miércoles, 4 de abril de 2018

El secesionismo catalán en la Universidad de Oxford / Gabriela Bustelo *

Una prueba reciente de que la ironía es todavía una de las grandes virtudes británicas me la ha dado William Chislett, corresponsal del Times en España durante la Transición, analista político del Instituto Elcano desde hace casi dos décadas y residente en Madrid desde 1986. 

Había escrito yo una columna titulada “La maldición del extranjero pontificador”, lamentando la obsequiosidad con que mis compatriotas reciben a los autodenominados intelectuales británicos y estadounidenses que se instalan en España a hacernos algo parecido a un psicoanálisis histórico, bien remunerado por las instituciones y los medios de nuestro país. 

Efectivamente, España festeja de manera casi invariable a los hispanistas anglos, cuyas obras se alaban en inflamados artículos y reseñas, cuyas ideas se escuchan atentamente en largas conferencias y cuyas entrevistas permiten entresacar ocurrentes frases tipo “La guerra civil española se podía haber evitado” (Stanley Payne).

Pues bien, a las pocas horas de publicarse el artículo en cuestión recibí un mensaje de William Chislett a través de Twitter donde me preguntaba si el ‘pontificador extranjero’ al que aludía en mi artículo era él. Le respondí que no, que me refería a un grupo amplio de hispanistas tanto británicos como estadounidenses y que la crítica era más bien a mis compatriotas por adoptar una actitud a lo ‘Bienvenido Míster Marshall’ con los extranjeros que iban cayendo sucesivamente por aquí a darnos lecciones magistrales de historia. 

Tras un cordial intercambio de ideas, Chislett me dijo ―con esa memorable ironía británica a la que me refería al comienzo― que si le quería escuchar pontificando en directo sobre temas españoles, tenía una buena ocasión para hacerlo en su presentación del libro inédito de Arturo Barea sobre Federico García Lorca en la sede del Instituto Cervantes en Madrid o en la Universidad de Oxford, donde iba a dar una conferencia sobre la crisis catalana en el “Festival Literario” patrocinado por Financial Times.

Acepté el reto, como se dice ahora, y conseguí un billete barato a Londres para acudir a la conferencia de Chislett en Oxford, donde aprovecharía para visitar a unos viejos amigos. En un domingo gélido de finales de marzo, con la región de Oxfordshire cubierta por un sigiloso manto de nieve, fui paseando por Broad Street, ante las diecisiete cabezas blanqueadas de los emperadores del Old Ashmolean y el teatro Sheldonian, hasta llegar al Martin School, donde Chislett, ‘oxoniano’ cuya familia vivió en la cercana calle Woodstock, va a intentar explicar la inexplicable crisis catalana a varias decenas de sus compatriotas que abarrotan la sala.

Durante una hora el analista británico repasa el hermetismo del gobierno de Rajoy; las fake news orquestadas por el movimiento secesionista, a menudo con ayuda rusa; la ilegalidad del referéndum del 1 de octubre; las mentiras propagandísticas, desde la permanencia en la UE hasta esa riqueza económica que adquiriría Cataluña al independizarse; los ridículos eslóganes como el “Franco ha vuelto”; la diferencia entre políticos presos y presos políticos; el prestigioso estatus de España como una de las diecinueve democracias plenas que existen en el mundo, por encima de Estados Unidos y Francia, ambas consideradas democracias defectuosas en la última edición del Índice de Democracia Anual del Economist; la manipulación histórica de la Guerra de Sucesión española de comienzos del siglo XVIII para encajar el enésimo falso protagonismo secesionista; las autonómicas de diciembre 2017 como confirmación de la profunda polarización de la sociedad catalana; la gran cita de Einstein: “El nacionalismo es una enfermedad infantil, el sarampión de la Humanidad”; la crisis económica de 2007, la corrupción de los partidos nacionales, la manipulación educativa y mediática como factores que han contribuido a fortalecer el secesionismo durante décadas, sin olvidar la forzada imposición del idioma catalán en los colegios.

Y sorprende, lo confieso, escuchar entre los muros de Oxford una queja que se oye en nuestro país casi a diario: “El sistema de justicia español es notoriamente lento”, dice William Chislett. En otros países europeos, explica, unos individuos procesados por las mismas razones que los encausados secesionistas probablemente habrían tenido el juicio ya, pero no en España, donde un acusado puede permanecer en detención preventiva durante dos años si la fiscalía busca una sentencia superior a los tres años como en este caso. 

“Y este período se puede incluso extender”, apostilla el analista británico. “En Inglaterra, creo que el tiempo máximo de detención preventiva es de 182 días.”

La conclusión de la conferencia de Chislett: el problema catalán no lo podrán resolver los tribunales y se requerirá algún tipo de compromiso político para que la parte de la población catalana partidaria de la independencia se sienta cómoda con su estatus español. 

Para alcanzar esta especie de tercera vía entre la independencia y el mantenimiento del statu quo, sería necesario reformar la Constitución, que el Partido Popular “parece considerar tallada en piedra, en vez de escrita sobre papel”, dice Chislett. 

Al oírle no puedo evitar recordar lo que la profesora danesa Marlene Wind, directora del Centro de Política Europea del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, le dijo a Carles Puigdemont en enero de este año: “España es un país más descentralizado incluso que la República Federal de Alemania”

Esa ‘tercera vía de la independencia’ es la que ya disfruta Cataluña desde hace cuarenta años. Lo demás, como el propio Chislett ha explicado, es una mezcla deliberada de manipulación y corrupción.



(*) Periodista y escritora



Cómo se hace un presidente / Ramón Cotarelo *

Así, persiguiéndolo sin descanso, pretendiendo encarcelarlo, como ya tiene a sus compañeros de gobierno e ideología; y quizá consiguiéndolo. Encerrándolo en alguna prisión de la ancha Castilla. Incomunicándolo. Un sueño de los represores que recuerda a aquel fiscal fascista italiano, Isgró, que quería encerrar a Gramsci para evitar que su cerebro  funcionara en los siguientes veinte años.

La idea de que reprimir, perseguir, encarcelar a la gente sirve para detener un movimiento social masivo, democrático y pacífico como el catalán es típica del autoritarismo en general y español en concreto. Se cree que con la policía, los jueces y las cárceles se acabará con opción política legítima sostenida pertinazmente, durante años, por millones de personas. En concreto, más de dos millones en las últimas elecciones cuyo resultado se niega a reconocer el B155 contra toda razón y derecho. 

Y eso es falso. Esos diez presos políticos (y el resto de los represaliados y encausados en otros niveles que se acerca ya a mil) son un símbolo del movimiento independentista, un elemento de movilización continua que, contra lo que cree el gobierno no va a cejar. No hace falta ser un lince para vaticinar que la situación catalana no se normalizará mientras haya presos políticos. Cuando deje de haberlos, probablemente tampoco, pero ese es otro asunto. 

El presidente Puigdemont ha delegado el voto y la mesa del Parlament, es de suponer, se mantendrá en el cumplimiento del acuerdo de proponerlo candidato. Casus belli para el gobierno. A partir de aquí, todo son conjeturas. De hacer lo que gustan las derechas del B155 (PSOE incluido), se entra a saco en Catalunya, se suspende el autogobierno, se declara el estado de excepción y, si hay que ir más lejos, se va. Truculencia hispánica típica que no podrá mantenerse cara al exerior porque tampoco se mantendrá cara al interior.

De ir por otra vía, las partes se enredarían en lo que cabe llamar, una interfaz en bucle o una especie de ping-pong simbólico en los próximos meses. Algo parecido al delicioso epistolario entre M. Rajoy y Puigdemont para esclarecer si cuando este había declarado la independencia, había declarado la independencia, como aquello tan manido de Gertrude Stein, "una rosa es una rosa es una rosa" y así hasta la convocatoria de unas elecciones en Catalunya a las primeras de cambio.

Esas elecciones serán la quinta versión del referéndum que el gobierno y el B155 llevan diez años tratando de evitar. Los otros cuatro fueron: la consulta del 9N de 2014, las elecciones autonómicas de diciembre de 2015, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y las elecciones de 21 del mismo mes y año. Su punto central será la libertad de los presos y eso se va a notar mucho en los resultados. 

Por supuesto, dada la situación, no cabe descartar que haya cruces entre las dos opciones, la más previsible que la campaña electoral se vea distorsionada por la actividad represiva del Estado. Para esto será importante que la convocatoria electoral incluya la presencia de observadores extranjeros.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La partida empieza ahora / José Antich *

La decisión de la fiscalía alemana admitiendo a trámite la demanda de extradición del president Carles Puigdemont formulada por el Tribunal Supremo español y por el juez Pablo Llarena, así como la decisión de mantenerlo en la prisión de Neumünster, conocida a primera hora de este martes, abre el debate jurídico que a partir de ahora se deberá desarrollar en la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein. 

Lo primero que cabe señalar es que la fiscalía se ha dado prisa en su comunicación, ya que teniendo en cuenta que en Alemania era fiesta el lunes, como en Catalunya, ha querido dar por abiertos los trámites lo más rápidamente posible. En segundo lugar, destacar que la posición de la fiscalía es la esperada y que cualquier otra habría sido una sorpresa descomunal. 

Baste señalar, aunque sea a título de inventario, que una actitud similar adoptó hace unos meses la fiscalía de Bélgica cuando se inició en aquel país los trámites judiciales de la primera euroorden y semanas después el magistrado Pablo Llarena procedía a retirarla ante el temor a que la justicia belga desmontara buena parte de los argumentos.

En esta ocasión, esto no sucederá, la batalla jurídica llegará hasta el final y el resultado es incierto. La defensa del president Puigdemont ante los tres jueces de la sala primera de la audiencia territorial alemana que estudiará el caso ya sabe cuáles son las batallas que tiene que dar y que son fundamentalmente tres: la primera que se resolverá es si los jueces le mantienen en prisión o si por el contrario se dictan unas medidas cautelares y se le concede la libertad provisional hasta el veredicto final. 

Los abogados han trabajado intensamente en poder ofrecer a los jueces, llegado este supuesto, una residencia fija con dirección conocida. La recuperación de la libertad provisional a disposición del tribunal sería un primer triunfo, ya que recuperaría una cierta libertad de movimientos y la capacidad de estar presente directamente en el debate político.

Las otras dos batallas tienen que ver con la estrategia de defensa más de fondo para desmontar las acusaciones por los delitos de rebelión y de malversación. En el primer caso, el Tribunal Supremo detalla y la fiscalía alemana acepta que la rebelión se ha basado en un proceso de inconstitucionalidad con disturbios violentos. Y sitúa, sobre todo, dos momentos: las manifestaciones de rambla Catalunya frente a la Conselleria d'Economia y el referéndum del 1 de octubre. 

El relato de la violencia que relata Llarena deberá ser creíble y aceptado por la sala de Schleswig-Holstein. La defensa de Puigdemont tiene bazas para tratar de desmontar el relato del Tribunal Supremo, que se ajusta, según muchos juristas, bastante poco a la realidad de los hechos que sucedieron aquellas dos jornadas.

Lo mismo cabe decir del delito de malversación, del que hasta la fecha no ha aparecido prueba documental alguna de los 1,6 millones de euros que habría costado la organización del referéndum y que habría pagado la Generalitat. 

En este caso, además, hay declaraciones en el Congreso de los Diputados tanto del presidente Mariano Rajoy como del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro negando la mayor a preguntas de Ciudadanos. 

También hay otro informe de la Intervención de la Generalitat asegurando que no constaba en ninguna de las partidas desviación de dinero para el referéndum.

Las fiscalías española y alemana han ido de la mano. Lo previsto. Veremos ahora si los jueces alemanes tienen o no la misma visión que Llarena. Todo está abierto.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *


Puigdemont con la pe­ti­ción fiscal ale­mana para su ex­tra­di­ción y Montoro con sus Presupuestos de las mil lec­turas se re­parten de­por­ti­va­mente este miér­coles por­tadas y grandes ti­tu­la­res, pero la foto del día por una­ni­midad va para el gol de chi­lena de Cristiano Ronaldo en Turín. Mucha co­ber­tura al bajón del paro y a la com­pa­re­cencia hoy de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid para ex­pli­carse sobre el más­ter, o di­mi­tir, o arries­garse a una mo­ción de cen­sura ya en ges­ta­ción, aunque por la aper­tura de El Confidencial la cosa no pinta bien: 'El acta que ex­hibió Cifuentes tiene al menos dos firmas fal­si­fi­ca­das: el do­cu­mento fue fa­bri­cado el pa­sado 21 de marzo, sólo horas des­pués de que es­ta­llara el es­cán­dalo, según han con­fir­mado fuentes del Instituto de Derecho Público (IDP) de la uni­ver­sidad (José María Olmo y Rafael Méndez). 

PRESUPUESTOS. Según dis­tintos cri­te­rios, son so­cia­les, ex­pan­si­vos, con­ti­nuis­tas, de­rro­cha­do­res, elec­to­ra­lis­tas; y la prensa tra­di­cional y di­gital los des­tri­pan, des­me­nu­zan, ana­lizan al mi­cros­copio y sacan pe­tró­leo. Algunos ti­tu­la­res: Expansión: Más gasto y más in­ver­sión. El Economista: Quita en los in­tereses de la deuda para las au­to­no­mías cum­pli­do­ras. El Mundo: La pen­siones su­ponen ya el 41% del Presupuesto del Estado (Daniel Viaña) El País: Más de la mitad de los Presupuestos, para pen­siones y fun­cio­na­rios (Antonio Maqueda). 

El Confidencial. El ahorro en in­tereses y en des­em­pleo paga la subida a pen­sio­nistas y fun­cio­na­rios (Javier G. Jorrín). El Correo: Rajoy tienta al PNV con un au­mento del 33,5% de la in­ver­sión es­tatal en Euskadi. La Información.com: Presupuestos: Montoro arre­bata a Nadal y Escolano los nom­bra­mientos y sus sa­la­rios en la SEPI (Bruno Pérez). Otro ti­tu­lar: Rajoy sale de Moncloa y prevé ofrecer 169 en­tre­vistas este año, el doble que en 2017, por Fernando H. Valls). El Español: La ruina de la em­presa pú­blica: el 30% pierde di­nero y dos aportan el 80% del be­ne­ficio (Arturo Criado). 

OTROS TITULARES DESTACADOS. El Mundo: El Plan E de Zapatero tam­bién se usó para la red de fac­turas falsas del PSPV. Otro ti­tu­lar: Rajoy con­si­dera que la po­lé­mica sobre el máster de Cifuentes es ‘estéril’. El País: El PSOE pro­pone crear 'protocolos efec­ti­vos' para eli­minar no­ti­cias falsas de la red (Miquel Alberola). El Confidencial. La banca fi­nancia a ACS y Atlantia a menos de la mitad de lo que cuesta una hi­po­teca (Agustín Marco). 

El Economista: ACS y Atlantia bajan a 10 años su pacto ‘para toda la vida’ en Abertis: según el acuerdo fir­mado por las tres em­pre­sas, ca­duca en 2028. Otro ti­tu­lar: Dia vende su ne­gocio en China al grupo Suning, dueño del Inter de Milán (Javier Romera). 

Capital Madrid: La sa­lida a Bolsa de la fi­lial en Argentina pone a Telefónica en el es­ca­pa­rate bur­sá­til: los ana­listas dan el visto bueno al mo­mento de la ope­ra­ción y man­tienen las va­lo­ra­ciones (Quesada Vargas). Otro ti­tu­lar: De des­pe­didos del BBVA por González a grandes triun­fa­dores en la com­pe­ten­cia: sus ‘discipulos van desde Bankia, donde es más no­to­rio, hasta el Santander (José Luis Marco). 

Eldiario.es: Adif Alta Velocidad ya su­pera en deuda al Fondo de Rescate de los ban­cos: 17.900 mi­llones (Diego Larrouy). Cinco Días: El Frob ele­vará un 54% sus pér­didas este año, hasta los 117 mi­llones (Juande Portillo). Otro ti­tu­lar: Escolano dice que los tipos de los cré­ditos son ya muy com­pe­ti­tivos (Ángeles Gonzalo). Otro ti­tu­lar: Los hedge funds apuestan más de 3.000 mi­llones contra el Ibex. 

OPINIONES. Editorial en La Vanguardia: ‘La con­tra­pro­du­cente labor de los CDR‘. Enric Juliana en el mismo dia­rio: 'Rebeldes, to­dos: el olor a neu­má­tico que­mado no gusta en Alemania y sirve en ban­deja el dis­curso de la ‘Catalunya vio­len­ta’. Antón Costas en el mismo dia­rio: 'Hablemos pri­mero entre no­so­tros: el procés ha muer­to'. 

Otro edi­to­rial: ‘Presupuestos vir­tua­les’. Editorial en El Periódico: ‘Presupuestos: los de­ta­lles tam­poco ayu­dan'. Olga Grau en el mismo dia­rio: ‘Presupuestos elec­to­ra­les’. Enric Hernàndez en el mismo dia­rio: ‘Reconocer la de­rrota: el in­de­pen­den­tismo gano las ba­ta­llas del 1-O y el 21-D, pero ha per­dido su propia gue­rra'. Editorial en El Mundo: ‘Unas cuentas elec­to­ra­lis­tas, pero ne­ce­sa­rias‘.

 Carlos Segovia en el mismo dia­rio: ‘Tres an­zuelos de Rajoy para ama­rrar res­paldos en sus úl­timos Presupuestos’. Otro edi­to­rial: ‘Puigdemont afronta el fin de su im­pu­ni­dad’. Editorial en ABC: ‘Los PGE y el no­civo cálculo elec­to­ral‘. Otro edi­to­rial: ‘Varapalo alemán al vic­ti­mismo de Puigdemont’. Editorial en La Razón: 'Unos Presupuestos so­ciales y fia­bles'. 

Editorial en El País: ‘Mantenerse a flote: con los Presupuestos, Rajoy as­pira a pro­teger una le­gis­la­tura sin po­lí­ti­ca‘. Antonio Elorza en el mismo dia­rio: ‘El ‘diálogo’ de Rafael Ribó; el Estado de ex­cep­ción será real en Catalunya: lo im­pone la CUP’. Javier Ayuso en el mismo dia­rio: ‘Del G-5 a los no­vios de la muerte: este fin de se­mana en Sevilla habrá que estar atentos a los co­dazos para salir bien co­lo­cado en la foto del PP’. 

Manuel Jabois en el mismo dia­rio: ‘Cristiano así en el área como en el cie­lo’. Editorial en Expansión: ‘Las Cuentas más po­lí­ticas de Rajoy ‘. Editorial en Cinco Días: ‘Un Presupuesto sin más am­bi­ción que ter­minar una le­gis­la­tura es­té­ril‘. Francisco de la Torre en El Economista: ‘Las dos caras del Presupuesto’. Jesús Cacho en Vozpopuli: 'La vio­lencia de los CDR y el poder 'contemplativo' de Rajoy'. 



(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2607 

martes, 3 de abril de 2018

El tráfico nacional de mercancías de la Región de Murcia registra en 2017 el mejor dato de los últimos diez años


MOLINA DE SEGURA.- El tráfico nacional de mercancías de la Región de Murcia en 2017 obtiene el mejor dato de los últimos diez años, al haber alcanzado los 36,7 millones de toneladas. Esta cifra representa un aumento del diez por ciento respecto al año anterior, según los resultados de la Encuesta Permanente de Mercancías por Carretera que publica el Ministerio de Fomento.

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, resaltó hoy, durante su visita a las instalaciones de la empresa de transportes 'El Mosca', en Molina de Segura, que estos datos "ponen de manifiesto la pujanza del sector del transporte en la Región de Murcia".
Rivera subrayó que el total de mercancías transportadas, incluyendo todos los trayectos, ascendió a una cifra de 73,7 millones de toneladas para el sector de la Región, con un incremento porcentual del 4,6 sobre el 2016, que en número absolutos supone un aumento de más de tres millones de toneladas. El último año que se superó esa cifra fue 2010.
Pedro Rivera también destacó el balance de expediciones hacia el extranjero que logra los 2,7 millones de toneladas; un 6,1 por ciento en tasa de variación, "lo que muestra el salto hacia la internacionalización de nuestros empresarios, pues nos encontramos casi en el mismo nivel de crecimiento que la media nacional".
Sólo en el cuarto trimestre casi se llega a los 21 millones de toneladas transportadas, cuatro más que el mismo trimestre de 2016, que supone un aumento del 24 por ciento. En este último trimestre del año el tráfico nacional subió un 18 por ciento mientras que el internacional lo hizo en un 3,4 por ciento.
El consejero de Presidencia y Fomento señaló que el transporte por carretera es "un sector muy importante en la economía regional", que a final de 2017 tenía más de 25.300 afiliados al sector del transporte y almacenamiento, un 3,7 por ciento más que el del año anterior, y añadió que el sector continua su "evolución ascendente" en 2018, con cerca de 25.500 afiliados al terminar febrero, lo que supone un incremento de más del 3 por ciento en la tasa de variación interanual.
El consejero realizó una visita a las instalaciones de 'El Mosca', de la que dijo que es un "referente en transporte terrestre nacional e internacional, pero también en el marítimo que cuenta con servicio de cabotaje en carga completa", con equipos propios, desde todos los puertos nacionales con destino a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Además esta empresa de transportes cuenta con autorización como operador de aduanas y con más de 50.000 metros cuadrados de almacenes para depósito de mercancías y preparación de pedidos.
El consejero puso de manifiesto que 'El Mosca' será una de las empresas que ejercerá de "punta de lanza en el arranque de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Murcia, uno de los puntos de entrada de la Región de Murcia en el Corredor Mediterráneo, que nos permitirá colocar nuestras mercancías en el corazón de Europa de la forma más competitiva y más eficiente".

Los Presupuestos Generales del Estado destinarán 330 millones de euros a infraestructuras en la Región en 2018

MURCIA.- Los Presupuestos Generales del Estado destinan este año a la Región 330,2 millones de euros para infraestructuras, de los que 291,3 millones serán para inversión, un 27% más que en 2017.

Según informaron fuentes de Fomento, con respecto a los presupuestos aprobados en 2017, la inversión en carreteras de Murcia se incrementará un 2,90%, pasando de los 48,26 millones de euros en 2017 a los 49,65 millones de euros en 2018.
Entre estas inversiones destacan las partidas destinadas a iniciar las obras del tramo de la A33 entre Yecla y Caudete (12 millones de euros), que ya se han licitado; la dotación para licitar las obras en la A-33 en el tramo que une el enlace de la N-344 con el enlace de A-31; y la finalización de las obras en la A-33 entre Jumilla y Yecla.
Además, en el ámbito de los proyectos se asigna una partida para el tercer carril de la A-7 entre el enlace de Monteagudo-Fortuna y el enlace de Orihuela-Benferrí.
Según las fuentes, al margen de las inversiones por ser extrapresupuestaria, dentro de las concesiones del Plan Extraordinario de Carreteras (PIC) se prevé una inversión inicial de 513 millones de euros para las obras del Eje Este-Oeste de la A-7, que afecta a Alicante y Murcia, y una inversión inicial de 246,60 millones de euros para el Eje Norte-Sur de la A-30 en Murcia.
La inversión en ferrocarriles en la Región ascenderá este año a 180,20 millones, lo que supone un incremento del 41,80% frente al anterior (127,06 millones).
Además, se destinarán 172,40 millones a continuar con los trabajos en el Corredor Mediterráneo, incluyendo una dotación de 42,3 millones para las obras del tramo Monforte del Cid-Murcia de la LAV Levante; otra dotación de 38 millones para las actuaciones en la línea Murcia-Cartagena; y una asignación de 81,7 millones para continuar con los trabajos de la LAV Murcia-Almería, de un total para la línea de 89,1 millones en 2018.
Así mismo, han señalado que se contemplan todas las partidas necesarias para llevar a cabo la totalidad de las fases de soterramiento y las obras se licitarán en su totalidad este año (El Carmen-Barriomar y Nonduermas-Sangonera), de acuerdo a los proyectos redactados.
Asimismo, se contemplan las partidas necesarias para concluir el estudio informativo y proyecto constructivo para la licitación de las obras de integración del ferrocarril en Lorca, y la dotación comprometida para la redacción del estudio informativo de la Variante de Alcantarilla correspondiente a la línea de Chinchilla, así como la inmediata licitación de las obras de integración en Alcantarilla de la línea del Corredor Murcia-Almería.
Adif, por su parte, destina varias partidas para inversiones en red convencional, como la Variante de Camarillas (8,90 millones) y las actuaciones en las instalaciones de seguridad en vía única en el tramo Murcia-Lorca (1,2 millones euros), al tiempo que invertirá 1,90 millones en actuaciones en la terminal ferroviaria de Escombreras.
Con respecto a los aeropuertos, la inversión en la Región se ha incrementado un 135,5%, según las fuentes, que han señalado que la inversión total prevista para el apoyo y el mantenimiento de infraestructuras del Aeropuerto de Murcia-San Javier es de 0,8 millones.
Además, en 2018 se pondrá en condiciones operativas el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia-Juan de la Cierva. Para ello se invertirán 0,5 millones de euros.
Por su parte, la inversión prevista para la Autoridad Portuaria de Cartagena asciende a 32,925 millones, destacando, entre otras actuaciones, el Tramo I a la dársena de Escombreras (21,914 millones).
En cuanto a vivienda, la Región de Murcia contará este año con 15'40 millones para subvenciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Diputado Pedro Saura (PSOE): «El Presupuesto desliza a este año lo que no gastaron en 2017»

MURCIA.- El diputado del PSOE por Murcia en el Congreso, Pedro Saura, aseguró hoy que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 son "una tomadura de pelo para la Región de Murcia, ya que el Gobierno desliza lo que no ejecutó en 2017, un 50% de lo presupuestado, a este año".

Saura considera que "es también otra tomadura de pelo que se presupueste la mitad de lo que se presupuestaba para la Región de Murcia entre 2008 y 2011, lo que demuestra la falta de compromiso del Partido Popular con el desarrollo de nuestra región".
El diputado socialista en la Cámara Baja señala que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha presentado unas cuentas ficticias porque destina cantidades muy bajas a proyectos que requieren de una inversión muy superior a la que estima el Partido Popular.
"Es un presupuesto ficticio, que vuelve a olvidar y despreciar a la ciudadanía de la Región de Murcia, con unas cuentas maquilladas y que son, como es normal durante los años de Gobierno de Rajoy, una tomadura de pelo por todas estas razones", concluyó Saura.

Avistan una medusa 'carabela portuguesa' en Cabo de Palos

LOS ALCÁZARES.- Servicios de Emergencias de Los Alcázares han avisado del avistamiento de la medusa 'carabela portuguesa' en la mañana de este martes en la zona del puerto de Cabo Palos, cuya picadura es peligrosa y muy dolorosa, según informa dicho servicio.

Esta medusa es una especie "monotípica de hidrozoo sifonóforo de la familia Physaliidae". Añaden también que se suele encontrar en mar abierto en todas las aguas cálidas del planeta, en especial en las regiones tropicales y subtropicales de los océanos Pacífico e Índico, así como en la corriente del Golfo atlántica.
Su picadura es peligrosa y muy dolorosa, subrayan, y su presencia no es habitual en estas aguas, "de ahí que nos llame la atención".
Piden además colaboración ciudadana por si se vuelve a avistar a este tipo de medusa en el litoral murciano: "Si se ve alguna y se puede aportar información con imagen y ubicación, sería de interés".
Esta medusa es también conocida como 'fragata portuguesa', 'agua mala', 'botella azul' o 'falsa medusa'.

El alquiler se dispara un 7,6% en sólo un año

MADRID.- Alquilar una vivienda nunca fue tan caro como lo es hoy. Como tampoco ha sido nunca tan lucrativo poner un piso en alquiler. Los precios siguen al alza y la rentabilidad para los inversores, también. Un 7,6% es lo que ha subido la media nacional, pero se ha rebasado el 16% en Sevilla, Tenerife o Valencia, según un informe periodístico de El Mundo

Los precios de la vivienda nueva y usada escalaron un 4,3% en el último trimestre de 2017, una subida demasiado marcada, según advirtieron ayer desde la Sociedad de Tasación, alcanzando un precio medio de 1.532 euros el metro cuadrado y que se ha acelerado considerablemente en apenas unos meses -en el último trimestre de 2016 subió un 0,3%- desde que el sector inmobiliario inició su recuperación en nuestro país.
La rentabilidad bruta de los alquileres también se está disparando. Ha alcanzado el 8,2% en el primer trimestre de 2018, devolviendo el ladrillo a una de las primeras posiciones, en cuanto a atractivo, como destino del ahorro de los españoles.
Madrid, con una rentabilidad del 7,46%, o Barcelona, con un 8,72%, son dos de los destinos en los que puede resultar más interesante poner una vivienda en alquiler, pero no son las ciudades en las que más está creciendo. Sevilla, Valencia y Santa Cruz de Tenerife encabezan, con mucha distancia, el ranking de este primer trimestre del año, con alzas del 17,7%, 16,7% y del 16,2%, respectivamente.
El informe Tendencias del Sector Inmobiliario de la Sociedad de Tasación establece un semáforo del riesgo que el inversor asume al poner en alquiler una vivienda según la comunidad autónoma. En el caso de Madrid, Valencia o Sevilla, el riesgo es casi inexistente, según este informe. La otra cara del riesgo la encontramos, sin embargo, en Cantabria, Huelva, Ávila o Teruel.
Para intentar contener el precio de los alquileres y evitar a toda costa que se produzca una burbuja en el sector, el Gobierno incluyó el mes pasado en el Plan Nacional de Vivienda un programa de ayudas destinado a estimular los alquileres, con ayudas directas a los menores de 35 años que podrían acceder hasta un 50% del precio, siempre que no supere los 600 euros [algo que prácticamente descarta las grandes ciudades], y los ingresos del solicitante no rebasen cuatro veces el IPREM (el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, que no sean superiores a 30.000 euros anuales.
En los grandes núcleos de población, como Madrid o Barcelona, y en las zonas especialmente turísticas está teniendo un impacto creciente la irrupción de los llamados pisos turísticos que se gestionan en su mayoría a través de plataformas como Airbnb.
El fenómeno de la gentrificación, que es como se conoce, está desplazando a los habitantes de estas ciudades hacia la periferia, elevando los precios del alquiler, y dejando los centros y las zonas próximas a los puntos de interés casi exclusivamente para los turistas.
Esta realidad es en sí misma una excelente oportunidad para los inversores, que adquieren inmuebles todavía a precios inferiores al estallido de la crisis y optan por rentabilizarlos y explotarlos a través del alquiler turístico. Sin embargo, la capacidad de los españoles para reunir el dinero que exige una inversión inmobiliaria ha quedado muy mermada con la crisis económica y son, en gran medida, oportunidades al alcance sólo para grandes patrimonios.
Los españoles necesitan unos 7,5 años de sueldo íntegro para la adquisición de una vivienda media, según la Sociedad de Tasación. En concreto, su índice de esfuerzo inmobiliario, que mide el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano necesita destinar para comprar una vivienda de tipo medio, se ha situado en el primer trimestre del año dos décimas por encima de lo registrado en 2017.
Pero el esfuerzo no es igual depende en la CCAA en la que vivas.En Baleares son necesarios casi 15 años y en Madrid (8) y Cataluña (8,5) el esfuerzo es alto, pero menor. País Vasco (7,4 años), Canarias y Galicia (7,2), Cantabria y Andalucía (6,9), Navarra (6,3), Castilla y León (5,8), C.Valenciana (5,6), Castilla-La Mancha (5,4), Asturias y Extremadura (5,3), Aragón (5,2), Murcia (4,9) y La Rioja (4,8 años) completan el ranking.

Los acuíferos aportarían siete veces el agua de los embalses

MADRID.- Los cálculos apuntan que la capacidad de los acuíferos en España supera los 400.000 hectómetros cúbicos (unas siete veces el agua total que se puede recoger en los embalses). Y es una cantidad de agua que hoy en día se encuentra desaprovechada, bien por una falta de gestión, bien por una mala gestión, lo que da lugar a la sobreexplotación de las masas subterráneas, plantea hoy elEconomista.

Actualmente, la estimación de las reservas totales de los acuíferos de las distintas demarcaciones es de 48.000 hectómetros cúbicos, según Juan José Durán, director del Departamento de Investigación en Recursos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España (Igme), por lo que se podría multiplicar casi por 10 la capacidad de abastecimiento actual. 
Según los expertos, dadas estas cifras, una gestión regulada de los acuíferos, que incluyera la recarga artificial, se sumaría a las herramientas para planificación hídrica del país que permitiría hacer frente a los episodios climáticos extremos y al estrés hídrico. 
Y más teniendo en cuenta que entre el 25% y 30% de los recursos utilizados para abastecimiento urbano proceden de fuentes subterráneas, el 20% de los recursos para el riego -lo que supone el 28% de la superficie regada- y el 22% del agua para uso industrial.
"No existe un ciclo verdadero de gestión integral del agua. Se ha desasociado la fase subterránea del ciclo integral del agua urbana. No existe una solución única, pero vemos que, cuando tienen lugar las grandes discusiones políticas, se centran en trasvases, desaladoras, etc., pero existen distintas herramientas", se queja Fernando López Vera, presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua.
La explotación del acuífero está, desde el punto de vista jurídico y a nivel nacional, "pendiente de desarrollo legislativo", apunta José Antonio de la Orden, investigador del Igme. 
A nivel europeo, la Directiva Marco del Agua considera la recarga artificial como una presión sobre las masas de agua subterráneas, es decir, por lo tanto, se considera un vertido. El Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico no hacen una definición de la recarga artificial de acuíferos, por lo que se extiende la consideración europea de vertido. 
"Hay que flexibilizar la normativa. Según la actual, la lluvia no cumpliría los requisitos, sería considerada vertido", explica Jesús Carrera, profesor de Investigación del Instituto Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.
No es el único aspecto que preocupa al sector de la regulación sobre acuíferos. La titularidad del acuífero y de la recarga es otro de los aspectos que están pendientes de desarrollo normativo, así como la normativa de su aprovechamiento, lo que crea inseguridad jurídica para los operadores.
Además, el perímetro de salvaguardia del volumen de agua recargada, así como la flexibilización de la utilización conjunta, son aspectos que las empresas demandan que se regule para poder poner en práctica más proyectos de recarga.
"Empresarialmente no vamos a apoyar más, es la administración la que tiene que cambiar la ley y cambiarla radicalmente", indica Pedro Rodríguez Medina, director de Desarrollo Corporativo de FCC Aqualia. Hoy en día, tal y como está la legislación, apostar por la recarga artificial de acuíferos, "es más costoso, porque sería incluir nuevas fases en el tratamiento para ser capaces de recargar los acuíferos", continúa. 
De la misma opinión es Marina Arnaldos, responsable del Área de Recursos Hídricos, Producción y Regeneración de Cetaqua, quien apunta que "plantear que el operador va a hacer algo que no es rentable, no es posible. No va a tratar un agua para recargar un acuífero que no va a utilizar. Otra cosa sería que no tuviera que tratarla".
Por su parte, la administración parece no tener en su agenda a corto plazo este tema. Luis Martínez Cortina, consejero del Ministerio de Agricultura, asegura que "se puede hablar de ello en los planes hidrológicos del tercer ciclo; los segundos estaban muy centrados en la depuración. Pero no es algo ni inmediato ni sencillo". 
Y recuerda que las cuestiones medioambientales tienen prioridad en este asunto. "La Directiva Marco del Agua recoge la recarga artificial como una presión sobre nuestras masas de agua. Y el fin último de la directiva es preservar el estado de las masas. Lo que hay que demostrar es la inocuidad de lo que viertes".
Según Victor Arqued, secretario general de Planificación y Uso Sostenible del Agua, las líneas de actuación se centran en la actualización del inventario de recursos hídricos, ajustes en la caracterización de las masas de agua subterránea, el ajuste de los programas de seguimiento sobre las mismas, de las exenciones y la actualización y ajuste de los programas de medida.

Comienza en Cartagena la poda de mas de 200 históricos eucaliptos y pinos de la N-301


CARTAGENA.- La concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Cartagena, que dirige Juan Pedro Torralba, ya ha iniciado los trabajos de poda de los más de 200 eucaliptos y pinos que se encuentran en los márgenes de la carretera N-301, que conecta las poblaciones de Los Dolores, Santa Ana, Miranda y El Albujón.

La puesta a punto de estos árboles cuenta con un presupuesto de 60.498,79 euros y está previsto que concluya en el próximo mes de mayo.
El concejal Juan Pedro Torralba ha explicado que “la poda de estos árboles fue un compromiso que adquirimos con los vecinos de la zona y que este equipo de Gobierno tenía mucho interés en cumplir. Con la puesta en marcha de las labores de poda se desbloquea una demanda de los usuarios de esta vía que quedó paralizada a finales del pasado año”.

C's Lorca exige al equipo de Gobierno que regularice la situación laboral de los músicos de la Banda Municipal

LORCA.- Ciudadanos ha exigido hoy al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca que regularice en un mes la situación laboral de los músicos de la Banda Municipal, cumpliendo así con el acuerdo de Pleno de noviembre aprobado por unanimidad.

En dicha moción, se especificaba que se llevaran a cabo las actuaciones oportunas al objeto de que en la relación contractual correspondiente para los servicios de la Banda de Música, se pudieran incorporar las previsiones y garantías sobre la normativa laboral que resulta de aplicación, "ya que habíamos constatado la existencia de músicos pertenecientes a la Banda Municipal de Música de Lorca sin estar dados de alta en ningún Régimen de la Seguridad Social, a pesar de que dicha prestación de servicios cabe ser encuadrada como una relación laboral por cuenta ajena", explica el portavoz municipal, Antonio Meca.
"En febrero ya realizamos una pregunta en el Pleno al comprobar que se había firmado el convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Taller de Música para la realización de las actuaciones contenidas en la memoria 'Actividades propias de la Banda Municipal de Música en el año 2018' por importe de 156.023 euros, exactamente el mismo importe la subvención del año anterior, lo que supone que no se había tenido en cuenta el aumento que debiera tener la una vez reflejados los gastos de seguros sociales de los músicos de la Banda Municipal y así cumplir con la ley", ha añadido Meca. 
Ciudadanos ha presentado un escrito al alcalde en el que le insta a regularizar la situación en el plazo de un mes, tras comprobar que "transcurridos más de cuatro meses, el equipo de Gobierno no ha tomado ninguna iniciativa para dar cumplimiento al acuerdo plenario".

José López exige al Gobierno regional que devuelva de sus bolsillos los dos millones estafados a todos con la improvisada tubería de Cachá

CARTAGENA.- Veinte meses después que el secretario general de MC Cartagena, José López, en aquellas fechas alcalde, alertara sobre la carencia de documentación y autorización reglada para la construcción de la tubería que desviara las aguas con nitratos desde la rambla del Albujón al Mediterráneo, se ha conocido que dos de los principales responsables de aquella obra "de urgencia", el ex director general del Agua, Andrés Martínez, y el ingeniero técnico forestal de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, José Luis Manovel, están siendo investigados por el Juzgado nº 2 de Murcia. 

Sobre ellos recaen posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Los dos prestarán declaración la semana que viene.
Las obras investigadas, para la construcción de una tubería que nunca se utilizó, supuso una inversión regional cercana a los dos millones de euros y fueron ejecutados, supuestamente, sin los informes necesarios, a pesar de afectar al espacio protegido de la Marina del Carmolí, incluido en la Red Natura 2000.
Fueron aprobados en tiempo récord en el verano de 2016 y tendrían como objetivo la derivación de los caudales de la rambla del Albujón hasta la red de la Comunidad Regantes Arco Sur. Desde allí serían vertidos al Mediterráneo por el emisario de Cabo de Palos, después de ser tratados en una desalobradora.
Ante estos hechos, José López ha expresado que la investigación judicial sobre la "improvisada tubería viene a confirmar nuestras sospechas".
 "Nos criticaron cuando envié a la Policía Local a levantar acta y ahora resulta que teníamos razón", ha continuado.
López ha aseverado que "la tubería a ninguna parte llegaba al Juzgado". El dirigente de MC ha prevenido sobre "tres años de engaños a agricultores y décadas de desprecio al Medio Ambiente. Así se define la política del PP sobre el Mar Menor".
En relación a actuaciones futuras, el secretario general de la formación cartagenerista ha solicitado las disculpas de los responsables, y "devolver los dos millones de euros que regalaron a una empresa para nada".
"Desde MC seguiremos trabajando en alternativas serias y legales para mejorar el Mar Menor y el medio natural. Sin engañar a los agricultores y sin malgastar unos recursos que son escasos", ha concluido.
MC Cartagena espera la depuración de responsabilidades, también en su ámbito político, en la figura de la que en 2016 era responsable regional de Medio Ambiente, Adela Martínez Cachá. Debería responder de una actuación que ha causado un triple perjuicio: a los bolsillos de los contribuyentes; al medio ambiente, y un engaño a la sociedad, de manera más concreta, al sector agrario.
La tubería a ninguna parte fue otro de los proyectos irresponsables de Cachá, ejemplo de los incompetentes consejeros que nombró Pedro Antonio Sánchez. Posteriormente, Adela Martínez Cachá fue recolocada, tal y como ha sucedido con Noelia Arroyo, a otras Consejerías de menores responsabilidades.

MC-CT insta a los gobiernos local y regional a impulsar la descontaminación de los terrenos de El Hondón

CARTAGENA.- MC insta a los gobiernos local y regional a impulsar la descontaminación de los terrenos de El Hondón cartagenero. El concejal Francisco Calderón recuerda que se trata de un problema de salud pública y, en 2018, los socialistas han frenado los estudios y los populares han aparcado la exención de las tasas de residuos.

En octubre de 2017, se dieron a conocer las conclusiones de los trabajos sobre 'Caracterización, diagnóstico y análisis de riesgos de los suelos, balsas y acopios en la parcela de El Hondón'. 
El estudio fue encargado por José López como alcalde de Cartagena al grupo de investigación de gestión, aprovechamiento y recuperación de suelos de la UPCT.
El concejal de MC, Francisco Calderón, ha recordado que, desde sus pasadas responsabilidades al frente del área de Calidad de Vida, "aprobamos una cátedra de Medio Ambiente con la UPCT, especializada en regeneración de suelos, para dar continuidad a los estudios previos al obligado y necesario proyecto de descontaminación de esta zona".
Calderón ha subrayado que "hasta aquí ha llegado el impulso. Ahora no consta que Castejón y los suyos hayan sido capaces ni de tramitar el pago inicial de la cátedra para que puede llegarse a la descontaminación de El Hondón. 
Claro, ellos son cortoplacistas y piensan que allí no habrá foto esta legislatura, sin que aprecien que lo que deben hacer es trabajar, en este caso, por la salud de los vecinos, algo secundario par ellos y esencial para nosotros".
El edil cartagenerista ha puesto de relieve que la "inacción del Gobierno regional", reseñando que, hace unos días, el diario La Verdad publicó que la Consejería de Hacienda de la CARM había aparcado la aplicación de la exención de las tasas para estos trabajos.
Por ello, Francisco Calderón ha anunciado que MC llevará una moción al próximo Pleno municipal para instar al Gobierno regional a que realice una modificación legislativa como la efectuada en 2010 para facilitar la recuperación de la Bahía de Portmán, para eximir de la tasa a estos necesarios trabajos y activar un asunto que preocupa muy poco a la CARM, aunque fuera provocado por el PP".
Cabe recordar que la Ley 9/2005 contiene una habilitación que permite, a través de la Ley de Presupuestos Generales, modificar las cuantías de los gravámenes del impuesto por depósito o almacenamiento de residuos. Y que, entre los supuestos de no sujeción o exención, no aparece la situación de El Hondón.
Calderón ha afirmado que "ni los vecinos del Sector Estación, Los Mateos, San Ginés o Torreciega ni nosotros, podemos entender que, tras décadas de abandono y exposición a los riesgos producidos por los terrenos contaminados, los gobiernos local y regional aparquen la descontaminación del Hondón. Son unos irresponsables y por eso llevaremos este asunto al Pleno".
En el caso del Hondón, los residuos responden a procesos productivos históricos acumulados a lo largo de décadas, siendo desmantelada la planta el año 2000, y resultando técnicamente imposible, salvo que se encuentre alguna fórmula novedosa, la valorización y reutilización de los residuos para evitar que éstos acaben eliminándose mediante deposición en vertedero.
El concejal de MC ha concluido afirmando que "la aplicación de esta tasa supondría una penalización insoportable para avanzar en el proyecto, generando un sobrecoste de millones de euros que compromete la viabilidad de la recuperación de la zona y, con ello, nuestra salud".

PSOE-Lorca vuelve a poner de manifiesto las continuas mentiras del PP en cuanto a las ayudas a la reconstrucción

LORCA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro Pérez, ha vuelto a poner de manifiesto las mentiras que desde la Comunidad Autónoma y a través del consejero de Fomento, Pedro Rivera, se siguen vertiendo en cuento a las ayudas que tienen pendientes de recibir los afectados por los terremotos de 2011.

El edil socialista recuerda que hace unos días informaba que el consejero, en respuesta a la pregunta presentada en la Asamblea Regional por la diputada socialista Isabel María Casalduero, reconocía por escrito que se siguen debiendo a los afectados por los terremotos de 2011 más de 12 millones de euros, concretamente más de 7 millones para la reconstrucción (7.056.792,71 €), casi 4,5 millones en concepto de alquileres (4.493.614,88 €) y el resto en concepto de Reparación y Enseres.
Navarro subraya que el consejero ante la pregunta realizada por la diputada socialista se encontró ante una tesitura complicada, ya que"los números son los que son y no es posible modificarlos ni maquillarlos, ya que estaría cometiendo un delito de falsedad documental", y mintió, asegura el edil socialista, al argumentar que los retrasos en las ayudas al alquiler se deben a una modificación en los tramites burocráticos, "un argumento totalmente falso ya que la regulación de las ayudas se realiza de forma exclusiva a través del RD. 6/2011 y RD. 17/2011, y la forma de pago de esas ayudas las regula el RD. 11/2012, y solo otro Real Decreto, que no existe, puede modificar el tiempo, modo y forma de recibir estas ayudas", afirma.
Además el edil socialista asegura que en cuanto a las ayudas a la reconstrucción, el Sr. Consejero "volvió a mentir", al esgrimir que los afectados no han presentado las correspondientes certificaciones de obra y por ello no se han efectuado los pagos. En este sentido, Navarro ha puesto sobre la mesa un ejemplo sobre uno de los muchos expedientes en las misma circunstancias, el 12.578/2011, que pese a haber presentado la certificación al 100%, el correspondiente certificado final de obra hace más de seis meses y tener toda la documentación presentada en tiempo y forma sigue sin recibir las correspondientes ayudas.
Navarro dice "no entender a que está jugando la CARM ni a que obedecen las declaraciones del consejero" ya que lo único que está consiguiendo es alargar la agonía de los afectados e incrementar los costes, tanto de la CARM como de los afectados, por los retrasos en el pago de las ayudas.
El concejal socialista ha mostrado su estupefacción al comprobar como de nuevo la Consejería de Fomento vuelve a sacar más de 400.000 euros del fondo de ayudas para la reconstrucción de Lorca, que concedió el Banco Europeo de Inversiones para pagar la construcción de una rotonda en Puerto Lumbreras.
Concretamente, afirma Navarro, 420.760,22 euros que "deben ser,sí o sí, para invertirlos en Lorca y, sí o sí para la reconstrucción de la ciudad de Lorca tras los terremotos de 2011", recordando queel préstamo BEI (Banco Europeo de Inversiones) se le concedió a la CARM exclusivamente para la reconstrucción de Lorca, por lo que "no solo no pagan lo que deben, sino que se llevan el dinero a donde con corresponde", asegura.
En este sentido, el edil socialista ha exigido que esta obra que se encuentra en fase de licitación se paralice de inmediato y se busque otra financiación que, desde luego, no sea de un préstamo concedido para la recuperación de Lorca por los fatídicos terremotos.

El PSRM muestra su inquietud por los datos de paro que muestran que la Región sufre la peor tasa interanual

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón ha asegurado que las cifras de paro muestran que la Región sufre la peor tasa interanual de todas las comunidades autónomas.

Guillamón ha señalado que estos datos contradicen las manifestaciones del Gobierno del Partido Popular, que pretende ofrecer una imagen distorsionada del mercado laboral.
"Casi el 80 por ciento del descenso del número de parados durante este mes de marzo se debe a contratos temporales firmados en el sector servicios que, de nuevo, soporta el peso de la evolución del desempleo en la Región. Con un empleo temporal, frágil, inestable, mal pagado y que llega a ser de menos de una semana de duración en alrededor de un 25 por ciento de estos contratos".
El diputado de la bancada socialista ha explicado que: "Se mantiene una tasa de cobertura cercana al 50 por ciento que condena a la mitad de los desempleados a una situación de exclusión social. En los últimos años se ha producido un recorte estimado en más de 365 millones de euros en prestación para los desempleados en la Región".
Guillamón ha recordado que a pesar de los intentos del Gobierno regional del PP por aparentar evolución del empleo en nuestra Comunidad, "la triste realidad es que no existe evolución y, además, se está transformando el mercado laboral en un entorno precario, provisional, con empleos de mala calidad y en el que se vulneran los derechos de los trabajadores".
"Ante la grave situación de desempleo, los socialistas hemos presentado propuestas en la Comisión Especial de Empleo para corregir esta situación, que fueron aprobadas en el pleno de la Asamblea Regional y, a día de hoy, no se están considerando para afrontar el mayor problema que se percibe en la sociedad", ha concluido Antonio Guillamón.

Ciudadanos cifra en 20.000 los jóvenes murcianos que podrían beneficiarse del complemento salarial

MURCIA.- Ciudadanos ha vuelto hoy a criticar la “inacción y pasividad” del Gobierno regional ante las cifras de desempleo, tras conocerse hoy los datos del pasado mes de marzo. El diputado regional Miguel López-Morell ha contrapuesto a esta bajada de brazos del Gobierno regional “medidas como los cheques de formación o el complemento salarial para jóvenes, incluidos gracias a C's en los presupuestos generales del Estado. 

Esta última medida se estima que beneficiaría a más de 600.000 jóvenes menores de 30 años, de los que 20.000 son murcianos”.
El denominado ‘complemento naranja’ es, a juicio de López-Morell, “una medida para que los jóvenes que trabajan y no llegan a fin de mes cuenten con una ayuda para formarse y salir adelante en un país que es el campeón de Europa en paro juvenil y precariedad laboral”.
La dotación presupuestaria para el cheque formación para parados es de 1.200 millones, que serán gestionados por las propias comunidades autónomas. Además, para luchar contra el paro de larga duración, que afecta a 18.600 parados en la Región, Ciudadanos ha mantenido también en los PGE la partida de 258 millones de euros para orientación profesional personalizada. 
“Tenemos que lamentar la inacción de un Gobierno regional que sigue a la deriva en materia de políticas de empleo, pero además de criticar, ponemos soluciones en marcha gracias a nuestra influencia en los presupuestos”, ha finalizado López-Morell. 

El Partido Comunista de Águilas pide al gobierno municipal que respete la aconfesionalidad del Estado

ÁGUILAS.- El núcleo local del Partido Comunista de España (PCE) en Águilas ha pedido al gobierno municipal, y en especial a la alcaldesa socialista Mari Carmen Moreno, que respete la aconfesionalidad del Estado que marca nuestra Constitución. De acuerdo con el artículo 16.3, ninguna religión puede tener un carácter estatal ni los poderes públicos beneficiar credo alguno.

En Águilas conviven pacíficamente cristianos católicos con evangelistas, protestantes, judíos, musulmanes, budistas y otras creencias minoritarias. Sin embargo, denuncian desde el PCE local que "el PSOE aplica en la gestión municipal una política claramente favorable a sólo uno de esos grupos sociales, el católico, vulnerando así claramente el principio de aconfesionalidad".
"El Estado aconfesional salta por los aires en Semana Santa", declara Óscar Pérez, portavoz del grupo comunista aguileño. La presencia de ministros y militares en los actos religiosos, la bandera a media asta en instituciones públicas por la muerte de Jesús de Nazaret o los indultos penitenciarios a propuesta de cofradías ponen en cuestión la aconfesionalidad que marca nuestra constitución. 
"Es una muestra de que el nacional-catolicismo franquista sigue asentado en nuestras instituciones y en algunos partidos".
Águilas no se ha mantenido al margen de la polémica, pues los ediles socialistas, y entre ellos la alcaldesa, han presidido el cierre de las distintas procesiones católicas. "Es un caso especialmente cínico", denuncia Óscar Pérez, "pues mientras el PSOE defiende a nivel estatal la laicidad, en Águilas aplican una política ultracatólica que les lleva a presidir actos religiosos e incluso a aumentar las subvenciones de dinero público concedidas a asociaciones religiosas".
Desde el Partido Comunista apuestan por un modelo laico, es decir, aquel donde existe la libertad de culto, la separación real entre instituciones gubernamentales y religiosas y donde el Estado no intercede a favor de credo alguno.

Un fallo técnico provoca retrasos en la mitad de los vuelos de toda Europa

BRUSELAS.- La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, ha alertado este martes de la perturbación en el tráfico aéreo en Europa debido a un problema en su sistema de gestión, que reducirá en un 10% la capacidad de la red europea y provocará posibles retrasos en la mitad de los vuelos programados.

"Ha habido una quiebra del Sistema de Gestión del Flujo Táctico Reforzado (ETFMS, por sus siglas en inglés), con un impacto en el sistema de plan de vuelos asociado", ha informado Eurocontrol en un comunicado.
El organismo intergubernamental ha admitido que "aproximadamente la mitad" de los 29.500 vuelos previstos en la red europea para este martes podría "sufrir algún retraso" debido a la quiebra del sistema y ha precisado que espera que las operaciones de red se reanuden a última hora de la tarde.
Horas antes, el organismo intergubernamental, que contribuye a la puesta en marcha del proyecto 'Cielo Único Europeo' explicó que los procedimientos de contingencia activados a raíz del incidente reducirían "la capacidad de la red europea en un 10% aproximadamente".
Eso sí, dejó claro que "el control del tráfico aéreo no se ha visto directamente afectado y no hay consecuencias para la seguridad derivadas de este incidente".
Eurocontrol ha asegurado que el problema "ha sido identificado" y se ha puesto en marcha un plan de contingencia, que se mantendrá en las próximas horas hasta que haya certidumbre de que el sistema tiene "datos suficientes" para operar de forma "completamente correcta".
A la espera de la recuperación total del sistema, prevista a última hora de esta tarde, Eurocontrol ha solicitado a las aerolíneas que enviaron sus planes de vuelo antes de las 10.26 UTC (Tiempo Universal Coordinado) y que todavía no han despegado a volver a hacerlo dado que los datos se han perdido.
El ETFMS es clave para la gestión del tráfico al emplearse para calcular la demanda de tráfico con la capacidad disponible para el control del tráfico aéreo.
Básicamente sus dos funciones principales consisten en calcular la demanda del tráfico en cada sector de área de operaciones, utilizando información de planes de vuelos de los operadores aéreos y en la asignación de 'slots' (derechos de aterrizaje y despegue).

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura propone derivar 60 hm3 hasta junio


MURCIA.- Los miembros de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura propusieron este martes derivar 60 hectómetros cúbicos a lo largo de los tres próximos meses, según pudo saber el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, citado por La Verdad

Dicha propuesta queda a expensas de la decisión que tome la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que tendrá que publicar una orden en el BOE los próximos días para que se haga efectivo el desembalse. Puede mantener dicho volumen o variarlo.
Este caudal se irá derivando cada mes conforme a las necesidades de la cuenca receptora y a la vista de la evolución de las reservas en el Sistema de Entrepeñas y Buendía. 
Los regadíos recibirían al mes 12,5 hectómetros en origen, y el resto sería para abastecer a la población.
La Comisión se reunió a las 14.00 horas bajo la presidencia de la directora general del Agua del Ministerio, Liana Ardiles. 
Los embalses de la cabecera del Tajo contienen 472 hectómetros, por encima de la línea roja de los 400.

Convocadas protestas hoy en Castilla-La Mancha por el trasvase Tajo-Segura

MADRID.- La Comisión de Explotación del Trasvase del Tajo-Segura reunida para estudiar una nueva cesión del agua, y lo previsible es que dé el visto bueno a una decisión que tomará finalmente el Gobierno, en medio de negociaciones con el PSOE y el malestar de las fuerzas políticas, regantes y entidades locales de Castilla-La Mancha. Para hoy había convocadas protestas en varias ciudades, entre ellos Toledo y Talavera de la Reina, recuerda www.elplural.com

De hecho, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido de que recurrirá la aprobación de un trasvase del Tajo al Segura, si se tiene "la más mínima sospecha de que el acuerdo puede ser ilegal".
El vicepresidente primero del Ejecutivo castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, ha adelantado este posible recurso ante la reunión de hoy, y en la que se podrá autorizar un trasvase de 20 hectómetros cúbicos de los pantanos de cabecera del Tajo al Segura, toda vez que Entrepeñas y Buendía almacenan más de 400 hectómetros cúbicos, que es el mínimo recogido en el memorándum.
Martínez Guijarro ha reprochado que este memorándum "fue una traición al Tajo" por parte de la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que rubricó dicho acuerdo.
"Se gestiona el Tajo mirando a los intereses del Levante, no del Tajo", ha denunciado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, que ha apuntado que en los meses de sequía en los que no se han autorizado trasvases, el Levante ha utilizado el agua de las desaladoras para hacer frente a la situación.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page aseguró el pasado fin de semana que la infraestructura de dicho trasvase "no habría sido posible" en democracia porque "los ciudadanos podrían haber dado su opinión antes y de manera libre". 
Además hizo hincapié en la solidaridad que los castellanomanchegos y, en especial los habitantes ribereños de los pantanos de Entrepeñas y Buendía, han demostrado durante casi cuatro décadas con las comunidades beneficiarias del Levante, tras la obra "ideada y construida en época franquista".
Este martes, hay convocadas protestas en varias ciudades de Castilla-La Mancha, entre ellas Toledo y Talavera.
Fuentes autorizadas del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han dicho a El Plural que “la ministra Isabel García Tejerina tomará la decisión a partir de las recomendaciones de la Comisión de Explotación del Trasvase del Tajo-Segura”, y que “será publicada en unos días en el BOE”.
Tejerina, que ha sido preguntada este martes en Vigo por este asunto, ha dicho que "la comisión técnica deberá evaluar que el 1 de abril se superaban los 460 hectómetros cúbicos" y que se hará "lo que establece la norma".

El Gobierno tomará la decisión once meses después del último trasvase. La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura analiza hoy las existencias de agua acumulada y determinarás, si procede, un trasvase debido a que los pantanos de Entrepeñas y Buendía sobrepasan en la actualidad los 400 hectómetros cúbicos, el umbral mínimo para trasvasar.
Las comunidades de regantes de la Comunidad Valenciana demandan un trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura durante este mes, once de ellos para el campo y el resto para el consumo urbano.
Según datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, durante el mes de marzo, y debido a la sucesión de borrascas que han afectado a casi toda España, la reserva de agua de la cuenca ha aumentado en un total de 2.765 hectómetros cúbicos, lo que equivale a un 25 por ciento de su capacidad.
Sólo durante la última semana, la reserva ha aumentado en 190 hectómetros cúbicos hasta llegar a 6.908 hectómetros cúbicos, y de esta manera, los pantanos de Buendía (Cuenca) y Entrepeñas (Guadalajara) almacenan 245 y 186 hectómetros cúbicos respectivamente, una suma de 431 hectómetros cúbicos.
El Memorándum del Tajo-Segura, suscrito en 2013, establece la posibilidad de transferencias de caudales cuando Entrepeñas y Buendía sumen 400 hectómetros cúbicos, cantidad mínima que se ha sobrepasado con las lluvias caídas las últimas semanas.
El último trasvase se autorizó el pasado 10 de mayo de 2017, con un total de 7,5 hectómetros cúbicos, ya que después de esa fecha, y como consecuencia de la escasez de precipitación entre otras causas, los embalses se quedaron por debajo de los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada.
Las reglas de explotación del trasvase establecen, en función de las existencias en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, 4 niveles para la realización de los trasvases, con un máximo anual de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).
En caso de autorizarse un nuevo trasvase, este no podrá superar los 20 hectómetros cúbicos y, siempre dentro de un escenario de situación "hidrológica excepcional", el órgano competente podría autorizar "de forma motivada" un trasvase de esa cantidad.

El PP defiende la inocencia de Pilar Barreiro tras el paso de la senadora al Grupo Mixto

MADRID.- El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha defendido la inocencia de la senadora por Murcia Pilar Barreiro, que ha abandonado el Grupo Popular para formar parte del Grupo Mixto a petición propia mientras el Tribunal Supremo decide si la procesa o no por la trama Púnica.

José Manuel Barreiro ha insistido en la inocencia de la parlamentaria y ha recordado que la Fiscalía del Supremo ha solicitado el archivo del asunto. El portavoz ha agradecido el gesto a la senadora de dejar el Grupo Popular, "una decisión presidida por la generosidad, el compromiso y la lealtad a este país y al partido al que pertenece".
El cambio de grupo de Barreiro ha sido conocido este martes por la Mesa del Senado. La parlamentaria tendrá ahora que asumir las funciones que se le asignen en su nuevo destino, el Grupo Mixto, cuyo portavoz es el senador de Ciudadanos, Francisco Javier Alegre.
Este partido precisamente es el que exigía al PP que apartara a Barreiro como una de las condiciones para apoyar los Presupuestos, pero los 'populares' mantenían su inocencia y exigían que se esperase a la decisión del Supremo. 
Pese a esta postura, la senadora dejó el Grupo Popular el pasado mes, en vísperas de que el Gobierno aprobara el proyecto de cuentas para 2018.
Barreiro forma parte del Grupo Mixto desde el pasado 23 de marzo. El próximo martes día 10 de abril está convocada a su primera reunión con sus nuevos compañeros, ha explicado el senador de Ciudadanos y actual portavoz del grupo (este cargo va rotando cada dos meses entre los miembros del Mixto).
Será entonces cuando conocerá qué comisiones y asuntos le corresponden. Con el PP, era vicepresidenta primera de la comisión de Energía y vocal en las de Defensa, de Relaciones con el Defensor del Pueblo y Constitucional. El Senado celebra Pleno además ese martes, por lo que si Barreiro acude estrenará también escaño.
Alegre ha asegurado que la senadora murciana ha abandonado el Grupo Popular por la presión de Ciudadanos ante los Presupuestos. "No vamos de farol", ha señalado. 
El senador subraya que no tiene relación con la parlamentaria del PP pero tampoco ningún problema personal en compartir ahora escaño con ella. "Como formación política sí tenemos un problema y es que firmaron un acuerdo de investidura que deben cumplir", insiste.

Fomento lanzará «en los próximos días» el contrato de la A-7 entre Crevillente y Alhama

MURCIA.- El Ministerio de Fomento lanzará "en los próximos días" a concurso público los dos primeros contratos de construcción y posterior explotación del Plan Extraordinario de Carreteras de 5.000 millones de euros que se acometerá con inversión privada, según anunció el titular del Departamento, Íñigo de la Serna.

Se trata del contrato del Eje Norte-Sur de Murcia, una vía de 32,8 kilómetros de longitud y presupuestada en 305 millones de euros, y el tramo de la Autovía del Mediterráneo (A-7) entre Crevillente y Alhama, de 72,8 kilómetros y estimado en 626 millones.
Los contratos de estos dos nuevos tramos de carreteras serán así los primeros proyectos concesionales, esto es, que se abordarán junto con el capital privado, que salen a concurso en España en al menos una década, desde antes de la crisis.
No obstante, a estos proyectos se sumará la licitación de otros contratos del Plan de Carreteras en los próximos meses, toda vez que Fomento prevé licitar obras de este programa por un total de 2.000 millones de euros durante este año, según reiteró De la Serna en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos de su Departamento.
De hecho, el Ministerio tiene ya programados otros dos proyectos del programa, la prolongación de la A-7 en Castellón, por 432 millones y la ampliación de la A-52 entre Vigo y O Porriño, por otros 367 millones.
Además, la licitación de los dos primeros contratos supondrá la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Carreteras anunciado en julio de 2017 por el presidente del Gobierno y al que todas las grandes constructoras ya han manifestado su voluntad de concurrir.
El plan contempla una inversión total de 5.000 millones a tres años con el fin de construir o mejorar unos 2.000 kilómetros de vías y posteriormente explotarlos y mantenerlos durante treinta años.
El programa se costeará mediante el denominado sistema de pago por disponibilidad. En virtud de este modelo, las constructoras que se adjudican las obras adelantan los recursos necesarios para su construcción, que posteriormente recuperarán cobrando un canon anual de la Administración durante el periodo de explotación de la vía. No obstante, contará también con fondos europeos y financiación del BEI.

¿Cómo afectarán a los ciudadanos españoles las nuevas medidas de EE UU para obtener un visado?

MADRID.- El Gobierno de Estados Unidos quiere endurecer aún más, por motivos de seguridad, los controles de entrada para todas aquellas personas que tengan previsto desplazarse próximamente al país.

En este caso, a través de la recopilación unos datos personales adicionales a los ya previstos que proporcionarán los propios individuos vía formulario, entre ellos, las cuentas en redes sociales y de correo electrónico y los números de teléfono que hayan utilizado en los últimos cinco años, según desveló el Departamento de Estado la semana pasada.

La controvertida medida, que se encuentra en trámite de consulta pública (que acaba el 29 de mayo), todavía está pendiente de aprobación y no afectará a todas las personas por igual, incluidos los ciudadanos españoles, a juicio de 20Minutos.

¿A quién afectará la medida?

A todos los solicitantes de visado, de inmigrante (permanente) y de no inmigrante (temporal). En total, calcula el Gobierno estadounidense, a 14,7 millones de personas al año, de los que solo 14 millones son solicitantes de visados de no inmigrante; quedarían excluidos los visados diplomáticos. Hay que recordar que no todos los visados que se piden se conceden.

¿En qué formularios se pedirán los datos?

Para los visados de inmigrante, en el formulario DS-260 (online); para los visados de no inmigrante, en el formulario DS-160 (online) y en el DS-156 (papel, para casos limitados). Estos formularios ya existen: se modificarán para incluir las nuevas preguntas.

¿Qué es un visado de inmigrante?

El que pide un ciudadano extranjero para poder residir de forma permanente en EE UU. Según la Embajada estadounidense en España, "debe estar patrocinado por un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente de los Estados Unidos que sea familiar inmediato, o futuro empleador, y tener una petición aprobada antes de solicitar el visado". El "patrocinador" es el que inicia los trámites. 
Este tipo de visados los pueden pedir familiares de ciudadanos estadounidenses; personas que vayan a casarse con ciudadanos de EE UU y se quieran quedar allí; personas que vayan a trabajar; residentes de EE UU que llevan tiempo fuera; agraciados en la denominada "lotería de la diversidad" para lograr una green card; etc.

¿Qué es un visado de no inmigrante?

El que pide un ciudadano de reside de forma permanente fuera de EE UU y quiere desplazarse allí de forma temporal. Los motivos son diversos: turismo, negocios, estudios, empleo temporal, un tratamiento médico, etc.

¿Cuántos visados se conceden al año para España?

En el año fiscal 2017, según datos del Gobierno de EE UU, se emitieron 766 visados de inmigrante asignados a España; de ellos, 465 se emitieron desde las representaciones diplomáticas. En cuanto a los visados de no inmigrante, se emitieron 36.221 (32.783 a nacionales españoles), la mayor parte para los llamados "exchange visitor" (au pairs, profesores).

¿Y para los turistas?

Los españoles no necesitan pedir un visado para hacer turismo a EE UU. Es más, no necesitan pedirlo para estancias de menos de 90 días, ya que España está incluida junto a otros 37 países en el Programa Visa Waiver, que les exime de este trámite. Lo que sí necesitan es un pasaporte con datos biométricos (no sirve uno provisional) y una ESTA: autorización de viaje que tiene una vigencia de dos años. 
Desde enero de 2016, explica Exteriores, hay una excepción a estas autorizaciones para "los españoles que hayan viajado a Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia y Yemen (desde 1 marzo 2011) o tengan la doble nacionalidad española y de alguno de estos países".

¿Cuántos españoles viajan a EE UU cada año?

En 2016 lo hicieron unos 800.000, según cifras oficiales.

¿Qué datos adicionales se quieren pedir ahora?

Los formularios mencionados antes requerirán a los solicitantes el detalle de los perfiles que hayan utilizado en redes sociales en los últimos cinco años. Habrá un listado para ir seleccionando en el que estarán, entre otras, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Flickr, Linkedin, Reddit, MySpace y Weibo. 
También se pedirá la relación de números telefónicos, direcciones de correo electrónico y viajes internacionales en ese mismo tiempo, así como direcciones físicas anteriores (desde los 16 años), aclaraciones sobre problemas previos con inmigración o sobre si se tienen familiares con vínculos terroristas.

¿Es esto nuevo?

No del todo. En junio del año pasado, el Gobierno de Donald Trump ya aprobó una norma que permitía a los funcionarios pedir estos datos a los solicitantes de visados que requirieran de un "escrutinio adicional". Y cifró estos solicitantes en unos 65.000. Asimismo, los ciudadanos de los países del programa Visa Waiver pueden facilitarlos de forma opcional desde octubre de 2016.

Contexto adicional

Según el Gobierno de EE UU, en 2015 vivían en el país unos dos millones de trabajadores no inmigrantes, estudiantes, visitantes de intercambio, diplomáticos y otros. En 2014, había 12,1 millones de inmigrantes no autorizados, la mitad mexicanos.

La cúpula de 'Defex' obtuvo más de 20 millones en mordidas por la venta de armas

MADRID.- Los principales investigados en el caso de supuesta corrupción internacional con la venta de armas desde la empresa pública Defex, el expresidente José Ignacio Encinas Charro y el directivo y coronel de Infantería de Marina retirado, Ángel María Larumbe, han conseguido más de 10 millones de euros cada uno en comisiones irregulares entre 2002 y 2012, según fuentes del caso que se instruye en el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional y recoge la Cadena SER.

Mordidas por la venta de armamento y distinto equipo de seguridad en más de 70 contratos bajo sospecha suscritos con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros, que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en paraísos fiscales.
Encinas Charro y Larumbe, a través de uno de sus supuestos testaferros, Vicente Ferro, han afirmado al juzgado que las comisiones eran lícitas y las autorizaba la propia Defex. Para ello, han presentado un escrito en un folio sin membrete y con el porcentaje del beneficio escrito a bolígrafo: un 0,5% de cada contrato de la empresa pública.
Pero ha sido Defex la que ha desmontado la coartada de los supuestos cabecillas de la trama, al contestar en un documento al juzgado que "bajo ningún concepto" autorizaron jamás las comisiones.
El caso de supuesta corrupción en la ya disuelta empresa pública Defex, dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), estalló en 2014 cuando el entonces titular del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, desvelaron el fraude cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 por un total de 152,9 millones de euros.
La pública Defex, en colaboración con Comercial Cueto, aprobó la venta por ese importe, pero al país africano solo le llegaron armas por valor de poco más de 50 millones. Los más de 100 restantes se repartieron, supuestamente, entre funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España. 
Para ello utilizaron una compleja ingeniería societaria opaca en paraísos fiscales que fue diseñada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa.
Las fuentes de la investigación, que ha sido dirigida por la UCO de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional, sostienen que esta empresa pública funcionaba “en el ámbito de la comisión” y “sobredimensionaba el coste de los equipamientos a exportar entre un 200 y un 300 por ciento” para repartirse mordidas millonarias en colaboración con funcionarios corruptos de los países a los que vendía armas.
La pieza separada que investiga el contrato con Angola está prácticamente cerrada y preparada para el juicio oral. Casi todos sus responsables han sido identificados excepto el "kin" (sic) o "rey" de la trama (king): el mayor comisionista que solo por este contrato cobró una mordida de 3 millones de euros.
Al menos García Paesa y Juan Carlos Cueto, así como José Ignacio Encinas Charro, conocen la identidad del particular "míster X" de la organización criminal, según fuentes de la investigación, pero hasta el momento se han negado a desvelarla. 
Encinas Charro se limitó a asegurar cuando fue preguntado al respecto por el juez que eso eran "palabras mayores".