CARTAGENA/MADRID.- Podemos ha celebrado este fin de semana su asamblea fundacional en la
que se han sometido a votación sus propuestas como partido político.
ECONOMÍA
1.
Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de
jubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente
el trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar.
2.
Prohibición de los despidos en empresas con beneficios. Derogación de
las reformas laborales implantadas desde el estallido de la crisis:
2010, 2012 y RD 3/2014.
3. Auditoría ciudadana de la deuda pública
y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas
ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su
impago. Reestructuración del resto de la deuda y derogación del artículo
135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los
derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los
tenedores de la deuda.
4. Reorientación de instituciones como el
FROB y la SAREB para convertirlos en instrumentos dedicados a la
recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca.
5.
Tipificación del delito fiscal a partir de 50.000 euros de cuota
defraudada y ampliación de los mecanismos y de los recursos destinados a
su persecución.
REFERÉNDUM
6. Ampliación y
extensión de la figura del referéndum vinculante, también para todas
las decisiones sobre la forma de Estado y las relaciones a mantener
entre los distintos pueblos si solicitaran el derecho de
autodeterminación.
COMUNICACIÓN
7. Creación
de medios públicos al servicio de los ciudadanos con una gestión
democrática e independiente de los gobiernos de turno. Legislación
destinada a instaurar una cuota mínima de medios públicos e
independientes. Creación de una agencia de noticias europea
independiente de estricto control democrático y ciudadano.
RELIGIÓN
8.
Eliminación de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, así
como de los privilegios que se le conceden en materia educativa.
JUSTICIA
9.
Fin de las políticas antiterroristas y de seguridad ciudadana que
vulneren la libertad de expresión, los derechos de asociación, de
manifestación y de protesta, y las garantías procesales que deben
asegurarse para todas las personas.
10. Derecho a la justicia gratuita y con todas las garantías de acceso a la misma en condiciones de equidad.
HOMOSEXUALIDAD
11.
Despatologización de todas las opciones sexuales e identidades de
género no normativas y puesta en marcha de políticas destinadas a
corregir la discriminación, por ejemplo garantizando el acceso al empleo
público de las personas lgtbi (lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales) en riesgo de exclusión social.
SANIDAD
12.
Devolución al sector público de todos los centros y hospitales
privatizados. Para ello se derogarán todas las leyes que permitieron esa
privatización, y el RDL 16/2012 que cambió el modelo sanitario
universal por otro de aseguramiento y resultó en la exclusión de
diversos colectivos en razón de su situación administrativa, legal o
laboral. Aumento de plantilla en la sanidad pública.
13.
Contemplación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de
forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública. Garantía del
derecho a una muerte digna.
EDUCACIÓN
14.
Eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada,
incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la
financiación y mejora de los centros públicos.
VIVIENDA
15.
Consideración del suministro de luz, agua y calefacción como un derecho
básico inalienable, que debe ser garantizado por parte de empresas
públicas.
CULTURA
16. Reducción del IVA
cultural del 21 al 4%. Control público encaminado a garantizar que los
beneficios obtenidos por la difusión y distribución del arte nunca sean
superiores a los del artista.
INMIGRACIÓN
17.
Prohibición de los CIES. Anulación de los programas contra la
inmigración FRONTEX y EUROSUR. Eliminación de las vallas fronterizas
anti-persona y del SIVE. Fin de la política de externalización de
fronteras. Fin a los vuelos o barcos de deportación de inmigrantes.
POLÍTICA EXTERIOR
18.
Política de apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental.
Reconocimiento del Estado Palestino y exigencia de la devolución íntegra
de los territorios ocupados por Israel. Referéndum vinculante sobre la
salida de España de la OTAN.
19. Abandono del proceso de
suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la
Unión Europea. Apertura de un proceso de revisión sustancial de los
Tratados de Libre Comercio con América Latina.
MEDIOAMBIENTE
20.
Prohibición de la tauromaquia y del tráfico de especies exóticas o en
peligro de extinción. Regulación de la caza mayor y de especies
protegidas.
Las 5 resoluciones aprobadas
La Asamblea constituyente 'Sí Se Puede' que Podemos ha
celebrado este fin de semana en el Palacio de Vistalegre ha aprobado
cinco resoluciones con las que se comprometen, entre otras cosas, a
trabajar para llevar a cabo una auditoría y reestructuración de la deuda
pública, y para conseguir la paralización de todos los desahucios.
Estos cinco documentos, que entran desde hoy a formar parte de la línea política de Podemos,
han sido los más votados del centenar de resoluciones presentadas, que
entre el jueves y el sábado se han sometido a una votación en la que han
participado más de 38.000 personas.
Estas son las principales propuestas que se han debatido y que Podemos se fija como objetivos prioritarios:
La
resolución titulada 'Auditoría y reestructuración de la deuda: una
propuesta para Podemos', promovida por los economistas de cabecera de la
formación Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho
Álvarez Peralta ha sido la quinta más votada, al recibir 8.981, votos
-23'46 % del total- y defiende, por un lado, realizar una auditoría
desarrollada por "expertos independientes" bajo "control ciudadano" que,
además, "determine el grado de corresponsabilidad de los gobernantes y
acreedores".
En cuanto a la deuda privada, se establece
que la reestructuración de la deuda empresarial y especialmente de la
hipotecaria, es lo que puede conducir a un recuperamiento de la demanda
interna y "una reducción en el valor facial de las hipotecas de primeras
viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios
sociales es un buen punto de partida".
La
cuarta propuesta más votada, titulada 'Por el derecho a la salud:
Sanidad pública para tod@s y tod@s", elaborada por Mónica García Gómez,
Jesús María Montero Delgado y Juan Antonio Palacios Castaño, ha obtenido
un 31'69% de los votos -12.129- y plantea el desarrollo de una
financiación sanitaria suficiente y finalista, la universalización de la
asistencia con compromiso de atención a toda la población, sin
exclusión de inmigrantes irregulares ni ciudadanos españoles.
Además,
entre los puntos clave de esta resolución se encuentran también la
eliminación de los copagos, la derogación de las leyes de gestión del
Sistema Nacional de Salud (SNS) y de ordenación sanitarias de las
comunidades autónomas que posibilita la gestión privada de los recursos
sanitarios, el desarrollo de un plan que redefina los objetivos de salud
y permita la reformulación de la Ley General de Sanidad (1986).
En
cuanto a la primera resolución más votada, "Defender la educación
pública, nuestro derecho y no su negocio", ha obtenido un 45'17% de los
votos -17.289-, y resume la paralización y derogación de la LOMCE, la
apertura de un proceso asambleario abierto a toda la comunidad educativa
para conseguir una reforma educativa integral, la redacción de nuevas
Leyes Orgánicas de educación, el restablecimiento inmediato de los
recursos que aseguren el acceso universal a la educación y la
articulación de mecanismos de garantía de condiciones laborales dignas.
La
segunda por mayor número de votos, "Medidas Urgentes de
Anticorrupción", ha sido elaborada por el ex fiscal anticorrupción y ex
eurodiputado de Podemos, Calros Jiménez Villarejo, ha obtenido un 42'28%
de los votos -16.186- y sostiene que se eliminen las tasas judiciales,
el aumento de las penas por delitos de cohecho, tráfico de influencias,
malversación y fraude, la tipificación penal de la financiación ilegal
de los partidos políticos.
También, incluye la
tipificación expresa como "organización y grupo criminal" de la
asociación entre responsables políticos y actores económicos para
cometer delitos de cohecho y prevaricación, la eliminación de los
aforamientos -salvo para los parlamentarios y jueces, que queda
restringida al ejercicio de sus funciones-, la obligación legal de total
transparencia de renta y patrimonio para cargos electos y responsables
públicos o la redefinición de las instituciones de control.
Por
último, la tercera resolución más votada, avalada por el Círculo de
Vicálvaro, 'Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad
financiera', que ha obtenido un 38'9% de los votos -14.889-, apoya los
derechos habitacionales para todas las personas de acuerdo con los
estándares internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la dación
en pago con carácter retroactivo, el establecimiento de unos
procedimientos judiciales con todas las garantías y el fin de la
impunidad financiera y la apertura de una auditoría social.
Además,
promueve el fin de los desalojos forzosos sin alternativa y el
reconocimiento del derecho al alquiler social. "Debemos acabar de forma
definitiva con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que
vulneran los compromisos internacionales en materia de DDHH. Es
necesario reconocer el derecho al alquiler social, y la obligación de
garantizar alternativas habitacionales estables en los casos en los que
se realice un desalojo forzoso por ausencia de recursos económicos
suficientes".
