FERROL.- En torno a 2.000 trabajadores de la plantilla principal de Navantia Ferrol y Fene, las industrias auxiliares y el colectivo de prejubilados, se manifestaron hoy en la ciudad naval para exigir compromisos políticos concretos con este sector, lejos de la "autocomplacencia" de la carga de trabajo prevista, y para advertir a la empresa que "el dinero envenenado" de la subida salarial del convenio no servirá para parar sus quejas.
La protesta, en plena campaña electoral, se enmarca en el proceso de negociación que desde el pasado año mantienen los sindicatos y la empresa y que ya ha derivado en diversas jornadas de huelga. Con la manifestación de hoy los trabajadores han querido colocar sus "reflexiones" en plena campaña electoral.
La marcha partió a las 10.30 horas del astillero principal de Navantia Ferrol y finalizó con una concentración en el Cantón de Molíns. 'Los trabajadores cumplimos, Navantia cumple lo tuyo también', fue el lema de la pancarta principal, con la que los sindicatos recuerdan que no se han cumplido los compromisos adquiridos en la última reconversión de 2004, en especial, el desarrollo del plan industrial, el convenio colectivo único y la regulación de las empresas auxiliares.
El presidente del Comité Intercentros y del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Ramiro González (CC.OO.), advirtió a la empresa de que sus reivindicaciones no se frenarán con la firma de incrementos salariales en el marco de la negociación del convenio colectivo, que está previsto que continúe la próxima semana.
"No queremos dinero envenenado, no queremos dinero con bilis, queremos resolver los problemas del convenio, los aspectos sociales, el futuro, el empleo y la carga de trabajo", aseguró a los medios de comunicación al término de la manifestación. Se refería así a la última propuesta planteada por la empresa en la que, según los sindicatos, Navantia ofrece un incremento salarial del 1,8 por ciento para 2009, pero rechaza asumir otros compromisos.
González recordó que las reclamaciones sindicales se centran además en la necesidad de que se encargue la sexta F-100 para la Armada española, comprometida por el Gobierno, en que se regule la industria auxiliar, "para que no haya trabajadores de primera y de segunda", que se despeje el futuro de Navantia Fene -la antigua Astano-, y que se desarrollen las áreas de turbinas y carenas, vinculadas al sector eólico y a las reparaciones del naval.
Desde el Comité de Empresa se ha pedido que "nadie caiga en la autocomplacencia", bajo la previsión de carga de trabajo en los astilleros de la ría de Ferrol hasta 2014, y se sitúe en el centro de atención la actual "cancelación de contratos, con pérdida de concursos a nivel internacional", como los acuerdos para la modernización de fragatas para la Armada de Colombia, adjudicado finalmente a un astillero francés. Ramiro González advirtió que incluso las industrias auxiliares podrían comenzar a realizar despidos ante la falta de carga de trabajo.
En este contexto, González denunció la falta de compromiso político en plena campaña electoral y lamentó que, con "perlas electoralistas" como la promesa de diversificación económica de la comarca, se mantenga un discurso de "echar balones fuera" en el que se responsabiliza de la falta de cambios al veto a la construcción naval civil hasta 2015 impuesto por Europa a Navantia Fene.
En los últimos días, el Comité de Empresa ha mantenido reuniones con los candidatos a la presidencia de la Xunta de Galicia del PSdeG-PSOE, del BNG y de EU-IU, así como con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, sin que estos encuentros hayan aportando "ningún compromiso público" con los problemas del sector naval.
"Exigimos con esta manifestación que se descienda de los programas, de la propaganda electoral, que se descienda de esos mensajes electoralistas, y que se pongan las recetas con gobiernos en función o en activo, en las mesas de negociación que cuatro años después siguen sin resolverse", añadió.
El presidente del Comité alertó además de los "riesgos más que evidentes" de que por intereses políticos se acabe por "dar la vuelta al mapa" y se derive carga de trabajo hacia el sur de España y se perjudique a los astilleros gallegos en los que trabajan entre "5.000 y 6.000" personas, entre empleo directo e indirecto.
