y final de la jornada escolar para conectar el IES Sanje con Alcantarilla y Murcia.

'Agroseguro' inicia el pago de 7,8 millones por los daños en la fruta en este semestre

MURCIA.- Agroseguro ha iniciado el pago de las indemnizaciones a los fruticultores de la Región por los daños causados por los siniestros ocurridos en los primeros seis meses del año en variedades tempranas de fruta dulce, valorados en 7,8 millones de euros. 

Según han informado fuentes de esta entidad, este año se han registrado numerosos y muy diversos fenómenos climáticos adversos para los cultivos, que en el caso concreto de la producción de fruta temprana de Murcia se han visto afectados por las intensas precipitaciones ocurridas en los últimos días de abril y que provocaron el rajado de los frutos.
También fueron importantes las tormentas de pedrisco caídas durante ese mismo mes, a lo que además hay que añadir los siniestros por falta de cuajado derivados de la meteorología adversa, han señalado las fuentes, que han indicado que, en total, la fruticultura murciana ha sufrido daños en más de 5.500 hectáreas de frutales.
Según las fuentes, entre las zonas más afectadas destaca la comarca de Río Segura, seguida de Nordeste y Noroeste, y han agregado que en la campaña anterior fruticultores murcianos contrataron 3.660 pólizas de seguros que dieron cobertura a cerca de 20.600 hectáreas de cultivo, a una producción de más de 375.700 toneladas.
Así, el 90% corresponde a melocotón (que incluye melocotón, nectarina, paraguayo y platerina) y a albaricoque, lo que sitúa a esta comunidad como la primera en número de pólizas y la tercera en producción asegurada.

El Congreso apoya una propuesta del PP para «abrir el faro de Cabo de Palos a la gente»

MADRID.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Teodoro García, pidió mediante una proposición no de ley, que fue aprobada, que el faro del Cabo de Palos se convierta en «una infraestructura que pueda ser utilizada por la gente, en la línea de la campaña que ha lanzado Puertos del Estado, para convertir los viejos faros de España en infraestructuras para ser disfrutadas por todos». 

En su intervención durante el debate de esta iniciativa parlamentaria en la Comisión de Fomento del Congreso, el portavoz 'popular' señaló que «la mayoría de los faros en España han perdido su función principal y muchos están abandonados». Por ello, subrayó García, «pedimos que para conservarlos y cuidarlos se abran a la gente para su uso como infraestructura turística o científica».
De esta manera, apuntó el portavoz 'popular', «los faros podrían tener una utilización muy parecida a los Paradores», algo que ya está pasando en otros países de Europa como Noruega, con «muy buenos» resultados. 
En el caso concreto del Faro del Cabo de Palos, García observó que «la combinación entre el valor natural y el turístico de la zona, junto a la singularidad del edificio, convertiría el faro del Cabo de Palos en referencia nacional e internacional». 
Por último, García recalcó que «esta Proposición no de Ley no pretende privatizar nada, ni ir contra nadie, ni tocar un solo ladrillo de esa joya del Mar Menor, solo crear un valor añadido al Faro del Cabo de Palos».
La iniciativa fue criticada por Podemos, que aseguró en una nota de prensa que lo que pretende García con esta proposición es «convertir el faro en un negocio privado para sus amiguetes».

Los trabajadores murcianos son los quintos del país con un salario anual más bajo

MADRID.- El salario medio en la Región de Murcia es de 20.928,98 euros, 2.177,3 euros por debajo de la media nacional. Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ganancia media anual, aunque alejada aún de la nacional, aumentó el pasado año un 1%.

País Vasco y Madrid son las comunidades con los salarios más elevados, con 27.571,31 y 26.448,04 anuales, respectivamente. La otra cara de la moneda la ocupan comunidades como Canarias o Galicia que, con 19.856,61 y 20.624,55 euros, tienen los sueldos más bajos. Murcia, por su parte, es la quinta comunidad autónoma en la que sus trabajadores embolsan menos.
La encuesta anual de estructura salarial -correspondiente a los datos de 2015-, que ayer hizo pública el INE, pone de manifiesto, además, una importante brecha salarial entre hombres y mujeres que, en el caso de la Región, se acrecienta aún más. Las mujeres cobran de media 17.540,27 euros al año, frente a los 23.773,09 euros que perciben los hombres. La ratio es de un 73,8, mientras que la media nacional se sitúa en un 77,1.
El salario medio de las mujeres fue inferior al de los hombres en todas las comunidades, aunque la diferencia varía de unas a otras. 
Según explicaron fuentes del INE, la distinta estructura del empleo y la ocupación en cada región es el factor fundamental que explica esta variabilidad. Canarias presentó la menor desviación entre los salarios de hombres y mujeres, seguida por Baleares y Madrid. Por el contrario, Cantabria tuvo la mayor divergencia, seguida de Asturias y Navarra.
La encuesta añade que el sueldo anual más habitual rondó los 16.500 euros en 2015, la misma cifra que un año antes. 
Por su parte, el salario bruto medio anual por trabajador subió un 1,1%, hasta situarse en 23.106,30 euros. El organismo explicó esta diferencia entre el salario medio y el más habitual en que hay pocos trabajadores con salarios muy altos, pero que influyen notablemente en el salario medio.

La Región, segunda comunidad en la que menos dinero se dejan los turistas españoles

MURCIA.- La Región de Murcia fue el destino de 588.851 turistas españoles en el primer trimestre del año. Esta cifra, según precisó el Instituto Nacional de Estadística (INE), supone el 1,5% del total nacional y representa la tercera menor cifra por comunidades en términos absolutos y relativos. 

Este montante solo es superior a los registrados por La Rioja, que recibió 270.294 viajeros españoles, y Baleares, con 528.316 viajeros.
Los viajeros españoles gastaron en Murcia en los tres primeros meses del año 60,1 millones de euros, el 0,8% del total embolsado en España. Supone el segundo menor porcentaje por comunidades, solo superior al de La Rioja (0,5%). 
En concreto, los viajeros hicieron un gasto medio por persona en la Región de Murcia de 102 euros y un gasto medio diario de 45 euros, en ambos casos, por debajo de la media de 182 y 62 euros, respectivamente.
Los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Madrid (77 euros), Canarias (66) y Baleares (65). Los valores más bajos se dieron en Castilla-La Mancha (37 euros), Cantabria (38) y Extremadura (41).

El gasto sanitario por habitante se sitúa en la Región por encima de la media española

MADRID.- El gasto sanitario público consolidado de las comunidades autónomas muestra diferencias de casi 500 euros por habitante, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, relativos a 2015. 

Ese año, País Vasco fue la comunidad que más dinero destinó a su sanidad pública-1.631 euros por habitante-, y Andalucía la que menos: 1.090 euros por habitante. En la Región de Murcia, el gasto fue de 1.475 euros per cápita, una cifra que se sitúa por encima de la media nacional (1.310 euros).
En toda España, el gasto sanitario público ascendió a 60.607 millones de euros, lo que representa el 5,7% del producto interior bruto (PIB). 
Tras la comunidad vasca, la región con un mayor gasto es Asturias (1.526 euros por habitante), seguida de Navarra (1.510), Extremadura (1.501), Murcia (1.475), Aragón (1.469), Castilla y León (1.445), Cantabria (1.413), Galicia (1.393), La Rioja (1.384) y Cataluña (1.312). 
Ya por debajo de la media están Comunidad Valenciana (1.308), Castilla-La Mancha (1.295) y Canarias (1.291), entre otras.

Tráfico espera un aumento de 150.000 desplazamientos en las carreteras de la Región este verano

MURCIA.- La DGT pone en marcha mañana viernes 30 de junio una nueva operación especial de tráfico con motivo de las vacaciones de verano, que se prolongará hasta el domingo 3 de septiembre y que contempla un volumen de desplazamiento de vehículos cercano a los 3.650.000 en las carreteras de la Región. Esta cifra supone 150.000 desplazamientos más que el año pasado. 

Como suele ser habitual, el dispositivo global está diseñado y dividido en cuatro operaciones especiales, Salida, Primero de agosto, 15 de agosto y Retorno, coincidiendo con los momentos de mayor tránsito de vehículos.
La jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, acompañada por el capitán de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Agapito Cánovas, presentó este jueves en la Delegación del Gobierno el operativo, cuya primera fase concluye a las 24 horas del domingo 2 de julio.
La segunda fase se inicia con la operación salida del primero de agosto, entre las 15 horas del viernes 28 de julio y las 24 horas del martes 1 de agosto.
El viernes 11 de agosto, a las 15 horas, se inicia la tercera de las operaciones especiales, que concluirá a las 24 horas del martes 15 de agosto.
La Operación Retorno, entre las 15 horas del jueves 31 de agosto y las 24 horas del domingo 3 de septiembre, pone fin a este dispositivo especial, que también contempla cuatro campañas específicas sobre control de motocicletas, 8 y 9 de julio, condiciones de los vehículos, del 17 al 23 de julio, alcohol y drogas, 11,12, 13 y 14 de agosto y velocidad, del 21 al 27 de agosto.
El pasado verano se contabilizaron 75 accidentes en vías interurbanas, con un balance de ocho fallecidos, diecinueve heridos hospitalizados y 123 no hospitalizados. La cifra total de fallecidos en este periodo se elevó hasta diez por los dos fallecidos como consecuencia de accidentes registrados en vías urbanas.
Para prevenirlos, durante las horas y días de mayor afluencia de tráfico, se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con un despliegue previsto de, aproximadamente, 200 agentes, que contarán con el apoyo de los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil y las Policías Locales de aquellos municipios situados en los itinerarios previstos y más frecuentados, lo que en conjunto supone otros 240 agentes.
Además, se contará con la colaboración de personal técnico especializado que atenderán labores de supervisión, regulación e información en el Centro de Gestión de Levante, empleados de las empresas de conservación y explotación del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como personal de los servicios de emergencia, tanto sanitarios como bomberos.

Tramos conflictivos

La DGT advierte de los tramos especialmente conflictivos, que son para la operación salida el kilómetro 567 de A-7 (el enlace con la A-30 en su kilómetro 135), el kilómetro 782 de la AP-7 (la incorporación procedente de la RM-19, sentido Alicante) y el kilómetro 0 de la RM-3 (la rotonda enlace con la A-7 en sentido Mazarrón).
En la operación retorno, los tramos conflictivos serán la AP-7/CT-32 (en el enlace con la RM-12) y el kilómetro 135 de la A-30 (el enlace con el kilómetro 567 de la A-7).

La aguileña 'Cassandra' lleva a la Eurocámara la polémica por los tuits sobre Carrero Blanco

BRUSELAS.- El cantante de hip-hop César Strawberry, líder del grupo "Def Con Dos", y la activista española Cassandra Vera, ambos condenados en España por enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales, trasladaron este jueves los casos de sus polémicos tuits a un acto celebrado en las instalaciones del Parlamento Europeo (PE).

"Hacemos un llamamiento a Europa para que nos ampare, para que no permita que esta deriva represiva (...) siga extendiéndose a otros países" y llame "al Estado español a que rectifique su política represiva", declaró en rueda de prensa Strawberry.
El artista, cuyo nombre real es César Augusto Montaña Lehman, fue absuelto por la Audiencia Nacional española por enaltecimiento del terrorismo en varios tuits de 2013 y 2014, pero después fue condenado a un año de prisión por el Tribunal Supremo al considerar que incurrían en un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.
"Ese concepto represivo absolutamente arbitrario no pinta nada en Europa", declaró el cantante de Def Con Dos tras su comparecencia pública, un día después de exponer su caso ante representantes de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea.
Strawberry denunció que se está dando una "normalización de la criminalización de la libertad de expresión en España" y lamentó que, más allá de algunos casos mediáticos como el suyo, el ciudadano "termine autocensurando lo que pudiera pensar".
"Nuestra esperanza sigue siendo Europa", añadió en una rueda de prensa la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, previa a un acto para analizar casos de represión y persecución de la libertad de expresión en la UE que organiza el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.
La parlamentaria situó el caso de César Strawberry y de Cassandra en un marco de "represión general" diseñado "para acallar la protesta social y para generar miedo en la sociedad" que "convierte al Estado español en un Estado represivo".
"Hay muchas personas que se están encontrando en una situación que no saben lo que se puede decir o no decir, cantar o no cantar", agregó Albiol, quien subrayó que "el derecho a la manifestación y a la protesta son derechos que debe proteger la Unión Europea".
Cassandra Vera fue sentenciada en 2017 por la Audiencia Nacional a un año de cárcel y siete de inhabilitación por varios tuits publicados entre 2013 y 2016 en los que bromeaba sobre el asesinato por la banda terrorista ETA del que fue jefe del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco, en 1973.
Las defensas legales de Cassandra y Strawberry indicaron que agotarán los recursos a las instancias judiciales en España y que, caso de no resultar absueltos, apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El puerto de Cartagena, el más rentable de España por sexto año consecutivo


CARTAGENA.- El Puerto de Cartagena registra el mayor índice de rentabilidad por sexto año consecutivo de todas las áreas portuarias españolas en 2016, con un 7,13 por ciento, y que supone más del triple que la media del país (2,05 por ciento, según datos provisionales).

En un comunicado de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), cuyo consejo de Administración aprobó las cuentas del año pasado, el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, subraya la "buena evolución de la industria portuaria regional" y aseguró que estos "magníficos" datos "atraerán nuevas inversiones y la aplicación de tarifas más competitivas para el sector".
La evolución positiva de los últimos años del Puerto de Cartagena permitió alcanzar una cifra de negocio neto de 41,99 millones de euros, lo que representa un beneficio de 18,27 millones de euros, gracias en gran medida al tráfico de mercancías.
El presidente de la APC, Antonio Sevilla, subrayó que Cartagena ha consolidado su línea de explotación sin apenas variar el resultado económico a pesar del ligero descenso en el tráfico de mercancías durante 2016, que ha achacado a la parada técnica de la refinería de Repsol.
Las instalaciones cartageneras mantienen su posición dentro del grupo de los cinco primeros puertos de España con mayor tráfico de mercancías, movilizando durante 2016 un total de 31,88 millones de toneladas. Esta cifra es el tercer mejor dato en cuanto a volumen de tráfico en la historia de la Región.
El resultado de explotación ha sido de 18,01 millones de euros, con unos ingresos de explotación de 45,61 millones frente a unos gastos de 27,60 millones.
Además, el Puerto de Cartagena se sitúa como uno de los cinco puertos que más aporta al Fondo de Compensación Interportuario, con 1,44 millones de euros anuales, un instrumento de cohesión territorial y que contribuye a equilibrar la balanza económica de los puertos.
En la sesión celebrada este jueves se incorporó como vocal el almirante Aniceto Rosique Nieto, en representación de la Administración General del Estado y en sustitución de Marcial Gamboa Pérez-Pardo.
También se aprobó una prórroga de 4 meses para terminar las obras de la toma de agua de la desaladora y la licitación del proyecto de recrecido del espaldón del dique Suroeste de Escombreras", por importe de casi 2 millones de euros.

El empresario de Fuente-Álamo, Tomás Olivo, a un paso de convertirse en una de las grandes fortunas de España

MADRID.- El constructor de Balsapintada (Fuente Álamo) Tomás Olivo, uno de los grandes propietarios de suelo en Cartagena, pasará en breve a ser titular de una de las mayores fortunas de España. 

Esto ocurrirá a partir del próximo 4 de julio cuando General de Galerías Comerciales, su sociedad cotizada anónima de inversión en el mercado inmobiliario (socimi), comience a cotizar el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) a 79 euros por acción. 
La sociedad pasará así a ser valorada en 2.054 millones de euros, según informaron BME y la compañía, lo que podría propiciar la entrada de Olivo en la lista 'Forbes'.
La socimi, la 35 que debuta en este mercado, se convertirá así en la de mayor capitalización del MAB. Además, será la tercera mayor de todo el sector, por detrás de Merlín y Colonial. General de Galerías Comerciales cuenta con una cartera de seis centros comerciales y un centenar de inmuebles, todos ellos de alquiler.
Sus centros comerciales son el parque comercial La Cañada de Marbella, el de Nevada, en Armilla (Granada), el centro comercial Mataró Parc de Mataró (Barcelona), el parque comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar (Almería), el centro comercial Mediterráneo de Almería y el parque comercial Las Dunas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
La socimi genera ingresos de 87 millones de euros anuales y no tiene deuda, dado que no ha recurrido hasta ahora a financiación bancaria para su desarrollo, según indica Armabex, firma que ha coordinado su salida al MAB.
La compañía realiza su actividad desde el inicio de la cadena valor, con la compra de los solares, la construcción de los inmuebles y la explotación de los mismos con los mejores operadores de cada especialidad. Su objetivo es maximizar los ingresos a medio plazo y la rentabilidad de las inversiones de los activos inmobiliarios en cartera.

El Ayuntamiento de Murcia recurrirá para que se puedan construir naves en la Huerta

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que anula una modificación del plan de urbanismo para permitir la construcción de naves industriales en una zona de Huerta de la pedanía de El Raal.

Así lo ha indicado en un comunicado el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, en relación con la sentencia que declara irregular la modificación puntual número 87 del PGOU por carecer de los pertinentes informes hídricos, en respuesta a una denuncia presentada en 2014 por la asociación Huermur.
Sobre esa sentencia, Navarro ha detallado que la modificación del PGOU sobre la que versa la sentencia "no afecta al uso del suelo, que ya era industrial y donde ya existían empresas asentadas", por lo que no se ha producido "ninguna reclasificación de suelo no urbanizable".
La modificación, ha puntualizado, "trataba de integrar una pequeña porción de suelo dentro del suelo urbano", pero en ningún caso se incrementaba el volumen de edificabilidad permitida.
Asimismo, el edil ha asegurado que el fallo del TSJ reconoce que la modificación "no ha afectado a elementos que conforman la estructura general y orgánica del territorio, ni cambia el uso global del suelo, ni su intensidad, y, por este motivo, es de naturaleza no estructural".
Además, Navarro ha subrayado que la sentencia "quita la razón a Huermur en 9 de 10 argumentos sobre los que planteó su recurso".
Por último, respecto a la ausencia de informes hidrográficos de la Confederación Hidrográfica del Segura, Navarro ha subrayado que "los servicios técnicos municipales entienden que no era necesario solicitarlos puesto que al no alterarse la edificabilidad ni el uso del suelo, tampoco habrá nuevas demandas hídricas respecto a las contempladas cuando se aprobó el PGOU con los informes preceptivos".
Por esos motivos, Navarro ha anunciado que los servicios jurídicos municipales recurrirán ante el Tribunal Supremo "esta discrepancia de criterios".

Murcia, quinta comunidad con mayor incremento poblacional en 2016 (0,44%), gana 6.475 habitantes

MURCIA.- La Región de Murcia fue una de las nueve comunidades que a 1 de enero de 2017 habían incrementado su población respecto a inicios del año anterior, tal y como muestran las Cifras de Población y de Migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En concreto, fue la quinta autonomía, junto con Cataluña, que registró un mayor aumento porcentual en su número de habitantes, con un crecimiento del 0,44%, frente al 0,19% de la media española.
El incremento poblacional en la Región de Murcia asciende a 6.475 habitantes más, al alcanzar los 1.472.949. Este viene impulsado tanto por un crecimiento vegetativo favorable - más nacimentos que defunciones-, con 4.705 murcianos más, como por un saldo migratorio positivo. La Comunidad ganó así 1.039 ciudadanos extranjeros y acogió a 731 habitantes más procedentes de otros puntos de España.
Ceuta, Navarra, Cataluña, Murcia y Melilla son las comunidades y ciudades autónomas en las que la población subió por encima de la media española, situada en el 0,19 por ciento.