La Región de Murcia está en el peor momento
desde que se constituyó como región autónoma, como esfera política con
amplio autogobierno, hace más de treinta años. Si la crisis económica es
general, su gravedad aquí, tras el derrumbe de la intensa fase
especulativo-inmobiliaria, es brutal, está fracturando profundamente la
sociedad y dejando a miles de familias abandonadas a su suerte por los
poderes públicos.
El panorama de lo que cada vez se parece más a un
infierno social es conocido: desempleo masivo, exilio laboral de
jóvenes, descenso de salarios y pensiones, creciente pobreza,
precariedad general, polarización de las desigualdades, deterioro de los
servicios públicos, miles de familias desahuciadas, disminución de
prestaciones sociales, y empeoramiento de la condiciones de vida de la
mayoría.
Una brecha insalvable de desconfianza está separando a los
ciudadanos de sus representantes, alimentada por la evidencia de que la
corrupción se ha apoderado en estos años de una parte muy importante de
las instituciones públicas. El sistema democrático se ha degradado y los
ciudadanos han terminado expulsados de la vida política, capturada como
propiedad por una oligarquía profesionalizada e incompetente que nos ha
conducido al desastre.
El proyecto político que ha gobernado la
región casi veinte años está a todas luces agotado y se ha convertido en
parte nuclear del problema. El pacto de élites (económicas, políticas,
financieras) que ha protagonizado las decisiones de este largo periodo
ha terminado por llevarnos al mayor de los fracasos. Aún en el mejor de
los casos, tenemos por delante años muy duros y generaciones enteras de
ciudadanos van a sufrir las terribles consecuencias de tanto
despropósito y tanta injusticia.
El desgaste es tal que el
todopoderoso PP, que ha creado en la región un sólido sistema de poder
con profundas ramificaciones clientelares y complicidades mediáticas,
que ha convertido en hegemónico política y socialmente su discurso y
obtenido resultados electorales continuadamente espectaculares desde
1993, está en caída libre, y como un Titanic político que ha colisionado
con el iceberg de la crisis y la corrupción, se hunde, habiendo perdido
en apenas quince meses, según las encuestas, veinte puntos de intención
de voto.
Esta situación, que ya nos ha hecho retroceder una década
en la mayor parte de indicadores, va a continuar deteriorándose mientras
se mantenga el dogma impuesto de drásticos objetivos de reducción del
déficit. La sensación que se extiende es la de estar a la deriva, sin
otro rumbo que el de seguir cayendo, sin horizonte alguno de salida. Una
creciente desesperanza, para muchos ya angustiosa, está cundiendo en
una sociedad que se mueve entre el temor y la indignación, consciente de
que las decisiones que se están tomando son erróneas, injustas y sólo
van a traer más dolor social.
La calle está más agitada que nunca. Se
suceden las protestas, que hace tiempo que son masivas. Pero el
movimiento social necesita dotarse de sus propios instrumentos políticos
para producir los cambios que precisamos. Estos cambios tiene que ver
con dos cuestiones decisivas: el fin de la política neoliberal de
recortes que está liquidando aceleradamente el Estado del Bienestar, y
la transformación de nuestro sistema político en una democracia real
donde los ciudadanos sean los protagonistas de su autogobierno.
El
modelo bipartidista ya no sirve, y cada vez interesa a menos gente. Las
ideas que defendió el 15M, y que apoyaron el 70% de los ciudadanos,
siguen pendientes pero no tienen expresión política clara. Casi la mitad
de los ciudadanos se plantea no votar. Pero la inhibición sólo favorece
a los responsables de habernos conducido al actual estado de cosas, a
quienes no quieren que nada sustancial cambie de verdad para que sigan
prevaleciendo sus intereses.
Por eso muchos ciudadanos se plantean
ahora, por todo el país, intervenir directamente para innovar las
anacrónicas e inservibles estructuras políticas, creando nuevos sujetos
políticos que introduzcan una discontinuidad constituyente en la
política que abra un periodo nuevo de la vida colectiva.
No se trata
de hacer tabla rasa: en la representación política no todos son iguales,
y hay que reconocer y sumar a aquellos que luchan en minoría por
cambiar las cosas, pero que no tienen la fuerza suficiente por sí sólos
para conseguir cambiarlas, y junto a ellos, en un proceso muy abierto de
participación ciudadana, dar a luz los nuevos instrumentos del cambio.
Pero esto no se hará nunca bajo las viejas formas de hacer política,
endogámicas, institucionalizadas, pactadas al margen de los ciudadanos.
Toda una cultura política ha muerto -aunque algunos no parezcan haberse
enterado y sigan hablando "a dioses extinguidos" (Antonio Gamoneda)- y
otra nueva está naciendo.
Si este proceso no puede esperar en ninguna
parte, es ya por completo inaplazable en Murcia. Hay que constituir
desde una amplia confluencia la fuerza organizada capaz de derrotar al
PP y cambiar las políticas de gobierno en la región, y ayudar a
cambiarlas también en España y en Europa. Por eso un grupo de ciudadanos
hemos tomado la iniciativa de crear un movimiento cívico que la
promueva, una Convocatoria para el Cambio en la que quepan diferentes
organizaciones políticas y miles de conciudadanos y que, junto al
movimiento social de protesta, sea capaz de formular un programa de
cambio para la región democráticamente elaborado y decidido, y de crear
el instrumento para competir en condiciones de ganar en los procesos
electorales que vienen.
A este empeño invitamos a activarse
políticamente a la buena gente de la región que no está dispuesta, en
cada uno de sus barrios, pueblos y ciudades, a resignarse ni rendirse,
ni a delegar ya más tiempo en otros lo que es tarea cada uno de
nosotros, incorporándose a esta Convocatoria por el Cambio, por la
defensa de los bienes comunes y la democracia real, hasta hacerlo
imparable.
(*) JOSÉ ANTONIO MORENO MICOL, CHUSA HERRERO HERNÁNDEZ, JUAN E. SERRANO MORENO, ENRIQUE DE ANDRÉS, PATRICIO HERNÁNDEZ PÉREZ