MURCIA.- Los profesores de Administración y Dirección de Empresas de la UCAM, Concepción Pérez y Juan Cándido Gómez, han asegurado que los clientes de una entidad intervenida "pueden seguir manteniendo su actividad normal con la misma y no existe riesgo de pérdida de inversiones".
Estos economistas han señalado que los gestores de las cajas de ahorro, en particular de Caja Mediterráneo (CAM), se enfrentan a la disyuntiva de buscar socios privados o permitir la entrada de dinero público. Así, han manifestado que "ambas opciones suponen el fin del control político de las cajas y su exposición al mercado".
Los dos economistas afirman que, a día de hoy "se barajan varias alternativas para inyectar los 2.800 millones de euros que la CAM necesita", y para esto "es necesaria tanto la participación del capital público como del privado".
Recuerdan que esta caja murciano-alicantina "apuesta por la participación de un socio minoritario que represente el 20 por ciento del capital, ya que de este modo rebajaría la exigencia de core capital al 8 por ciento, lo que representaría un ahorro de cerca de mil millones de euros".
A su juicio, otra posibilidad, quizás "más compleja", es la enajenación de activos, oficinas y base de depósitos, "con el fin de reducir el tamaño y por tanto la cuantía de ayuda que necesita del fondo de reordenación para cumplir con las citadas exigencias de capital".
Pérez y Gómez recuerdan que, en la pasada década, las entidades de crédito generalizaron la comercialización de unos instrumentos híbridos de capital (financiación subordinada y participaciones preferentes) para conseguir recursos para sanear sus balances.
Estos instrumentos, subrayan, son "más parecidos a la deuda tradicional que a las acciones porque en el caso de que la entidad registrara pérdidas o déficit en los coeficientes de recursos propios regulatorios, los inversores no sólo podrían perder los intereses o dividendos, sino que podrían perder los capitales invertidos".
En este último caso, Pérez añade que los capitales "se destinarían al saneamiento de la entidad, justificándose su consideración de recursos propios".
Sin embargo, en el cálculo del ratio 'core capital' -recursos propios-, referenciado en los requerimientos del Banco de España para el proceso de reestructuración bancaria, no se tienen en cuenta estos recursos, lo que "perjudica a las entidades que tienen importante volumen de preferentes, pero no alcanzan los ratios de core capital establecidos".
En concreto, el Banco de España exige un 'core capital', excluidas las preferentes, que suponga un activo total del 10 por ciento o, al menos, un 20 por ciento de capital externo para las entidades que no coticen en Bolsa y del 8 por ciento para las que coticen.
Ambos economistas recuerdan que, en los últimos años, el sector financiero español ha sido objeto de una serie de procesos de cambio, entre los que destacan la liberalización de movimientos de capital y apertura de oficinas, gracias a la promulgación de una directiva, de la que se cumplen 17 años en estas fechas.
En este período, añaden, se ha producido un cambio de ciclo económico "con distintos efectos en los balances y cuentas anuales de todas las entidades, pero con desigual impacto e influencia entre las cajas de ahorro españolas".
Uno de los aspectos que consideran "más relevantes" y que han dado lugar a extensos debates y propuesta de reformas legales ha sido la desaceleración inmobiliaria o el 'boom hipotecario' que vivió el mercado financiero español en los últimos años, y que fue más intenso en las cajas que en los bancos".
En este sentido, Pérez y Gómez añaden que la CAM "ha seguido una exitosa estrategia de acuerdos con el banco ING Direct, mediante la distribución de hipotecas gestionadas por esta entidad".
Sin embargo, la excesiva exposición de los créditos al sector de la construcción y, en particular, la estrecha relación entre promotoras y cajas de ahorro "constituye otro factor clave para comprender la situación actual de nuestro sistema financiero".
A cierre del último ejercicio, los profesores citados especifican que la CAM "presentaba una inversión crediticia cercana a los 900 millones de euros, cifra ligeramente inferior a sus pérdidas por deterioro de activos".
Esta presencia en el sector, sostienen, "lastra la cuenta de pérdidas y ganancias debido a la necesidad de provisionar la morosidad que, si bien presenta una evolución contraria al sector, con tendencia decreciente, se encuentra en un entorno del 7 u 8 por ciento, con un valor en inmuebles superior a los 3.000 millones de euros".
"Ante la situación de iliquidez general y desconfianza entre las distintas entidades financieras, la estrategia que han seguido las cajas de ahorro, incluyendo a la CAM, ha sido la de renegociar la cartera de inversiones crediticias, alcanzando un importe superior a los 2.000 millones de euros de pérdidas potenciales en los dos últimos años si no se hubiera actuado de este modo".