El Tesoro garantizará las necesidades de refinanciación y liquidez de las CCAA

MADRID.- El Tesoro jugará un "papel de fondeo" en el nuevo mecanismo que el Gobierno pondrá en marcha para aliviar las necesidades de refinanciación y liquidez de las comunidades autónomas, lo que significa que será el encargado de "garantizar" las cantidades que los gobiernos regionales requieran.

   Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, el Tesoro "garantizará que se satisfacen las necesidades, sobre todo de vencimientos y liquidez, de las comunidades autónomas en lo que queda de año una vez se identifiquen y a medida que se sometan al mecanismo de financiación centralizada".

   Para poder acogerse a esta asistencia, los gobiernos regionales tendrán que asumir nuevas y "estrictas condiciones de estabilidad económica y financiera", ya que la intención del Gobierno es que el mecanismo "no perjudique la disciplina fiscal, sino más bien lo contrario".

   Por eso, Jiménez Latorre considera que el nuevo mecanismo "no debe sembrar dudas sobre la calificación crediticia del Tesoro", y de hecho el secretario de Estado asegura que, con arreglo a las "conversaciones y contactos" que los responsables del organismo emisor han mantenido con las agencias de calificación, "se valora positivamente el mecanismo centralizado de refinanciación, sobre todo si va acompañado de un fuerte condicionado económico y financiero" que forzará una mayor "disciplina" a las finanzas públicas y está "en línea con todos los esfuerzos" realizados en este sentido desde el pasado mes de diciembre.

   Según adelantó el jueves el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este fondo atenderá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario.  Montoro aseguró que en ningún caso servirá para "mutualizar el riesgo de las comunidades autónomas".

   Este instrumento, que fue aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, se enmarca en un plan de ajuste más profundo que fue anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso el pasado miércoles y que, sin embargo, no ha suscitado una respuesta de los mercados tan positiva como se habría podido esperar.

   Preguntado por las causas de esta reacción, el secretario de Estado ha reconocido que "es difícil interpretar a los mercados", aunque considera que "necesitan un poco más de tiempo para ver que todas las reformas se ponen en marcha, tanto a nivel nacional como europeo".

   "Estamos en la línea adecuada, y necesitan un poco más de tiempo para comprobar que las cosas se mantienen en su curso, que no hay sorpresas, que la situación económica y financiera se estabiliza. Eso explica que la respuesta de los mercados no sea tan inmediata", ha afirmado, insistiendo en que si España "persevera en las políticas de reformas y en el saneamiento de las cuentas públicas" la inversión extranjera "acabará entrando", si bien para eso hace falta que antes "desaparezcan las incertidumbres".

El IVA, en septiembre

 La subida del IVA por la que se eleva el tipo general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% entrará en vigor el próximo 1 de septiembre para no perjudicar a algunas actividades de la economía española, como el turismo.

   Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que agosto es un mes "muy importante" para el turismo y para el comercio.

   Además, el ministro ha recordado que todas las subidas de este impuesto realizadas a lo largo de la historia se han anunciado con cierto tiempo por las exigencias técnicas que requiere la modificación.

   El cambio en el impuesto no implica modificaciones en el tipo superreducido, el que grava los bienes de primera necesidad, que se mantendrá en el 4% actual.    

   Montoro ha adelantado también que se realizará una nueva clasificación de los productos gravados por el IVA, de forma que algunos productos que ahora se gravan al tipo reducido pasarán al tipo general.

   Esta nueva clasificación no afecta a los productos gravados por el tipo superreducido, como la leche y el pan y algunos productos culturales como los periódicos y los libros, salvo la compra de vivienda nueva, que dejará de gravarse al 4% a partir de enero.

   Los mayores cambios se aplicarán en el IVA reducido, que a partir de septiembre solo gravará el transporte, la hostelería y la cesta de la compra, lo que deja fuera numerosos productos, incluidos los servicios funerarios.

  Tributarán al 21% las entradas a espectáculos culturales como teatros, cine y parques de atracciones, la peluquería, los cosméticos y los servicios mixtos de hostelería.

   Según Montoro, el aumento de IVA está en línea con lo anticipado ya en el Programa de Estabilidad español presentado en el mes de abril, en el que el Ejecutivo programó la política tributaria de cara a los próximos años.

   Esta política, según el ministro, se debe basar más en la imposición indirecta para poder reducir los gravámenes sobre el trabajo, de modo que la subida fiscal se compensará con una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social en un punto este año y en otro punto en 2014.

  Montoro ha explicado que el Gobierno ha decido subir el IVA en este momento porque era algo "obligado" por las circunstancias, las recomendaciones que llegaron de Europa y por la "prioridad absoluta" de reducir el déficit en el actual momento.

   "No hay más remedio", ha dicho Montoro, tras recordar que el Rajoy admitió en el Congreso que el proyecto del Partido Popular se basaba en bajar impuestos, aunque haya tenido que hacer justo lo contrario por circunstancias y por la excepcionalidad del momento.

   De hecho, se ha comprometido a compensar las subidas de impuestos en el futuro, algo que hará desde el año próximo con la bajada de cotizaciones sociales que, a su juicio, favorecerá la creación de empleo y compensará los efectos negativos de la subida fiscal.

   Montoro ha obviado las críticas sobre las declaraciones que hizo en el pasado denunciado la subida del IVA aprobada por el Gobierno socialista, y ha recordado que su Gobierno también ha puesto en marcha otras medidas como el gravamen temporal del IRPF.

  De la misma forma, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una serie de medidas fiscales que se suman a la subida de IVA, como la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.

   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.

   Además, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.

   En el IRPF, el Gobierno aumenta de forma temporal del 15% al 21% de la retención por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.

El fondo de financiación para las CC.AA. contará con 18.000 millones

MADRID.- El nuevo fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros.

   Así lo ha avanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado el decreto ley que regulará esta nueva vía de liquidez para los gobiernos autonómicos, que no tendrá personalidad jurídica.

   "Los ministerios de Hacienda y Economía han realizado una estimación de cuánto se puede llegar a disponer en función de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y su déficit público hasta fin de año, y el máximo serán 18.000 millones de euros, si bien la cifra final dependerá de cuántas comunidades se adhieren al mecanismo", ha puntualizado el ministro.

   Así, el Tesoro proporcionará 12.000 de esos millones de euros "sin modificar su calendario de emisiones" y los restantes 6.000 millones de euros provendrán de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado "con cargo a ingresos futuros".

   La gestión de estas ayudas recaerá tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrecerán los préstamos "partiendo del coste de financiación del Tesoro más un diferencial reducido". Las ayudas estarán garantizadas por los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas, para "garantizar que mantienen la responsabilidad de devolución".

   Las comunidades que "voluntariamente" decidan adherirse a esta asistencia tendrán que cumplir unos estrictos condicionamientos presupuestarios y financieros, según ha dicho De Guindos, quien no ha precisado no obstante qué requisitos se aplicarán.

   Para poder acceder a las ayudas, los gobiernos regionales que lo soliciten tendrán que presentar un plan de ajuste y deberán informar "puntualmente" de la ejecución presupuestaria. De hecho, "en última instancia" el Gobierno central conserva incluso la capacidad de intervenir las comunidades autónomas que incumplan los vencimientos de deuda.

   En el plano financiero, los condicionamientos buscarán "garantizar que la senda de endeudamiento de las comunidades es sostenible en el tiempo y permite que sus cuentas públicas no se vean desbordadas por la evolución de los costes financieros".

   El ministro ha asegurado además que este mecanismo se mantendrá en vigor "mientras persistan las dificultades" de financiación para los gobiernos autonómicos, ya que su objetivo fundamental es asistir a los gobiernos regionales en un momento en que sufren "grandes dificultades para acceder a los mercados, no solo por los elevadísimos costes sino incluso por el propio acceso, la disponibilidad".

   "En este principio general del Gobierno de responsabilidad global del conjunto de las cuentas de las administraciones públicas y, simultáneamente, en ese compromiso de solidaridad en el Estado, lógicamente se va a proporcionar un nuevo sistema que evite esta situación de dificultad, que podría llegar a ser límite", ha concluido De Guindos.

   Este mecanismo ya fue avanzado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde también se aprobó el plan de ajuste del Principado de Asturias y se apercibió a ocho comunidades autónomas de los riesgos de que no consigan cumplir los objetivos de déficit de este ejercicio.

   Preguntado por este asunto, el ministro ha vuelto a declinar "por lealtad" precisar qué regiones son las que tienen mayor riesgo y con las que comenzará a reunirse bilateralmente a partir de la próxima semana, y ha reiterado que todas las administraciones cumplirán con sus compromisos. "Todos estamos en lo mismo y todos vamos a cumplir", ha asegurado.

   "El Gobierno trata con el mayor respeto a todas las comunidades. Lo que estamos haciendo es equilibrar el estado de las autonomías. Está en la Constitución, y en el CPFF de ayer activamos la ley (de Estabilidad Presupuestaria), que contempla un ámbito preventivo de abordar bilateralmente los problemas de las regiones que estén en mayor riesgo de no llegar. Pero no es el momento de señalar a nadie, sino de trabajar con ellas", ha zanjado.

Bruselas obligará a España a aumentar la frecuencia de las ITV

BRUSELAS.- España se verá obligada a aumentar la frecuencia de las ITV a coches y motocicletas que tengan más de seis años, que deberán someterse a controles anuales, según una propuesta legislativa presentada este viernes por la Comisión Europea. En la actualidad, la normativa española sólo introduce los controles anuales a los coches a partir del noveno año, mientras que las motos viejas pasan la ITV cada dos años.

   El objetivo de esta iniciativa, que debe ser respaldada por los Veintisiete y la Eurocámara, es salvar más de 1.200 vidas al año y evitar más de 36.000 accidentes relacionados con fallos técnicos de los vehículos.

   Los fallos técnicos causan el 6% del total de accidentes de coche, lo que representan 2.000 víctimas mortales al año en la UE. Esta proporción se eleva al 8% en el caso de los accidentes de moto, según los datos de Bruselas.

   La propuesta aumenta la frecuencia mínima de los controles técnicos para los coches, que deberán pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda dos años más tarde y una vez al año a partir del sexto año. La normativa europea actual contempla inspecciones cada dos años a partir del sexto año.

   En el caso de España, la normativa vigente obliga a los coches a pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda a los seis años, la tercera a los ocho años y anualmente desde el noveno año. La legislación europea forzará a adelantar las inspecciones anuales al sexto año.

   La propuesta de Bruselas fija por primera vez a nivel de la UE controles para motocicletas, que no existen en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Holanda, Portugal y Rumanía. En España, las motos ya están obligadas a pasar la ITV, pero la norma europea obligará a que los controles sean anuales a partir del sexto año, en lugar de cada dos años como sucede en la actualidad.

   "No creo que esté sirviendo a ningún lobby", ha dicho el comisario de Transportes, Siim Kallas, al ser preguntado por las críticas que le acusan de favorecer indebidamente al negocio de las ITV. Kallas ha insistido en que las estadísticas demuestran que a partir del sexto año los vehículos tienen más fallos técnicos.

   "Si conducimos un coche que no está en buenas condiciones para circular, nos convertimos en un peligro para nosotros mismos y para quienes nos acompañan", ha insistido Kallas. "Es más, somos un peligro para todos los demás usuarios de la carretera que nos rodean", ha señalado.

   La norma aumenta además la frecuencia de las inspecciones técnicas para los automóviles y furgonetas con un kilometraje excepcionalmente alto, 160.000 kilómetros en cuatro años. Estos vehículos deberán pasar la ITV anualmente a partir del cuarto año.

   Finalmente, Bruselas fija estándares comunes de calidad para las inspecciones técnicas y obliga a controlar los componentes de seguridad electrónicos. La normativa actual, que data de 1977, no obliga a controlar gran número de fallos técnicos que tienen graves implicaciones para la seguridad, como por ejemplo el ABS o el control electrónico de seguridad.

   Los Estados miembros tendrán libertad para imponer requisitos de control más estrictos que los que marca la UE.

Interventores y secretarios municipales volverán a depender de Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles "la objetividad" en su trabajo de fiscalización de los municipios.

   "Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones", ha explicado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

   El proyecto incluye una nueva lista de competencias, con la prohibición a los municipios de ejercer ninguna otra, y la eliminación de órganos intermedios como mancomunidades y pedanías, creadas "pretendidamente para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido". 

Además, como ya se había anunciado, las diputaciones asumirán las competencias de las localidades de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con una evaluación de calidad que deberán pasar.

   Montoro ha confirmado también la reforma de la Ley Electoral para reducir un 30 por ciento el número de concejales, lo que a juicio del gobierno pemitirá "aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas".

Antonio Jara, vicepresidente de BMN: "Los comportamientos y actitudes del pasado reciente no son ya posibles ni admisibles".

GRANADA.- El murciano Antonio Jara, catedrático, presidente de CajaGranada y vicepresidente de Banco Mare Nostrum (BMN), piensa que los tiempos han cambiado definitivamente. "Nada será igual que antes de esta crisis. Hay mucho que aprender y mucho que rectificar. Los comportamientos y actitudes del pasado reciente no son ya posibles ni admisibles".

"Es casi una obviedad señalar" que todos los indicadores "dibujan un panorama algo más que sombrío", dijo durante la presentación del Informe Económico y Financiero de Andalucía 2012, impulsado por CajaGranada-BMN y elaborado por la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía (Eseca).

Y las condiciones que ha impuesto –o propuesto, según los más optimistas– Europa para rescatar a las entidades de crédito españolas pueden agravar al enfermo, alertó Jara durante su alocución. El directivo de CajaGranada, aunque admitió que dicho plan tiene "importantes aspectos positivos", se extendió más a la hora de hablar de los matices inquietantes.

 

 "No cabe duda de que –el rescate– ha venido a introducir duros mecanismos de control y supervisión exterior, no pocos elementos de preocupación sobre el futuro de nuestras entidades de crédito y nuevas zonas de penumbra en el ya borroso panorama financiero de nuestro país, singularmente en relación con las cajas de ahorro, elementos que, seguramente, acabarán incidiendo negativamente en las perspectivas de recuperación a corto plazo", enfatizó Jara. 

 

En este sentido, el también exalcalde de Granada afirmó que la reconversión de las cajas provocará "un impacto severo, duradero y de consecuencias imprevisibles en la socio-economía de nuestro país". 

 

Llegado a este punto, Jara no ocultó que, en su opinión, ni el anterior Gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)ni el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) han dado con la tecla para "poner orden en el sistema ni resolver sus graves problemas de saneamiento y capitalización", según la versión del diario 'Ideal'. 

Todas las luces rojas están encendidas para Murcia / Patricio Hernández *

El acuerdo de ayer del gobierno con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de reducir el objetivo de déficit para 2013 al 0,7% (antes estaba fijado en el 1,1%) supondrá un recorte adicional en el presupuesto regional de Murcia de centenares de millones de euros en los dos próximos años. 

Murcia ha votado a favor en la mayor traición a los intereses de los murcianos, que ha hecho el demagogo y finalmente sumiso de Valcárcel desde que es presidente (sólo los más viejos se acuerdan ya de cuando entró al gobierno el emperador de los murcianos). Murcia ha renunciado así a alinearse con las comunidades (4) que se han opuesto -se han abstenido incluso algunas como Castilla León o Extremadura, gobernadas por el PP- para tratar que el Ejecutivo alivie su ajuste del déficit este ejercicio (tiene que reducirlo del 3,3% de 2011 al 1,5%) tras la relajación concedida por Bruselas para la meta de déficit total (del 5,3% previsto inicialmente al 6,3%).

Todo esto significa en el contexto actual que la sanidad, la educación y el resto de la política social que constituye el grueso del gasto regional (hasta el 80%) va a sufrir un grave recorte adicional que va a terminar de destrozar la universalidad y calidad de estos derechos sociales en la región. El déficit quiere decir que el dinero que se genera no alcanza para pagar todas las cuentas, y alguien queda siempre sin cobrar, ya sean empleados públicos, proveedores del Estado o servicios de cualquier tipo. Ahora, cuando ya llevamos tres años de recortes regionales severos, esta noticia supone que los murcianos se enfrentan a una situación inédita en la que el colapso amenaza gravemente a nuestras políticas sociales públicas, que serán insostenibles para el presupuesto regional del que dependen. 

Todo lo que hemos visto con la universidades públicas, los interinos, la dependencia, las subvenciones a organizaciones del Tercer Sector para atender a colectivos vulnerables, las transferencias a los municipios para atender programas básicos de servicios sociales, etc., van a sufrir una inimaginable nueva vuelta de tuerca. Sólo pensar en que se va a suprimir es un ejercicio de sadismo mental no apto para gentes sensibles.

La prensa regional de hoy, cuya actitud general de silencio cómplice es ya más que sonrojante, nada advierte sobre este evidente y gravísimo acuerdo para los murcianos. Por otra parte el Gobierno ha vuelto a amenazar ("advertir" en el lenguaje oficial) a las comunidades incumplidoras -entre las que está muy destacadamente Murcia, junto a otras siete (recordemos que Murcia tiene el mayor déficit, un 4,33 a finales de 2011, tras Castilla-la Mancha y Extremadura)- con la intervención, lo que agravaría mucho más la situación de la Región. 

Montoro ha dejado claro que nunca ha pretendido "mutualizar el riesgo de las comunidades autónomas",  y que el riesgo sigue correspondiendo a las regiones", con lo que desmiente otra vez a Bernal que daba por hecho los llamados "hispanobonos" a juzgar por sus reiteradas declaraciones en la Región.  A cambio se creará hay un "fondo"  para financiar los vencimientos de las comunidades autónomas, pero el ministro de Hacienda ha puntualizado que no será para todas las regiones, que se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario, O sea, que Murcia lo tendrá muy difícil para acogerse a él. 

Lo dicho: todas la luces rojas están encendidas para Murcia, y aquí no parece haberse enterado nadie.

(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

El Índice de Miseria alcanza en la Región de Murcia el 28,7%

MADRID.- El Índice de Miseria en España ha alcanzado el 28,7 por ciento en la Región de Murcia, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 26,4 por ciento, aunque en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Canarias la tasa supera el 30 por ciento, según un estudio de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett).

   El estudio, que cruza las tasas de paro e inflación para conocer el deterioro de los niveles de vida de los ciudadanos, destaca que la tasa se ha incrementado un 15,5 por ciento en cinco años, ya que en 2007 se calculaba en un 10,89 por ciento.

   El aumento, según explica, se debe al crecimiento del paro, (ha subido casi 16 puntos desde entonces), ya que la inflación se ha reducido un 0,47 por ciento. En esta línea, en el último año el índice ha avanzado un 1,62 por ciento, porque el paro creció 3,15 puntos y la inflación cayó un 1,53 por ciento

   La variable del desempleo hace que España registre el mayor índice de miseria de toda la Unión Europea (27 países) con casi 13 puntos porcentuales más que la media comunitaria, fijada en un 13,5 por ciento. Le siguen Grecia (24,1 por ciento), Letonia (19,6 por ciento), Portugal (18,5 por ciento), Eslovaquia (18,4 por ciento) y Lituania (18,1 por ciento). Austria, Holanda, Malta y Alemania tienen los índices más bajos (no llegan al 9 por ciento).

   Por comunidades autónomas, se aprecian "diferencias abrumadoras" en el índice de miseria. Andalucía es, con diferencia, la que registra la mayor tasa, con un 34,8 por ciento. Le siguen Extremadura, donde el índice está en un 33,8 por ciento y Canarias, con un 33,7 por ciento.

   También por encima de la media nacional se encuentran Baleares, con un índice del 29,8 por ciento; la Comunidad Valenciana, donde la tasa llega al 29,3 por ciento; Castilla-La Mancha, que registra un 29,2 por ciento y Murcia, con un 28,7 por ciento.

   En el lado opuesto se encuentra País Vasco, que tiene una tasa del 15,5 por ciento, casi diez puntos por debajo de la media nacional. La situación también es más favorable en Navarra, donde el índice es del 18,6 por ciento y en Cantabria y Aragón, regiones que registran un 20,4 por ciento.

   "Evidentemente, las enormes diferencias que existen entre los Índices de Miseria entre unas comunidades autónomas y otras radica esencialmente en el deterioro del mercado de trabajo, ya que la inflación se mantiene más o menos estable en todo el país", explica el informe.

   Atendiendo a la evolución, sólo Aragón y Murcia han mejorado las tasas respecto del primer trimestre de 2011, con reducciones en torno al uno por ciento. Por contra, en Extremadura la miseria ha avanzado un 5,2 por ciento; en Castilla-La Mancha, un 3,4 por ciento y en La Rioja ha crecido un 3,2.

Estibadores del Puerto de Cartagena programan una huelga en protesta por los "abusos" del presidente de la Autoridad Portuaria

CARTAGENA.- Los estibadores del Puerto de Cartagena comenzarán el próximo día 23 una huelga en protesta por los "abusos" del presidente de Autoridad Portuaria. Ese mismo día asistirán a una marcha, junto con otros colectivos también en desacuerdo con el "caciquismo" que profesa Adrián Ángel Viudes.

   En principio, la huelga se extenderá hasta el día 26 del mismo mes en protesta por la política de abusos reiterados contra estos trabajadores.

   Durante esos cuatro días pararán todas las operativas en las que ellos intervienen, aunque respetarán los servicios mínimos, para volver a llamar la atención sobre un conflicto que "lleva años perjudicando la prosperidad de un enclave estratégico, sobre una política de gestión ilegal que en vez de velar por los intereses de un sector en alza se dedica a crear incertidumbre, a fomentar la zozobra y el pleito cuando a nadie se le escapa que los mejores frutos se recogen del diálogo y de la suma de sinergias".

   En el mismo sentido, el día 23 de julio, a las 9.00 horas, comenzará una marcha desde la entrada del Muelle Santa Lucía hasta la Autoridad Portuaria, convocada por los estibadores y otros colectivos también en desacuerdo con la "manera ilegal y asfixiante" de Viudes de regir el Puerto de Cartagena.

   La manifestación, bajo el lema 'El Puerto de Cartagena es de todos. Luchemos porque sea sostenible. Viudes dimisión', exige que este enclave sea próspero para la ciudadanía, una fuente de riqueza para la región que lo acoge y sea sostenible, tanto socialmente como de manera medioambiental.

Hacienda amonesta a la Región de Murcia por poner en riesgo el objetivo de déficit público

 MADRID.- El Gobierno ha sacado la tarjeta amarilla a ocho comunidades autónomas, parece que Murcia entre ellas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha confirmado que ha advertido a "varias regiones" aunque se ha negado a facilitar su nombre. El ministro les ha pedido que "inicien las correcciones" pertinentes ya que "estaban poniendo en riesgo" el objetivo de déficit para este año, según publica 'Expansión'.

Montoro ha anunciado también que pone en marcha los mecanismos del plan de estabilidad por lo que ahora se inicia un proceso "bilateral" de negociación entre el Ministerio y las CCAA que han sido advertidas por el Gobierno.

"No se trata de hacer una publicidad que incida negativamente en nadie", ha insistido el responsable de Hacienda para evitar dar el nombre de las Autonomías advertidas. No obstante, Montoro ha querido subrayar que con el aviso del Gobierno lanza un "mensaje claro y contundente" de que cumplirán con los objetivos marcados "sea cual sea su color político".

Aunque Montoro ha rechazado dar nombres, según fuentes de las comunidades, las regiones apercibidas podrían ser: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura. Castilla-La Mancha, por su parte, niega que se encuentre entre las comunidades señaladas.

Juan Bernal, partidario del déficit en el 0,7%

 El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Juan Bernal, ha sido hoy un firme partidario del déficit en el 0,7% en la reunión del CPFF, pese a las condiciones "dificilísimas" en las que trabajan las CCAA. "Es importante mandar el mensaje a la Unión Europea de que estamos trabajando para que el déficit se vaya reduciendo de forma rápida. Tenemos un problema de falta de confianza y vamos a vencerlo dando sensación de que vamos a tener la energía suficiente para corregir el déficit excesivo", ha dicho.

    Sobre el margen pedido por alguna autonomía, Bernal ha recordado que estamos bajo vigilancia de la UE, que obliga a hacer cosas muy exigentes. "Ayer lo decía el presidente Rajoy: no tenemos elección, simplemente no tenemos capacidad de elección", ha concluido.

Un fondo aliviará los vencimientos de deuda de las CC.AA.

MADRID.- El Gobierno creará este viernes un fondo para financiar los vencimientos de las comunidades autónomas y concretará así el mecanismo en el que lleva meses trabajando para aliviar los problemas de financiación de las regiones. 

   Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha puntualizado que no será para todas las regiones.

   Según ha adelantado el titular de Hacienda, este instrumento se aprobará previsiblemente  en el Consejo de Ministros que se celebrará mañana, en el que también se dará luz verde a algunas de las medidas de ajuste anunciadas esta semana.

    Este fondo atenderá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario.

    Montoro ha asegurado que la garantía del Estado se ofrecerá a través del propio fondo, aunque ha advertido de que en ningún caso servirá para "mutualizar el riesgo de las comunidades autónomas",  "El riesgo sigue correspondiendo a las regiones", ha apostillado.

   El ministro no ha querido cuantificar la cantidad de la que dispondrá el fondo, si bien ha avanzado que los vencimientos de las autonomías "no son realmente grandes".

 "No tiene por qué tener una cantidad apriorísticamente grande", ha señalado.

   Tampoco ha querido detallar las características del fondo, aunque sí ha dicho que el instrumento será "diverso y flexible", y se podrá adaptar a la situación de la comunidad que acceda al mismo.

   Preguntado por si este fondo elimina directamente la posibilidad de que el Gobierno emita 'hispanobonos', Montoro se ha limitado a decir que esta figura "nunca ha estado presente".

El Gobierno ve riesgo de que algunas CC.AA. no cumplan el déficit este año

MADRID.- El Gobierno ha lanzado advertencias a algunas comunidades autónomas ante las dudas que plantean sus planes económicos para cumplir el objetivo de déficit de este año, fijado en el 1,5%. 

    Así lo ha señalado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde no ha querido precisar ni el número de comunidades ni los nombres de las mismas.

   El ministro sí ha explicado que con estas advertencias se inicia el mecanismo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo último paso es la intervención.

   A raíz de la advertencia, el Gobierno mantendrá reuniones bilaterales en un plazo de siete días con estas comunidades para analizar las medidas que han puesto en marcha y la corrección de las mismas para garantizar que reducen el déficit al 1,5% este año.

   Si no se llega a un acuerdo en ese periodo, el Ministerio elevará las advertencias al Consejo de Ministros y se seguirán los pasos que fija la Ley de Estabilidad para garantizar el cumplimiento, que pueden llegar incluso a la intervención.

   Sin embargo, el CPFF ha dado el visto bueno al plan de Asturias que fue rechazado en la reunión anterior al considerarlo "idóneo" para cumplir con el objetivo de 2012.

Las cajas resaltan que ya están reduciendo su presencia en el accionariado de bancos

MADRID.- Las cajas de ahorros sostienen que ya están reduciendo su presencia en el accionariado de entidades de crédito y desligándose así del negocio bancario, tal y como recoge el memorando de condiciones financieras aparejado al rescate bancario europeo.

   El memorando establece plazos graduales para que las cajas reduzcan su capacidad como accionista de una entidad de crédito, "circunstancia ya prevista y aplicada por las propias entidades", indicaron a Europa Press en fuentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

   Concretamente, dentro de las condiciones generales impuestas al conjunto del sector financiero en el marco del rescate bancario, el memorando reclama una mejora de la gobernanza de las cajas de ahorros y de los bancos filiales donde han traspasado su negocio bancario.

   Asimismo, insta a España a perfilar a más tardar el próximo mes de noviembre una legislación que aclare la función de las cajas como accionistas de entidades de crédito orientada hacia la reducción de sus participaciones hasta niveles que no impliquen una posición de control.

   Las fuentes de la patronal inciden en que a falta de conocer el texto definitivo del memorando, la actual normativa española "ya recoge una adecuada diversificación de la estructura de capital de los bancos participados por las cajas de ahorros".

   Igualmente, subrayan que en la reforma de la LORCA aprobada el verano de 2010, ya se establecía un régimen de incompatibilidades de los órganos de gobierno de las cajas e importantes avances en materia de gobierno corporativo.

   En cualquier caso, desde la CECA recalcan que el proceso legislativo que defina el marco de actuación para las cajas en materia de accionistas de entidades de crédito no empezará a preparase hasta finales de este año, por lo que esperan una mayor definición por parte de las autoridades europeas.

Rajoy sube el IVA, recorta el paro y quita una paga a los funcionarios

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles una serie medidas de ingresos y gastos con los que se asegura una reducción del déficit público de 65.000 millones en los próximos dos años y medio.

Rajoy ha acudido al Congreso a dar cuenta de los resultados de la cumbre europea de hace dos semanas, aunque ha aprovechado la ocasión para anunciar los ajustes más duros desde su llegada al poder hace apenas seis meses.

En concreto, el jefe del Ejecutivo ha anunciado medidas que afectan a los empleados públicos, a los más de cinco millones de parados y a todos los contribuyentes en general, que tendrán que soportar mayores impuestos sobre el consumo.

Así, el Gobierno subirá la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21%, y dos puntos la tasa reducida (del 8% al 10%), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4%. Fuentes del Gobierno no precisaron cuánto se espera recaudar con esta medida, pero recordaron que cada punto de subida en la tasa general supone algo más de 1.000 millones de euros.

El Gobierno se había resistido hasta ahora a tocar este impuesto para no agravar aún más la recesión, pero las recomendaciones de Bruselas, "obligaciones" como él mismo las llamado durante el debate, no le han dejado muchas opciones. El Gobierno aprobará la subida este viernes, pero no se cree que entre en vigor de forma inmediata, por los ajustes técnicos que conlleva, informaron fuentes del Ejecutivo.

De hecho, éste será uno de los primeros cambios en entrar en vigor, ya que se aprobará este mismo viernes en un paquete fiscal que también incluirá la supresión de la desgravación por vivienda en 2013 y una reforma de la tributación medioambiental impulsando en el sistema impositivo el principio de "quien contamina paga".

Los cambios incluirán también una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta y modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.

Pero no solo habrá cambios fiscales, Rajoy ha decidido también recortar los gastos y acatar las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes.

Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%.

Ésta es una medida muy controvertida que previsiblemente no gustará a los sindicatos, que siempre han pedido al Gobierno que no toque las prestaciones por desempleo en un momento en el que el paro supera los 5 millones de personas.

En materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores.

Además, llevará al Pacto de Toledo un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. Esta reforma podría acelerar la entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación a los 67 años, algo que también demandaba la UE.

Asimismo, el Gobierno ha decido recortar una vez más el sueldo de los funcionarios y empleados públicos, aunque en esta ocasión a través de la supresión de la segunda paga extra, la reducción de los 'moscosos' y el ajuste de el número de liberados sindicales. Solo la supresión de la paga extraordinaria permitirá ahorrar 4.000 millones.

Rajoy ha pedido un esfuerzo a diputados y senadores para que se sumen a esta medida, pero ha dejado claro que la suspensión de la segunda paga extraordinaria solo será compensada a partir de 2015 en el caso de los funcionarios y empleados públicos.

Aunque Rajoy no lo ha mencionado en el discurso, fuentes del Gobierno indicaron que además de reducirse los 'moscosos', se eliminarán los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del empleado público, los conocidos como 'canosos'. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.

Para ajustar el tamaño de la Administración, el presidente también ha decidido reducir en un 30% el número de concejales, homogeneizar y publicar las retribuciones de los cargos municipales y mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, además de la reforma de la Administración local para recaudar unos 3.500 millones.

Con el objetivo de reducir el gasto a corto plazo, el presidente ha anunciado un ajuste de 600 millones de euros en el gasto ministerial de este ejercicio y ha avanzado que en los Presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20% en las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Con todas estas medidas, el Ejecutivo se asegura un ahorro de 65.000 millones en dos años y medio y avanza en el cumplimiento de las exigencias de Bruselas. Según el Rajoy, son medidas que no le gustan, pero que representan lo único que se puede hacer para salir de esta postración y que servirán sin duda para reducir el déficit.

A su parecer, se trata de un paquete de medidas "equilibrado", que combina ajustes de gasto con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo y que se acompañará de reformas estructurales para mejorar la capacidad de crecimiento del país, como la energética o el refuerzo de la unidad de mercado.

Protesta en Murcia

Unas 2.000 personas, según fuentes sindicales, se han concentrado este miércoles, a las puertas de la Delegación del Gobierno de Murcia, para protestar contra lo que consideran "la agresión más fuerte que se ha cometido en el periodo democrático contra los empleados públicos, los parados, pensionistas, contra el conjunto del sector trabajador del Estado español" y que supondrán, advierten, más recesión y profundización en el agujero negro".
   Al grito de 'sinvergüenzas', 'ladrón' y profiriendo insultos, han cortado la avenida Teniente Flomesta para dirigirse a las puertas de la Delegación del Gobierno y expresar, a modo de pitidos e incluso cacerolada, las medidas "destructoras e injustas" que el presidente Mariano Rajoy ha anunciado esta mañana.
   Con pancartas en las que se podía leer 'Basta ya que paguemos siempre los mismos. No más recortes', 'Recortes a políticos, banqueros, solución a la crisis' y 'Resistimos', han pedido la dimisión de Rajoy "por chorizo y por ladrón", acusándolo de "mentiroso".
   En una concentración que han convocado esta misma mañana los sindicatos CCOO, UGT y Sterm-Intersindical tras conocer las medidas de ajuste de Rajoy, el secretario general de CCOO en Murcia, Daniel Bueno, ha criticado que el Gobierno, "influenciado" por la UE, "haya decidido tomar el camino de la intervención", por lo que ha dejado claro que "vamos a ejercer una fuerte presión y concentración social y sindical para intentar que estas medidas se vayan para atrás".
   Desde UGT, su secretario general en Murcia, Antonio Jiménez, ha considerado que estas medidas "están en la tónica habitual de este Gobierno", tras lo que las ha calificado de "injustas, ya que vuelve a hacer caer el peso sobre los trabajadores y sus familias".
   "Son medidas destructoras a pesar de que éste es un partido que se ha enarbolado como el partido de los trabajadores, pensionistas y parados, y está haciendo lo posible para reducir y extinguir sus derechos y prestaciones", ha reprobado Jiménez.
   Tras alertar que "se producirá un desplome del consumo total", ha afirmado que son medidas "moralmente indefendibles, inasumibles, que van en el afán del Gobierno de destruir el conjunto de los derechos de los trabajadores, pensionistas y parados".
   Por ello, ha señalado que si Rajoy "no sabe hacer otra cosa más que destruir, y creo que se está riendo de sus propios electores, lo que tiene que hacer es dar un paso y que venga otro presidente del Gobierno a tomar las riendas".
   En este sentido, el coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha puesto de manifiesto que "es una auténtica salvajada lo que se ha planteado", ya que "hay alternativa", por lo que ha instado a Rajoy a que "convoque elecciones anticipadas y se presente con este duro programa a las elecciones, a ver si el pueblo lo avala y lo vota".
   Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, ha resaltado que estas medidas "son paralelas o parecidas a las que se han producido en Portugal o Grecia y no han producido ningún efecto reactivo en la economía".
   "Todo lo contrario, ha expuesto, ya que la agresión que ha provocado Rajoy contra la clase trabajadora es totalmente inaceptable, antidemocrática e injusta y la vamos a luchar en la calle y a través de los medios que nos proporciona el sistema democrático", ha sostenido.
   En su opinión, "había otras alternativas que no se atreve por cobardía Rajoy a adoptar, como incidir sobre las rentas más altas, las altas fortunas".
   Para concluir, el portavoz de la Intersindical, Toni Carrasco, ha criticado que la única salida sea "la que lo pague la ciudadanía"
   En opinión de la Intersindical, "para el conjunto de la ciudadanía se aumenta el IVA, impuesto indirecto y, por lo tanto, independiente de la capacidad económica de cada persona". De la misma forma, "se acelerarán los procesos de privatizaciones que, necesariamente, empeorarán los servicios públicos para poder garantizar beneficios empresariales".

Rajoy anuncia un recorte del 30% en el número de concejales

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles durante su intervención en el Pleno del Congreso que recortará un 30% el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos del país, como medida dentro de un paquete de reforma de la administración pública que busca mayor "austeridad" y "eficiencia".

   Según ha indicado el presidente, se reducirá un 30% el número de concejales "por tramos de población, según la Ley Orgánica de Régimen de Bases Locales", y además se "homogeneizarán y publicarán" las retribuciones de los cargos municipales en función de unos baremos que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado y que también atenderán a las características de cada municipio.

   La reforma de las administraciones públicas también buscará "evitar duplicidades atendiendo a la premisa de una administración, una competencia", por lo que se "solucionarán las competencias impropias de los ayuntamientos, para que no presten servicios para los que no tengan la financiación necesaria" y se reforzará el papel de las diputaciones provinciales con el objetivo de que centralicen la prestación de servicios y "garanticen que los pequeños municipios reciban unos servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados". Según Rajoy, esto generará un ahorro de unos 3.500 millones de euros.

   Finalmente, se acometerá una "reducción, e incluso eliminación, de empresas públicas en el ámbito local" para evitar duplicaciones "e incluso triplicaciones", y se mejorará el control de las cuentas públicas en el ámbito local con el "fortalecimiento" de la "imparcialidad" del Interventor Municipal y de los funcionarios de carácter nacional.

ANSE denuncia la nueva "desecación" de las Salinas de Marchamalo

CARTAGENA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha remitido una nueva denuncia a la Comunidad para que tome medidas urgentes que garanticen la "recuperación y mantenimiento" de las Salinas de Marchamalo (Cartagena, Mar Menor) debido a la nueva "desecación". 

   A lo largo de los últimos dos meses, la Asociación había advertido también al director-conservador de los Espacios Protegidos del Litoral de la Región de Murcia de la situación a la que se enfrentaban de nuevo las salinas, "debido a la más que insuficiente aportación de agua".

   Tras recordar que la empresa propietaria de parte de las Salinas (Salinas de La Manga, S.L) "denunció ante los tribunales a los activistas de ANSE en 2001 por una acción de protesta, denuncia que fue sobreseída", se intentó también por parte de ANSE "un acuerdo con la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad y propietarios de las salinas para intentar recuperar la extracción de sal, sin que hubiera respuesta por parte de las administraciones".

   Durante los últimos días, reprueba ANSE, "las salinas han estado nuevamente a punto de secarse completamente y tan solo una laguna permanece actualmente con algo de agua, siendo ésta completamente insuficiente para el mantenimiento de los procesos ecológicos fundamentales para la conservación de la biodiversidad de las salinas en unos mínimos aceptables".

   Para ANSE, "las salinas de Marchamalo corren de nuevo un serio peligro de desaparecer como humedal" y son un enclave de elevado valor ambiental y cultural, tal y como lo atestiguan las figuras de protección que les dan cobertura habiendo sido declaradas Espacio Natural Protegido, LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), Zona Especialmente Protegida de Interés para el Mediterráneo (Zepim) y Humedal de Importancia Internacional Ramsar.

   Las Salinas de Marchamalo eran, junto con las Salinas de San Pedro, las únicas en la Región de Murcia que "presentaban una lámina de agua permanente acogiendo un importante contingente de aves acuáticas reproductoras e invernantes, así como una interesante población de fartet, un pececillo endémico amenazado. El resto de salinas del litoral se encuentra abandonadas (por ejemplo, las Salinas de Lo Poyo), o están siendo urbanizadas o lo serán en breve (caso de Mazarrón y Los Narejos)".

   En similar estado a las salinas de Marchamalo se encuentran las del Rasall (Calblanque), "donde la inversión de importantes sumas de dinero por parte de la administración ambiental no ha logrado aún el mantenimiento de una lámina de agua permanente, y también se encuentran actualmente casi secas".

   Como denuncia ANSE desde hace años, "el abandono de la actividad salinera está conduciendo a la desecación de los estanques y a una acumulación progresiva de sales y sedimentos, ya que éstos no se retiran".

   Por otro lado, advierte, "al no llenarse adecuadamente los estanques, el proceso de desecación que ha ocasionado la pérdida de muchos de ellos".

   A su vez, dice ANSE, "la pérdida del agua por evaporación y la ausencia de manejo salinero está ocasionando la progresiva salinización de los mismos, acabando con buena parte de las formas de vida que antes encontrábamos en muchas de las charcas".

   Este proceso conlleva la "desaparición" de aves acuáticas tanto de los estanques que se han secado como de otros con altas concentraciones salinas.

   A juicio de ANSE, "es paradójico que esta degradación se esté produciendo precisamente después de que la Dirección General del Medio Natural invirtiese cuantiosos fondos comunitarios dentro de un proyecto LIFE para la conservación del fartet".

Firman un documento de apoyo a las medidas de austeridad tomadas por el rectorado de la UMU

MURCIA.- Un grupo de 21 decanos de la Universidad de Murcia (UMU) han expresado su apoyo a las propuestas del equipo rectoral y la comisión de reequilibrio para hacer frente a las exigencias del Real Decreto Ley 14/2012, que contempla "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo". 

   De esta forma, los firmantes han resaltado el "eficaz esfuerzo negociador" con la Comunidad hasta "conseguir reducir significativamente los recortes" presupuestarios inicialmente previstos.

   Así, los decanos han declarado que de no haber logrado este "razonable y meritorio preacuerdo" las expectativas del personal de la Universidad "serían muy distintas y mucho más negativas" que las actuales.

   Al mismo tiempo, este grupo de docentes han considerado que "gracias al estricto plan de austeridad que la UMU lleva años aplicando" su situación financiera es de las "más saludables de nuestro entorno".

   Por otra parte, han sugerido que "si se concretara un plan de pagos realista de la deuda" que la Comunidad tiene contraída con la Universidad, "su sostenibilidad y viabilidad futuras quedarían garantizadas".

   Además, han señalado, "se crearía el mejor clima" para abordar con decisión y serenidad "nuevas reformas que mejoren la gestión y optimicen aún más sus recursos".

   Igualmente, la propuesta que presenta el equipo rectoral es "necesaria para cumplir con el objetivo de reducción del gasto que nos viene impuesto por las administraciones", han expresado.

   Finalmente, han expuesto que disponen de un "escaso margen de maniobra" pero que lo han "intentado aprovechar para reducir las consecuencias negativas de unas medidas que, aunque dolorosas, resultan, en estos momentos, inevitables".

   En concreto, el documento lo han firmado Antonio Rouco Yáñez, decano de la Facultad de Veterinaria; José Meseguer Peñalver, decano de la Facultad de Biología; Domingo A. Manzanares Martínez, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo; y Jesús Gómez Amor, decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias.

   Así como Faustino Cavas Martínez decano de la Facultad de Derecho; Antonio Campillo Meseguer, decano de la Facultad de Filosofía; Francisco Esquembre Martínez, decano de la Facultad de Matemáticas; Juan José López García, decano de la Facultad de Psicología; Gregorio Sánchez Gómez, decano de la Facultad de Química; Pilar Montaner Salas, decana de la Facultad de Economía y Empresa; Joaquín García-Estañ López, decano de la Facultad de Medicina; y Miguel López Bachero, decano de la Facultad de Ciencias del Deporte.

   Además de José Vicente Rodríguez Muñoz, decano de la Facultad de Comunicación y Documentación; Juan Romera Agulló; decano de la Facultad de Bellas Artes; Enrique Pastor Seller; decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo; David Armero Barranco, decano de la Facultad de Enfermería; Paloma Sobrado Calvo; decana de Óptica y Optometría; y Bernardino Benito López, director de la Escuela Universitaria de Turismo.

   Finalmente, han firmado el documento José Manuel García Carrasco, decano de la Facultad de Informática; Carmen Sánchez Trigueros, directora Centro ISEN Cartagena; y Maria José Torralba Madrid, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena

La Asamblea Regional da luz verde a las expropiaciones forzosas para la urgente reconstrucción de Lorca

CARTAGENA.- El diputado popular, Fernando López Miras, ha presentado este miércoles en la Asamblea Regional la Proposición de Ley para la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca, que finalmente ha obtenido luz verde, con el apoyo del PSOE y de IU-Verdes, donde se contempla, entre otras, la potestad "del Ayuntamiento para la expropiación forzosa y su obligación de edificar después".

   También ha indicado que "el agente edificador será Sepes en los procedimientos de reedificación forzosa", así como que "es una Ley necesaria". López Miras ha añadido que "los vecinos deben ser el eje y poder constituirse como agentes edificadores", y que así pues, "la ley aporta celeridad y agilidad".

   Entre las medidas más destacadas está el hecho de que "si al menos el 50% de los propietarios de un inmueble formula un programa de actuación edificadora, sean éstos los adjudicatarios de la actuación".

   O que "si el concurso queda desierto, se designe como agente edificador a cualquier Administración pública u organismo de ella dependiente", así como "se regulan, de forma pormenorizada, las relaciones entre los propietarios y el agente edificador y las consecuencia que genera el impago de las cuotas de edificación".

   De esta forma, se aprueba el dictamen de la comisión de política territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua a la proposición de Ley reguladora de la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca, que "aporta soluciones a un problema que están sufriendo los lorquinos".

   Por su parte, el diputado socialista, Joaquín López Pagán, ha indicado que se trata de "una iniciativa adecuada a la realidad que existe en Lorca, que va en la línea de solucionar problemas y no crearlos".

   López Pagán ha añadido que "es necesaria que la respuesta sea rápida y ágil tras esta Ley", y que hace "aportaciones fundamentales en el campo de que se pudiera establecer la edificación forzosa, pero desbloqueando lo que sí quiere la mayoría de propietarios". Y respecto a la participación del Sepes, ha dicho que "los ciudadanos tienen que saber que la obra va a tener buen fin".

   El PSOE ha propuesto enmiendas que van en "la línea de la garantía pública y la proyección de los derechos de los ciudadanos afectados, para los que quieren someterse a la edificación y para los que no, por causas económicas o por lo que sea, para que tengan una salida que no les obligue a someterse a una cuotas que no pueden pagar".

   Se trata pues de "no poner más trabas a los afectados", de que éstos "no tengan que tener garantías hipotecarias para la reconstrucción", aunque todo esto "tendrá sentido si el dinero llega a manos de los lorquinos, que no ha llegado".

   José Antonio Pujante, de IU-Verdes, ha señalado que "las medidas adoptadas por Rajoy afectarán a la Ley que debatimos aquí, porque la subida del IVA coincide con la reconstrucción de Lorca", así como que la Ley "tendrá sentido en la medida de que lleguen las ayudas del Gobierno de la Nación", y de que "se ejecute el plan Lorca".

   IU ha presentado 35 enmiendas a la Ley que han sido rechazadas, siguiendo el marco regulador "de Castilla La Mancha", bajo la premisa de hacer "propuestas que pretendan resolver las situaciones de indefinición", aunque finalmente ha apoyado la propuesta de Ley del PP, que ha calificado Pujante de "necesaria".

Varcárcel asumirá la presidencia de las regiones de Europa sin un solo logro para la suya en quince años

MURCIA.- El jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, asumirá el próximo 18 de julio (fecha coincidente que le complace en extremo por su confesa ideología de extrema derecha), la presidencia del Comité de las Regiones de la Unión Europea (CdR) para los próximos dos años, tal y como se acordó al inicio de la actual legislatura comunitaria entre los dos grandes partidos continentales, pese a no hablar más idioma que el castellano barroco con fuerte acento  panocho.

   El nombramiento, que se hará efectivo a partir del 13 de agosto, tendrá lugar en el transcurso del pleno del CdR que se celebrará en Bruselas ante la presencia de los representantes de todas las regiones y municipios que integran este órgano consultivo y no vinculante de la Unión Europea.
El nuevo presidente parece que, finalmente, no tomará posesión vestido con el traje típico de la Huerta de Murcia por no ser representativo del conjunto regional.

   Valcárcel será, por otra parte, el primer presidente de una comunidad autónoma española que ocupará el cargo. (Con anterioridad, el socialista Pasqual Maragall ostentó la presidencia, entre 1996 y 1998, siendo alcalde de Barcelona).

Y el primero también que llegue a la presidencia del CdR sin un solo logro para su región en quince años de mandato, lo que supone otro récord todavía por descubrir por parte de la prensa de Bruselas y los corresponsales de toda Europa acreditados ante los organismos comunitarios en plena crisis del proceso de construcción continental bajo inspiración franco-alemana.

En sus constantes y obligadas ausencias de Murcia a partir de ahora, el vicepresidente Juan Bernal ocupará el cargo de Valcárcel en funciones para evitar vacíos de poder al frente de la Comunidad Autónoma hasta mitad de 2014.

Las cajas podrían perder control en bancos tras la ayuda europea

BERLÍN.- Las cajas de ahorro españolas podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española, según se desprende del borrador del Memorándum de Entendimiento acordado entre Bruselas y el Gobierno español para la recapitalización del sistema financiero nacional.

Según una copia del borrador del MoU -siglas en inglés del documento- a la que tuvo acceso la agencia británica Reuters, España deberá "preparar para finales de noviembre de 2012 una legislación que clarifique el papel de las cajas de ahorro en su papel de accionistas de entidades de crédito con la idea de reducir eventualmente sus participaciones a posiciones de no control".

En todo caso, España deberá ofrecer una hoja de ruta para antes de diciembre de 2012 con el fin de que las entidades financieras que hayan recibido ayudas salgan a Bolsa.

La desaparición de los vínculos entre las cajas y los bancos que han creado -y por tanto entre estas entidades financieras y los poderes políticos que durante décadas las han controlado- está en línea con las recomendaciones de un reciente informe del FMI sobre el sector bancario español, cuya larga resaca de la burbuja inmobiliaria ha hecho necesario el rescate por parte de los socios europeos.

Los ministros de finanzas de la zona euro acordaron en la madrugada del martes otorgar a Madrid relajar el calendario de consolidación a cambio de nuevos ahorros presupuestarios y establecieron los parámetros de un paquete de ayuda para los bancos de España, con un máximo de 100.000 millones de euros, y la concesión anticipada de unos 30.000 millones de euros estarían disponibles para fines de julio si hay una necesidad urgente.

Es previsible que estos 30.000 millones de euros, para los que España tendrá que enviar una petición, vayan a cubrir las necesidades de las cuatro entidades en manos del Estado (Bankia, CatalunyaCaixa, NGC Banco y Banco de Valencia).

Aunque las condiciones que se exigen a España a cambio del rescate de su banca son específicas para la banca, el MoU señala que "en paralelo España tendrá que cumplir plenamente sus compromisos y obligaciones bajo el EDP (procedimiento por déficit excesivo) y las recomendaciones para abordar los desequilibrios macroeconómicos dentro del marco del semestre europeo".

Estas condiciones llegan en un momento en el que el Gobierno español se dispone a aprobar una serie de ajustes fiscales que coincidirán previsiblemente con las recomendaciones presupuestarias de Bruselas con el fin de reconducir las cuentas públicas dentro de los límites europeos de déficit.

Los avances en este sentido "se vigilarán estrechamente", dice el borrador del MoU, que añade que habrá un control trimestral -incluyendo visitas al país- del programa de ayuda a la banca a cargo de las autoridades europeas, acompañadas por el FMI.

La recapitalización de los bancos, que finalmente parece que no podrá hacerse de manera directa hasta el año que viene -una vez esté en vigor el supervisor bancario europeo-, se realizará a través del estatal FROB, que recibirá bonos del FEEF (fondo temporal de rescate europeo, que será sustituido posteriormente por el MEDE) para entregárselos a los bancos. Las entidades podrán utilizar estos bonos, que tendrán una vida media de 12 años y medio, para obtener liquidez del BCE, según dijo el ministro español de Economía, Luis de Guindos.

Está previsto que las condiciones finales del crédito al sector bancario español -con un interés que estaría en torno al 3-4 por ciento- se firmen el 20 de julio.

El documento incluye numerosas condiciones a las entidades financieras que reciban ayudas y al conjunto del sector financiero, entre ellas que todas las entidades deberán tener un capital principal Tier 1 -una medida de la solvencia de los bancos- de al menos el 9 por ciento hasta finales de 2014.

Esta exigencia de core capital ya estaba vigente como resultado de las exigencias de la EBA para los bancos sistémicos europeos, entre ellos las cinco mayores entidades españolas -seis teniendo en cuenta la compra de CAM por Sabadell.

En el MoU, las autoridades españolas se comprometen a dar un papel más preponderante al Banco de España, estableciendo una nueva legislación que le transfiera la potestad sancionadora y de concesión de licencias para la banca española.

No obstante, el Banco de España estará controlado muy cerca por la Comisión Europea, con el asesoramiento de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), el BCE y el FMI, que recibirán, con carácter semanal, información sobre el nivel de depósitos bancarios y de la posición de liquidez de las entidades y, cada tres meses, sobre el nivel de deuda soberana que atesoran los bancos en sus carteras.

En el MoU se establece un calendario para el proceso de recapitalización, con la vista puesta en las pruebas de estrés que se realizarán en la segunda mitad de septiembre y que servirán para dividir, en octubre, a los bancos en cuatro grupos: entidades sin necesidad de capital, las cuatro entidades ya nacionalizadas, entidades que necesitan más capital pero lo pueden captar por sí solas y entidades que necesitan ayuda pública.

Los bancos que reciban ayudas deberán además transferir sus activos problemáticos a una sociedad de liquidación (el denominado "banco malo", que deberá estar listo antes de que acabe este año), recortar sucursales y plantilla, vender participaciones industriales y activos no estratégicos, no podrán pagar dividendo y deberán limitar el salario de sus ejecutivos.

Asimismo, aquellos inversores que posean títulos híbridos y de deuda subordinada de los bancos que reciban ayudas deberán soportar una quita en el valor de sus participaciones.

Beteta recalca que los gestores públicos que gasten sin tener crédito serán inhabilitados

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recalcado que la Ley de Transparencia permitirá inhabilitar durante diez años a aquellos gestores públicos que gasten "sin tener crédito para ese gasto", lo que permitirá "eliminar a los malos gestores y de la vida pública".

   Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al encuentro que él y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han mantenido en Madrid con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas. Beteta ha recalcado que "no se puede gastar sin tener dinero" y ha señalado que el mecanismo de pago a proveedores de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ha revelado cómo estas administraciones han ido contrayendo importantes deudas.

   El Gobierno ya había advertido que la Ley de Transparencia contendría este tipo de castigos, pero el Consejo General del Poder Judicial había observado que a la vista de su redacción, la normativa no penalizaba el hecho de gastar por encima de lo presupuestado sino únicamente el falseamiento de las cuentas. Ahora Beteta ha sido más claro y ha subrayado que se inhabilitará a quien gaste sin tener crédito para ello, lo que supondrá "una auténtica revolución".

   Por otro lado, el secretario de Estado ha trasladado que en la reunión de hoy con el vicepresidente andaluz, que ha definido como "intensa en el fondo y con discrepancia en algunas cuestiones", le ha trasladado a éste que la nueva ley de Racionalización y Sostenibilidad de las entidades locales pretende "mantener la calidad democrática" de las mismas, que estará inspirada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que contendrá entre sus ejes la idea de una administración, una competencia; la no supresión de ningún ayuntamiento pero sí la de otros entes supramunicipales "que solo hacen que estorbar".

   Además, ha subrayado que la voluntad del Ministerio es tramitar la misma como proyecto de Ley y, por tanto, sujeta a debate y enmiendas en el Congreso; y que se "estudiará" la posibilidad de convocar una Conferencia de Administración Local, "teniendo en cuenta que la competencia que existe entre las diferentes comunidades autónomas es muy asimétrica", debido a las diferencias que los estatutos de autonomía de tercera generación recogen en cuanto a competencias con respecto a los otros anteriores no reformados.

   Beteta no ha aclarado si el proyecto de ley será visto en el Consejo de Ministros de este viernes porque aún está en proceso de consultas con las diferentes comunidades autónomas.

   Por último, el responsable ministerial se ha referido al mecanismo que el Gobierno presentará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves para facilitar a las regiones la colocación de deuda en el mercado y, tras señalar que en la reunión con Valderas no se ha abordado los condicionantes de la propuesta, ha dicho que con el déficit público establecido, en el 1,5 por ciento, las comunidades autónomas ven imposible financiarse o refinanciar deuda, por lo que, una ampliación del déficit es "de difícil justificación".

El abogado murciano Diego de Ramón pedirá mañana cárcel para los ex directivos de la CAM

MADRID.- El exdirector de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Teófilo Sogorb, ha apuntado este martes a la exdirectora general de la entidad alicantina, Dolores Amorós, como la impulsora del sistema de participaciones preferentes dirigidas a clientes y que tenían como objeto --ha dicho-- obtener financiación para la caja, según han informado fuentes personadas en la causa que investiga la Audiencia Nacional.

   El juez central de instrucción nº 3, Javier Gómez Bermúdez, ha tomado declaración durante más de dos horas al ex directivo, imputado junto a otros cuatro miembros de la cúpula de la entidad de la comisión de delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas.

   Sogorb ha asegurado --según las citadas fuentes-- que Amorós era la "responsable" de la inicitiva que condujo en el año 2008 a la emisión de cuotas participativas y preferentes, que provocaron pérdidas a miles de clientes del banco.

   El exdirectivo ha prestado declaración después de que también lo hiciera el exdirector general de recursos de la CAM, Vicente Soriano Terol. Ambos han negado que tuvieran conocimiento o intervinieran de alguna forma en la concesión a la plataforma inmobiliaria Polaris World de un crédito sindicado por importe de 1.200 millones de euros.  

   Ambos imputados han hecho también referencia al intercambio entre los directivos de la entidad de varios mails relativos al informe negativo que la auditora PWC realizó sobre el funcionamiento de la entidad. Los correos electrónicos llevaban como asunto el término 'confidencial' e iban encabezados por el siguiente epígrafe: "Leer, Actuar y Destruir", han asegurado fuentes personadas en la causa.

   Tanto Sogorb como Soriano han eludido responder a las preguntas realizadas por las partes relativas a las retribuciones millonarias cobradas por todos ellos y han alegado desconocimiento en relación a otros créditos concedidos por la entidad, como el cobrado por el PP valenciano.

   Los dos imputados han sido los primeros en declarar en el marco de la investigación judicial. Mañana miércoles lo hará el expresidente del consejo de administración de la entidad financiera Modesto Crespo, seguido por el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, que comparecerá el jueces y la directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós, citada el viernes.

   El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, retoma así las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.

   De Ramón tiene intención de presentar mañana un escrito solicitando el ingreso en prisión de los cinco imputados y la imposición de una fianza solidaria para eludir la cárcel por valor de 12 millones de euros.

   Además, Gómez Bermúdez ha citado a declarar, el próximo 16 de julio, a los peritos de la auditora PwC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la caja de ahorros y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores.

   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

   En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Iberdrola trata, con dos cajas en apuros, de sacar a flote su macroproyecto urbanístico en la costa murciana

MADRID.- Iberdrola sigue decidida a mantener su vela encendida en el altar del diablo y apuesta decididamente por desarrollar un macroproyecto urbanístico cuya viabilidad genera muchas dudas. En el empeño tiene atadas a dos cajas con problemas, como son Bancaja --integrada en Bankia y con su continuidad en el aire- y Cajamurcia -integrada en BMN, cuya deuda fue rebajada por la agencia de calificación Fitch al nivel de bono basura-, según publica hoy 'El Confidencial'.

Según declaraciones hechas por el delegado regional en Murcia de Iberdrola, Patricio Valverde, la eléctrica mantiene su apuesta por el desarrollo de un gran complejo turístico en las costas de los municipios murcianos de Águilas y Lorca que supondría la construcción de 22.000 plazas hoteleras, una marina interior con 2.000 puntos de amarre, chalets sin cuantificar, cinco campos de golf e infraestructuras que necesitarían, en conjunto, unos 4.000 millones de euros para hacerse realidad en una superficie total de 21,2 millones de metros cuadrados.

El delegado de Iberdrola en la Región de Murcia, que no ha atendido la solicitud de información de este diario, ha vuelto esperanzado de la reciente junta general de la compañía en Bilbao, en la que obtuvo el apoyo personal del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, al proyecto urbanizador situado en Marina de Cope, según publicó un diario local por indicación de Valverde. Un portavoz de Iberdrola en Murcia indicó que el delegado regional facilitaba esa información solo a los medios que él mismo había invitado a la junta general en Bilbao: la cadena autonómica murciana 7RM y el diario local de Vocento, La Verdad.

Marina de Cope es un área controvertida, puesto que para facilitar el proyecto hace ya 12 años que el Gobierno Regional de Murcia cambió los límites del parque del mismo nombre que el proyecto, lo que motivó un recurso de inconstitucionalidad del grupo socialista en el Congreso, aún por resolver, y desató una cadena de protestas y críticas por parte de colectivos ecologistas y vecinales. A ellos se suman urbanistas que dudan de la viabilidad del complejo.

El proyecto genera dudas entre los expertos

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria deja sin perspectivas de futuro a ese proyecto, según expertos urbanistas consultados por este diario en diversas ocasiones.

En octubre pasado, Cajamurcia anunció que dentro de su “salida ordenada del ladrillo”, iniciada hace varios años, la entidad “lo que tiene son unos terrenos desde hace ya varios años, que en estos momentos pretende vender”. El portavoz de Cajamurcia añadió que la entidad “no quiere desarrollar directamente iniciativa urbanística alguna”.

El anuncio de Iberdrola tras su junta general en Bilbao se produce pocas semanas después de que la Comunidad informara de la finalización de los trámites administrativos para autorizar el proyecto. Ahora falta la adaptación de los planes urbanísticos de Águilas y Lorca, cosa que puede tardar aún varios años, según fuentes urbanísticas.

No obstante, Iberdrola, por boca de Patricio Valverde, ha insistido en que la eléctrica ha constituido una sociedad con Bancaja y Cajamurcia para gestionar los tres millones de metros cuadrados que poseen conjuntamente del total de 21,2 millones de Marina de Cope. Esa alianza con los dos bancos, la eléctrica controla el 60% de superficie.

El portavoz de Cajamurcia aseguró a El Confidencial que la salida del ladrillo de la entidad “es un tema de desinversión, pero mientras no haya comprador estamos ahí. No es que se haya puesto el cartel de 'se vende' (a esos terrenos). Si no se han vendido es porque no hay compradores”, explicó. Precisó, además, que la caja murciana ya no puede tomar decisiones en solitario puesto que está integrada en Banco Mare Nostrum (BMN) junto con Caja de Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès.