miércoles, 29 de junio de 2011

El BBVA pide "no estropear" el mercado hipotecario por "presiones populistas"

MADRID.- El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, ha afirmado que es necesario proteger "a toda costa" el mercado hipotecario español y no adoptar medidas que "puedan estropearlo" por presiones populistas.

   "Responder a presiones populistas está bien, pero hay que tener cuidado de no estropear un mercado hipotecario de referencia a escala mundial", dijo Cano al término de su discurso en la escuela de negocios Esade.
   Cano respondía de esta manera al ser preguntado por el anuncio que realizó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados sobre la próxima aprobación de medidas de protección para las personas que afrontan una ejecución hipotecaria por imposibilidad de pago.
   El consejero delegado de BBVA sostuvo que, a falta de conocer el desarrollo específico de la iniciativa, es fundamental proteger la seguridad jurídica en el mercado hipotecario español y respetar lo acordado por las partes en este tipo de contratos.
   "Sería complicado que el país empezara a violar, a saltar por encima de la seguridad jurídica", porque esto podría provocar una falta de confianza adicional en la economía española, dijo el 'número dos' del BBVA, para quien "hay que evitar esto a toda costa".
   Cano incidió en que España es el país desarrollado que cuenta con los menores precios y las mejores prácticas en el mercado hipotecario, y que la protección jurídica del cliente y de la entidad hacen que este sistema sea "sólido".
   El consejero delegado de BBVA recalcó que el mercado hipotecario español es "muy fiable" y una referencia a escala internacional.
   En cuanto al mercado de la vivienda, consideró que se podrían registrar caídas adicionales de precio en los próximos años de entre el 5% y el 10%, si bien insistió en que la evolución es muy diferente en función de la región geográfica de que se trate, ya que en 15 provincias el precio de la vivienda ya ha empezado a subir.
   Cano sostuvo que los bancos han registrado una caída media de los precios de los activos inmobiliarios que tienen en balance del 30%, y que podría haber un descenso adicional del 10% en los próximos años.
   A medida que se produzca el deterioro de activos se liberarán más provisiones, recalcó Cano, para quien la cuantía total podría elevarse a entre el 3% y el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
   El consejero delegado resaltó en este punto que BBVA realiza una "rabiosa" valoración de activos a precios de mercado.

Valeriano Gómez: nada impide invertir la 'hucha de las pensiones' en deuda autonómica

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que "formalmente" no hay impedimento para que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social invierta en deuda autonómica, si bien ha apuntado que "no le consta" que el consejo rector de la 'hucha de las pensiones' esté estudiando esta posibilidad en estos momentos.

   El ministro se ha referido en estos términos a la reclamación planteada por CiU aprovechando la tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones para hacer explícita esta posibilidad, así como para dar entrada a las comunidades en la comisión de seguimiento y evaluación del Fondo, algo que Gómez considera que "es más difícil".
   Dicha Comisión está compuesta actualmente por el secretario de Estado de la Seguridad Social y representantes del Ministerio de Trabajo, del de Economía y Hacienda, de los distintos sindicatos y cuatro representantes de las organizaciones empresariales de mayor implantación.
   CiU, que presentó su propuesta en una enmienda al proyecto de Ley de reforma de las pensiones, la retiró en la votación en Comisión del pasado lunes tras pactar un paquete de medio centenar de enmiendas con el PSOE entre las que destacan varias que permiten la entrada de las mutuas de las comunidades y el traspaso a éstas de los centros sanitarios que gestionan, aunque seguían siendo patrimonio de la Seguridad Social.
   En cualquier caso, Gómez ha recordado que la inversión del Fondo ya se destina a deuda pública y que el único cambio en la ley que regula el Fondo sería necesario en el caso de invertir en deuda privada, una idea que el Ejecutivo barajó hace años pero que abandonó ante el rechazo de la oposición parlamentaria.

El PSOE carga contra los "abusos" en los embargos que "malbaratan" las viviendas

MADRID.- El PSOE plantea en sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación un paquete de medidas en materia hipotecaria que amplían las detalladas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluya medidas que garanticen el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malbaratamiento de los bienes".

   Los socialistas abogan por tener en cuenta la situación económica y familiar del deudor en los procesos de ejecución, elevando el límite de inembargabilidad con carácter general y adicionalmente por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos propios.
   No obstante, remarca que es necesario por mantener la "solvencia general" del sistema hipotecario español evitando "reformas indiscriminadas" que trasladen al conjunto del sistema la responsabilidad de los deudores que no se encuentran en situaciones de necesidad.
   Aun así, se compromete a impulsar las medidas que puedan derivarse de las propuestas de la subcomisión parlamentaria de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, "especialmente aquellas que permitan aliviar el riesgo de ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar" en "casos extremos" y siempre en un procedimiento judicial que permita evaluar las circunstancias de deudor y su excepcionalidad.  
   Asimismo, insiste en potenciar el "mercado de alquiler" y la vivienda protegida para promover un mercado más equilibrado y que garantice, además, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, "especialmente a los más desprotegidos".

Inmigrantes 'sin papeles' con hijos menores de nacionalidad española podrán regularizar su situación

MADRID.- Los inmigrantes que se encuentren 'sin papeles' en España y sean padres de menores de edad con nacionalidad española podrán solicitar la regularización de su situación a partir de mañana, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería que contempla esta posibilidad al desarrollar la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España vigente desde enero del año pasado. 

   En concreto, el Reglamento, que llega con un año de retraso, crea la figura del arraigo familiar, por la que podrán regularizar su situación las personas sin permiso de residencia y con hijos menores si tienen nacionalidad española. No obstante, se mantiene la regularización por arraigo laboral --dos años de residencia y un contrato de trabajo--, por arraigo social --tres años de residencia, vínculos familiares y contrato laboral--, y por razones excepcionales o de índole humanitaria.
   Además, a partir de este 30 de junio las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que empezar a redactar informes para acreditar el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar. Este "esfuerzo", según la norma, "podrá ser alegado como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos" para el trámite de que se trate.
   Este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".
   En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.
   El Reglamento contempla en su disposición transitoria segunda que las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento se resolverán con el procedimiento que estuviera vigente en ese momento, salvo que el afectado pida que se le aplique la nueva normativa y cumpla los requisitos para ello.  
   Otra de las novedades incluidas en el Reglamento es la posibilidad de que los extranjeros acogidos a un programa de retorno voluntario puedan recuperar si vuelven a España la antigüedad del permiso de residencia que tenían antes de marcharse. No obstante, una vez estén en su país de origen, deberán esperar al menos tres años para poder regresar, aunque tendrán prioridad para acceder al contingente y la contratación en origen.
   Uno de los asuntos que ha suscitado más debate público es la protección de las víctimas de violencia de género o trata que se encuentren en situación irregular cuando acudan a denunciar. Aunque la Ley de Extranjería establece que se paralizaría el expediente de expulsión abierto a estas mujeres por no tener papeles, los grupos parlamentarios impulsaron una reforma para que esta sanción no fuera si quiera incoada. Esta iniciativa, reformada en el Senado, está pendiente de ser refrendada en el Parlamento.
   En paralelo, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración introdujo esta previsión en el Reglamento, para especificar que si el expediente de expulsión "no se hubiese iniciado en el momento de presentar la denuncia, la decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso penal", es decir, hasta que exista una sentencia o un informe del fiscal que acredite que la afectada ha sido víctima de los delitos denunciados. Mientras tanto, tanto ella como sus hijos tendrán acceso a permisos temporales de residencia y/o trabajo.
   Sobre las personas que colaboren con las autoridades en la lucha contra las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con la investigación está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.
   Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.
   En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".
   Asimismo, estas personas tendrán que acreditar para conseguir 'los papeles' que mantienen unos ingresos equivalentes al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 532 euros al mes en 2011, o un contrato laboral o que reúnen los requisitos para acceder a un permiso de trabajo por cuenta propia. No obstante, "en el marco del procedimiento se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española", marca el Reglamento.

Salgado: "Creo que lo que tienen que hacer las comunidades es cumplir"

MADRID.- La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado que lo que tienen que hacer las comunidades autónomas en este momento es cumplir con el límite de déficit que se ha fijado, situado en el 1,3% del PIB.

   Así lo ha señalado Salgado en los pasillos del Congreso al término del Debate sobre el estado de la Nación al ser preguntada por la última advertencia de la agencia de calificación crediticia Moody's sobre la posibilidad de rebajar el rating a algunas comunidades autónomas.
   Moody's ha asegurado que si las comunidades no dan nuevos pasos para lograr una mejora sostenible en sus posiciones fiscales y reducen sus déficits, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones.
   La agencia considera probable que varios gobiernos regionales superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al excesivo optimismo de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

martes, 28 de junio de 2011

Zapatero se arrepiente de no "haber intentado pinchar" antes la burbuja inmobiliaria española

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que "si se arrepiente de algo" es de no haber "pinchado o intentado pinchar antes la burbuja inmobiliaria" con la que su Gobierno convivió durante "dos o tres años" e hizo que se multiplicara por ocho el endeudamiento y que el crédito de ese sector creciera veinte puntos por encima de la media europea. 

   Durante su réplica al presidente del PP, Mariano Rajoy, ayer durante el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso, Zapatero ha espetado al líder 'popular' que si le parece una "buena herencia" de los gobiernos de José María Aznar que la inversión en vivienda y el endeudamiento en el sector creciera el doble respecto a Europa. "No es una buena herencia", ha remachado.
   Zapatero ha asegurado que su Ejecutivo puso en marcha la reforma de la Ley del Suelo para intentar modificar un modelo que se generó, desarrolló y creció desde 1996 a 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, y que continuó hasta 2007, cuando ya gobernaba el PSOE y empezó a declinar por culpa de la crisis económica.  
   "Ahí está el problema de lo que ha pasado en la etapa de crecimiento", ha aseverado Zapatero, quien ha exigido a Rajoy que tenga la "honestidad intelectual" de reconocer que lo sucedido es una "responsabilidad colectiva".

El ICO pagará la deuda de los ayuntamientos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado la puesta en marcha de una línea de crédito ICO a las entidades locales para el pago de facturas pendientes a 31 de abril de 2011 a empresas y autónomos.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de la entidad colaboradora oportuna, hará el pago directamente a los proveedores de las empresas de aquellas facturas reconocidas por el ayuntamiento incluidas en la línea de crédito, dijo el jefe del Ejecutivo durante el debate del estado de la nación.

El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del estado, que constituirá la garantía final del préstamo.

El Gobierno ha encargado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que instruya sobre esta línea al ICO, que actuará en función del volumen y de las facturas pendiente y la morosidad.

José Rosique sustituye a Clemente García al frente de la secretaría general de la CROEM

MURCIA.-  La trigésimo tercera asamblea general de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), ha sustituido finalmente hoy a su secretario general, Clemente García García, por José Jesús Rosique Costa, hasta ahora adjunto al anterior como vicesecretario general y figura previsible para sus apoyos.

Respecto al nuevo secretario general, elegido por unanimidad, su antecesor en el cargo lo ha definido como "extraordinario", por lo que ha pedido a los empresarios que le presten a Rosique "la misma colaboración y confianza" que le otorgaron a él durante su trabajo al frente de ese puesto durante más de 32 años, antes de jubilarse cumplidos los 75 años de vida".

Entre sus retos está ahora la revitalización de una organización en declive y escasamente representativa del empresariado murciano, hoy bastante ajeno a ella, y situar a la CROEM en el siglo XXI liquidando de verdad los tics autoritarios enquistados por mor de la presencia de algunas personas nostálgicas, bastante refractarias todavía al sistema democrático.

Considerado un pupilo dilecto de su antecesor, Rosique no podrá seguir una línea excesivamente continuista ni dar la sensación de estar teledirigido por García si aspira a permanecer en su nuevo cargo más allá de un razonable periodo de transición en época tan turbulenta.

Murciano, de 58 años y casi toda su vida vinculado profesionalmente a la CROEM, hasta ahora como responsable de Formación y vicesecretario general, es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y cursó el Bachillerato en el Colegio de La Merced, de los Hermanos Maristas. 

Su experiencia profesional comenzó a desarrollarse entre los años 80 y 83 en el área de la Asesoría Jurídica para diversas empresas de la Región de Murcia, entre las que destacan Bodegas Capel, BMW Ibérica y Constructora Guifersol.  

   En 1983 se incorporó a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia como director de Formación y en esa época compaginó estas tareas con la asistencia a la Secretaría General, al tiempo que coordinó el trabajo de los distintos equipos técnicos.

   En 2002 es nombrado vicesecretario general de CROEM, puesto que ocupaba hasta que la Junta Directiva le ha designado hoy secretario general para su ratificación en la XXXIII Asamblea General celebrada también hoy.

Durante su amplia etapa en CROEM, ha coordinado equipos de negociación en el ámbito del diálogo social y ha participado en distintas mesas de negociación en la CEOE.

El trazado del Corredor Ferroviario del Mediterráneo por Cartagena parece estar en el aire

MADRID.- La ejecución del Corredor Ferroviario del Mediterráneo en su vertiente este-sur, desde Valencia por el litoral hasta Algeciras, está en el aire. Así lo ha denunciado el 'lobby' Ferrmed, que pugna desde hace ya unos cuantos años para que se materialice esta infraestructura, que pretende dar cobertura a las necesidades que, en materia de transporte de viajeros y de mercancías, tendrá todo el litoral mediterráneo peninsular durante varias décadas.

Joan Amorós, secretario general de Ferrmed, ha afirmado que lo que está en riesgo en estos momentos es la inclusión de todo el trazado ferroviario –que discurre desde Murcia hasta Algeciras tanto por el interior de Andalucía, a través de Granada y Antequera, como por el litoral mediterráneo, mediante la unión de Valencia con Alicante, Cartagena, Almería, Motril y Málaga–, en la Red Ferroviaria Prioritaria Transeuropea. 

Ahora se especula con una conexión entre Valencia-Alcázar de San Juan-Algeciras como alternativa auspiciada por la Junta de Andalucía cerca del Ministerio de Fomento en detrimento de la continuidad de esta avanzada infraestructura por el sur del litoral mediterráneo español.

Y está en riesgo porque, según Amorós, el Ministerio de Fomento «no ha comprometido expresamente esta parte del trazado en las reuniones bilaterales mantenidas con responsables de la Comisión Europea». En concreto, con el comisario de Transportes encargado de estos asuntos y vicepresidente de la Comisión, Siim Kallas.
El problema es que el tiempo corre en contra de los intereses de alicantinos, murcianos, almerienses, granadinos y malagueños. Es más que probable que a finales de julio o ya en septiembre, la Comisión Europea y después el Parlamento, decidan sobre el Corredor. Y si la parte final del mismo - entre Valencia y Málaga - no ha sido incluida por España, quedaría fuera de las ayudas.

El lobby empresarial e institucional Ferrmed -el grupo de presión que más ha trabajado por el corredor mediterráneo- mostró su indignación con la propuesta ferroviaria de la consultora PricewaterhouseCoopers.

El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, asegura al diario 'Levante' que el trazado por el centro de la Península que propone el grupo de Jordi Sevilla es "gravísimo" para los intereses de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía.

"Es inadmisible que se corte el corredor mediterráneo por Valencia como un callejón sin salida y queden descolgados Alicante, Cartagena, Murcia y Almería. Es una situación muy grave y nos pondremos en pie de guerra para evitar que Europa decida impulsar este trazado", aseguró Amorós.

Según anunció en marzo el ministro de Fomento, José Blanco, el Estado hará una inversión global de 51.300 millones de euros, de los que ya se han destinado 8.400 millones en el Corredor Mediterráneo para que esté listo en 2020.

Un informe del Grupo de Crecimiento Inteligente de la consultora Price Waterhouse (PwC), que lidera el exministro socialista valenciano Jordi Sevilla, ha dejado fuera a Murcia, Alicante y Almería del futuro Corredor Mediterráneo para activar el tráfico de mercancías entre España y Francia, sobre el que ha de pronunciarse Fomento y Bruselas en otoño, revela, por su parte, el diario 'Información'.

El estudio apuesta por un conjunto de redes que llevarían las mercancías ferroviarias desde Andalucía hasta Francia por Hendaya y Perpignan, colocando como ejes centrales Madrid y Valencia, ciudad esta última, donde llegarían los trenes desde Albacete vía Alcázar de San Juan, desde donde continuarían hacia Castellón, Tarragona, Barcelona y Perpignan. El estudio destaca, en este sentido, la importancia del puerto de Valencia.

La otra opción planteada en el trabajo de investigación llevaría los trenes desde Andalucía a Alcázar de San Juan y desde ahí a Madrid y Zaragoza, desde donde se podría optar por continuar hacia el País Vasco y Hendaya o, incluso, tomar el corredor hacia Barcelona. Murcia y Alicante y quedan fuera en todas las opciones, según refleja el informe al que tuvo ayer acceso este periódico.

El trabajo de campo señala que teniendo en cuenta las características operativas y económicas del ferrocarril, su mercado objetivo se concentra en las distancias superiores a los 350 y 400 kilómetros y podría superar un volumen de negocio de 10.000 millones de euros al año.

El Grupo de Crecimiento Inteligente apuesta, en este sentido, por aprovechar corredores que queden liberados por la red de Alta Velocidad y, curiosamente, vuelve a conceder protagonismo a la localidad castellano-manchega de Alcázar de San Juan. Los técnicos insisten en que el escenario con los nuevos corredores ferroviarios de mercancías debe estar resuelto en 2020.

El Consell valenciano ya denunció hace un año que la primera fase del proyecto del Ministerio de Fomento para modernizar el Corredor Mediterráneo desde Barcelona a Algeciras se quedaba en La Encina (Villena) y no preveía continuar hasta Alicante y Murcia hasta 2020, cuando el tráfico de mercancías lleve ya colapsado cinco años.

Lo cierto es que la modernización del eje ferroviario Murcia-Alicante-Barcelona lleva esperando un proyecto concreto desde la reunión del 8 de enero de 2001 en Murcia, donde bajo la presidencia del entonces ministro del PP, Álvarez Cascos, se dio vía libre al AVE entre Madrid y la Comunidad Valenciana y también al Corredor Mediterráneo. Diez años después sólo está en obras el tramo Vandellós-Barcelona y en redacción el estudio informativo del tramo Castellón-Tarragona.

Un tramo de 190 kilómetros que actualmente sólo tiene una vía en cada sentido por las que deben circular todo tipo de trenes. Ahora mismo soporta una presión de 80 trenes diarios. El hecho de que la primera fase de la remodelación del trazado se quedara en La Encina, ya dejó sin posibilidad de activar un buen sistema de transporte ferroviario de mercancías desde Alicante y Murcia. El tramo Alicante-La Encina lleva prácticamente parado desde que se puso en marcha con una sola vía en cada sentido.

Moody´s amenaza con rebajas de ´rating´ a las CCAA

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha advertido de que si las comunidades autónomas no dan nuevos pasos para lograr una "mejora sostenible" en sus posiciones fiscales y reducen sus déficit, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones, según recoge en un comunicado.

La agencia cree que varios gobiernos regionales españoles es probable que superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al "excesivo optimismo" de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

Asimismo, este incumplimiento del objetivo de déficit también estará motivado por las dificultades a las que se enfrentan para controlar el rígido gasto en sanidad y educación y a la falta de voluntad de algunas regiones para adoptar medidas de consolidación fiscal antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011.

Por ello, Moody's considera que si las autonomías no adoptan nuevas medidas el déficit global de las comunidades se desviará un 0,75% adicional del PIB respecto a la estimación inicial del 1,3%.

Asimismo, señala que el retraso en los pagos en el sector de la sanidad, un problema que viene desde hace tiempo, y la necesidad de aliviar las tensiones de liquidez en el entorno actual de financiación se han traducido en un incremento de las cantidades a pagar en muchas regiones, algo negativo desde un punto de vista crediticio.

Como el año pasado, Moody's espera que las autonomías que califica sigan dividiéndose en dos grupos. Por un lado, aquellas con un rating 'A', como Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, que ya se desviaron del objetivo de déficit el pasado año y que probablemente vuelvan a enfrentarse a dificultades significativas a la hora de controlar la trayectoria de su déficit en 2011.

Por otra parte, estarían aquellas con calificación 'Aa', como Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco, que cumplieron con los objetivos de déficit el pasado año, o registraron sólo una ligera desviación, y que se encuentra en una posición "razonable" para alcanzar las estimaciones previstas para este ejercicio.

Sin embargo, Moody's también espera que algunas regiones de este último grupo experimenten unas posiciones de liquidez más complicadas y una creciente deuda comercial, lo que también añade presión a sus calificaciones crediticias.

La Barceloneta, La Manga del Mar Menor y la Costa del Sol, las costas más degradadas de España


MADRID.- La playa de La Barceloneta (Barcelona), La Manga del Mar Menor (Murcia) y la Costa del Sol (Andalucía), desde Marbella hasta Estepona, son las zonas costeras más degradadas de España, según se desprende el informe 'Banderas Negras 2011. Esto es una barbaridad', presentado por la organización Ecologistas en Acción.

   Los motivos por los que estas zonas ocupan los primeros puestos de este ranking son "que el primer kilómetro de la playa está urbanizado, las deficiencias de las depuradoras, la intrusión marina por parte de la construcción y que todos los municipios de la zona de La Manga vierten aguas residuales directamente a la costa", según ha precisado el coordinador del área de Costas de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez.
   Así, Sáez ha concretado que la ONG ecologista ha colocado banderas negras en zonas a lo largo de toda la costa española debido a la degradación costera provocada por el urbanismo, vertidos orgánicos, obras en la costa, puertos, deficiencia en la depuración del agua y contaminación industrial.
   Según ha comentado Sáez, el número de banderas negras "se mantiene" con respecto al informe anterior", excepto en el caso de las banderas colocadas por obras en la costa, ámbito en el que han aumentado "a pesar se ha invertido menos dinero". Al mismo tiempo, ha advertido de que "la mayor consecuencia del urbanismo costero es la erosión de las costas".
   Por otro lado, ha criticado el dinero destinado a la regeneración de playas ya que, como ha añadido, en la playa de La Barceloneta "se han utilizado 550.000 metros cúbicos de arena para abastecer a terrenos privatizados". En este sentido, critica que la Ley 48/2003, de Régimen económico de puertos del Estado, abre la puerta a la privatización, como en el caso de La Barceloneta, donde se ha cambiado el suelo de uso marítimo por suelo de dominio público portuario.
   Según ha manifestado Sáez, Ecologistas en Acción llevará a los tribunales el caso de los vertidos residuales de Benicàssim (Castellón de la Plana). En este sentido, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España por los vertidos de aguas residuales en 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes, "que han aumentado en un diez por ciento".
   Igualmente, Sáez ha destacado el caso del Parque Natural de la Sierra Helada, en la Comunidad Valenciana, "donde los excrementos van a parar directamente a la playa". También ha concretado que un 90 por ciento de las depuradoras situadas en zonas costeras "están mal planificadas" porque durante el verano ser vierten "más residuos de los que reciben".
   Por otro lado, la organización denuncia que las comunidades autónomas "incumplen sistemáticamente la Directiva Marco de Agua (DMA) porque ninguna depura y reutiliza sus aguas tal y como estipula la ley". Además, la coordinadora del área de Costas de la ONG ecologista, Natalia Martín, ha asegurado que existe una "total falta de planificación" en materia portuaria porque, a su juicio, "no se estudian globalmente las necesidades y se apuesta por construir puertos con grandes impactos sobre las costas".
   Asimismo, Martín ha criticado que "hay zonas de alta peligrosidad como consecuencia de los vertidos industriales, como Gibraltar, Alborán y Huelva", al tiempo que ha añadido que después del vertido del Prestige en la costa gallega "se concedieron muchas licencias de construcción mientras la población disminuía", como en el litoral de Fisterra. Según Martín, este hecho demuestra que "el interés para otorgar licencias queda supeditado al interés de los inversores y de los propietarios del suelo".
   Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha reclamado la puesta en marcha de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático este fenómeno medioambiental "está teniendo consecuencias tremendas en la costa".

Joaquín Bascuñana y Benito Marín, ambos del PP, senadores por la Comunidad de Murcia


CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha elegido esta mañana a Joaquín Bascuñana y a Benito Marín, ambos del PP, como senadores autonómicos en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Es la primera vez que el PSRM no tiene derecho a un escaño en el Senado por esta vía.

   Los nuevos senadores han recibido sus credenciales de manos del presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Francisco Celdrán Vidal, en el transcurso de la sesión plenaria celebrada inmediatamente después de la de su elección.
   La Cámara ha tributado un caluroso y prolongado aplauso a ambos políticos, en cuyos curriculos figura el haber sido diputados regionales en anteriores legislaturas, según han explicado fuentes de la institución.
   Bascuñana ha agradecido al presidente Valcárcel y al Grupo Parlamentario Popular "su apoyo para que, una vez que dejo el Gobierno regional, pueda seguir, en el Senado, defendiendo, como hasta ahora, los intereses de nuestra Región".
   Ha recordado que es su segunda etapa como senador y que "ya tuve la oportunidad de defender en la Cámara Alta la reforma del Estatuto de la Región de Murcia y quizás pueda repetir esa experiencia en este nuevo período como senador".
   "Hay otros aspectos importantes como el agua, la deuda o las infraestructuras en las que me implicaré para poder conseguir lo mejor para nuestra región", añadió.
   Por su parte, Benito Marín se ha mostrado "muy ilusionado" y "lleno de gratitud hacia el presidente Valcárcel por depositar de nuevo su confianza en mí y designarme como senador autonómico".
   De hecho, ha afirmado encontrarse "con muchas ganas de empezar a trabajar en el Senado y de hacer todo lo que sea capaz". 
Asimismo, ha manifestado su deseo de poder integrarse en la Comisión de Educación donde, opina, "podrá utilizar su amplia experiencia en ese campo para cambiar el panorama actual educativo que -así ha terminado- está bastante perjudicado".
   La Asamblea ha designado, posteriormente, a los miembros de distintos órganos y consejos. Así, el Pleno de la Cámara ha aprobado como vocales de la Junta Electoral Regional a José Antonio Cobacho Gómez, Juan Roca Guillamón y José López Hernández, integrantes de una candidatura conjunta avalada por las firmas de los portavoces de los tres Grupos Parlamentarios.
   Como miembros del Consejo Asesor de RTVE en la Región de Murcia, la Asamblea Regional de Murcia ha designado a siete candidatos propuestos por el Grupo Parlamentario Popular y a dos del Grupo Parlamentario Socialista. 
Los primeros son: Jesús Martínez Moreno, Laura Manzano Cruzado, Beatriz Hontoria Hernández, Pascual Lorente García, Jesús Cano Molina, Francisco Abril Ruiz y Arsenio Pacheco Atienza, y los segundos, Alfonso Navarro Gavilán y Dolores Ferre Abellán.
   Como miembros del Consejo Asesor de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la Región, la Asamblea Regional de Murcia ha elegido a Juan Carlos Ruiz López, José Iborra Ibáñez, Víctor Manuel Martínez Muñoz y Laura Muñoz Pedreño, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, y a  Antonio Martínez Bernal y María del Carmen Moreno Pérez, a propuesta del Grupo Socialista.
   Mientras que como miembros de la Comisión Mixta de Transferencias Administración Central-Comunidad Autónoma, el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha elegido a Juan Carlos Ruiz López y Juan Bernal Roldán, a propuesta del Grupo Popular, y Alfonso Navarro Gavilán, a propuesta del Grupo Socialista.
   Además, la Asamblea Regional ha elegido a Adolfo Baturone Santiago, David Conesa Ferrer, Juan José Martínez Navarro, Pedro Rivera Barrachina, Juan Ramírez Soto, María del Carmen Vigueras Pallarés y José María Ortega González, a propuesta del Grupo Socialista, y a Piedad Alarcón García y Blas Pedro José Navarro Ibáñez, a propuesta del Grupo Socialista, como miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión de la Región de Murcia.
   Como miembros de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, la Asamblea ha elegido a Juan Guillamón Alvárez y Juan Antonio Sánchez-Castañol Conesa, a propuesta del Grupo Popular, y a María González Veracruz, a propuesta del Grupo Socialista.
   Como vocales del Consejo Social de la Universidad de Murcia, la Asamblea Regional de Murcia ha elegido a Juan Guillamón Álvarez,  Antonio Castillo Pérez y Juan Antonio de Heras Tudela, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, y a María González Veracruz, a propuesta del Grupo Socialista.
   Por último, como vocales del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena, la Asamblea Regional ha elegido a Pilar Berlinches Acin, Juan Antonio Sánchez-Castañol Conesa y Pedro Antonio Sánchez López, a propuesta del grupo Popular, y  a Francisco Martínez Muñoz, a propuesta del Grupo Socialista.

Valcárcel sigue muy retórico a falta de algo nuevo que comunicar para afrontar la crisis regional


MURCIA.- Los consejeros que forman el nuevo Gobierno de la Región de Murcia, en el que hay una única cara nueva, Antonio Sevilla, han tomado este martes posesión de sus cargos en el Palacio de San Esteban, un día después de la jura del presidente Ramón Luis Valcárcel, en un acto recogido y rápido aunque plagado de retórica ante la falta de algo nuevo que comunicar para afrontar la crisis que atenaza un poco más a los murcianos que al resto de españoles.

   Los consejeros de Presidencia y Justicia, Manuel Campos; Economía y Hacienda, Salvador Marín; Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla y Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, encargado también de la portavocía, así como la única mujer del equipo, María Ángeles Palacios como consejera de Sanidad y Política Social, el de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca; el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz y el de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá han jurado su cargo en presencia de familiares y los ex consejeros María Pedro Reverte, Joaquín Bascuñana e Inmaculada García.
   Tras la jura de sus cargos, el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que se ha fundido en un abrazo con cada uno de sus consejeros, ha tenido unas palabras para su nuevo equipo así como para los consejeros salientes.
   A estos últimos les ha agradecido su trabajo y ha asegurado que han cumplido con su tarea, "podéis estar plenamente orgullosos de lo hecho por vuestra región", apostilló Valcárcel, quien remarcó que "entrasteis orgullosos y os podéis marchar orgullosos, yo lo estoy".
   Así espera que este nuevo equipo sienta ese mismo orgullo y sentimiento del deber cumplido dentro de cuatro años "cuando corresponda vivir una situación similar a esta, marchando o permaneciendo, dependiendo de la voluntad de los murcianos".
   Al hilo, el presidente indicó que "servir en momentos difíciles como estos no hace más que motivarnos mucho más para que las metas que nos hemos propuesto sean alcanzables".
   En definitiva, señaló, "servir a la Región de Murcia, a los murcianos y al final decir, hicimos cuanto pudimos hacer pero sobre todo conseguimos los logros".
   Tras lo que deseó lo mejor a su nuevo equipo y les indicó un "vamos a trabajar".
A partir de ahora, concluyó antes de reunirse con su equipo en el que sería el primer Consejo de Gobierno, "hay que trabajar, pues la Región no puede esperar un segundo más".

Los lorquinos siguen esperando las ayudas prometidas, mes y medio después del terremoto

LORCA.- IU, a través de su concejal Pedro Sosa, ha pedido a la responsable de la reciente creada Concejalía del Terremoto que «envíe a los técnicos a trabajar a la calle y no a sus oficinas, como parece que está pasando». El edil reclama una nueva revisión de las fachadas a la vista de recientes desprendimientos y para evitar desgracias personales. 

Sosa también pide aclaraciones sobre las exenciones en los pagos de las tasas por licencias de obras a todos aquellos propietarios de viviendas o comercios afectados por el seísmo. «Es lógica la exención después de una catástrofe como esta». Igualmente lamenta que el alcalde no haya convocado aún ningún Pleno para tratar todo lo referente a los terremotos desde que sucedieron, hace ya un mes y medio.
Sosa insiste en lo que considera falta de transparencia en la gestión de la información por parte del gobierno local y el nerviosismo de los vecinos que siguen en la calle y no han recibido ni un céntimo de las ayudas prometidas.

Concentración 


   Los integrantes de la Asamblea de Vecinos de La Viña afectados por el terremoto de Lorca han convocado una concentración que tendrá lugar el próximo jueves día 30, a las 20.00 horas, en la plaza de España.
   Esta concentración tiene como objetivo solicitar de las distintas Administraciones Públicas soluciones urgentes a los problemas que padecen los damnificados de la barriada de La Viña y otras zonas como Alfonso X, San Fernando, o las diputaciones de Río y La Torrecilla, como consecuencia de los seísmos del pasado 11 de mayo.
   Los convocantes pretenden asimismo trasladar las propuestas formuladas por la Asamblea en las distintas reuniones que ha mantenido hasta la fecha, según han explicado en comunicado de prensa.

La sociedad civil progresista desenmascara la propaganda política en torno al supuesto despegue urbanístico de la Marina de Cope


MURCIA.- Los colectivos progresistas murcianos Ecologistas en Acción, EPlan, Prolitoral, Asociación para la Justicia Ambiental (AJA), WWF-Murcia y ANSE tachan de propaganda, en una nota de prensa, el supuesto despegue del proyecto de Marina de Cope e instan a desecharlo porque se basa en un modelo de desarrollo "depredador y demostradamente fracasado".

"Los colectivos, que abogan por la defensa del medio ambiente, tachan de propaganda el artículo publicado este lunes 27 de junio por el diario La Verdad titulado: "El Gobierno Regional prepara el despegue de Marina de Cope", ya que en los contenidos que en el se vierten se obvian los diversos recursos interpuestos ante esta mal llamada Actuación de Interés Regional (AIR), así como los trámites que todavía le quedan para poder poner en marcha este proyecto. Entre los grandes escollos legales están:

  1. Recurso Contencioso-administrativo contra las Directrices del Litoral de la Región de Murcia.
  2. Recurso de Inconstitucionalidad contra Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, que desprotege 15.000 hectáreas.
  3. Recurso Contencioso-Administrativo contra la Actuación de Interés Regional de “Marina de Cope”.
La resolución del recurso de Inconstitucionalidad será el que decida el desarrollo posterior de la zona.
Además, la AIR Marina de Cope no ha superado todavía ni una sola Evaluación de Impacto Ambiental como proyecto (sólo la de los PGOU de Águilas y Lorca), y así mismo, no cuenta con ninguna de las Declaraciones de Impacto Ambiental necesarias. 

Únicamente se emitió la primera fase del estudio del Puerto Deportivo de Marina de Cope en fase de sugerencias, y desvinculado del resto del proyecto. No se puede hacer un estudio ambiental “por partes”, sino que se deben estudiar los impactos ambientales y sociales del proyecto en su conjunto.

Cuando arranca su quinta legislatura consecutiva, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, demuestra su incapacidad para recapacitar y cambiar su mirada respecto al medio ambiente y sus posibilidades de desarrollo realmente sostenible, y sin embargo sigue apostando por un modelo de promoción urbanística que ha sido el estandarte de la política regional, a pesar de ser un modelo totalmente fracasado.

Lejos de buscar alternativas a modelos que nos han hundido en la crisis más que la media española, se busca la rentabilidad financiera y la destrucción del litoral a toda, aunque sea a costa del interés del conjunto de la población. El Gobierno Regional sigue apostando por beneficiar a empresas privadas como Iberdrola, y cajas como Cajamurcia, Bancaja y Caja Castilla-La Mancha, continuando con el modelo de especulación imperante en los últimos 11 años.

Además, es especialmente preocupante que el Gobierno Regional, conforme está la situación económica de la Comunidad Autónoma, siga apoyando por proyectos en los que se siguen endeudando cajas de ahorros que están sobreendeudadas debido precisamente a sus inversiones en este tipo de proyectos, que finalmente no salen como se esperaba.

Desde el punto de vista de los movimientos ambientales murcianos y de la defensa de la justicia ambiental, Valcárcel y el resto de su Gobierno deberían apostar por alternativas ambientalmente sostenibles, económicamente rentables y duraderas, y que supongan un aumento de calidad de vida para los habitantes de la zona y de la Región de Murcia en general. 

La promoción y puesta en marcha del proyecto de Marina de Cope roba el futuro de la zona e impide desarrollos sostenibles alternativos, generadores de riqueza a largo plazo, siendo además contraria a la línea de las directrices europeas y nacionales para salir de la crisis económica.

La conservación de este tramo de costa debe ser primordial, dadas sus características paisajísticas y naturales, que lo convierten en un lugar único y con diversas posibilidades de futuro".

Zapatero anuncia nuevas medidas de protección para los que afrontan ejecuciones hipotecarias

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que en las próximas semanas se aprobarán nuevas medidas de protección para las personas sujetas a procedimientos de ejecución hipotecaria por la imposibilidad de atender a sus compromisos.

   Durante su discurso sobre el Estado de la Nación, el líder del Ejecutivo ha afirmado que estas medidas de protección "serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias".
   Zapatero sostuvo que el Gobierno es consciente de la coyuntura "especialmente difícil" a la que se enfrentan las familias que pierden su  vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca.
   En este sentido, aclaró que por ello en abril de 2010 se aumentó la cantidad mínima de ingresos de las familias que no puede ser embargada. "Pero vamos a hacer un nuevo esfuerzo en este sentido", enfatizó el presidente del Gobierno en el Congreso.
   Zapatero subrayó que se va a completar el proceso de reformas con nuevas iniciativas que responden a compromisos ya asumidos y que, entre otras cosas, supondrán una nueva regulación del silencio administrativo para convertirlo en positivo en un buen número de procedimientos.
   Asimismo, se incluirán medidas de protección para los sometidos a ejecución hipotecaria, normas para incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, y nuevas medidas a favor de los emprendedores y para aliviar la morosidad que padecen, especialmente, pymes y autónomos ante las entidades locales.

El Gobierno propondrá en julio la aprobación de una regla de gasto para las CCAA

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha adelantado que el Ejecutivo propondrá, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo mes de julio, la aprobación de una regla de gasto en las comunidades autónomas similar a la que se va a aprobar en el Estado y las corporaciones locales.

   Así lo ha avanzado Zapatero durante su primera intervención en el Debate sobre el estado de la Nación, donde ha dicho que el Gobierno remitirá la norma de gasto del Estado y las corporaciones locales al Congreso en "las próximas semanas".
   Zapatero ha explicado que el objetivo de reducción del déficit público al 6% en 2011 es "muy exigente" y obliga a un "esfuerzo compartido" entre el conjunto de las administraciones. "Para lograrlo, es imprescindible, por tanto, el compromiso de todos y, particularmente, el de las comunidades autónomas", ha señalado Zapatero, quien ha pedido "colaboración leal" y un "intenso" ejercicio de responsabilidad fiscal.
   Además, el jefe del Ejecutivo, que ha admitido que la información del primer trimestre sobre algunas comunidades indica existencia de "incertidumbres" y obliga una "aplicación estricta" de la senda trazada para reducir el déficit, ha asegurado que se seguirá trabajando "conjuntamente" para incrementar la calidad de la información presupuestaria disponible.

lunes, 27 de junio de 2011

Intelectuales y artistas piden "reconstruir la izquierda"

MADRID.-  “Nosotros estamos convencidos de la necesidad de reconstruir el presente de la izquierda. ¿Y tú?”. La pregunta cierra un manifiesto de apenas folio y medio, sencillo en las formas pero rotundo en el fondo: ante la bofetada recibida por el PSOE el 22-M, el empuje del PP y la insuficiencia de la izquierda alternativa actual, hace falta encender la chispa de la “ilusión”, según 'Público'.

Esa es precisamente la idea motriz del texto, titulado Una ilusión compartida, [verlo íntegro aquí]. Un manifiesto que promueven y suscriben una veintena de conocidos juristas, artistas, periodistas e intelectuales –entre ellos, Baltasar Garzón, Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina, Almudena Grandes, Luis García Montero o Pilar Bardem– para ayudar a construir una plataforma “en la que confluyan las distintas sensibilidades existentes en la izquierda” y "encontrar el consenso necesario para crear una ilusión compartida". 

El llamamiento será presentado en los próximos días en Madrid. El texto arranca con un guiño al 15-M: “El descrédito de la política y las quejas asiduas sobre la corrupción de la vida democrática no pueden dejar indiferentes a las conciencias progresistas”. Son muchos los “indefensos” ante una crisis económica, social e institucional en la que los mercados “imponen el desmantelamiento del Estado del bienestar”, y ante la que el Gobierno, creen los promotores, sólo ha aplicado una receta, “aceptar las presiones antisociales y degradar los derechos públicos y las condiciones laborales”.

El manifiesto pinta un panorama desolador: un PSOE castigado en las urnas y una izquierda alternativa, cuyo máximo reflejo es IU, que se halla “falta de horizonte” y que “no ha llegado a recoger el voto ofendido por las medidas neoliberales y las deficiencias de una democracia imperfecta”. Pero “no es momento de perder la ilusión”, porque "la calle y las redes sociales se han puesto de pronto a hablar en alto de política para demostrar su rebeldía". 

Es la hora, dice el texto, de aprovechar la “energía cívica” que ha llenado las calles y que clama por mejores condiciones laborales, defensa de los servicios públicos, una economía sostenible y una profunda regeneración democrática para liquidar la corrupción, devolver a la política su “honradez, legitimidad y transparencia”, activar mecanismos de mayor participación y "sumar en una ilusión común los ideales solidarios de la izquierda democrática y social.

“Todo es posible”

El manifiesto exige acción ciudadana para "transformar el envejecido mapa electoral bipartidista", movilización como la que se encendió con el 15-M y antes contra la permanencia en la OTAN y la guerra de Irak. “Se necesita el apoyo y el esfuerzo de todos, porque nada está escrito y todo es posible”, porque “el mundo lo cambian” quienes no se acomodan, repudian la “injusticia” y “pelean dando sentido a la ilusión”. “La memoria de la emancipación humana exige una mirada honesta hacia los valores y el futuro”, proclama el texto.

De los firmantes, destaca la presencia del juez Garzón, autor de “Indignadanos”, artículo de opinión publicado en este diario el pasado 19 de junio y que también llamaba a cambiar “muchas cosas” a partir de “experiencias muy distintas y expresiones coincidentes de rebeldía y protesta, responsabilidad y compromiso”.

También suscriben el manifiesto intelectuales que en la campaña de las generales de 2008 apoyaron al candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero (Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina o Miguel Ríos, los artistas de la zeja) o bien a IU (Almudena Grandes, Luis García Montero o Pilar Bardem). 

La propuesta del llamamiento corre paralelo con el planteamiento de "frentes amplios" de la izquierda defendido por el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, y que de momento ha sido aparcado por la dirección federal de Cayo Lara, cuya prioridad es articular una "convocatoria social" para la elaboración del programa de las próximas elecciones generales.  

Primeras firmas de adhesión al manifiesto

"Una ilusión compartida"

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional
José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo. 
Pedro Almodóvar, director de cine.
Joaquín Sabina, cantante. 
Miguel Ríos, cantante. 
Pilar Bardem, actriz. 
Almudena Grandes, escritora.
Luis García Montero, escritor. 
Juan José Millás, escritor y periodista. 
Eduardo Mendicutti, escritor y periodista. 
Manuel Rivas, periodista y escritor. 
Ignacio Ramonet, director de la edición española de Le Monde Diplomatique
Carlos Berzosa, exrector de la Universidad Complutense de Madrid.
Juan Diego, actor. 
Isaac Rosa, escritor. 
Rosa María Artal, periodista y escritora. 
Ismael Serrano, cantautor. 
José Carlos Plaza, director de teatro. 
Lourdes Lucía, activista de ATTAC. 
Ricardo Zaldívar, activista de ATTAC. 

El Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión de los recursos de la SEPI por parte del último Gobierno de Aznar

MADRID.- El Tribunal de Cuentas pone en cuestión la gestión de los recursos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la última etapa de Gobierno de José María Aznar, que en algunos casos llegaron a destinarse a hacer frente a compromisos de la Administración General del Estado y a otorgar financiación a entidades "que no tienen carácter de públicas".

   Las críticas se recogen en las recomendaciones finales del informe de fiscalización sobre las "Principales aplicaciones de recursos realizadas por SEPI en el periodo 2001-2004",  y que el presidente del organismo, Manuel Núñez, llevará a la Comisión Mixta de las Cortes para las relaciones con el Tribunal, que este miércoles se reúne en el Congreso.
   En este documento, el máximo órgano fiscalizador plantea que las funciones de la SEPI se limitan a cancelar a su vencimiento las obligaciones del Instituto Nacional de Industria (INI) y todas aquellas que asuma en el ejercicio de su actividad, pero no las de la Administración, como ocurrió con la privatización de Santa Bárbara y el traspaso de los títulos de Minas del Almadén y Arrayanes.
   Asimismo, reclama que las aportaciones para reintegros patrimoniales que lleve a cabo SEPI en sociedades participadas se circunscriban a las pérdidas que éstas puedan acumular, formalizándose las demás aportaciones de capital mediante ampliaciones de capital, tal y como establece la Ley de Sociedades Anónimas.
   El organismo que presiden Manuel Núñez también recomienda que los valores de traspaso de las participaciones accionariales de SEPI se actualicen antes de llevarse a cabo dicha trasmisión, cuando el valor neto contable de los títulos sea inferior a su valor de adquisición.
   Por otro lado, llama la atención sobre la gestión de los excedentes de tesorería, que debería ser objeto de una regulación destinada a garantizar la obtención de los mayores rendimientos de los recursos financieros disponibles, limitando el porcentaje de inversión en deuda privada y, sobre todo, su plazo máximo de colocación.
   Por último, aboga por que se determine "de una manera clara" el concepto de "sociedad participada", a fin de evitar que la SEPI, que carece de habilitación legal para operar como entidad financiera, otorgue créditos a sociedades que no tienen el carácter de públicas.
El presidente del Consejo Consultivo para las reprivatizaciones era a la sazón el diputado del PP por Murcia, el catedrático Luis Gámir.

Huermur recurre contra la aprobación de una urbanización de 1.200 viviendas a los pies del Santuario de La Fuensanta


MURCIA.- Huermur, la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia, después de haber encargado un estudio sobre el Plan Parcial ZB-Az1-2, y ante los resultados que se han obtenido, ha presentado un recurso ante el Ayuntamiento de Murcia, solicitando al alcalde que, debido a las graves deficiencias y numerosos incumplimientos que posiblemente contiene el Plan Parcial, anule esta actuación que, de llevarse a cabo, destruiría una de las últimas ventanas visuales que permiten contemplar la transición del espacio forestal del monte de la Fuensanta hacia la Huerta de Murcia.

La zona natural que se destruiría se encuentra a menos de 500 metros del límite del Parque Regional de Carrascoy y el Valle, y es parte del hábitat disponible para la caza de algunas especies de rapaces que nidifican a poca distancia, como son el Halcón Peregrino, el Águila Perdicera, el Búho Real y el Águila Real que se verán afectadas, ya que estas aves tienen una zona de campeo donde cazan a sus presas justo en el espacio donde se pretende urbanizar.

Según los planos del Plan Parcial, esta nueva urbanización está formada por 33 edificios de carácter privado con hasta cinco plantas de altura, a los que se suman los dos únicos edificios públicos que habrá en toda la urbanización.

Afirma Huermur que los valores paisajísticos y etnográficos del entorno donde se ubica el proyecto urbanístico son notables, y que estos afectan directamente al entorno del Santuario de la Fuensanta y del Parque Regional, disminuyendo en gran medida la calidad visual de esta zona del municipio de Murcia, y que no se puede pedir al pueblo murciano que renuncie a todo ello a cambio de la obtención de dos simples edificios para el uso público.

Además de todo lo anterior, según la asociación Huermur, la tramitación de este Plan Parcial no se ajusta a lo establecido en la Ley del Suelo Regional, ya que se trata de un Plan Parcial que nunca ha tenido una aprobación inicial con su debida publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con un plazo para su exposición pública y la posibilidad de presentación de alegaciones.

Denuncia Huermur que desde el Ayuntamiento se pretende que la aprobación inicial de una Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que nunca fue aprobada definitivamente, sustituya a la aprobación inicial del este Plan Parcial. Esta maniobra municipal, que posiblemente es ilegal, posibilitaría llevar a cabo esta urbanización sin que haya existido la participación pública a la que los ciudadanos tienen derecho, y sin los obligados informes de los organismos oficiales y de otras administraciones afectadas.

Desde Huermur se solicita que desde la nueva Corporación Municipal se tenga el valor de enfrentarse a la desastrosa y caótica situación urbanística del municipio, y que no se continué con el urbanismo de esperpento y pandereta que se ha venido practicando en estos últimos años.

Así mismo, se insiste desde la asociación en el hecho indiscutible de que la única solución para el municipio de Murcia es la suspensión de todas las actuaciones urbanísticas y una revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, ya que este ha quedado obsoleto y es incapaz de dar respuesta a la nueva situación económica y social a la que nos enfrentamos los murcianos.

Igualmente, Huermur anuncia que si el recurso presentado no es atendido por el Ayuntamiento de Murcia, aclarando las sospechas existentes sobre este Plan Parcial en Algezares y ofreciendo una respuesta ajustada a lo establecido en la Ley del Suelo, continuará por la vía judicial defendiendo este paraje único, enormemente vinculado a las tradiciones e historia del pueblo de Murcia y que pretende destruirse por el interés de unos pocos. 

IU considera un "error" la desaparición de la comisión de Urbanismo

La concejala de IU en Murcia Esther Herguedas ha considerado hoy un "error" la desaparición de la comisión de Urbanismo porque supone, en su opinión, "un menor conocimiento de los asuntos urbanísticos, que no van a ser abordados en profundidad".
   Para Herguedas, el hecho de que los temas que abordaba esta comisión se traten a partir de ahora en otra que aglutina otros asuntos "complejos" como hacienda y contratación, conlleva "una falta de operatividad", ya que impedirá tratar "a fondo" todo lo que afecta al Urbanismo.
   Además, "esto supondrá una dificultad añadida, porque IU ha realizado un reparto equilibrado de funciones entre los dos concejales que en modo alguno puede corresponderse con la distribución de las competencias de las dos comisiones de Pleno", ha concluido.

Valcárcel adopta un perfil bajo en su quinta toma de posesión... y va para 20 años

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha jurado hoy su cargo en un acto celebrado con asistencia del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, donde subrayó que "servir a la Región de Murcia es uno de los más altos privilegios y un auténtico regalo que te hace la vida". No obstante, el presidente electo ha adoptado un perfil más bien bajo en su quinta toma de posesión.

   Y es que aseguró el jefe del Ejecutivo regional, "hay un millón y medio de razones, que son personas, por las que merece la pena seguir luchando con compromiso e ilusión", y agradeció a todos los murcianos la confianza que "han depositado en el Partido Popular y en el Gobierno que lo sustenta".
   Además, remarcó que, pese a que se inicia ahora su quinta legislatura, "nunca es una rutina y nunca falta la ilusión porque el compromiso se refuerza año tras año, día tras día y legislatura tras legislatura".
   "No son tiempos fáciles, pero la dificultad hace que nos superemos ante la misma. Son retos que nos motivan", destacó Valcárcel, tras jurar su cargo como presidente del Ejecutivo murciano.
   El presidente murciano destacó el "empeño, la ilusión, la motivación y el carácter de superación de todos cuantos componen el Gobierno regional, y que será el motor para levantar la Región".
   Arropado por su familia y las principales autoridades regionales, el presidente murciano manifestó que su gobierno está "capacitado", así, añadió, lo han demostrado los consejeros "a lo largo de su trayectoria profesional, además tienen una experiencia política", pues "no hay ni un sólo miembro del gobierno, incluido quien mañana se incorpora --Antonio Sevilla-- que no haya estado vinculado a la política desde responsabilidades diversas".
   En cualquier caso destacó "el empeño, la ilusión, la motivación y el carácter de superación de todos y cuantos componen el gobierno de la Región de Murcia".
   El presidente ha asegurado, asimismo, que se reunirá previsiblemente la próxima semana con los agentes sociales, "después de un paréntesis en donde a lo largo de medio año ha habido ausencia del deseado y deseable diálogo social".
   "Parece ser que será un acercamiento a ese inicio de conversaciones que nos lleven a los cauces del diálogo que desde el año 95 iniciamos en una región que estaba huérfana de diálogo social y donde las diferentes administraciones estaban absolutamente enfrentadas en sus posiciones a los agentes sociales y sindicatos".
   En este sentido, indicó que abordará la necesidad de generar empleo y ver de qué manera "seguimos garantizando a toda costa esos servicios de la educación, sanidad y políticas sociales que generan y garantizan el estado de bienestar".
   Hay que hacer más con menos, advirtió Valcárcel, "y todo el mundo deberá entender que así hay que hacerlo, y eso significa recortar un gasto que carezca de lo que podamos entender ese carácter social, por lo que tendrá que ser objeto de eliminación o por lo menos, de aparcarlo hasta mejores momentos".
   Preguntado por un futuro encuentro con los partidos de oposición, Valcárcel indicó que "vamos a empezar la semana que viene y luego seguir trabajando en función de lo que vayamos construyendo con el resto de asociaciones, instituciones y formaciones políticas". Pero lo normal, apostilló, "es que establezcamos una primera toma de contacto con los agentes sociales y a partir de ahí definir unas líneas de trabajo".
   "Lo que no podemos es pensar que vamos a meter en el salón de actos a 500 personas para intentar iniciar un proceso de diálogo de forma asamblearia", añadió, y es que "la buena cocina, a fuego lento, lo cual no significa que se inicien este tipo de reuniones, incluso antes del periodo vacacional, pero las cosas hay que hacerlas de manera ordenada, metódica, porque eso garantiza el menor de los fracasos y aspiro a que garantice además el mayor de los éxitos".
   Por otra lado, a preguntas de los medios, matizó que existen determinadas competencias, entre otras Función Pública, que serán objeto de análisis y cambio de ubicación, probablemente en este caso para pasar de Presidencia a la Consejería de Economía y Hacienda, "es una opción", remarcó.
   Al acto, que fue calificado de "sencillo" por el propio presidente regional, algo que, según dijo, "no es incompatible con la solemnidad que encierra en sí mismo", asistió el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y las primeras autoridades de la Región de Murcia.
   Al hilo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz, destacó la sencillez del acto que caracteriza la austeridad que está llevando a cabo el Gobierno regional, que "huye de pompas y se dedica trabajar para los que le han votado y para los que no", en definitiva para el millón y medio de murcianos que viven en la Región.
   Por su parte, la socialista Begoña García Retegui ha subrayado la necesidad de "dar una mayor agilidad al tema de Lorca, porque necesitamos aclarar y concretar diferentes aspectos", al tiempo que indicó la importancia de un encuentro con los grupos de la oposición, sindicatos y empresarios porque "la Región está esperando la salida de la crisis económica sin perder derechos sociales y servicios públicos".