Así mismo, ha tenido gran relevancia la pérdida de confianza hacia el
Fiscal Superior de Murcia, Manuel López Bernal, quien ha denunciado
públicamente las presiones e "intimidaciones" a que se ha visto
sometido, por haberse destacado en la lucha contra la corrupción en su
Comunidad Autónoma.
En primer lugar, hemos de saber que los nombramientos de
estos cargos son competencia del Consejo Fiscal, formado por 11
miembros y presidido por el Fiscal General del Estado, quien, con su
voto de calidad, puede romper el empate.
Así mismo,
el Fiscal General del Estado tiene como misión proponer el nombramiento
de estos cargos, previo informe preceptivo del Consejo Fiscal. A su vez,
el Consejo Fiscal está dividido entre suscritos a la Asociación de
Fiscales –conservadora– y la Unión Progresista de Fiscales –no
conservadora–.
También sabemos que los recientes
nombramientos de los diferentes cargos propuestos son producto de diez
horas de negociación en la reunión del Consejo Fiscal.
El resultado, según parece, es producto de la correlación de fuerzas
entre ambas asociaciones y de un factor algo extraño, como es la
preferencia del Partido Popular hacia el nombramiento de Manuel Moix
como Fiscal Jefe de Anticorrupción: un fiscal sin méritos ni experiencia
para dicho puesto.
Los ciudadanos, por tanto, hemos
asistido a un espectáculo de ilusionismo, en el que sabemos el resultado
del número de magia pero ignoramos cuáles son los trucos, aunque los
imaginemos. Por ejemplo, no sabemos hasta dónde llegó la mano del
Partido Popular en el nombramiento de Manuel Moix, como máximo
responsable en la lucha contra la corrupción. No sabemos si alcanzó sólo
al Fiscal General del Estado o si, por el contrario, fue una propuesta
de la mayoritaria Asociación de Fiscales.
Así,
tenemos que la Fiscalía encargada de combatir la corrupción va a ser
dirigida por un afín al Partido Popular, muy cercano a Esperanza
Aguirre. Recordemos las declaraciones de esta singular política,
arrogándose el mérito de haber "destapado la Gürtel en Madrid", cuando
ya sabemos que miró para otro lado, como poco.
Especulamos, así mismo, sobre si remover al Fiscal Superior de Murcia se
debe a una simple relación de enemistad de éste con el Partido Popular o
si se trata de una vendetta por haber supuesto el
azote de la corrupción en Murcia. La verdad, no es fácil saberlo: la
rocambolesca jugada acaba en que sólo le han removido de su cargo, pero
con grandes posibilidades de acusar en la causa Auditorio contra el
Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y, además su sustituto en
la Fiscalía Superior es un fiscal de plena confianza que ha dado
muestras de arrojo y preparación en las causas de corrupción que allí
están en marcha.
En este mágico espectáculo, también
nos preguntamos dónde se encuentra el truco que ha llevado a sustituir
al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por Jesús
Alonso, quien hasta ese momento era su Teniente Fiscal en dicho
Tribunal: por una parte, hay que tener en cuenta que al Partido Popular
no le era nada incómodo, pues ha sido el ariete de la represión de la
libertad de expresión; bajo su cargo se han producido intensas y
escandalosas cruzadas contra titiriteros, tuiteros y raperos. Así mismo,
destacan sus maniobras en embajadas extranjeras para impedir que se
investiguen graves violaciones de Derechos Humanos –como las torturas en
Guantánamo–, según wikileaks; o, por ejemplo, sus movimientos para
evitar que la investigación sobre los crímenes del franquismo
fructificara.
Por otra parte, parece que fue el
Fiscal General del Estado quien propuso se tramitara su sustitución, que
no es poco, teniendo en cuenta llevaba más de diez años en el cargo y
que éste no es vitalicio… Incluso, parece que daba igual quién lo
sustituyera, pues la verdadera jugada consistía en apartarle; ni
siquiera el candidato propuesto por el Fiscal General del Estado obtuvo
votos. Lo importante era relevarle.
Claro, Javier
Zaragoza parece haber dejado el campo trillado y sembrado para que quien
le suceda se limite a cosechar…Triste fruto es el que recogerá Jesús
Alonso, el de una fiscalía dedicada a amordazar a la ciudadanía y a
reprimir con crueldad la libertad de expresión. El trabajo de Javier
Zaragoza es insuperable, imposible hacerlo peor. Veremos si su sucesor
da un vuelco a la herencia que recibirá o si, por el contrario, se
limitará a represaliar a quienes se han señalado abiertamente como sus
enemigos mientras Zaragoza reinó.
Así pues, el
espectáculo ha llegado a su fin. Se trataba de un espectáculo que
llevaba mucho tiempo en preparación, sólo hacía falta encontrar al gran
Houdini que lo llevara a cabo.
Hemos leído y
escuchado muchas críticas entre bandos enfrentados: la Unión Progresista
de Fiscales ha emitido un duro comunicado; no faltan medios y voces
autorizadas que la han emprendido contra el recién nombrado Fiscal
General del Estado, incluso reclamando su dimisión. Tampoco han faltado
apoyos de quienes se sienten satisfechos por los nombramientos.
Como ciudadana preocupada por el sistema que tenemos, me parece que el
resultado no es más que una jugada fortuita, una carambola o un mero
simple de cambios de cromos que los distintos bandos han negociado según
los intereses en juego de unos y otros.
El resultado
no es producto de 10 horas de ardua negociación, ni de la falta de
mayoría de una asociación en detrimento de otra, ni de la incapacidad
del gran Houdini en cambiar el sistema –exigiéndole que de un solo
movimiento se convierta en dios todopoderoso–.
No, el
resultado es producto de un sistema que no cree en la separación de
poderes, pues se halla contaminado y fuertemente influenciado por las
directrices del Ministro de Justicia de turno. También es consecuencia
de una Institución fuertemente politizada y dividida en facciones,
encerrada en sí misma y en sus guerras internas.
Un
sistema, que adolece de falta de transparencia, de falta de comunicación
con la ciudadanía a la que debe servir y de falta de coherencia en los
pocos y sonados mensajes que transmite. Una Institución terriblemente
frágil y manejable por el Gobierno de turno.
La
realidad, que es muy tozuda, nos demuestra, en cambio, que fuera de
estos manejos exhibidos por los altos cargos, hay un numeroso ejército
de fiscales, honrados funcionarios públicos que se dejan la piel en su
trabajo diario, cada vez más duro debido a los recortes impuestos;
fiscales que, a pesar de las duras condiciones en que trabajan, no cejan
en su empeño y en su dedicación por sacar adelante las causas que
manejan y en simultanearlo con una formación permanente, obligados por
las constantes y numerosas reformas legislativas.
Todos estos entusiastas y preparados servidores públicos necesitan, por
fuerza, ser dirigidos por personas independientes que sólo se deban a la
satisfacción y el efectivo cumplimiento de los fines constitucionales
que deben guiar su función: promover la acción de la justicia en defensa
de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados,
así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante
éstos la satisfacción del interés social (art. 124 CE).
Pero, ¿cómo lograrlo? Para conseguirlo, es necesario que efectivamente
la Fiscalía sea un organismo autónomo dentro del Poder Judicial, tal
cual dispone su Estatuto Orgánico. Y para ello, sería preciso que
nuestros representantes políticos abrieran un periodo de reflexión para
abordar el sistema de nombramiento del Fiscal General Estado y de
quienes dirigen las Fiscalías Especiales y la Fiscalía de la Audiencia
Nacional.
Creemos que si la principal función de la
Fiscalía consiste en defender el interés público tutelado por ley y la
defensa de la legalidad, es el ciudadano quien debiera participar
directamente en estos procedimientos de designación y no asistir como
mero público al espectáculo ilusionista que ahora nos rige.
(*) Abogada especializada en Derecho penal y profesora de Derecho procesal
penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid.