viernes, 11 de mayo de 2012

La autopista AP-41 Madrid-Toledo solicita concurso de acreedores

TOLEDO.-   La sociedad concesionaria de la autopista de peaje AP-41 Madrid-Toledo ha solicitado concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y de lo Mercantil de Toledo. La autopista Cartagena- Vera se encuentra entre la decena de autopistas que actualmente están en riesgo de quiebra, junto con la autopista de peaje AP-41 Madrid-Toledo las radiales de Madrid, y la que une la capital con el aeropuerto de Barajas. Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros, están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país.

   El concurso lo han confirmado fuentes judiciales, que han detallado que el concurso voluntario de acreedores está ahora "pendiente de admisión", tal como publica 'Cinco Días' en su edición de este viernes, que indica que la deuda de la concesionaria asciende a 380 millones.  
   La concesionaria, adjudicataria de la construcción y explotación de la autopista en régimen de peaje por un periodo de 36 años, está participada por Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi y el Banco Espirito Santo.
   La autopista, ya en servicio, cuenta con 71,5 kilómetros de longitud y dispone de nueve enlaces y de un área de servicio entre Madrid y Toledo.
   Se trata de la primera autopista que solicita concurso de las diez que actualmente están en riesgo de quiebra por la caída de los tráficos y los sobrecostes de expropiación que registraron en su construcción.
   El Ministerio de Fomento ha manifestado en distintas ocasiones que confía en tener lista en este mes de mayo la batería de medidas en que actualmente trabaja para ayudar a estas vías.
   Los presupuestos del Ministerio para 2012 incluyen una partida de 289 millones de euros para otorgar préstamos participativos a estas autopistas, y además amplían hasta 2021 la posibilidad de que recurran a cuentas de compensación.
   Además de estas dos medidas, Fomento también contempla la ampliación del plazo de concesión y gestión de las autopistas, y la promoción de fusiones entre concesionarias.
   Con todo, el Ministerio no descarta rescatar las autopistas que no logren solventar sus problemas con las medidas que finalmente promueva Fomento, cumpliendo de esta forma lo que contemplan los propios contratos de concesión. El eventual rescate se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente de este Departamento.
   Además de la Madrid- Toledo, entre la decena de autopistas que actualmente están en riesgo de quiebra figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas y la Cartagena-Vera. Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros, están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país.

Elevan de 5 a 10 años la prescripción del delito fiscal

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que incluye elevar de cinco a 10 años la prescripción del delito fiscal y aumentar de dos a seis años, en lugar de uno a cinco años, las penas de cárcel impuestas a los defraudadores.

   El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros por ejercicio o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. La ley mantendrá la consideración de delito fiscal por cantidades por encima de los 120.000 euros.
   Este tipo agravado de defraudación también se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.
   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien explicó que estas modificaciones afectan a "los delitos fiscales, los fraudes masivos y a la Seguridad Social", con el objetivo de "luchar contra el fraude y la economía sumergida".
   Para introducir estos cambios, el Gobierno modificará el Código Penal (CP) en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social. La propuesta parte de los ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social.
   El anteproyecto de ley también fija mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente o la recaudación. Entre ellas figuran rebajas de penas por reparación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.
   Este atenuante se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.
   Por otro lado, la Administración Tributaria podrá reclamar las cantidades defraudadas durante la tramitación del proceso penal, lo que evitará que los defraudadores malvendan los bienes durante el proceso y se declaren insolventes para no pagar. En la actualidad, se exige el pronunciamiento expreso del juez.
   Además, Gobierno aumentará el control de las tramas defraudatorias y no será necesario esperar a que transcurra el ejercicio completo cuando la defraudación supere los 120.000 euros. En la actualidad se debe atender a lo defraudado en todo el año natural y por ello esperar a la finalización del mismo para denunciar.
   El Gobierno endurece de cinco a seis años de cárcel los delitos agravados contra la Seguridad Social y amplía la prescripción de cinco a diez años para evitar casos de empresas ficticias y talleres clandestinos.
   Asimismo, se reduce la cuantía mínima de la defraudación de 120.000 euros a 50.000 euros, que incluirá toda la deuda no prescrita. Por otra parte, se sancionará a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin la autorización de trabajo.
   Por último, se considerará delito de falsedad documental la falsificación de certificaciones por terceros de documentos de la Seguridad Social, y se introduce un nuevo delito contra los supuestos de falseamiento de la contabilidad de las Administraciones Públicas, cuando afecten al patrimonio público.
   El Gobierno introduce también la inhabilitación de hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas, planteadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia.

Se cumple hoy un año del terremoto de Lorca




LORCA.- Los vecinos de Lorca recuerdan hoy a las víctimas del terremoto que asoló la ciudad hace un año, con los daños provocados por el seísmo todavía visibles, dado que 7.000 personas permanecen fuera de sus casas y 160 edificios siguen en estado de indefinición.

   Las asociaciones y plataformas de vecinos de Lorca afectados por los terremotos del pasado 11 de mayo coinciden en criticar la lentitud en la llegada de ayudas para los damnificados, que llegan "con cuentagotas" un año después de la catástrofe, y reclaman como solución la puesta en marcha "íntegramente" del Plan Lorca, que la administración está sometiendo a un nuevo análisis.
  Así lo han hecho saber el presidente de la Asamblea de Afectados por los Terremotos del 11 de mayo, Juan Carlos Segura, y el presidente de la Asociación Lorca 11 de Mayo, Juan Carlos Carrillo, quienes han coincidido en resaltar que "todavía queda mucho por hacer" y que la recuperación va a ser un camino "largo y lleno de obstáculos".
   Según los datos de la Asamblea de afectados, un año después de los seísmos, todavía "hay 7.000 personas desplazadas de sus viviendas, 1.200 casas han sido demolidas, hay unos 160 edificios que siguen en estado de indefinición, lo que significa que 500 familias todavía siguen sin saber si sus edificios serán demolidos o no".
   Además, añade que "hay dos institutos de Secundaria y un centro sanitario demolidos y no hay proyecto de reconstrucción de los mismos ni partidas presupuestarias que lo contemplen, mientras que los edificios públicos, como el Conservatorio de música y los complejos deportivos de la ciudad, siguen inactivos y sin reparar".
   La Asamblea también critica que "el comercio ha sido gravemente dañado, pues el 30 por ciento del mismo sigue sin abrir sus puertas, y durante este tiempo, los afectados han tenido que sortear todos los obstáculos que se les han presentado por el camino".
   Los actos conmemorativos del terremoto comenzarán hoy a las 13.00 horas en la plaza de España, donde el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, entregará a la Unidad Militar de Emergencias (UME) la bandera de Lorca que ondeaba el día del terremoto en el Ayuntamiento.
   A las 17.30 horas se guardarán dos minutos de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos, se llevará a cabo una Misa de Campaña y una ofrenda floral en la Plaza de España, con presencia del ministro de de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el alcalde, Francisco Jódar.
   La misa será oficiada por el Obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y concelebrada por los párrocos de las iglesias de Lorca.
   En la misma se realizarán una serie de ofrendas por parte de entidades que han colaborado en la recuperación del municipio. Al término de la misa tendrá lugar una ofrenda floral en recuerdo de los fallecidos a causa del seísmo, que entregarán ramos de flores junto a la placa 'Gratitud', ubicada en el Ayuntamiento.
   A las 20.45 horas, en la Plaza de Colón, tendrá lugar la inauguración de la estatua 'Consuelo', del artista Antonio López Soler, con lectura de las frases por parte de los niños, y los actos finalizarán a las 22.00 horas con un concierto 'Réquiem' de Mozart a cargo de la orquesta sinfónica regional en la Plaza de España.
   El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, participará este viernes en los actos de homenaje a las víctimas, una visita que arrancará con un encuentro en el Palacio de San Esteban, donde a las 16.00 horas firmará con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, un convenio para gestionar las ayudas destinadas a la reindustrialización de Lorca, según fuentes de la Delegación del Gobierno.
   A continuación, el ministro viajará a Lorca, donde asistirá a la misa que oficiará el obispo la diócesis, monseñor José Manuel Lorca Planes, en la Plaza de España, a las 17.30 horas, y a los dos minutos de silencio que se mantendrán a las 18.50, hora en que se produjo el segundo de los seísmos que afectaron a la ciudad.

El Instituto Geográfico asegura que "en cualquier momento" se puede dar otro terremoto como Lorca

MURCIA.- El director del servicio regional en Murcia del Instituto Geográfico, José Ibarguen, asegura que "en cualquier momento" se puede dar otro terremoto como el de Lorca, de magnitud cinco o inferior "de segundo o tercer orden", en el sureste y sur español, desde Valencia hasta Huelva.

   De hecho, "han ocurrido bastantes a lo largo de la historia" como fue el caso de los terremotos de Mula, y de las pedanías lorquinas de Zarcilla de Ramos y La Paca en el años 2003. Especialmente, apuntó, es probable en la línea Puerto Lumbreras, Lorca, Alhama de Murcia, Murcia y Orihuela hacia Torrevieja.
   Así Ibarguen ha puntualizado que un seísmo de primer orden tanto en el sur como en el sureste de España sería unas 300 veces mayor que el que ocurrió en Lorca, de una magnitud de 6,5 o 7 en la escala Ritcher.
   Un terremoto, ha acentuado, que sería mucho más grave, pero, remarcó, la probabilidad es muy pequeña, "puede ocurrir cada varios miles de años".
   El problema de Lorca, ha explicado, es que "el epicentro estuvo muy cerca de la ciudad y fue muy superficial, solo a un kilómetro de profundidad".
   La normativa sísmica existente tampoco puede garantizar una seguridad 100 por cien, lo que se persigue, acentuó Ibarguen, es que los edificios no colapsen, "pues esto evitará que se pierdan muchas vidas".
   En Lorca, ha señalado, "sólo colapsó un edificio, que tenía cierto problema de diseño por las heterogeneidades que existían en la planta baja"; y aunque ha habido que derribar muchos edificios, "estos resistieron a pesar de que la aceleración fue muy alta por haberse producido el epicentro muy próximo a la ciudad".
   Las vidas que se perdieron y los heridos de Lorca fueron prácticamente por caída de elementos no estructurales, por elementos de fachada, ha asegurado José Ibarguen, quien aconseja que ante un seísmo, "la población evite situarse en lugares donde pueden producirse desprendimientos".
   Dentro de las viviendas, ha concluido, hay que evitar, por ejemplo, dormir debajo de una estantería" y es que los terremotos como el de Lorca del pasado año "pueden presentarse en cualquier momento y es fácil evitar daños importantes".
   Según un informe del seísmo de Lorca realizado por miembros del Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geológico y Minero de España, la Asociación de Ingeniería Sísmica y las universidades Complutense y Politécnica de Madrid,  la serie sísmica de Lorca fue producida por un pequeño tramo de la falla de Alhama de Murcia.
   La asociación de los terrenos del municipio a esta falla podría implicar la ocurrencia de nuevos terremotos asociados con otros tramos de la falla, aseguran. Por lo que opinan que el estudio del cambio de esfuerzos local producido por el terremoto de Lorca en relación con los segmentos Goñar-Lorca y Lorca-Totana de la misma falla "debe ser analizado con prontitud", así "no debe desecharse la posibilidad de otro terremoto de similares características en entorno próximo".  
   Tras lo que recuerdan otros terremotos en Lorca como los de 1579, 1674 --donde hubo víctimas mortales aunque se desconoce el número-- o 1818 --dos personas quedaron malheridas y se produjo el hundimiento de tierras entre Lorca y Totana--, así como los seísmos de Cehegín de 1948, Lorca en 1977, Mula en 1999, Bullas en 2002, de magnitud 5, y La Paca en 2005.
   El 23 de junio de 1948 se produjo un terremoto de magnitud 5,0 con epicentro al norte de Cehegín (Murcia). El sismo fue sentido ampliamente en las provincias de Murcia y Albacete, alcanzando el grado VIII (Rey Pastor, 1949) aunque posiblemente fue menor de grado VII. En Cehegín hubo que derribar por completo un pequeño barrio, aunque era de alta vulnerabilidad.
   El terremoto de Lorca de 1977 El 6 de junio de 1977 se registró un terremoto de magnitud 4,2 (mbLg) con epicentro a unos diez kilómetros de Lorca, que fue sentido con una intensidad máxima de VI y se determinaron 192 réplicas.
   El terremoto de Mula, que se produjo en febrero de 1999, fue de magnitud 4,7 (mbLg) al norte de Mula y tuvo un premonitorio (3,5mbLg) ocurrido 23 minutos antes. La serie tuvo 26 réplicas que duraron dos meses y solo dos de ellas superaron la magnitud 3, concretamente 3,3 y 3,6. La intensidad máxima sentida fue de VI, con el mayor daño reportado en las localidades de Mula, Las Torres de Cotillas y Campos del Río.
   Durante las primeras 24 horas tras el terremoto de Bullas se registraron 123 réplicas, de las cuales solo 24 superaron la magnitud 2 y tres de ellas la magnitud 3, llegando una réplica a alcanzar el valor de 3,9.
   El terremoto de 29 de enero de 2005 en La Paca fue de magnitud 4,8, en las primeras 24 horas hubo 69 replicas, de las cuales 13 superaron la magnitud 2,0 y solo una alcanzó el valor de 3,4. Dos replicas más notables se sucedieron durante la misma semana, de magnitudes 4,3 y 4,0, siendo sentidas con intensidades 4-5 y 3-4 respectivamente. Las poblaciones mas afectadas fueron La Paca y Zarzilla de Ramos, donde el seísmo principal alcanzo el grado VII.
   El informe señala, asimismo, que la experiencia de este terremoto y la práctica común en la mayoría de países sometidos al riesgo sísmico indica que debería establecerse un protocolo de actuación oficial que incorpore la realización de un Informe Geológico sobre los terremotos de magnitud superior a 5 que se produzcan en España y en zonas próximas de la Península Ibérica, así como un plan especial de estudio y protección de monumentos histórico-artísticos susceptibles de ser dañados por terremotos.

Miles de personas protestan en Murcia en defensa de la Educación pública

MURCIA.- Miles de personas, unos 25.000 según la organización, se han manifestado este jueves por el centro de Murcia para pedir que la Educación "quede al margen de las políticas de recortes", tras una pancarta en la que se podía leer 'Juntos en defensa de la enseñanza pública', respaldada por los colectivos integrantes de la Plataforma en defensa de la Escuela Pública de la Región de Murcia.

   Los manifestantes han salido de la plaza de la Fuensanta y han recorrido la Gran Vía y la avenida Teniente Flomesta al grito de "menos corrupción, más educación"; "políticos y banqueros, mentirosos y usureros"; "el PP solo sabe recortar"; "Valcárcel, Sotoca, la escuela no se toca" y "más inversión en educación". La movilización ha culminado en la Delegación del Gobierno, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto.
   En la manifestación han estado presentes líderes sindicales y políticos, como la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui; el coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante; la concejala de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas; y los secretarios generales de CCOO y UGT Región de Murcia, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, respectivamente.
   Bueno ha destacado que se trata de una "jornada de lucha en todo el país para protestar por los recortes que se están produciendo, tanto por parte del Minsiterio de Educación como por parte de las comunidades autónomas, y que van a sufrir el curso que viene la educación primaria, secundaria y universitaria".
   Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Pedro Manuel Vicente, ha aseverado que "no estamos dispuestos a tolerar que persistan las agresiones contra la escuela pública y el Estado del Bienestar".
   Para ello, ha considerado que la convocatoria de este jueves "es muy importante porque aglutina padres, profesores, alumnado, personal de administración y servicios, así como organizaciones sociales de diferente tendencia, partidos políticos y sindicatos, con el único fin de parar la agresión que está sufriendo la escuela pública".
   Ha recordado que la Región de Murcia sufre esta "agresión" desde diciembre de 2010 y, en el conjunto de España, desde mayo de 2010".
   Al respecto, ha criticado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "por dar oxigeno a los especuladores y a los defraudadores". Por contra, considera que ambos líderes "deberían buscar alternativas a la salida de la crisis", y sostiene que, para ello, están las mesas de negociación.
   Asimismo, Vicente ha propuesto alternativas como "la reducción del fraude fiscal, afrontar la economía sumergida, no dar más oxigeno a los especuladores, poner tipos impositivos a las rentas más altas, poner también tipos impositivos a las operaciones financieras internacionales, así como buscar la reducción de gastos de carácter ornamental y protocolario".
   "No vamos a tolerar que se tilde a los empleados públicos de vagos y de afortunados", según Vicente, quien ha defendido la labor de estos profesionales que "están trabajando para hacer una escuela pública de calidad cada día mejor".
   El secretario general de FETE-UGT, Antonio Francisco Ferrández, ha señalado que en esta convocatoria "se suman todos los colectivos, entre ellos también el Comité de Resistencia de la Enseñanza no universitaria, en defensa de la educación pública".
   "Estamos en la calle para decir que basta ya, que lo que están haciendo es desmantelar la escuela pública y, por lo tanto, estamos protestando para que la enseñanza quede al margen de las políticas de recortes", ha añadido Ferrández.
   La manifestación es el broche final de una serie de asambleas y debates que se han estado celebrando esta semana de cara a la huelga del próximo 22 de mayo, según Ferrández, quien ha indicado que ha sido una jornada "muy participativa".
   Por su parte, Pujante ha destacado la importancia de manifestaciones como la de este jueves porque "sólo la movilización va a servir para que, en definitiva, se produzca una inflexión de la situación".
   El coordinador de IU-Verdes ha indicado que no sólo se trata de una manifestación de protesta, sino también "de concienciación ciudadana para que se asuma la enorme importancia que tiene la Educación para el sostenimiento del Estado del Bienestar, para el cambio del modelo productivo y para que la sociedad progrese".
   "Una sociedad en la que la Educación está totalmente recortada y en la que no se utilizan todos los recursos necesarios para ella se traduce inevitablemente en un perjuicio para el conjunto de la sociedad, para la cultura y para la propia economía", ha remarcado.

13 organizaciones se unen en una plataforma para defender el estado del Bienestar y los servicios Públicos

MURCIA.- Un total de 13 colectivos sociales de la Región de Murcia se han unido en una Plataforma con la intención de "responder a los ataques indiscriminados que se están dirigiendo contra el Estado del Bienestar y los servicios públicos desde la Administración general del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos". Para ello, pretende difundir propuestas alternativas "más justas y equilibradas" entre la sociedad.

   Esta Plataforma Social en defensa del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos de la Región de Murcia ha sido presentada en rueda de prensa por el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, el secretario general de CCOO Región de Murcia, Daniel Bueno; el presidente de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de la Región, Leandro Sánchez; y el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región, Juan Antonio Sánchez.
   En concreto, se han unido a esta Plataforma el Foro Ciudadano; la Plataforma 'Pobreza Cero'; UGT Región de Murcia; Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC); la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC); la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región; CCOO Región de Murcia; y la Asociación de Senegaleses de la Región; Murcia-Acoge.
   Asimismo, integran la Plataforma la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Región (FAPA) Juan González; la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de la Región (CAVEMUR); la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comarca de Cartagena 'Fernando Garrido' (FAVCAC); y la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur).
   De todas formas, Bueno ha manifestado que esta Plataforma está abierta a la incorporación de otras organizaciones, por lo que sus integrantes van a seguir invitando al tejido social a adherirse.
   De momento, la Plataforma carece de un calendario de actuaciones, pero ha añadido que van a celebrar reuniones este mes e irán acompasando las respuestas a las "agresiones". "Si lo que amenaza el presidente Mariano Rajoy es un nuevo recorte cada Consejo de Ministros vamos a seguir contestándole".
   El propósito de la Plataforma es "contestar el discurso y el argumento de la crisis utilizado para justificar los recortes, y que, en su opinión, es una "mentira que falsea la realidad", ya que el gasto para financiar el sistema público "no es insostenible". En su opinión, estás medidas están encaminadas a la privatización de los servicios con la excusa de "ser más eficientes".
   Para Jiménez, se han "impuesto de forma unilateral" un "sinfín" de medidas atendiendo a los intereses especulativos y de los mercados y que "desprecian las necesidades de la mayoría de la población y que no tienen ninguna eficacia para remontar la actual situación de crisis".
   Ha puesto como "vivo ejemplo" la reciente "nacionalización de Bankia", y ha citado entre otras "la creación de las nuevas tasas en materia de política social, el aplazamiento del desarrollo de la Ley de Dependencia, y la reducción del nivel acordado de las transferencias a las Comunidades autónomas".
   En materia educativa, ha señalado medidas como "la creación de nuevas tasas, la eliminación de ayudas al estudio como el Bonolibro, la elevación de las ratios de alumnos por clase, la reducción de las transferencias a las universidades, la subida de las tasas de matriculación en los estudios superiores y la paralización de inversiones en infraestructuras educativas o la destrucción de empleo público".
   En materia de Sanidad, ha criticado la implantación del "repago sanitario a los pensionistas, trabajadores y todos los beneficiarios de las ayudas, asó como la paralización de la inversión pública en infraestructuras sanitarias, suspensión de programas de salud, reducción de la carta de servicios en hospitales públicos, el cierre de centros sanitarios y la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes, entre otras cosas".
   Para la Plataforma, estas medidas son "injustas porque no se equilibran los recortes adecuadamente, sino que se están enfocando de lleno en los ciudadanos que, además, en estos momentos más precisan los servicios públicos".
   Todo ello, cuando las administraciones públicas "han renunciado a atajar gastos suntuarios, externalizaciones injustificadas, asesorías técnicas, se ha tirado la toalla respecto al fraude fiscal y, sobre todo, esos flagrantes errores de gestión económica que estamos advirtiendo permanentemente, que cobran un especial significado con la nacionalización de Bankia".
   Además, estima que son medidas "inoportunas" porque se están adoptando en los momentos en los que la ciudadanía "más necesita el apoyo de lo público como consecuencia de ese dramático ascenso del desempleo y de la pobreza".
   Y a su parecer, lo más "sangrante" es que todas estas medidas "son evitables" porque hay otras propuestas "alternativas presentadas mil y una veces por las organizaciones sociales que nos ayudarían a remontar esta situación, y que operan del lado de los ingresos". Por ejemplo, ha citado "mejorar los ingresos públicos con un sistema tributario cada vez más progresivo y que pague más quien más tiene y no recortar los derechos sociales".
   Jiménez ha mostrado su rechazo a los argumentos que se utilizan para justificar estos recortes, porque "nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". Por ejemplo, ha indicado que "nuestro diferencial con Europa en materia de empleo público y gasto social sigue siendo claro, seis puntos por debajo de la media en términos de PIB".
   Leandro Sánchez ha añadido que, actualmente, "asistimos a un atentado frontal a los pilares básicos del Estado del Bienestar y al marco de la democracia en sí, basado en la igualdad de los ciudadanos", por lo que estima "imprescindible" defenderse "con uñas y dientes".
   Ha considerado "especialmente preocupantes" las medidas de "recorte" adoptadas en la Sanidad y en la Educación, que "ha costado mucho conseguir" y que "se van a caer de un plumazo" generando "un sistema de dos velocidades, para ricos y pobres".
   A su juicio, se está "gravando la enfermedad y a quien más ayuda necesita, como los mayores, los pensionistas y los inmigrantes, en vez de a quien más tiene por la vía de cobrarles más impuestos".
   Leandro Sánchez ha lamentado que, "ahora que no hay beneficios del ladrillo, los colectivos del liberalismo se han fijado en donde está el dinero, en la Sanidad y en la Educación, que van a tratar precisamente de privatizar".
   Por su parte, Juan Antonio Sánchez, ha criticado que la consejera de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios, durante su intervención este miércoles en la Asamblea Regional anunció un plan que es una "contrarreforma planificada, aunque improvisada" que trata de destruir los pilares del Sistema Murciano de Salud, a pesar de que se empeña en disfrazarlo como una "reforma" del sistema.
   A su parecer, el conjunto de estas medidas "son torpedos en la línea de flotación de los elementos clave del Estado del Bienestar" que se saltan "los principios básicos de equidad, universalidad y gratuidad", y que nos conducen a "trabajar como en las casas de socorro, los centros de beneficiencia y las farmacias municipales de hace años".

Miles de damnificados de Lorca reclaman en la calle ayuda para la reconstrucción de la ciudad

MURCIA.- Más de 4.000 damnificados por los seísmos de Lorca, según la Policía Local, y 10.000, según los convocantes, la Asamblea de Vecinos Afectados por los Terremotos, han reclamado hoy por sus calles ayudas para la reconstrucción de sus edificios en la víspera del primer aniversario de los temblores que devastaron la ciudad.

La manifestación, que se abría con una gran pancarta en la que podía leerse "Todo sí es posible. Ni un solo damnificado sin soluciones inmediatas", ha comenzado a las 20:30 horas en la plaza de Colón.
Allí, los afectados han guardado un minuto de silencio por las víctimas mortales de los temblores de tierra y una niña ha soltado 9 globos blancos para simbolizarlas, gesto aplaudido por la gente.
Los participantes portaban pequeñas pancartas de colores con mensajes como "Queremos construir", "Sin ayudas no habrá reconstrucción", "No queremos promesas; queremos futuro" o "Sin ayudas no habrá reconstrucción".
Entre el sonido de pitos y bocinas, han coreado las consignas "Lorca, unida, será reconstruida", "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa" o "¿Dónde están las ayudas? En la cueva de Alí Babá" por las calles Príncipe Alfonso, Lope Gisbert y Óvalo de Santa Paula y la avenida Juan Carlos I, la principal arteria de la ciudad, cortada al tráfico.
Entre los manifestantes había políticos del PSOE, de IU-V, de UPyD y de Ciudalor.
"Queremos soluciones inmediatas para que las ayudas lleguen a los damnificados este mismo mes. Queremos soluciones para poner en orden la indefinición" administrativa "de los edificios. Que se reconstruyan los centros educativos demolidos", ha dicho el portavoz de la plataforma, Juan Carlos Segura.
Ha añadido que "los damnificados quieren que el plan Lorca esté definido antes de que llegue septiembre y que se pueda poner en marcha para permitir el desarrollo de la actividad económica de Lorca y para reactivar el comercio y el empleo".
La protesta ha terminado con la lectura de un manifiesto con las principales reivindicaciones de este colectivo en la plaza calderón de la Barca.

Diego de Ramón aboga por la "internacionalización" del procedimiento contra la CAM

ALICANTE.- El letrado Diego de Ramón, quien se querelló contra los antiguos gestores de Caja Mediterráneo (CAM) y cuya demanda fue admitida a trámite en la Audiencia Nacional, ha abogado hoy por la "internacionalización" de este procedimiento judicial para evitar que el pleito "quede enquistado en España".

De Ramón ha hecho estas declaraciones a los medios durante la "inauguración" de un obelisco que la Plataforma CAM de afectados por las cuotas participativas, participaciones preferentes y otros productos de deuda subordinada de la extinta caja alicantina "en honor a las víctimas" de estos productos financieros, frente a la sede de la entidad en Alicante.
Además, en la iniciativa han participado miembros de la plataforma Betrugsfall CAM, que agrupa a clientes afectados de nacionalidades alemana, británica, holandesa y suiza, principalmente.
De Ramón ha expuesto que el procedimiento "debe extenderse por los países europeos que han sido afectados y que los jueces tengan la voluntad de llevar este asunto hasta el final", tras incidir en que "debe haber una sentencia condenatoria que repare económicamente a los afectados".
"Debe evitarse el riesgo de que el tema se enquiste en los espacios jurídicos nacionales", ha opinado, para apostar por que "sean los espacios europeos los que vigilen los españoles".
El letrado ha informado de la existencia de una plataforma que agrupa a unos 500 clientes extranjeros afectados por estos productos financieros tras recordar que en España 55.000 personas se han visto afectadas por los mismos, cuyo volumen alcanza los 1.500 millones de euros.
Después de la "inauguración" del obelisco, los manifestantes han recorrido las principales avenidas del centro de la ciudad, haciendo paradas en las distintas sucursales de Banco CAM y Banco Sabadell para "exigir la devolución de sus ahorros".
Los convocantes han cifrado la participación en 120 personas, si bien la Policía Nacional ha rebajado esta cifra a 75 manifestantes.
El presidente de la Plataforma CAM, Carlos Pena, ha dicho a los medios que con esta acción buscan el "mayor movimiento mediático" posible para que los ciudadanos sean conscientes de que "esto no se va a quedar tapado".
Por su parte, la portavoz de Betrugsfall CAM, Andrea Huber, ha afirmado que hace "unos dos meses" conoció a través "de las noticias" que la participaciones de la entidad financiera "habían bajado a valor cero".
Por este motivo, según ha manifestado, creó dicha asociación, donde se ayuda a los extranjeros a realizar todos los trámites pertinentes y que actualmente conforman unas 50 personas, para posteriormente anexionarse a la Plataforma CAM.
"Los afectado extranjeros son turistas que no hablan muy bien español a quienes dijeron que el banco estaba muy bien", ha asegurado.
De Ramón ha sido convocada tanto por la Plataforma CAM como por la Plataforma Betrugsfall, un colectivo que representa a unas cincuenta personas de países como Austria, Bélgica, Francia, Holanda o Alemania, y que habían depositado su dinero en la caja alicantina, tal y como ha confirmado su responsable, Ángela Huber.
El abogado ha subrayado que la voluntad de los manifestantes, a "muchos" de los cuales representa, es que "el proceso de CAM no sea un pleito nacional, sino que sea internacional". "Las banderas que vemos en la movilización, de Estados Unidos (EEUU), Inglaterra, Alemania, la Confederación Helvética Suiza, Francia o Italia, están implicadas en la trama de la CAM. Han sido cogidos ciudadanos europeos que viven en España por las cuotas participativas preferentes de esta entidad", ha apuntado.
De Ramón ha solicitado, desde su posición de representante legal de las plataformas anteriormente citadas, "a la canciller alemana, Angela Merkel, que ayude a los súbditos alemanes afectados por las cuotas participativas, a los que les han cogido sus ahorros y que no pueden disponer de ellos porque están absorbidos por la CAM".
"Esta manifestación pretende internacionalizar el pleito para evitar que quede en el espacio español. Que se extienda a todos los países en los que sus ciudadanos se han visto afectados. Que los jueces tengan la voluntad de llevar este asunto hasta que haya una sentencia condenatoria y reparadora económicamente de todos los afectados. Quiero que el espacio europeo vigile el espacio jurídico español", ha resaltado.
Por su parte, el portavoz de la Plataforma CAM, Carlos Pena, ha afirmado que la situación de los ciudadanos extranjeros con ingresos en la caja alicantina "no se va a quedar tapada", y ha explicado que su colectivo está "en contacto con corresponsales de Europa" para abordar este tema, entre los que ha mencionado a Huber, creadora de la Plataforma Betrugsfall.
En este sentido, la representante de los inversores foráneos en la entidad financiera ha expuesto que su plataforma organiza "los trámites para los extranjeros que no hablan español, ya que son turistas que vinieron y se engañaron porque pensaron que CAM estaba muy bien". "Las cifras estaban de maravilla y ahora no hay nada y lo ponen todo a cero. No puede ser que todos los turistas pierdan todos sus ahorros. Es terrible", ha agregado al respecto.
Preguntada por el momento en que inició su actividad, Huber ha indicado que fue hace unos dos meses, cuando descubrió "que los papeles preferentes de la entidad habían bajado a cero". "Pensé que era un mal sueño y ahora luchamos a nivel internacional para solucionarlo".
En cuanto a la manifestación, han participado unas 120 personas, según datos de los convocantes, y 75, en función de los datos aportados por fuentes policiales. La marcha ha comenzado sobre las 12.00 horas frente a la sede central de CAM en Óscar Esplá y ha transcurrido por la céntrica avenida de Maissonave, por Federico Soto, Alfonso El Sabio, y ha finalizado frente a la sede del Banco de España, en la Rambla de Méndez Núñez.
Durante su recorrido, los manifestantes han portado un monolito con una placa "en recuerdo de los 55.000 ahorristas víctimas de la CAM que perdieron todos sus ahorros", y han realizado diferentes paradas frente a varias oficinas tanto de la caja alicantina como del Banco Sabadell. Igualmente, portaban una pancarta en la que se podía leer el lema 'Afectados por el engaño de la CAM y el Banco de España. Exigimos la devolución'.

jueves, 10 de mayo de 2012

Expertos internacionales critican que el Gobierno impida la sanidad a los inmigrantes

MADRID.- Varios expertos nacionales e internacionales en salud y políticas farmacéuticas han criticado este jueves que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a impedir la sanidad y el uso de los medicamentos a los inmigrantes y han recordado que la salud es un derecho y no "un privilegio" que se adquiere en función de una condición legal.

   El Ejecutivo español ha aprobado recientemente un Real Decreto en el que, entre otras medidas, se incluye la adaptación de la normativa europea relativa a ciudadanos extranjeros en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con la que se pretende acabar con el turismo sanitario en España que, según sus datos, ha causado un gasto de 917 millones de euros.
   Además, se ha modificado el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería con el fin de clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de tal modo que quienes vienen de otros países garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España.
   Unas medidas que, a juicio del docente y experto en Cooperación para el Desarrollo en el campo de la Salud José María Torres, no son justas ya que el acceso a la sanidad y a los medicamentos es un "derecho" de todo ciudadano sea del país que sea.
   "Estamos en contra de que se le puedan negar tanto la atención sanitaria como la farmacéutica o la sociosanitaria a los inmigrantes por el mero hecho de no tener un carné, una tarjeta o un documento que les identifique", ha señalado, antes de participar en un seminario organizado por la ONG Farmamundi para debatir la falta de medicamentos y salud pública en todos los países del mundo.
   En la misma línea se ha pronunciado el vocal de proyectos de la Junta Directiva de 'Farmamundi' y especialista en incidencia en entidades del Tercer Sector, Eduard Soler, quien ha recordado que la "regla de oro" que tiene que imperar tanto en España, como en el resto de países, es que "nadie se quede sin medicamentos" aunque no los pueda pagar.
   En este sentido, ha lamentado que el acceso de los medicamentos ya no sea sólo un problema de los países del Tercer Mundo sino que lo esté siendo para todos, y ha advertido de que si la factura sanitaria sigue aumentando va a llegar un momento en el que "ningún país" podrá pagarla.
   El director de la Fundación colombiana del Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (IFARMA), Francisco Rossi, ha destacado también la necesidad de buscar nuevas fórmulas de financiación de medicamentos para que nadie se quede sin ellos.
   Rossi se ha referido además al copago sanitario aprobado por el Gobierno y ha lamentado que este tipo de medidas afecte sólo a los que menos tienen. Asimismo, ha abogado por que los países busquen "nuevas soluciones" para poder financiar los medicamentos y que, por tanto, no tengan que hacerlo, en cierta medida, los ciudadanos.
   "Estas son decisiones de los que tienen preocupaciones financieras y, seguramente, que van a significar algún tipo de recaudo pero, se va a pagar un precio social y este es uno de los debates que están siempre en América Latina porque se trata de que estos sistemas reduzcan desigualdades e inequidades", ha comentado el experto.
   Dicho esto, ha asegurado que aunque estas diferencias y desigualdades son "abismales" en países como Colombia o Venezuela, en España se pueden producir también porque se está yendo "en contra de los que menos tienen".
   Por otra parte, durante el seminario de la ONG Farmamundi se ha presentado la campaña 'Esenciales para la vida'. Un estudio, iniciado en el año 2009, sobre la percepción que tiene la sociedad y el conjunto de los profesionales sanitarios en el acceso a los medicamentos esenciales.
   Según ha explicado Torres, este análisis ha sido financiado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se ha basado en la realización de 653 entrevistas a pie de farmacia y en 1.100 encuestas realizadas a administraciones públicas y autonómicas, colegios oficiales de médicos, responsables de salud, miembros y coordinadores autonómicos de ONG o asociaciones de industrias farmacéuticas, entre otros.
   Los resultados obtenidos han desvelado que la mayor parte de ellos conocen la falta de acceso a los medicamentos esenciales --"son unos 300 fármacos"-- y han mostrado su intención de colaborar para ayudar a paliar este problema.
   No obstante, según ha comentado Torres, las administraciones autonómicas aseguran que la responsabilidad de la falta de acceso a los medicamentos esenciales es de la administración estatal y, la industria farmacéutica deriva este cometido a "cada una" de las empresas e industrias del sector. Además, las ONGD señalan que no tienen un papel "muy relevante" en este problema y que no es algo que les resulte "prioritario".
   En cuanto a las conclusiones obtenidas tras entrevistar a los colegios farmacéuticos, la ONG 'Farmamundi' asegura que hay una "falta de conciencia previa" y que la "desinformación y el desinterés se realimentan mutuamente". No obstante, señala que pueden tener una "importante contribución" al acceso a los medicamentos genéricos si hay personas que, desde dentro de los colegios, lo impulsan y consiguen un "consentimiento y apoyo suficiente" entre los colegiados.

Sólo el 38% de las pymes españolas venden en mercados exteriores pese a la globalización

MADRID.-  El 38% de las pymes españolas vende en mercados exteriores y, de éstas, sólo el 42% comercializa en mercados exteriores menos del 10% de su volumen total de ventas, según se desprende del estudio 'Análisis estratégico para el desarrollo de la pyme en España 2011': informe pyme España 2011.

   El informe añade que sólo el 10,9% vende al exterior más del 75% de sus productos o servicios.
   En cuanto a la coyuntura comercial de 2011, el 12% de las empresas considera que el clima empresarial en el que se desenvuelven "ha mejorado". Sin embargo, el 42% de los Pymes encuestadas señala que la facturación se ha visto reducida respecto al mismo ejercicio del periodo anterior.
   El informe, elaborado por las universidades de Cantabria, Murcia y la Politécnica de Cartagena, ha sido presentado esta mañana por el presidente de la Confederación española de la pequeña y mediana empresa, Jesús Terciado. Pretende analizar la situación de las pymes en España desde una perspectiva interna con el fin de "conocer sus fortalezas y debilidades de cara a su consolidación, crecimiento o supervivencia", destaca.
   El análisis ha utilizado una muestra de 1.000 empresas de diversos sectores. Encargado por Cepyme y Faedpyme, revela que hay un 73% de pymes en España que son familiares y por consiguiente, se caracterizan por tener una estructura mejor desarrollada, innovan en un número menor de áreas y obtienen "peores resultados que las no familiares", que suelen tener una dirección más profesional.
   Adicionalmente, el informe estima que las empresas con una percepción más favorable de su entorno de negocios son las de mayor tamaño y las de los sectores industriales y de servicio.
   Por otro lado, las expectativas para 2012 en cuanto a las cifras de empleo y ventas no resultan favorables. El 29,4% de las pymes encuestadas determina que reducirán el empleo y el 33,5% que verán caer sus ventas a lo largo de 2012. Por tamaño, las empresas pequeñas son las más afectadas por la caída del empleo.
   Respecto a las ventas, un 41,4% de las empresas opinan que sus ventas en 2012 serán iguales a las de 2011 y un 33,5% manifiestan que éstas disminuirán en este ejercicio.
   La antigüedad media de las empresas es de 20 años, estando gestionadas con una edad media de 48 años. El estudio corrobora "que un mayor grado de formación o de nivel de estudios del gerente se relaciona con más internacionalización, innovación y con empresas que tienen certificación de calidad".
   El estudio concluye que para que las empresas tengan éxito es preferible que las empresas sean "no familiares", tengan una orientación exportadora, definan un plan estratégico formal y avancen en áreas de logística e I+D. Además, estas empresas, deberían comenzar a avanzar en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
   Al acto de presentación del informe han acudido el presidente de la Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la pyme (Faepyme) y rector de la Universidad de Murcia; Jesús María Terciado Valls, presidente de la Confederación española de la pequeña y mediana empresa: Juan Luís Corberán, socio de Deloitte; el consejero de Universidades, Empresa e Investigación del gobierno de la Región de Murcia, José Ballesta Germán; el autor del análisis, Antonio Aragón; el director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
   Durante el acto, el líder de la patronal de pymes ha recordado que el 99% de las empresas en España son pymes y que, de ellas, el 95 % tiene menos de 10 empleados y el 85 %, menos de dos.
   Además, aportan el 70 % del PIB y entorno al 85 % del empleo, por lo que ha afirmado que sus propuestas "deben ser escuchadas y valoradas" .
   Terciado ha esgrimido que desde que comenzó la crisis 450.000 pymes han desaparecido y, con ellas, muchos puestos de trabajo, además de "las ilusiones y esperanzas de miles de personas que han perdido su empresa o empleo".
   El presidente de Faedpyme, José Antonio Cobacho, ha desvelado que está en marcha un nuevo estudio que analizará las oportunidades de negocio y lazos comerciales con Iberoaméricana.

España analiza la legalidad del veto de Argentina a las importaciones de jamón

MADRID.- España analizará "en términos jurídicos" si el veto de Argentina a las importaciones de jamón vulnera las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), según ha afirmado este jueves el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

   "Hasta ahora no nos consta la existencia de una norma dictada por el Gobierno argentino que prohíba las importaciones; parece que es un acuerdo de autolimitación de los importadores apoyado por el Gobierno argentino", dijo Arias Cañete al ser preguntado en rueda de prensa.
   El ministro señaló que esta circunstancia conlleva una mayor "dificultad" para plantear eventualmente a la OMC si se ha vulnerado alguna normativa.
   "Si hubiera habido una disposición clara del Gobierno argentino, podríamos (...) pedir que se analizara por los órganos competentes su adecuación o no a las normas que regulan el comercio mundial", señaló.
   En todo caso, el Ejecutivo español analizará la compatibilidad de esta medida con las normas de la OMC "exista o no una norma expresa", a pesar de que, según insistió Arias Cañete, "es más difícil plantearlo ante la OMC cuando no hay una disposición de carácter reglamentario o legal que tome un tipo de decisión".
   El ministro, quien recordó que la restricción no afecta sólo al producto español, sino también al italiano y el brasileño, subrayó que las ventas a Argentina sólo representan el 0,024% de las exportaciones españolas. En concreto, el país latinoamericano recibió 318 toneladas, frente a las 1,37 millones de toneladas de porcino exportadas a la Unión Europea.
   No obstante, Arias Cañete garantizó que seguirá "de cerca" la situación, porque, si bien se trata de un mercado "que no es de los más relevantes", su departamento está "defendiendo la capacidad de los productos españoles de estar presentes en todos los mercados del mundo".

La agencia Reuters recuerda la excesiva exposición al ladrillo de BMN

MADRID.- La banca española se verá obligada a embarcarse en costosas ampliaciones de capital, solicitar aportaciones adicionales de capital público y profundizar el proceso de consolidación para cumplir con las nuevas provisiones adicionales de 35.000 millones de euros, explican analistas y banqueros consultados.

Varias fuentes bancarias no descartaron que la reforma, que inicialmente estaba prevista que se aprobara en su conjunto este viernes, pudiera demorarse más allá del viernes en algún elemento, como el incremento de dotaciones o la desconsolidación de los activos inmobiliarios de los bancos.
No obstante, estas fuentes también señalaron que la urgencia de los mercados y la necesidad de recuperar la confianza de los mercados internacionales en el sector inmobiliario español no permitirían una mayor demora.
"La presión ahora mismo es muy elevada y el descrédito sería enorme si no se aprobase este viernes", manifestó una fuente de una entidad.
En cambio, otra fuente señaló que era preferible tener bien cerradas las nuevas exigencias de provisiones y la parte correspondiente a la metodología de las valoraciones antes de dar luz verde a un plan que no tenga todos los flecos atados.
Una fuente del Gobierno dijo que las negociaciones con el sector eran difíciles y que el texto de la reforma habría sufrido ya varias modificaciones, sin aportar más detalles.
Además de saneamientos adicionales para el crédito inmobiliario "sano", el Ejecutivo está planteando la creación de sociedades fuera de balance ("bancos malos") para avanzar en el saneamiento de las carteras inmobiliarias de la banca, con el fin de convencer a los inversores de que las entidades españolas de crédito no necesitarán un rescate de las instituciones internacionales.
"El principal punto de escollo es la creación de los denominados 'bancos malos'. Es voluntario para aquellas entidades que tienen capacidad para afrontar por sí solas las nuevas provisiones y las dotaciones de febrero pasado, pero para aquellas que no son capaces de afrontarlas se convierte en obligatorio", señaló una fuente de un banco español.
Esta fuente explicó que, para éstas últimas, la eventual valoración de expertos independientes internacionales -Blackrock y Mercer Oliver Wyman suenan como probables candidatos- podría ser incluso más agresiva que la del propio Gobierno y requerir por ello más aportación de ayudas públicas.
Además, los planes del Gobierno tendrán a Bankia como uno de sus principales focos de atención tras su nacionalización parcial.
La nueva regulación afectará además a algunas entidades de tamaño mediano como Banco Mare Nostrum (BMN), Unicaja, Liberbank y Unicaja, que en la actualidad están sondeando diferentes alternativas de integración debido a su elevada exposición inmobiliaria y a su escasa capacidad para afrontar las nuevas exigencias de provisiones en solitario, según recuerda la agencia Reuters.
"Las provisiones que va a introducir el Gobierno suponen un déficit de capital que la banca va a tener que cubrir y todo apunta a que el conjunto de la banca, salvo quizá los dos grandes, van a tener que hacer costosas ampliaciones de capital", dijo Juan Pablo López, analista del sector financiero de Espirito Santo.
Un banquero manifestó, no obstante, que dadas las difíciles condiciones de mercado la posibilidad de realizar ampliaciones de capital se reducirían en gran medida y al final apuntarían de nuevo como solución al recurso del dinero público.
Los bancos españoles, que ya tienen que provisionar con la reforma aprobada en febrero alrededor de 54.000 millones de euros adicionales por los activos considerados tóxicos (adjudicados y créditos dudosos y subestándar), deberán aumentar ahora la provisión genérica del siete hasta un máximo del 30 por ciento en los créditos al sector inmobiliario considerados no dudosos, explicó una fuente del Gobierno.
"Ahora mismo se está negociando incluso esta partida de las provisiones sobre el crédito. Parece que todo apunta a que las provisiones sobre la parte sana podrían rebajarse al 25 por ciento", añadió una fuente.
El Ministerio de Economía no quiso hacer comentarios a este respecto.
En la anterior reforma, las entidades disponían de un año para cumplir con los requisitos que se cargan contra resultados y el plazo se ampliaba a dos años y se permitían hacer cargos también contra patrimonio.
"Parece que no tendría sentido que cambien los plazos después de incrementar las provisiones a una gran parte del sector financiero a la que va a colocar en situación de pérdidas", dijo un banquero que no quiso ser citado.
Fuentes del Gobierno y del sector bancario manifestaron además que el plan de saneamiento se completará con el traspaso de los activos inmobiliarios ya provisionados a nuevas sociedades de gestión inmobiliaria de forma voluntaria.
Fuentes financieras indicaron inicialmente que el Ejecutivo obligaría a las entidades a segregar todos sus activos inmobiliarios problemáticos en sociedades que se disolverán en 10 años. El objetivo final de estas sociedades en todo caso sería la venta de estos activos.
Las dos únicas condiciones iniciales impuestas a los bancos serían que estos solo tuvieran una participación minoritaria en las nuevas sociedades y que estas entidades no podrían actuar como bancos.
"Se va a aplicar el esquema del palo y la zanahoria. El palo son las provisiones y la zanahoria consiste en que si como consecuencia de una correcta provisión de los activos se generan pérdidas, entonces el propio Gobierno incluso te aporta ayudas en forma de préstamos para evitar que tengas que acudir a los mercados haciendo una muy difícil ampliación de capital", dijo Alejando Ruyra, de Kepler.
En este sentido, el propio Gobierno, en el marco del proceso de saneamiento de Bankia, dejó la puerta abierta a aportar el capital que fuera estrictamente necesario para realizar los saneamientos precisos en la entidad y, según los analistas consultados, este podría ser el caso también en entidades de mediano tamaño y con fuerte carga del ladrillo.
En el mercado, las acciones de Bankia se depreciaban el miércoles un 3,7 por ciento a 2,051 euros y acumulan un descenso del 45 por ciento desde su salida a bolsa en julio pasado.
Mientras, el resto de bancos, encabezados por BBVA, registraban subidas de un 7 por ciento, en un movimiento de rebote del mercado español.
Analistas destacaron que Bankia todavía estaba reflejando la incertidumbre sobre cuáles van a ser los planes concretos de saneamiento que va a aplicar el nuevo consejero delegado de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
Expertos apuntan a una necesaria reducción del balance de la cuarta entidad española -300.000 millones en activos- en al menos un 30 por ciento y a una aceleración de desinversiones.
El propio Banco de España recordó el miércoles a la entidad que entre las medidas que va a tener que tomar figuran fortalecer las estructuras de administración y gestión, el aumento de la profesionalización, así como un programa de desinversiones.

La ruptura de la fusión le costó a la CAM 2.450 millones de euros

ALICANTE.- «Los actuales gestores no parecen tener capacidad suficiente para enderezar la marcha de CAM, habida cuenta de la situación a la que han llevado a la entidad». Con esta rotundidad se expresaba el Banco de España en un informe aprobado por su comité ejecutivo el pasado 20 de julio de 2010, tan sólo 48 horas antes de que el regular interviniera Caja Mediterráneo (CAM) y sustituyera a su consejero de administración por tres administradores provisionales designados por el FROB.

El documento, al que ha tenido acceso Abc, rechazaba la cuarta versión del plan de capitalización que le había remitido la caja de ahorros, por considerarlo «inviable», y le daba un ultimátum de diez días para que elaborara un nuevo proyecto más realista, como requisito indispensable para que la entidad pudiera recibir los 2.800 millones de euros que había solicitado al FROB.
Según el dictamen, la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) pactado inicialmente con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura le costó a la CAM 2.450 millones de euros, Esta es la cuantía que los clientes retirar de sus depósitos desde el 23 de marzo, cuando trascendió la noticia de la ruptura de la «fusión fría» hasta el 20 de julio, cuando la descapitalización acelerada de la entidad hizo inevitable la intervención del Banco de España.
El regulador atribuye el pánico de los clientes que provocó esta fuga de depósitos —casi 2.500 millones de euros en sólo cuatro meses— al desenlace del SIP, así como a «la posterior bajada de rating por debajo del grado de inversión y las numerosas noticias de prensa sobre la mala situación financiera de la entidad».
Como consecuencia de ello, y del rápido deterioro de la cartera crediticia —lastrada por los impagos del sector de la construcción—, el Banco de España estimó que CAM no necesitaba una financiación adicional de 2.800 millones de euros, la cifra solicitada al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sino de al menos 4.000 millones.
El regulador constató que existía en aquel momento «un peligro potencial derivado de que la entidad entre en pérdidas (...) y no pueda pagar ni la remuneración de las cuotas participativas cuyo valor quedó reducido a cero tras la intervención ni los cupones de las preferentes». Al respecto, el informe señala que los titulares de ambos financieros poseían en aquellos momentos «saldos en cuentas corrientes, de ahorro y a plazo» en la caja por un valor global de 5.980 millones de euros. El Banco de España consideró muy probable que los titulares de estos depósitos se apresuraran a retirarlos, en caso de que la CAM no pudiera pagar las cuotas participativas y las preferentes, «a lo que habría que añadir el efecto que esta situación podría acarrear en el resto de clientes». Este informe llegó a la CAM el 21 de julio cuando se encontraba reunido su consejo de administración, cuyos miembros optaron por dimitir para facilitar la intervención.

miércoles, 9 de mayo de 2012

Hacienda espera que las CC.AA. hayan ajustado sus planes al objetivo de déficit

SEVILLA.- El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, espera que las comunidades autónomas hayan ajustado sus planes al objetivo del 1,5% de déficit, algo que, según asegura, "no se hace por capricho", tras lo que ha rechazado el "falso debate" abierto entre "una agenda de austeridad contrapuesta a una agenda de crecimiento", ya que ambos conceptos son "compatibles".

   Ferre ha inaugurado en Sevilla las jornadas sobre 'Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas', organizadas por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), donde ha indicado que la posición oficial del Gobierno sobre los planes de ajuste de las comunidades autónomas, incluida Andalucía, "se dará a conocer el 17 de mayo en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", por lo que rechazó hacer una valoración inicial sobre el plan de ajuste de la Junta.
   "No se puede adelantar nada pues se está ahora analizando los planes de todas las comunidades autónomas y hasta el 17 de mayo no se dirá la posición oficial del Gobierno. Hasta entonces se están analizando técnicamente los planes, por lo que es frívolo anticipar conclusiones sin una base técnica sólida", ha aseverado el secretario de Estado a los periodistas.
   Ferre ha explicado que "en el caso de que los ajustes sean insuficientes, se da una semana para que la comunidad autónoma se ajuste", tras lo que ha hablado de conceptos como "necesidad de disciplina fiscal ante los mercados" y necesidad de "sostenibilidad" y de "recuperación de la confianza".
   El secretario de Estado espera, no obstante, que "no sólo la Junta de Andalucía, sino el resto de comunidades autónomas hayan ajustado sus planes al objetivo del 1,5%", algo que considera "ineludible e imprescindible para conseguir en este año".
   Ha recordado que de forma paralela a los de las comunidades autónomas se están analizando los planes de saneamiento de los ayuntamientos, quienes, a su vez, están vinculados al mecanismo de pago a proveedores, tras lo que ha expresado su confianza en que "el pago de las facturas de proveedores de produzca este mes de mayo".
   En su intervención, donde disculpó la ausencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, previsto inicialmente en estas jornadas, ha apostado por la necesidad de coordinación con las comunidades autónomas, tras lo que ha rechazado el "falso debate ideológico y demagogo de que no existe una agenda de crecimiento sino una agenda de austeridad", cuando considera "compatibles" dichos elementos, por lo que cree que el debate abierto en ese sentido "es falso y no es real".
   Ferre asegura que los ajustes que las comunidades autónomas deben llevar a cabo "no son por capricho, sino que constituye un requisito imprescindible para mantener la estabilidad económica de España".
   "España debe mostrar a los mercados que necesita que le dejen dinero para funcionar y que tiene solvencia y credibilidad para ellos; debemos ser creíbles", ha agregado Ferre, quien en su exposición ha hablado sobre las diversas reformas emprendidas por el Gobierno central, como la reforma del sistema financiero, la reforma laboral o la última ley orgánica. Ha resaltado el "esfuerzo de saneamiento" sobre los activos inmobiliarios efectuados por la banca dentro de la reestructuración, algo "importante por sí mismo".
   Ferre también habló de los mecanismos para potenciar el pago a proveedores y sobre las medidas de consolidación fiscal ha indicado que "si no se hubieran tomado éstas no sé donde estaríamos ahora". Ha reconocido que las medidas de subida del IRPF "son medidas impopulares", que se adoptaron "por la desviación excepcional de déficit", tras lo que ha recordado que la subida "afecta solo a los tramos altos de renta" y constituye un gravamen "temporal y muy medido" en su afectación.

El PSOE de Lorca lamenta la "sumisión manifiesta" del alcalde "hacia el ineficaz Gobierno regional"

LORCA.-  La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha lamentado la "sumisión manifiesta" del alcalde del municipio, Francisco Jódar, "hacia el ineficaz Gobierno regional" con motivo del balance del primer año de gestión tras los terremotos del pasado 11 de mayo.

   La concejala ha insistido en que "un año después del terremoto que asoló Lorca, un año después de la terrible tragedia que trastocó nuestras vidas, más allá de las promesas, de las palabras, de las buenas intenciones, lo que quedan son los hechos, y los hechos nos dicen que la situación de Lorca no es buena".
   "Es más, para muchos es aún peor que hace un año, y la situación es peor por el desánimo, por la impotencia y el dolor provocado por las graves situaciones sociales que están viviendo muchos ciudadanos de Lorca. Al estupor inicial, se unen estos hechos que hacen vivir a centenares de familias en la más absoluta desesperanza", añade.
   La edil lorquina ha relatado que "un año después, tenemos que agradecer, y agradecemos, el calor y la solidaridad que se han brindado a nuestro pueblo", peroha puntualizado que "existe una triste realidad, y no es otra sino que centenares, miles de familias, viven fuera de sus casas por que no han llegado las ayudas", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.
   "Lo peor que puede existir en política, es la sumisión; y más aún, cuando esa sumisión se da gestionando y gestionando una catástrofe como la que ha sufrido Lorca", añade Casalduero, quien considera que "esa, desgraciadamente, ha sido la actitud de nuestro Alcalde. Lorca ha tenido una doble mala suerte: sufrir un terremoto y tener un alcalde que antepone los intereses de su Partido a los de la ciudad que regenta".
   La responsable socialista ha proseguido su comparecencia destacando que "si el alcalde hubiera tenido la actitud que debía tener como tal, el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel habría sido declarado persona non grata para esta ciudad hace muchos meses".
   Ha reprochado que se trata de un presidente de Comunidad Autónoma "que ha permitido que no llegara el dinero procedente del estado e ingresado en las arcas de la Administración Regional desde el pasado mes de julio, y que se ha pasado meses sin reconocer que no podía hacer frente a sus compromisos con Lorca".
   En este sentido, lamenta que a Valcárcel "no le ha importado que los lorquinos no perciban ayudas, mientras fuera para esconder sus propias vergüenzas, no le duele destinar en los Presupuestos de la CARM 10 veces más al festival SOS que a la reconstrucción de viviendas en Lorca".
   "Esperamos, sinceramente, que tenga una agenda plagada de actos el próximo viernes. Esperamos que no se le ocurra venir a sacar pecho en los actos conmemorativos cuando lleva un año desaparecido de nuestra ciudad", ha añadido.
   La concejala socialista ha pedido expresamente "que no venga, por ser el principal culpable de la situación en la que se encuentra nuestra ciudad, y porque sería la mayor ofensa que podría hacer a los ciudadanos de Lorca".
   Casalduero se ha preguntado "qué hubiera pasado si desde la Comunidad Autónoma se hubieran comenzado a ingresar las ayudas allá por el mes de agosto, cuando comenzaron a llegar desde el Gobierno Central", a lo que añade que "posiblemente no todo estaría arreglado, pero los ciudadanos tendrían la sensación de que no están abandonados".
   Asimismo, se ha cuestionado "qué hubiera pasado si hubieran reconocido desde el principio que no podían hacer frente a su parte de las ayudas", a lo que contesta que "desgraciadamente, ya nunca lo sabremos".
   "Los ciudadanos de Lorca no tienen nada que agradecer a los políticos que nos gobiernan. Lo poco, y subrayo lo de poco, que se ha hecho hasta ahora, es mucho menos de lo mínimo a lo que el Gobierno regional tenía obligación", reprocha.
   La dirigente socialista ha puesto como ejemplo "dos institutos sin construir y uno sin reparar; el Conservatorio sin tan siquiera contar con un proyecto; infraestructuras sanitarias abandonadas; y ayer nos levantábamos con la noticia del abandono de las obras de la Ronda Sur".
   Casalduero Jódar ha enfatizado que "desde el Partido y el Grupo Municipal Socialista, reafirmamos nuestro compromiso con los ciudadanos de Lorca para seguir cumpliendo con nuestra labor de oposición recordando diariamente al Equipo de Gobierno la situación que se está viviendo en Lorca".

UPyD denuncia que lo "recortes" en Educación están dejando a los centros escolares en una situación de "penuria"

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha denunciado la situación de "penuria" que están padeciendo los centros escolares de la Región, tras los "recortes" presupuestarios que se están aplicando desde el Gobierno regional, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Sánchez ha señalado que los institutos y colegios de la Región sólo han recibido menos de la mitad de la dotación presupuestaria de 2011, y ni un solo euro de la de 2012. "Con  esta situación,  los centros, sus profesores y sus alumnos, están soportando situaciones que nos retrotraen décadas atrás"
   En este sentido, Sánchez ha recordado que, además de las dificultades para hacer frente al pago de los recibos de luz y agua, en algún centro, para ahorrar "se llega a situaciones próximas a la escasez", y explica que, incluso, hay colegios e institutos que "están pidiendo a sus alumnos que lleven folios y hasta el papel higiénico".
   Del mismo modo, al no cubrirse bajas de enfermedad del personal de limpieza, o hacerse muy tardíamente, UPyD dice que "la limpieza ha empeorado en muchos institutos".
   Para Rafael Sánchez, esta situación "es intolerable y está rebajando el nivel de la calidad de las actividades diarias de profesores y alumnos a unos limites que deben ser conocidos por toda la sociedad".
   Sánchez apunta que "el esfuerzo de profesores y alumnos da la apariencia de que no está pasando nada, y si está pasando algo: el enorme deterioro y retroceso de la enseñanza pública.
   Del mismo modo, Rafael Sánchez ha calificado de "frívolas e intolerables" las declaraciones de los responsables de Educación, incluido el consejero Sotoca, en las que afirman que el incremento de un 20 por ciento de alumnos en las aulas o la reducción de la inversión, no van a tener repercusión en la calidad de la enseñanza.
   De esta forma, Sánchez ha reclamado a la Consejería de Educación que mantenga  los  gastos de funcionamiento a los centros, y que las becas de comedor escolar o los fondos para el bono libro no sufran recortes "con el fin de poder atender a aquellos alumnos en una situación más precaria".
   Para Sánchez, las inversiones en Educación deben ser consideradas estratégicas y deben mantenerse "porque son vitales para contribuir a cambiar lo modelos productivos y para asegurar la cohesión".
   Para finalizar, Rafael Sánchez ha recordado que miembros de su partido y él mismo asistirán mañana a la manifestación de Murcia contra los recortes y por la defensa de la escuela pública.

El PSOE dice que en Lorca hay 155 edificios que no han sido derribados y dueños de 1.200 viviendas que no pueden volver

CARTAGENA.- El diputado regional socialista, Manuel Soler, ha advertido que "existen muchas cuestiones por resolver y la situación no tiene espera" en Lorca como consecuencia de los seísmos. "Hay 155 edificios que todavía no se han derribado y tampoco pueden ser habitados; 1.200 viviendas que fueron derribadas y sus dueños siguen fuera de sus casas".

   Tras criticar la gestión del Gobierno regional, nacional y local del PP con Lorca, considera que "no han estado a la altura para ayudar a los lorquinos y arreglar los problemas de la ciudad tras la catástrofe del 11 de mayo de 2011". Por ello, apoya la Proposición de Ley que "permitirá que el dinero llegue a las familias sin pasar por la Comunidad".
   En esta línea, Soler ha calificado de "vergonzosa la instrumentalización política que ha hecho el PP con este tema mientras gobernaba el PSOE en la Administración central".
   "Transcurrido un año, y con el cambio de gobierno del PP, el dinero sigue sin llegar, mientras crece la incertidumbre y muchas familias no han podido volver a sus casas", ha dicho.
   Coincidiendo con el primer aniversario de los terremotos de Lorca, la Asamblea Regional ha debatido y votado este miércoles la Proposición de ley para la regulación del régimen de presupuestación y control en la Comunidad de las ayudas concedidas en aplicación de los dos reales decretos socialistas el 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes; así como el Real Decreto ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias.
   Soler, que ha dicho que el PSOE apoyaría la Proposición de Ley "porque aunque el dinero es insuficiente, Lorca necesita ayuda", ha preguntado qué ha ocurrido con el Plan Lorca, "que contemplaba una inversión de 1.650 millones de euros y que ha sido rechazado por el Gobierno de Rajoy, que ahora pide otro plan y le pone un plazo de 9 meses para que sea elaborado".  
   El diputado ha concluido diciendo que "existe una gran incógnita de qué va a pasar con Lorca y por qué no llega dinero suficiente del Estado".
 "Lo que está quedando demostrado es que el Gobierno de España y el de la Región la tienen olvidada", ha finalizado.