martes, 31 de enero de 2012

La autopista Cartagena-Vera tiene de plazo hasta hoy para lograr aplazar el pago de su deuda de 500 millones


MADRID.- La sociedad concesionaria de la autopista Cartagena-Vera (Aucosta) cuenta con plazo este martes para lograr que sus bancos acreedores acepten otorgarle un aplazamiento al vencimiento de su deuda de unos 500 millones.

   La compañía busca ampliar el plazo de refinanciación de este pasivo hasta que el Ministerio de Fomento y el sector busquen una solución a los problemas financieros que afrontan algunas de estas vías por los sobrecostes de explotación y la caída del trafico.
   Aucosta cuenta aún con toda la jornada de mañana martes para negociar con los bancos. En caso de que finalmente no lograra el aplazamiento, para el que necesita la autorización unánime de todas las entidades, podría verse abocada a presentar concurso de acreedores, según indicaron dichas fuentes.
   La concesionaria que construyó la autopista entre Cartagena y Vera, de unos 100 kilómetros de longitud, en servicio desde febrero de 2004 y que cuenta con un plazo de explotación de 36 años, está participada por Globalvía (FCC y Bankia), Ploder, Unicaja, BMN y CAM.
   Aucosta ya advirtió a comienzos de diciembre de 2011 de que se podía declarar en quiebra si no prosperaban las negociaciones que entonces mantenía con sus bancos acreedores para que le aplacen el pago de deuda que entonces le vencía el 15 de diciembre.
   La firma negocia con un sindicato bancario integrado por una treintena de entidades, entre las que figuran Santander, Banesto, RBS, Ahorro Corporación y la propia Unicaja.
   La autopista achaca fundamentalmente su "grave" situación a que el tráfico que registra está "muy lejos" del inicialmente "previsto por la Administración cuando promovió" esta vía.
   Según sus datos, en 2011 circularon por la autopista una media de 1.949 vehículos diarios, lo que arroja un descenso del 7,10% en comparación con el mismo periodo de 2011, "ejercicio en el que, a su vez, el tráfico de la autopista ya acusó una importante desviación respecto a las previsiones", añade la concesionaria.
   No obstante, Aucosta recuerda asimismo que su situación "no es un hecho puntual". La Cartagena-Vera forma parte del grupo de autopistas del país que actualmente bordean la quiebra, bien por los sobrecostes que registraron con las expropiaciones de terrenos para su construcción o por el desplome de los tráficos respecto a las previsiones iniciales.
   El Ministerio de Fomento ya ha iniciado los contactos con el sector de las autopistas para tratar de solventar el riesgo de quiebra que actualmente afrontan esta sociedades, según indicó recientemente el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, quien reconoció que se trata de un problema que "no es fácil de resolver".

El Gobierno regional propone a los sindicatos "aumentar la jornada semanal de los empleados públicos a 37,5 horas"

MURCIA.- El Gobierno regional ha propuesto a los sindicatos, reunidos este martes en la Mesa General de Negociación de la Función Pública, medidas para dar "continuidad" a la Ley del Tijeretazo y un aumento de jornada semanal de los empleados públicos a 37,5 horas de jornada laboral semanal, según informó CCOO en un comunicado de prensa.

   Las Federaciones del Área Pública de CCOO-RM, Sanidad, Educación y Servicios a la Ciudadanía, han mostrado su rechazo a estas propuestas al finalizar la reunión.
   Concretamente, CCOO indica que la jornada semanal "tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos", tal como se establece en un una Propuesta de Acuerdo de la Mesa General en relación a las medidas reguladas en la Ley 6/2011 sobre condiciones de trabajo de los empleados públicos.
   En este sentido, el sindicato dice que le sorprende tanto la "sinceridad" del nuevo consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, que "asume que el aumento de la jornada laboral supondrá destrucción de empleo, y no poco, y la sorpresa, valga la redundancia, de las organizaciones sindicales que en febrero de 2011 firmaron los acuerdos que dieron lugar a la Ley 1/2011 o Tijeretazo Bis".
   A su juicio, dicha Ley "no sólo no fue derogada el 31 de diciembre de 2011, como ya advirtió en su momento CCOO, sino que se ha prorrogado, y a peor, con la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para 2012".
   La Propuesta de Acuerdo incluye otras propuestas supuestamente "bien vistas" por las organizaciones sindicales, según CCOO, como por ejemplo, el "cómputo en días hábiles de los permisos y licencias de los empleados públicos, como si dicha condición no venga impuesta por el Estatuto Básico del Empleado Público".
   Asimismo, la Comunidad propone un Programa de Control del Absentismo laboral y la redistribución de efectivos "muy avanzados ambos" pero de los que no hemos visto "ni rastro". Asimismo, la Administración también plantea el anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Región de Murcia "que ya va por su 28 ó 29 versión y en cuya redacción han participado numerosos expertos en la materia".
   A CCOO no le cabe duda de que tales medidas "serán analizadas por cuando las tengamos", pero añade que, por ahora, especular "no es una buena opción menos aún en estos momentos de profunda y prolongada crisis económica que amenaza con destruir un empleo público fundamental para el mantenimiento del Estado del Bienestar".
   CCOO recuerda que no firmó el acuerdo de febrero de 2011 porque para el sindicato "era fundamental la permanencia del empleo público, no su destrucción a partir de aumento de la jornada laboral semanal a 36,30 horas con la consiguiente pérdida de la calidad de los servicios públicos".
   El nuevo consejero de Economía y Hacienda ha reconocido, "después de un año, que indudablemente un aumento de la jornada laboral supone pérdida de empleo", señala CCOO.
   En opinión de CCOO, la Administración regional "no debe sorprenderse si el debate interno que desarrollará nuestra organización llega a las mismas conclusiones a las que llegó hace casi un año, y es que las líneas rojas pasan por el mantenimiento del empleo público, por las 35 horas de jornada semanal y por la defensa de los servicios públicos de educación, sanidad, servicios sociales y apoyo administrativo, y de su calidad".
   CCOO considera que el "sacrificio" de los empleados públicos "ha sido suficiente", y recuerda que, en febrero de 2011, planteó una batería de medidas económicas "que supondrían alivio para las arcas regionales vía aumento de impuestos a ingresos superiores a los 60.000 euros anuales, lucha contra la economía sumergida y la recuperación de determinados impuestos como el de Patrimonio que el Gobierno regional se niega a recaudar, entre otras cosas".
   Estas medidas "fueron desdeñadas por la Administración regional que contó entonces con la complicidad, o la credulidad, de los sindicatos que suscribieron el 'Tijeretazo bis'", reprocha.
   A finales de enero de 2012, CCOO vuelve a reiterar que los sacrificios de los empleados públicos "han sido suficientes y se han ampliado en exceso en el tiempo, creyendo necesario mirar para otro sitio buscando nichos de fraude y corresponsabilidad de todos los sectores sociales, especialmente los más favorecidos, en la superación de la crisis económica".

Cooperativas piden a Bruselas medidas para paliar la "crítica" situación del sector citrícola

MADRID.- El responsable de frutas y hortalizas de Cooperativas Agroalimentarias, Cirilo Arnandis, ha expuesto ante el Comité Consultivo celebrado en Bruselas la "crítica" situación que atraviesa el sector citrícola europeo y ha defendido que existen motivos para "adoptar una medida excepcional de retirada de mercado que sea suficiente para intentar remontar el precio de la oferta".

   Arnandis, quien intervino en representación del sector europeo, explicó que el mercado está "hundido por debajo del umbral de rentabilidad", una situación que, según advirtió, podría llevar al cese de la producción y comercialización de cítricos e incluso al abandono definitivo de explotaciones.
   Además, señaló que las instituciones comunitarias pueden actuar sobre parte de las causas, sin que suponga un coste económico, sino que se requiere "voluntad política clara de apoyo al sector".
   El sector europeo reclama, entre otras medidas, la mejora de las condiciones en las que la UE exporta y en las que da entrada a las importaciones de terceros países, con normas de producción mucho menos exigentes; la mejora de los sistemas de control en frontera; y el apoyo a la apertura de nuevos mercados.

IU-Verdes tacha de "hipócrita" la actitud de Cerdá en relación al acuerdo agrícola UE-Marruecos

MURCIA.- El portavoz de la Presidencia de IU-Verdes, José María Ortega, ha considerado "hipócrita y mezquina" la actitud del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, en relación al acuerdo agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos. 

    Según Ortega, el consejero "intenta tapar la traición del PP" cuando critica el acuerdo, "pero se olvida de que su partido tiene amplia mayoría tanto en la Comisión de Comercio Exterior como en el Parlamento europeo".
    Asimismo, ha urgido a los responsables del Gobierno regional a que "convenzan" al PP europeo para evitar la aprobación de este "pernicioso y nefasto" acuerdo.

El TSJRM ve bueno el copago en primera instancia

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya, ha resaltado la necesidad de que la sociedad en su conjunto "conozca que la justicia genera unos costes" que, en su opinión, tienen que llamar a la reflexión de todos, de cómo se puede hacer, ha dicho, "una mejor justicia, mucho más racional y eficiente".

   Por ello, Martínez Moya ha apostado por la introducción de un copago en la Administración de Justicia, pero "no universal, sino racional, según sujetos y materias concretas", considerando oportuno que "se lleve en la segunda instancia, en las fases de recursos, pero también es bueno que se considere en el acceso a la primera instancia".
    Martínez Moya ha explicado sobre este asunto que hay que diferenciar quién hace uso de un servicio público, como es la justicia, ya que si se utiliza "para resolver intereses privados, es bueno, conveniente y racional que se considere que la justicia quede compensada económicamente por el servicio que está prestando".
   Martínez Moya se ha pronunciado así sobre el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar "abusos" y mejorar el uso de los recursos disponibles. Al respecto, el presidente del TSJ de Murcia ha llamado la atención sobre el hecho de que la justicia genere tres clases de costes.
   En concreto, genera unos costes directos e indirectos, aunque ha subrayado que lo que "más preocupa" son los costes derivados de un "deficiente" funcionamiento de la justicia.
   Y es que, ha advertido, "si la justicia es lenta genera una percepción por parte de la ciudadanía de lentitud o ineficacia". Esos costes, por ejemplo, derivan en que una empresa "no quiera llevar a cabo una instalación de su actividad económica, porque sabe y conoce y tiene prospecciones de que la justicia en España es lenta".
   También provoca un "deficiente" funcionamiento de la Administración de Justicia. Es por ello por lo que ha considerado que "es bueno que el ciudadano sepa que la justicia genera unos costes sociales y por eso hay que racionalizar el sistema".
   Unos costes que en el caso de una multa de tráfico, el litigio oscila entre los 1.700 y 2.000 euros, aunque hay reclamaciones que conllevan un montante superior; de manera que ha insistido en la necesidad de introducir "parámetros económicos" en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

El PSOE pide a Bernal que explique cómo van a afectar a la Región las medidas de ajuste

CARTAGENA.- El diputado regional del PSOE, Joaquín López, ha anunciado que, de cara a la Junta de Portavoces que se celebra este miércoles, el Grupo Parlamentario Socialista presentará iniciativas y pedirá la comparecencia "a la mayor brevedad" del nuevo consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, para que dé detalles acerca de cómo van a afectar a la Región de Murcia las medidas adoptadas, tanto por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, como por el Gobierno de la nación.

   López subrayó que estas medidas van a afectar "claramente" a los ingresos que va a recibir la Comunidad Autónoma, y también directamente a los bolsillos de los ciudadanos. "A nuestro juicio, esas medidas van a generar más destrucción de empleo, además de seguir manteniendo una gran inseguridad a proveedores y acreedores de la Comunidad Autónoma", ha reprochado.
   El diputado ha señalado que "existen datos preocupantes, como el número de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social". Por ello, va a solicitar un plan regional para evitar que se siga produciendo "estas situaciones de desigualdad y de personas que se encuentran en el umbral de la pobreza".
   Dentro de este plan, el PSOE pedirá que, tal y como estaba previsto en la normativa regional, se aplique "la Renta Básica de Inserción para las personas que están en riesgo de exclusión, porque es una ayuda básica y fundamental para quien no tiene ningún medio económico".
   De hecho, ha recordado que las últimas cifras "apuntaban a que había 5.000 familias en riesgo de exclusión", lo que supone un "alto índice de personas afectadas", aunque ha señalado que "no hay una cifra concreta y se puede estar hablando de miles de personas". Por ello, ha pedido "transparencia" a la Comunidad para que "se pueda contabilizar el número de personas".
   Además, el PSOE pedirá que "no se produzcan recortes en este ámbito", y evitar que "haya un segundo tijeretazo encubierto que pudiera ser la solución del Gobierno regional, que es acudir otra vez y tocar los bolsillos de las personas que más lo necesitan".
   Al respecto, ha precisado que, al margen de los ajustes necesarios en tiempos de crisis, la economía "requiere estímulos", y ha reprochado que no ha escuchado "nada" al Gobierno regional sobre lo que va a hacer para "poner de nuevo en marcha la economía regional".
   Por otro lado, ha criticado que "no se ha llegado un acuerdo con los sindicatos en las negociaciones que se están produciendo en la Mesa General de la Función Pública". En este sentido, ha criticado la propuesta del Gobierno regional de incrementar la jornada laboral a 37,5 horas, y ha considerado que el segundo 'tijeretazo' que está realizando la Comunidad va a mandar al desempleo a muchos interinos".
   "Tanto en el Grupo Parlamentario Socialista como en el propio PSRM creemos que hay que realizar ajustes, pero tendríamos que escuchar del Gobierno regional medidas que sean tendentes al estímulo económico, que puedan reactivar nuestra economía. Sin embargo, nada oímos sobre esto, solamente escuchamos ajustes".
   "Por ello queremos que, de forma transparente, el nuevo consejero de Economía lo explique en la Asamblea Regional", finalizó.

Una ola de frío recorrerá España esta semana

MADRID.- Una ola de frío que registrará temperaturas bajo cero penetrará en España durante la segunda mitad de esta semana, según informó hoy la Agencia Estatal de Meteorología en un comunicado, avisando de la primera gran ola de frío del invierno en nuestro país.

La irrupción del aire frío, procedente de la masa continental europea, se extenderá entre el jueves y el viernes por la Península Ibérica y Baleares, dejando heladas generalizadas, y se espera que tienda a remitir hacia el domingo 5 de enero.
En este tiempo se espera que se registren temperaturas mínimas entre -5 y -10ºC, y máximas que oscilarán entre 3ºC y 5ºC. Los valores más bajos se darán en áreas del norte y centro de la Península.
Por el carácter continental de la masa de aire fría y seca no se esperan precipitaciones peninsulares, aunque podrían producirse nevadas en el Cantábrico occidental, este de Cataluña y Baleares.
Esa entrada de aire frío de procedencia continental e impulsado por vientos del norte y nordeste, afectará sólo a la Península y Baleares, donde se registrarán temperaturas inferiores a las habituales en estas fechas.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la irrupción de aire frío comenzará la noche de mañana miércoles por el noreste de España, extendiéndose a lo largo del jueves y el viernes a toda la Península y a Baleares, con heladas generalizadas.
Se espera que desde el viernes hasta el domingo se registren temperaturas mínimas de entre -5ºC y -10ºC en amplias zonas del interior de la mitad norte peninsular y zona centro, y por debajo de -10ºC en cotas altas, mientras que durante el día permanecerán en valores relativamente bajos.
Cabe la posibilidad de que se produzca ocasionalmente alguna nevada débil en el Cantábrico Oriental y en el litoral catalán al nivel del mar. En Baleares, donde sí se prevén lluvias, la cota de nieve descenderá ocasionalmente hasta ese nivel del mar.
La presencia de vientos de componente norte producirá una sensación térmica notablemente inferior a la indicada por los termómetros, especialmente en el cuadrante nordeste peninsular y en Baleares. Es muy probable que esta situación de frío intenso comience a remitir a partir del domingo por la tarde-noche.
Las autoridades recomiendan llevar cadenas en el coche y mantenerse informado de las condiciones meteorológicas y de las carreteras a través de las páginas web de AEMET (www.aemet.es) y la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es).
También se recomienda extremar las precauciones y, en caso de desplazarse por carretera, prestar atención ante la posible formación de placas de hielo.
Esta ola de frío ya ha dejado más de 60 muertos a su paso por Europa del Este, donde ha alcanzado temperaturas por debajo de los 30º bajo cero.

Presidente del BS: el crédito no fluye "porque no hay demanda solvente"

MADRID.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha asegurado que el crédito no fluye en España "porque no hay demanda solvente", y ha reclamado al Gobierno que adopte las medidas adecuadas para restaurar la confianza en la economía, en especial alusión a las reformas financiera y laboral.

   "Quiero dejar muy claro que no prestamos más porque no hay demanda solvente", ha incidido el presidente del primer banco español durante la presentación de los resultados anuales del banco, que arrojaron un beneficio atribuido de 5.351 millones de euros, un 35% menos que en 2010.
   El crédito concedido por el Banco Santander en España bajó un 7% en 2011, mientras que los préstamos al sector no residente experimentaron un crecimiento del 8%. El importe de la inversión crediticia neta del grupo se situó en 750.100 millones al cierre del año, casi un 4% más.
   Botín ha tachado de "imprescindible" de cara al futuro que el Gobierno de Mariano Rajoy adopte dichas medidas, si bien ha reconocido que éstas pueden ser "dolorosas" a corto plazo, "para los funcionarios, para los banqueros, para todos". 
"Para que fluya el crédito hay que tener confianza, y si el Gobierno toma las medidas, la habrá", vaticinó.
   En este sentido, Botín expresó su confianza en que España logre cerrar el ejercicio 2012 con un déficit del 4,4%, de acuerdo a lo comprometido con la Unión Europea, y descartó de plano la posibilidad de que se pida una prórroga para su cumplimiento. "Lo que hay que hacer es cumplir con las normas de Bruselas, y estoy convencido de que el Gobierno va a cumplirlas", sostuvo Botín.

Botín aboga por que la banca culmine el saneamiento del ladrillo este año

MADRID.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha abogado por que las entidades financieras culminen el saneamiento de sus balances por su exposición al 'ladrillo' durante el presente ejercicio, y por que se limite el uso de fondos públicos. 

   A falta de conocer los detalles de la reforma financiera que presentará el Gobierno próximamente, Botín sostuvo que la exigencia de provisiones adicionales sobre activos inmobiliarios por importe conjunto de unos 50.000 millones de euros "va en la buena dirección".
   Durante la presentación de los resultados anuales del Santander, el presidente del primer banco español subrayó que las provisiones "deberían constituirse este ejercicio en su totalidad", y que "cada entidad deberá hacer sus propias provisiones" limitando el uso de recursos públicos.
   Botín aseguró que la reforma financiera "debe finalizar cuanto antes" y que "hay que dar nuevos pasos", a pesar de que se ha avanzado mucho en el proceso de reestructuración del sector con la transformación de las cajas de ahorros y la reducción del número de entidades.
   El presidente del Santander defendió que las entidades no viables "deberían ser vendidas" y que el nuevo entorno bancario deberá contar con entidades más grandes, más sólidas, más eficientes, y con una red de distribución más ajustada a la dimensión del negocio..
   Botín recordó que "los bancos ya han hecho un esfuerzo excepcional" y sin precedentes en Europa con motivo de la obligada fusión de los Fondos de Garnatía de Depósitos de bancos, cajas y cooperativas de crédito "a fin de solucionar, con recursos del fondo de los bancos, los problemas de algunas cajas de ahorros".
   A su parecer, los pasos que está dando el Gobierno español en el ámbito de las reformas y de la consolidación fiscal "son muy positivos" y están colaborando a que la deuda pública española haya tenido una evolución muy favorable en las últimas semanas. "Son medidas dolorosas en el corto plazo, pero imprescindibles de cara al futuro", enfatizó.
   Botín sostuvo que el Santander acometerá el incremento de las provisiones para afrontar eventuales pérdidas por su exposición al sector inmobiliario este mismo año, y puntalizó que la entidad ya ha elevado el nivel de cobertura de los inmuebles adjudicados en España al 50%.
   El Santander se ha anticipado a los requerimientos adicionales anunciados por el Gobierno en materia de provisiones al dotar 1.812 millones de euros a saneamientos brutos, lo que ha establecido el beneficio atribuido en 2011 a 5.351 millones de euros, lo que significa un 35% menos que el año pasado.
   Emilio Botín pronosticó que el ejercicio 2012 en España se presenta "muy difícil", aunque registrará una mejoría a medida que llegue a su fin, al contrario de lo sucedido en 2011. Este año "va a ir de menos a más", consideró el presidente del Santander.
   Botín también incidió en que el país necesita "cuanto antes" tener una reforma laboral "profunda y de calado", que dé flexibilidad a las empresas y que establezca criterios de productividad en temas salariales. "Y que consiga crear empleo", apostilló.

Botín: "Hay que echarles una culpa muy grande a los políticos" de la crisis

MADRID.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha asegurado que "hay que echarles una culpa muy grande a los políticos" de la crisis económica, frente a la entidad cántabra, que tiene "muy poca culpa" de la difícil situación que atraviesa España. "Eso está muy claro", sostuvo.

   El presidente del primer banco español recalcó que "quien lo ha hecho mal aquí son los políticos", que no han sabido manejar la situación, si bien prefirió no especificar a quiénes ni a qué partidos se referían dichas críticas.
   Botín, que hizo esta reflexión sobre qué parte de la crisis económica es imputable al comportamiento de la banca, defendió que se marquen diferencias en cuanto a la responsabilidad de entidades en función de su comportamiento concreto.
   En este sentido, incidió en que el Banco Santander "ha pagado sus impuestos y no ha contado con ayudas públicas" con coste al erario, a diferencia de otras entidades, que sí han tenido dicho respaldo. "Hay bancos y bancos", argumentó Botín.
   Sobre si el Santander debería haber hecho algo diferente en el pasado, el presidente del primer banco español dijo que podría haber prestado menos dinero al sector inmobiliario, si bien se declaró "contento" de que su cuota de mercado en este segmento sea inferior a la media.
   Al ser preguntado sobre si tiene interés en comprar entidades en España, Botín reconoció que la entidad ha presentado una oferta no vinculante por Unnim, nacionalizada por el Banco de España por sus problemas de solvencia, y apuntó que analizará las oportunidades que se presenten en este sentido, aunque no tiene "ninguna inversión pendiente".
   En la rueda de prensa para presentar los resultados anuales, a Botín también le preguntaron si le preocupa el futuro de Bankia, entidad fruto de la fusión de siete cajas de ahorros liderada por Caja Madrid y Bancaja, que ha recibido un préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a un tipo de interés del 7,75%.
   "Bankia es una gran franquicia. Está en este momento haciendo procesos de ajuste y estoy seguro de que saldrá adelante", respondió Botín en reiteradas ocasiones.

lunes, 30 de enero de 2012

La Región supera en 11 puntos la media nacional de pobreza y se aparta 19 del objetivo fijado para 2010


MURCIA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha criticado que la población de la Región de Murcia en riesgo de pobreza y exclusión social creció un 4 por ciento en 2010 respecto al año anterior, elevándose al 36,1 por ciento, lo que la sitúa once puntos por encima de la media nacional y a 19 puntos del objetivo fijado por el Gobierno regional para 2010.

   Así se desprende de un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), que indica que el índice de pobreza en la Región de Murcia es el segundo mayor por comunidades autónomas, sólo por detrás de Extremadura que es la que registra una tasa más alta, con un 41,5 por ciento, y por encima de la media nacional del 25,5 por ciento de la población.
   Rosique recordó que el Gobierno regional se comprometió en 2008, en el Plan de Reactivación Económica de la Región de Murcia Horizonte 2010, a bajar los índices de pobreza al 17 por ciento. Denunció que "lejos de cumplir ese objetivo se está produciendo todo lo contrario, y la Región se está distanciando cada vez más de los índices de la media nacional".
   De hecho, Rosique recuerda que, en 2008, el índice de pobreza en la Región de Murcia se situaba en el 25 por ciento, es decir, 11 puntos menos que en 2011. En su opinión, esto demuestra que el Gobierno regional no ha aprovechado los años de bonanza para reducir los índices de pobreza".
   La diputada declaró "que estos índices posiblemente se superarán durante 2012 como consecuencia de que la crisis económica se está viviendo con mayor intensidad en la Región de Murcia, "debido a la errática política del Gobierno regional y a la ausencia de políticas reales de lucha contra la pobreza".
   En este sentido, la diputada regional socialista se ha preguntado a qué espera el Gobierno regional para cumplir la ley de Renta Básica y frenar los "insoportables índices de pobreza y de exclusión social de la Región de Murcia".
   La parlamentaria socialista añadió que "resulta incomprensible que el Gobierno regional con estos datos esté incumpliendo desde 2007 la Ley de Renta Básica de Inserción. Dicha ley garantiza como derecho subjetivo unos recursos mínimos a aquellas personas o núcleos familiares que carezcan de lo indispensable y además obliga a la puesta en marcha de planes de inclusión social".
   A su juicio, el Gobierno Regional "quiere hacer pasar el Salario Mínimo de Inserción por la Renta Básica y no es lo mismo". En primer lugar, Rosique dice que el Salario Mínimo "no es un derecho subjetivo y la renta Básica si, además hay una diferencia económica de unos 100 euros de media por no hablar de la obligación de poner en marcha los Planes de Inclusión Social".
   Otro dato que demuestra que el Salario Mínimo de Inserción no es lo mismo que la Renta Básica, es que alrededor de 1.700 personas perciben el Salario Mínimo, mientras que el número de personas en situación de pobreza en la Región y, por lo tanto, "deberían percibir la Renta Básica, supera el 30 por ciento de la población", añade.
   La Renta Básica establece unos ingresos mínimos mensuales de 100 euros para los beneficiarios, y lleva implícita la puesta en marcha de planes de inserción social, pero como no se ha aprobado el reglamento, la Ley "está siendo incumplida desde 2007", ha matizado.
   Y es que la ley recogía la obligatoriedad del Gobierno regional de aprobar el Reglamento que desarrolla la Renta Básica de Inserción en un plazo de seis meses tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Sin embargo, han pasado cinco años "sin que el Gobierno regional haya cumplido dicho trámite", destaca Retegui.
   El Grupo Parlamentario Socialista viene denunciando esta cuestión desde entonces. El pasado mes de noviembre, el PSOE debatió una moción en la Cámara que fue aprobada por unanimidad y donde se le pedía nuevamente al Gobierno regional la aprobación del Reglamento de la Ley de Renta Básica, "sin que hasta el momento lo haya cumplido, desoyendo el mandato de la Asamblea Regional".
   Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista pedirá a la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, que explique en la Asamblea por qué todavía sigue sin aprobarse el Reglamento que desarrolla la Ley de Renta Básica de Inserción.

La transparencia en los organismos que gestionan el agua en España "sigue siendo insuficiente"

MADRID.- Los resultados del Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG) 2011, elaborados por la organización Transparencia Internacional España, ponen de evidencia que, aunque la transparencia en los organismos que gestionan el agua en España "ha mejorado", ésta "sigue siendo insuficiente".

   En este caso, se han evaluado los mismos catorce organismos que el año anterior: nueve Confederaciones Hidrográficas y cinco Agencias Autonómicas del Agua. De entre ellos, la Confederación Hidrográfica del Ebro, con una puntuación de 80 sobre 100, ha sido la mejor valorada, habiendo quedado en segundo lugar la Confederación Hidrográfica del Júcar, con una puntuación de 78,1.
   Cabe destacar, además, la sustancial mejora de organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo. En contra, los organismos menos transparentes según este Índice han sido Aguas de Galicia, por una parte, y el organismo gestor del agua en Baleares, por otra.
   En cualquier caso, los responsables del estudio advierten de que "cabe destacar que el nivel medio de transparencia mostrado por el conjunto de los organismos de cuenca evaluados ha sido superior al que obtuvieron en el Índice de 2010, habiendo obtenido una discreta nota media general de 59,6, frente a la de 51,2 del año anterior".
   "Analizando las distintas Áreas de transparencia se pone de manifiesto que los agujeros negros de información para el conjunto de organismos se siguen produciendo principalmente en las áreas de Gestión del Agua y en su Transparencia Económicofinanciera", apostilla el texto.
   Por el contrario, la información relativa a los propios Organismos, así como a los procesos de Planificación, está en la mayoría de los casos bastante bien cubierta. En cuanto a la información relativa a la Relaciones con el público y las partes interesadas, así como la de Contratos y licitaciones, son áreas que aunque presentan cierto grado de transparencia, necesitan en todo caso mejorar.
   El Índice de Transparencia también afirma que existen algunas asignaturas pendientes con carácter general, dado que en la mayor parte de los organismos no se facilita información sobre las siguientes materias: actas de las reuniones de los Consejos del Agua, liquidaciones a la finalización de las Obras, actualizaciones de los Registros de usos y concesiones de aguas.
   En cualquier caso, ha destacado el importante nivel de colaboración que la generalidad de los Organismos evaluados ha prestado a TI-España en el proceso de evaluación, revisando los cuestionarios enviados por esta organización y apartando información complementaria para la elaboración de este Índice de Transparencia.

EAPN-RM espera una reunión con Bernal para abordar las deudas pendientes de 2010 y 2011

MURCIA.- La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) ha afirmado que espera una reunión con el nuevo consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Juan Bernal, para abordar las deudas que la Administración regional tiene pendientes con las 27 ONG que componen esta organización, entre las que se encuentran Cáritas y Cruz Roja.

  El presidente de EAPN-RM, Jesús Salmerón, ha recordado que el consejero saliente, Salvador Marín, se comprometió a finales de 2011 a pagar los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en dos cómodos plazos, el primero de ellos en noviembre y el segundo en diciembre.
   Sin embargo, el primer plazo se liquidó en diciembre y el segundo todavía, a finales de febrero, no se ha pagado, según Salmerón, quien ya alertó que la deuda que el Ejecutivo autonómico tiene contraída con todo el tercer sector en 2011 supera los cuatro millones de euros, mientras que la deuda con las 27 entidades de EAPN del 2010 es ligeramente superior a dos millones de euros.
   Salmerón desconoce el montante total al que asciende la deuda de todas las ONG y, aunque asegura que es "mucho dinero", explica que es "difícil de calcular". No obstante, ha señalado que, "algún día, cuando la Comunidad publique un informe con la ejecución de los presupuestos de 2011 nos enteraremos, porque es preciso ser experto para averiguarlo".
   Asimismo, ha alertado que hay millones de euros procedentes del Estado o de la Unión Europea para sufragar actuaciones de 2011 que se tendrían que devolver, puesto que se trata de programas cofinanciados con la obligatoriedad de que se abonasen antes de que finalizase el año. Sin embargo, la Comunidad recibió estas partidas y todavía no las ha pagado, según Salmerón.
   El montante, por ejemplo, los programas de formación ocupacional y del Fondo Social Europeo "ascienden a millones de euros, pueden rondar los dos o tres millones". De lo presupuestado, afirma que a lo mejor se ha gastado el 30 por ciento, por lo que se pregunta "dónde está el 70 por ciento restante", ya que "lo que no se ha gastado hay que devolverlo".
   Salmerón no acierta a cuantificar el dinero que se debe de devolver de los programas de 2011 que no se han abonado. Por ejemplo, ha afirmado que si la Comunidad no hubieran decidido asignar los dos millones de euros correspondientes a partidas de inmigración "está claro que se han perdido". Por ello, advierte que "alguna gente tendrá que dar explicaciones".
   Sin embargo, confirma que hay otros programas cofinanciados con dinero propio de la Comunidad Autónoma y del Estado o de la UE que "en algún momento es preciso justificar y responder". Se trata, por ejemplo, de los programas de inmigración de 2010 que el Ministerio ha transferido y abonado, pero que las ONG no han recibido, por lo que se pregunta "cómo se justifica esta situación".
   No obstante, Salmerón reconoce que las consejerías "no han pasado" de las ONG de EAPN-RM, sino que "han ido aplazando sus decisiones porque ellas también necesitaban saber qué iban a plantear". Por ejemplo, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) hizo efectivo finalmente el pago de un programa de empleabilidad, que se elevaba a unos 800.000 euros.
   En este momento, la red está planteando las deudas a la Administración, y advierte que el siguiente paso es que estos compromisos los asuma la Consejería de Hacienda, a la que EAPN-RM está consultando para conocer el plan de pago. De todas formas, Salmerón cree que tendrán que esperar algún tiempo para reunirse con Bernal, ya que el nuevo consejero debe "asumir las riendas".
   Respecto a 2012, Salmerón señala que los presupuestos están aprobados pero todavía no han salido convocatorias. En este sentido, Salmerón ha mostrado su temor a mayores recortes porque "el déficit no termina de controlarse".
   EAPN-RM ha denunciado que el Gobierno regional ha recortado más de un 25 por ciento los recursos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2012 destinados a atender a las personas que sufren pobreza y exclusión respecto al ya mermado presupuesto de 2011, una bajada en la inversión que se eleva al 43 por ciento respecto a las cuentas de 2010, lo que impedirá atender las necesidades de este colectivo el año que viene.
   No obstante, ha dicho que no son cifras definitivas, puesto que hay una enmienda a los presupuestos de 600.000 euros de acciones de lucha contra la pobreza que no se sabe todavía como se va a gestionar.
   Las 27 entidades que componen está red son Cáritas, Cruz Roja, Accem, Fundación Secretariado Gitano, Mpdl, Fundación Cepaim, Murcia Acoge, Copedeco, Hermanas Oblatas, Asociación Nacional Proyecto Abraham, Asociación Rascasa, Proyecto Hombre, Asociación Columbares, Asprosocu, ONG Solidarios para el Desarrollo, Colectivo Parentesis, Fundación Sierra Minera, Asociación Cats, Fundación RAIS, Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia, Coordinadora de Barrios, Cefis; Colectivo La Huertecica, Colectivo El Candil, Asociación Betania y Redes para la Inserción Socioeducativa.

La Comunidad habría dejado de ingresar tres millones por no suscribir programas cofinanciados por el Estado

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo  Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente que las arcas regionales habrían dejado de ingresar tres millones de euros en 2011 como consecuencia de la negativa de la Administración autonómica a suscribir acuerdos con el Gobierno de España para la ejecución de proyectos de Política Social cofinanciados por ambas administraciones.

    Rosique ha recordado que el Ministerio de Sanidad y Política Social publicó esta convocatoria en 2011 y, para acogerse a las ayudas, las comunidades tenían que fijar la disposición de fondos. En el caso de Murcia, estos programas suponían una inversión total de cinco millones de euros, tres de los cuales serían aportados por el Ministerio y los dos millones restantes por el Gobierno regional.
   Sin embargo, Rosique ha indicado que la Comunidad "todavía no ha aportado su parte y ni siquiera se sabe si ha suscrito la convocatoria". Para tratar de averiguarlo, el PSOE presentó el pasado mes de noviembre una moción en la Asamblea, pidiendo al Gobierno regional que suscribiera las ayudas para los programas cofinanciados por el Gobierno central.
   En su moción, el PSOE advirtió del riesgo que se corría de "poder perder esos recursos", lo que "afectaría a los programas a desarrollar y a las personas que se podrían beneficiar de ellos, sino que también afecta al empleo, puesto que todo el dinero que se invierte en Política Social también crea empleo", ha añadido la diputada regional.
   Por lo tanto, critica que, en la medida en que la Administración "renuncia a cinco millones de euros, está renunciando a políticas sociales e impides que muchos trabajadores sociales tengan un puesto de trabajo", ya que estos gastos suponen una "inversión productiva".
   En concreto, la Comunidad Autónoma debía recibir 4,1 millones de euros del Fondo de apoyo a la acogida, integración y refuerzo educativo de inmigrantes, de los cuales el Ministerio debía aportar 2,8 millones de euros, mientras que la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos que se acogieran al mismo debían aportar los 1,3 millones restantes.
   Este fondo tenía como finalidad promover y potenciar las políticas públicas en estos ámbitos de actuación en base a principios de subsidiariedad, complementariedad y cooperación con las comunidades y los entes locales.
   Asimismo, Rosique denuncia que la Comunidad habría renunciado a 226.533 euros del Ministerio para los créditos destinados a la cofinanciación de proyectos de intervención social integral para la prevención de marginación e inserción del pueblo gitano, así como programas dirigidos a la infancia y actuaciones del Plan de Acción para las personas con discapacidad. En este caso, la Comunidad tenía que aportar 214.460 euros.
   Por otra parte, la diputada regional socialista añade que la Comunidad debe unos cuatro millones de euros a todo el tercer sector sumando 2010 y 2011, lo que a su juicio supone "una situación de desmantelamiento".
   En este sentido, la diputada regional socialista admite que el Gobierno regional ha abonado un pago del 25 por ciento a la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM).
   Rosique añade que el PSOE presentó una solicitud de información en la Asamblea para interesarse por la deuda que tiene contraída la Comunidad con el tercer sector, y desde cuando se tiene, algo a lo que "tendrá que contestar el Gobierno regional", ha advertido.
   Esto supone un "problema muy tarde", ya que ha supuesto "la pérdida de centenares de puestos de trabajo de trabajadores sociales, el cierre de organizaciones sociales y dejar al borde de la quiebra al sector, que además ha tenido que hipotecar su patrimonio para poder subsistir".
   A todo ello, cabe sumar el "cerrojazo que se ha pegado a todas las nuevas subvenciones que estaban previstas en el año 2011 y que, como consecuencia del cierre de caja que la Administración regional hizo en julio, no han sido convocadas". Además, añade el "recorte del 25 por ciento en políticas sociales para 2012".

IU reclama al PP que fije entre sus prioridades la lucha contra la exclusión social

MURCIA.- La responsable de Política Social de Izquierda Unida-Verdes, Adoración Peñas, ha reclamado este lunes al Gobierno regional que establezca entre sus prioridades la lucha contra la pobreza y aumente la inversión pública en materia de política social para reducir la tasa de exclusión en la Región de Murcia.

    Peñas ha hecho estas declaraciones tras conocer que, según un informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), el 36,1 por ciento de las personas que residen en Murcia se encuentran en riesgo de exclusión social, solo por detrás de Extremadura, Canarias y las ciudades autónomas de  Melilla y Ceuta.
    Ha apostado porque las políticas de bienestar social sean entendidas por los responsables políticos como "un complemento" de las políticas económicas y de creación de empleo, y "nunca como acciones aisladas en el asistencialismo".
    Asimismo, ha considerado "injusto y erróneo" que se efectúen recortes en las políticas de protección social, ya que el hecho de reducir la cobertura social supone dejar sin atender las necesidades básicas de los ciudadanos más afectados por la crisis.
    "Es necesario un mayor empuje del sector público para garantizar las necesidades de las personas más desfavorecidas por la situación económica, en lugar de recortar las prestaciones destinadas a erradicar la exclusión y la inversión en programas sociales", ha concluido Peñas.

La retribución del consejo de Banco Sabadell alcanzó seis millones en 2011

BARCELONA.- La retribución del consejo de administración de Banco Sabadell fue de 6,06 millones de euros en 2011, de los que 5,8 millones corresponden a la sociedad dominante y 255.000 euros a otras sociedades del grupo, lo que supone el 2,6% del beneficio atribuido a la entidad financiera el pasado año, ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Según datos del Informe Anual de Gobierno Corporativo, los 15 consejeros del banco también recibieron otros beneficios, como créditos por 10 millones, aportaciones a fondos y planes de pensiones por 3,2 millones, y garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros por 4,3 millones.
   Otros 24 miembros de la alta dirección que no son consejeros ejecutivos recibieron una remuneración de 8,7 millones de euros en 2011.
   Además, entre consejeros ejecutivos y alta dirección, Banco Sabadell cuenta con cláusulas de garantía o blindaje por despido o cambios de control para 24 beneficiarios, que han sido aprobadas en el consejo de administración pero sobre las que no se informa ni pide autorización en la junta general.

Las CC AA informarán mensualmente de sus cuentas

MADRID.- Las Comunidades Autónomas (CCAA) deberán informar mensualmente de la evolución de sus cuentas a partir del momento en que entre en vigor la nueva ley orgánica de estabilidad presupuestaria, dijeron fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta información, que hasta ahora tenía un carácter trimestral, constituye una parte esencial de la transparencia que quiere instaurar el Gobierno del Partido Popular con relación a las cuentas públicas y cuyo contenido ya está incluido en el Anteproyecto de Ley aprobado por el Ejecutivo el pasado viernes y que ahora deberá tramitarse en las cámaras legislativas.
Una parte esencial de esta nueva reglamentación, que busca la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas con el objetivo de estabilidad presupuestaria, prevé como rasgos sustantivos el equilibrio o el superávit presupuestario de todas las administraciones públicas y una ratio deuda/PIB no superior al 60 por ciento, ambos objetivos en el horizonte del año 2020.
Sin embargo, el nuevo marco normativo contempla que el Ministerio de Hacienda pueda sancionar a las comunidades en base al presupuesto ya aprobado para este año.

El Gobierno congelará transferencias a CCAA que no paguen multas por déficit

MADRID.- El Gobierno congelará las transferencias que contempla el sistema de financiación autonómica a las comunidades que no paguen las multas impuestas ante la desviación de sus objetivos de déficit, según el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria.

   Así lo ha explicado la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás en una sesión informativa, tras asegurar que la ley es más exigente que las anteriores porque introduce la idea de control permanente de la situación económica desde el suministro constante de información.
   Hasta este momento, solo se elaboraba un informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, mientras que a partir de ahora se realizarán una serie de informes periódicos que permitirán un mayor control y rigor en el cumplimiento de los objetivos.
   De hecho, una de las novedades del texto es que las comunidades aportarán mes a mes las liquidaciones de ingresos y gastos al Estado, de forma que el Gobierno pueda publicar mensualmente el déficit de las comunidades autónomas, algo que hasta ahora hacía de forma trimestral.
   El control, los requerimientos de información y los mecanismos preventivos y correctivos que contempla el anteproyecto entrarán en vigor con la aprobación de la ley, por lo que se podrán aplicar ya en los presupuestos del año 2012 y estarán plenamente en vigor de cara a las cuentas de 2013.
   El proceso se iniciará, tal y como ha expresado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, antes del 1 de abril, cuando el Ministerio de Hacienda proponga los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. En 15 días, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) tendrán que emitir un informe al respecto.
   Tras recibir el informe, el Consejo de Ministros fijará los objetivos e incluirá el techo de gasto del Presupuesto estatal junto a un informe del Ministerio de Economía y Competitividad sobre la situación económica, que contendrá, además, la regla de gasto. Propondrá también objetivos de déficit individuales a las comunidades autónomas que, previo informe del CPFF, también se aprobarán en Consejo de Ministros.
   Una vez que los objetivos y el techo de gasto se aprueben en las Cortes, las administraciones deberán aplicar dichos objetivos y la regla de gasto en la elaboración de sus Presupuestos. Así, antes del 1 de agosto deberán remitir al CPFF los límites de gasto aprobados y antes del 1 de octubre enviarán a Hacienda las líneas fundamentales de sus Presupuestos.
   En ese mismo mes, antes del día 15, Hacienda informará sobre la adecuación de los Presupuestos a la regla de gasto y el objetivo de estabilidad y hará posibles recomendaciones. De hecho, desde el mismo momento en el que empiece a evaluar los techos de gasto autonómicos Hacienda puede activar los mecanismos preventivos y correctivos. En los meses de octubre, noviembre y diciembre se aprobarán los presupuestos de los gobiernos autonómicos y locales.
   Antes del 1 de abril del año siguiente, el Ministerio emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento de los presupuestos iniciales y antes del 1 de octubre emitirá un informe sobre el cumplimiento de los objetivos del ejercicio anterior y el grado de cumplimiento del ejercicio corriente. Con esta información, que publicará periódicamente, enviará informes al CPFF y a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
   Si en este proceso Hacienda detecta riesgo de incumplimiento de los objetivos podrá formular una advertencia en cualquier momento, lo que llevará a la administración en cuestión a adoptar medidas en el plazo de un mes. Si se no se adoptan estas medidas o son insuficientes, entrarán en juego las sanciones.
   Tras detectar el riesgo y si se supera el 95% de límite de deuda (100% en el periodo transitorio) se limitará de forma automática el endeudamiento de la administración en concreto, que solo podrá realizar operaciones de Tesorería.
   Si alguna administración incumple sus objetivos, deberá elaborar en un mes un plan económico financiero (uno de reequilibrio si incurre en un déficit estructural) que permita reducir la desviación y volver a cumplir los objetivos en el plazo de un año. El plan, que será analizado en el CPFF, se seguirá trimestralmente y puede llevar a la imposición de sanciones si no se cumple. En el caso de las entidades locales, los planes se supervisarán en la CNAL.
   Ante el incumplimiento de los planes, las administraciones requerirán el visto bueno para todas las operaciones de endeudamiento, elaborarán informes para sacar adelante cualquier subvención o convenio y tendrán 15 días para adoptar un acuerdo de no disponibilidad si no cumplen sus planes económico financieros.
   Además, los mecanismos correctivos se concretarán en depósitos con interés en el Banco de España. Las administraciones no recibirán el interés si no aplican medidas en tres meses y los depósitos se pueden convertir en multas si pasan seis meses. Si transcurren nueve meses, el Gobierno puede acordar el envío de una delegación de expertos al territorio incumplidor.
   La secretaria de Estado ha explicado, además, que el Gobierno congelará las transferencias previstas en el sistema de financiación a todas aquellas comunidades que no paguen la multa impuesta previo acuerdo del Ejecutivo. Además, las multas también se podrán imponer a las comunidades que no cumplan sus obligaciones de información.

Según Moody's, las fusiones entre bancos españoles debilitarán a los más fuertes

LONDRES.- La decisión del Gobierno español de impulsar un nuevo proceso de consolidación en el sector bancario español evitando inyectar fondos públicos a las entidades puede suponer el debilitamiento de la calidad del perfil crediticio de los bancos más fuertes que participen en las fusiones, según apunta la agencia de calificación crediticia Moody's. 

   "Si la calidad crediticia de los bancos inmersos en el proceso de fusión difiere significativamente y el tamaño de la entidad más débil es material, la calidad crediticia de la entidad resultante normalmente es más débil de la que tenía el banco más fuerte", explica la calificadora de riesgos.
   Así, Moody's espera que este proceso de consolidación tenga lugar en los próximos meses y apunta que las nuevas fusiones "no se financiarán con fondos públicos", a pesar de que el fondo de recapitalización ordenada bancaria (FROB) siga en vigor.
   "El Gobierno ha expresado claramente su intención de limitar el respaldo público a los bancos", advierte la agencia, que considera "muy improbable" la posibilidad de que las entidades reciban nuevas inyecciones de fondos en el actual contexto de disciplina presupuestaria.
   "Esperamos que el Gobierno presente a principios de febrero un plan de reestructuración del sector bancario", apunta Moody's, que, de esta manera, advierte del riesgo que puede acarrear la posibilidad de que las entidades más fuertes tengan que fusionarse con otras más débiles sin contar con una compensación suficiente por parte del Gobierno, ya sea mediante inyecciones directas de capital o a través de un plan de garantía de activos.
   Asimismo, la calificadora de riesgos ha advertido este lunes de que el sustancial deterioro de las perspectivas económicas manejadas por el Banco de España, que prevé una contracción del 1,5% del PIB en 2012 y sólo una modesta recuperación del 0,2% en 2013, resulta negativo para el perfil de crédito de los bancos españoles, que sufrirán un impacto negativo en sus niveles de solvencia por la necesidad de mayores provisiones.
   "El deterioro del entorno operativo resulta negativo para el perfil de crédito de los bancos y esperamos que las cada vez más adversas condiciones cuestionarán aún más negativamente los fundamentos crediticios del sector bancario español", explica la agencia en una nota para inversores.
   En este sentido, Moody's precisa que las nuevas y peores previsiones publicadas por el Banco de España añaden presión sobre los indicadores de calidad de los activos de los bancos, por lo que consecuentemente los niveles de solvencia de las entidades se verán negativamente afectados por las mayores provisiones.
   Asimismo, Moody's recuerda que los bancos españoles deberán cumplir en junio de 2012 con las exigencias de capitalización planteadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), así como con unos más estrictos requisitos de provisionamiento por parte del Banco de España y que probablemente podrían aprobarse antes de finales del primer trimestre.
   "Puesto que la capacidad de generar capital mediante la retención de ganancias es muy limitada, los bancos se verán forzados a recapitalizarse a través del desapalancamiento o bien buscando fuentes externas de capital, lo que será un desafío para un gran número de entidades, ya que los mercados de capitales permanecen cerrados para muchos bancos españoles", apunta la agencia.
   "Si ese fuera el caso, el reestructurado sector bancario español podría acabar con un significativo deterioro entre los perfiles de crédito de las entidades más fuertes, debilitando consecuentemente la calidad crediticia del sistema en general", concluye la agencia.
   En concreto, Moody's destaca el impacto de las potenciales fusiones entre bancos españoles sobre la calidad crediticia de las cédulas hipotecarias emitidas por la entidad más fuerte participante en el proceso, que se verá lastrada por la de la entidad más débil.
   "Si las fusiones tienen lugar, los titulares de cédulas hipotecarias de la entidad más fuerte de la fusión tendrán que aceptar la menor calidad crediticia de las entidades resultantes", señala la calificadora de riesgos, como reflejo del empeoramiento de los colaterales aportados como garantía.
   "Los 'pools' hipotecarios más fuertes están correlacionados con las entidades más fuertes y más solventes", señala Moody's, que recuerda que en España los tenedores de estas cédulas hipotecarias cuentan con escasos argumentos legales para oponerse a la fusiones de entidades..

El 36,1% de los murcianos está en riesgo de exclusión y pobreza, un 4% más que hace un año

MADRID.- Más de la cuarta parte de los ciudadanos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2010, cuando se incrementó en un millón de personas el número de ciudadanos en esta situación respecto del año anterior, según un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) y dado a conocer por su filial en Madrid. 

   La Red utiliza el indicador europeo AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) para medir el grado de pobreza y exclusión en España y concluye que en 2010, más de once millones y medio de personas en España, un 25,5 por ciento de la población, se encontraban en esta situación frente a los 10,6 millones identificados en el año 2009.
   "La diferencias entre los datos de 2009 y 2010 muestran un avance claro de la pobreza y la exclusión social, que las medidas y estrategias no han logrado detener, menos aún disminuir", explica EAPN Madrid, para incidir en que "este aumento de personas en riesgo de pobreza y exclusión social es un indicador de las desastrosas consecuencias que la crisis está teniendo en el bienestar de la ciudadanía".
   Por comunidades autónomas, es Extremadura la que registra una tasa más alta, con un 41,5 por ciento de sus ciudadanos al borde de la pobreza y la exclusión, y un incremento del tres por ciento entre 2009 y 2010. En Melilla, está en esta situación el 37,3 por ciento de los ciudadanos (3% menos que en 2009) y en Ceuta, la tasa se mantiene estable en el 37,7%.
   Le siguen Murcia, que registra un 36,1% y un aumento del 4% en un año; Andalucía, con un 35,9 por ciento (2,9% más); Canarias, donde el 35,3 por ciento de los habitantes está en riesgo de pobreza y exclusión; Castilla-La Mancha, 30,9% (0,7% más); Comunidad Valenciana, con un 26,3% (4% más) y Baleares, con 25,8% (2% más).
   Por debajo de la media nacional se encuentran Galicia (22%), Asturias (18,8%), Cantabria (19,6%), País Vasco (15,6%), Navarra (9,7%), La Rioja (24,9%), Aragón (15,9%), Madrid (18,1%), Castilla y León (24,6%) y Cataluña (19,8%).
   La organización recuerda que en mayo de 2010, España se propuso llegar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, reduciendo en un millón y medio en el período 2009-2019 el volumen de ciudadanos afectados, y, sin embargo, se produjo un aumento precisamente de un millón de personas.
   Por eso, EAPN Madrid pone el acento en la necesidad de acometer "una profunda transformación de las políticas sociales en España" para lograr los objetivos de reducción de la pobreza y combatir los efectos más negativos de la situación económica, así como de poner en marcha una estrategia "que aborde las desigualdades existentes entre las distintas comunidades y ciudades autónomas".

Sigue a diario con Economía Avanzada la evolución de la crisis en un máximo de 25 claves

domingo, 29 de enero de 2012

Nuevo freno a la 'Marina de Cope' / Pedro Luengo *

A estas alturas el megaproyecto urbanístico Marina de Cope le debe sonar a cualquiera que haya vivido en nuestra Región en los últimos años. Y le debe sonar, no sólo por la publicidad y triunfalistas anuncios de superaciones de trámites legales por parte de la Administración regional, sino que también debe de sonar por la gran oposición que ha tenido desde el principio este proyecto entre las asociaciones ecologistas y sociales de la Región de Murcia. Y no es para menos, ya que para poder hacer realidad este megaproyecto urbanístico, el Gobierno regional, ni corto ni perezoso, se cargó de un plumazo la protección de miles de hectáreas que hasta entonces formaban parte del Espacio Natural Protegido de Cabo Cope-Puntas del Calnegre. Así comenzó una larga lucha administrativa, judicial y mediática entre quienes promueven el impactante megaproyecto y quienes creemos que es posible llevar a cabo otro tipo de proyectos más sostenibles.

Esta lucha tiene, además, un simbolismo especial, ya que buena parte de los terrenos en los que se pretende ubicar el proyecto pertenecen precisamente desde hace décadas a la empresa eléctrica Iberdrola (antes Hidroeléctrica Española), que en los años 70 pretendió construir una central nuclear, afortunadamente sin éxito debido a la gran oposición popular, con ilustres protagonistas. Este alzamiento social supuso en gran medida el inicio del movimiento ecologista organizado de la Región de Murcia.

El firme apoyo del Gobierno regional a este proyecto privado durante los años del boom urbanístico en nuestra Región, se materializó, entre otras acciones, por la modificación de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, la aprobación de las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral, y por la declaración del mismo como Actuación de Interés Regional, dándole un carácter de interés social a un proyecto urbano-turístico privado basado en la especulación.

Y ante todos estos despropósitos, las organizaciones sociales y ecologistas de la Región nos organizamos en una plataforma que ha ido recurriendo una tras otra todas las leyes y planes mencionados.

Como ya sabrá quien lea esta artículo, la Justicia en España es lenta, y en casos tan técnicos y enrevesados como este lo es aún más. Por eso han pasado años hasta conseguir sentencias como la que en mayo de este año declaraba contraria a la Ley del Suelo la previsión de dar edificabilidad a los suelos protegidos del litoral y, aplicándose a la Marina de Cope, supondría reducir en torno al 15% de edificabilidad total.

Esto, que parece poca cosa, llevado a la práctica es un torpedo dirigido a la línea de flotación de la rentabilidad real del proyecto y, por tanto, un desincentivo hacia los promotores (aunque algunos propietarios de terrenos se empeñen en que salga adelante a casi cualquier precio).

La aprobación de la modificación de los planes municipales urbanísticos de Lorca y Águilas para adaptarlos a la Actuación de Interés Regional (AIR) de Marina de Cope contaban con la edificabilidad de los suelos protegidos al convertirlos en sistemas generales con la posibilidad de transportar dicha edificabilidad a suelo urbanizable.

Traducido, esto significa que hasta ahora se pretendía construir más de lo que la ley permitía en un área determinada haciendo una pirueta urbanística que consiste en contar cuantas casas podríamos edificar en un área protegida, y «ya que allí no podemos construirlo porque está protegido», pues nos lo traemos a donde sí podemos hacerlo, con lo que aumentamos la cantidad de casas que se pueden construir, con el consiguiente beneficio económico, haciendo más de lo que legalmente se podía en un principio. 

Esta práctica, que se ha usado en al proyecto de Marina de Cope para aumentar la rentabilidad, ha sido declarada contraria a la Ley del Suelo por la citada sentencia, obtenida por Prolitoral, que como comentábamos es una plataforma de asociaciones como Ecologistas en Acción, Anse y Amacora. La sentencia supone un varapalo para las expectativas de edificación en la Marina de Cope que se ven ampliamente reducidas, en torno al 15% de la edificabilidad total, lo que se estima que supondría más de 5.000 viviendas menos.

Para Ecologistas en Acción, que siempre ha considerado la AIR como un proyecto especulativo, esta reducción en más de 5.000 viviendas supone prácticamente el hundimiento del proyecto, porque lo hace mucho menos rentable, algo que en el contexto actual de crisis seguro que le quita las ganas a más de un inversor. Y así es como esta asociación entiende la retirada de Cajamurcia de este megaproyecto. El fracaso de la Autopista Cartagena-Vera es un ejemplo de cómo las expectativas de la venta y especulación de viviendas, como el resto de proyectos fracasados en toda la Región de Murcia, es la que anima este tipo de iniciativas urbano-turísticas. Lo que sorprende en este caso es que este mega-proyecto siga estando avalado por las autoridades públicas, en un paisaje único y escasamente alterado, que fue declarado Parque Regional en 1992.

Según los cálculos realizados por técnicos de la asociación ecologista para aplicar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 11 de febrero a las memorias urbanísticas del proyecto, la edificabilidad planeada se ve drásticamente reducida en unos 440.000 metros cuadrados. Esto, unido al carácter preferente del uso turístico de la AIR de Marina de Cope, es decir, construcción prioritaria del uso hotelero y equipamientos, supone que dicha reducción afectaría directamente a la edificabilidad de las viviendas, que es lo que da mayor rentabilidad al proyecto, que se reducirían en más de 5.000. Como decimos, esto supone una ´mala inversión´ para cualquier promotor que pretenda obtener ganancias con este proyecto.

Tras hacer públicos estos datos, que se recogen en el informe que esta semana hizo pública la asociación y que está disponible para cualquiera que lo desee en la web de la asociación, desde Ecologistas en Acción insistimos en la irracionalidad de este megaproyecto urbanístico en un espacio litoral con importantísimos valores ambientales, geomorfológicos, paleontológicos y culturales que podrían generar innumerables iniciativas de turismo sostenible, así como de otros sectores económicos. Además, hay que recordar que esta no será la única sentencia sobre este asunto, ya que aun quedan recursos por resolver.

Quienes vemos en el Medio Ambiente la solución y no el problema, observamos la falta de rentabilidad del proyecto gracias a una decisión judicial muy relevante y que supone un tirón de orejas a las prácticas urbanísticas de las autoridades en el litoral, como una nueva oportunidad para que el Gobierno Regional cambie de rumbo en su política de desarrollo de la Región de Murcia hacia modelos sostenibles y de verdadero interés general para el pueblo.

(*) Coordinador de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia

El Gobierno español ultima los detalles de la reforma financiera

MADRID.- El Gobierno español está ultimando los detalles de la reforma financiera que podría presentar este viernes, 3 de febrero, y que incrementará las exigencias de provisión a la banca en unos 50.000 millones de euros con el fin de afrontar eventuales pérdidas por su exposición al 'ladrillo'.

   El Ejecutivo de Mariano Rajoy permitirá a las entidades financieras elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario.
   Concretamente, estudia dar un plazo de dos años a las que decidan cargar las provisiones sobre los beneficios, y establecer un periodo inferior para aquellas que las detraigan del capital, según informaron fuentes financieras.
   El Gobierno quiere acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en 'números rojos'.
   El Ejecutivo se ha marcado el objetivo de presentar la reforma financiera antes del próximo 15 de febrero, plazo en el que cobran fuerza las fechas del día 3, y en menor medida, la del día 10. Su objetivo es que el abaratamiento de la financiación permita reactivar el crédito, la actividad y atajar el paro.
   La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró tras conocerse que el número de parados en España asciende a 5,27 millones que el Gobierno ha pisado el acelerador en las reformas estructurales, tanto en la del mercado laboral como en la financiera.

Retegui lamenta que Valcárcel se sienta "impune" porque, desde comenzó la crisis, sus gobiernos han sido "débiles"

MURCIA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, considera que los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel "han sido débiles desde que se inició la crisis" y lamenta que el presidente murciano se sienta "impune" porque "crea que todavía tiene el favor de muchos ciudadanos".

   A su juicio es malo para la ciudadanía de la Región de Murcia que los resultados electorales hayan mantenido el apoyo al PP, aunque bueno para el presidente, "ya que se siente impune", tal como en los últimos años de denuncias por corrupción y especulación de altos cargos del Gobierno, "incluido un consejero que fue delegado del Gobierno".
   "Es como si todo lo malo no tiene que ver con él y la culpa siempre está en otros, y cuando hay una noticia buena por supuesto la da el presidente Valcárcel, que asume toda su responsabilidad", añadió.
   Retegui ha afirmado así que uno de los problemas de los últimos años es que "no ha habido coordinación entre las distintas consejerías", por ello, incidió, "parte del despilfarro y déficit que tenemos es falta de control sobre las cuentas de las consejerías y organismos públicos que dependen de éstas".
   "No ha habido nadie con autoridad", ha lamentado la diputada quien ha criticado la actitud de Valcárcel, "que no quiere que le hagan sombra" e insiste en que él es el máximo responsable de que la Región se encuentre al borde del abismo, "por no coordinar ni dirigir".
   Según Retegui, la situación de crisis actual, es fruto todo ello del "gobierno especulativo de Valcárcel y de la política del PP en la Región de Murcia", que sigue manteniendo, a pesar de la crisis, "demasiado chiringuitos, cargos, gasto inútil y déficit".
   A este respecto, la diputada socialista criticó el Plan de Pagos de la Comunidad Autónoma, "que utiliza el impago como vía de financiación, prohibido por la Ley de Morosidad" y que muchos proveedores aceptarán para evitar su cierre.
   Asimismo, Retegui augura que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se irá "corriendo" antes de cumplir la legislatura, de hecho, "ahora trabaja menos de un 20 por ciento para la Región de Murcia, el 80% lo trabaja para intentar buscar su futuro en Europa".
   "Esto no es bueno para la Región", así que manifestó "o se va ya o debería acallar esas voces, justificar y comprometerse a continuar en la Región hasta las siguientes elecciones autonómicas".
   A su juicio, "Valcárcel está intentando buscar su futuro, no el de la Región de Murcia, sin dejar que crezca debajo de él nada".
"Se encuentra ausente en un momento complicado, con tres consejeros de Economía y Hacienda en siete meses", ha concluido.

sábado, 28 de enero de 2012

El PSOE afirma que el compromiso de Rajoy con la Región de Murcia es "cero"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, afirmó que "lo que se pone de manifiesto tras la reunión de Valcárcel con Rajoy es que el compromiso de nuevo presidente del Gobierno de España para con la Región de Murcia es cero", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   "No se conoce qué es lo que dijo Rajoy sobre los temas que le planteó Valcárcel en la reunión. Pero lo que sí parece claro es que se salió por la tangente en cada uno de los temas que afectan a nuestra Comunidad Autónoma", añadió.
   Asimismo, Saura puso de manifiesto que "Rajoy no dijo nada sobre el AVE, ni sobre la nueva financiación autonómica, ni del aeropuerto de Corvera, ni se comprometió con Lorca, sólo habló de más estudios y análisis".
   "Sin embargo, lo que sí sabemos a estas alturas es que Rajoy ha subido los impuestos, y que cada familia murciana tiene que pagar 535 euros más al año; y que la inversión pública estatal y la política social se han reducido en no menos de 300 millones de euros para la Región de Murcia, lo que tendrá una repercusión muy negativa sobre el crecimiento y la destrucción de empleo", subrayó.
   Y es que, para el líder socialista "es llamativo que Valcárcel no le hablara a Rajoy de los 200.000 parados que ya hay en la Región, una cifra que era impensable y que seguirá creciendo si no se pone en marcha una estrategia de reactivación económica".
   "Sin embargo, lo único que ofrece el PP son ajustes y más ajustes como vía para salir de la crisis", finalizó.

El PSOE exige al Gobierno regional "transparencia" y que haga público el dato de déficit de 2011

CARTAGENA.- El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, ha denunciado públicamente que el Gobierno regional no ha hecho público aún el dato de déficit de 2011, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   De este modo, Navarro exige más transparencia en la gestión y que se den a conocer de una vez los números, "pues al igual que los contratistas, muchos proveedores nos están denunciando que hay facturas en los cajones".
   Asimismo, el diputado socialista ha presentado cinco solicitudes de información dirigidas al consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, en las que pide conocer las obligaciones pendientes de pago contraídas con empresas de mantenimiento y construcción durante los tres últimos años y que no se hayan hecho efectivas.  
   Por otro lado, demanda información sobre el 'Plan de pagos' previsto para hacer frente a las obligaciones contraídas durante los años 2009, 2010 y 2011 y que no se hayan hecho efectivas, relativas a empresas de mantenimiento y construcción.
   Igualmente, las vantidades referidas a obras y servicios realizados y facturados durante el año 2012 y 2011 y que están en estos momentos sin contabilizar como obligaciones pendientes de pago; así como la cantidades referidas a obras y servicios que han sido efectivamente realizados por empresas de mantenimiento y construcción y que no han sido facturadas a 31 de diciembre de 2011.
   En quinto lugar, pide que sea informado de las cantidades pormenorizadas por proyectos referidas a obras y servicios que han sido efectivamente realizados por empresas de mantenimiento y construcción durante 2011, que se incorporan para su contabilización y reconocimiento como obligaciones al presupuesto de 2012.
   Y es que, según recordó Navarro, el pasado 5 de enero presentó otra solicitud de información en la que demandaba una copia del convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma y las entidades financieras para el desarrollo del Plan de pagos de la Comunidad (Plan de Pago a proveedores).
   Finalmente, cree que es preciso que la Comunidad aclare todos estos aspectos, a la vez que le pide que también sean reivindicativos con el Gobierno de España y le exijan que aclare cuál es el escenario macroeconómico y que presente los Presupuestos cuanto antes, "para salir de la incertidumbre y de la desconfianza, porque esta situación sólo ocasiona más despidos, más paro y cierre de empresas".