murciaconfidencial@gmail.com /
"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
CARTAGENA.- El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha pedido al
presidente del Ejecutivo murciano que “no disfrace de éxito su visita al
ministro Montoro, cuando en realidad acude cargado de malos indicadores
y con la rendición ante el objetivo de contener el déficit de su
consejero de Hacienda, a suplicar liquidez y la liberación de algún tipo
de programa para evitar el escenario de una intervención de facto de
las cuentas regionales”.
A juicio de Ciudadanos, la situación económica y financiera de la
Comunidad Autónoma es cuanto menos “muy delicada”, y para garantizar la
estabilidad que necesita la Región “es necesaria la máxima
transparencia, tanto en el presupuesto como en su ejecución, y sobre
todo en el control del gasto y la mejora de los ingresos”, una labor en
la que Ciudadanos se ha mostrado dispuesto a colaborar.
El portavoz regional ha asegurado que en las cifras del déficit, como
el propio consejero ha reconocido, “se ha producido una situación
anómala, con los ingresos del sistema de financiación autonómica y
provincial y de los tributos cedidos creciendo un 153% respecto a enero
del año pasado, gracias en parte a la liquidación de impuestos de
hidrocarburos que suelen tener asiento en otros meses”. A juicio de
Sánchez, “los gastos se redujeron, pero no en los capítulos de Personal y
Gasto Corriente, sino en el de inversiones y solo por la prórroga del
presupuesto. No se están haciendo las necesarias reformas estructurales
en estos capítulos de gasto”.
El portavoz de la formación naranja ha añadido que “el propio
Gobierno regional del Partido Popular se ha rendido ya cuando estamos
apenas en el inicio del segundo trimestre y reconoce que no va a cumplir
de nuevo con el objetivo de déficit. Sería necesario un ajuste de 550
millones, que no parece dispuesto a afrontar, porque sigue mirando a
corto plazo y prefiere dejar una enorme losa de déficit y, por tanto, de
deuda, que asumir su responsabilidad y tomar medidas”.
Ciudadanos ha mostrado también su preocupación tras conocer el
informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en el
que señala que la Comunidad Autónoma de Murcia presenta riesgos para su
sostenibilidad financiera a medio y largo plazo. “El organismo calcula
que la Región podría acabar este año con un desequilibrio en sus cuentas
de hasta el 1,5%, que estaría cuatro veces por encima de lo autorizado y
a la cabeza de las comunidades incumplidoras”, ha señalado Miguel
Sánchez.
A juicio del portavoz de Ciudadanos, “el Gobierno regional del
Partido Popular está iniciando recortes encubiertos, culpando sin ningún
tipo de justificación a los escasos cambios que se realizaron en los
presupuestos. Nos preocupa esta situación, como también nos preocupa la
falta de transparencia de algunos organismos de la comunidad autónoma,
particularmente el Servicio Murciano de Salud, que sigue sin hacer
públicos los informes de la intervención que le competen. En general, no
existe ninguna transparencia en sus cuentas y en otros organismos, como
el Instituto de Fomento, que es totalmente opaco en la dirección de sus
ayudas”.
MURCIA.- Si se repitieran ahora las elecciones generales, en la Región de
Murcia no se producirían cambios con respecto al resultado del pasado
20D en la distribución de los 10 diputados que están en juego, pero sí
habría novedades en el respaldo recibido por los distintos partidos,
según una encuesta de Metroscopia.
Ciudadanos, que se convertiría en la segunda fuerza política,
desbancando al PSOE e Izquierda Unida, subiría en porcentaje de votos,
mientras que el resto de formaciones bajarían, sobre todo Podemos, que
perdería cinco puntos con respecto a los resultados obtenidos en los
pasados comicios.
Partido Popular y PSOE se dejarían en el camino un punto, mientras
que el partido de Albert Rivera se consolidaría. No obstante, el PP
mantendría sus cinco escaños actuales, PSOE y Ciudadanos volverían a
lograr dos cada uno y Podemos conservaría el suyo.
La participación electoral, a día de hoy, sería similar a la del
pasado 20D: en torno al 73% de los votos. Pero no todos los electorados
están ahora igual de movilizados que hace cuatro meses. El PP volvería a
ser el partido más votado, con un 39% de los votos válidos perdería 1,4
puntos con respecto al resultado logrado el 20D. Los populares cuentan
con la fidelidad de voto más elevada de todos los partidos (un 81% de
quienes votaron al PP hace cuatro meses volvería a hacerlo ahora). Un
10% de sus votantes manifiestan ahora su intención de votar a
Ciudadanos, una fuga que los populares compensarían, en parte, con su
capacidad de atraer a electores de otras opciones políticas (sobre todo
de Ciudadanos y de anteriores abstencionistas).
Ciudadanos, por su parte, con un 20% de los votos válidos (2,3 puntos
más que en 2015) pasaría a ser la segunda fuerza política en la
circunscripción por delante del PSOE. A su elevada fidelidad de voto
(77%) hay que sumarle su capacidad de pescar electores en caladeros
ajenos, sobre todo del PP (10%) pero también del PSOE (4%) e incluso de
Podemos (4%). En todo caso, hay que tener en cuenta que los votantes de
Ciudadanos son los que manifiestan, hoy por hoy, una mayor hipotensión
electoral: solo un 53% de quienes tienen intención de votar a este
partido afirman que con total seguridad acudirían a las urnas en caso de
nuevas elecciones.
El porcentaje más bajo de todos los potenciales electorados: en
Podemos es el 78%, en el PSOE el 71%, en el PP el 69% y en IU el 56%. El
PSOE con un 19.4% de los votos -apenas nueve décimas menos que hace
cuatro meses- pasaría a ocupar la tercera posición. Mantiene una alta
fidelidad de voto (77%) y su electorado manifiesta ahora estar más
movilizado que el de Ciudadanos. No parece improbable, por tanto, que
finalmente, en el caso de unas nuevas elecciones, los socialistas
conservaran la segunda posición -sin que por ello variara el actual
reparto de escaños-.
El mayor desgaste electoral lo sufriría Podemos, que perdería 4,5
puntos (de un 15.2% a un 10.7%). Los potenciales votantes de Podemos son
lo que muestran una mayor movilización electoral (un 78% dice que con
total seguridad acudiría ahora a votar). No obstante, es el partido que
cuenta con la fidelidad de voto más baja de los cinco partidos
principales: 56%. Podemos tiene dos importantes, y similares, fugas de
votos: una en dirección a Izquierda Unida (17%) y otra dirigida hacia el
PSOE (14%). Un trasvase de votos que permitiría duplicar su resultado a
la coalición liderada por Alberto Garzón: de un 3,1% logrado en 2015
pasaría ahora aun 6,5%. Insuficiente, en todo caso, para conseguir
representación en el Congreso de los Diputados.
El reparto de escaños en Murcia sería igual que el 20D
La encuesta de Metroscopia señala que si
se repitieran las elecciones generales, el reparto de escaños en la
Región sería el mismo que el 20D, es decir, el PP obtendría 5 diputados,
Ciudadanos y PSOE dos cada uno, y uno Podemos.
Sin embargo,
todos los partidos, excepto C's, bajarían en porcentaje de votos. El PP
pasaría del 40,4% en diciembre al 39% de ahora. Ciudadanos sería la
segunda fuerza, con un incremento de 2,3 puntos respecto al 20D,
mientras que los socialistas se dejarían casi un punto. El desplome más
importante sería el de Podemos, que retrocedería casi cinco puntos,
pasando del 15,2% al 10,7%. IU, por su parte, duplicaría su porcentaje
de votos respecto a diciembre (del 3,1 al 6,5). La participación sería
similar a la de las últimas generales, en torno al 73%, según se puede
consultar en la página web de Metroscopia.
El sondeo incluye
también la valoración de los líderes nacionales, en la que se ha
incluido asimismo al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez.
Los más conocidos son el presidente del Gobierno en funciones y
candidato del PP, Mariano Rajoy, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias,
que llegan al 100% en grado de conocimiento. A Pedro Sánchez lo conoce
el 99%, a Rivera el 97% y a Alberto Garzón, el 92%, un porcentaje más
alto que el jefe del Ejecutivo regional, al que dicen conocer el 83% de
los encuestados. El
más valorado, por su parte, es Albert Rivera, con un saldo positivo de
+16. El dirigente de Ciudadanos logra un balance de +56 entre sus
votantes y también entre los electorados contiguos: +28 entre los
votantes del PP y +19 entre los del PSOE. No obstante, esta destacada
transversalidad política no libra al líder naranja de una evaluación
negativa entre la gente joven (de 18 a 34 años). En este segmento de
población todos suspenden: del -3 de Rivera al notorio -69 de Iglesias.
Este parece ser un indicio, por ahora, de cambio de clima: más
desmotivación y descontento, síntomas entre la población más joven.
Pablo
Iglesias, con un balance de -75, es el líder peor evaluado con
diferencia en comparación al resto. Es llamativo también que el propio
electorado murciano de Podemos evalúa mejor a Alberto Garzón (+61) que a
Iglesias (+12).
El dirigente de IU, Garzón, obtiene más
desaprobación que aprobación pero su balance (-20) le permite ocupar la
segunda posición entre los principales líderes. A una relativa corta
distancia se encuentra el Presidente de la Comunidad, Pedro Antonio
Sánchez, con un saldo de -30 y el actual Presidente del Gobierno en
funciones, Mariano Rajoy, con un -33 (uno de los saldos menos negativos
registrados en relación, no solo a otras comunidades, sino también a
nivel nacional). En última instancia, Pedro Sánchez obtiene el segundo
peor balance por su actuación política entre el conjunto de líderes:
-44.
El sondeo, según Metroscopia, fue realizado el 11 de abril de
2016, a través de 600 entrevistas telefónicas en la Región. El nivel de
confianza es del 95,5% y el margen de error es de 4,1 puntos.
CARTAGENA.- Consenso y coordinación, son dos de los términos con los que el
alcalde de Cartagena, José López, ha definido la labor conjunta que han
de realizar los ayuntamientos del Mar Menor y los grupos políticos en la
Asamblea Regional, con el fin de dotar a la laguna salada de una norma
específica que garantice su sostenibilidad medioambiental.
Este
primera reunión de trabajo se ha producido a solicitud del grupo popular
en la Asamblea Regional, cuyo portavoz,Víctor Martínez, ha sido uno de
los asistentes a la misma, y de los alcaldes de los Ayuntamientos de San
Javier, José Miguel Luengo; Los Alcázares, Anastasio García, así como la
alcaldesa de San Javier, Visitación Martínez, también todos ellos
presentes en este encuentro.
José López, que considera esta
reunión como el inicio de los trabajos de colaboración entre los cuatro
ayuntamientos, a la que espera se sumen los grupos de la Asamblea
Regional, ha puesto de manifiesto su ofrecimiento aliderar desde el
Ayuntamiento de Cartagena esta labor de búsqueda de medidas concretas
que favorezcan el Mar Menor, que es de todos los ciudadanos, de todos
los municipios y de la Región entera, y aunque las competencias
urbanísticas son municipales, las medioambientales son autonómicas, de
ahí la importancia de trabajar desde el consenso, añadiendo, en este
sentido, que confía en poder reproducir estas reuniones con el resto de
grupos con representación en la Asamblea.
Sobre la moratoria
urbanística propuesta por la Asamblea, por la que, textualmente,
ésta insta al Consejo de Gobierno a que mediante el instrumento legal
que considere oportuno, suspenda de manera cautelar todos los
desarrollos urbanísticos que afecten directa o indirectamente al Mar
Menor, el primer edil de Cartagena se ha mostrado de acuerdo con buscar
normas que ayuden a la zona, pero los técnicos municipales ya han
advertido de que la redacción de las mismas puede generar incertidumbre e
inseguridad jurídica.
En este sentido, José López ha recordado
que, a día de hoy, Novo Cartago está vigente, legal y judicialmente, y
para el gobierno municipal la prioridad es la restauración del
Monasterio de San Ginés y la descontaminación del humedal, dos
compromisos que están implícitos en el acuerdo con la propietaria.
Además, el proyecto cuenta con una evaluación medioambiental
estratégica, siendo el Plan General de Cartagena el único que la tiene
en toda la Región.
Para finalizar, el alcalde de Cartagena
aseguraba que lo que queremos es una moratoria seria, cualquier norma
debe venir aparejada de una cantidad económica para hacer frente a los
pagos para compensar a los propietarios perjudicados, no solo las
grandes promociones, sino también las pequeñas.
A este respecto, López
ha aludido también a otros proyectos a los que afecta esta moratoria,
como son Huerta Calesa o Cala Reona, que no están propiamente en el Mar
Menor pero también están vigentes y pendientes de trámites
medioambientales autonómicos.
CARTAGENA.- La concejala delegada de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Cartagena, Isabel García, ha presidido la la mesa de contratación en la
que se ha procedido a la apertura de la documentación administrativa de
las empresas que optan a los contratos del servicio de mantenimiento de
la vía pública 2016.
Los trabajos objeto del contrato deben
contemplar la prestación de trabajos ordinarios como la reposición de
las faltas de pavimento; sustitución de baldosas rotas; reparación de
superficies deterioradas o hundidas, etc.
El contrato se ha dividido
en cinco lotes: Distrito 4; Distritos 1 y 2; Distritos 3,5 y 6; Distrito
7, y bacheo de todo el término municipal.
A la adjudicación de
este contrato se han presentado un total de 56 empresas, lo que supone
una destacada participación resultante de la política de transparencia y
fomento de la participación impulsada por el Gobierno municipal en los
concursos públicos. El importe de salida de adjudicación del contrato es
de 650.000 euros (IVA incluido).
Mañana miércoles, día 13 de
abril, la mesa de contratación volverá a reunirse para abrir las ofertas
técnicas en una cita a la que estarán invitadas todas las empresas
licitadoras.
LORCA.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca,
ha hecho hoy una valoración del Pleno monográfico celebrado en el día de ayer,
11 de abril de 2016, sobre la gestión del agua potable en Lorca.
La
principal conclusión del Grupo municipal de Ciudadanos es que "ha
quedado demostrado que tanto el alcalde de Lorca, Francisco Jodar,
como concejales de su equipo de Gobierno, Ángel Meca y Melchor
Morales PP) entre otros, estaban al tanto de todo lo que ocurría en la
gestión de la empresa mixta ¨Aguas de Lorca¨ S.A.".
C's ha lamentado
que "los responsables ejecutivos de esta empresa pública han ocasionado
una pérdida millonaria a las arcas públicas con una presunta
administración desleal, sistemática, reiterada en el tiempo y
perfectamente diseñada para el saqueo económico de la empresa", según
palabras de su concejal Antonio Meca.
Por otra parte, el edil ha denunciado que "se han utilizado prácticas
mafiosas y de chantaje contra proveedores para obligarles a facturar at
raves de empresas pantalla con el consiguiente daño económico para la
empresa pública".
Igualmente, Meca denuncia que se ha establecido un
sistema de castigo a los proveedores lorquinos que han suministrado
servicios o materiales a la empresa ¨Aguas de Lorca¨ S.A. ,
retrasándoles hasta 180 días el pago de su factura como practica
disuasoria para apartarles como proveedores y adjudicar, por tanto,
estos servicios a empresas vinculadas del Grupo privado con los
sobrecostes habituales.
MADRID.- Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia, Valencia
y Tarifa cuentan desde ayer y hoy con la asistencia social y
humanitaria de Cruz Roja, labor que será desarrollada en cada uno de los
centros por entre cuatro y seis especialistas, entre los que se
encuentran trabajadores sociales, monitores, mediadores sociales y
psicólogos.
Esta medida es fruto del convenio firmado por el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, y el presidente de Cruz Roja Española,
Javier Senent, y con el que se dio cumplimiento a los derechos que
asisten a las personas internadas en los CIE a recibir asistencia social
y humanitaria, tanto por los propios servicios del Centro dependientes
del Ministerio del Interior- como por parte de las organizaciones
públicas o privadas, gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o
internacionales de protección de inmigrantes.
Para el desarrollo de estos programas de atención a las personas que
se encuentran en los Centros de Internamiento de Extranjeros, el
Ministerio del Interior acordó destinar para este año un total de
823.500 euros, el doble que el ejercicio de 2015, a Cruz Roja Española.
Con esta subvención, la institución dirigida por Javier Senent ha podido
ampliar su atención, además de a los CIE de Madrid y Barcelona, a los
de Valencia, Murcia y Tarifa, y está previsto que a finales de este mes
de abril la asistencia social y humanitaria se materialice también en el
CIE de Algeciras.
Las funciones que desarrollarán los especialistas de Cruz Roja en los
Centros de Internamiento de Extranjeros son las siguientes:
Intervención con todas las personas internas, en especial la
interpretación de lenguas y relaciones familiares con el exterior o
tramitación de documentos.
Enlace entre las familias en territorio nacional y en los países de origen.
Mediación social, favoreciendo diálogo y comprensión mutua entre
internos y autoridades, previniendo o reduciendo los posibles
conflictos.
Facilitar información sobre los requisitos para solicitar, en su caso, protección internacional.
Servir de agente colaborador en las labores de planificación y desarrollo de todo tipo de actividades dentro de los centros.
El convenio que ha permitido la aplicación de estos programas de
atención en los CIE de Murcia, Valencia y Tarifa, además de demostrar el
compromiso del Ministerio del Interior con las personas que están en
los centros, tiene por objetivo proporcionar una respuesta urgente,
adecuada y efectiva a las necesidades planteadas por las personas que se
hallan internadas en estos centros.
LORCA.- Los plenos municipales de Lorca, Totana, Águilas y Puerto Lumbreras,
municipios del Área de Salud n° III, debatirán por primera un mismo
texto político en defensa de Hospital Rafael Méndez y de los estudiantes
de las universidades públicas de los pueblos de nuestra comarca.
La
reciente firma del concierto entre el Servicio Murciano de Salud (SMS) y
la Universidad de Murcia que tiene por objeto regular las prácticas
clínicas de los alumnos de esa Universidad en la estructura sanitaria
pública de la Región de Murcia, y, al mismo tiempo, y con idéntico
objeto, la firma de un acuerdo similar entre el SMS y la universidad privada UCAM, han supuesto el "regalo" del hospital público "Rafael
Méndez" al negocio privado universitario UCAM, dejando colgados a los
estudiantes de las universidades públicas.
La reacción de
Izquierda Unida en todos los pueblos y ciudades de la comarca que tienen
como hospital de referencia al Rafael Méndez no se ha hecho esperar, y,
coordinada por la concejala de IU en Lorca, Adoración Peñas, esta
mañana se presentaba públicamente una iniciativa legislativa popular de
los Ayuntamientos y Comarcas que se mandará a la Asamblea Regional de
Murcia, que vendrá impulsada además de por la edil de IU en Lorca, por
el alcalde de Totana, Juan José Cánovas, la concejala de IU en Águilas,
Isabel Torrente, y el concejal de esta formación en Puerto Lumbreras,
Víctor Romera.
En la rueda de prensa de presentación también ha estado
presente Pedro Marset, catedrático de la Facultad de Medicina de la UMU,
de la que fue decano, y miembro de la Alianza Ciudadana por la Calidad
de la Docencia Universitaria, la Defensa de lo Público y la Equidad
Social; una organización compuesta por 36 asociaciones.
Los
concejales de IU en la comarca sostienen que si globalmente esos
conciertos entre el SMS y las universidades suponen un grave riesgo para
la calidad docente de los alumnos de la UMU y un expolio de los
recursos públicos, los efectos de estos conciertos son especialmente
gravosos para la totalidad de ciudades y pueblos de la comarca del
Guadalentín que conforman el Área III de Salud (Lorca, Águilas, Totana,
Puerto Lumbreras y Aledo), y lo son -igual de lesivos- para el propio
Hospital Rafael Méndez, para sus usuarios y para todos los estudiantes
de Medicina y de Ciencias Socio-Sanitarias de las universidades públicas
de toda la comarca del Guadalentín.
Como es sabido, esos acuerdos
suponen la vinculación exclusiva del Hospital Rafael Méndez de Lorca a
los estudiantes de la UCAM, lo que implica, entre otras muchas cosas,
que los alumnos de la universidad pública de todos los pueblos y
ciudades de esta comarca no podrán realizar sus prácticas clínicas en
nuestro hospital.
En el texto de la Proposición de Ley que -si
pasa el filtro de alguno de los plenos de los cuatro ayuntamientos- será
remitido al Parlamento, se afirma que cuando en 1994 se aprobó y entró
en vigor la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia,
no se asentaba en nuestra región ningún negocio universitario privado
que ofertase estudios sanitarios, de ahí que las previsiones contenidas
en el título V de esa Ley bajo la rúbrica "de la docencia e
investigación" no hagan referencia alguna a la naturaleza -pública o
privada- de la docencia para la que debe estar disponible toda la
estructura asistencial de los servicios de salud públicos o concertados
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Se sigue
afirmando en el texto de esa iniciativa política que "con la puesta en
marcha de la UCAM en nuestra Región y la concesión de la ANECA a esa
universidad de títulos de Medicina y otros ligados a las ciencias
socio-sanitarias, se ha abierto un enfrentamiento entre la universidad
pública y la privada que se ha resuelto por el ejecutivo regional de la
peor manera posible para los intereses públicos y, sobre todo, para los
intereses públicos de los pueblos y ciudades de la comarca del
Guadalentín"
Por todo ello los proponentes pretenden modificar la
Ley de Salud de la Región de Murcia, al objeto de vincular en exclusiva
la estructura pública sanitaria de la Región de Murcia a la docencia
pública, y para ello van a aprovechar el cauce legal contenido que
posibilita a los municipios la "Ley 9/1984, reguladora de la Iniciativa
Legislativa Popular de los Ayuntamientos y Comarcas de la Región de
Murcia".
Las mociones que se presentarán en este mes de abril en
los cuatro ayuntamientos tienen por objeto ejercitar la iniciativa
legislativa que esa norma concede a los municipios, y allí pedirán la
inclusión de un nuevo párrafo en la Ley de Salud de la Región de Murcia,
con la siguiente previsión: "En el establecimiento de convenios y
conciertos que la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia pueda suscribir con las instituciones universitarias de la
Región con la finalidad dispuesta en el párrafo anterior, la totalidad
de la estructura sanitaria de la CARM quedará vinculada a la docencia de
las universidades públicas de la Región de Murcia".
De ese modo
se garantiza que el Rafael Méndez y otros hospitales de la región como
los de Cartagena, vuelvan a ser hospitales universitarios de la universidad pública.
CARTAGENA.- Tras los datos publicados por Exceltur, que sitúa a la Región de
Murcia como la segunda comunidad menos competitiva en turismo, el
diputado regional, Andrés Pedreño ha afirmado que el PP "no ha ofrecido
ningún plan innovador con propuestas para revertir esta situación puesto
que sigue insistiendo en el modelo de fracaso que nos ha traído hasta
aquí, un modelo basado en el ladrillo y el desarrollo de planes
urbanísticos desorbitados".
El diputado Andrés Pedreño ha recordado que el Grupo Parlamentario
Podemos ha presentado diversas iniciativas en la Asamblea Regional
destinadas a conocer "qué es lo que piensa hacer el consejero para
evitar que Murcia siga a la cola de la mayoría de indicadores
turísticos". Si bien, ha añadido, "los planes del Partido Popular
siempre apuntan a lo mismo, a beneficios a corto plazo de la
construcción urbanística, una elevada estacionalidad turística, al
empleo precario y la destrucción del medio ambiente. De hecho, su
propuesta para el Mar Menor es seguir lapidando bajo ladrillo y cemento
la gallina de los huevos de oro del turismo regional"
Este es un ejemplo, como ha explicado Pedreño, "de cómo ha funcionado
el Partido Popular en los últimos meses. Han creado una alarma social
en torno a la moratoria. Han generado un problema que no existe, puesto
que ni siquiera se ha discutido la moción. Están diciendo que esta
moratoria bloquearía el desarrollo económico y turístico del Mar Menor.
Esto es falso, ya que lo que se pretende es que por un lado se regulen
los grandes desarrollos urbanísticos y por otro, se atiendan a los
pequeños desarrollos, así como a los crecimientos vegetativos de las
poblaciones" ha asegurado Andrés Pedreño.
El parlamentario regional ha incidido en que "no podemos seguir en la
misma dinámica de saturar el Mar Menor con grandes proyectos
urbanísticos, muchos de ellos fantasma, que son los que nos han
conducido al desastre actual".
Del mismo modo, también ha apuntado que en la Región hay "un
escasísimo desarrollo hotelero que oferta apenas 20.000 plazas o las
ausencias del Turismo Social y el Rural. Acerca del Turismo Social,
Pedreño ha manifestado que "en los últimos años se ha reducido el
presupuesto de turismo social del IMSERSO hasta llegar a 0. Es
importante que se tengan las suficientes garantías que para que no se
consolide su liquidación".
Asimismo, el Partido Popular "tiene que vencer sus tentaciones de
volver a los desarrollos inmobiliarios e invertir en la preservación de
los recursos costeros y medio ambientales para que se conviertan en la
mejor garantía de diversificación de una oferta turística de calidad".
En la Región de Murcia, "no podemos seguir perdiendo el tiempo, ya
hemos perdido dos décadas de competitividad en la modernización del
sector turístico a cambio de tener una geografía regional de
urbanizaciones vacías o semivacías", ha concluido el parlamentario de
Podemos.
CARTAGENA.- La diputada regional, María Ángeles García Navarro, ha señalado que
han pasado nueve años desde que se aprobó la Ley de Renta Básica de
Inserción y a día de hoy "no sabemos cuando se pondrá en marcha el
reglamento previsto en esa ley, reglamento que es la garantía jurídica
para que todos los murcianos y murcianas sean atendidos en las mismas
condiciones y puedan recibir la prestación".
García Navarro ha recordado que en la Región de Murcia tenemos "el
bochornoso honor" de tener la cobertura de renta básica más baja de
España, 300 euros, y de ser por tanto "los primeros en desigualdad".
Ante esta situación, según la diputada de Podemos, la Consejería de
Familia "nos dice que va a aumentar las personas atendidas respecto al
año anterior y va a subir la renta básica hasta los 426 euros. Nosotros
dudamos de que esto vaya a ser real, puesto que en los presupuestos de
este año harían falta dos millones y medio de euros más para lograr esa
cobertura. Nos gustaría saber de dónde van a sacar ese dinero".
Por otro lado, la parlamentaria del grupo Podemos considera que la
Consejería está aplicando una "política opaca" en la tramitación de las
ayudas, debido a que "no sabemos el tiempo de espera que existe entre
que un usuario solicita la renta básica en su ayuntamiento hasta que la
cobra. Sólo conocemos los tiempos desde que la documentación entra en la
Administración de la Comunidad Autónoma, que son los dos meses a los
que se ha referido en su comparecencia el director gerente del Instituto
Murciano de Acción Social, Miguel Ángel Miralles.".
Asimismo, María Ángeles García Navarro ha reclamado que se realice
"urgentemente" un itinerario de inserción, ya que "no podemos dejar que
los servicios sociales o la renta básica se quede en una medida
asistencialista y la pobreza se cronifique en muchas familias murcianas.
Nos han dicho que se ha creado una Mesa para su desarrollo, pero llega
muy tarde, 9 años tarde. Está claro que no es una prioridad para el
gobierno regional del Partido Popular".
Además, la diputada de Podemos también ha pedido que se impulse y
ponga en marcha una nueva Ley de Garantías de Ingreso, demanda que "se
acordó en el pacto contra la pobreza firmado en la campaña de las
autonómicas por todos los partidos".
También ha reivindicado la Ley de Procedimientos de Emergencia
Ciudadana como mecanismo para que se agilicen "de verdad" los trámites
en los municipios y en la comunidad autónoma.
Por último, María Ángeles García Navarro ha afirmado que en la Región
"el 37% de la población está en riesgo de exclusión y pobreza y que
125.000 personas están en riesgo de pobreza severa y viven con menos de
332 euros al mes. Sin olvidar que entre 2009 y 2014 ha aumentado en la
Región de Murcia un 8% la pobreza".
MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, ha asegurado hoy que sus planes contra el déficit no significan
que las comunidades autónomas deban hacer más recortes y ha advertido
de que, frente a dichos planes, que son la Ley, "va a cumplir todo el
mundo".
Así se ha expresado el ministro en conferencia de prensa tras
reunirse con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y tras decir
ésta, en declaraciones previas, que se niega a cumplir el planteamiento
de Montoro contra el déficit, plasmado en una carta remitida la semana
pasada al Gobierno de las islas.
"Esto no es voluntario", ha señalado el titular de Hacienda para
recalcar después que cumplir su plan contra el exceso de déficit de 2015
resulta "obligatorio", básicamente porque es lo que impone la Ley de
Estabilidad Presupuestaria. "Es la Ley, así que nadie puede decir que la
aplicación de la Ley conmigo no va", ha insistido.
El Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas el
próximo viernes para debatir estos planes en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, cuyo carácter será "deliberativo" y "no decisorio"
por cuanto el Gobierno se halla en funciones y está inhabilitado para
ello.
Cara a ese Consejo, algunos presidentes autonómicos, en especial los
del PSOE más el president catalán, Carles Puigdemont, han barajado la
posibilidad de formar alianzas o frentes contra las medidas que Montoro
ha concretado en diferentes cartas enviadas a las consejerías de
Hacienda de las comunidades. Preguntado por ello, el ministro ha
enmarcado dichos tanteos en un debate "periodístico", y ha subrayado la
capacidad del Gobierno para celebrar un órgano institucional de
relaciones entre las administraciones central y autonómicas como el
Consejo de Política Fiscal.
Montoro ha reconocido que la convocatoria sí obedece a la demanda de
varias comunidades que trasladaron "la necesidad" de hacerlo, algo sobre
lo que el Ejecutivo no tiene inconveniente porque se trata de
contrastar puntos de vista. Incluso ha afirmado que en ese debate sí se
sabrá de lo que se hable, a diferencia de otras negociaciones políticas,
en alusión a las reuniones entre partidos para intentar formar
gobierno. "Somos más fieles que otras negociaciones", ha apostillado.
Más allá de esa confrontación sobre los planes de Montoro para
adelgazar el déficit de 2015, el ministro ha dejado claro que hay que
cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Ha asegurado que "ningún gobernante en ejercicio público puede decir
que no va a cumplir la Ley", y ha puesto como ejemplo a algunos
ayuntamientos que se formaron tras las elecciones locales de mayo del
año pasado, que dijeron que no iban a pagar la deuda y al final la han
pagado.
"Las declaraciones públicas" sobre no aplicación de las medidas
coercitivas de la Ley de Estabilidad tendrían que ser "más cautas", ha
sentenciado Montoro, para quien es "legítimo" que los gobiernos
autonómicos expresen que les gusta "más o menos" sus planes, pero no que
manifiesten que no acatan la Ley. Así que la legislación se tiene que
cumplir, ha avisado Montoro, y si no, el Gobierno está para garantizar
que se cumpla.
Además, el ministro ha defendido las características de las medidas
de la Ley y de la regla de gasto, ya que seguirlas permitirá a las
administraciones territoriales "acercarse" al umbral de déficit fijado
para este año, el 0,3 por ciento del PIB.
Y ha defendido "la cooperación económica" entre el Gobierno y las
comunidades, pues es uno de los factores esenciales que ha propiciado la
recuperación y la creación de empleo, algo en lo que todas las
autonomías están comprometidas, a su juicio.
MURCIA.- La web de venta de los bienes del cartagenero Juan Antonio Roca, el
cerebro de la trama de corrupción del caso Malaya en Marbella, recibió
ofertas millonarias por tres inmuebles que aparecen en el portal.
Fuentes judiciales indicaron que el tribunal ya recibió tres ofertas
firmes por casas de lujo por lo que la Sala estudiará en los próximos
días cada una de ellas.
Por la vivienda de La Zambra se ofrecieron 1,5 millones de euros,
700.000 por la de Green Life y un millón por el dúplex de Marbella
House.
Además, la web superó ya los dos millones de visitas y continúa
sumando cada día, por lo que incluso Roca se mostró satisfecho, según
indicaron las fuentes.
En el portal ('ventadebienesmalaya-roca.com') se ofrecen bienes por
un valor de 75 millones de euros y el dinero servirá para pagar las
responsabilidades civiles de Roca en el caso Malaya y otros
procedimientos judiciales.
Para la venta de los inmuebles, se organizarán visitas, de un
reducido número de personas, debido a que el Tribunal comprende que dado
el alto valor económico algunos interesados quieran verlo personalmente
antes de comprar.
La joya de la corona es la finca La Loma, en Murcia, valorada en 27,5
millones de euros, aunque hasta el momento muchos son los interesados
por bienes de menor valor como armas, látigos, vinos, relojes y material
de clínica veterinaria.
MADRID.- Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco son las tres comunidades
autónomas que encabezaron el ranking de competitividad turística en
2014, según MoniTUR 2014, que evalúa esta materia en las 17 CC.AA. y
elabora la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, mientras que
Murcia se sitúa en el décimo sexto lugar, siendo la segunda comunidad
menos competitiva en turismo.
El informe, que analiza la situación en el periodo 2010-2014 anterior
a la conformación de los nuevos gobiernos regionales resultantes de las
últimas elecciones autonómicas en mayo de 2015, avala que las apuestas
regionales más decididas en favor del turismo resultan "claves y marcan
diferencias" y que la pérdida de prioridad tuvo sus efectos.
Le siguieron Canarias y Baleares, en cuarta y quinta posición,
consolidándose en el 'sol y playa', y escalando una posición respecto a
2010, por delante de la Comunidad Valenciana (6º), Andalucía (7º),
Navarra (8º), La Rioja (9º) y Galicia (10º).
Por detrás, Castilla y León (11º), Cantabria (12º), Aragón (13º), Castilla-La Mancha (15º), Murcia (16º) y Extremadura (17%).
En sus conclusiones, señala que los gobiernos regionales relajaron su
esfuerzo en la ejecución de políticas clave de refuerzo de la
competitividad turística, como el diseño de posicionamiento estratégico y
en la creación de productos a través de iniciativas.
MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de
la Región de Murcia ha anulado el Plan Especial de Infraesctructuras de
la expansión norte de la ciudad que fue aprobado por el ayuntamiento en
julio de 2009 y que afectaba a terrenos incluidos en el caso Umbra, de
presunta corrupción urbanística.
La sentencia estima así el recurso que presentó la empresa Lo Navarro
de Murcia, S.A., firmante, junto con otras sociedades, de uno de los
convenios urbanísticos que son objeto de investigación en las
diligencias que desde hace ocho años se tramitan en un Juzgado de
Instrucción de Murcia.
Afirma la Sala que las infraestructuras recogidas en el plan que
ahora se anula son, en su mayoría, sistemas generales, por lo que es el
ayuntamiento el que debe asumir su importe, y añade que los promotores
urbanísticos de la zona "ya abonaron el coste de las que demandaban los
nuevos desarrollos derivados de la mayor edificabilidad que se otorgó
vía convenio".
En su recurso, la empresa citada alegó que las cesiones en metálico
hechas al ayuntamiento por los promotores, por un valor equivalente a la
mayor edificabilidad asignada por el Plan General "estaban destinadas a
sufragar los costes que implicaba la ejecución de las infraestructuras
necesarias para atender a las demandas derivadas de esa mayor
edificabilidad".
Así mismo exponía que, "en todo caso, las infraesctucturas en
cuestión están sobredimensionadas, y, en todo caso, no son sistemas
locales, sino generales, y, por ello, no corresponde a los promotores de
la zona norte su abono, sino al ayuntamiento, ya que lo contrario sería
pagar doblemente por el mismo concepto".
Dice la sentencia del TSJ que el consistorio murciano suscribió con
los propietarios de terrenos ubicados en la zona norte de Murcia varios
convenios para su transformación urbanística, uno de ellos, con la
sociedad ahora demandante y las mercantiles Profusa, Mirallevant y
Actividades e Inversiones Futuras 3000.
Y añade que en los años 2007 y 2008, la sociedad recurrente hizo dos
ingresos en el ayuntamiento por un importe total de 9,6 millones de
euros, correspondientes al plan parcial en el que intervenía.
Dice igualmente la sentencia que a fecha de febrero de 2014 el
ayuntamiento había percibido, por los cuatro convenios firmados, un
total de 82,7 millones de euros.
Al insistir la sala en que se estaba ante sistemas generales que
debía afrontar el propio consistorio, el tribunal alude a la
construcción del estadio Nueva Condomina, con las necesidades viarias
correspondientes.
"Incluso un profano en la materia -recalca la Sala- puede apreciar, a
la vista de los planos en que se grafían las distintas
infraestructuras, que no se trata de obras de mera conexión a sistemas
generales".
Finalmente, dice que lo proyectado en la expansión norte era de tal
envergadura que suponía la construcción "de una nueva ciudad", con
40.000 viviendas y una población prevista de alrededor de cien mil
personas, "y su estructuración no puede hacerse sino mediante unos
sistemas generales".
La sentencia, según se indica en la misma, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
MURCIA.- El Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) ha instado a la
Inspección de Servicios a que abra un expediente informativo para
esclarecer la actuación de los profesores Ismael Crespo y Antonia
Martínez, miembros del llamado Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), en la impartición de unos cursos en México que no contarían con
el respaldo de la Fundación Ortega y Gasset aunque se haya tratado de usurpar su marca.
Ante las denuncias planteadas por algunos de los participantes en
esos cursos, según las informaciones publicadas hoy, la UMU ha decidido
poner en marcha esa investigación para conocer si se ha podido cometer
por estos docentes algún tipo de irregularidad, "porque lo que no puede ser es que
profesores que llevan el sello de la UMU en sus espaldas, aunque no lo
digan, estén haciendo esta serie de cosas que podrían ser imputables",
declara el rector, José Orihuela a 'La Opinión'. Orihuela aclara que estos profesores, como
otros de la UMU, "tienen la posibilidad de hacer trabajos adicionales a
los que realizan de forma habitual, y espero que sea en esas
circunstancias en las que estos cuestiones se han hecho".
La fundación creada por los herederos del filósofo español ha expulsado a
estos dos profesores de Murcia por un supuesto fraude cometido en México. La
institución privada señala que utilizaron su denominación sin su permiso
para realizar cursos sobre política y expedir títulos "que no cuentan con validez oficial en Europa".
Estos dos profesores del departamento de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de Murcia están relacionados con un escándalo académico ocurrido en
México hace un año y que ha supuesto su expulsión de la Fundación Ortega
y Gasset-Gregorio Marañón y la interposición de acciones legales contra
uno de ellos por parte de esta institución privada, según adelantó hoy 'La Verdad'.
El primer vestigio documental de los hechos está en una información
aparecida el 21 de junio de 2015 en el diario 'El Universal', de México,
con el título «Ven fraude en Instituto Ortega y Gasset». En ella se
explica que el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
México había estado impartiendo «maestrías, cursos y diplomados» sobre
comunicación y marketing político en la capital azteca, incluso al
poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su Fundación Colosio, sin la acreditación
ni la autorización de la Fundación Ortega y Gasset.
En la misma información, el presidente de la fundación, José Valera
Ortega, nieto del insigne filósofo español, denunciaba que el mencionado
instituto universitario «no nos representa, ni en España ni en México.
Están sorprendiendo a instituciones mexicanas de buena fe, les está
vendiendo cosas y un reconocimiento del cual carecen. Están usurpando un
nombre, una marca».
«El presidente de la institución privada especializada en Ciencias
Sociales y Humanidades señaló como responsables del fraude a Antonio
Meza -profesor mexicano- y a Antonia Martínez Rodríguez -profesora de
Ciencia Política de la UMU-», agrega la información.
Fuentes de la Fundación Ortega y Gasset precisaron a 'La Verdad'
que, como consecuencia de estos hechos, Antonia Martínez fue expulsada
de esta institución, con la que llevaba años colaborando.
Un comunicado que aún figura en la web de la fundación informa de que
las asambleas generales de la Fundación y el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset, reunidas en la ciudad de Toluca el 18 de
septiembre de 2015, acordaron por unanimidad «revocar poderes y cesar a
los administradores Antonio Meza Estrada, María Antonia Martínez
Rodríguez y Rafael Loyola Díaz».
Contra los dos primeros, la fundación ha interpuesto en México
acciones legales, «por la vía civil y penal», «por usurpar la marca y
utilizar nuestro nombre sin autorización para impartir cursos que no
tienen validez porque no estaban acreditados por nosotros», agregaron
fuentes de la institución orteguiana.
La fundación decidió también expulsar a Ismael Crespo, catedrático de
Ciencia Política de la UMU y que había ejercido como patrono de la
institución durante años, por considerar que está relacionado con los
hechos denunciados en México, aunque contra él no se han adoptado
medidas legales, precisaron las fuentes consultadas.
'La Verdad' intentó ayer hablar con los dos profesores de la UMU para
recabar su versión. Antonia Martínez prefirió no hacer declaraciones al
respecto, e Ismael Crespo, que se encontraba en Lima (Perú), no
respondió a los mensajes de este diario. Aunque la fundación de Madrid no pudo
probar la relación de Ismael Crespo con la organización usurpadora, las
noticias de México motivaron que la citada entidad, con más de 37 años
de existencia y una trayectoria impoluta, cortara de raíz su relación
profesional con el codirector del CEMOP, que figuraba, y así consta
todavía en su página web personal (www.ismaelcrespo.com)
como «responsable del Departamento de Comunicación Política e
Institucional de la Fundación e Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset (IUIOG)». «Ese señor (en referencia a Crespo) ya
no tiene ninguna relación con esta fundación y no queremos saber
absolutamente nada de él», afirma un miembro del personal de este
organismo, que solicita mantenerse en el anonimato y que dice tener
evidencias de que Crespo «manejaba los hilos» de este asunto. El seminario que dio origen a todo, el de la Fundación Colosio,
aparece promocionado en la web personal del codirector del CEMOP. En el
plan de estudios, además, figura Crespo como profesor de un módulo.
«Crespo es listo y no ha dejado rastro en este presunto fraude, pero
nosotros sabemos que está detrás y por eso fue despedido de forma
fulminante en cuanto se tuvo conocimiento de lo de México», añaden desde
la Fundación Ortega-Marañón.
MURCIA.- Ahora Murcia denuncia el ninguneo con el que el Ayuntamiento trata al Observatorio
de la Bicicleta, ya que el Consistorio no ha llevado a este órgano
consultivo municipal temas como la campaña de multas a los ciclistas que
circulen por la acera o los cursos que se van a impartir a usuarios y
monitores.
Así, la concejala y portavoz Alicia Morales recuerda que el
Observatorio cuenta con la participación de asociaciones, colectivos y
expertos, además de los partidos municipales, pero lamenta "que no se
abordan los temas que se podría entrar a debatir para aportar distintas
visiones y de esta forma enriquecerlos, sino que se está utilizando como
una plataforma para la propaganda del Gobierno municipal. Esto es lo
que sucedió en la última reunión del órgano, en el que el PP presentó su
anteproyecto de carriles bici segregados".
La edil lamenta que "el municipio no cuente con una política integral
para el uso de la bicicleta y el transporte sostenible, sino que se va a
salto de mata, tomando medidas aisladas". En este sentido, Morales
señala que sería beneficioso "crear una ordenanza que regule la
circulación en bicicleta, una medida que ya se ha tomado en numerosos
municipios. La creación de esta ordenanza en Murcia mostraría la
voluntad política del PP para favorecer el transporte sostenible".
Morales destaca que "la creación de carriles bici resulta
fundamental, y también se deben tomar otras medidas tales como que se
cumplan los requisitos de las zonas 30". La concejala explica que "en
estas zonas, también llamadas de pacificación del tráfico o calmadas, la
velocidad máxima para los vehículos es de 30 km/h, concediendo
prioridad a los ciclistas". "Pedimos que se nos informe sobre si se está
haciendo un seguimiento de esta medida, si los vehículos de motor están
cumpliendo con su parte y si la iniciativa está siendo efectiva",
apunta la edil.
Respecto a los cursos que el Ayuntamiento ha anunciado que impartirá
en los próximos meses, Morales denuncia que "se traiga para impartirlos a
personas de Valencia, cuando en Murcia hay asociaciones con una larga
trayectoria y profesionales que podrían realizar esta labor
perfectamente. Lo más lamentable en este asunto es que la Concejalía de
Tráfico y Seguridad ni siquiera se ha puesto en contacto con las
asociaciones murcianas para comprobar si ellas podían realizar ese
trabajo, como sí podían, ya que cuentan con personas formadas para
esto".
Sobre la campaña de multas a quienes circulen con su bicicleta por la
acera, la concejala señala que "el Ayuntamiento, una vez más en este
tipo de cuestiones, empieza la casa por el tejado. El orden lógico es
primero crear las infraestructuras necesarias, después hacer campañas de
concienciación y, ya por último, acudir a las sanciones. Las multas
deberían ser el último eslabón, pero el PP acude a ellas sin haber dado
los pasos previos. Las políticas se deberían hacer siempre pensando en
mejorar la situación de los ciudadanos y del municipio".
CARTAGENA.- El portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea y los alcaldes de
Cartagena, Los Alcazares, San Javier y San Pedro del Pinatar han
coincidido esta mañana en rechazar la moratoria urbanística promovida
por el Partido Socialista como un camino para proteger el Mar Menor, el
Partido Popular y los alcaldes de los cuatro municipios 'estamos de
acuerdo en proteger la laguna pero hacerlo desde la ley y con lo que nos
transmitan los profesionales', ha afirmado el portavoz del GPP, Víctor
Martínez.
El portavoz del PP en la Asamblea considera que los
avances sobre la preservación de la laguna deben hacerse desde el rigor,
el sentido común pero no incumpliendo la ley y generando
responsabilidades patrimoniales que ni los ayuntamientos ni la Comunidad
Autónoma están en disposición de afrontar. Víctor Martínez ha afirmado
que el Partido Socialista con la moción en la que solicita la moratoria,
se ha posicionado de espaldas a los ayuntamientos en una clara
injerencia en sus competencias.
Para Víctor Martínez con la moción
el PSOE está intentando salvar a Castejón y ha abandonado el sentido
común por la defensa de otros intereses. En este sentido, ha criticado
que la vicealcaldesa de Cartagena de lecciones de transparencia y
participación pero en la práctica no ha consultado a los
alcaldes,afectados por la moratoria, no Castejón, ni Tovar ni los
socialistas tienen que decirles cómo deben ordenar y planificar sus
municipios.
El portavoz popular en el parlamento autonómico ha
defendido las iniciativas impulsadas por el Gobierno regional para
conservar el Mar Menor y las mesas de trabajo constituidas con todos los
sectores implicados y los profesionales para trabajar en esa dirección.
La
alcaldesa de San Pedro del Pintar, Visitación Martínez ha señalado,
por su parte, que la moratoria es una ocurrencia, está cargada de
inseguridad jurídica, es injusta e invade las competencias municipales.
En
el mismo sentido se ha pronunciado el regidor de San Javier, José
Miguel Luengo para quien la moción socialista llega por la puerta de
atrás a la Asamblea, plantea otro fin muy distinto a la protección del
Mar Menor, trata de solucionar un problema de convivencia política en el
Ayuntamiento de Cartagena.
Para el alcalde de Los Alcázares,
Anastasio Bastida, la moción hace mucho daño a los ayuntamientos y ha
manifestado su esperanza en que el PSOE la retire.
CARTAGENA.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Consuelo Cano valoró
positivamente que por fin el Gobierno regional haya dado un giro en su
voluntad de dar respuesta a miles de personas que están esperando la
Renta Básica. Sin embargo, la principal asignatura pendiente sigue
siendo la elaboración del Reglamento que desarrolle y establezca las
garantías en el cobro de las prestaciones.
Esta mañana ha comparecido en la Comisión Especial de Pobreza y
Exclusión Social, el director gerente del Instituto Murciano de Acción
Social, Miguel Ángel Miralles.
Consuelo Cano señaló que el PP "se escuda en la crisis" para
justificar que ocho años después de que se aprobara esta Ley todavía no
cuente con un Reglamento, pero "precisamente por esta circunstancia
deberían haber agilizado los trámites, pues muchas personas lo han
perdido todo. Por ello, una vez más urgió a que se presente dicho
Reglamento".
La diputada manifestó que actualmente las personas beneficiarias de
esta ayuda siguen cobrando 300 euros, una cantidad que supone el 60% del
IPREM, cuando deberían cobrar el 80%, como lleva anunciando la
consejera reiteradamente en los medios de comunicación.
"Nos alegramos del incremento de ese porcentaje, pero recordamos que
hasta el 150%, que es el tope, queda un largo recorrido; y es que hemos
pasado a tener las rentas más altas de las mínimas, como ha reconocido
el señor Miralles".
La diputada socialista echó de menos en esta comparecencia mayor
concreción en materia de inserción social y denunció que existe un
peregrinagre de expedientes, que no se cierran hasta que están en el
IMAS, lo que facilita que cuadren mejor las cuentas y supone una pequeña
trampa contable.
Por último, anunció que el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una moción en la que pide que se realicen las modificaciones
legislativas necesarias para adaptar el contenido del artículo 7 de la
Ley de Renta Básica a la edad real de jubilación, que se ha retrasado,
en respuesta al espíritu de la propia Ley.
MURCIA.-La directora general de Fondos Agrarios, Carmen García Frago, se
reunió esta mañana con representantes del ámbito de los frutos de
cáscara de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam),
para estudiar el sector y sus principales demandas.
Unos 6.700 productores se dedican al cultivo de almendra en la
Región, con una extensión cultivada de 72.143 hectáreas, de las que
6.500 hectáreas son de regadío y el resto secano. El 85 por ciento de
la producción se comercializa en régimen de cooperativa.
Carmen García Frago explicó que el sector de frutos de cáscara en la
Región se beneficia de ayudas como el pago básico y el 'greenning' o
'pago verde', que contempla la Política Agraria Común (PAC), a las que
tienen derecho 62.500 hectáreas de cultivo y que son solicitadas
anualmente por unos 6.000 productores.
Este sector también accedea ayudas asociadas a la producción y recibe
la ayuda nacional a los frutos de cáscara por un importe aproximado de
650.000 euros, así como ayudas directas del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (Feaga), que asciende a 18,9 millones de euros.
La directora de Fondos Agrarios destacó que el sector de frutos de
cáscara "es emprendedor y con iniciativa en técnicas de cultivo
sostenible como la práctica de la agricultura ecológica", sobre todo la
almendra con el 40 por ciento de producción ecológica.
En la Región se cultivan 30.000 hectáreas de almendra ecológica, que
la sitúan como el cultivo mayoritario ecológico. Además, un 60 por
ciento de las medidas de lucha biotecnológica corresponde al almendro,
con una total de 14.600 hectáreas cultivadas con esta práctica.
MURCIA.- Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos, Alejandro García,
miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Murcia y también profesor de la UMU, así como
los estudiantes miembros del círculo de juventud de Podemos RM, han
informado hoy de su apoyo a la jornada de huelga de estudiantes de mañana y el jueves a la vez que denuncian
las condiciones de precariedad del profesorado contratado, la
competencia desleal de la UCAM con respecto a las prácticas de medicina y
enfermería de la UMU y la aplicación de la LOMCE.
El diputado regional Andrés Pedreño ha informado que el Consejo de
coordinación de Podemos en Murcia ha aprobado el apoyo del partido a la
jornadas de huelga convocada por FAES (Frente de Acción Estudiantil) que
tendrán lugar los días 13 y 14 de Abril.
Pedreño ha recordado que desde la Asamblea Regional, el grupo
parlamentario de Podemos ha llevado una serie de iniciativas con
respecto a la paralización implantación de la LOMCE en la Región ya que
"es una Ley que se ha hecho de espaldas a la comunidad educativa". Además
ha denunciado el hecho de que se esté privilegiando a la Universidad
privada, UCAM en detrimento de la pública y como muestra "el sistema de
prácticas de enfermería y medicina en hospitales públicos en detrimento
de los estudiantes de la UMU".
Por su parte, Alejandro García, miembro del Consejo Ciudadano de
Podemos Murcia y también profesor de la UMU, ha denunciado "la
mercantilización de la educación que supone la LOMCE", así ha afirmado
que "la LOMCE es la concreción de las políticas de desprecio a las
mayorías, estimula y enfatiza la mercantilización del conocimiento ya
que desprecia cualquier materia que no tenga que ver con lo práctico.
Además existe una obsesión con las evaluaciones que hace que los
profesores tengan que dedicar la mayor parte de su tiempo en rellenar
formularios".
Alejandro García también ha denunciado la precarización de los
profesores asociados "el 50% de la carga docente está en manos de
profesorado muy preparado contratado con muy bajos salarios, cuando
además las tasas universitarias han crecido en casi un 200%" en los
últimos diez años".
En este sentido los integrantes del círculo de juventud de Podemos
han explicado la situación de incertidumbre en la que viven los
estudiantes, así José Miguel Rojo, ha expresado que Murcia "Nos es
tierra para jóvenes" ya que "desde 2010 hasta 2014 la Región ha perdido
más de 600 investigadores y el 46% de los jóvenes están en paro. En este
contexto los jóvenes estudiantes se ven obligados a abonar altas tasas, o
a no tener becas" y ha concluido que "mientras otros se van a Panamá
, nosotros nos tenemos que ir a Londres, a trabajar".
Feremur no la secunda
Por su parte, la Federación regional de estudiantes murcianos FEREMUR no secunda la
huelga convocada el 13-A por "politizadas asociaciones estudiantiles"
al asegurar que esta convocatoria no busca el beneficio de los
estudiantes murcianos sino la crispación y el ataque a las instituciones
según intereses políticos de cuatro gatos.
La organización estudiantil ha querido señalar que no se sumará a la
huelga porque a su juicio no existen motivos para hacerlo. Ha recordado
asimismo, a todos los estudiantes, que el decreto 3+2 lo único que
genera son más derechos para los alumnos universitarios porque no impone
ningún sistema sino que faculta a las universidades que quieran
aplicarlo, destaca FEREMUR que se trata de un sistema voluntario.
La Federación también ha querido destacar que esta huelga está
totalmente politizada y el único fin que buscan los organizadores de
esta protesta es generar crispación contra determinadas
instituciones como los centros concertados y privados.
Según ha afirmado el presidente de la Federación estudiantil Rafael
Olmos "es lamentable que algunas plataformas pretendan utilizar a los
estudiantes según sus intereses políticos" , además afirmó que no piensa
permitir que se manipule a los estudiantes de la Región de Murcia.
La Federación mayoritaria de estudiantes ha afirmado que luchará por
el beneficio de la totalidad de los estudiantes murcianos, como afirmó
Olmos "parece que cada vez que se ponen en marcha medidas para la mejora
de la calidad educativa además del fomento de la competitividad y la
excelencia, se quiera echar por tierra según intereses políticos de unas
personas que solo buscan su propio beneficio ".
MURCIA.-La Consejería de Sanidad ha puesto en funcionamiento nueve nuevas
ambulancias de soporte vital avanzado, en las que la Gerencia de
Urgencias y Emergencias 061 ha invertido 615.143 euros y que se
distribuirán entre diferentes servicios de urgencias de atención
primaria (SUAP).
La consejera Encarna Guillén destacó que se han adquirido mediante
compra centralizada, para sustituir a todas las ambulancias con más de
diez años que, según estipula la legislación, no pueden seguir prestando
servicio.
Los nuevos vehículos prestarán sus servicios en distintos municipios.
En concreto, se destinan a las unidades móviles de emergencias (UME) 1 y
14 de Murcia, a los SUAP de San Andrés y El Infante de Murcia y del
hospital del Rosell y de Los Dolores en Cartagena, a la UME 3 de Lorca y
a Molina de Segura y Santomera.
Así, el Servicio Murciano de Salud renueva el parque móvil de la
gerencia y vela por el estado de la flota de vehículos, para garantizar
la asistencia sanitaria urgente a todos los ciudadanos.
Los nuevos vehículos incorporan las últimas innovaciones tecnológicas
y mecánicas, como la zona de carga del furgón habilitada como 'célula
sanitaria'. Asimismo, la titular de Sanidad resaltó que en estas
ambulancias todos los productos sanitarios, equipos y objetos deben
estar instalados o guardados, "para que no supongan un riesgo ni para el
paciente ni para el profesional".
Estas nueve ambulancias y la adquirida a final de diciembre de 2014
para el área de salud II-Cartagena cumplen todos los requisitos exigidos
en el Real Decreto 836/2012 y en la norma UNE-EN 1789: 2007+ A1: 2010
en materia de transporte sanitario y sus equipos.
La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias, dependiente del
SMS, tiene 17 UME, que coordina el Centro Coordinador de Urgencias
(CCU), ubicado en las instalaciones del 1-1-2 de la Región de Murcia, y
27 SUAP.
En la actualidad, su plantilla está integrada por más 1.000
profesionales, de los que más de 600 son sanitarios y el resto no
sanitarios. Durante 2015, estos profesionales realizaron 1.216.579
atenciones, que representan una media de 3.263 atenciones sanitarias
diarias. Esta cifra es similar a la de 2014, cuando que se llevaron a
cabo 1.000.105 atenciones.
Del total de atenciones practicadas el pasado año, 935.000 se
hicieron en los SUAP, 66.102 fueron consultas telefónicas y 215.477
precisaron movilización de algún recurso. Asimismo, se hicieron 580.864
traslados de transporte programado.
MURCIA.-Las más de 260.000 páginas de información del diario Línea han
sido digitalizadas por el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Murcia y puestas a
disposición de todos los internautas, unos fondos con los que se
completa un periodo de más de 200 años de información periódica sobre Murcia y el
conjunto de la Región.
Un acto conmemorativo, que ha contado con la presencia de
invitados de ocasión junto a algunos antiguos redactores del diario Línea -guardianes de las esencias al no haber ejercido nunca fuera de Murcia-, se ha celebrado hoy en el Almudí coincidiendo con el aniversario
de la publicación del primer número de Línea, el 12 de abril de 1939,
hace ahora 77 años.
Es la primera vez que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte concede una cesión de este tipo para
difundir, a través de Internet, un periódico que era editado por el
Estado, recuperando así una parte fundamental de la memoria de Murcia.
Son más de 260.000 páginas de información procedentes de
los más de 13.600 ejemplares de este periódico diario, una cabecera con
44 años de historia (de 1939 a 1983), cuyos redactores escribieron la
crónica política, cultural y social de Murcia, desde la época del
franquismo hasta los primeros años de nuestra democracia.
La labor de digitalización ha corrido a cargo de expertos del Archivo
Municipal de Murcia, que han trabajado sobre una colección que abarca
las cuatro décadas de vida de esta cabecera en Murcia, lo que ya se hizo con 'Hoja del Lunes' y sus ediciones durante 46 años.
El
proyecto de digitalización de la prensa histórica iniciado en 2002, ha
hecho posible que, actualmente, el Archivo Municipal disponga en su
intranet de 359 cabeceras de prensa digitalizadas y más de 1.200.000
páginas, que abarcan un período cronológico comprendido entre 1792 (con
El Correo de Murcia) y 1998 ( La Verdad).
Por su parte, el archivo
cuenta en Internet con más de 390.000 páginas a las que se suman, a partir
de hoy, las 260.000 de Línea, lo que hace un total de 658.960 páginas.
De
esta forma, hoy se pone a disposición de todos los internautas la
colección completa del diario Línea en la web del organismo municipal
(http://www.archivodemurcia.es/), una información que ya podía ser
consultada en la intranet del Archivo, ubicado en el Palacio del Almudí.
La
Hemeroteca Municipal está considerada como la más importante de nuestra
Región en cuanto a cantidad y variedad de ejemplares de prensa escrita.
Custodiada desde sus orígenes junto a los fondos del Archivo Municipal,
constituye una fuente de investigación histórica de primer orden, no
sólo para el conocimiento de la ciudad, sino también para el
conocimiento de los demás municipios de la Comunidad Autónoma de Murcia.
El fondo
hemerográfico es, sin duda, el más consultado por los investigadores; de
ello da fe la cifra de 880.000 páginas de prensa consultadas con más de
1.000 accesos durante el año 2015.
Diario Línea: testigo de la historia de una ciudad
El
12 de abril de 1939 salía a la luz en Murcia un nuevo diario: Línea
Nacional-Sindicalista, órgano de la Falange Española y portavoz, por
tanto, de la política del nuevo régimen, pasando a denominarse, en el
año 1948, Línea a secas.
Fue dirigido en su primera etapa por José Sánchez
Moreno, periodista y humanista, quien supo mantener un equilibrio entre
sus inquietudes intelectuales y la sumisión a las directrices de la Delegación de Prensa y Radio del Movimiento, aportando noticias de la situación cultural
española y apostando por la crónica cultural y la creación literaria.
Prueba de ello fue la sección ‘Panorama de las artes’.
En estos años
iniciales formaron parte de la redacción los legendarios Leopoldo Ayuso, Diego Martínez Peñalver, Carlos García
Izquierdo, Luis Peñafiel, Mariano Almela Costa, Joaquín Soler Gámez,
etc., y colaboraron también Jaime Campmany y Salvador Jímenez, entre
otros.
Es en el año 1953 cuando, bajo la dirección de Juan Antonio
Muñoz Mompeán, el periódico se hace más popular, ofreciendo una visión
más sensacionalista de las noticias, para atraer la atención de los
lectores.
A principios de los 60 la situación política
comienza a cambiar y, de 1961 a 1974, Línea sufre continuos cambios de
directores: Eugenio Martínez Pérez, Valentín Domínguez Isla, Pedro Morales Gómez-Caminero...el primero todavía vivo y residiendo en Oviedo.
Al polémico y controvertido José Juan Cano Vera le corresponde la etapa de la
transición política iniciada tras la muerte de Franco. Línea refuerza su
redacción con periodistas jóvenes, pero el periódico sufre una difícil
situación empresarial y se resiente de su vinculación con el anterior
régimen.
Finalmente, la cabecera fue sacada a subasta y, ante la
ausencia de postores, el diario fue clausurado en febrero de 1983, siendo su director el lorquino Félix Alcaraz Mellado, presente en el acto de hoy junto a Diego Vera, Juan Ignacio de Ibarra, Ángel Martínez Requiel, Luis Orche, Felipe Julián Hernández-Lorca y Pedro Soler, todos historia aún viva de la publicación.
No estaba, sin embargo, Ismael Galiana, tal vez el de mayor autoridad y formación técnica de cuantos periodistas profesionales han prestigiado sus páginas. Ni José Antonio Ruíz-Vivo, su secular corresponsal en Ceutí; ambos con problemas de salud.
MURCIA.- La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), con el
apoyo de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, pone en
marcha el programa 'Lemon Cert', una iniciativa pionera en este sector
que tiene como objetivo llevar a cabo un programa de asesoramiento
integral a agricultores para promover la producción de limón sostenible.
La directora general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura,
Carmen Teodora Morales, presentó hoy este programa junto al presidente
de Ailimpo, Domingo Arce. Morales destacó que "es un proyecto innovador
que pretende dar respuesta al desafío del mercado, que exige que la
producción de limón sea eficiente, adecuada a la normativa legal, y
fomente una agricultura respetuosa con el medio ambiente y sostenible".
La iniciativa está dirigida a productores de limón, que son el punto
de partida del resto de actividad económica del sector como el
manipulado y comercialización en fresco o la transformación en zumo y
otros derivados.
'Lemon Cert' ofrece información a los productores sobre la normativa
legal obligatoria, fomenta la certificación Global Gap y Grasp, que
distingue al producto con las máximas garantías, y la acreditación de la
explotación como Finca Homologada de Ailimpo. El proyecto permitirá
identificar productores de limón responsables y comprometidos, ya que,
al aplicar los criterios de producción propuestos, podrán producir limón
mejor y con menos costes.
Además, la directora general anunció la puesta en marcha del Plan de
Inspección Citrícola, un programa de control diseñado por el servicio de
Sanidad Vegetal de la Consejería para realizar una especial vigilancia,
tanto en campo, como en viveros, jardines y almacenes importadores de
cítricos de terceros países, sobre aquellas plagas y enfermedades de
cuarentena que están poniendo en peligro la continuidad de la
citricultura en otras zonas como Brasil y Estados Unidos.
Entre las plagas que se van a controlar se encuentra la 'Trioza
eritreae' y la 'Diaphorina citri', y, entre las enfermedades, 'Mancha
negra', 'Greening', 'Citrus cánker' y 'Xylella fastidiosa'.
Para realizar la vigilancia se han seleccionado en todas las zonas
citrícolas de la Región de Murcia un total de 24 puntos de control, 15
fijos y 9 estratégicos, donde se instalarán una serie de trampas para
las poblaciones de insectos, y se realizarán prospecciones para
determinar mediante observaciones visuales en los productos la presencia
o ausencia de sintomatología de las citadas enfermedades.
Además, el equipo de Sanidad Vegetal de la Consejería ha seleccionado
una serie de puntos estratégicos por donde es posible la entrada de
material vegetal o cosechas procedentes de países donde se ha declarado
estos patógenos, como es el puerto de Cartagena, el aeropuerto de San
Javier y los principales importadores de cítricos.
Para la identificación de las muestras que se tomen en campo, la
Consejería va a realizar un convenio de colaboración con la Universidad
Politécnica de Cartagena, donde se llevaran las muestras para su
estudio.
Morales explicó que "una de las piezas clave de este plan de
vigilancia fitosanitaria es el control del material vegetal y evitar la
entrada del mismo de países afectados". La directora general recordó que
"todo el material que se introduzca procedente de países terceros sólo
es admitido con fines de investigación y tiene que pasar previamente por
la estación de cuarentena del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias para su saneamiento".
La Consejería reclama tanto a los viveristas como a productores la
máxima responsabilidad y profesionalidad para evitar la entrada ilegal
de plantas de cítricos.
Como herramienta de consulta y trabajo, Sanidad Vegetal ha elaborado
un manual con amplia información e imágenes de los organismos nocivos
que se van a controlar.
CARTAGENA.- El enfrentamiento a gritos que López y Castejón mantuvieron ayer en
la alcaldía demuestra que el Gobierno está ocupado en peleas internas y
explica por qué Cartagena sigue parada diez meses después que se
repartieran el poder, ha dicho el portavoz municipal popular, Francisco Espejo.
Espejo
afirma que la escena de la que da cuenta hoy el diario La Verdad, no es
un caso aislado, "los enfrentamientos son frecuentes por que el Gobierno
está dividido en dos facciones en lucha permanente".
El portavoz
popular ha dicho que López sólo es alcalde de la mitad del Gobierno.
"Castejón no deja que López corrija a los concejales socialistas porque
esos concejales están ahí a las órdenes del PSOE, no del alcalde. López
manda en los concejales de MC y Castejón manda en los socialistas. Por
eso tenemos un gobierno partido en dos que tiene paralizado el
municipio".
El portavoz municipal recuerda que "por mucho que
hayan tratado de disimularlo, la división y la desconfianza están ahí
desde el principio. Dos semanas antes de formar gobierno López dijo a la
prensa que Castejón no tenía categoría para gobernar Cartagena y hace
una semana la llamaba en público "fantástica" por que promete
inversiones imposibles".
A juicio de
los populares, esa luchas intestinas "paralizan Cartagena porque los
concejales están ocupados en consolidar sus partidos por lo que pueda
pasar".
"Cada concejal trabaja para sus siglas, se reparten los cargos
municipales en cupos y compiten entre ellos para hacerse fuertes en los
barrios a costa del Ayuntamiento".
"Por eso- dice Espejo- los
concejales del PSOE y MC están haciendo visitas a las diputaciones por
separado. Van en nombre del gobierno, pero son propaganda de partido. Un
ejemplo es la visita al El Algar que hizo Castejón sólo con socialistas
del gobierno y de la junta vecinal. Mintieron a la presidenta para que
no fuera y se llevaron a la visita a funcionarios municipales, como ya
ha denunciado grupo municipal popular".
Espejo ha dicho que "lo
peor de todo esto es que no hay solución. Ellos no van a dejar de competir y
desconfiar, porque cada uno trabaja para sus intereses. No se dan
cuenta de que aquí los intereses que hay que defender son los de los
cartageneros".