MURCIA.- La Fiscalía ha encontrado indicios de que los contratos de la desaladora de Escombreras firmados en el año 2006 por el Ente Público del Agua de la Consejería de Agricultura esconden presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, administración desleal y prevaricación, según consta en la denuncia remitida ya a los juzgados.
Tras dos años de
investigación, el fiscal especializado José Luis Díaz Manzanera ha remitido al juez la
documentación recabada, en la que han sido determinantes los informes
aportados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos de la
Comunidad Autónoma, al plantear la existencia de "posible alcance,
malversación, daño o perjuicio a la Hacienda pública regional".
El juzgado al que corresponda el asunto tendrá que decidir ahora si admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, aunque la elevada cuantía de las pérdidas evaluadas por el interventor de la Administración regional permite aventurar que no será posible dar carpetazo a la causa.
El juzgado al que corresponda el asunto tendrá que decidir ahora si admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, aunque la elevada cuantía de las pérdidas evaluadas por el interventor de la Administración regional permite aventurar que no será posible dar carpetazo a la causa.
Los
contratos de la desaladora de Escombreras también están siendo
investigados por el Tribunal de Cuentas, que ya realizó un informe hace
varios años sobre la operación, y por la Asamblea Regional.
Una
vez que la denuncia sea adjudicada en el reparto al juzgado que se encargue de la
instrucción, tendrán que declarar ante el juez el anterior consejero de
Agricultura, Antonio Cerdá, y ex altos cargos de su equipo, entre ellos
el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel
Rodenas, que era director general del Agua cuando se constituyó el Ente
Público y las empresas dependientes de este organismo a través de las
cuales de orquestó la operación que ha causado ya pérdidas por importe
de 13 millones anuales a las arcas regionales, recuerda 'La Opinión'.
También deberán
dar cuentas de su gestión la asesora de Cerdá, María Antonieta Fernández, y
los secretarios generales y directores generales de las Consejerías de
Hacienda, Presidencia y Obras Públicas que formaron parte de los
consejos de administración del Ente Público del Agua y de la sociedad
pública Hidronostrum. Esta empresa fue creada por la Consejería no para
alquilar, sino para adquirir las acciones de la sociedad que era titular
de los contratos de alquiler y del mantenimiento de la planta.
Tanto
la constitución de Hidronostrum como la compra del 51% de la empresa
titular del contrato (Desaladora de Escombreras S.A.) se produjo el mismo día
que el Consejo de Gobierno autorizó su creación, el 17 de febrero de
2016. Además, adquirió el compromiso de comprar el 41% de las acciones
en 2010.
El contrato por 25 años firmado por Hidronostrum con la
propietaria establecía una cláusula que obligaba a la Comunidad a abonar
por adelantado el arrendamiento de las 25 anualidades en caso de
rescisión, además de una penalización, que elevaría la factura a cerca
de 600 millones. De hecho, la compañía llegó a exigir en los tribunales
los 600 millones en 2013, cuando se acumularon dos anualidades sin
pagar.
El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, mostró hoy su confianza en el exconsejero Cerdá y atribuyó a un error (?) su actuación.
El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, mostró hoy su confianza en el exconsejero Cerdá y atribuyó a un error (?) su actuación.