jueves, 16 de febrero de 2017

MC propondrá la declaración de la Vela Latina como Bien de Interés Cultural Inmaterial


CARTAGENA.- El Grupo municipal MC, a través del edil Ricardo Segado, propondrá, el próximo jueves 23 de febrero, que el Pleno del Ayuntamiento inste a la dirección general de Bienes Culturales de la CARM a la declaración de la Vela Latina en la costa cartagenera como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Segado ha rememorado que "si bien no podemos determinar con precisión el origen verdadero de la vela latina, todos los datos históricos parecen apuntar a que estas embarcaciones surcaban el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Índico mucho antes de sus primeras representaciones. Hasta bien entrado el siglo XVIII era el tipo de vela que se utilizaba en el transporte de cabotaje por el Mediterráneo, resistiendo hasta mediados del siglo XIX en los barcos que se utilizaban para la pesca".
El concejal de MC ha continuado afirmando que "fueron pescadores, durante ese siglo, quienes mostraron su pericia a lo largo de la costa de Cartagena en regatas con botes de 42 palmos y, desde entonces, la imagen de la vela latina surcando nuestras aguas ha sido constante. Una larga temporada, que abarca desde mayo a octubre, dónde los participantes miden sus fuerzas para ser los mejores en el agua a bordo de barcos de 21, 33 y 42 palmos. Su pericia en el difícil arte de la vela latina es premiada con trofeos como la Carabela de Plata y otros".
Del mismo modo, Ricardo Segado ha recordado que "en 2016 tuvo lugar, en el barrio de Santa Lucía, el proyecto 'Cartagena, la tradición del mar', enmarcado en el programa municipal Tiempo Libre Alternativo, que permitió a dieciocho jóvenes de once comunidades autónomas conocer el patrimonio histórico-cultural de la ciudad, la navegación y la pesca en la zona, colaborando incluso en la restauración de un velero".
Segado ha reconocido "la labor de diversas entidades como la Asociación Club de Amigos de la Vela Latina y clubes náuticos como el de Santa Lucía, Los Nietos o La Puntica en su lucha por mantener viva la vela latina, patrimonio de la cultura mediterránea". 
"Fruto de su esfuerzo e implicación en la recuperación de una tradición ancestral, disfrutamos en la actualidad de una flota muy importante, que se ve incrementada cada año, de barcos de 42 palmos. La restauración y recuperación de estos veleros que, poco a poco, van incorporándose a la flota y el número de participantes en las regatas, en aumento cada año, demuestra la importancia que el mantenimiento de estos barcos y esta tradición tienen para el patrimonio de la Región", ha asegurado.
Cabe recordar que la Generalitat Valenciana declaró en 2016 Bien de Interés Cultural como patrimonio inmaterial la pesca artesanal y la navegación a vela latina de la Albufera, al considerarse ésta una zona de especial protección y requerirse el apoyo de la administración para la preservación de realidades culturales amenazadas. 
Asimismo, el Gobierno de Canarias declaró Bien de Interés Cultural la vela latina como parte del patrimonio etnográfico del archipiélago, por su indudable valor inmaterial asociado a técnicas y conocimientos de navegación enraizadas en la cultura tradicional del pueblo canario.
En este sentido, ha asegurado Ricardo Segado, "en la protección de la vela latina en nuestras costas confluyen los requisitos argumentados por ambas comunidades autónomas para instar a su declaración como Bien de Interés Cultural inmaterial".
Segado ha finalizado enumerado como valedores de esta propuesta de MC "el necesario apoyo de la Comunidad Autónoma para preservar esta realidad cultural; el hecho de que el Mar Menor, dónde se desarrollan gran parte de las regatas de vela latina, esté incluido en la zona de protección 'ZEPA'; la cantidad de acontecimientos relacionados con la cultura alrededor de estos eventos, como por ejemplo los concursos de fotografía, pintura y calderos en la Semana Náutica del Mar Menor en Los Urrutias; el esfuerzo de los ciudadanos en su preservación y difusión haciendo de las regatas uno de los mayores eventos culturales de la temporada estival y, por qué no decirlo, la inspiración en nuestros antiguos molinos de viento, testigos mudos del abandono administrativo, que desplegaron cuatro velas latinas en sus ocho varas".

El PSOE reclama que el PP aclare todos los puestos de trabajo del Ayto. de Murcia en situación de cesión ilegal

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista reclama en una moción, que defenderá en el próximo Pleno, que el equipo de Gobierno, del PP, presente una relación de todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Murcia que pudieran estar en situación de cesión ilegal con el fin de que grupos políticos y sindicatos "tengan información clara y exacta, y puedan intervenir en el proceso de regulación de estos trabajadores, que están realizando una tarea fuera de la ley".

Así lo explica el concejal Juan Vicente Larrosa, quien añade que "a estas alturas desconocemos cuántos contratos de autónomos y empresas pueden estar en situación de cesión ilegal en el Consistorio y en sus entidades públicas".
Por tanto, en la moción solicita al equipo de Gobierno que, tras la negociación sindical oportuna, se establezca un procedimiento de regulación de dicho personal que deberá aprobarse en pleno antes del 30 de junio de 2017. Además, antes de que finalice marzo y en cumplimento de la recomendación del Tribunal de Cuentas debe presentar las instrucciones pertinentes para evitar actuaciones que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral.
Al respecto, Larrosa advierte de que el Tribunal de Cuentas ha indicado repetidamente que la cesión ilegal de trabajadores es uno de los riesgos más significativos reconocidos por los propios gestores públicos, provocando reiterados informes instando a eliminar, o al menos minimizar, los riesgos de esta práctica. Ello ha dado lugar a que en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, garantice la estabilidad presupuestaria y la competitividad con medidas para evitar actos que pudieran considerarse determinantes para el reconocimiento de una relación laboral entre el personal de la empresa contratada y el Ayuntamiento, el cual, "de momento, no ha movido ficha y se le agotan los plazos", precisa el concejal.
Asimismo, afirma que "todo esto no es más que la consecuencia de un largo y temerario proceso de externalización de servicios, que ha supuesto un déficit estructural de empleadas y empleados públicos en la prestación de servicios municipales, poniendo en precario puestos de trabajo que debían haber estado en una estructura que garantizara los derechos laborales y la prestación del servicio en condiciones de legalidad y calidad".
El edil recuerda que el Grupo Municipal Socialista ha denunciado repetidamente el déficit estructural de personal en áreas concretas y en algunos servicios y dependencias se continúan contratando externamente cuando se dispone de personal propio para la prestación del servicio.
También, denuncia que "hace unos años el Ayuntamiento de Murcia tuvo que regularizar la situación de más de cuatrocientos trabajadores en colaboración social; hace unos meses la inspección de trabajo ya advirtió de la situación de cesión ilegal respecto a trabajadores del servicio de estadística y hace unos días el patronato de la Fundación del Museo Ramón Gaya tuvo que autorizar la subrogación de las trabajadoras que prestan sus servicios en el Museo al haberse cumplido el contrato externalizado, por lo que la situación es insostenible".
El concejal socialista avisa de que "estos servicios no se pueden convertir en una puerta trasera para entrar en la Administración, ya que se saltan a la torera los principios de igualdad, mérito y capacidad, que debe imperar en el acceso del funcionario público, e insistimos en que el Ayuntamiento debe ser siempre un ejemplo de legalidad y justicia para todos los ciudadanos".

Juan Guillamón (PP): 'El PSOE puede parar los desarrollos urbanísticos en el Mar Menor desde el ayuntamiento de Cartagena'

CARTAGENA.- Los únicos desarrollos urbanísticos previstos en todo el perímetro del Mar Menor que pueden tener un efecto negativo están en el municipio de Cartagena, y por tanto, son los socialistas quienes desde el ayuntamiento pueden paralizarlos, ha afirmado el diputado popular Juan Guillamón, para recodar seguidamente, que las competencias en materia de Urbanismo residen en los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma tiene una función exclusivamente de tutela.

El Partido Popular apoyará todas aquellas medidas y actuaciones que contribuyan a la preservación del Mar Menor. Ya lo está haciendo el Gobierno regional de una forma seria y rigurosa, un trabajo cuyos resultados ya han empezado a ser palpables en el estado de la laguna, ha explicado el diputado popular, pero no vamos a respaldar ocurrencias de los socialistas con las que tratan de utilizar a la Asamblea Regional como un instrumento para solucionar sus problemas de gobierno en el ayuntamiento de Cartagena, ha añadido.
Juan Guillamón ha recordado que los socialistas simplemente tienen que denegar la licencia o cambiar el planeamiento si quieren paralizar los proyectos de Cala Reona, Huerta calesa y San Ginés de la Jara, el problema es que su socio de gobierno, José López no quiere hacerlo, ha dicho.
El diputado del PP en la Asamblea Regional ha recordado que los ayuntamientos de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar se han manifestado claramente en contra de la moratoria, porque la consideran una injerencia clara en las competencias municipales. Y apunta que se crea una inseguridad jurídica que lo único que hace es ahuyentar a los inversores y perjudicar a cientos de pequeños propietarios. En esta línea ha recordado los efectos negativos que tuvo en Barcelona la suspensión de licencias hoteleras que aprobó la alcaldesa, Ada Colau.
Guillamón no ha dejado pasar la oportunidad para recordar al Partido Socialista la política urbanística que desarrolló en Los Alcázares con decenas de urbanizaciones fantasma que provocaron numerosos vertidos al Mar Menor ante la inexistencia de infraestructuras necesarias como las depuradoras.
El diputadoregional popular ha advertido que una moratoria como la que pide el PSOE pone en peligro incluso la ejecución de la ITI cuya inversión es de 45 millones de euros. Y ha afirmado que la Comunidad Autónoma dispone de los instrumentos legales suficientes para vigilar e impedir que ningún ayuntamiento se exceda en sus competencias y tome decisiones de carácter urbanístico que puedan perjudicar al Mar Menor.
Para Guillamón, el ladrillo no es hoy la principal amenaza para el Mar Menor, existen otros condicionantes que afectan más a la laguna como la navegación o la agricultura.

Podemos respalda la moratoria urbanística en el Mar Menor


CARTAGENA.- El diputado regional, Andrés Pedreño, ha señalado que la situación urbanística “irregular” de los municipios ribereños del Mar Menor “amparada y tolerada por la CARM” la que justifica plenamente la moratoria, al menos en lo que se refiere a recalificaciones y modificaciones del planeamiento urbanístico.

 Pedreño ha afirmado que Podemos está a favor de la moratoria por “motivos más que justificados, ya que hay que penalizar a los ayuntamientos insumisos que no han adaptados sus planeamientos urbanísticos a las leyes pertinentes”.
Por ello, la enmienda de adición que ha presentado Podemos ha añadido que en dicha moratoria deben establecerse los términos de su ámbito de aplicación, tanto para modificar como para reclasificar suelo. Debe aplicarse a los desarrollos urbanísticos ya aprobados que no se hayan ejecutado o no hayan cumplido sus planes y programas, incluso aquellas licencias de obra que supongan un significativo hormigonado o enlosamiento del solar o parcela.
Además, Podemos exige que el gobierno regional oblige a los  municipios ribereños del Mar Menor, Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, a que adapten sus planeamientos urbanísticos a las leyes urbanísticas vigentes en un plazo inmediato y razonable.
También, como ha explicado Andrés Pedreño, la enmienda de adición de Podemos recomienda la redacción de unas Normas Complementarias de urbanización, aplicables a todos los municipios señalados, en el sentido de compactar la ciudad, es decir agrupar edificaciones y espacios libres, reducir la superficie urbanizada, calles, aceras y aparcamiento, y en resumen aplicar criterios de sostenibilidad.

'Cambiemos' y 'Ahora Murcia' denuncian que el PP bloquea el control de las grandes contratas municipales

MURCIA.- Cambiemos y Ahora Murcia denuncian que el PP evita la transparencia al bloquear la comisión que los concejales de Ahora Murcia, Luis Bermejo, y de Cambiemos Murcia, Sergio Ramos, han denunciado hoy el "bloqueo" del PP a instrumentos que fomentan la transparencia municipal como es el caso de la comisión creada para vigilar el cumplimiento de las grandes contratas del Ayuntamiento, que no ha sido convocada desde hace once meses.

Los concejales han explicado que las empresas objeto de control por parte de la citada comisión, entre las que se encuentran Cespa, La Generala-Terra Natura, Ayuda a Domicilio, Electromur, S.T.V. Gestión, y Tribugest Gestión de tributos, la Sociedad Concesionaria del Tranvía y Electromur, reciben más de 100 millones de euros al año de las arcas municipales.
La comisión contaba con un plan de trabajo que dio comienzo en febrero de 2016 y cuya finalización, según las cuentas del propio equipo de Gobierno, estaba prevista para mayo de ese mismo año. Sin embargo, el último encuentro se produjo el 18 de marzo y solo dio tiempo a analizar el cumplimiento del contrato de Ayuda a Domicilio.
Precisamente, gracias al trabajo de los grupos municipales sobre esa empresa, que acumula sucesivos impagos a los trabajadores y a día de hoy no ha abonado las mensualidades de noviembre, diciembre y enero, ni las dos últimas pagas extraordinarias, el Ayuntamiento le impuso una multa por infringir los acuerdos incluidos en el pliego de condiciones.
Las reuniones dejaron de convocarse cuando se estaba analizando a Tribugest, la segunda empresa, y ahora, pasado casi un año y después de que tanto Cambiemos Murcia como Ahora Murcia hayan solicitado en más de una ocasión la convocatoria de la comisión, el encargado de hacerlo, Eduardo Martínez-Oliva, concejal de Hacienda y Contratación, "no hace nada".
Bermejo y Ramos han insistido en la importancia de que el PP "no muestre el mínimo interés" en activar una comisión que ha servido para vigilar a un grupo de empresas que se lleva alrededor del 25 por ciento del presupuesto. "Quizás creían que iba a ser una organismo florero y cuando se han dado cuenta de que no dan marcha atrás", han comentado.
Asimismo, han criticado que el PP "intente enarbolar la bandera de la transparencia cuando los hechos demuestran que nada más lejos de la realidad".
Los ediles de Cambiemos y Ahora Murcia han comentado que si no se convoca "en un tiempo razonable" a los integrantes de la comisión para continuar con los trabajos, solicitarán un Pleno extraordinario con el fin de seguir analizando las grandes contratas del Ayuntamiento.

El PGMO de Totana es el más claro ejemplo de las batallas internas que tiene el Equipo de Gobierno, dice el PP

TOTANA.- "Como pudimos comprobar en el pleno extraordinario de esta semana las posturas entre los socios del Equipo de Gobierno en cuanto a la aprobación del Plan General son muy distantes e irreconciliables. Este distanciamiento y problemas de entendimiento entre el PSOE e IU-Ganar Totana están perjudicando muy seriamente la tramitación del documento y los intereses generales de los vecinos", dice el PP de Totana en un comunicado.

"El PP de Totana siempre ha mantenido desde la pasada legislatura un mismo planteamiento que permitiera agilizar el Plan que tan necesario es para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo, anteponiendo los intereses generales a los particulares de unos pocos.
El PSOE debería explicar bien alto y claro los cambios que ha tenido con mil vaivenes y excusas en el tema del Plan General y el daño que está ocasionando para su avance. Además el PP exige al PSOE que deje de engañar y crear alarma social a los vecinos, ya que están presentando este documento como algo apocalíptico cuando realmente es un documento vivo y necesario para el desarrollo del pueblo de Totana.
El Sr. Alcalde y su Equipo Municipal se muestra incapaz de convencer a su socio de Gobierno de lo que de verdad interesa a los vecinos de Totana y está atado de pies y manos en este tema ante la parálisis que pretende el PSOE.
A esto se une la parálisis que tiene la Concejalía de Urbanismo desde hace tiempo, cuyos técnicos no saben a quien obedecer, si a los Concejales del PSOE o al Sr. Alcalde e IU-Ganar Totana.
Lo único que están viendo los vecinos de Totana son los constantes rifirrafes en redes sociales entre un Equipo de Gobierno que no es capaz de sentarse para marcar una hoja de ruta, ya no solo en el PGMO sino en todos los demás temas que hacen que un pueblo avance o se estanque como le está pasando a Totana", concluye.

Por su parte, desde el PSOE, lamentan que una vez más el PP mienta descaradamente a la ciudadanía. El hecho de que el PP sacaran otra nota de prensa demuestra que no tienen el mas mínimo pudor en mentir, al mas puro estilo de los años de las corruptelas del PP totanero.
El PSOE, ha dejado claro que fue, únicamente, el Grupo Municipal Socialista el que presentó una enmienda a la propuesta de Alcaldía, para que, entre otras cosas, se abriera un proceso de trabajo para buscar acuerdos y conseguir el mayor consenso posible.
Recuerdan que esa enmienda fue rechazada por el voto en contra del PP, Ciudadanos e IU, y por lo tanto fueron esos tres grupos políticos los que rechazaron cualquier posibilidad de búsqueda de acuerdo.
Si el PP quería tender una mano a la negociación, hubiese sido tremendamente sencillo conseguirla, simplemente hubiese bastado con haber votado a favor de la enmienda, aceptando el ofrecimiento de negociación que se había realizado desde el PSOE al resto de grupos.
Desde el PSOE, invitan al Grupo Municipal Popular, que lean el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Totana y que así puedan aprender que la enmienda “in voce” a la que hacen alusión sirve únicamente para “subsanar errores materiales, incorrecciones técnicas o semánticas o simples omisiones” y no para cambiar el sentido de la moción o enmienda. Incluso aunque hubiese sido posible la enmienda “in voce”, el portavoz del Grupo Socialista en ese debate no rechazó la propuesta y simplemente la matizó.
Serán ellos, el PP, Ciudadanos e IU, aseguran desde el PSOE, los que tengan que explicar por qué después de 13 años de tramitación de este Plan tienen tanta urgencia y secretismo en aprobarlo, perjudicando a gran número de ciudadanos, sin escuchar a todos los grupos políticos, ni tan siquiera a los colectivos que participaron en la mesa de trabajo que se creó en esta legislatura, ni al Consejo Sectorial de Urbanismo.
A pesar de todo, en el PSOE sigue mostrándose dispuesto a reunirse con el resto de grupos y colectivos para buscar consensos y conseguir un Plan General que sea positivo para el futuro de Totana.

El PP de Águilas denuncia que la alcaldesa socialista utiliza el convenio de 'Cáritas' como agencia de colocación a su antojo

ÁGUILAS.- El PP  de Águilas denuncia que la alcaldesa socialista de Águilas "utiliza el convenio de 'Cáritas' como agencia de colocación a su antojo porque el convenio actual convierte al ayuntamiento en agencia de colocación para facilitar trabajo a quiénes se les antoje, quizás pagando favores electorales". 

El Grupo Municipal Popular ha realizado estas declaraciones tras estudiar la redacción del nuevo convenio con Cáritas para el año 2.017, donde han contemplado visibles diferencias con respecto a los convenios de otros años que les han sorprendido negativamente.
En primer lugar la duración de los contratos y la jornada de los mismos. Anteriormente los contratos eran de media jornada de una duración máxima de 3 meses improrrogables, con esto se pretendía llegar al máximo número de personas y familias en riesgo de exclusión social. Este año se ha modificado esto y los contratos serán de tres meses, prorrogables por otros tres más, siempre que haya un informe favorable de que han cumplido en su trabajo o que hayan participado en una acción formativa, que también será financiada a través del convenio sin saber ni tener constancia de quien o quienes impartirán dicha formación.
Además el nuevo convenio establece que se podrán hacer contratos de 6 meses prorrogables por otros seis más a ciertas personas que actuarán como jefes de grupo de una manera entendemos que arbitraria, y esos contratos tendrán una jornada laboral de 2/3, cuando anteriormente todos los contratos tenían una duración de tres meses de máximo sin excepción.
También han eliminado la obligatoriedad que existía que las personas que accedían a dichos puestos de trabajo no podían percibir ninguna prestación de ningún tipo. Se pretendía que accediesen al convenio aquellas personas realmente necesitadas, ahora puede darse el caso que una persona trabaje durante seis meses o un año al mismo tiempo que están cobrando una prestación, ya sea por jubilación o por desempleo y compaginar los dos sueldos. No incluyen que la misma persona no puede beneficiarse del convenio en años consecutivos, podría darse el caso que una persona encadenase contrato tras contrato durante años.
Desconocemos si Cáritas conoce las variaciones incluidas en el convenio aprobado de este año, pero si es así que ponga los medios para no ser cómplice de este tejemaneje en el que muchas familias necesitadas de Águilas no podrán acceder al mismo.
En convenios anteriores desde que el equipo de gobierno implantó esta subvención, cerca de 100 personas se pudieron beneficiar de la misma anualmente. Con las modificaciones podría darse el caso que menos de la mitad de personas pudieran acceder a uno de los puestos de trabajo ofertados.
El espíritu de la subvención y el convenio es que el mayor número de personas y familias puedan tener acceso a un puesto de trabajo temporal que alivie la situación económica y social por la que atraviesan. Evidentemente esto queda muy lejos del actual convenio firmado por la alcaldesa socialista y Cáritas.

El Ayuntamiento de Águilas y Cáritas Parroquial de San José han renovado el convenio de colaboración existente entre la organización sin ánimo de lucro y el consistorio; un convenio que posibilita la contratación eventual de parados en riesgo de exclusión social y para el que el Ayuntamiento aporta la cuantía de 200.000 euros.
La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el presidente de Cáritas, Manuel Amatriaín, eran los encargados de rubricar este documento que incluye novedades encaminadas a mejorar el ya existente y que han surgido fruto de numerosas reuniones mantenidas entre responsables de Cáritas, Servicios Sociales y el Ayuntamiento.
"El objetivo de las modificaciones recogidas en el convenio que hemos firmado es el de buscar la profesionalización de las personas beneficiarias. Por ello- puntualizaba Moreno- hemos considerado oportuno que la actividad laboral se complemente con acciones formativas. Esto- continuaba Moreno- permitirá que una vez finalizado el periodo laboral cuenten con los requisitos formativos básicos que se requieren en los principales sectores de actividad económica de nuestro municipio".
En lo que respecta a la duración de los contratos, estos serán inicialmente de tres meses pudiendo prorrogarse otros tres más siempre y cuando existan informes favorables de las tareas desarrolladas, informes favorables de seguimiento de inserción sociolaboral y de asistencia a las acciones formativas.

C's exige cuentas más claras en el Ayuntamiento de Lorca respecto a la Semana Santa 2016

LORCA.- El concejal-portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca, exige al equipo de gobierno que explique con toda claridad las cuentas de la venta de las tribunas de Semana Santa de los días Viernes de Dolores y Domingo de Ramos de 2016, gestionados por una empresa privada.

Los datos que dispone este grupo municipal son los siguientes:
Ingresos: 54.345 euros
Gastos. 19.119,88 euros
Pago a Contenedores José: 10.960 euros, por la reparación de los palcos ordenado por el Concejal de Cultura D. Agustín Llamas.
Ingreso al Paso Blanco : 13.000 euros
Diferencia pendiente de justificar: 11.265,12 euros
Meca nos explica: "Queremos explicaciones acerca de las siguientes cuestiones:
¿Por qué se le ingresaron 13.000 euros al Paso Blanco y no al Paso Azul, por los beneficios de la venta de las tribunas de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos?
¿Por qué ordenó el Concejal de Cultura D. Agustín Llamas a la empresa privada que gestionó la venta de los palcos, el pago de 10.960 euros a Contenedores José sin contar con las Cofradías, teniendo en cuenta que estas reparaciones en 2015 las había pagado el Ayuntamiento?
¿En qué se ha aplicado la diferencia resultante de 11.225,12 euros?
De todas estas cuestiones queremos explicaciones, documentos y facturas".
Ciudadanos ha registrado en el día de ayer un escrito solicitando al Sr. Alcalde los documentos y facturas que aclaren todas estas dudas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lorca, "ante las críticas y falsedades vertidas esta mañana por parte del edil Antonio Meca ratifica que son los Pasos Blanco y Azul quienes se encargan de la gestión de la venta de sillas para las procesiones de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos, además de las de Jueves y Viernes Santo.
Para ello, como es sabido, ambas Cofradías establecieron años atrás un contrato con una empresa lorquina, destinando el dinero obtenido al pago de los acuerdos establecidos entre sus respectivas entidades.
El Ayuntamiento tiene conocimiento del contenido de este contrato únicamente para disponer y coordinar el dispositivo de seguridad ciudadana habitual".
Fuentes municipales han calificado de “irresponsables y especialmente desafortunados” los reiterados ataques de Antonio Meca contra la Semana Santa lorquina.

Los agricultores del Campo de Cartagena quieren pinchar el acuífero mientras se dan rendimientos del 94% en la desnitrificación

MURCIA.- El presidente de COAG en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión, ha alertado este jueves que necesitan agua, porque la que tienen "no es suficiente para sacar los cultivos adelante". Por ello, ha resaltado la necesidad de que se les deje utilizar el agua del acuífero con los tratamientos "oportunos", evitando "la intrusión del acuífero en el Mar Menor, que es lo que está ocurriendo en estos momentos".

A su juicio, "lo que no pueden pretender ahora es poner en marcha todas las desaladoras para darnos agua a los cultivos del Campo de Cartagena, porque los costos se disparan de precio, además de que el agua no vale y no es suficiente".
Momentos antes de asistir a la reunión de representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Fecoam, Asaja, Upa, Proexport y regantes del campo de Cartagena con la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, ha dejado claro que el vertido cero "no es la rambla del Albujón y ahora se ve la intrusión de agua subterránea en el acuífero".
"Estamos regando con nada, el canal del trasvase está todavía seco, porque está a falta de limpiar y gracias a las últimas lluvias que han venido regamos, pero el agua de los pozos es de muy mala calidad".
Por su parte, la consejera ha asegurado que el Gobierno regional "quiere estar al lado del Campo de Cartagena, pudiendo contribuir con ellos en la búsqueda de soluciones a un problema complejo".
La opción que se baraja en El Mojón, ha explicado, es que se instale una estación para "desnitrificar y para ello contará con el apoyo y asistencia técnica del Gobierno regional, a través de la entidad de saneamiento que lleva meses haciendo pruebas con salmueras procedentes de los agricultores".
Se ha informado que la planta piloto de desnitrificación situada en la estación depuradora de Los Alcázares está teniendo un rendimiento del 94,1 por ciento.
Martínez-Cachá ha dicho que estos resultados "ponen de manifiesto la viabilidad de este sistema, con el que las comunidades de regantes del Campo de Cartagena podrán seguir avanzando en medidas para desarrollar su actividad agrícola, siendo compatible con la recuperación ambiental del Mar Menor".
"El Gobierno regional está junto a los agricultores del Campo de Cartagena para seguir buscando soluciones a un problema que es complejo para el sector", ha dicho la consejera.
Los trabajos se están realizando en la planta piloto de desnitrificación situada en la estación depuradora de Los Alcázares, y está tratando el agua de rechazo de la ósmosis de la desalobradora del Mojón, ya que este emplazamiento es el que se baraja para su puesta en marcha.
Desde el organismo de cuenca su presidente, Miguel Ángel Ródenas,
ha afirmado que "por parte de los agricultores y usuarios aún no se ha presentado el documento de evaluación ambiental y en cuanto lo presenten se hará el estudio".
No obstante, ha reconocido que abrir 200 pozos en la orilla del Mar Menor es un asunto que hay que evaluar "muy bien", para después precisar que "no se hará daño al Mar Menor, ni los humedales".
La CHS adelantó que están a la espera de que la Mancomunidad de Canales del Taibilla les informe de las condiciones técnicas y económicas para poder llevar a cabo el suministro hídrico desde las desalinizadoras San Pedro I y II.


Rendimientos del 94% en la desnitrificación

También se ha informado que la planta piloto de desnitrificación situada en la estación depuradora de Los Alcázares está teniendo un rendimiento del 94,1 por ciento.
La consejera Adela Martínez-Cachá dijo que estos resultados ponen de manifiesto "la viabilidad de este sistema, con el que las comunidades de regantes del Campo de Cartagena podrán seguir avanzando en medidas para desarrollar su actividad agrícola, siendo compatible con la recuperación ambiental del Mar Menor".
"El Gobierno regional está junto a los agricultores del Campo de Cartagena para seguir buscando soluciones a un problema que es complejo para el sector", dijo la consejera
En la reunión se han ofrecido todos los destalles sobre los trabajos de desnitrifación que la Consejería, a través de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Agua Residuales de la Región de Murcia (Esamur), ha estado llevando a cabo en una experiencia piloto.
Los trabajos se están realizando en la planta piloto de desnitrificación situada en la estación depuradora de Los Alcázares, y está tratando el agua de rechazo de la ósmosis de la desalobradora del Mojón, ya que este emplazamiento es el que se baraja para su puesta en marcha.
La consejera también apuntó que "cumpliendo el compromiso mantenido en la última reunión con el sector, hemos invitado a la Confederación a mantener una reunión de trabajo con el fin de informar sobre los avances en algunos trámites que se están llevando para poner recursos hídricos a disposición de nuestros regantes".

PAS acude a la Asamblea Regional con más cara que espalda y atacando a los demás encima

CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, ha acudido hoy a la Asamblea Regional, para la sesión de control al Consejo de Gobierno, con más cara que espalda y atacando a los demás como forma de defensa y advertencia de que morirá matando si, al final, tiene que marcharse en virtud del pacto suscrito con Ciudadanos aunque no se le nota mucha predisposición a cumplir su palabra como buen bribón político.

PAS  ha asegurado que hay partidos políticos que "prefieren el linchamiento a conocer la verdad". Y que "siempre he cumplido, cumplo y cumpliré la ley" cuando le han preguntado por el 'caso Púnica' y por si pretende dimitir en caso de que sea imputado.

La sesión ha comenzado con una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, pidiendo explicaciones sobre su participación en la 'trama Púnica', según los informes que se han conocido por parte de la Guardia Civil y del reciente auto del juez Velasco con el que se le atribuye la posible comisión de delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada. 

El presidente regional ha negado haber participado en la trama "con rotundidad y claridad". 

Su respuesta a Ciudadanos ha acabado con un contundente "cumplo siempre mi palabra y cumplo la ley", y así daba por contestada la pregunta. 

No obstante, PSRM y Podemos le han preguntado por el 'caso Púnica' y por si pretende dimitir en caso de que sea imputado. 

Óscar Urralburu, de Podemos, se ha interesado principalmente en si el presidente cumplirá con el artículo de la Ley de Transparencia que indica que debe dimitir "en el momento en que sea imputado". El presidente regional le ha advertido que "siempre he cumplido, cumplo y cumpliré la ley", pero también le ha reprochado al parlamentario que la formación morada "interprete las leyes a su conveniencia".

Por parte del PSRM, el portavoz, Rafael González Tovar le ha inquirido sobre si considera que los supuestos delitos que le atribuye el juez de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos se deben a errores administrativos.

"Lo que no se puede demostrar, no existe", le ha contestado Sánchez. "Usted sabe la verdad y sabe que aquí no hay nada", ha continuado el presidente regional.

El portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez,  ha  reprochando a la Oposición haber convertido al parlamento autonómico murciano en el único en España "con mayor número de comisiones de investigación".

Llega el freno a las grandes urbanizaciones en el Mar Menor gracias a la mayoría en la Asamblea

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado hoy con los votos a favor de PSRM, Podemos y Ciudadanos una iniciativa que evitará la construcción de macrourbanizaciones en el Mar Menor. La propuesta, que ha partido de los socialistas, se ha transaccionado para incluir iniciativas de Podemos y Ciudadanos y así poder aprobarla.

Pese a que la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Aprim) pidió a los grupos parlamentarios que rechacen la enmienda, la moción insta al Gobierno regional a que suspenda de manera cautelar los desarrollos urbanísticos que afecten al Mar Menor, a excepción de la ampliación natural de los cascos urbanos ya consolidados, respetando los derechos urbanos en los planes que se han aprobado, así como la legalidad vigente hasta que se promulgue una ley específica para el Mar Menor que contemple este tipo de medidas. El único grupo que no ha apoyado la propuesta ha sido el PP. 

Según ha explicado durante su turno el popular Juan Guillamón, la Comunidad Autónoma "solo tiene potestad de tutela, las competencias las tienen los ayuntamientos".

Además, considera que con esta medida se crearía una "inseguridad jurídica" similar a la que se generó en Barcelona cuando la alcaldesa promulgó la moratoria turística.

"La inseguridad jurídica nos puede costar mucho dinero porque hay muchos compromisos. Esto puede costar a la Comunidad 45 millones de euros si se tiene en cuenta que la ITI del Mar Menor no se podría ejecutar", ha apuntado.

Por su parte, el socialista Antonio Guillamón ha explicado que la iniciativa contempla una suspensión temporal de los desarrollos urbanísticos. "Nos permitirá establecer un conjunto de directrices territoriales que garantice que lo sucedido hasta ahora no vuelva a suceder en el Mar Menor", ha destacado durante su intervención, añadiendo que las medidas que propicias para que no vuelva a ocurrir se articularían en la futura ley del Mar Menor.

Además, el PSRM se opone a la urbanización de los terrenos de San Ginés de la Jara, Cala Reona y Huerta Calesa, en la ribera sur del Mar Menor.

Actualmente, la Comisión del Mar Menor ha iniciado los trabajos para conocer la situación exacta en la que se encuentra la laguna, su litoral y las áreas de influencia.
Para ello ha organizado su labor de modo que permita un conocimiento preciso de los motivos por los que el Mar Menor ha llegado a las condiciones actuales.

Los grupos pretenden que las conclusiones de esta comisión deriven en la elaboración de una ley integral para la recuperación del Mar Menor que propicie una nueva orientación turística sostenible, desvinculada de los desarrollos urbanísticos.

De Podemos, Andrés Pedreño ha denunciado los planes urbanísticos "amparados y tolerados" en el litoral. El diputado ha recordado durante su turno de palabra que en municipios como San Javier se han realizado en los últimos años 72 recalificaciones.
Además, ha hecho alusión a problemas urbanísticos en San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena."La moratoria es justa y necesaria", ha incidido.

En cuanto a Ciudadanos, Miguel Sánchez se ha posicionado a favor de la moratoria para rebajar presión sobre la laguna pero sin perjuicio de legítimos derechos de los particulares. "No podemos establecer moratoria general que impida todo tipo de desarrollo. La moratoria solo debe afectar a desarrollos urbanísticos futuros o que perjudiquen el mar menor", ha dicho aunque ha manifestado que quieren que se respete legalidad vigente y no se perjudique a particulares.

Habrá de nuevo lluvias intensas en la Región este fin de semana, algunas serán fuertes en el interior

MURCIA.- Este fin de semana llegan lluvias de nuevo. Una depresión en altura se descolgará entre el sábado y domingo y es probable que deje fuertes lluvias en la Región de Murcia, según explica eltiempo.es 

Los cielos cubiertos de mañana viernes evolucionarán hasta la lluvia intensa del lunes en un fin de semana en el que las nubes y el viento en el litoral serán protagonistas y en el que bajarán las temperaturas máximas.
La Aemet prevé para este viernes cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales por la mañana en el Campo de Cartagena, tendiendo en general a disminuir la nubosidad durante tarde. Las temperaturas apenas sufrirán variaciones, aunque podrá haber brumas matinales en el interior. El viento será de componente este, flojo en el interior, disminuyendo en general por la tarde.
Respecto al sábado, la Agencia Estatal de Metereología prevé un amanecer con cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas matinales y brumas, aunque a medida que avance el día esta nubosidad aumentará hasta cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones, más probables en Noroeste. Las temperaturas seguirán sin cambios. 
Es el domingo cuando la lluvia hará acto de presencia: cielos cubiertos con precipitaciones, en general débiles. La cota de nieve se situará en torno a 1.300 metros. Las temperaturas mínimas subirán en el litoral y las máximas bajarán en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos, de componente oeste, serán fuertes en el litoral.
Las debiles precipitaciones del domingo darán paso el lunes a lluvias generalizadas, localmente persistentes. La Agencia Estatal de Metereología prevé un nuevo descenso en las temperaturas máximas, aunque se mantendrán las mínimas y las rachas de viento en el litoral serán muy fuertes.
La mayor parte de las precipitaciones se concentrarán en el Noroeste de la Región, con probabilidad de que las precipitaciones se conviertan en nieve a partir de los 1.300 metros de altitud. Cieza y la Vega Alta del Segura también se verán afectadas por las lluvias del fin de semana, especialmente el domingo.
Las precipitaciones del domingo pueden ser localmente fuertes y acumular más de 50 mm.
En el resto de la Región también hay posibilidad de chubascos generalizados el domingo, aunque en principio se prevén más débiles.
Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios en el interior, con ascensos débiles en el litoral de la Región y sin cambios en el interior. Las temperaturas máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Soplarán vientos de componente oeste, fuertes en el litoral.

El Gobierno cree que Pedro Antonio solo debe dimitir si hay juicio

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que el presidente de Murcia no debe dimitir por su imputación en el caso Púnica y ha coincidido con el propio Pedro Antonio Sánchez en que la renuncia solo debería exigírsele cuando haya una "imputación formal", es decir, la apertura de juicio oral.

"La imputación, en mi opinión, no debería llevar a la dimisión, sino que ésta debería venir, en su caso, tras la apertura de juicio oral. Hasta esa fase no se deberían exigir responsabilidades políticas", ha señalado Catalá a la Cadena SER.
En cuanto a la posible dimisión, el presidente murciano aseguró que dimitirá si hay "una imputación formal". Por su lado, Ciudadanos ha advertido de que si no renuncia cuando sea citado como imputado por el Tribunal Superior murciano, ello vulnerará el pacto de investidura firmado con el PP tanto en Madrid como en Murcia.
Catalá ha declarado que "en el pacto con ciudadanos hablábamos de imputación formal", una condición que no equivale a la de imputado o investigado, sino a la apertura de juicio oral. "Anticipar una dimisión sería precipitado".
"El acuerdo con Ciudadanos permite interpretaciones y habremos de sentarnos con el otro firmante para aclarar qué quisimos decir cada uno. Nosotros tenemos claro lo que quisimos decir cuando hablamos de imputación formal", ha dicho Catalá.

Las fiscales de 'Púnica' afirman que Sánchez concertó «un plan criminal» con Barreiro, según revela hoy 'La Verdad'


MURCIA.- Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez, las dos fiscales de la Audiencia Nacional que a lo largo de dos años han impulsado la investigación del 'caso Púnica' con el magistrado Eloy Velasco (en la imagen), tienen muy claro que existen suficientes indicios de delito contra el exconsejero de Educación y hoy presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, como para remitir el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y reclamar que sea investigado por varios supuestos delitos, según revela hoy el diario La Verdad.

Sin embargo, la intervención del fiscal general, José Manuel Maza, obligó a sus dos subordinadas a renunciar a su planteamiento inicial. Todo el contenido del informe referido al presidente murciano quedó anulado y se vio sustituido por un solo folio, firmado por la teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, que en quince líneas ofrece las razones jurídicas por las cuales la Fiscalía estima que Sánchez debe quedar libre de sospechas.
Esta circunstancia no ha impedido, sin embargo, conocer los argumentos que las dos fiscales del 'caso Púnica' habían esgrimido contra el jefe del Ejecutivo murciano. Y es que el apartado que recoge todos los indicios delictivos existentes contra la exalcaldesa de Cartagena y hoy senadora, Pilar Barreiro, es especialmente prolífico en referencia a la actuación presuntamente delictiva en la que, a juicio de estas dos profesionales, habría incurrido Sánchez.
Así, las dos fiscales mantienen que la 'Pieza Separada número 3', referida a la rama murciana de la 'Operación Púnica', «se sigue contra una trama de autoridades públicas y funcionarios que hicieron un uso desviado de su poder en la adjudicación de contratos, así como de empresarios favorecidos por las citadas adjudicaciones, de las que se enriquecieron ilícitamente todos ellos a costa de las arcas públicas».
En su informe, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, avanzan que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, falsificación de documentos mercantiles, fraude, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal.
«El apoyo político y reputacional que ofrecieron a Sánchez -concluyen las fiscales- permitió que todos ellos elaboraran concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores realizado por Eico a Barreiro y a Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del presupuesto de Educación». 
Para ello se iba a «adjudicar desde la Consejería un contrato de cobertura, que simularía como objeto la 'formación', un concepto genérico y vinculado a las competencias» de ese departamento. «Dicho contrato les permitiría desviar fondos públicos de dicha Consejería a favor de las empresas de De Pedro y Alonso, beneficiándose Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez».
Las conversaciones telefónicas intervenidas con motivo de la investigación de 'Púnica' permitieron conocer que los cuatro protagonistas «mantuvieron contactos y reuniones en hoteles de Madrid, manteniendo reservados esos encuentros, para fraguar ese contrato negociado del que saldría perjudicada la Administración pública de Murcia». En concreto, cita las reuniones que mantuvieron el 11 de junio de 2014 en Madrid entre Barreiro, Sánchez y De Pedro, y otras dos posteriores, los días 22 de septiembre y 21 de octubre, en el Hotel Palace y en el Hotel de las Letras, respectivamente.
La labor de reputación pasaría por la creación de un diario, murcianoticias.es, para la publicación de informaciones positivas a ambos políticos, y la contratación de un periodista. Y ello al precio de 2.100 euros mensuales por Barreiro y 4.600 euros por Sánchez, que es «el perjuicio a las arcas públicas que habría supuesto el plan criminal».
«La última fase de las maquinaciones la marcó la reunión del 24 de octubre de 2014 en la Consejería de Educación, donde se estableció como inicio de los trabajos a Barreiro y Sánchez el 1 de noviembre de 2014».
La conclusión a la que llegan las dos representantes del Ministerio Fiscal es que solo una circunstancia imprevisible impidió que esos supuestos planes delictivos se consumaran: «Las actuaciones policiales/judiciales realizadas el 27 de octubre de 2014 -apenas cuatro días antes del plazo fijado en el presunto acuerdo-, en el marco de la 'Operación Púnica'», que significaron la detención de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso y «evitaron una grave lesión al erario público», siempre según La Verdad.
La teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, sostiene que los hechos se cometieron antes de la reforma del Código Penal que entró en vigor en julio de 2015, por lo que no sería aplicable el artículo 445, que en la actualidad sí penaliza «la provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra la Administración Pública».
El informe no es vinculante para el magistrado Eloy Velasco, que puede enviar el asunto contra Sánchez al TSJ o, al contrario, coincidir en que procede el sobreseimiento.

Rivera: «El fiscal sirve a los españoles y tiene que tener un papel independiente del Gobierno»

MADRID.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, recalcó este jueves que la Fiscalía General del Estado no sirve solo al Ejecutivo y subrayó que debe ser independiente y, en casos en los que haya miembros del partido de Gobierno implicados, "con más razón aún".

Rivera hizo estas afirmaciones en los pasillos del Congreso, en los que reiteró que pedirán la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por las informaciones que señalan que la Fiscalía intervino en los casos relacionados con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y el expresidente de La Rioja, Pedro Sanz.
"Tiene que cambiar esa lógica de que el fiscal sirve solo a un gobierno, porque el fiscal básicamente sirve a los españoles y persigue los delitos que se comentan en España", subrayó el líder de C's.
Aclaró que no cuestiona nada con esta afirmación, porque no tienen más información al respecto, pero insistió en que, "en todo caso, la Fiscalía tiene que tener un papel independiente del Gobierno y si hay gente implicada del partido del Gobierno, pues con más razón".
Por eso, explicó, solicitarán la comparecencia de Maza, y porque el pacto de investidura incluye la reforma de la ley de la fiscalía para que dé cuentas ante el Parlamento e, incluso, se le pueda "reprobar o cesar".
"El PP se ha comprometido a reformar la ley de la fiscalía para ganar independencia y para que el parlamento también tenga un cierto control sobre la Fiscalía", dijo.

Maza asegura que la Fiscalía "en absoluto" ha recibido presiones para no investigar a PAS

MADRID.- El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este jueves que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama 'Púnica' y al respecto ha afirmado que este criterio está "totalmente fundado en la legalidad".

El fiscal general ha precisado que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.
"Si tengo que comparecer, encantado de hacerlo y aclararlo todo porque a mi esto me resulta sorprendente. Igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuáles la Fiscalía está invetigando y colaborando, hay casos en los cuáles consideramos que un ciudadano no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal", ha aseverado Maza antes de participar en la inauguración de un curso sobre criminalidad informática.

Catalá ve "anómala" la actuación de las fiscales en la causa contra PAS

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Antocorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia se haya divulgado.

"Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", ha añadido. En una entrevista en la Cadena Ser, Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia.
A su modo de ver, lo que es "bastante anómalo" es que no se acate esa orden. Es más, se ha referido al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con la trama Púnica. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha remachado.

El caso PAS es ya el caso Fiscalía / Ángel Montiel *

Resulta que había truco. Que la decisión de Anticorrupción no era deductiva, sino política. Que el órgano superior de la Fiscalía, elegido y controlado por el Gobierno, se impuso a las profesionales que investigaban el caso, ordenándoles que renunciaran a la acusación, según les corresponde, y que, por el contrario, apoyaran un argumentario que implícitamente confirmara la labor de la defensa. Cosa que no hicieron, por lo que fue necesaria su suplantación efectiva por la instancia superior. Las fiscales que conocían el caso y encontraban en él elementos de sospecha quedaron relegadas por obediencia disciplinaria. 

Es decir, por la intromisión política del Gobierno, digámoslo claro, en su instrucción técnica. 

No hay mal que por bien no venga. De este modo, el caso PAS en lo que se refiere a la operación Púnica ha pasado a ser el ´caso de la Fiscalía del Estado´. Lo del presidente murciano es una anécdota frente al hecho evidente de que el Gobierno de la nación, en esta etapa presidido por Mariano Rajoy, utiliza a dicha Fiscalía a conveniencia de sus intereses políticos, incluso condicionando el conocimiento directo de las causas que instruyen, junto al juez correspondiente, los profesionales del llamado Ministerio Público. A la vista va quedando que este término, Ministerio, es muy adecuado, pues al fiscal general sólo le falta tener una silla en el Consejo de Ministros, como la que disponen los titulares de Agricultura, Fomento y el resto de la compañía. 
Es una pena, pues hasta tener conocimiento de la irrupción del Gobierno de Rajoy en la instrucción judicial del caso Púnica en lo que afecta a PAS todavía había elementos para considerar una posibilidad de escape del presidente murciano, atendiendo al hecho inequívoco de que, por una u otra razón, nunca estampó su firma en un contrato tras las conversaciones propias y de miembros de su equipo con los ofertante de las trama. Pero la evidencia de que la Fiscalía General se ha interesado en su apoyo, incluso con un exceso de exhibición, y contra el criterio de los profesionales que manejaban los datos del caso, traslada una penosa impresión que deprime hasta a quienes estuvieran dispuestos a pasar por alto los ´pequeños detalles´ de caso. 

El enredo es tan herva que hasta el propio presidente, urgido por sus ansiedades, ha desvelado con su precipitación informativa, las confidencias que alguien del Gobierno o de la propia Fiscalía le adelantó para tranquilizarlo. Lo peor es que esa inicial ´transparencia´ no se corresponde ahora con la negativa a desvelar las ´fuentes oficiales´ por las que pudo tener acceso previo a la ´ayuda´ que (es legítimo entenderlo así) Génova le prestaría, en correspondencia con la ´mano en el fuego´ que implícitamente adelantó Cospedal en su defensa, una actitud que ahora entendemos que mantuviera en su momento a sabiendas de que la Fiscalía General estaba convenientemente persuadida. 

Vistas las consecuencias de todo esto, PAS debería enviar un mensaje de móvil a alguien, a quien sea que él sepa que se lo debe enviar, con el siguiente texto: «Por favor, no me ayudes tanto». Toda intromisión en la Justicia acaba en chapuza, más tarde o más temprano. La trascendencia fatal de este dislate es que cuando llegue al TSJ el auto del juez Velasco los magistrados encargados de estudiarlo ya no podrán archivarlo atendiendo a que la Fiscalía ha renunciado a la acusación, como inicialmente habíamos valorado (Un tibio sol tras la tormenta) sino que tendrán que estudiarlo con más atención para evitar convertirse ellos también en instrumentos indirectos de la manipulación que promueve el Gobierno, añadiendo además el componente de la sospecha de que el aparato del Estado se haya interpuesto con tan poca finura en un caso que, si hubiera sido considerado con normalidad, podría haber sido resuelto sin escándalo de una u otra manera. 

La Fiscalía General del Estado, por mucho que dependa del Gobierno, no puede ser el coño de la Bernarda. Ya resulta sospechoso que, contra la reciente nota de prensa de Anticorrupción para ´salvar a PAS´ no emitiera en su día un comunicado aclaratorio equivalente cuando Vicente Martínez Pujalte visitó su sede en las previas a la atención al caso Novo Carthago por el Supremo, en el que la negativa a la imputación de Pilar Barreiro constituía un cortafuegos esencial para que no cundieran las acusaciones contra Valcárcel y otros miembros de su Gobierno. 

En fin, que en política la peor manera de ganar un juicio consiste en perder a la vez la credibilidad. Mucho peor si ésta se pierde antes del propio juicio.


(*) Columnista





http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/02/16/caso-pas-caso-fiscalia/806346.html 


PSOE y C's pueden controlar al Fiscal General / Pablo Sebastián *

Las actuaciones del fiscal general del Estado en los grandes casos de la corrupción de ahora -en lo que afecta a los presidentes de Murcia y La Rioja- y en los últimos años con lo ocurrido en Gürtel, Nóos, Bankia los Pujol, etc, están bajo sospecha de clara parcialidad por las instrucciones que recibe del Gobierno de Rajoy en favor de investigados del PP y de otros altos cargos o personas relacionadas con instituciones del Estado.

Unos hechos estos que provocan alarma e indignación social así como la denuncia justificada de los principales partidos de la oposición, que tienen en sus manos la posibilidad no sólo de pedir explicaciones al Fiscal General del Estado en el Congreso de los Diputados sino de obligar al Gobierno de Rajoy a un cambio radical de su actitud y el fin de la manipulación de la Fiscalía en los casos de corrupción.

Lo que la oposición puede lograr de manera inmediata con un plante en el Congreso de los Diputados de PSOE y C’s, bloqueando toda negociación política (en la Educación o los Presupuestos de 2017), si el Ejecutivo de Rajoy sigue amparando a los corruptos y los investigados por la Justicia.

Lo que por otra parte resta credibilidad al ‘ministerio público’ en casos de gran trascendencia nacional como es todo lo relativo al desafío catalán y ahora de especial manera a las decisiones del Tribunal Constitucional.

En el reciente congreso del PP tanto Rajoy como Cospedal reconocieron errores y haber actuado tarde contra la corrupción. Palabras vanas y falsas porque a las pocas horas de ser pronunciadas la Fiscalía se oponía a que se investigue la presunta responsabilidad penal del presidente de Murcia en un caso de corrupción que le afecta. Y lo mismo hizo hace poco en La Rioja, y es lo que recientemente ocurrió también ante el escándalo de la vista gorda del Banco de España en el ‘caso Bankia’ a pesar de las denuncias claras de la inspectores de la entidad.

La corrupción ha marcado la trayectoria política de Rajoy en el PP y así lo han denunciado PSOE y C’s. Y este último partido le exigió a Rajoy ante su reciente investidura la plena garantía en la lucha contra la corrupción. Pero el Presidente sigue actuando al margen de sus compromisos y poniéndose del lado de los corruptos y de los investigados, convencido Rajoy de que nadie lo puede sacar de la Moncloa, y menos aún en pleno desafío catalán, o cuando estamos peleando con la crisis económica o en defensa de un gobierno estable de España para abordar la incertidumbre internacional y Europea.

Pero Rajoy se equivoca porque PSOE y C’s lo pueden derribar y exigir al PP otro candidato a la presidencia del Gobierno, incluso si un Rajoy acorralado se lanza a unas nuevas elecciones porque aunque mejore su resultado no logrará la mayoría absoluta y una segunda investidura nunca la podría lograr. De manera que estos dos partidos de la oposición, PSOE y C’s tienen en sus manos la posibilidad de garantizar la imparcialidad del Fiscal General.


(*) Periodista


La sentencia contra Urdangarin provocará polémica / José Oneto *

Después de varios meses de debates entre las tres magistradas que tienen que emitir sentencia sobre el caso Nóos, esa sentencia se hará publica este viernes al mediodía, y será comunicada a las partes, sin necesidad de que los procesados estén presentes en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, por lo que se espera que los dos principales procesados, la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, y su esposo Iñaki Urdangarin, principal acusado de la trama delictiva recibirán, la noticia en su residencia de Ginebra, donde instalaron su domicilio tras el estallido del escándalo, aunque este jueves la Infanta se encontraba en Barcelona asistiendo a un acto organizado por La Caixa para la que ella trabaja.

El llamado “caso Urdangarin”, la utilización de un Instituto supuestamente sin afán de lucro para cobrar de las Administraciones autonómicas de Baleares, Valencia y Madrid seis millones de euros con una serie de contratos firmados al margen de las condiciones que deben regir en las concesiones publicas por ser el Duque consorte de Palma, algo que para la Fiscalía Anticorrupción supondría malversación, estafa, fraude a la Administración, prevaricación, falsedad, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Su esposa, la infanta Cristina está acusado de colaboración con su marido en dos delitos fiscales, por los que la acusación particular de Manos Limpias pide ocho años de cárcel.

El escándalo Urdangarin es lo que más daño ha hecho a la Monarquía, a la Familia Real e incluso al actual Rey, aunque desde que estalló el caso, que produjo una profunda división en toda la familia, tanto él, como la reina Letizia, rompieron prácticamente toda relación, con el matrimonio de los Duques de Palma e, incluso pidieron que renunciara a los derechos de sucesión como Infanta. Sin embargo, fue el rey emérito Juan Carlos de Borbón, el que más sufrió las consecuencias del escándalo, hasta el punto que tuvo que abdicar en Junio de 2014, aunque esa abdicación fue presentada como un simple traspaso de poderes a una nueva generación que representa su hijo Felipe VI.

Las declaraciones del socio de Urdangarin, Diego Torres y de otros procesados, insistiendo en que nada se movía en el Instituto Nóos sin el visor bueno del Palacio de la Zarzuela y el hecho de que un hombre de la Casa del Rey, Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, estuviese al tanto de todas las operaciones de Nóos, según testimonio del propio Urdangarin y de su esposa la infanta Cristina, ha sumido el caso en una nube de sospechas que ha llegado hasta el propio Tribunal que tiene que emitir sentencia este viernes.

Este tema habría sido la principal causa de que el fallo judicial se haya retrasado más de lo previsto, ya que en el propio tribunal formado por las magistradas Samanta Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, no se ponían de acuerdo sobre ese delicado tema. La magistrada Roció Martin no solo estaba en contra de una rebaja en las condenas de Urdangarin, sino que insistía en que había que introducir un párrafo sobre el comportamiento de la Casa Real en el caso, teniendo en cuenta, sobre todo, la declaración de los principales imputados que, durante el juicio, utilizaron a la Casa Real como defensa para eludir su propia responsabilidad. Desde el banquillo de los acusados, el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, que filtró numerosos correos del Duque de Palma, afirmó repetidamente, que la Casa Real realizaba un “control total” de las actividades del Instituto: “No decidíamos nada sin su consentimiento”, afirmó.

Por lo que se sabe, la sentencia que ha sido objeto de un amplio debate entre las tres magistradas, liberaría a la infanta Cristina de entrar en la cárcel ya que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido para ella ningún tipo de pena, sino una multa que ya ha pagado a Hacienda (la única petición ha sido la del sindicato Manos Limpias, cuyo máximo responsable está en prisión por extorsión, y que como acusación particular ha pedido ocho años de cárcel) y condenaría a Iñaki Urdangarin a ocho años de prisión, menos de la mitad de lo que solicitaba la Fiscalía. Este aspecto de la sentencia es, probablemente, lo que provocará más polémica, aunque todos veamos la entrada en la cárcel de un cuñado del actual Rey… una escena insólita en la Historia de España.


(*) Periodista y economista


La realidad paralela / Ramón Cotarelo *

El viejo adagio latino de verba volant, scripta manent no se cumple en el caso del gobierno del PP en el que los escritos también vuelan, desaparecen, se hacen invisibles. El ministro no encuentra los informes paralelos de la policía sobre el 11-M, el caso Faisán y el asesinato de Marta del Castillo. Ya es misterio. Con el caso Faisán, los medios de la derecha tuvieron agobiado al gobierno de Zapatero y su ministro Rubalcaba; con el 11M tuvieron agobiado al país entero dando pábulo a las hipótesis más delirantes; no sé qué perseguirían con el de Marta del Castillo pero alguna otra maniobra sucia.

Porque desde que llegó la pareja de lunáticos, Fernández y Cosidó, al mando de Interior, los asuntos de esta competencia dieron un giro siniestro, autoritario, represivo. Su culminación jurídica llegaría con la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley mordaza porque constituye un ataque en toda regla a los derechos y libertades de los ciudadanos, singularmente la libertad de expresión y las de reunión, circulación y manifestación. Una ley que pretende convertir a los ciudadanos en vasallos silenciosos. Pero ya desde el comienzo, el dúo arrancó a velocidad de crucero, creando una "brigada paralela" que Zoido acaba de disolver y era una especie de brigada político-social al servicio del gobierno.

La afición del ministro del Interior por valerse de todos los medios imaginables para hostigar y perseguir a los políticos de otras tendencias solo es comparable, al parecer, a su pasión por condecorar vírgenes o mandar a la Guardia Civil de peregrinación a Lourdes.

Hay pendiente de apertura en el Congreso una comisión de investigación sobre la gestión de Fernández Díaz. No es posible que no haya responsabilidades por la froma de resolver el problema de El Tarajal; tampoco por los informes falsos filtrados a la prensa para desprestigiar al entonces alcalde de Barcelona, Trías; tampoco por la grabación de las conversaciones del ministro con un subordinado en las que complotaban para imputar falsedades a los adversarios y destrozar su sistema sanitario; tampoco por el culebrón de la grabación de La Camarga que destapó el caso Pujol.

Rajoy habla siempre de la obligación de cumplir la ley. Esto tiene su miga, aunque no hace ahora al caso. Lo que, sin embargo, no menciona es que las fuerzas de hacer cumplir la ley están dirigidas por un personaje por debajo de toda sospecha. Por ejemplo, la de que ha estado utilizando las fuerzas de seguridad del Estado en beneficio de su partido.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales


Jueves con portadas y grandes titulares repartidos: el sello final del Supremo para devolverá desde el minuto uno el exceso en las cláusulas suelo; dos comparecencias parlamentarias, Guindos para impulsar la investigación sobre Bankia y Linde para proponer al Pacto de Toledo ideas sobre las pensiones; la tregua de una semana en el conflicto de los estibadores; y este avance en OKdiario: El fallo de Nóos listo tras limar las críticas a la Zarzuela; Cristina se libra y 7-8 años para Iñaki (M.A. Ruiz Coll).

INFORMACIÓN NACIONAL
El País: El PSOE propone una reforma legal para evitar otro bloqueo político en la elección del presidente del Gobierno (Anabel Díez). El Mundo: Ciudadanos emprende la batalla contra el 'bipartidismo judicial' (Marisa Cruz). Otro titular: Reprimenda de Pastor tras la bronca entre Iglesias y un diputado del PP. El Confidencial: Iglesias apuesta por la bronca y rompe ya con la convivencia institucional de Errejón (Ángel Collado). ABC (con una batería de fotos de Pablo Iglesias en diferentes gesticulaciones): Iglesias estrena el manual de estilo de Vistalegre II: recupera en el Parlamento su tono autoritario, desafiante y grosero tras ganar a Errejón el pulso por imponer el Podemos más radical y antisistema.

Libertad Digital: Iglesias acusa a Aznar y González de echar 'gasolina al fuego' por pedir la liberación de Leopoldo López (Míriam Muro). Otro titular: Bronca en el Congreso entre diputados del PP y Podemos: '¿Quieres que vaya o qué?': Ana Pastor ha suspendido la sesión ante la trifulca en el Hemiciclo por el enfrentamiento entre Montoro y un diputado de En Marea K. Garat y M . Muro). El Plural: Gestos y reproches entre PP y Podemos: '¿Quieres que vaya o qué?' (Cecilia Guzmán). Estrella Digital: Susana Díaz paraliza los pactos para las primarias del PSOE: Pedro Sánchez y Patxi López miden sus movimientos en espera de lo que haga la líder andaluza y de cuándo decida dar el paso (Paula Pérez Cava).

CATALUÑA
La Vanguardia: La fecha del referéndum catalán, pendiente de la campaña de renta: Economía pide calma y mantener setiembre como ‘deadline’ (Carmen del Riego). Otro titular: Coloquio: Puigdemont acusa al Estado de flirtear con 'los confines de las costuras democráticas'; Anna Gabriel (CUP) asegura que sólo aceptarán suspender el referéndum si hay peligro de 'uso de la fuerza contra la gente' por parte del Estado. Otro titular: Colau encarga a un centenar de jóvenes chequear la limpieza: los informadores pedirán a los vecinos que ensucien menos. Europa Press: Guindos dice que Cataluña crece por la política del Gobierno y por que inversores descartan la independencia. ABC: La Moncloa extiende el diálogo en Cataluña a los ayuntamientos.

El Periódico: Junqueras niega a Vidal y la oposición le conmina a que lo demande: el vicepresidente del Govern desmiente con 'noes' tajantes todas las aportaciones del ex senador (Xabi Barrena). Otro titular: ¿Qué ha aclarado Junqueras del 'caso Vidal'? Las respuestas que ha dado el vicepresidente del Govern a las principales revelaciones del ex senador de ERC. Economía Digital: El bloque constitucional reclama firmeza ante la provocación soberanista: Concordia Cívica recoge firmas para defender 'las instituciones democráticas', tras la posición de la CUP de responder al Estado si es necesario con virulencia (Manel Manchón). El Español: El PP votará a favor de Tardá para la Comisión de Secretos con la consulta ilegal a punto (Jorge Sáinz).

ECONOMÍA
Invertia: Linde califica los planes privados de pensiones de ineficientes y costosos. EFE: Linde ve conveniente revisar los planes privados de pensiones por su alto coste. El País: El Banco de España apoya retrasar la jubilación más allá de los 67 años: Luis Linde prefiere esta solución a las medidas impositivas (Manuel V. Gómez). Otro titular: El Gobierno retrasa la reforma de la estiba y los sindicatos anulan la huelga: el Ejecutivo, sin apoyos parlamentarios, da una semana más a los agentes sociales para negociar (Hugo Gutiérrez y Fernando Garea). El Confidencial: El PP descarta el plan del Banco de España de volver a subir la edad de jubilación (Carlos Sánchez). Otro titular: Cerco a la legítima: seis autonomías ponen límites a la herencia forzosa (Carlos Sánchez).

Cinco Días: La solución de Linde: bajar las pensiones futuras; el gobernador del Banco de España pide elevar la edad de jubilación más allá de los 67; cuestiona las subidas de cuotas y reclama más espacio a los fondos privados. Otro titular: Las fórmulas del Banco de España para garantizar las pensiones (Raquel Pascual). Otro titular: Ni huelga ni decreto: Gobierno y estibadores vuelven a negociar (Javier F. Magariño). Otro titular: Entrevista a Antolín Goya, coordinador del sindicato mayoritario de la estiba: ‘Ponernos trabajas no es lo mejor para volver a negociar’ (J.F. Magariño). Vozpopuli: El Gobierno se pliega a los estibadores para evitar una multa de 134.000 euros diarios (Raúl Pozo). Otro titular: Los pequeños operadores portuarios estallan: ‘El Gobierno nos deja tirados’.

La Razón: Los estibadores suspenden la huelga tras aplazar el Gobierno la reforma: De la Serna da tiempo a sindicatos y patronal para llegar a un acuerdo. El Economista: La UE obliga a Montoro a bajar las multas por los bienes fuera: da dos meses para cambiar la norma al ver desproporcionadas las sanciones. La Vanguardia: Ultimátum de Europa a Barcelona y Madrid por la contaminación: la Comisión avisa que llevará el caso al Tribunal de la UE si no se actúa sobre el tráfico. El Periódico: El Banco de España pide retrasar más la jubilación (P. Allendesalazar). Otro titular: Bruselas exige a Hacienda suavizar las multas por no declarar bienes en el extranjero (Rosa María Sánchez y Silvia Martínez).

Expansión: Entrevista a Albert Rivera: ‘Apoyaremos el Presupuesto sólo si hay un complemento salarial para los jóvenes’. Otro titular: Linde defiende el retraso de la edad de jubilación más allá de los 67 años (M. Valverde). Otro titular: Urkullu promete apoyo al sector del automóvil. ABC: Montoro se reúne con el PNV para acercar posturas. Otro titular: El PP buscará también el apoyo de PDECat a los Presupuestos del Estado. Otro titular: El Caso Bankia lastra las aspiraciones de España de lograr un sillón en el BE.

EMPRESAS
Capital Madrid: Las inmobiliarias recomponen sus negocios para consolidarse el próximo lustro: Quabit, Colonial o Urbas, ejemplos de la recuperación del ladrillo, buscan vías rentables, mientras Goldman Sachs estima que la vivienda subirá entre un 4% y un 6% (Héctor Chamizo). El Confidencial: Cumbre de urgencia este viernes de los jefes de Adif, DCN y Urbanismo para salvar operación Chamartín (Ruth Ugalde). Cinco Días: Talgo crea una ‘Renfe’ para competir con el AVE en toda España tras la liberalización (Fernando Sanz). Otro titular: Santander, Caixa, Bankia y Sabadell lideran la ayuda financiera a Grifols. 

Economía Digital: Colombia descarta devolver Electricaribe a Gas Natural (Xavier Alegret).
El Economista: La plantilla de ‘Asturiana’ exige que el puesto de trabajo sea hereditario: el comité de empresa de Capsa, la compañía que gestiona Central Lechera Asturiana, reclama que el puesto de trabajo sea hereditario y exige fuertes subidas de sueldo, pese a que ganan hasta un 80% más que el sector (Javier Romera). Otro titular: La fusión con Siemens doblará la caja de Gamesa a 1.100 millones. Otro titular: La venta de Opel a PSA amenaza el crecimiento de Figueruelas (Antonio Lorenzo). ozpopuli: González-Robatto, presidente de Nueva Pescanova: ‘El panga es buen pescado’ (Alberto Ortín).

SECTOR FINANCIERO
El País: El Supremo aplica la retroactividad total a las cláusulas suelo: el tribunal falla contra el BBVA (Reyes Rincón). Expansión: Luis de Guindos: 'Cada día es más claro que la OPV de Bankia fue un error' (Rubén Sampedro). Cinco Días: La banca debe devolver también cláusulas suelo ya juzgadas: el Supremo rechaza la tesis de BBVA de que ya había un fallo a su favor (Juande Portillo). Otro titular: Fitch hunde más a Popular en el bono basura (L. Salces y P.M. Simón). El Mundo: El PP pedirá investigar el rescate a las cajas desde el año 2009 (C. Segovia y C. Urrutia). Otro titular: Podemos y C's 'harán piña' ante el 'gran saqueo' bancario (Marisa Cruz). Confidencial Digital: BBVA desoye al Supremo: sólo devolverá las cláusulas suelo donde hubo abuso.

El Confidencial: El Gobierno avala la 'comisión Bankia' para condenar la política económica de Zapatero (José Antonio Navas). Vozpopuli: Zapatero choca con la gestora del PSOE: no quiere que se investigue a MAFO (Federico Castaño). Otro titular: Guindos apunta a apatero y MAFO: ‘La clave es por qué no sanearon las cajas’ (Jorge Zuloaga). Otro titular: Linde: confiamos en que la Audiencia clarifique todo lo ocurrido (Teresa Lázaro). El Economista: Guindos quiere investigar el papel de Zapatero en la crisis financiera: reclama que se amplíe la responsabilidad política. Otro titular: Bruselas pretende abolir las comisiones por abrir o mantener cuentas bancarias: también las cobradas por recibir transferencias.

Capital Madrid: La banca sube a la carrera el precio de las hipotecas fijas y variables: ocho entidades elevan los tipos de sus productos más interesantes tras las últimas sentencias judiciales, con la única excepción de Santander, que va a contracorriente en su oferta a tipo variable (Quesada Vargas). Otro titular: El Tribunal Supremo confirma la retroactividad total de las cláusulas suelo: con esta sentencia, el Alto Tribunal adecúa su jurisprudencia a la del TJUE y el BBVA ve rechazado su recurso in extremis para detener su sangría de provisiones (José Sánchez Mendoza).

OTROS TITULARES DESTACADOS
El Mundo: La Fiscalía General también impidió acusar a Pedro Sanz: el fiscal del caso vio motivos para actuar contra el ex presidente de La Rioja por la construcción de un chalet en terrenos ilegales (Joaquín Manso). La Razón: El PP mantendrá al presidente de Murcia aunque sea imputado: asegura que el pacto con C’s es de ámbito nacional y no regional y no implicaría su dimisión (Carmen Morodo). Otro titular: Sólo un tripartito C’s, PSOE y Podemos quitaría el Gobierno a los populares. Público: Las cloacas de Interior. Villarejo a los Pujol: 'Vamos a joderos por orden del ministro del Interior' (Carlos Enrique Bayo y Patricia López).


A. R. Mendizabal
https://www.capitalmadrid.com/news_links/2255 

miércoles, 15 de febrero de 2017

Desarrollan desde la UMU la web 'Miwuki' para adoptar animales de sociedades protectoras de todo el mundo


MURCIA.- El licenciado en Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU) Álvaro de Francisco y el ingeniero informático Álvaro Serrano han creado una aplicación gratuita para móviles que facilita la adopción de animales de compañía de sociedades protectoras de todo el mundo. 

Alarmados por las cifras de abandonos de perros y gatos en España, estos dos jóvenes emprendedores decidieron hace seis meses unir, a través de la tecnología, a las saturadas protectoras con aquellas personas que buscan adoptar o acoger temporalmente un animal.
La idea se materializó en Miwuki (http://bit.ly/2hdM7iX), una aplicación gratuita para Android (http://bit.ly/2kNv5cs) que sirve tanto de escaparate de animales desamparados como de gestor digital para las protectoras.
"Las protectoras pueden subir las fichas de sus acogidos con fotografías, edad y datos sobre su comportamiento, controlar las fechas de vacunación, de desparasitación y el tiempo que permanecen en el centro. Todo el trabajo que por falta de recursos ahora hacen, cuando pueden, en papel", explica Álvaro de Francisco.
Desde el lanzamiento de la plataforma web y app, en inglés y castellano, se han registrado 90.000 animales de 4.800 protectoras de Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y España.
Una vez finalizada la primera fase de recabar los datos de los animales, desde este mes los particulares que quieran adoptar o acoger pueden realizar búsquedas por provincias, responder a un test de afinidad o contestar preguntas sobre sus gustos, hábitos, tamaño de la vivienda etc., para que el sistema recomiende los animales más apropiados para su perfil.
En este sentido, los creadores de Miwuki tienen claro que "el 20% de las mascotas adoptadas son devueltas por falta de afinidad con la familia, por lo que creemos que es esencial dar muchos detalles sobre su comportamiento".
Los usuarios interesados pueden descargar la aplicación de forma totalmente gratuita en Google Play: http://bit.ly/2kNv5cs
De Francisco y Serrano buscan financiación para dar a conocer la aplicación, hacer una versión compatible con iPhone y desarrollar nuevas funciones.