LORCA.- El grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de
Lorca ha denunciado un acto "improcedente" desde el punto de vista
administrativo, "chapucero" desde el punto de vista técnico y
"absolutamente injusto" desde el punto de vista social, por el que el
equipo de Gobierno del Partido Popular pretende volver a clasificar como
"Suelo No Urbanizable Inadecuado", la finca 'Casas de Osete', ubicada
en la diputación de La Paca, considerada "Suelo urbano de núcleo rural"
por el PGOM de 2005.
La concejala ahora de Izquierda Unida, la conversa Gloria Martín, ha alertado de que el
consistorio estaría incurriendo en un acto "nulo de pleno derecho", tal
y como apuntan varias sentencias dictadas por diferentes Tribunales
Superiores de Justicia, incluido el de la Región de Murcia, y por el
Tribunal Supremo.
La fórmula que pretende adoptar el equipo de Gobierno del PP apela a
un "error material" en la redacción del Plan General cuando, para poder
aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores
materiales o de hecho, se requiere que concurran unas circunstancias muy
concretas que no se dan en este caso.
En ese sentido, recordó que lo
que plantea el PP "no es la rectificación de una fecha, ni del apellido
de un propietario, ni de un número de DNI" y que para su subsanación,
"un error material no requiere un informe de seis páginas del Servicio
de Planeamiento y Gestión".
Por eso, afirmó que la intención de los
populares es la de alterar de manera fundamental el sentido del Plan
General en lo que tiene que ver con la Venta de Osete, cuyos
propietarios pretenden recuperar para dicho terreno la clasificación de
suelo no urbanizable que tenía hasta 2005.
"No se trata de subsanar un
error material, sino de practicar una auténtica revisión y modificación
de la clasificación del suelo en lo que afecta a esta finca, saltándose a
la torera el procedimiento reglado de modificación del Plan General que
incluye la información pública y abrir un plazo para presentar
alegaciones", dijo Martín.
La concejala de Izquierda Unida advirtió al equipo de Gobierno que,
de acometerse esa modificación, se sentará un precedente para que
cualquier ciudadano o ciudadana que lo desee pueda solicitar al Pleno la
adecuación, a conveniencia, de la clasificación del suelo del que es
propietario mediante un "borrón" en el Plan General.
Por otra parte, Martín manifestó su extrañeza porque los propietarios
de la Venta de Osete hayan necesitado once años para percatarse de que
su finca era objeto de un "error material" en el Plan General. Al
respecto comentó que, probablemente, la finca fue adquirida con la
intención de ser desarrollada urbanísticamente o de ser vendida a otros
promotores.
Y es que se trata de los mismos propietarios que, en el año
2005, firmaron con el Ayuntamiento de Lorca un convenio urbanístico para
el desarrollo de una zona residencial en la diputación de La Paca. Un
convenio que, tras ser incumplido porque el Ayuntamiento no solventó a
tiempolos trámites administrativos para la ejecución del mismo, fue
objeto de la presentación de un recurso contencioso-administrativo por
parte de los promotores, que se saldó con una sentencia desfavorable
para el Consistorio y con la devolución de más de 720.000 euros que
hubieron de salir de las arcas municipales.
Para la edil de IU, la falta de expectativas de negocio que generó la
caída del ladrillo, ha originado que algunos propietarios se hayan
cansado de que sus fincas generen ciertos gastos sujetos a una
determinada clasificación de un suelo que nunca ha dejado de ser un
erial, "aunque ellos soñasen en su momento con hacer el negocio del
siglo en base a un actividad que, al final, nos sumió a todos en una
profunda crisis inmobiliaria que aún estamos pagando".
Por ello, aseguró "el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes no va
a ser cómplice de un urbanismo a la carta ideado para satisfacer las
demandas de unos propietarios concretos" cuando, además, para hacerlo,
la Corporación "tiene que incurrir en actos nulos de pleno derecho y
obviar los procedimientos administrativos legalmente establecidos".
Para Martín, el acuerdo es, además, "una chapuza técnica" porque no
contempla la situación fuera de ordenación en que quedan las
edificaciones contenidas en una parcela que mide menos de 20.000 m2, lo
que vulnera el artículo 112 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia,
que obliga a identificar esas situaciones y a fijar en el Plan, entre
otras cuestiones, los márgenes de tolerancia precisos para ajustar el
alcance de este régimen a las edificaciones incompatibles con la
ordenación.
Y se trata también de una "injusticia social" porque "deja en la
estacada" a centenares de propietarios cuyas fincas fueron
reclasificadas sin ellos pedirlo, y ahora tienen que hacer frente a un
recibo de la contribución "desorbitado". Como ejemplo, citó el caso de
una vecina de La Paca que subsiste gracias a la ayuda familiar de poco
más de 400 euros y que posee una finca, herencia familiar, de 1.216 m2
por la que tiene que pagar 1.041 euros en concepto de impuesto de bienes
inmuebles.
"Una finca plantada de olivos, valorada catastralmente en
140.225 euros en virtud de una reclasificación urbanística que esta
propietaria no pidió, con la que jamás tuvo intención de especular o
hacer el negocio de su vida. Un trozo de tierra heredada de sus
antepasados que ahora le está causando la ruina", aseguró Gloria Martín.
La concejala de Izquierda Unida señaló que su formación está
dispuesta a abordar la modificación de un Plan General que calificó de
"desfasado" y que "siempre ha sonado a ciencia ficción" porque
contemplaba un crecimiento de la población en torno a los 400.000
habitantes que jamás se ha dado, y porque "no atiende a las necesidades
de la población, ni de la actividad económica y no aporta soluciones a
los desafíos que se plantean día tras día". Sin embargo, estableció como
condiciones resolver la situación de los propietarios afectados
injustamente por la reclasificación, devolver a su estado original los
espacios naturales protegidos, y abordar un planeamiento urbanístico
justo, racional, sostenible, que contemple los derechos de las personas
frente, por ejemplo, el sector ganadero.
