Estamos todos muy escandalizados. Pero no porque la riada de San Alberto
Castillo haya puesto al descubierto el desastre de la planificación
territorial de la Región de Murcia a lo largo de las últimas décadas
sino porque habrá nuevas elecciones generales.
Mientras nos quitamos el
barro de encima y nos congratulamos por haber sobrevivido, nos echamos
las manos a la cabeza, al modo de El Grito de Munch, para proclamar que
Pedro Sánchez (o, en su defecto, 'los políticos' en general) son unos
incapaces que vuelven a trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de
resolver lo que solo a aquellos compete.
Pero tendríamos que empezar por admitir que estaríamos escandalizados en
cualquier caso. Si Sánchez pacta con Podemos y los nacionalistas,
escándalo: es una banda que tiene un plan. Si pacta en última instancia
con Ciudadanos para evitar la dependencia de los 'radicales' y de los
independentistas, escándalo: la prueba del nueve de que el PSOE tiende a
la derecha.
Si el PP declina la cortesía de la abstención para que
jueguen los más votados, como los socialistas hicieron en favor de Rajoy
en su día, escándalo: sería la reproducción implícita de la Gran
Coalición. Y si, por imposibilidad de cualquiera de estos motivos de
segura escandalera se entra en el callejón sin salida que conduce a
nuevas elecciones, escándalo también. Estamos escandalizadísimos todos,
pero no por lo que tendríamos que estar, más que escandalizados,
indignados.
Bendita la riada.
Es sabido que cuando la riada de 1946, el
entonces jefe del Estado acudió a Murcia y fue saludado con una
pancarta que rezaba: «Bendita sea la riada que nos ha traído a Franco».
Tal vez los murcianos (y el resto de levantinos afectados por la Santa
DANA) debiéramos pensar, sobre el adelanto electoral, que no hay mal que
por bien no venga. Sería suicida que en un contexto de alta
competitividad electoral el Gobierno se mostrara cicatero en la
distribución de recursos para paliar los daños en una de las franjas más
pobladas del país y con más diputados en juego. Bendita sea la riada
por haberse producido en periodo preelectoral, podríamos decir.
Pero
al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, le parece escasa
la primera evaluación de setecientos millones de euros que ha hecho el
Consejo de Ministros. Que le parezcan pocos millones, sean setecientos o
mil, está muy bien. Un presidente autonómico debe ser reivindicativo.
Todo es insuficiente. Hay que rascar más. Perfecto. Solo que esas
cantidades no pueden ser solicitadas al tuntún. ¿Dónde está la
evaluación científica de daños que a López Miras le permite considerar
lo que es poco o necesario?
Llama la atención que, a la misma vez, el
presidente califique de 'decisión electoralista' el hecho de que la
ministra de Hacienda anuncie que ha encontrado la fórmula para inyectar a
las autonomías el dinero de la financiación estatal retenido por la
provisionalidad del Gobierno. Veamos: el decreto de ayudas es cicatero,
pero que fluya por fin la financiación debida es electorero. ¿En qué
quedamos?
El Estado paga la fiesta.
Respecto a la DANA estamos en la
fase de las ayudas, y ahí hay que ser muy exigente, claro. Y más porque
las elecciones, cuya repetición tanto escandaliza, son de paso una
oportunidad para que los recursos no sean escatimados. Pero hay otro
aspecto que corresponde al Gobierno regional, y es también urgente: la
planificación estructural para evitar que otra conmoción atmosférica
provoque, pronto o más tarde, un equivalente mapa de daños.
El Gobierno
central está llamado a pagar los rotos y los descosidos producidos por
la tormenta y la consiguiente riada, pero también estaría legitimado
para llamar la atención del Gobierno regional acerca de cómo ha venido
ejerciendo la obligación de cuidar el territorio, de proteger a las
localidades en mayor riesgo y de medicar el Mar Menor para evitar que,
en plena enfermedad, un ataque de desatados torrentes agrave sus
posibilidades de recuperación.
Lo que no vale es que aquí
estemos de fiesta, y cuando viene la resaca, que pague el Estado. El
Estado somos también nosotros. Una tormenta feroz produce inevitables
daños, pero son mayores si el Gobierno no ha previsto los efectos de esa
clase de incidencias, y no solo esto, sino que ha permitido la
ocupación urbana de espacios que son pasos de reserva natural del agua y
ha descuidado la gestión de los suelos.
¿Qué fue de la Política Territorial?
Hubo
un tiempo en que los conceptos Planificación del Territorio o Política
Territorial aparecían en los títulos de las consejerías del Gobierno.
Pero al PP la palabra 'planificación' le espeluzna, porque a los
autodenominados liberales les suena a soviética o, más precisamente,
porque no produce réditos electorales a corto plazo. Poco a poco, las
competencias sobre Territorio han quedado subsumidas en el organigrama
general, ahora dentro del genérico Fomento, en una dirección de nombre
muy esclarecedor: Territorio y Arquitectura, un eufemismo que, por la
práctica, sabemos que significa Suelo Urbanizable y Construcción.
Para
más abundamiento, hay otra dirección general denominada Movilidad y
Litoral (Transporte y futura asunción de Costas, éstas, todavía, en
manos del Estado), como si el litoral no fuera también territorio,
probablemente la parte más frágil del mismo y más habitualmente atacada.
El territorio, para las últimas administraciones populares, es una
'maría'.
Pero ha venido la DANA y ha marcado el perfecto test que
describe el desastre del diseño y la planificación del espacio físico en
que nos movemos. El desdén por la política territorial no obedece solo a
desgana o desconsideración de su prioridad, sino a la permeabilidad de
la corrupción, algo tan evidente que solo hace falta darse una vuelta
por el paisaje.
Reivindicación y gestión.
El
Gobierno regional tiene dos obligaciones inmediatas. Una, reivindicar
sobre informes técnicos contrastados las ayudas precisas para recomponer
el territorio de la Región y compensar a las víctimas.
Y otra, ya digo
que no menos urgente, iniciar un plan general de estudio y tratamiento
del espacio físico que permita evitar ocupaciones de riesgo y que
promueva las actuaciones que sirvan para controlar avenidas en los
cauces de todo tipo y amparar a poblaciones como Los Alcázares y otras
que están destinadas a sufrir una y otra vez las 'gotas frías', sean
éstas de una u otra intensidad.
Para sentirse orgulloso de ser español
(reproduzco el lenguaje impostado de quienes nos gobiernan, a ver si así
lo pillan) hay que cuidar a las personas, claro, pero también el
espacio en el que viven.
Menos frivolidad con las leyes y la
gestión del medio ambiente, menos manga ancha con los financiadores de
las campañas electorales, menos hacer la vista gorda con la depredación
del territorio, y menos escándalo por un adelanto electoral que para el
PP es, esta vez sí, agua bendita, pues le ofrece la oportunidad de
crecer sin el salvavidas de Ciudadanos.
(*) Columnista
