sábado, 28 de abril de 2012

Al Banco de Valencia le salen demasiados novios mientras BMN recula un poco al ver el percal

MADRID.- Al menos cuatro entidades han presentado ante el Banco de España una oferta de compra no vinculante por Banco de Valencia, intervenido por el supervisor el pasado mes de noviembre debido a sus graves problemas de solvencia tras la negativa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) a prestarle ayuda financiera, según han informado fuentes del sector financiero. 

   Las mismas fuentes apuntaron que al menos BMN, Santander, Sabadell e Ibercaja habrían acudido previsiblemente a la primera fase de la subasta para conocer cuáles son las ayudas que ofrece el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
   Además, aseguraron que otras entidades podrían haber acudido a la puja por Banco de Valencia, si bien matizaron que lo más "probable" es que algunas de ellas se retiren después de esta primera "toma de contacto".
   Desde BMN confirmaron que la entidad formada por CajaGranada, Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra está "bastante interesada" en el único banco rescatado, habida cuenta de su presencia en Valencia y en Castilla.  
Banco Mare Nostrum (BMN) presentó este viernes una oferta vinculante para la compra del intervenido Banco de Valencia cuya subasta debería estar resuelta a mediados de junio, según dijeron, por su parte, fuentes con acceso al cuaderno de venta.
   El Banco de España tendrá que dar su visto bueno a los planes de cada uno de los pujantes y a la inyección de liquidez que reclamen para sanear a la entidad subastada. El próximo 27 de mayo será el momento en el que las entidades tendrán que decidir si convierten sus ofertas en vinculantes y se lanzan a competir por Banco de Valencia.  
   En concreto, la banca deberá aportar un máximo de 4.000 millones de euros al comprador del Banco de Valencia, según fuentes financieras. El cuaderno de venta repartido por el banco de inversión japonés Nomura contempla un esquema de protección contra pérdidas futuras sobre una cartera de activos de 6.000 millones de euros, lo que supone el 27% del total de la cartera crediticia de la entidad.
   Las primeras pérdidas que registre la entidad serían cubiertas por las provisiones constituidas por Banco de Valencia por importe aproximado de 1.000 millones de euros, por lo que dicho esquema de protección de activos (EPA) se constituye sobre 5.000 millones.
   El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades financieras, cubriría el 80% de las pérdidas sobre dicha cartera de 5.000 millones, por lo que pagaría una factura de 4.000 millones de euros para sanear Banco de Valencia.
   Actualmente, el FGD cuenta con recursos de apenas 2.000 millones de euros, después de las adjudicaciones de CAM a Banco Sabadell y de Unnim a BBVA. Es decir, dispone de la mitad de lo que va a ser necesario para culminar el rescate del Banco de Valencia.
   En las últimas semanas el Banco de España y el Gobierno negocian contrarreloj con la banca para o bien incrementar su aportación al FGD o bien adelantar las cuotas de los ocho próximo años, según fuentes financieras.
   De acuerdo a estos cálculos, el adelanto de aportaciones engrosaría la liquidez de este fondo entre 16.000 y 20.000 millones de euros. Los ejecutivos de la gran banca parecen haber asumido ya que será el sector quien financie la limpieza de balances, pese a la recomendación del FMI de dotar a la reestructuración con más recursos públicos. Y el Gobierno cumpliría con su objetivo de afrontar la remodelación bancaria sin coste para el contribuyente.  
   En la actualidad, el FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, aunque se contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias. Santander, por ejemplo, prefiere no elevar aportaciones para dar liquidez al fondo.
Banco Mare Nostrum (BMN) y Banco Popular están considerados como los máximos favoritos para la compra del intervenido Banco de Valencia cuya subasta debería estar resuelta a mediados de junio, según dijeron fuentes con acceso al cuaderno de venta.

Los aceites virgen extra de la Región de Murcia (0,5% del total español en Altiplano y Noroeste) compiten en calidad con andaluces y catalanes


MORATALLA.- Los aceites virgen extra de la Región de Murcia compiten en calidad con los de las principales zonas olivareras de España, como Andalucía o Cataluña, tal como ha quedado de manifiesto en la clausura de las 'VIII Jornadas del olivar, del aceite de oliva y de la aceituna de mesa', celebradas esta semana en Moratalla. Se producen básicamente en las comarcas del Noroeste y Altiplano.

   Las variedades cultivadas tradicionalmente en la Región de Murcia (Cuquillo y Cornicabra, principalmente) y otras de reciente introducción (Picual, Arbequina, Hojiblanca, entre otras) están dando aceites con un alto estándar de calidad, al ser un alimento natural que aporta sabor a la dieta, además de otros componentes biosaludables.
  El director de la Agencia del Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Sánchez, señaló en estas Jornadas que la 'Interprofesional del aceite de oliva' representa al sector oleícola organizado y cuenta con el enfoque global y los medios necesarios para ser la base del liderazgo mundial que corresponde a España.
   Por su parte, la directora técnica y gerente de la empresa 'Olimendros S.L., Fuensanta Muñoz, se refirió a la necesidad de desarrollar la cultura del aceite entre los consumidores, para que estos aprendan a diferenciar y apuesten finalmente por la calidad.
   Igualmente, se dieron a conocer los resultados del estudio nutricional llevado a cabo por la Consejería de Agricultura murciana en la comarca del Noroeste, para orientar el abonado en una red de parcelas con distintas variedades de olivo, cultivadas en secano tradicional y en regadío.
   Una de las conclusiones apuntó que el nitrógeno es el factor limitante en cantidad y calidad de la producción, mayoritariamente en las plantaciones adultas, y es, por tanto, un elemento esencial que influye en la calidad de los aceites producidos en la Región de Murcia.
   Y es que, según los datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 31 de marzo, en la campaña 2011-2012, el aceite producido por las almazaras españolas se sitúa en torno a los 1.596 millones de kilos, de los que ocho millones de kilos corresponden a las almazaras de la Región de Murcia, lo que supone el 0,5 por ciento del total nacional.

San Esteban tiene intención de privatizar totalmente 'La 7'

MURCIA.- La Radiotelevisión murciana, con un modelo de gestión privada y titularidad pública desde su creación, está a la espera de la futura ley general del sector audiovisual para avanzar hacia el objetivo final de la privatización del ente.

Y es que según el director del Grado en Periodismo de la Universidad Francisco de Vitoria, Humberto Martínez Fresneda, "las televisiones públicas son deficitarias y en tiempos de crisis no tiene ningún sentido mantenerlas", por lo que considera que el proyecto de ley recién aprobado por el Gobierno es "una oportunidad de no gastar donde no hace falta".
Precisamente el director de la radiotelevisión murciana y presidente de turno de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), José Daniel Martín González, ha dicho que a partir de ahora se abre un "abanico de oportunidades" para que los gobiernos regionales decidan qué modelo quieren para sus entes públicos.
  La Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que Cataluña, Extremadura, Andalucía y Galicia han anunciado que mantendrán la gestión pública.
En el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril, el Gobierno aprobó una modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual que permite a los gobiernos autonómicos que lo deseen, o bien privatizar las televisiones públicas regionales, o bien quedarse con su gestión, aunque en este caso, estarán obligados a no tener déficit.
   Además, da la opción a las administraciones autonómicas de confiar a una empresa privada la producción de sus informativos, un extremo que hasta ahora estaba prohibido por ley, aunque 'de facto', algunas televisiones autonómicas ya lo hacían para ahorrarse costes; caso de 'La 7'.
   Actualmente, en España hay un total de 13 televisiones autonómicas, que emiten en Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Murcia, Asturias, Aragón y Extremadura. Cada una de ellas tiene, no obstante, unas características muy distintas.
El tamaño de la plantilla, la deuda acumulada y la forma de gestionar las televisiones públicas también es muy distinta en cada comunidad autónoma. De hecho, aunque hasta la última reforma del Gobierno, estaba prohibido por ley que las cadenas autonómicas públicas delegaran la producción de sus servicios informativos a empresas privadas, al menos cuatro autonomías (Aragón, Baleares, Murcia y Canaria) ya venían haciéndolo en menor o mayor medida.
Distinto es el caso de la Comunidad Valenciana, cuya televisión pública afronta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de un millar de trabajadores. En este caso, el Gobierno valenciano se ha manifestados partidario de mantener la gestión pública y encargar a empresas privadas la producción de los programas informativos como fórmula de ahorro.
También parece clara pues la apuesta por el carácter público de la Radio Televisión Valenciana, así como por un sistema mixto de financiación.
Además, se contempla la transformación del ente autonómico y sus sociedades (Canal 9 y Radio 9) en una única sociedad mercantil, íntegramente participada por la Generalitat.
Todo ello coincide con el anuncio por el Gobierno valenciano de despedir entre al 40 y el 50 por ciento de los empleados de su sector público empresarial.
   Así, el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Císcar, ha explicado que la futura ley de Radio Televisión Valenciana (RTVV), cuyo anteproyecto ha presentado el gobierno autonómico, contemplará que el ente siga siendo "un servicio público en el que los contenidos informativos y de defensa de la lengua valenciana, su cultura y tradiciones se presten mediante gestión directa y que las producciones que se tengan que hacer se puedan externalizar mediante un procedimiento de colaboración público-privada".

Decanos de la Universidad de Murcia defienden la austeridad de la institución y demandan a la CARM el pago de la deuda

MURCIA.- Los decanos de la Universidad de Murcia, ante la grave crisis económica que atraviesa España y Murcia en particular, han asumido su corresponsabilidad con el resto de las administraciones públicas y con la ciudadanía en general, aplicando políticas de austeridad que en los dos últimos años han supuesto un recorte del gasto público de más de 30 millones de euros.

   A pesar de ello, indican que el Gobierno regional "sigue manteniendo una deuda con la Universidad de más de 60 millones de euros. Además nos exige un nuevo recorte de 21 millones para 2012", según han informado fuentes de los responsables universitarios en un comunicado.
   Por otro lado, a ello se suman los "drásticos recortes y modificaciones legales recogidos en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que van más allá de la simple austeridad", añaden.
   De este modo, han manifestado que las recientes medidas adoptadas por los Gobiernos central y regional "ponen en grave riesgo la viabilidad de esta Universidad pública y pueden arruinar los esfuerzos realizados en los últimos años".
   Y es que, en su opinión, la Universidad de Murcia es la más importante institución regional en el campo de la investigación científica y desempeña una triple función de formación cultural, capacitación profesional e innovación científica y tecnológica, de la que depende el desarrollo socioeconómico y cultural de esta Región.
   Como ponen de manifiesto los países más desarrollados de Europa, y como ha acordado recientemente el Parlamento Europeo, "un país que no apuesta decididamente por la educación, la formación y la investigación, no tiene futuro alguno en el siglo XXI", han subrayado.
   Por ello, explican que en caso de llevarse a cabo las medidas propuestas, la Universidad de Murcia "se vería obligada a prescindir de un buen número de profesores que son, sin duda, la generación de profesionales más preparada de su historia".
   La Universidad de Murcia ha incrementado su número de alumnos en los dos últimos años en más de 5.000, pasando de 26.000 a 31.000. Esta situación se debe, al menos en parte, a la alta tasa de desempleo juvenil, que supera ya el 50 por ciento, y a la necesidad de los desempleados de ampliar su formación para aumentar sus posibilidades de conseguir empleo.
   Por todo ello, manifiestan públicamente su apoyo al Rector y al Consejo de Dirección de la Universidad de Murcia "en la defensa de los intereses de esta institución universitaria, que son también los intereses del alumnado, de sus familias y, en general, de toda la sociedad murciana".

El sistema sanitario español acumula pérdidas millonarias por la mala gestión

MADRID.- El sistema sanitario español está plagado de fallos administrativos que ocasionan pérdidas millonarias debido, principalmente, a la mala gestión hecha por las administraciones de la atención sanitaria a extranjeros.

Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas que tras fiscalizar el ejercicio 2009 ha detectado numerosos fallos burocráticos y administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de Salud como a las comunidades autónomas.
La falta de actualización de tarifas, la concesión de tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros que no cumplían los requisitos, la duplicidad de tarjetas, la falta de informatización, la asunción de pagos que no les corresponden o la dejación a la hora de facturar los servicios sanitarios a los países de origen de los pacientes, son las principales irregularidades detectadas en el sistema sanitario español.
Uno de los principales "agujeros" se encuentra en la facturación de las prestaciones farmacéuticas a extranjeros, concepto por el que en 2009 se facturaron 1.452.207,73 euros por la asistencia prestada en atención primaria.
Tras inspeccionar este servicio, el Tribunal constató que los servicios de salud de las comunidades autónomas dejan de facturar de media el 45% del coste de estas prestaciones farmacéuticas servidas a asegurados de los 37 países objetos de fiscalización, lo que supone unas pérdidas de, al menos, 4,5 millones de euros en un solo año.
Las administraciones autonómicas tampoco facturan, según el Tribunal, las prestaciones que sus servicios de emergencia ofrecen a asegurados de otros países.
En este caso, la facturación no realizada por las comunidades autónomas ascendió, al menos, a 3,55 millones de euros en un ejercicio.
Otro de los "agujeros" por el que el sistema sanitario española pierde dinero es el de la fijación de precios públicos que aplica cada comunidad en la atención sanitaria a extranjeros.
Según el Tribunal, la falta de actualización de los mismos hace que, en la mayoría de los casos, ni siquiera sirvan para cubrir los costes de las prestaciones servidas a los pacientes extranjeros.
Así, existen diferencias significativas de precios entre comunidades que pueden oscilar entre los 2.245,21 euros que estipula Andalucía por una litotricia renal (tratamiento para eliminar cálculos del riñón) o los 849,64 de Galicia por la misma prueba; o entre los 548 euros calculados por Aragón por la estancia en la UCI y los 2.035,55 de Extremadura.
El Tribunal también ha detectado "incoherencias" en la base de datos de la mayoría de las regiones respecto a los ciudadanos extranjeros procedentes de países donde son aplicables los Reglamentos comunitarios.
En su informe también denuncia que las bases de datos de los pacientes extranjeros están incompletas, lo que hace imposible cobrar muchas de las facturas en sus países de origen.
Otra de las anomalías se refiere a los extranjeros con derecho a asistencia sanitaria por carecer de los recursos económicos suficientes.
En este caso ha comprobado que de los 453.349 extranjeros en esta situación, 2.586 eran a su vez titulares de una Tarjeta Sanitaria Española (TSE) emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), algo incompatible.
El fraude, explica, se debe a que la tarjeta de los extranjeros sin recursos tiene una validez de 90 días frente a los dos años de la TSE, periodo en el que, además, estas personas pueden regresar a sus países y recibir allí atención médica con cargo a España.
Así, explica puede darse el caso de ciudadanos marroquíes que hayan vuelto a su país se desplacen a Ceuta o Melilla a recibir atención sanitaria con cargo al sistema español.
El Tribunal denuncia, además, que en la mayoría de las bases de datos el campo relativo a la nacionalidad "estaba vacío", y tampoco figuraba la fecha de caducidad de la tarjeta, ni la fecha de baja, lo que facilita que un número importante de ciudadanos extranjeros continúe utilizando tarjetas caducadas.
Según el informe, los servicios de Salud de las comunidades autónomas emitieron, en 2009, 1.112.085 tarjetas sanitarias individuales a extranjeros procedentes de países del Espacio Económico Europeo y Suiza.
No obstante, 59.088 de estos extranjeros, figuran en las bases de datos como personas sin derecho a asistencia sanitaria.
En este caso, advierte de la dificultad añadida de conocer qué comunidades autónomas emitieron las citadas tarjetas.
También advierte de más de un centenar de extranjeros que tienen la tarjeta sanitaria de su país y la tarjeta sanitaria individual española, dos documentos incompatibles.
Además, la mayoría de centros sanitarios españoles dispensan a extranjeros con tarjetas sanitarias temporales tratamientos que no son urgentes y que pueden posponerse hasta la vuelta a sus países como mecanoterapia, masoterapia, cinesiterapia o termoterapia, entre otros.
Estos tratamientos cuestan miles de euros que, por otra parte, y según el órgano fiscalizador, nunca se facturaron o cobraron a los países afectados.

viernes, 27 de abril de 2012

El PP murciano anima a los ciudadanos a hacer sugerencias a las ponencias de su Congreso

MURCIA.- El presidente del Comité Organizador del XV Congreso del Partido Popular de la Región de Murcia y alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, ha afirmado este viernes en rueda de prensa que "serán valientes" a la hora de proponer nuevas iniciativas para sacar a Murcia de la crisis y ha animado a los ciudadanos y simpatizantes a hacer sugerencias y enmiendas a las cinco ponencias que se desarrollarán el 19 mayo.

   De este modo, Bernabé ha explicado que este lunes concluye el plazo de entrega al Comité Organizador, por parte de los ponentes, de las ponencias que el XV Congreso Regional debatirá y aprobará definitivamente en el Pleno del mismo.
   Las cinco ponencias y las personas encargadas de su redacción, que fueron aprobadas por la Junta Directiva del pasado 26 de marzo, son la Económica, coordinada por Javier Ruano y Juan Hernández y Yolanda Muñoz, que le acompañan en la redacción; la Social, coordinada por Violante Tomás y elaborada junto a Martín Quiñonero y Adoración Molina; o la del Agua y Medio Ambiente, coordinada por Adela Martínez-Cachá en compañía de Ángel García Aragón y Teodoro García.
   Asimismo, la ponencia de Jóvenes Empleo y Participación, coordinada por Víctor Manuel Martínez, acompañado en su redacción por Inmaculada González y Fernando López Miras; y la de Reglamento de Organización Regional, coordinada por Pedro Chico y María Dolores Alarcón y José Gabriel Ruiz en la redacción.
   Bernabé también ha explicado que el XV Congreso del PP tendrá lugar el sábado 19 de mayo en el Auditorio y Centro de Congresos 'Víctor Villegas' y en él participarán 1.320 compromisarios, 220 serán natos por pertenecer a la Junta Directiva Regional y otros 1.100 serán elegidos en las diversas juntas locales. De estos últimos, 1.083 corresponden al Partido Popular y 17 a las Nuevas Generaciones.
 Bernabé también ha presentado la web que el Partido Popular ha creado para el XV Congreso.
   Las principales utilidades del portal giran en torno a los 'Proyectos' que se presentarán, la formación del 'Comité Organizador', los 'Compromisarios', las 'Ponencias-Ponentes', 'Consultas frecuentes', información para 'Prensa' y una opción abierta a todos de 'Contacto'.
   A través de la web, 'http://www.15congresoppmurcia.org/', Bernabé ha invitado a todos, ciudadanos, afiliados y simpatizantes, a aportar ideas y sugerencias.

Contratar varios trabajadores irregulares será delito

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un plan de intensificación de la lucha contra el fraude laboral hasta 2013 que, entre otras medidas, plantea un endurecimiento de las penas al convertir en delito la contratación de varios trabajadores irregulares.

"Modificaremos el Código Penal para tipificar como delito el empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en empleo irregular", dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros.
Además, Báñez dijo que la modificación del Código Penal ampliará el periodo de prescripción, de 5 a 10 años, de los supuestos delictivos más graves contra la Seguridad Social, y que los defraudadores deberán abonar todas las cuotas defraudadas para eximirse de la responsabilidad penal.
En una nota de prensa, el Ministerio de Empleo dijo que entre estos supuestos se encuentran "las 'empresas fantasma' sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública".
El plan, anunciado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, tiene como objetivo, entre otros, impulsar el afloramiento de la economía sumergida y así generar mayores recursos económicos para el sistema de la Seguridad Social.
En ese sentido, se contempla una reorganización de la inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que actúen coordinadamente en la lucha contra el fraude, la incorporación de 53 inspectores y 60 subinspectores para dedicarse a este tema, y la realización de campañas en aquellos sectores que se identifiquen como "bolsas de fraude".
En el plan también se introducen cambios que pretenden proteger a los trabajadores mayores de 50 años, como por ejemplo, la ampliación del número de empresas sometidas a la obligación de contribuir a las prestaciones que recibirán estos trabajadores si son incluidos en despidos colectivos, al rebajarse de 501 a 101 el número de trabajadores mínimo de las empresas sometidas a esta obligación.
En este sentido, además, se prohíbe la jubilación obligatoria a determinada edad en convenios colectivos.

Los comerciantes temen que la subida del IVA sea "la puntilla que remate" el sector

MADRID.-   Los comerciantes han advertido de que la subida del IVA anunciada por el Gobierno para 2013 supone un "hachazo" para un sector que acumula 21 meses consecutivos de caída de ventas y temen que sea "la puntilla que remate" a las tiendas que están intentando evitar el cierre.

   "La subida hará mucho daño al comercio en las actuales circunstancias de decaimiento del consumo y crea temor y desconfianza en los consumidores desde hoy", dijo hoy el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo.
   El presidente de la CEC defendió la necesidad de poner en marcha medidas que "favorezcan el consumo y no que vayan en contra" como, a su juicio, es el caso de un alza fiscal de este tipo, al tiempo que advirtió del impacto de esta medida en un sector que está "agotando todas sus reservas".
   Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio Textil y Complementos (Acotex), Borja Oria, manifestó la sorpresa del sector ante este anuncio, después de los "mensajes del Gobierno de que no se iba a subir este impuesto", así como la preocupación por el convencimiento de que se trata "la peor medida que se puede tomar".
   Oria señaló que, tras el incremento del IVA aplicado en julio de 2010, las tiendas de ropa registraron una caída de las ventas del 10% ese mismo mes, debido a la desconfianza del consumidor, dado que la mayoría de las empresas absorbieron la subida.
   El vicepresidente de la CEC y presidente de la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem), Hilario Alfaro, coincidió en que el anuncio supone un "hachazo a la posible recuperación del consumo". "Va en línea contraria a lo que hay que hacer, que es un plan de dinamización del comercio", apuntó.

No está nada claro que Banco de Valencia caiga en manos de un pequeño como 'Mare Nostrum'

MADRID.- Banco Mare Nostrum (BMN) presentó este viernes una oferta vinculante para la compra del intervenido Banco de Valencia cuya subasta debería estar resuelta a mediados de junio, dijeron fuentes con acceso al cuaderno de venta.

"La entidad ha presentado esta tarde la oferta no vinculante en una operación que de culminar le debería permitir acercarse a una cifra de 100.000 millones de euros de activos bajo gestión que está considerada como una cifra psicológica que permite operar con mayor eficiencia en los mercados", dijo una fuente con conocimiento del proceso de venta.
En el mercado se baraja al Popular también como uno de los favoritos para adjudicarse Banco de Valencia si bien su director financiero no quiso pronunciarse este viernes durante la presentación de resultados sobre la entidad valenciana y únicamente reconoció que estudiaría el cuaderno de ventas de Catalunya Caixa.
"Sobre el primero (Banco de Valencia) estamos sujetos a mantener la confidencialidad con respecto al FROB (quien lo adjudica) y no lo podemos comentar, y sobre Catalunya Caixa hemos recibido literalmente ayer una invitación para mostrar nuestro interés y es verdad que lo vamos a estudiar", dijo el directivo de Popular en una conferencia con analistas.
En la actualidad, tanto la intervenida Banco de Valencia como la nacionalizada Catalunya Caixa se encuentran en proceso de subasta. El calendario para Banco de Valencia fija como tope este viernes, 27 de abril, para la presentación de ofertas no vinculantes y el 27 de mayo para las vinculantes antes de su adjudicación en junio.
Diversas fuentes han indicado recientemente que Banco de Valencia, con activos de unos 22.000 millones de euros, podría atraer el interés de entidades de tamaño mediano.
En la actualidad, el sector bancario español se encuentra en pleno proceso de reestructuración después de que el Gobierno aprobara en febrero una normativa que obliga a la banca a afrontar la depreciación de los activos inmobiliarios con unas nuevas exigencias por provisiones y capital por importe de unos 54.000 millones de euros.
El Ejecutivo aprobó esta legislación en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en el sector bancario español, cuyo principal talón de Aquiles es precisamente el negocio del ladrillo, donde tiene unos 184.000 millones de activos problemáticos.
Banco Mare Nostrum, con activos de unos 70.000 millones y presencia en el arco mediterráneo (Granada, Murcia, Cataluña y Baleares), ha sido la única entidad que ha expresado públicamente su interés por la entidad valenciana.
En el mercado se considera que Popular, con activos de unos 162.000 millones de euros, también redoblará sus esfuerzos por hacerse con el Banco de Valencia después de no haberse adjudicado la catalana Unnim en favor de BBVA.
"Popular está mirando esta entidad con gran interés y quiere estudiar el cuaderno de venta en profundidad", explicó el jueves una fuente con conocimiento de la operación.
En el mercado tampoco se descarta que Liberbank o Ibercaja puedan estar interesados en analizar las entrañas de BMN. Estas entidades tampoco quisieron pronunciarse.
Aunque en el mercado se considera que Santander o BBVA se concentrarán en otras entidades de mayor tamaño, como Catalunya Caixa o NovaCaixaGalicia Banco (NCGB) -ambas con activos algo superiores a los 70.000 millones euros-, no se descarta tampoco que al final puedan aparecer por sorpresa en el caso de Banco de Valencia.
Bajo el conocido como Esquema de Protección de Activos (EPA), que garantiza una cartera de activos inmobiliarios de unos 6.000 millones de euros, el Banco de España tiene previsto ofrecer al potencial comprador un plan por el que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones privadas de los bancos, se haría cargo de pérdidas futuras por el deterioro de activos de Banco de Valencia durante los próximos 10 años.
El coste de la EPA lo asume en un primer momento el Banco de Valencia con las provisiones constituidas, que ascendían a finales de diciembre para sus activos inmobiliarios a unos 1.000 millones de euros.
Posteriormente, el 80 por ciento del quebranto lo asumiría el FGD y el restante 20 por ciento la entidad compradora.
La banca española está trabajando actualmente en varias vías para financiar el coste de las próximas subastas de cajas nacionalizadas, incluida la posibilidad de adelantar aportaciones al FGD, en un momento de crecientes dudas en el mercado por la debilidad de parte del sector financiero español.
Banco de Valencia fue intervenido en noviembre por el Banco de España a través del estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que comprometió una aportación de capital de 1.000 millones de euros y una línea de crédito de 2.000 millones de euros.

Absueltos los cinco ex ediles del PSOE de Abanilla imputados en el 'caso Brugal'

MURCIA.- Los cinco exconcejales socialistas del Ayuntamiento de Abanilla que se vieron imputados en la trama Brugal, que investiga el asunto de las basuras, han sido absueltos al reconocer el Juzgado que las grabaciones que los inculpaban "habían sido manipuladas, que no recibieron dinero del empresario de las basuras y que su actitud fue siempre beligerante contra el vertedero".

Así se expone en el Auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Cieza, donde se decreta el sobreseimiento de la causa y se ordena que se proceda al archivo de las actuaciones por no "aparecer justificada la perpetración de ningún tipo de delito", según un comunicado del PSOE.
La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Abanilla se muestra satisfecha con el archivo de la causa, "lo que demuestra la inocencia de los exconcejales socialistas".
Los responsables socialistas de Abanilla se reafirman en la postura adoptada en el verano de 2010, en la que afirmaban que "todos los concejales que han representado al PSOE en el Ayuntamiento de la localidad han venido poniendo de manifiesto su oposición a determinadas actuaciones relacionadas con el vertedero y su dueño".
Los antecedentes sitúan a Manuel M.C, José Antonio G.R, José A.C, Dolores M. y Dolores S. "en unas grabaciones que guardaba en su vivienda el industrial Ángel Fenoll, dueño de la empresa Proambiente y del vertedero de Abanilla, que la policía requisó con motivo de un registro en dicho domicilio".
La Unidad de Delincuencia Económica (UDEF), según fuentes socialistas, "envió la grabación y su transcripción en papel al Fiscal Anticorrupción de Alicante, sin haber comprobado previamente la originalidad de lo grabado porque según la policía los ediles podrían haber recibido contraprestaciones de diversa índole a cambio de no cuestionar públicamente la figura y empresas de Ángel Fenoll".
Desde el juzgado de Cieza se instruyó el procedimiento por cohecho contra los ediles socialistas y se imputó a los citados en una causa declarada secreta por "admitir presuntamente dinero para financiar al PSOE de la localidad, nunca para ellos, lo que dio lugar a la toma de declaraciones y aportaciones documentales en gran cantidad, además de la propia investigación realizada por la fiscalía, llegando a la conclusión de que no existen indicios de ilicitud alguna".
Señala el informe del fiscal anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su petición de archivo que, además de no apreciarse delito alguno, "las meras conversaciones existentes obtenidas y realizadas de modo subrepticio por el propio Fenoll no constan realizadas con las debidas garantías", enumerando una serie de cuestiones necesarias para tipificar la ilicitud.
Entre ellas, "la inexistencia de los soportes originales de las grabaciones, pues la policía encontró una copia, se desconoce si son conversaciones íntegras o están cortadas, aunque parece que son editadas, es decir manipuladas".
El informe del Ministerio Público continúa recogiendo que "es el propio Fenoll quien acude a las reuniones insinuando el sentido de las conversaciones, buscando que el interlocutor se pronuncie con la intencionalidad que el industrial persigue, que se trata de conversaciones ambiguas y que se deduce que podrían estar manipuladas eliminando los fragmentos comprometedores para Fenoll".
Para el Fiscal Anticorrupción, "no existen documentos de ingresos bancarios, facturas que pudiera haber pagado Fenoll, testigos que acrediten pagos a los concejales, signos externos de enriquecimiento en los imputados, ni se han encontrado sociedades interpuestas, ni otra serie de elementos que en su conjunto sirvan para dar credibilidad al cohecho imputado".
Acaba el informe del fiscal, que ha sido aceptado en su integridad por la juez, que "los imputados no se han limitado a negar los hechos, sino que han aportado, clarificado y justificado determinados hechos controvertidos, despejando las posibles dudas que pudieran derivarse de las irregulares grabaciones, aportando actas y documentos que acredita su legítima actividad política, justificando la realización de una conducta crítica hacia la actividad de la planta de Proambiente y los numerosos vertidos existentes o hacia la actividad de la concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (Colsur)".
Tanto G.R como M.C "han aportado casi 200 documentos escritos sobre el acoso constante que realizaron durante su gestión contra el vertedero, convocando manifestaciones públicas por las calles de Abanilla, repartiendo boletines informativos por el término municipal, además de multitud de preguntas y mociones en los plenos municipales, vídeos y fotografías, demostrando que nunca estuvieron con los brazos cruzados en temas de la empresa Proambiente, sino en la defensa de los intereses generales del municipio".

El puerto de Barcelona desbanca a Escombreras de la mano de 'Lukoil'

BARCELONA.- El gigante petrolero ruso Lukoil ha desembarcado en España tras su alianza estratégica con la catalana Meroil, que se ha materializado en la inversión de 50 millones de euros para la construcción de una gran plataforma petrolífera en el Puerto de Barcelona, inaugurada hoy. El puerto de Barcelona desbanca así a la dársena cartagenera de Escombreras de la mano de 'Lukoil'

Este proyecto se ha canalizado a través de Meroil Tank, la sociedad creada para este fin por Litasco, filial del grupo ruso, y Meroil, y participada a partes iguales por ambas empresas.
La nueva plataforma ha sido construida como parte del proyecto de ampliación de las instalaciones portuarias de Meroil y consta de trece nuevos tanques con una capacidad total de almacenamiento de 360.000 metros cúbicos construidos en una superficie de 40.000 metros cuadrados.
Litasco usará esta nueva terminal, ubicada en el área de productos inflamables del Puerto, para exportar y distribuir hidrocarburos, convirtiéndola en su base para el mercado español y mediterráneo.
Meroil Tank está conectada con la red de oleoductos de CLH y cuenta con ocho puntos de carga con una capacidad de 40 camiones cisterna por día.
Los máximos responsables de Lukoil y Meroil, así como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el conseller de Empresa, Francesc Xavier Mena; el presidente del Puerto, Sixte Cambra, y el embajador de Rusia en España, Yuri P. Korchagin, han asistido hoy a la inauguración de estas instalaciones.
La infraestructura convierte a Barcelona en una de las mayores plataformas logísticas petrolíferas del Mediterráneo y en un importante "hub" o punto de conexión para recibir y exportar hidrocarburos a todo el mundo.
Sixte Cambra ha destacado, en este sentido, que el Puerto cuenta desde el pasado agosto con el atraque para productos petrolíferos de mayor calado del Mediterráneo, preparado para recibir buques tanque de 275 metros de eslora y 175.000 toneladas de peso.
Gracias a estas dos nuevas infraestructuras y a otras inversiones previstas, el Puerto espera aumentar un 50 % su capacidad de manipulación de productos petrolíferos, hasta superar las 8 millones de toneladas anuales.
El presidente de Meroil, José Luis Porté, ha resaltado que estas instalaciones, de una eficiencia "fuera de lo común", permitirán a su socia Lukoil traer productos a España desde cualquier parte del mundo.
El máximo directivo de Litasco, Sergei Chaplygin, ha explicado que la alianza o 'joint venture' con Meroil supone "un paso importante" en la estrategia de la compañía de desarrollar negocios en el Mediterráneo y de "reforzar" su posicionamiento en la región.
"El proyecto está condenado al éxito", ha subrayado Alekperov, que ha asegurado que este es el primer proyecto conjunto con Meroil, aunque se ha mostrado "convencido" de que no será el último, ya que la compañía, el tercer productor de hidrocarburos del mundo, sigue buscando oportunidades de inversión en España.
Por último, el presidente catalán, Artur Mas, ha afirmado que la apuesta de inversión de Lukoil por Barcelona se debe a tres factores: a la presencia de tejido empresarial, de un puerto que es competitivo y que invierte y que está activo y a la existencia "de una capital como Barcelona y de un país como Cataluña", una "suma de éxito" que es además atractiva por su situación geográfica.

El desempleo sigue 'azotando' a la Región de Murcia

MURCIA.- El paro subió en 1.300 personas en la Región de Murcia en el primer trimestre de 2012, lo que supone un aumento del 0,65 por ciento respecto al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 200.400 personas y la tasa de paro aumentó hasta el 26,96 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En los últimos doce meses el volumen de desempleados aumentó en la Región en 8.300 personas, (+4,34 por ciento), mientras que el número de ocupados aumentó en 800 personas, lo que supone un aumento porcentual del 0,14 por ciento en relación con el trimestre del año anterior.
   De enero a marzo la cifra de ocupados disminuyó en 1.900 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone un descenso del 0,34 por ciento de forma que la cifra total de ocupados alcanza los 542.900 personas.
   Por su parte, el número de activos descendió en 600 personas en el primer trimestre, un 0,08 por ciento menos, con lo que la población activa quedó constituida por 743.400 personas. En los últimos doce meses el volumen de activos aumentó en 9.100 personas, lo que representa un incremento del 1,24 por ciento.
   La tasa de paro masculino se situó en 27,55 por ciento en el primer trimestre de 2012 en la Región de Murcia, casi 3,5 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 24,09 por ciento; mientras la tasa del paro femenino fue del 26,19 por ciento frente al 24,86 por ciento de la media nacional.
   Por lo que respecta a la tasa de actividad regional alcanzó el 62,24 por ciento, 2,3 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 59,94 por ciento.
   La Región tuvo en el primer trimestre de 2012 la octava tasa de paro más alta del país con un 26,96 por ciento, encabezando el ranking Ceuta (35,51 por ciento), Andalucía (33,17 por ciento), Canarias (32,28 por ciento), Extremadura (32,05 por ciento), Baleares (28,01 por ciento), Comunidad Valenciana (27,32 por ciento), y Castilla-La Mancha (27,19 por ciento).
   El paro subió en 365.900 personas en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 6,9% más, situándose el número total de desempleados en 5.639.500 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.
   La tasa de paro escaló al cierre de marzo hasta el 24,44%, porcentaje casi 1,6 puntos superior al del trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
   La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el primer trimestre de 1994, cuando la tasa de paro se situó en el 24,55% (su valor más alto desde 1976).
   Durante el primer trimestre se destruyeron 374.300 puestos de trabajo (-2,1%), con lo que el número de ocupados alcanzó la cifra de 17.433.200 personas, su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2003.
   El descenso de la ocupación ha sido casi tres veces superior entre los varones, con 278.300 empleos menos, que entre las mujeres (96.000 menos), si bien el aumento del desempleo en el trimestre les ha afectado de manera similar, con 183.700 parados más en el caso de los varones y 182.200 mujeres más en paro.
   En comparación con el mismo periodo del año pasado, el paro se incrementó en el primer trimestre en 729.400 desempleados, un 14,8%, mientras que los empleos destruidos alcanzan los 718.500 (-3,9%).
   El número de hogares con todos sus miembros en paro aumentó en el primer trimestre en 153.400, un 9,7% más que en el cuarto trimestre de 2011, y ya alcanzan la cifra de 1.728.400.

Un obrero marroquí introducía cristales en remesas murcianas de lechuga

CARTAGENA.-   La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Batavia', que se ha saldado con la detención del trabajador de una empresa agroalimentaria de la Región de Murcia como presunto autor de delito contra la salud pública al introducir fragmentos de cristales en cajas de lechugas destinadas a la exportación.

   La investigación se inició a principios del pasado mes de marzo, cuando una empresa exportadora de productos agrícolas de la Región, recibió aviso de sus clientes en el extranjero, por el hallazgo de lotes de lechugas donde aparecían fragmentos de cristales, habiéndose localizado los mismos antes de su distribución a los consumidores finales.
   Los agentes, una vez descartadas diversas hipótesis sobre la 'contaminación' de los productos exportados, establecieron una línea de investigación centrada en la presunta autoría de personas próximas a la empresa, concretamente a la cadena de producción de esta, iniciándose el estudio de la trazabilidad de cada cargamento afectado.
   Según la citada hipótesis, el presunto autor, podría haber introducido los cristales en las cajas durante el proceso de recolección, entre el corte del producto y su posterior traslado a los almacenes de preparación, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
   Tras una rápida investigación, los agentes actuantes han podido determinar la vinculación con los hechos de uno de los trabajadores de la empresa, el cual desempeñaba labores de recolección y almacenamiento en ésta desde hacía aproximadamente 12 años.
   Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, el pasado miércoles, día 25, se procedió a la localización, detención y posterior puesta a disposición judicial de una persona como presunto autor de los hechos delictivos investigados.
   La gravedad de los hechos originó que, debido a estos hallazgos se  perdieran los envíos existentes en el lugar de destino, tanto los que se encontraban en tránsito como los que estaban pendientes de recolección, al ser suspendidos por las empresas afectadas, calculándose las perdidas sufridas por la empresa agrícola entorno a los 200.000 euros hasta la fecha.
   Se da la circunstancia que en la misma empresa sucedieron hechos similares durante el  año 2007, no pudiéndose localizar entonces a los presuntos responsables.
   En el marco de esta investigación se ha procedido a la detención de una persona como presunto autor de delito contra la salud pública, identificado como E.H., marroquí, de 49 años y residente en Torre Pacheco, quien posee antecedentes por la comisión de hechos delictivos con anterioridad.
   El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 6 de San Javier.

Aprobado el calendario laboral para 2013 en la Región

MURCIA.- El Ejecutivo autonómico ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, el calendario laboral para 2013 en la Región de Murcia.

   En todo el ámbito territorial de la Región, las fiestas laborales para 2013, además de todos los domingos, serán el 1 de enero (Año Nuevo), 7 de enero (lunes siguiente a la Epifanía del Señor) y 19 de marzo (San José).
   Así como el 28 de marzo (Jueves Santo), 29 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), 9 de diciembre (lunes siguiente a la Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Natividad del Señor).
   Además de estas festividades, cada municipio aprueba dos días festivos de ámbito local.

San Esteban niega la evidencia de lo que ya parece algo inexorable

MURCIA.- El portavoz del Gobierno murciano, José Ballesta, ha vuelto a reiterar este viernes que no tiene ninguna constancia de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya planteado objeción alguna al Plan de Reequilibrio Económico-Financiero 2012-2013, que ha sido aprobado definitivamente este viernes en el Consejo de Gobierno.

   Tras presentarlo hace dos semanas, dicho plan, que supondrá un reajuste de 623 millones de euros, de los que 219 vendrán de medidas procedentes de nuevos ingresos y los 404 restantes de reducción de gastos, ha sido ya "estudiado y analizado con los distintos colectivos sociales, económicos y empresariales y hoy el Consejo ha dado el visto bueno y a su presentación inmediata ante el Ministerio de Economía".
   No obstante, ha matizado que "se han mantenido las líneas generales económicas del proyecto".
   De este modo, Ballesta ha avanzado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes "se estudiarán todos estos planes y se tomarán en dicho Consejo las decisiones oportunas".

La mitad de las granjas de porcino incumple en España la norma de bienestar animal

MADRID.- Un 47% de las granjas de porcino españolas no se han adaptado a la nueva normativa de bienestar animal que la legislación europea ha establecido para mejorar la vida de los cerdos, según las últimas estadísticas de la Comisión Europea a las que la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) ha tenido acceso. 

   La entrada en vigor de la nueva normativa, el 1 de enero de 2013 implica un aumento de la superficie mínima de suelo libre para cada animal, el alojamiento en grupo de las cerdas gestantes y un revestimiento específico para el suelo de la explotación. Todas estas medidas "resultan básicas para disminuir las condiciones de hacinamiento y estrés que ahora sufren estos animales y que influye en la calidad y textura de la carne".
   En este sentido, el portavoz de ANDA, Alberto Díez, ha señalado que "los ganaderos porcinos han tenido más de diez años para adaptarse a la normativa y, como suele ser habitual, llegan a los últimos meses del plazo sin los deberes hechos y lamentando posibles pérdidas económicas". "Se ha vivido una situación muy similar en el sector de las gallinas ponedoras, y a pesar de las primeras protestas del sector, se ha visto como el precio de los huevos está bajando de nuevo y cómo muchos granjeros han optado por una producción más ecológica y respetuosa con las aves", ha subrayado.
   España es el segundo productor de porcino de la UE y el cuarto a nivel mundial. Por ello, ANDA señala que es "especialmente importante" que los productores españoles se adapten lo antes posible a unos requerimientos legales que pretenden conceder una vida más agradable a los animales. El valor de la producción porcina en el año 2011 fue de 5.308 millones de euros, lo que representa el 12 por ciento de la producción final agraria y el 34 por ciento de la producción final ganadera, según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Cuatro de cada diez mayores ya ayudan económicamente a algún familiar

MADRID.- El 40,4 por ciento de las personas mayores ayuda o ha ayudado en los dos últimos años en España a familiares, según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica Investigación para la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). 

   Así, mientras que en el año 2010 de las personas mayores que ayudan o habían ayudado en los dos últimos años a familiares representaban un 15,1 por ciento, actualmente recurrir a la solidaridad de los progenitores se ha convertido "en una de las principales estrategias de adaptación a la difícil situación que padecen muchos ciudadanos españoles".
   Entre las personas mayores que ayudan o han ayudado durante los dos últimos años económicamente a familiares o amigos, el índice de opinión señala que entre los progenitores con mayor nivel formativo, es decir, con estudios al menos secundarios, se registra un porcentaje (48,8 por ciento) significativamente superior de solidaridad que el registrado entre quienes tienen un nivel de estudios inferior (37,5 por ciento).
   También la clase social de los mayores es determinante para adoptar este comportamiento solidario. Así, más de la mitad de personas mayores de clase social alta, media-alta y media (52,5 por ciento) ayudan económicamente a familiares mientras que este porcentaje entre quienes pertenecen a la clase media-baja y baja es significativamente inferior (37,9 por ciento).
   Por otro lado, el número de ayudas destinadas a las personas mayores ha sufrido un descenso de cinco puntos respecto al estudio de 2010. Así, actualmente, los mayores que reciben algún tipo de ayuda económica de familiares se sitúa en un 7,5 por ciento, una bajada significativa respecto al 12,5 por ciento que recibían ayuda en 2010.
   Entre ellos, las mayores que viven solos (13,6 por ciento) registran un porcentaje significativamente superior de ayuda que aquellos que viven acompañados (5,2 por ciento) y, en relación a su nivel de estudios, son los que tienen hasta estudios primarios, con un 8,7 por ciento, los que tienen más ayuda familiar, frente al 4,6 por ciento registrado entre quienes tienen estudios más elevados.
   Finalmente, atendiendo al estatus social se observan diferencias en el mismo sentido, ya que el porcentaje de personas mayores de clase social media-baja o baja que reciben alguna ayuda económica de familiares (8,6 por ciento) es significativamente superior al registrado entre quienes pertenecen a una clase social más alta (3,2 por ciento). De este modo, quienes reciben ayuda de sus hijos se caracterizan principalmente por vivir solos, haber recibido una formación básica como mucho y pertenecer a las clases más bajas.

El empresario que defraude a la Seguridad Social deberá devolver las cuotas

MADRID.- Los empresarios que defrauden a la Seguridad Social deberán devolver íntegramente las cuotas para evitar responsabilidades penales, según las modificaciones del Código Penal que introduce el nuevo Plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, aprobado este viernes en Consejo de Ministros.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha resaltado que con este plan se trata de evitar comportamientos "que atenten contra los derechos de los trabajadores, así como situaciones de competencia desleal entre las empresas".
   En último término, ha señalado que el efecto más importante del plan es evitar que la detracción de ingresos a la Seguridad Social por el fraude "ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema", a lo que ha sumado que los ciudadanos que cumplen "ven con muy malos ojos" las estas conductas irregulares.
   En este sentido, los objetivos fundamentales del plan serán el afloramiento de la economía sumergida, evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo, tratar de que todas las empresas den de alta a sus trabajadores, evitar la obtención indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales o el disfrute en fraude de ley de prestaciones en aquellos casos en los que se constituyan empresas ficticias.
   Báñez ha hecho hincapié en los cambios normativos que afectan al Código Penal, que requerirán un anteproyecto de Ley Orgánica de modificación, y ha destacado también la tipificación como delito del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular, para perseguir los talleres clandestinos.
   Asimismo, se pretende la ampliación del periodo de prescripción de cinco a diez años en los delitos más graves, como la creación de empresas 'fantasma' que simulan relaciones laborales para obtener prestaciones públicas.
   Por otro lado, a través de un anteproyecto de Ley Ordinaria, se modificarán también la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el Estatuto de los Trabajadores.
   En cuanto a éstas últimas normas, se ampliará el periodo de investigación en supuestos de fraude complejos de 9 a 18 meses y se extenderá a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación. Asimismo, se amplían las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social hasta los 187.515 euros.
   Además, el plan establece una serie de medias complementarias para proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la ampliación de la vida laboral.
   Entre ellas se incluye que las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores, y no de más de 500 trabajadores como hasta ahora, tengan que hacer aportaciones al sistema cuando incluyan a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos, o la prohibición de que los convenios colectivos establezcan topes de edad de jubilación.
   Otras de las medidas incluidas en el plan son un refuerzo de la Inspección de Trabajo con 53 inspectores y 60 subinspectores, y una mayor coordinación con la Inspección de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, entre otras instancias.
   En este punto, Báñez resaltó también la importancia de la participación en el marco del fraude de los colectivos del notariado y de los registradores de la propiedad.
   De esta forma, el Gobierno pretende realizar nuevas campañas de inspección donde está están identificadas posibles bolsas de fraude, así como realizar un seguimiento del empleo aflorado por la inspección para evitar que vuelva a sumergirse.

El Gobierno subirá los impuestos al consumo en 2013 para reducir el déficit

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto incrementar los impuestos al consumo en 2013 con el objetivo de conseguir recaudar 8.000 millones de euros.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos explicó que el Ejecutivo está planteado una "modificación de la estructura impositiva" en España, en el sentido de reducir los impuestos sobre el trabajo y aumentar la carga impositiva sobre el consumo.
   "Lo que estamos planteando es, en un momento en el que debemos dar el salto desde el punto de vista de la competitividad, reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo, que está bastante penalizado en estos momentos, e incrementar la imposición del consumo, que estaría en torno a unos 8.000 millones de euros", afirmó.
   El ministro de Economía explicó que esta subida de la imposición al consumo no solamente se refiere al IVA ya que "existen otros tipos de impuestos al consumo e impuestos especiales".
   De Guindos resaltó así la necesidad de reducir los impuestos sobre el trabajo y subir los del consumo cuando se inicia la recuperación económica, que es lo que se demanda a España desde fuera.
   Además, recordó que el problema de la imposición indirecta es subir los tributos cuando la economía cae, porque acelera la tendencia depresiva.

El Sabadell no sabe cuando será autorizado por Bruselas para comprar la CAM

BARCELONA.- El Banco Sabadell empieza a impacientarse por la aprobación definitiva de la subasta competitiva de Caja Mediterráneo por parte de la Unión Europea. Jaume Guardiola, el consejero delegado de la entidad, ha restado, no obstante, importancia al retraso de la operación por la autoridad europea, “porque la sentimos ya como hecha, nosotros tenemos ya muchas ganas y ansiedad por ejecutar la integración total”. Los dirigentes del Sabadell piden a la UE que dé luz verde a la adjudicación y, si es posible, lo haga antes de mayo, según el diario 'La Verdad'.

Pese a que Guardiola indica que la autorización de Bruselas se esperaba para abril, confía en que se produzca en "los próximos tiempos", lo que no impedirá al banco catalán el cumplimiento de la hoja de ruta para integrar técnicamente CAM el próximo 8 de diciembre. El Sabadell tiene previsto hacer la provisión con CAM en el segundo trimestre.

 "Al final, los tiempos en Europa son los que son en procesos que requieren mucho rigor, ya esperábamos retrasos porque es la primera experiencia de una integración finaciera con un esquema de protección de activos (EPA)".

Los directivos del Banco Sabadell se esforzaron ayer, una y otra vez, en quitar hierro al retraso de Bruselas, aún reconociendo que ya afecta al negocio en sí. "No damos ninguna importancia, porque sabemos que no hay problema al plan de reestructuración presentado y es por el rigor de la Administración.

 Tampoco son ajenos a la permanente aparición de CAM en los medios de comunicación españoles por los diversos asuntos judiciales sobre su excúpula directiva y consejo de administración. Guardiola admite que perjudica la imagen.

Y aclara que no ha avalado al Frob para denunciar a los antiguos directivos de CAM ante la Audiencia Nacional, que ya instruye una causa tras las denuncias de una plataforma liderada por el abogado Diego de Ramón.

Sobre las cuotas participativas, el Sabadell reitera su mensaje de que su valor es cero pero que ya ha iniciado un proceso de diálogo, que se está ralentizando por la decisión de Bruselas.

Lo que no dice Guardiola es que, precisamente, es un escrito del letrado Diego de Ramón a la Comisión Europea impugnando la subasta de la CAM y su adjudicación al Sabadell, lo que realmente está retrasando la decisión de Bruselas al respecto.

jueves, 26 de abril de 2012

Ecuador prepara un "Plan B" ante los recortes en sanidad pública en España

QUITO.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ecuador, ante el anuncio de recortes en la sanidad pública anunciada en España, prepara un "Plan B" para apoyar a sus compatriotas que puedan verse afectados con esa medida.

Así lo anunció anoche el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, al revelar que dicho plan supone la prestación de servicios sanitarios de forma extraterritorial a ecuatorianos que se encuentren afiliados voluntariamente a la institución.
"Estamos muy preocupados por la información" de recortes y por ello "tenemos un Plan B" que se aplicará este mismo año en España, pero también en Estados Unidos, explicó González.
Comunicó, en rueda de prensa, que el próximo 20 de mayo estará en Nueva York para atender la situación de miles de sus compatriotas en situación irregular en EEUU, que no pueden acceder a los servicios sanitarios.
González dijo que del total de ecuatorianos residentes en EEUU, el 80 por ciento se encuentra en situación irregular y que sólo el 20 por ciento tiene sus papeles en regla.
Lo contrario sucede en España, donde sólo un 20 por ciento de los ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentran en situación irregular, estimó la autoridad.
Por ello, indicó, en EEUU se prevé alcanzar un convenio para crear el "primer seguro que dé servicio de salud extraterritorialmente a los afiliados voluntarios" del IESS que se encuentren en esa nación norteamericana.
Esa misma estrategia se replicará "inmediatamente" en España, añadió González, al recordar que Ecuador ya tiene un convenio suscrito con la seguridad social española para la "portabilidad de pensiones", que permite a una persona de cualquiera de estos países jubilarse independientemente del lugar donde trabaje.
También la Embajada de Ecuador en España expresó su "profunda preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país ibérico.
En un comunicado, la sede diplomática recordó la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.
"Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país", señaló la legación diplomática.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del Ministerio español de Empleo.
Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la Embajada ecuatoriana.
La nota explica que la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.
Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles".
Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.
Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, indica el texto de la Embajada.

El Ministerio de Hacienda se fija en la Región de Murcia para una primera y eventual intervención


MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se fija en la Región de Murcia para una primera y eventual intervención temporal de su Comunidad Autónoma, según reconocen en privado altos funcionarios del Estado, que la explican ante la incapacidad de su Administración propia para asumir un déficit público desbocado e incontrolable por sus gestores y que no hace posible poder alcanzar el objetivo de déficit fijado por el Gobierno central.

El deseo reinteradamente expresado ante Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal por el presidente murciano Ramón Luis Valcárcel de dejar el cargo para marcharse a la Unión Europea a partir de julio, abona la hipótesis de que esa intervención tendrá lugar antes del o durante el verano a modo de laboratorio experimental en una comunidad autónoma uniprovincial y del PP, que servirá para corregir rumbo por errores de cara a posteriores intervenciones cuyos máximos candidatos parecen ser la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, siempre según las mismas fuentes.

Standard & Poor's (S&P) ha rebajado esta noche en dos escalones el rating de España desde A/A-1 a BBB+/A-2 al entender que existen "riesgos significativos con respecto a la ejecución presupuestaria" .

Según esta agencia de calificación crediticia, las Comunidades Autónomas son las responsables de las "desviaciones presupuestarias" detectadas en 2011. Asimismo, indica que sus expectativas señalan que el déficit de las CCAA estará en el 1,9% del PIB, un 0,5% por encima del 1,5% presupuestado.

Debido a las desviaciones presupuestarias y a otras partidas como la deuda con proveedores, S&P estima que la deuda neta se situará alrededor del 76,6% del PIB en 2014.

Precisamente hoy, el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha adelantado que el próximo 15 de mayo el Gobierno español convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que las Comunidades Autónomas expondrán su Plan de Ajuste. 

   Al hilo, Bascuñana ha advertido que si el Consejo "no las aprueba tendrán una segunda oportunidad, pero no habrá una tercera, puesto que la Constitución Española admite la intervención de una Comunidad Autónoma por parte del Estado". 

   Así de contundente se ha mostrado ante empresarios y directivos murcianos con los que ha debatido en profundidad la situación socio-económica de la Región tras la adopción de las medidas de reequilibrio que afectan a todas las CCAA.

Finalmente, Bascuñana ha subrayado también que aquellos ayuntamientos que no aprueben el plan de ajuste "dejarán automáticamente de recibir transferencias del Estado".

IU-Verdes reprocha a Valcárcel que "destinara como máximo 60.000 euros al año contra la economía sumergida"

MURCIA.- El responsable regional de Economía y Empleo de IU-Verdes, Cayetano Jaime Moltó, ha reprochado al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, que "en tiempos de crecimiento económico haya destinado como máximo 60.000 euros anuales a la lucha contra la economía sumergida".

   Jaime Moltó ha afirmado que "no es una sorpresa que ahora, en un contexto de crisis, Valcárcel admita que la tasa de economía irregular en la Región alcanza el 27 por ciento", y ha destacado que "lo más lamentable" es que en momentos de bonanza económica el Ejecutivo autonómico "no invirtió lo suficiente para paliarla".
   A su juicio, "lo lógico sería que en un panorama económico positivo se atacara la economía sumergida porque hay más posibilidades, pero lejos de eso el equipo de Gobierno de Valcárcel ha hecho una aportación más bien residual".
   Ha instado a Valcárcel a que sea "valiente" e informe de su gestión en relación a la "economía irregular" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; al ministro de Economía, Luis de Guindos, y a los responsables de la Unión Europea (UE), ya que el dato de la Región se sitúa "muy por encima" de la media comunitaria, del 12 por ciento
   Asimismo, ha tachado de "escandaloso" que en la Región de Murcia los trabajadores "declaren de media 20.000 euros al año mientras los que los contratan, los empresarios, declaran unos 16.000 euros", por lo que ha reclamado "más medios humanos y técnicos para perseguir este fraude".

A la subasta de Banco de Valencia acudirán más postores de lo previsto

MADRID.- Banco Mare Nostrum (BMN) y Banco Popular están considerados como los máximos favoritos para la compra del intervenido Banco de Valencia cuya subasta debería estar resuelta a mediados de junio, dijeron fuentes con acceso al cuaderno de venta.

"Los máximos candidatos en el caso de Banco de Valencia son Banco Mare Nostrum y Banco Popular aunque parece que en los últimos días también ha mostrado interés Liberbank", explicó una fuente solvente.
El calendario para Banco de Valencia fija como tope este viernes, 27 de abril, para la presentación de ofertas no vinculantes y el 27 de mayo para las vinculantes antes de su adjudicación en junio.
Diversas fuentes han indicado recientemente que Banco de Valencia, con activos de unos 22.000 millones de euros, podría atraer el interés de entidades de tamaño mediano.
En la actualidad, el sector bancario español se encuentra en pleno proceso de reestructuración después de que el Gobierno aprobara en febrero una normativa que obliga a la banca a afrontar la depreciación de los activos inmobiliarios con unas nuevas exigencias por provisiones y capital por importe de unos 54.000 millones de euros.
El Ejecutivo aprobó esta legislación en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en el sector bancario español, cuyo principal talón de Aquiles es precisamente el negocio del ladrillo, donde tiene unos 176.000 millones de activos problemáticos.
Banco Mare Nostrum, con activos de unos 70.000 millones y presencia en el arco mediterráneo (Granada, Murcia, Cataluña y Baleares), ha sido la única entidad que ha expresado públicamente su interés por la entidad valenciana.
Su presidente, Carlos Egea Krauel, manifestó a mediados de mes que la entidad valenciana encajaría perfectamente en un eventual plan de expansión geográfica, pues le permitiría ganar cuota de mercado en Valencia y Castellón.
En el mercado se considera que Popular, con activos de unos 162.000 millones de euros, también redoblará sus esfuerzos por hacerse con el Banco de Valencia después de no haberse adjudicado la catalana Unnim en favor de BBVA.
"Popular está mirando esta entidad con gran interés y quiere estudiar el cuaderno de venta en profundidad", explicó una fuente con conocimiento de la operación.
Un portavoz del Popular no quiso hacer comentarios a requerimiento de la agencia Reuters.
En el mercado tampoco se descarta que Liberbank o Ibercaja puedan estar interesados en analizar las entrañas de Banco de Valencia. Estas entidades tampoco quisieron pronunciarse.
Aunque en el mercado se considera que Santander o BBVA se concentrarán en otras entidades de mayor tamaño, como Catalunya Caixa o NovaCaixaGalicia Banco (NCGB) -ambas con activos algo superiores a los 70.000 millones euros-, no se descarta tampoco que al final puedan aparecer por sorpresa en el caso de Banco de Valencia.
"Nada apunta a que los grandes como Santander o BBVA vayan en serio a por Banco de Valencia pero BBVA también sorprendió en el caso de Unnim. Está claro que ellos tienen más capacidad financiera y por ello necesitarán pedir menos capital al Banco de España", explicó una fuente de una entidad española.
"Si de lo que se trata es de minimizar el impacto del coste de la financiación de Banco de Valencia, los grandes siempre tienen más ventajas ya que luego no necesitan pedir capital adicional a los activos protegidas en la EPA", manifestó.
Bajo el conocido como Esquema de Protección de Activos (EPA), que garantiza una cartera de activos inmobiliarios de unos 6.000 millones de euros, el Banco de España tiene previsto ofrecer al potencial comprador un plan por el que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones privadas de los bancos, se haría cargo de pérdidas futuras por el deterioro de activos de Banco de Valencia durante los próximos 10 años.
El coste de la EPA lo asume en un primer momento el Banco de Valencia con las provisiones constituidas, que ascendían a finales de diciembre para sus activos inmobiliarios a unos 1.000 millones de euros.
Posteriormente, el 80 por ciento del quebranto lo asumiría el FGD y el restante 20 por ciento la entidad compradora.
La banca española está trabajando actualmente en varias vías para financiar el coste de las próximas subastas de cajas nacionalizadas, incluida la posibilidad de adelantar aportaciones al FGD, en un momento de crecientes dudas en el mercado por la debilidad de parte del sector financiero español.
Banco de Valencia fue intervenido en noviembre por el Banco de España a través del estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que comprometió una aportación de capital de 1.000 millones de euros y una línea de crédito de 2.000 millones de euros.
A cierre de 2011, la entidad valenciana registró unas pérdidas por importe de 887 millones de euros.
Los administradores del banco --en el que participa Bankia-- dijeron que las exigencias de nuevos saneamientos que impone la reforma financiera del Gobierno suponen una necesidad de provisiones nuevas por 823 millones más un colchón adicional de capital de 428 millones.