MURCIA.- El empresario y promotor del complejo Nueva Condomina y propietario del Real Murcia, Jesús Samper, ha asegurado, a su salida de los juzgados, que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Murcia, David Castillejos, no le ha impuesto "ninguna medida cautelar", aunque le ha imputado, según fuentes del TSJ de Murcia, delito fiscal, inducción a la prevaricación y blanqueo de capitales.
Tras finalizar su comparecencia ante el juez que investiga esta presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia, que se prolongó durante algo más de dos horas, Samper ha comentado únicamente que "ha ido muy bien, como yo pensaba", declinando hacer ningún otro tipo de declaración al respecto.
Esta diligencia, cuyas actuaciones continúan declaradas secretas, se enmarca en un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, iniciado por una denuncia de la Fiscalía en la denominada operación 'Umbra'.
Samper, cuyo domicilio y despacho en Madrid fueron registrados por la Guardia Civil en el marco de dicha operación, ha llegado al Palacio de Justicia de Murcia pasadas las 9.30 horas, acompañado de tres abogados de Madrid: Ignacio Ayala Gómez, Juan Antonio Samper Vidal (su hermano) y Abraham Castro Moreno.
A su entrada, Samper, que ha llegado a los juzgados en un coche Mercedes, ha eludido hacer declaraciones sobre la legalidad del convenio de Nueva Condomina, al ser preguntado por los numerosos periodistas que le esperaban en la puerta del Juzgado.
Precedido minutos antes por su hermano y letrado, Juan Antonio Samper, el empresario, que ha acudido "bien, tranquilo, perfectamente y estupendo", recibió a las puertas del Palacio de Justicia el respaldo y la oposición de diversos espontáneos.
De hecho, un vecino de Murcia, Agustín H., mostró su apoyo al empresario con un cartel en el que podía leerse 'Ánimo Samper, el Real Murcia está contigo', al tiempo que defendió "la obra tan importante que ha supuesto la Nueva Condomina" y aseguró estar con su promotor "porque va a crear, además, muchos puestos de trabajo" con la implantación del parque temático de Paramount Pictures en la Región, proyecto del que es el principal inversor.
Otro espontáneo, por el contrario, mostró su oposición a Samper y le acusó de ser "un ladrón" y de haberse "llevado todo el dinero", por lo que consideró que "debe ir a la cárcel".
Samper insistió este jueves en la "legalidad y con normalidad absoluta" con la que se hicieron los trámites del convenio de Nueva Condomina.
Además, rechazó hacer ningún tipo de comentario sobre las declaraciones de otros imputados en la operación, porque reconoció "no conocerlos", porque la información que tiene "es por los medios de comunicación" y, en tercer lugar, porque "cada uno es libre de declarar o de adoptar las posiciones que considere más oportunas para sus intereses", afirmó.
La operación comenzó el 5 de octubre, con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encuentran el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.
Los últimos en declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia fueron el empresario Francisco Arqués, así como a los empresarios de la compañía Inveralrahu S.L., Alfonso Ramírez Huguet, y Juan Torres Fontes Suárez, todos ellos imputados por blanqueo de capitales en la operación que investiga una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Murcia.
El juez dejó a los tres en libertad, aunque continúan imputados. Además, ha impuesto para Ramírez Huguet la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y de comunicar la salida del territorio nacional.
En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, fueron detenidas el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato del Noce, todos ellos en libertad tras pagar sus respectivas fianzas.
No obstante, mantienen sus imputaciones. En concreto, Renato del Noce, que está imputado por blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, tendrá obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y prohibición de salida del territorio, después de que eludiera la prisión preventiva decretada por el juez tras pagar la fianza impuesta mediante la constitución de una hipoteca sobre una finca en el municipio de Murcia.
Por su parte, Higinio Pérez Mateos ha sido imputado por cohecho y tendrá obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y prohibición de salida del territorio, tras eludir la prisión preventiva decretada por el juez tras pagar la fianza impuesta mediante aval bancario.
Mientras que el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, al que se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios, tendrá la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional. El director de la Gerencia de Urbanismo abonó la fianza mediante transferencia bancaria.
Además en esta causa están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra, aunque se habla de una veintena de imputados por la misma causa.
De hecho en el caso del edil, imputado por un presunto delito de prevaricación, su abogado José María Caballero presentó este lunes en el registro de los juzgados de la capital una petición de sobreseimiento de la imputación por prevaricación de su defendido en la presunta trama de corrupción urbanística que se investiga en el municipio de Murcia, al entender que "no existe nada contra él".
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, ya anunció, tras concluir su declaración ante el juez David Castillejos, que su abogado, José María Caballero, iba a solicitar por escrito el sobreseimiento de la imputación, "ya que no tiene ninguna justificación y no hay ningún tipo de medidas hacia mi persona".
Al hilo, el abogado del concejal indicó que el edil había dejado todas las dudas suficientemente despejadas. Caballero entiende que "procede" el sobreseimiento de la imputación a Fernando Berberena por un presunto delito de prevaricación "puesto que ya ha dejado bastante claro todo lo que se le ha preguntado". "No hay ningún tipo de irregularidad", subrayó.