Los nuevos ajustes fiscales en España, datos clave

MADRID.- El Gobierno español anunció este viernes la aprobación de una serie de medidas de ajuste presupuestario para lograr los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

Dentro de esta senda de consolidación fiscal, el déficit de España no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, desgranó, junto con los ministros de Hacienda y de Economía, las medidas de reducción de gasto e incremento de los ingresos públicos con los que pretende cumplir estas metas.

A continuación, las medidas anunciadas:

SUBIDA DEL IVA Y OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

A partir de septiembre

Impuesto sobre el Valor añadido (IVA):

- Tipo general: del 18 por ciento al 21 por ciento.

- Tipo reducido: del 8 por ciento al 10 por ciento.

- Tipo superreducido: mantiene el 4 por ciento para los productos de primera necesidad.

- Algunos productos y servicios pasarán de IVA reducido a normal, incrementando su cuota hasta el 21 por ciento. El Gobierno no ha especificado todavía cuáles.

- Subida del impuesto sobre el tabaco, fijando un tipo mínimo de 119,1 euros por cada 1.000 unidades, para el tabaco de liar su impuesto mínimo se fija en 0 euros por kilo.

VIVIENDA

- Se reduce un 30 por ciento la ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que pasa a ser de 147 euros al mes frente a los 210 euros actuales.

- Se elimina la subvención para préstamos de vivienda protegida para nuevos beneficiarios.

- Eliminación de la deducción por vivienda habitual para nuevos compradores a partir de 2013.

- Se eleva del 4 por ciento al 10 por ciento el IVA para la compra de nuevas viviendas.

- Las obras de renovación y reparación de vivienda que tributaban al 8 por 100 desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.

- Reforma de la tributación medioambiental impulsando el principio de que quien contamina paga.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

-Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.

-Se incrementan los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.

-Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas en general.

- Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

EMPLEO PÚBLICO

- Suspensión del abono de la segunda paga extraordinaria en 2012, que se paga en Navidad, en empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Según fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3,5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.

- Para los empleados públicos, esta suspensión será compensada a partir de 2015 con una aportación en forma de fondo de pensiones.

- Reducción del número de días de libre disposición de los empleados públicos de seis a tres.

- Se facilitará su movilidad.

- Se ajustará el número de liberados sindicales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

- Racionalización y sostenibilidad de la administración local, delimitando competencias, para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios sin la financiación necesaria, con un ahorro total de 3.500 millones de euros.

- Mayor control de las cuentas públicas de ámbito local.

- Homogeneización y publicación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.

- Se reduce un 31,1 por ciento el número de concejales.

- Eliminación de empresas y fundaciones públicas.

- Se pondrá en marcha un instrumento financiero para dotar de liquidez a las CCAA por importe de 18.000 millones de euros. Aquellas que soliciten el instrumento, que es voluntario, estarán sujetas a condiciones y control adicional del Estado. Las que no paguen podrán ser intervenidas.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

- El periodo máximo de cobro de la prestación por desempleo seguirá siendo 24 meses, pero a partir del sexto mes, los nuevos receptores verán reducida su prestación por desempleo del 60 al 50 por ciento de la base reguladora para incentivar la búsqueda de trabajo.

- Supresión de gran número de bonificaciones a la contratación, exceptuando las destinadas a emprendedores e integración de discapacitados.

- Reducción de las cotizaciones sociales mínimas en un punto en 2013 y otro punto en 2014.

- Incremento de la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación.

- El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo un proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.

- Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento.

OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN GASTOS

- Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros.

- En los presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20 por ciento a las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

- Se racionalizará el gasto del sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.

LIBERALIZACIÓN TRANSPORTES

- Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización en el servicio asociado al transporte ferroviario, terrestre, portuario y aeroportuario.

REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA

- Se realizará una reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros.

- La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados.

- Para ello, se impondrá un nuevo sistema de fiscalidad energética.

La CEOE ve "un problema" que en su día se abriera la puerta a inmigrantes

MADRID.-   El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que abrir las puertas a la inmigración cuando la tasa de paro española estaba baja, en niveles del 8%, ha generado un problema que ahora dificulta un poco más la recuperación del empleo en España.

   "Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios intentábamos contratar trabajadores y prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas al exterior y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente", ha señalado Rosell en declaraciones a la Cope.

   El dirigente empresarial ha precisado que ese paro del 8% no era real ni tampoco la economía española podía asumir ese flujo de inmigrantes. "Entre todos lo hicimos mal. Por tanto, ahora va a ser difícil esa recuperación con más incremento del empleo, aunque no hay que olvidar que España en este siglo es el país de Europa que más empleo ha creado, a pesar de la destrucción de empleo de los últimos tiempos", ha subrayado.
Por otra parte, la Organización Médica Colegial (OMC) agradece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) su decisión de seguir prestando asistencia médica a los inmigrantes sin permiso de residencia en contra de lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno, en defensa de "una asistencia digna para todos en estos momentos de crisis".
   La OMC considera que esta entidad ha marcado un "ejemplo a seguir" ya que defiende la objeción de conciencia ante la retirada de la asistencia sanitaria a estos ciudadanos "por considerar que atenta contra los principios éticos y el Código de Deontología Médica".
   De hecho, los médicos piden al Gobierno que "reflexione" tras esta decisión a fin de llegar a acuerdos con las organizaciones profesionales en el modo de resolver estas situaciones conflictivas "en momentos de crisis y sufrimiento social".
   Desde hace meses, la OMC ha venido defendiendo la atención sanitaria a cualquier ciudadano, independientemente de su situación de beneficiario y así lo ha reiterado, más recientemente, su Asamblea General y su Comisión Central de Deontología.
   En concreto, la Asamblea General, celebrada el 15 de junio, aprobó un documento que incluía un punto en el que se expresaba que "el médico velará por la atención a cualquier ciudadano independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario e igualmente independiente de si este es extranjero no registrado, ni autorizado, como residente en España, correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las comunidades el reconocimiento y control de esta condición".
   Por su parte la Comisión Central de Deontología de la OMC, aprobó un documento, publicado el 25 de junio, en el que exponía que el Real Decreto-Ley 16/2012 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, comprometía 10 artículos del Código de Deontología Médica, entre ellos, el referido al deber del médico de atender a todos los pacientes, en concreto, el 6.2 que dice "el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados".

Ecologistas en Acción pone al Mar Menor como ejemplo de "una nula gestión ambiental"

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha puesto al Mar Menor de ejemplo de "una nula gestión ambiental" al considerar que el Gobierno Regional "oculta su nefasta gestión bajo el paraguas de falsas buenas intenciones y promesas incumplidas", según han informado fuentes de la organización ecologista en un comunicado.

   Así, han explicado que después de más de diez años de retraso en la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor, el Ejecutivo Regional "anuncia que dicho PORN no se aprobará y que en su lugar se ejecutará un Plan de Gestión, lo que supone un varapalo enorme a la gestión y conservación de la laguna".

   "La nefasta gestión de Valcárcel y sus aliados hace presagiar que este singular espacio, protegido por cinco figuras nacionales, regionales e internacionales, quedará a expensas de una mayor degradación mientras siguen sin tomarse medidas al respecto", han añadido.

   En este sentido, critican la "inexistente" planificación de usos y de una ordenación del territorio, "que permite una especulación basada en construir sin límites y que conlleva graves consecuencias sobre este espacio protegido".

   La responsable de Medio Marino de la organización, Natalia Martín, declara que "el Mar Menor necesita un compromiso político real que plantee una gestión paralela de políticos, expertos y de tejido social afectado, que analice las deficiencias y amenazas que existen sobre la laguna y que pongan soluciones reales ya.

   Igualmente, añade que "a pesar de que han existido muchos intentos de crear un trabajo conjunto, como la desaparecida comisión del Mar Menor, al Gobierno regional no le interesa ordenar sus usos, porque toda planificación y ordenamiento supone establecer límites y eso no permitiría a Gobierno y Ayuntamientos tener vía libre para seguir construyendo".

   Al hilo, Ecologistas considera que la Manga del Mar Menor debe de apostar "por otro tipo de turismo, alejándose del obsoleto modelo de sol y playa, basado en una estancia residencial. Debería plantearse otro modelo que se base en el conocimiento de los valores ambientales de la zona, aprovechando la cercanía con Calblanque".

   Y es que, en su opinión, "la manera de activar la economía de la Región de Murcia no es seguir con el mismo modelo que nos ha hundido y que depreda recursos sin miramientos, sino creando puestos de trabajo que se mantengan en el tiempo huyendo de la estacionalidad, que fomenten la cultura y el conocimiento del entorno".

   Finalmente, exige al Gobierno regional y al consejero Manuel Campos que "dejen de una vez por todas las buenas palabras, que tienen en el fondo una inexistente voluntad de cambio, tal y como llevan demostrando más de diez años, y que actúen en beneficio de los ciudadanos y con respeto al medio ambiente".

Nueva ley de Costas

El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que entre otras cosas supondrá que los edificios que están a menos de cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.
La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector turístico es uno de los motores de la economía.
El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental, pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción, de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
"Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa colgada en su web.
La ley incluye también la "cláusula antialgarrobicos", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.
Los chiringuitos de playa podrán contar además con concesiones temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta.

Lo prohibido sigue prohibido

La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

Excluye diez núcleos del dominio público

El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.

Equo ve otra vez ladrillo

Sobre la reforma de la Ley de Costas, el político de Equo,  Juan López de Uralde, ha juzgado que detrás de la reforma de la ley "lo que hay es ese afán por recuperar el ladrillo como elemento motor de la economía española".
En su opinión, "es lo único que puede justificar -y además las declaraciones de Cañete van en ese sentido- la modificación de la ley, aparte de algunos intereses privados de gente que se pueda ver más o menos afectadas en sus propiedades por la ley de costas".
Para López de Uralde, es muy peligroso para el litoral español que en lugar de apostar por una mayor protección para salvarguardarlo se apueste por el ladrillo, "y que lo que queda de nuestra costa no se convierta en cemento".

Valcárcel ya habla de devolver competencias al Estado

EL ESCORIAL.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel,  ha dicho este viernes que si como presidente de comunidad autónoma no fuera capaz de resolver determinados asuntos como la sanidad o la educación, les pondría "un lazo" para devolverlos al Estado".

   "Yo dije --ha explicado- que antes que estar percibiendo un sueldo de los murcianos como presidente de una comunidad autónoma, y no ser capaz de resolver en asuntos tan delicados, como son la sanidad, la educación o las políticas sociales, si esto no es posible llevarlo a cabo desde una responsabilidad autonómica, se empaqueta se pone un lazo precioso y se le da al Estado para que se haga cargo de ello".

   En todo caso, ha confiado en que "no haya necesidad de hacer eso, sería lo último y lo mejor que puede ocurrir es que no haya que llegar a ello, pero por propia decencia personal, por honestidad lo haría".

El Gobierno sube el IRPF

El Gobierno aumentará de forma temporal del 15% al 21% la retención en el IRPF por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.
   Esta medida fiscal, que aparece en las referencias del Consejo de Ministros, no figuraba entre las anunciadas el miércoles en el Congreso por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y tampoco ha sido comunicada en la rueda de prensa posterior a la reunión de los miembros del Gobierno, en la que junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han comparecido los titulares de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, respectivamente.
   Otra medida no anunciada y que figura también en las referencias es un aumento de la base máxima de cotización al Sistema de Seguridad Social de cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014.
   Como compensación, el Ejecutivo también elevará la cuantía de la pensión máxima en esos años un punto adicional a la variación del IPC. De la misma forma, se incrementa un punto porcentual la base mínima de cotización de los autónomos.
   Por otro lado, se asimilan los rendimientos del trabajo a efectos de cotización a la Seguridad Social con respecto al tratamiento que se les otorga en la tributación a efectos del IRPF.
   De la misma forma, se homogeneizan los recargos por retraso en el abono de cuotas a la Seguridad Social en el 20%, con independencia de cuál sea el tiempo de retraso en el pago.
   Además, el Gobierno ha acordado proponer medidas para acercar la edad real a la edad legal de jubilación y abordar iniciativas en el ámbito de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada.
   En este mismo sentido, se presentará una propuesta de regulación del factor de sostenibilidad, con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y sus prestaciones.
   Otras medidas fiscales que se suman a la subida de IVA son la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.
   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.
   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
   De la misma forma, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.

Un tren Talgo unirá Madrid con las playas de Águilas durante los fines de semana de verano

MURCIA.- Renfe programa la circulación de un Talgo que unirá Madrid con las playas de Águilas durante los fines de semana de verano, desde el próximo viernes 13 de julio hasta el domingo 16 de septiembre, coincidiendo con el periodo punta del verano y la alta demanda comercial que se genera durante los fines de semana. 

   El servicio se programa para salir los viernes de Madrid a las 15,38 horas hacia las playas de Águilas y regresar los domingos a las 13,55 horas. Los nuevos trenes Talgo que circularán suponen una oferta global de 4.840 plazas para atender la demanda estacional hacia las playas de Águilas, según han informado Renfe en comunicado.

   Se programan inicialmente 22 trenes especiales en fines de semana y cambios de quincena del mes de agosto. Estos servicios que se realizarán con material Talgo, se comercializarán con clase única turista y un precio de 52,80 euros por trayecto.    

   Con la implantación de estos servicios de verano se acerca el modo de transporte ferroviario a segmentos de mercado del sector ocio/turismo de fin de semana, ofreciendo productos de calidad adaptados a las expectativas de estos clientes, además de contribuir a la estrategia de facilitar soluciones integrales de movilidad, agregan las mismas fuentes.

El Gobierno regional aprueba reducir en un 3% la retribuciones de miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se reduce un tres por ciento (diez veces menos que el Gobierno francés) las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, de los altos cargos de la Administración regional y del personal directivo del sector público, lo que supondrá un ahorro de 900.000 euros, y se suma a la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad anunciada por el presidente del Gobierno central.

   Estas dos reducciones, unidas a las que se llevaron a cabo en el anterior plan de reajuste, supone que las remuneraciones de los directivos del ámbito de la Comunidad se van a ver disminuidas una media del 20 por ciento en los dos últimos años, según ha informado el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta.

   Al término del Consejo de Gobierno, Ballesta ha recordado que esto se suma a la congelación de los salarios de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración regional aprobada desde el ejercicio 2009.

   Con esta medida, el Ejecutivo regional da cumplimiento a la Ley 5/2012, de ajuste presupuestario y medidas en materia de Función Pública, aprobada el 29 de junio en la Asamblea Regional.

   Al hilo, el vicepresidente del Gobierno regional, Juan Bernal, ha estimado que el ahorro con la reducción de la paga extra de Navidad puede suponer unos 80 millones de euros en la Región de Murcia.

   Una medida que va a ayudar, por tanto, a que la Comunidad cumpla con el ajuste de 623 millones, y que representa entre el 12 y 13 por ciento de esta cantidad.

   Bernal ha insistido, asimismo, que los altos cargos "van a ser objeto de la misma reducción" y ha estimado que la reducción de sus retribuciones para el conjunto de estos será entorno al 10 por ciento en el año 2012.

   Al hilo, el consejero del ramo ha querido dejar claro que esta medida se toma "después de haber hecho todo tipo de medidas" que están en marcha "y estamos vigilando su eficacia".

   Antes por tanto, "hemos quitado todo lo habido y por haber: inversiones, subvenciones y todo tipo de actuaciones, dejando solo lo estrictamente necesario y dando prioridad a los servicios sanitarios, educativos, a la Dependencia o a la universidad pública".

   Tras lo que ha indicado que el año próximo "tenemos que tener un objetivo más riguroso", entonces habrá que reducir 110 millones de euros adicionales, aunque habrá que ver si, por ejemplo hay un aumento de ingresos.

Montoro sugiere homogeneizar sueldos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha planteado a las comunidades autónomas la conveniencia de homogeneizar los sueldos de los funcionarios en todas las regiones, con el fin de que las retribuciones sean similares en toda España, según han indicado fuentes gubernamentales.
    Montoro, que lanzó esta propuesta en el Consejo de Política y Fiscal celebrado ayer jueves, se produce en un momento en el que su Departamento ha aprobado un paquete de ajuste que afecta específicamente a los empleados públicos, con medidas como la suspensión de la paga extra de Navidad, la reducción de los liberados sindicales o la disminución de los días de libre disposición, los llamados 'moscosos', que pasarían de seis a tres.
    El Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas quiere unificar las retribuciones que perciben los funcionarios en función de su categoría y poner orden en la disparidad de criterios que existen por ejemplo con los complementos del sueldo, que varían de una comunidad a otra.  De hecho, esas variaciones también existen con los 'moscosos', ya que en algunas ocasiones las autonomías añaden los suyos propios.
    Esta propuesta para unificar los sueldos de los funcionarios va en línea con la que ya ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy de fijar los sueldos de los alcaldes de toda España de acuerdo con unos baremos que estarán recogidos en  los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que atenderán a aspectos como la población o el tamaño del municipio.

68.981 euros anuales para los alcaldes

El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6 por ciento del presupuesto municipal.
   Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes que ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.
   El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, en la que trabaja desde hace meses, y ha aprovechado para anunciar otras medidas paralelas. Además de recortar salarios, se reducirá un 31 por ciento el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque hoy no se han dado más detalles
   El resultado que busca el Ejecutivo es que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta quedarse en 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41. Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales: el personal eventual no podrá superar el número de concejales.
   La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local persigue actualizar la estructura municipal del país, pero también busca ahorros. Según los cálculos del Gobierno, puede alcanzar los 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.
   En la ley se fijará un nuevo catálogo de competencias, aunque no varía demasiado del actual, según la información que se ha ido conociendo, salvo que no podrán prestar servicios de educación ni sanidad, de competencia autonómica. La gran diferencia es que los ayuntamientos no podrán ejercer más que esas competencias ya que para el resto no cuentan con financiación expresa.
   Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.
   Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones. La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. El Ejecutivo argumenta que el 71,3 por ciento de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".
   Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.
   También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran "foco de endeudamiento" al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.
   Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.
   Junto a todo lo anterior, la reforma de la ley persigue redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años. Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.
   Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.

La UMU aprueba por mayoría un reajuste de 4,3 millones en su presupuesto actual

MURCIA.- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, que se reunió ayer en sesión extraordinaria para acordar las medidas de reequilibrio presupuestario derivadas de los recortes fijados por la Comunidad Autónoma para este ejercicio y para 2013, ha aprobado por amplia mayoría la propuesta hecha por el equipo rectoral.

   Según ha informado la institución docente, el reajuste supone una disminución de 4,3 millones de euros en el presupuesto del actual ejercicio, que se elevará hasta 9,8 millones en 2013.

   El rector de la UMU, José Antonio Cobacho, ha explicado al Consejo de Gobierno que, en el cómputo global, el número de plazas de profesores asociados se mantiene, en líneas generales, ya que las que desaparecen por la extinción de los quintos cursos de licenciaturas se ven compensadas por la puesta en marcha de los cuarto cursos de los grados.

   En cuanto a los interinos, el documento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad recoge que los mismos verán reducida su jornada laboral y su masa salarial en una cuarta parte, "como máximo".

   Se ha preferido, ha dicho Cobacho, acordar estas reducciones para evitar una medida "más drástica y traumática" como habrían sido los despidos, "que de esta forma se evitan".

   La propuesta recoge también, entre otras medidas, la reducción en las ayudas sociales que percibe el personal de la Universidad, las ayudas para matrículas y para el plan de pensiones y una disminución de cargos académicos.

   En el transcurso de la sesión se ha puesto de manifiesto por el equipo rectoral la necesidad de este plan de reequilibrio, que se ha presentado, ha dicho el rector, "por responsabilidad y siendo conscientes de la situación por la que atraviesa la Región de Murcia y España".

El Tesoro garantizará las necesidades de refinanciación y liquidez de las CCAA

MADRID.- El Tesoro jugará un "papel de fondeo" en el nuevo mecanismo que el Gobierno pondrá en marcha para aliviar las necesidades de refinanciación y liquidez de las comunidades autónomas, lo que significa que será el encargado de "garantizar" las cantidades que los gobiernos regionales requieran.

   Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, el Tesoro "garantizará que se satisfacen las necesidades, sobre todo de vencimientos y liquidez, de las comunidades autónomas en lo que queda de año una vez se identifiquen y a medida que se sometan al mecanismo de financiación centralizada".

   Para poder acogerse a esta asistencia, los gobiernos regionales tendrán que asumir nuevas y "estrictas condiciones de estabilidad económica y financiera", ya que la intención del Gobierno es que el mecanismo "no perjudique la disciplina fiscal, sino más bien lo contrario".

   Por eso, Jiménez Latorre considera que el nuevo mecanismo "no debe sembrar dudas sobre la calificación crediticia del Tesoro", y de hecho el secretario de Estado asegura que, con arreglo a las "conversaciones y contactos" que los responsables del organismo emisor han mantenido con las agencias de calificación, "se valora positivamente el mecanismo centralizado de refinanciación, sobre todo si va acompañado de un fuerte condicionado económico y financiero" que forzará una mayor "disciplina" a las finanzas públicas y está "en línea con todos los esfuerzos" realizados en este sentido desde el pasado mes de diciembre.

   Según adelantó el jueves el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este fondo atenderá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario.  Montoro aseguró que en ningún caso servirá para "mutualizar el riesgo de las comunidades autónomas".

   Este instrumento, que fue aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, se enmarca en un plan de ajuste más profundo que fue anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso el pasado miércoles y que, sin embargo, no ha suscitado una respuesta de los mercados tan positiva como se habría podido esperar.

   Preguntado por las causas de esta reacción, el secretario de Estado ha reconocido que "es difícil interpretar a los mercados", aunque considera que "necesitan un poco más de tiempo para ver que todas las reformas se ponen en marcha, tanto a nivel nacional como europeo".

   "Estamos en la línea adecuada, y necesitan un poco más de tiempo para comprobar que las cosas se mantienen en su curso, que no hay sorpresas, que la situación económica y financiera se estabiliza. Eso explica que la respuesta de los mercados no sea tan inmediata", ha afirmado, insistiendo en que si España "persevera en las políticas de reformas y en el saneamiento de las cuentas públicas" la inversión extranjera "acabará entrando", si bien para eso hace falta que antes "desaparezcan las incertidumbres".

El IVA, en septiembre

 La subida del IVA por la que se eleva el tipo general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% entrará en vigor el próximo 1 de septiembre para no perjudicar a algunas actividades de la economía española, como el turismo.

   Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que agosto es un mes "muy importante" para el turismo y para el comercio.

   Además, el ministro ha recordado que todas las subidas de este impuesto realizadas a lo largo de la historia se han anunciado con cierto tiempo por las exigencias técnicas que requiere la modificación.

   El cambio en el impuesto no implica modificaciones en el tipo superreducido, el que grava los bienes de primera necesidad, que se mantendrá en el 4% actual.    

   Montoro ha adelantado también que se realizará una nueva clasificación de los productos gravados por el IVA, de forma que algunos productos que ahora se gravan al tipo reducido pasarán al tipo general.

   Esta nueva clasificación no afecta a los productos gravados por el tipo superreducido, como la leche y el pan y algunos productos culturales como los periódicos y los libros, salvo la compra de vivienda nueva, que dejará de gravarse al 4% a partir de enero.

   Los mayores cambios se aplicarán en el IVA reducido, que a partir de septiembre solo gravará el transporte, la hostelería y la cesta de la compra, lo que deja fuera numerosos productos, incluidos los servicios funerarios.

  Tributarán al 21% las entradas a espectáculos culturales como teatros, cine y parques de atracciones, la peluquería, los cosméticos y los servicios mixtos de hostelería.

   Según Montoro, el aumento de IVA está en línea con lo anticipado ya en el Programa de Estabilidad español presentado en el mes de abril, en el que el Ejecutivo programó la política tributaria de cara a los próximos años.

   Esta política, según el ministro, se debe basar más en la imposición indirecta para poder reducir los gravámenes sobre el trabajo, de modo que la subida fiscal se compensará con una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social en un punto este año y en otro punto en 2014.

  Montoro ha explicado que el Gobierno ha decido subir el IVA en este momento porque era algo "obligado" por las circunstancias, las recomendaciones que llegaron de Europa y por la "prioridad absoluta" de reducir el déficit en el actual momento.

   "No hay más remedio", ha dicho Montoro, tras recordar que el Rajoy admitió en el Congreso que el proyecto del Partido Popular se basaba en bajar impuestos, aunque haya tenido que hacer justo lo contrario por circunstancias y por la excepcionalidad del momento.

   De hecho, se ha comprometido a compensar las subidas de impuestos en el futuro, algo que hará desde el año próximo con la bajada de cotizaciones sociales que, a su juicio, favorecerá la creación de empleo y compensará los efectos negativos de la subida fiscal.

   Montoro ha obviado las críticas sobre las declaraciones que hizo en el pasado denunciado la subida del IVA aprobada por el Gobierno socialista, y ha recordado que su Gobierno también ha puesto en marcha otras medidas como el gravamen temporal del IRPF.

  De la misma forma, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una serie de medidas fiscales que se suman a la subida de IVA, como la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.

   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.

   Además, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.

   En el IRPF, el Gobierno aumenta de forma temporal del 15% al 21% de la retención por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.

El fondo de financiación para las CC.AA. contará con 18.000 millones

MADRID.- El nuevo fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros.

   Así lo ha avanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado el decreto ley que regulará esta nueva vía de liquidez para los gobiernos autonómicos, que no tendrá personalidad jurídica.

   "Los ministerios de Hacienda y Economía han realizado una estimación de cuánto se puede llegar a disponer en función de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y su déficit público hasta fin de año, y el máximo serán 18.000 millones de euros, si bien la cifra final dependerá de cuántas comunidades se adhieren al mecanismo", ha puntualizado el ministro.

   Así, el Tesoro proporcionará 12.000 de esos millones de euros "sin modificar su calendario de emisiones" y los restantes 6.000 millones de euros provendrán de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado "con cargo a ingresos futuros".

   La gestión de estas ayudas recaerá tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrecerán los préstamos "partiendo del coste de financiación del Tesoro más un diferencial reducido". Las ayudas estarán garantizadas por los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas, para "garantizar que mantienen la responsabilidad de devolución".

   Las comunidades que "voluntariamente" decidan adherirse a esta asistencia tendrán que cumplir unos estrictos condicionamientos presupuestarios y financieros, según ha dicho De Guindos, quien no ha precisado no obstante qué requisitos se aplicarán.

   Para poder acceder a las ayudas, los gobiernos regionales que lo soliciten tendrán que presentar un plan de ajuste y deberán informar "puntualmente" de la ejecución presupuestaria. De hecho, "en última instancia" el Gobierno central conserva incluso la capacidad de intervenir las comunidades autónomas que incumplan los vencimientos de deuda.

   En el plano financiero, los condicionamientos buscarán "garantizar que la senda de endeudamiento de las comunidades es sostenible en el tiempo y permite que sus cuentas públicas no se vean desbordadas por la evolución de los costes financieros".

   El ministro ha asegurado además que este mecanismo se mantendrá en vigor "mientras persistan las dificultades" de financiación para los gobiernos autonómicos, ya que su objetivo fundamental es asistir a los gobiernos regionales en un momento en que sufren "grandes dificultades para acceder a los mercados, no solo por los elevadísimos costes sino incluso por el propio acceso, la disponibilidad".

   "En este principio general del Gobierno de responsabilidad global del conjunto de las cuentas de las administraciones públicas y, simultáneamente, en ese compromiso de solidaridad en el Estado, lógicamente se va a proporcionar un nuevo sistema que evite esta situación de dificultad, que podría llegar a ser límite", ha concluido De Guindos.

   Este mecanismo ya fue avanzado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde también se aprobó el plan de ajuste del Principado de Asturias y se apercibió a ocho comunidades autónomas de los riesgos de que no consigan cumplir los objetivos de déficit de este ejercicio.

   Preguntado por este asunto, el ministro ha vuelto a declinar "por lealtad" precisar qué regiones son las que tienen mayor riesgo y con las que comenzará a reunirse bilateralmente a partir de la próxima semana, y ha reiterado que todas las administraciones cumplirán con sus compromisos. "Todos estamos en lo mismo y todos vamos a cumplir", ha asegurado.

   "El Gobierno trata con el mayor respeto a todas las comunidades. Lo que estamos haciendo es equilibrar el estado de las autonomías. Está en la Constitución, y en el CPFF de ayer activamos la ley (de Estabilidad Presupuestaria), que contempla un ámbito preventivo de abordar bilateralmente los problemas de las regiones que estén en mayor riesgo de no llegar. Pero no es el momento de señalar a nadie, sino de trabajar con ellas", ha zanjado.

Bruselas obligará a España a aumentar la frecuencia de las ITV

BRUSELAS.- España se verá obligada a aumentar la frecuencia de las ITV a coches y motocicletas que tengan más de seis años, que deberán someterse a controles anuales, según una propuesta legislativa presentada este viernes por la Comisión Europea. En la actualidad, la normativa española sólo introduce los controles anuales a los coches a partir del noveno año, mientras que las motos viejas pasan la ITV cada dos años.

   El objetivo de esta iniciativa, que debe ser respaldada por los Veintisiete y la Eurocámara, es salvar más de 1.200 vidas al año y evitar más de 36.000 accidentes relacionados con fallos técnicos de los vehículos.

   Los fallos técnicos causan el 6% del total de accidentes de coche, lo que representan 2.000 víctimas mortales al año en la UE. Esta proporción se eleva al 8% en el caso de los accidentes de moto, según los datos de Bruselas.

   La propuesta aumenta la frecuencia mínima de los controles técnicos para los coches, que deberán pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda dos años más tarde y una vez al año a partir del sexto año. La normativa europea actual contempla inspecciones cada dos años a partir del sexto año.

   En el caso de España, la normativa vigente obliga a los coches a pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda a los seis años, la tercera a los ocho años y anualmente desde el noveno año. La legislación europea forzará a adelantar las inspecciones anuales al sexto año.

   La propuesta de Bruselas fija por primera vez a nivel de la UE controles para motocicletas, que no existen en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Holanda, Portugal y Rumanía. En España, las motos ya están obligadas a pasar la ITV, pero la norma europea obligará a que los controles sean anuales a partir del sexto año, en lugar de cada dos años como sucede en la actualidad.

   "No creo que esté sirviendo a ningún lobby", ha dicho el comisario de Transportes, Siim Kallas, al ser preguntado por las críticas que le acusan de favorecer indebidamente al negocio de las ITV. Kallas ha insistido en que las estadísticas demuestran que a partir del sexto año los vehículos tienen más fallos técnicos.

   "Si conducimos un coche que no está en buenas condiciones para circular, nos convertimos en un peligro para nosotros mismos y para quienes nos acompañan", ha insistido Kallas. "Es más, somos un peligro para todos los demás usuarios de la carretera que nos rodean", ha señalado.

   La norma aumenta además la frecuencia de las inspecciones técnicas para los automóviles y furgonetas con un kilometraje excepcionalmente alto, 160.000 kilómetros en cuatro años. Estos vehículos deberán pasar la ITV anualmente a partir del cuarto año.

   Finalmente, Bruselas fija estándares comunes de calidad para las inspecciones técnicas y obliga a controlar los componentes de seguridad electrónicos. La normativa actual, que data de 1977, no obliga a controlar gran número de fallos técnicos que tienen graves implicaciones para la seguridad, como por ejemplo el ABS o el control electrónico de seguridad.

   Los Estados miembros tendrán libertad para imponer requisitos de control más estrictos que los que marca la UE.

Interventores y secretarios municipales volverán a depender de Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles "la objetividad" en su trabajo de fiscalización de los municipios.

   "Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones", ha explicado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

   El proyecto incluye una nueva lista de competencias, con la prohibición a los municipios de ejercer ninguna otra, y la eliminación de órganos intermedios como mancomunidades y pedanías, creadas "pretendidamente para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido". 

Además, como ya se había anunciado, las diputaciones asumirán las competencias de las localidades de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con una evaluación de calidad que deberán pasar.

   Montoro ha confirmado también la reforma de la Ley Electoral para reducir un 30 por ciento el número de concejales, lo que a juicio del gobierno pemitirá "aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas".

Antonio Jara, vicepresidente de BMN: "Los comportamientos y actitudes del pasado reciente no son ya posibles ni admisibles".

GRANADA.- El murciano Antonio Jara, catedrático, presidente de CajaGranada y vicepresidente de Banco Mare Nostrum (BMN), piensa que los tiempos han cambiado definitivamente. "Nada será igual que antes de esta crisis. Hay mucho que aprender y mucho que rectificar. Los comportamientos y actitudes del pasado reciente no son ya posibles ni admisibles".

"Es casi una obviedad señalar" que todos los indicadores "dibujan un panorama algo más que sombrío", dijo durante la presentación del Informe Económico y Financiero de Andalucía 2012, impulsado por CajaGranada-BMN y elaborado por la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía (Eseca).

Y las condiciones que ha impuesto –o propuesto, según los más optimistas– Europa para rescatar a las entidades de crédito españolas pueden agravar al enfermo, alertó Jara durante su alocución. El directivo de CajaGranada, aunque admitió que dicho plan tiene "importantes aspectos positivos", se extendió más a la hora de hablar de los matices inquietantes.

 

 "No cabe duda de que –el rescate– ha venido a introducir duros mecanismos de control y supervisión exterior, no pocos elementos de preocupación sobre el futuro de nuestras entidades de crédito y nuevas zonas de penumbra en el ya borroso panorama financiero de nuestro país, singularmente en relación con las cajas de ahorro, elementos que, seguramente, acabarán incidiendo negativamente en las perspectivas de recuperación a corto plazo", enfatizó Jara. 

 

En este sentido, el también exalcalde de Granada afirmó que la reconversión de las cajas provocará "un impacto severo, duradero y de consecuencias imprevisibles en la socio-economía de nuestro país". 

 

Llegado a este punto, Jara no ocultó que, en su opinión, ni el anterior Gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)ni el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) han dado con la tecla para "poner orden en el sistema ni resolver sus graves problemas de saneamiento y capitalización", según la versión del diario 'Ideal'. 

Todas las luces rojas están encendidas para Murcia / Patricio Hernández *

El acuerdo de ayer del gobierno con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de reducir el objetivo de déficit para 2013 al 0,7% (antes estaba fijado en el 1,1%) supondrá un recorte adicional en el presupuesto regional de Murcia de centenares de millones de euros en los dos próximos años. 

Murcia ha votado a favor en la mayor traición a los intereses de los murcianos, que ha hecho el demagogo y finalmente sumiso de Valcárcel desde que es presidente (sólo los más viejos se acuerdan ya de cuando entró al gobierno el emperador de los murcianos). Murcia ha renunciado así a alinearse con las comunidades (4) que se han opuesto -se han abstenido incluso algunas como Castilla León o Extremadura, gobernadas por el PP- para tratar que el Ejecutivo alivie su ajuste del déficit este ejercicio (tiene que reducirlo del 3,3% de 2011 al 1,5%) tras la relajación concedida por Bruselas para la meta de déficit total (del 5,3% previsto inicialmente al 6,3%).

Todo esto significa en el contexto actual que la sanidad, la educación y el resto de la política social que constituye el grueso del gasto regional (hasta el 80%) va a sufrir un grave recorte adicional que va a terminar de destrozar la universalidad y calidad de estos derechos sociales en la región. El déficit quiere decir que el dinero que se genera no alcanza para pagar todas las cuentas, y alguien queda siempre sin cobrar, ya sean empleados públicos, proveedores del Estado o servicios de cualquier tipo. Ahora, cuando ya llevamos tres años de recortes regionales severos, esta noticia supone que los murcianos se enfrentan a una situación inédita en la que el colapso amenaza gravemente a nuestras políticas sociales públicas, que serán insostenibles para el presupuesto regional del que dependen. 

Todo lo que hemos visto con la universidades públicas, los interinos, la dependencia, las subvenciones a organizaciones del Tercer Sector para atender a colectivos vulnerables, las transferencias a los municipios para atender programas básicos de servicios sociales, etc., van a sufrir una inimaginable nueva vuelta de tuerca. Sólo pensar en que se va a suprimir es un ejercicio de sadismo mental no apto para gentes sensibles.

La prensa regional de hoy, cuya actitud general de silencio cómplice es ya más que sonrojante, nada advierte sobre este evidente y gravísimo acuerdo para los murcianos. Por otra parte el Gobierno ha vuelto a amenazar ("advertir" en el lenguaje oficial) a las comunidades incumplidoras -entre las que está muy destacadamente Murcia, junto a otras siete (recordemos que Murcia tiene el mayor déficit, un 4,33 a finales de 2011, tras Castilla-la Mancha y Extremadura)- con la intervención, lo que agravaría mucho más la situación de la Región. 

Montoro ha dejado claro que nunca ha pretendido "mutualizar el riesgo de las comunidades autónomas",  y que el riesgo sigue correspondiendo a las regiones", con lo que desmiente otra vez a Bernal que daba por hecho los llamados "hispanobonos" a juzgar por sus reiteradas declaraciones en la Región.  A cambio se creará hay un "fondo"  para financiar los vencimientos de las comunidades autónomas, pero el ministro de Hacienda ha puntualizado que no será para todas las regiones, que se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario, O sea, que Murcia lo tendrá muy difícil para acogerse a él. 

Lo dicho: todas la luces rojas están encendidas para Murcia, y aquí no parece haberse enterado nadie.

(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

El Índice de Miseria alcanza en la Región de Murcia el 28,7%

MADRID.- El Índice de Miseria en España ha alcanzado el 28,7 por ciento en la Región de Murcia, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 26,4 por ciento, aunque en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Canarias la tasa supera el 30 por ciento, según un estudio de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett).

   El estudio, que cruza las tasas de paro e inflación para conocer el deterioro de los niveles de vida de los ciudadanos, destaca que la tasa se ha incrementado un 15,5 por ciento en cinco años, ya que en 2007 se calculaba en un 10,89 por ciento.

   El aumento, según explica, se debe al crecimiento del paro, (ha subido casi 16 puntos desde entonces), ya que la inflación se ha reducido un 0,47 por ciento. En esta línea, en el último año el índice ha avanzado un 1,62 por ciento, porque el paro creció 3,15 puntos y la inflación cayó un 1,53 por ciento

   La variable del desempleo hace que España registre el mayor índice de miseria de toda la Unión Europea (27 países) con casi 13 puntos porcentuales más que la media comunitaria, fijada en un 13,5 por ciento. Le siguen Grecia (24,1 por ciento), Letonia (19,6 por ciento), Portugal (18,5 por ciento), Eslovaquia (18,4 por ciento) y Lituania (18,1 por ciento). Austria, Holanda, Malta y Alemania tienen los índices más bajos (no llegan al 9 por ciento).

   Por comunidades autónomas, se aprecian "diferencias abrumadoras" en el índice de miseria. Andalucía es, con diferencia, la que registra la mayor tasa, con un 34,8 por ciento. Le siguen Extremadura, donde el índice está en un 33,8 por ciento y Canarias, con un 33,7 por ciento.

   También por encima de la media nacional se encuentran Baleares, con un índice del 29,8 por ciento; la Comunidad Valenciana, donde la tasa llega al 29,3 por ciento; Castilla-La Mancha, que registra un 29,2 por ciento y Murcia, con un 28,7 por ciento.

   En el lado opuesto se encuentra País Vasco, que tiene una tasa del 15,5 por ciento, casi diez puntos por debajo de la media nacional. La situación también es más favorable en Navarra, donde el índice es del 18,6 por ciento y en Cantabria y Aragón, regiones que registran un 20,4 por ciento.

   "Evidentemente, las enormes diferencias que existen entre los Índices de Miseria entre unas comunidades autónomas y otras radica esencialmente en el deterioro del mercado de trabajo, ya que la inflación se mantiene más o menos estable en todo el país", explica el informe.

   Atendiendo a la evolución, sólo Aragón y Murcia han mejorado las tasas respecto del primer trimestre de 2011, con reducciones en torno al uno por ciento. Por contra, en Extremadura la miseria ha avanzado un 5,2 por ciento; en Castilla-La Mancha, un 3,4 por ciento y en La Rioja ha crecido un 3,2.

Estibadores del Puerto de Cartagena programan una huelga en protesta por los "abusos" del presidente de la Autoridad Portuaria

CARTAGENA.- Los estibadores del Puerto de Cartagena comenzarán el próximo día 23 una huelga en protesta por los "abusos" del presidente de Autoridad Portuaria. Ese mismo día asistirán a una marcha, junto con otros colectivos también en desacuerdo con el "caciquismo" que profesa Adrián Ángel Viudes.

   En principio, la huelga se extenderá hasta el día 26 del mismo mes en protesta por la política de abusos reiterados contra estos trabajadores.

   Durante esos cuatro días pararán todas las operativas en las que ellos intervienen, aunque respetarán los servicios mínimos, para volver a llamar la atención sobre un conflicto que "lleva años perjudicando la prosperidad de un enclave estratégico, sobre una política de gestión ilegal que en vez de velar por los intereses de un sector en alza se dedica a crear incertidumbre, a fomentar la zozobra y el pleito cuando a nadie se le escapa que los mejores frutos se recogen del diálogo y de la suma de sinergias".

   En el mismo sentido, el día 23 de julio, a las 9.00 horas, comenzará una marcha desde la entrada del Muelle Santa Lucía hasta la Autoridad Portuaria, convocada por los estibadores y otros colectivos también en desacuerdo con la "manera ilegal y asfixiante" de Viudes de regir el Puerto de Cartagena.

   La manifestación, bajo el lema 'El Puerto de Cartagena es de todos. Luchemos porque sea sostenible. Viudes dimisión', exige que este enclave sea próspero para la ciudadanía, una fuente de riqueza para la región que lo acoge y sea sostenible, tanto socialmente como de manera medioambiental.

Hacienda amonesta a la Región de Murcia por poner en riesgo el objetivo de déficit público

 MADRID.- El Gobierno ha sacado la tarjeta amarilla a ocho comunidades autónomas, parece que Murcia entre ellas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha confirmado que ha advertido a "varias regiones" aunque se ha negado a facilitar su nombre. El ministro les ha pedido que "inicien las correcciones" pertinentes ya que "estaban poniendo en riesgo" el objetivo de déficit para este año, según publica 'Expansión'.

Montoro ha anunciado también que pone en marcha los mecanismos del plan de estabilidad por lo que ahora se inicia un proceso "bilateral" de negociación entre el Ministerio y las CCAA que han sido advertidas por el Gobierno.

"No se trata de hacer una publicidad que incida negativamente en nadie", ha insistido el responsable de Hacienda para evitar dar el nombre de las Autonomías advertidas. No obstante, Montoro ha querido subrayar que con el aviso del Gobierno lanza un "mensaje claro y contundente" de que cumplirán con los objetivos marcados "sea cual sea su color político".

Aunque Montoro ha rechazado dar nombres, según fuentes de las comunidades, las regiones apercibidas podrían ser: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura. Castilla-La Mancha, por su parte, niega que se encuentre entre las comunidades señaladas.

Juan Bernal, partidario del déficit en el 0,7%

 El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Juan Bernal, ha sido hoy un firme partidario del déficit en el 0,7% en la reunión del CPFF, pese a las condiciones "dificilísimas" en las que trabajan las CCAA. "Es importante mandar el mensaje a la Unión Europea de que estamos trabajando para que el déficit se vaya reduciendo de forma rápida. Tenemos un problema de falta de confianza y vamos a vencerlo dando sensación de que vamos a tener la energía suficiente para corregir el déficit excesivo", ha dicho.

    Sobre el margen pedido por alguna autonomía, Bernal ha recordado que estamos bajo vigilancia de la UE, que obliga a hacer cosas muy exigentes. "Ayer lo decía el presidente Rajoy: no tenemos elección, simplemente no tenemos capacidad de elección", ha concluido.

Un fondo aliviará los vencimientos de deuda de las CC.AA.

MADRID.- El Gobierno creará este viernes un fondo para financiar los vencimientos de las comunidades autónomas y concretará así el mecanismo en el que lleva meses trabajando para aliviar los problemas de financiación de las regiones. 

   Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha puntualizado que no será para todas las regiones.

   Según ha adelantado el titular de Hacienda, este instrumento se aprobará previsiblemente  en el Consejo de Ministros que se celebrará mañana, en el que también se dará luz verde a algunas de las medidas de ajuste anunciadas esta semana.

    Este fondo atenderá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario.

    Montoro ha asegurado que la garantía del Estado se ofrecerá a través del propio fondo, aunque ha advertido de que en ningún caso servirá para "mutualizar el riesgo de las comunidades autónomas",  "El riesgo sigue correspondiendo a las regiones", ha apostillado.

   El ministro no ha querido cuantificar la cantidad de la que dispondrá el fondo, si bien ha avanzado que los vencimientos de las autonomías "no son realmente grandes".

 "No tiene por qué tener una cantidad apriorísticamente grande", ha señalado.

   Tampoco ha querido detallar las características del fondo, aunque sí ha dicho que el instrumento será "diverso y flexible", y se podrá adaptar a la situación de la comunidad que acceda al mismo.

   Preguntado por si este fondo elimina directamente la posibilidad de que el Gobierno emita 'hispanobonos', Montoro se ha limitado a decir que esta figura "nunca ha estado presente".

El Gobierno ve riesgo de que algunas CC.AA. no cumplan el déficit este año

MADRID.- El Gobierno ha lanzado advertencias a algunas comunidades autónomas ante las dudas que plantean sus planes económicos para cumplir el objetivo de déficit de este año, fijado en el 1,5%. 

    Así lo ha señalado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde no ha querido precisar ni el número de comunidades ni los nombres de las mismas.

   El ministro sí ha explicado que con estas advertencias se inicia el mecanismo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo último paso es la intervención.

   A raíz de la advertencia, el Gobierno mantendrá reuniones bilaterales en un plazo de siete días con estas comunidades para analizar las medidas que han puesto en marcha y la corrección de las mismas para garantizar que reducen el déficit al 1,5% este año.

   Si no se llega a un acuerdo en ese periodo, el Ministerio elevará las advertencias al Consejo de Ministros y se seguirán los pasos que fija la Ley de Estabilidad para garantizar el cumplimiento, que pueden llegar incluso a la intervención.

   Sin embargo, el CPFF ha dado el visto bueno al plan de Asturias que fue rechazado en la reunión anterior al considerarlo "idóneo" para cumplir con el objetivo de 2012.