martes, 14 de junio de 2011

¡No van a por ti ni a por mí, vienen a por todos! / Pedro Luis Angosto *

Según se puede leer en antiguos libros escritos por hombres sabios cuyo nombre se desconoce porque su sabiduría les impelía al anonimato, cuando a un pueblo le llega antes el dinero que la cultura está condenado, como Sísifo, a tener que empezar de nuevo para reconstruirse sobre parámetros opuestos que son los que llevan a la dicha, la felicidad y la justicia. No es cosa sólo de España, pero aquí la herencia del franquismo ha dejado una tolerancia a la inmoralidad tan alta que a veces es difícil respirar y sobrevivir a la vez. 

Desde el 15 de mayo pasado asistimos a la primera respuesta que la ciudadanía ha dado en la calle a un orden de cosas, a un sistema que ineludiblemente nos lleva al desastre y a la degradación ética y material de nuestras vidas, pero no ha sido una respuesta de indignados porque el indignado tiene que demostrar que lo está y no sólo decirlo, ha de pasar de la potencia al acto, de la declamación a la protesta activa dirigida contra quienes manejan los dineros y están llevándonos a un punto de muy difícil retorno. 

Por tanto se hace necesario, en nuestra opinión, coger el catalejo, orientarlo bien y otear el horizonte para encontrar el lugar dónde hoy, de verdad, reside el poder: Si hay un sitio que representa, más que ningún otro, a esa gente dispuesta a regresarnos al siglo XIX, ese es, en todo el mundo, La Bolsa, verdadera Bastilla del siglo XXI.

Es en ese lugar y en sus aledaños dónde se ha fraguado esta tormenta interminable que comenzó con burbujas inmobiliarias, hipotecas basura, amenazas de quiebras generales de los Estados por ayudar a los bancos, contrarreformas laborales, transferencias de billones de euros de un continente a otro a la velocidad de la luz y una locura capitalista que parece no tener final para quienes la han fraguado pero sí para quienes la estamos sufriendo porque se puede vivir sin muchas cosas, pero de ningún modo se puede vivir sin dignidad, aunque está claro que de la dignidad pasiva –en mi hambre mando yo- no se come.

Las protestas del 15M tienen un inmenso mérito, todo el mérito del mundo, pero todos los movimientos sociales que en el mundo han sido, han tenido dirigentes, puede ser uno, diez o mil, y los dirigentes deben encargarse de plantear estrategias de futuro que enganchen cada vez a más gente, subiendo paulatinamente el tono de la protesta hasta mostrar de verdad que la indignación es un hecho real y que no se está dispuesto a transigir con ninguna transacción que no suponga cambiar radicalmente las bases sobre la que los estafadores, especuladores y chorizos de toda laya han edificado este estercolero dónde el más gilipollas o el más ruin recibe la recompensa más alta y el máximo reconocimiento social. 

Pero con ser importante a protesta del 15M, lo es más –de momento-, la protesta del 22M que no fue tal sino una contraprotesta mediante la cual el pueblo, que tenía varias opciones por las que decantarse, aunque no todas las deseables ni con una ley electoral justa, decidió dar todo el poder a quienes fueron los causantes de la versión española de la crisis y serán, probablemente, quienes nos aplicarán las recetas del fascismo económico con toda contundencia.

La mayoría de las decisiones que afectan hoy a los ciudadanos de todos los rincones de España se toman en las Comunidades Autónomas, que son a su vez quienes manejan la mayor parte de los dineros públicos, las que albergan los mayores nichos de corrupción y las que siempre que hay un problema echan la culpa al Gobierno central, cosa que ha calado en el pueblo que no quiere enterarse de que es el gobierno de su Comunidad el único responsable de la corrupción de su comunidad, del funcionamiento de la educación y la sanidad, de la aplicación o no de la Ley de Dependencias, del enchufismo, de los planes de urbanismo disparatados y suicidas, del cuidado de la naturaleza, de que funcionen o no los juzgados, de las políticas para fomentar el empleo o el desempleo y del despilfarro que ha hecho de una parte de la clase política –no toda, todos no son iguales-, una casta de privilegiados impunes, de nuevos ricos que alternan simbióticamente con los ricos de siempre en una vida de lujo y desenfreno verdaderamente vergonzosa.

Pues bien, decíamos al principio qué cuando la riqueza llega antes que la educación los pueblos están obligados a regenerarse y a preocuparse por la cosa pública como si fuera cosa suya porque siempre lo ha sido aunque parezca que se le ha olvidado. Pero esa es una tarea difícil pues cuando se ha tenido dinero fácil y uno se ha creído un burguesito con derecho a casi todo lo que se puede comprar, cree que todo se puede comprar, y cuando se cree eso es porque la inmoralidad se ha extendido como un sarcoma silencioso entre las entrañas del cuerpo social del país. 

Difícilmente el inmoral va a protagonizar ningún movimiento de protesta regenerador o revolucionario, difícilmente va a plantar cara al verdadero enemigo de todos porque él, individualista por encima de cualquier cosa, piensa que el otro, su compañero, es su enemigo, e ignora que el otro, y sólo del brazo del otro es como él y sus hijos podrán poner los peldaños necesarios para detener a los infames y construir una sociedad más justa para él y para los demás. 

Al inmoral no le importan los demás, cree que lloriqueando, peloteando, buscando al caciquillo de turno, logrará una salida personal, pero se equivoca, cree que esto no va con él, que él saldrá, pero ignora que esto va contra él igual que contra todos los demás y que las soluciones personales de pasillo, además de injustas y reprobables, sólo pueden dar salida a unos pocos y no a los millones de personas que necesitan esa salida.

Pues bien, al confiar la solución de sus problemas a un partido que tiene Alcaldes como Gallardón –el Ayuntamiento que dirige acumula la quinta parte de la deuda de todos los de España-, Francisco Camps –que ha dado un impulso a la enseñanza confesional desconocido desde los tiempos de Franco-, Cristóbal Montoro –uno de los principales halcones de la política económica ultraliberal-, o María Dolores de Cospedal –la política mejor pagada de España designada para regir los destinos de una Comunidad en la que ha sido una profesional del absentismo-, se ha dado carta blanca a la aplicación de las recetas económicas más duras que aplicarse puedan. 

Para ello, se utiliza, como siempre, la estrategia del calamar, se llena todo de tinta y se va preparando el terreno diciendo que todo es una ruina, que hay deudas escondidas, que se destruyen documentos de pago – ¡cómo si con ello el deber de pago se extinguiera!- y que la situación económica de las Autonomías gobernadas por los otros y del país en general es insostenible, avisándonos de antemano que tendremos, por ejemplo, la Sanidad que podamos pagar. 

Esta actuación es tan irresponsable y amenazadora que puede llevarnos directamente a una intervención de la UE y el FMI sin que la necesitemos al lanzar sobre nosotros a todos los tiburones financieros y elevar hasta cantidades imposibles el interés de nuestra deuda pública, en su mayor parte creada para salvar a los bancos y los depósitos de los ahorradores por la infame gestión de sus directivos y consejeros, que increíblemente siguen en libertad. 

En este caso, como ya ocurre en Portugal, el Estado español tendría aceptar todas y cada una de las medidas que proponen los organismos internacionales que por casualidad coinciden con las que desea la derecha y la patronal española: Despido libre, disminución drástica de las prestaciones sanitarias y sociales, incremento de la edad de jubilación, privatización de los servicios públicos y supresión de la mayoría de las conquistas socio-laborales. 

Esto que decimos, es una hipótesis que defienden algunos sectores de nuestra derecha patriótica, esa que ama mucho a su España pero desprecia a sus habitantes, y que otorgaría todo el poder real a instituciones europeas y mundiales que no están para ayudar, sino para ahogar a los trabajadores, sean individualistas indolentes y pesebreros o no lo sean.

En otro caso, de no producirse esa intervención que no necesitamos en ningún caso, está claro que la obra de teatro montada desde el 22M tiene sólo un propósito, decir que la situación de las cuentas públicas de las comunidades dónde no mandaban ellos y en el Estado central son mucho peores de lo esperado, para así poder meter la tijera a fondo y emprender la privatización general del Estado, o sea su desamortización, alegando que la culpa siempre fue de los otros.

Nadie está a salvo de lo que viene, ni tú, ni yo, ni él. Sigue siendo absurdo que un trabajador vote a quienes más claramente sirven a intereses radicalmente opuestos a los suyos, el pastel europeo cada vez es más pequeño desde la gran estafa y la irrupción de las economías esclavistas de Oriente. 


(*)  Doctor en Historia por la Universidad de Alicante y periodista

Empresarios murcianos preparan una sentada para exigir cambios políticos

MURCIA.- Un grupo de pequeños y medianos empresarios y autónomos murcianos se han unido decididos a "cambiar la situación actual", por la que están "preocupados, incluso indignados", y exigen "cambios que dinamicen la economía y el aparato productivo y mejoras en los servicios públicos, para que dejen de ser obstáculos para el desarrollo y se conviertan en sus impulsores". 

   Con ese objetivo, prevén llevar a cabo una sentada en Murcia de cara al mes de septiembre, tras el verano, con la intención de dejar tiempo para recabar apoyos, según ha reconocido el director de Amyca Escuela de Negocios, Daniel Robles, quien es uno de los impulsores de la iniciativa.
   En concreto, Robles ha manifestado que el proyecto surgió de forma espontánea durante una comida con otros empresarios, todos ellos de pymes y de múltiples sectores que compartían el hecho de "estar indignados con el sistema", y con unos principios "que se parecen mucho a los del movimiento 15-M".
   A su juicio, este cambio "se puede hacer, ya que es cuestión de voluntad política". Así, el cambio debe comenzar por "cumplir las leyes que ahora tenemos, para que se le pague a todo el mundo y los trámites duren lo menos posible, de forma que nos parezcamos a países como Francia y Alemania, y no a países bananeros".
   "No podemos mantener una administración que no cambia, que no avanza, que son todo retrasos y burocracia", asevera. El objetivo es que estas administraciones "sean ágiles, eficientes, que nos paguen en su día, que sean transparentes y que sean trazables", ha añadido Robles, quien ha considerado que se trata de unas reivindicaciones "muy normales, nada radicales".
   De momento, empresarios de Cataluña y San Sebastián se han interesado por la iniciativa porque "Internet no tiene fronteras", aunque el núcleo original del proyecto surgió en la Región de Murcia. Hace una semana, el número de empresarios integrantes eran más de 200, según Robles, quien ha dicho no tener una cifra del número de adhesiones en este momento.
   Este grupo de empresarios ha colgado en Internet una declaración de intenciones en la que explican que la idea surgió de un grupo muy heterogéneo de ciudadanos que generan empleo y desarrollo económico en su entorno, como pequeños y medianos empresarios, autónomos, trabajadores y funcionarios.
   Se trata de una iniciativa "independiente de cualquier partido o formación política, así como de sindicatos, organizaciones patronales o asociaciones profesionales", según los empresarios, que exigen "cambios que dinamicen la economía y el aparato productivo y mejoras en los servicios públicos, para que dejen de ser obstáculos para el desarrollo y se conviertan en sus impulsores".
   Asimismo, reclaman "una separación real y efectiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial", y denuncian "la lentitud, ineficacia y corrupción detectada en el seno de las administraciones, al tiempo que exigen "transparencia y eficacia en todas las resoluciones administrativas".
   De igual forma, reivindican "trazabilidad en todos los expedientes de adjudicaciones y procesos administrativos", y expresan su "rechazo al modelo de organismos intermediarios subvencionados pues ha llevado a servilismo e incompetencia a quienes fueron creados para protegernos y ayudarnos a crecer".
   Por ello, añaden que la administración "es lenta e ineficaz", mientras que los retrasos "son generalizados en todo tipo de licencias y autorizaciones, así como los permisos de apertura, que nos abocan a una situación irregular y de inseguridad jurídica". Igualmente, reprochan que la administración "no cumple las leyes".
   "Denunciamos el incumplimiento de los plazos de pago del sector público, que establece la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, contra la morosidad en operaciones comerciales", según la declaración, que critica la "demora en los pagos del sector público, que en el caso de subvenciones supera a menudo los dos años, y que está ahogando a las empresas hasta el punto de llevarlas a la quiebra".
   "Estas demoras nos convierten en morosos sin quererlo, y crean un efecto bola de nieve de impagos y retrasos en pagos y salarios, que nos afecta a todos", añade el grupo.
   A su parecer, el sistema "está corrupto y se producen numerosas irregularidades: falta de transparencia en adjudicaciones de subvenciones, devolución de expedientes por defecto de forma, silencio administrativo, funcionarios honestos secuestrados en el ostracismo por sus superiores y personas incompetentes que toman decisiones".
   Al respecto, reclaman "seguridad jurídica, y que se cumpla la ley de procedimientos administrativos y los plazos administrativos". Así, defienden su derecho "a exigir compensaciones por los pagos atrasados de la administración sin sufrir represalias. Basta de coacciones".
   "Estamos indignados por los agravios comparativos, porque nuestro esfuerzo se usa para ayudar a las grandes corporaciones mientras a nosotros, pequeños empresarios, autónomos y comerciantes, se nos penaliza", según la declaración.
   "Estamos indignados porque nuestro dinero contribuye a rescatar a los bancos, que sólo pagan el 2% de interés, mientras a nosotros nos cobran entre el 7,5% y el 10%, y estamos indignados porque estamos obligados a adelantar el IVA de facturas que no hemos cobrado ni sabemos si vamos a cobrar", determinan.
   En su opinión, la política económica actual "es insostenible", y la tendencia al oligopolio de las administraciones locales y autonómicas "favorece la desigualdad a los centros comerciales de la periferia, asfixiando al pequeño comercio tradicional".
   Puesto que su intención es generar empleo, estos empresarios piden "incentivos efectivos para su creación, tal como se hace en otros países europeos, así como apoyo estable para la pequeña empresa, que es el sector productivo que genera más empleo, y créditos al mismo interés que los bancos".
   "Queremos pagar impuestos, pero no queremos someternos a condiciones abusivas ni que nuestro dinero se ponga al servicio de las grandes empresas", según los empresarios impulsores de la iniciativa que, como trabajadores autónomos, quieren "los mismos derechos que todos los trabajadores".
   "Esta es una iniciativa independiente de cualquier partido u orientación política, así como de sindicatos, la patronal o asociaciones gremiales, su finalidad es exigir cambios que dinamicen la economía y los sectores productivos, partiendo de una mejora en los servicios públicos para que estos se conviertan en una palanca del desarrollo y no un obstáculo", concluyen.

Se registra un seísmo de 1,4 grados en el mar al este de Santa Pola, en Alicante

VALENCIA.- Un seismo de magnitud 1.4 grados en la escala de Richter se ha registrado en la madrugada de este lunes a martes al este de Santa Pola (Alicante) en el mar sin provocar daños ni personales ni materiales. 

   Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CEE), el temblor se produjo a las 4.26 horas en esta zona de la costa dentro del mar, aunque en una profundidad superficial. 

   Dada la hora y el lugar en el que se produjo el 112 sólo recibió cuatro llamadas, según han señalado las mismas fuentes. 

El pasado domingo 12 junio se produjo otro terremoto de 2,8 grados de magnitud en la escala Ritcher sobre las 0.45 horas de la madrugada de al este de la localidad de Silla, en el mar, sin causar heridos ni daños materiales.

lunes, 13 de junio de 2011

Murcia, segunda CCAA con mayor porcentaje de efectos devueltos impagados en abril

MURCIA.- La Región de Murcia fue la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos durante el pasado mes de abril, al situarse en el 4,1 por ciento, junto con Andalucía, Madrid y Extremadura, y cuatro décimas más que la registrada en el conjunto nacional (3,7 por ciento), según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Así, el importe de los efectos de comercio devueltos impagados en la Región de Murcia ascendió a 20,1 millones de euros en abril y a 603,4 millones de euros los efectos vencidos.
   El importe medio de los efectos devueltos impagados en la Región de Murcia se elevó a 2.261 euros, superior a la cifra nacional (1.792), y el importe medio de los efectos de comercio vencidos alcanzó los 2.777 frente a los 2.136 del conjunto del país.

Un Cristo como el de Monteagudo encuentra oposición en Lima

LIMA .-  La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, anunció este lunes su oposición a la colocación de una gigantesca estatua de Cristo similar a la existente en Rio de Janeiro, Brasil, y que el presidente Alan García aspira a instalar en un cerro limeño próximo al Pacífico. García anunció el viernes la inauguración para el próximo 29 de junio de la estatua de 37 metros de altura.

Villarán dijo a periodistas tras una actividad pública "si es una estatua que entrega Brasil (sic) como regalo al presidente, hay otros lugares donde se puede colocar, por ejemplo en la (vía) interoceánica que une Perú y Brasil".
"Es una estatua de 37 metros que se pone de la noche a la mañana sin haber consultado a nadie...Lima tiene alcaldesa y las cosas se consultan", añadió Villarán, quien ha tenido roces con García desde que inició su gobierno edil en enero.
La alcaldesa ha criticado la mínima originalidad de la obra y su escasa relación con la tradición de Lima. Pidió que se hubiese edificado "al Señor de los Milagros", una imagen venerada en la capital desde el siglo XVII.
La estatua se espera sea ensamblada en un cerro llamado "Morro Solar" próximo a la costa en una zona sobre la cual tiene jurisdicción el municipio de Lima. La estatua "afectará la integridad paisajística de la bahía de Lima", dijo Villarán.
García dijo "mi sueño fue siempre hacer en el Morro Solar un Cristo similar al Cristo del Corcovado, tiene una base de 15 metros de estructura de concreto puro con un mirador y sobre él se alza con 22 metros la figura de Cristo".
El presidente ha denominado a la estatua "Cristo del Pacífico" y la obra recibió un aporte de unos 833.000 dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht, según consta en una resolución ministerial publicada en el portal oficial de la presidencia del consejo de ministros.
Desde el viernes urbanistas y estudiantes de arquitectura han criticado la colocación de un Cristo en Lima similar al de Río de Janeiro, sobre todo por la poca originalidad de la propuesta presidencial.

Retegui dice que el Gobierno regional no paga luz ni agua y que adeuda a proveedores unos 2.000 millones

MURCIA.- Begoña García Retegui, líder de la oposición en Murcia, considera que, además de los 2.016 millones de deuda viva con los bancos, en Murcia hay de 1.800 a 2.000 millones de deuda con proveedores, y recuerda que al empezar la crisis "teníamos 500 millones de deuda viva", aunque "el presidente ha reconocido más de 1.600". 

Una situación que se debe, a su parecer, a que se asumieron las competencias de Sanidad "y estos años nuestros funcionarios pasaron de tener salarios por debajo de la media a tenerlos por encima; pasando de 86 empresas públicas en 2007 a 106 en 2010".
"Ha sido una manera de colocar gente", criticó Retegui, que reiteró que "la causa principal es el descontrol del gasto; así, en 2008, el presupuesto inicial era de 1.900 millones, pero se acabó pagando 2.020 y en 2010, el crédito inicial era de 2.300 millones y mientras las autonomías bajaron una media del 8 por ciento su gasto corriente, Murcia subió un ocho por ciento".
Aquí, prosiguió, "nadie se ha apretado el cinturón, se tomaron medidas meramente cosméticas, dijeron que habían rebajado no sé cuantos directores generales, pero a cada uno que quitaban se le mandaba a una empresa pública o fundación".
Así, ha asegurado que el déficit de Castilla La-Mancha no es muy diferente del de Murcia "la diferencia es que allí es deuda reconocida que ha servido para prestaciones sociales, aquí la deuda es con miles de proveedores que llevan más de un año sin cobrar".
Tras lo que afirmó que el Gobierno murciano, regentado por el Partido Popular, "no paga luz, ni teléfono, ni agua ni la limpieza". En concreto, señaló en una entrevista concedida a la revista Interviú, "la luz y el agua se van pagando a pocos; ya vamos por junio de 2010".
"Con los 150 millones de autorización de deuda del año pasado se acaban de pagar las facturas del 15 de abril al 1 de junio del año pasado de funcionamiento ordinario de las administraciones, el tóner, el gasoil o el teléfono", aseveró.
El Ejecutivo regional va tan atrasado, advirtió, que en energías renovables, a las familias que invirtieron en biomasa, en energía solar o en un coche eléctrico se les deben ayudas de 2008 y 2009, y las de 2010 se deben enteras, "ni siquiera han salido", exclamó.
Además, "en esta región llevamos un año sin prácticamente inversión pública, no se paga un euro a la economía social o a la atención de discapacitados", enfatizó, a lo que se une que "al funcionamiento ordinario de los colegios no les ha llegado más que una parte pequeña de lo que debían haber recibido en 2010".
En Murcia, reprobó, "se le debe a todo el mundo", así, "he conocido empresas que han tenido que cerrar porque no cobran de esta Comunidad", afirmó García Retegui.
Señala así, que efectivamente Murcia es una de las regiones con menos deuda por habitante --1.400 euros--, pero, acentuó, "es que no nos hemos endeudado con los bancos, es que a quienes hemos dejado de pagar es a proveedores y organizaciones sociales que prestan a la política social y han tenido que dejar de prestar servicios porque se les deben las subvenciones de 2010 y algunas de 2009".
Ayudas, explicó en esta entrevista concedida a Interviú, al menor, a la mujer, al discapacitado en una comunidad que "está a la cola en políticas sociales". De hecho, insistió la socialista, la Comunidad ha recibido subvenciones del Estado hace más de un año que aún no han llegado al ciudadano.
En este sentido puso como ejemplo, los cinco millones que Murcia recibió para pagar el Campus Mare Nostrum de universidades públicas, que aún no han llegado a las mismas.
En cambio, subrayó, "la dependencia se paga porque el Estado amenazó con no enviar más dinero y el Gobierno de Valcárcel espabiló, pero desviando muchas partidas de política social a la dependencia, a costa, por ejemplo, de no pagar ayudas a familias con necesidades urgentes".
Al respecto, manifestó que "toda la actividad subvencionadora regional está parada y no pagan intereses porque te retrasan un año el documento final de aprobación de la subvención. Así están muchos pescadores y agricultores".
Tampoco, apostilló Retegui, "han recibido un euro aquellos afectados por la crisis del pepino cuando se supone que la Comunidad tiene un fondo de contingencia para cosas como ésta o el terremoto de Lorca". Este fondo, aseguró, era hace unos años de unos 12 millones de euros y "hoy es de 900.000 euros".
A su juicio, "no se ha puesto en marcha ningún mecanismo para ayudar a los productores de pepino, lo que si ha hecho el Gobierno de Valcárcel es mociones para que los ayuntamientos urjan al Ejecutivo de España".
Así recordó que Ramón Luis Valcárcel es vicepresidente del Comité de Regiones de la UE, "pero aún no ha convocado una reunión para exigirle a Europa lo que exige a Zapatero".
A este punto, la que fuera candidata del PSOE de Murcia a la Presidencia de la Comunidad Autónoma ha apuntado que hasta 2008, el agujero sanitario era de 400 millones acumulados de 2006, 2007 y 2008, así como que en 2009 y 2010, para pagar los conciertos y el gasto de farmacia, el Gobierno de Murcia firmó un 'confirming' con varios bancos, que adelantaban el dinero.
Pero, recalcó, este año los bancos han dicho que no firman más 'confirmings' a la Comunidad. Así, recordó que los centros concertados de la sanidad han estado sin cobrar "desde julio hasta enero" y los farmacéuticos llegaron a amenazar con el desabastecimiento.
"Todas las comunidades serias tienen medidas del gasto farmacéutico desde hace diez años, Murcia no lo ha hecho hasta hace tres meses", apuntó. Por lo que "sin duda" peligran la prestación de algunos servicios porque la Comunidad tiene un plan de reequilibrio financiero "que reduce mucho personal de la educación y la sanidad".
"Hay menos personal para los mismos servicios, por lo que la lista de espera ha aumentado", reprobó, de hecho "en Educación el 1 de septiembre irán fuera 1.500 trabajadores de apoyo, muy necesarios en una de las regiones con más tasa de fracaso escolar".
En cuanto a Lorca, destacó que la Comunidad, como el ayuntamiento y el Estado tiene funcionarios, bomberos, trabajando en Lorca "que en algún momento tendrán que cobrar sus horas extra. Cuando llegue el momento habrá que habilitar créditos extraordinarios".

El PP tacha el pacto de gobierno en Mazarrón como 'pipirrana política' y dice que "aflorarán las divergencias"

MURCIA.- El portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, José Antonio Ruiz Vivo, ha calificado como 'pipirrana' política el acuerdo de gobierno alcanzado en Mazarrón entre el PSOE, Unión Independiente de Mazarrón (UIDM), IU y el Partido Representativo de Mazarrón (Parema), y ha advertido que el tiempo hará que "afloren las divergencias" entre sus partidos políticos.

   En rueda de prensa, Ruiz Vivo ha valorado de esta forma los acuerdos alcanzados este fin de semana en los ayuntamientos, y ha hecho especial hincapié en el caso de Mazarrón, donde el candidato de Unión Independiente de Mazarrón, Ginés Campillo, será el nuevo alcalde tras el acuerdo entre el PSOE, que obtuvo siete concejales, UIDM (cuatro concejales) IU y Parema (ambos con un edil), desbancando al PP, que con ocho concejales fue la lista más votada.
   Ruiz Vivo ha valorado que todos los acuerdos entre todos los partidos democráticos son medidas "absolutamente democráticas que el PP acepta y respeta", pero ha señalado que algunas, como la de Mazarrón, necesitan "una puntualización o, al menos, un establecimiento de las condiciones y de las circunstancias que han acontecido".
   En este sentido, ha calificado el acuerdo en Mazarrón como 'Pacto del Tinell', 'pupurri' y 'cuatripartito' que "lo que ha hecho ha sido excluir al PP de cualquier acuerdo, lo que significa excluir a la mayoría de los mazarroneros, lo que es una decisión democrática que respetamos".
   No obstante, ha entendido que este acuerdo "no está en correspondencia con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos de Mazarrón, con lo que han expresado en las urnas, ya que no se ha respetado la lista más votada", aunque ha puntualizado que las formaciones que han pactado "están en su derecho ya que se trata de una decisión democrática de estos partidos".
   De todas formas, ha señalado la necesidad de analizar este pacto "con cierta cautela, sobre todo, en función de desear lo mejor para el pueblo de Mazarrón".
   Lo que el PP observa en este pacto, tal y como transmitía el presidente del PP en Mazarrón, Francisco Blaya, es que hay "unas importantes grietas, unas importantes contradicciones en los programas de un 'cuatripartito' que son, en algunos casos, extrapolados".
   Por este motivo, Ruiz Vivo ha considerado que va a ser "muy difícil" el seguir adelante para "esta menestra, este 'pupurri' que en la Huerta de Murcia conocemos como 'Pipirrana' política".
   A su juicio, el tiempo "va a aflorar las graves divergencias que existen entre los programas de unos partidos que se han unido con el único y exclusivo objetivo de sacar al PP de Mazarrón y no llegar a ningún acuerdo con el PP". Además, ha lamentado que se trató de un acuerdo "de madrugada, con nocturnidad, no voy a decir con alevosía, respetable".
   En lo que respecta a acuerdos, Ruiz Vivo también ha resaltado que han permitido que los muleños hayan confiado en un hombre de consenso "como es José Iborra", mientras que en Librilla "populares y socialistas han hecho un acuerdo de responsabilidad a la hora de dotar de un mayor control y transparencia a un área del municipio tan delicada como es el urbanismo".
   En Calasparra, Ruiz Vivo ha señalado que "se ha respetado la lista más votada, que es del PSOE", y en Alhama de Murcia "se ha apostado por la estabilidad", según el portavoz popular.
   En esta línea, Ruiz Vivo ha felicitado a todos los alcaldes, les ha deseado "el mayor de los éxitos" y ha garantizado que "el PP en el Gobierno no mira el carné, la identidad o la cuestión política, sino que mira siempre a la persona y al ciudadano, sin sectarismo".
   En lo que respecta a Ricote, Ruiz Vivo ha mostrado su respeto por el voto de la concejala independiente que ha entendido que su apoyo "tenía que ser al PSOE".
"Para nosotros es fundamental la lista más votada y que no haya grietas en los programas de los partidos gobernantes".
   A su juicio, lo que tiene que analizar la concejala de la Agrupación Independiente por Ricote (AIRE), es si su programa "no tiene lagunas con respecto al programa del PSOE en Ricote". "Entendemos que se ha buscado la estabilidad y no tenemos nada que decir", ha añadido.
   En cualquier caso, Ruiz Vivo se ha felicitado por el hecho de que el PP "va a gobernar en 40 de los 45 municipios de la Región de Murcia, lo que significa que nueve de cada diez murcianos van a tener un alcalde popular".
   Asimismo, ha dicho que el PP "refleja la confianza que existe en estos momentos en los murcianos y la convicción de que el Gobierno de la Comunidad está en buenas manos", algo que ha dicho esperar que ocurra "en todos los municipios gobernados por el PP, especialmente en aquellos en los que ha habido resultados históricos, como es el caso de Bullas, Ceutí y Los Alcázares, así como la recuperación de los municipios del Mar Menor, San Pedro del Pinatar y San Javier".

La tierra no deja de temblar en Lorca desde hace un mes mientras el Consorcio no llegará a 100 millones

MURCIA.-El municipio de Lorca ha vivido un total de 131 réplicas asociadas a los dos terremotos del pasado 11 de mayo. La tierra no deja de temblar a diario bajo los piés de todos los lorquinos.

   Uno de los últimos, de dos grados de magnitud, fue hace unos días, y aunque "siempre generan inquietud", inciden, "son movimientos normales dentro de ese escape de energía".
   Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, quien, a pesar de las circunstancias, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, tras asistir a la entrega de billetes por parte de Renfe a universitarios que realizan trabajos voluntarios en Lorca.
   Así, apuntó que Gobierno y Delegación están trabajando en la Comisión Interministerial, reunida la pasada semana, para coordinar la acción de todos los departamentos del Ejecutivo central.
   Al tiempo que destacó la labor del Consorcio de Seguros, que ya ha abonado los cinco primeros millones de euros de esos 90-95 millones "que se valora serán el total de devolución de los daños a asegurados".
   En el resto, añadió González Tovar, "estamos trabajando en colaboración con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Lorca en lo que desde el principio ha sido la seña de identidad de esta tragedia".
   "Todos hemos intentado que la coordinación y potenciación de nuestras fuerzas fueran lo que estuviera enfocado hacia la resolución del problema y el apoyo a los lorquinos", incidió el delegado del Gobierno en Murcia". Y es que, apuntó, "creo que era obligado".
   Al hilo, González Tovar apuntó que dentro de unos tres o cuatro días se podrá restablecer la línea de tren hacia Águilas "de forma habitual", tras la demolición del edificio que ponía en riesgo ese tránsito y que se está realizando desde esta mañana.
   Y espera asimismo que cuanto antes se restablezca el servicio con normalidad en la línea de Lorca a Murcia, que llevaba un retraso en esa fase de salida del municipio lorquino, debido a un edificio que había que apuntalar.
   De forma, destacó, "que se haga posible lo que está siendo la tónica: el restablecimiento de los servicios públicos y la normalidad dentro de Lorca".
   Tras lo que recordó que aún queda "un inmenso trabajo por hacer" y mostró su deseo de que siga existiendo una buena colaboración entre las distintas administraciones.
   Y es que, concluyó, "aunque ha pasado la primera fase, va a ser muy difícil y de largo recorrido el trabajo en Lorca", pero, sentenció, "lo vamos a seguir haciendo independientemente de la noticia y de la novedad de la situación".

El presidente del BBVA pide a autonomías y municipios más transparencia y compromiso con el déficit

SANTANDER.- El presidente del BBVA, Francisco González, considera fundamental exponer con transparencia la situación financiera de todas las administraciones municipales y autonómicas, así como asegurar su compromiso con los objetivos de consolidación fiscal. "No puede haber voces discordantes", dijo.

   González sostuvo que es "muy urgente" completar las reformas en materia de disciplina fiscal, de reforma de cajas de ahorros y en materia laboral.
   El presidente de BBVA aseveró que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes para los acreedores de España, tal y como pone de manifiesto la elevada prima de riesgo del país "que limita el crecimiento y bloquea la creación de empleo".
   Cada cien puntos básicos de prima de riesgo suponen un coste extra para España de 12.400 millones de euros anuales, cantidad que equivale al 1,2% del PIB español, y permitiría financiar las inversiones en infraestructuras de 8.400 millones de euros y crear 160.000 puestos de trabajo, especificó González.
   Según indicó González, España no es Grecia, ni Portugal, ni Irlanda, ha emprendido "algunas reformas", como la de las cajas, y ha dado pasos para reformar algunos aspectos del mercado de trabajo. Sin embargo, "España sigue siendo motivo de preocupación para los acreedores", incidió el presidente del BBVA.
   "La economía española no puede asumir la prima de riesgo actual", sostuvo González, para quien la salida de la crisis es responsabilidad de todos los agentes. "Hemos perdido un tiempo precioso confiando en que la salida de la crisis se produciría por el cambio de ciclo", enfatizó.
   A su parecer, "España no ha encontrado aún el camino hacia la recuperación y la situación es especialmente delicada" porque a sus debilidades estructurales se unen las tensiones derivadas de la construcción europea.
   Sobre la reestructuración de las cajas de ahorros, abogó por finalizar rápidamente su saneamiento, "identificar a las más débiles, intervenirlas y subastarlas en condiciones de mercado" asegurando la entrada de gestión y capital privados solventes.
   El presidente de BBVA consideró que España tiene fortalezas, un gran potencial y una población extraordinaria "con capacidad de trabajo y dispuesta a hacer sacrificios para conseguirlo".
"La salida de la crisis es responsabilidad de todos y cada uno de nosostros", sostuvo.
   El ministro de Fomento, José Blanco, indicó por su parte, que el Gobierno ya tenía previstas tensiones en los mercados financieros en el mes de junio debido a las dificultades de Grecia, pero consideró que este escenario es compatible con las decisiones que está adoptando en materia económica.
   Las medidas para cumplir con el objetivo de déficit y para reformar las cajas de ahorros "van a contruibir a que la confianza en nuestro país sea cada vez mejor", dijo Blanco. "Espero que no sea necesario ningún 'Plan B'", agregó.
   Blanco que respondía así a las preguntas formuladas por los asistentes al curso sobre el sistema financiero fue replicado en este punto por el presidente del BBVA.
"Tenemos un 'Plan A', sólo hay que ejecutarlo rápido", le espetó González al ministro.

Según el ministro Blanco, el Gobierno "podría haber hecho algo más" contra la burbuja inmobiliaria

SANTANDER.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha reconocido que el Gobierno socialista "podría haber hecho algo más" durante su primera legislatura para frenar la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento privado, pero consideró que en todo caso, la economía española estaba "destinada" a la crisis.

   "Podíamos haber hecho algo más a la hora de frenar el ascenso de la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento masivo del sector privado", afirmó Blanco, durante su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
   Blanco destacó que la crisis económica internacional puso de manifiesto los desequilibrios que la economía española "iba incubando" tras las grandes reformas de los años 80 y 90, provocando la caída "tan brusca" del empleo y de la productividad, pero que, "en todo caso, la economía española estaba destinada a sufrir una fase de angustia".
   El ministro de Fomento afirmó que durante el Gobierno del Partido Popular "no se hicieron reformas de gran calado" y que la única apuesta económica que se hizo fue el desarrollo del mercado inmobiliario, que, "en la práctica, nos ha conducido a la crisis actual".
   "Por eso, cuando se oye a algunos presumir en su currículum en materia de reformas, produce cierto sonrojo", apuntó Blanco, quien añadió que "ya no importa lo que hicieron unos y lo que los otros no logramos deshacer" y lamentó que "no haya una máquina del tiempo para volver atrás".
   El ministro de Fomento defendió las reformas económicas emprendidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre las que destacó, la reforma del sistema financiero, del sistema público de pensiones, así como la recién aprobada reforma de la negociación colectiva. Blanco animó a continuar con el desarrollo de todas ellas en en futuro.
   "Nunca antes la administración general del Estado había hecho un ejercicio similar de reducción, el resto de las administraciones, que también son Estado, tienen que contribuir con responsabilidad", reclamó el ministro.
   El ministro de Fomento pidió un "ejercicio de autocrítica" a todos los sectores implicados en la crisis económica, entre los que enumeró a los gestores públicos, los empresarios, los sindicatos y los responsables del sistema financiero.
   Por último, Blanco confió en que España "está en el camino de la recuperación", pero insistió en que para salir de la crisis "ya no vale el sobreendeudamiento de las empresas, ni el empleo precario, ni el endurecimiento del crédito, sino que se necesitan recetas de futuro".

domingo, 12 de junio de 2011

La crisis propia desploma en nuestra región el precio del m2 en la VPO

MURCIA.- El director general de Territorio y Vivienda, Antonio Navarro, valoró este domingo las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Fomento sobre el precio de la vivienda protegida, que en la Región de Murcia se sitúa en 1.064 euros por metro cuadrado, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Así, el responsable autonómico señaló que "se trata de uno de los precios más bajos de todo el país, que coloca a la Región de Murcia un 8,6 por ciento por debajo de la media española". Gracias a datos como éste, afirmó Navarro, "se facilita a los murcianos el acceso a su primera vivienda, a través de una figura de tanta importancia como es la VPO".
   El director general resaltó que en este último trimestre "el precio se ha abaratado un 3,8 por ciento, y se mantiene como uno de los menores de nuestro país por comunidades autónomas, debido en buena parte a la política de contención de precios del módulo de VPO que lleva a cabo el Gobierno de la Región de Murcia".
   Además, recordó que el Ejecutivo autonómico, a través del Plan Regional de Vivienda, mantiene todas sus ayudas para la adquisición o alquiler de vivienda, "pues es en los momentos de crisis económica cuando más apoyo deben prestar las Administraciones Públicas a los ciudadanos, algo de lo que el Gobierno regional es plenamente consciente".
   Finalmente, el responsable autonómico subrayó que, según los datos del Ministerio de Fomento, una vivienda protegida de 90 metros cuadrados en la Región "tiene un precio medio de 95.000 euros, lo que, sumado a las ayudas que el Ejecutivo regional ofrece a los murcianos, hace más sencillo acceder a una VPO que en otras regiones de España".

El PP gobernará en 40 de los 45 municipios de la Región y aumenta en nueve el número de alcaldes

MURCIA.- El Partido Popular gobernará finalmente en 40 de los 45 municipios de la Región de Murcia, tras celebrarse ayer sábado el acto de constitución de los Ayuntamientos y conseguir los 'populares' tres de los seis consistorios en los que ningún partido había obtenido mayoría absoluta.

   De este modo, el Partido Socialista ha pasado de gobernar en 13 municipios en 2007 a hacerlo tan sólo en Calasparra, en donde gobernará en minoría, Ricote, tras alcanzar un acuerdo con los independientes, Lorquí y Beniel.
   Y es que, el PP ha conseguido en las elecciones del 22 de mayo aumentar en nueve el número de alcaldes, al pasar de 31 a 40, recuperando los ayuntamientos de Albudeite, Bullas, Campos del Río, Ceutí, Jumilla, Moratalla y San Pedro del Pinatar, todos ellos en manos del PSOE, así como Ojós, que estaba gobernado por los independientes.
   Por su parte, el Partido Socialista ha conseguido mantener con los mismos resultados que en 2007 los municipios de Beniel y Lorquí, pero ha visto como en Calasparra perdía la mayoría absoluta y no alcanzaba un acuerdo con IU-Verdes, por lo que gobernará en minoría.
   La pérdida más significativa de los 'populares' ha sido el municipio de Mazarrón en donde, pese a ser la lista más votada, la unión de todos los partidos a excepción del PP, es decir, PSOE, UIDM, IU-Verdes y Parema, ha dado la alcaldía al independiente Ginés Campillo.

Nadie quiso acompañar a Jesús Navarro para seguir gobernando Calasparra

CALASPARRA.- Jesús Navarro ha sido reelegido como alcalde de Calasparra, por lo que gobernará en minoría al no llegar a acuerdos con IU-Verdes y ser la lista más votada, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   Navarro ha vuelto a ser elegido alcalde de la localidad con los votos únicamente de su grupo. La ausencia de pactos ha originado que el representante de IU, Ricardo García, se vote así mismo, al igual que ha sucedido con el grupo popular que ha votado por su candidato, Jesús Martínez Moreno.
   De este modo, el alcalde afronta así su cuarta legislatura a la que llega "con ganas de trabajar ante todo para conseguir el pleno empleo en la localidad". 
Además, ha señalado que espera trabajar con el consenso de todos, "con el equilibrio de las fuerzas representadas en el Ayuntamiento, tal y como ya sucediera en la anterior legislatura donde el 90 por ciento de los asuntos se aprobaron por unanimidad, recordaba".
   La sesión constitutiva de la novena legislatura municipal de la democracia la cerraba el alcalde con un discurso en el que apuntaba que espera seguir avanzando en los objetivos de su mandato. Así, ha dado la bienvenida a IU y ha destacado que hay que salvar diferencias ideológicas para lograr el objetivo, "que no es otro que Calasparra, a ser posible con el consenso de todos", eran sus palabras.
   Por su parte, Jesús Martínez Moreno, del PP, apuntaba en su discurso que su grupo inicia esta legislatura con voluntad de trabajar y con el compromiso, como el PSOE, "de hallar el máximo consenso para hacer bien las cosas".
   Al hilo, el concejal de IU, Ricardo García, que lució durante el pleno una camiseta reivindicando la reforma electoral, destacaba en su discurso la entrada de la fuerza en el Ayuntamiento tras doce años de ausencia.
   Como concejales del PSOE tomaron posesión Jesús Navarro Jiménez, José Vélez Fernández, Teresa Salinas García, Cristina Trujillo, Maria Dolores Gomariz, Jordi Arce Corbalán, Antonio José Moreno Gil, e Isabel  Torrente Martínez.
   Por el PP, Jesús Martínez Moreno, Jesús Alajarín Cascales, Isabel María Ríos Gil, Antonio Céspedes Marín, Davinia Saorín Marín, Miguel Ángel Martínez Alcázar, Mariano Marín Gil y María Asunción Escavy Peña.

Blaya ha sido sacado de la alcaldía de Mazarrón

MAZARRÓN.- El Partido Socialista, Izquierda Unida-Verdes y los formaciones políticas independientes se han unido, durante el acto de constitución del Consistorio ayer sábado y han dejado sin alcaldía al PP, por lo que será Ginés Campillo, de Unión Independiente de Mazarrón, el nuevo alcalde.

   Al parecer, momentos antes de que se constituyera el Ayuntamiento de Mazarrón todos los partidos políticos, a excepción del PP han llegado a un acuerdo para formar un gobierno de concentración e impedir así que el popular Francisco Blaya, que fue el candidato más votado, pudiera salir reelegido como alcalde.
   Y es que, en los pasados comicios del 22 de mayo, la lista del PP fue la más votada, alcanzando ocho ediles. Uno menos consiguió el PSOE, mientras que UIDM alcanzó cuatro ediles e IU-Verdes y Parema uno.

En España el trabajo de menores es "anecdótico" o pasa desapercibido

MADRID.- El trabajo de menores en España es oficialmente "anecdótico" y, por tanto, no existen estadísticas ni informes, aunque el Ministerio de Trabajo detectó a 19 menores trabajando ilegalmente el año pasado.

No obstante, organizaciones como Save the Children, Unicef y la Plataforma de la Infancia advierten de que las cifras oficiales no incluyen a menores dedicados a la prostitución y que la familia es un "obstáculo a la visibilidad", por lo que es muy difícil obtener datos sobre el trabajo infantil, que se produce a menudo en empresas familiares o trabajos agrícolas.
Las últimas cifras recabadas de forma oficial en España corresponden a un informe del año 2000 realizado por Unicef a petición del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que calculó en unos 170.000 los menores de edad que trabajaban en España.
Unicef coincide con otras organizaciones dedicadas a la infancia en que estas cifras no reflejan la realidad dado que solo contabilizan a los niños escolarizados, mientras que las grandes bolsas de trabajo infantil se dan entre los niños de poblaciones marginadas no escolarizados y en la economía sumergida.
Unicef también apunta que los inspectores de trabajo no tienen competencia para intervenir en casos de servicio doméstico, negocios familiares, delincuencia, explotación sexual y mendicidad.
Según cálculos del organismo de la ONU, unos 100.000 menores se dedicaban a tareas domésticas; 15.000 trabajaban a diario en el negocio familiar, 10.000 se dedicaban a tareas agrícolas, ganaderas o de pesca; 10.000 en publicidad, 4.600 en fábricas o talleres y unos 2.000 en venta ambulante.
Diez años más tarde, en 2010, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó un total de 16 infracciones relativas al trabajo de 22 menores, por las que impuso multas por un total de 102.012 euros.
El año anterior, en 2009, las infracciones fueron 22 y afectaban a 56 menores.
A estos deberían añadirse los 1.300 menores identificados como víctimas de trata en España por la autoridades policiales, una cifra que a juicio de Save the Children "es sólo la punta del iceberg".
El Ministerio de Trabajo advierte de que aunque la edad mínima para trabajar es 16 años, incluidos los trabajos por cuenta propia, pueden existir infracciones laborales por limitaciones legales que prohíben a los menores de 18 años realizar ciertos trabajos.
Así, la ley prohíbe la admisión al trabajo a los menores de 16 años, salvo con un permiso especial para espectáculos públicos, y detalla que los menores de 18 no pueden realizar trabajos nocturnos, trabajar más de ocho horas diarias o hacer horas extra.
Los menores de 18 tampoco pueden realizar trabajos "declarados insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como para su formación profesional y humana".
La Ley ya no distingue entre hombres y mujeres, como sí hacía la norma de 1957 que regulaba el trabajo de menores y mujeres debido al "alto concepto que en general al español merece la mujer y la atención que de manera especial debe ser puesta para evitar que un trabajo nocivo pueda perjudicar su naturaleza".
Esta ley de "Trabajos prohibidos a mujeres y menores" quedó derogada en lo relativo a las mujeres en 1995, y sólo persisten ciertas normas que regulan el trabajo de las mujeres embarazadas.

El Gobierno aprobará más recortes para compensar el desvío de las CC.AA. en el déficit

MADRID.- El Gobierno central tendrá que poner en marcha nuevas medidas centradas en el gasto para compensar el posible desvío de las CC.AA. en el cumplimiento de los objetivos de déficit y garantizar así la reducción del saldo negativo de las cuentas públicas al 6% en 2011, tal y como se comprometió con Bruselas, según diversos expertos.

Las comunidades cerraron el primer trimestre del año con un déficit de 4.995,31 millones, el 0,46% como resultado de unos ingresos que se situaron en 29.535,73 millones, un 2% menos, y de unos gastos que ascendieron a 34.531,04 millones, un 5,4% más.
La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, admitió que las CC.AA. cerraron el primer trimestre con una evolución del gasto superior al previsto, aunque se mostró convencida de la posibilidad de que los territorios cumplan y cierren el año con un déficit total del 1,3%.
Sin embargo, desde Intermoney, el director de Sector Público, César Miralles, cree que con estas cifras y con los presupuestos que han planteado las diferentes comunidades, el objetivo del 1,3% es de "difícil cumplimiento", ya que en el primer trimestre no se ha observado ningún "freno" en el incremento del gasto.
Además, Miralles cree que hay otros factores que generan "mucha incertidumbre", como la posibilidad de que afloren déficits ocultos tras la formación de los nuevos gobiernos en las comunidades y unas previsiones de ingresos y de PIB que parecen "muy optimistas".
En este contexto, Miralles ha asegurado que el Gobierno tendrá que coordinar nuevos recortes en las comunidades, sobre todo en aquellas que incumplen "claramente" los objetivos, aunque también puede tomar medidas a nivel estatal que afecten a todos los territorios, como una nueva bajada de sueldos a los funcionarios.
A su parecer, son "necesarias" medidas "serias" para recortar el gasto porque no es "deseable" aumentar la presión fiscal en estos momentos y hay que reducir "sí o sí" el déficit público al 6% para evitar una situación que podría ser "complicadísima" y generar una turbulencia similar a la de Portugal y Grecia.
En esta misma línea se ha mostrado Juan Rubio desde Fedea, quien está convencido de que pasará "algo" estos meses porque es necesario reducir el déficit público al 6% al cierre del ejercicio para evitar un "coste altísimo" para el Estado.
En concreto, ha asegurado que espera alguna medida con carácter retroactivo porque el país está ya "fuera de tiempo" y ha coincidido con Miralles en que una nueva rebaja del sueldo de los funcionarios sería una de las posibilidades para obligar a las comunidades a recortar el gasto.
Rubio, además, no ha descartado nuevas subidas de impuestos porque España tiene una presión fiscal muy baja, y ha apostado por sacar de las manos de los políticos la política fiscal y ligarla más a comisiones de expertos, tal y como ocurre en otros países europeos y como en su día se hizo con la política monetaria.
Por su parte, el director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, ha admitido que ve un riesgo de desviación "importante" en las comunidades, lo que, a su parecer, supone un "contratiempo y una señal muy negativa para los mercados" y obligará a los gobiernos autonómicos a ser "muy austeros y comprometidos".
Además, la administración central tendrá que ser "muy cautelosa" porque es posible que tenga que compensar la desviación autonómica con nuevas medidas que, en cualquier caso, tendrán que ligarse a la vía del gasto y "bajo ninguna circunstancia" al incremento de ingresos con nuevas subidas fiscales que retrasarían la recuperación.
Izquierdo ha admitido que pueden aparecer cifras de déficit no reconocido en algunas comunidades tras las elecciones del pasado 22 de mayo, y ha resaltado la importancia de que el Estado cuente con un plan de contingencia por si finalmente las comunidades no cumplen el guión y la administración central tiene que asumir sus desviaciones.

sábado, 11 de junio de 2011

Fitch reclama a las comunidades autónomas nuevos esfuerzos para lograr cumplir los objetivos de déficit

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha reclamado a las comunidades autónomas españolas "continuados esfuerzos" para lograr cumplir con los objetivos de déficit marcados para este año, y ha mostrado su preocupación ante el hecho de que algunas regiones no hayan llevado a cabo un mayor control del gasto. 

   Fitch ha reconocido que los resultados presupuestarios del primer trimestre del año de las autonomías publicados por el Ministerio de Economía le han generado "algunas preocupaciones", ya que algunas regiones aún no han mostrado evidencias de que frenarán su gasto lo suficiente para lograr el objetivo de déficit del 1,3% del PIB nacional para este año.
   Aunque reconoce que es "demasiado pronto" para evaluar si todas las regiones serán capaces de cumplir con los límites de déficit, los resultados publicados hasta la fecha muestran que, en general, los actuales ingresos siguen cayendo, en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que los gastos aumentan.
   Asimismo, la agencia señala que, aunque algunas regiones han realizado "esfuerzos considerables" para recortar el gasto, es necesario aún "más trabajo" para lograr cumplir el objetivo general de déficit para esta año.
   Las comunidades autónomas cerraron el primer trimestre del año con un déficit de 5.000 millones de euros, el 0,46% del PIB. Las peor situadas entre enero y marzo fueron Islas Baleares y Castilla-La Mancha, con un déficit del 0,97% del PIB, seguidas de Murcia (-0,89%) y País Vasco (-0,77%). En el lado contrario se situaron las únicas tres comunidades que lograron superávit: Aragón (0,19%), Galicia (0,14%) y La Rioja (0,18%).
   Fitch subraya que sólo diez autonomías informaron de un menor porcentaje de crecimiento del gasto durante el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del pasado año, cuando esperaba que un mayor número de regiones hubieran hecho "mayores esfuerzos" para controlar el gasto.
   Además, destaca que el hecho de que las autonomías controlen servicios básicos en materia de sanidad y la educación, hace más difícil que se puedan llevar a cabo recortes del gasto.
   Respecto a los ingresos, señala que mostraron en general un "ligero descenso" comparados con el trimestre anterior (-1,42%), aunque incide en que, desde un punto de vista individual, los datos mostraron una gran disparidad, ya que van desde el crecimiento del 9,9% en el País Vasco hasta la caída superior al 11% en Navarra y Baleares.
   Fitch señala que el elevado desempleo, la baja actividad en el mercado inmobiliario y una débil demanda de los consumidores fueron los responsables de esta caída de los ingresos, ya que parte de los impuestos que controlan están ligados a estas situaciones.
   Por otra parte, la agencia celebra la "transparencia adicional" ofrecida por el Ministerio con la publicación trimestral de los datos de ejecución presupuestaria de las autonomías.
   Sin embargo, también cree que las auditorías regionales anunciadas por el Partido Popular para los gobiernos autonómicos que controlará tras las elecciones del 22 de mayo podrían revelar déficits "escondidos" en algunas regiones, que hagan más complicado cumplir con los objetivos marcados.
   "Fitch analizará con preocupación la fiabilidad de los informes y las cuentas de estas regiones si, como consecuencia de estas auditorías especiales, se materializan unos déficits mayores de los que se han registrado hasta ahora", advierte.
   Por otro lado, Fitch subraya que en la actualidad mantiene la perspectiva 'negativa' en las diez autonomías españolas que califica, debido a que su calidad crediticia se ha deteriorado en los últimos años después de la contracción económica y de los altos déficits acumulados.
   Así, añade que entre los elementos más importantes que permitirían revisar las calificaciones a 'estable' se encuentran el pleno cumplimiento de los planes de reequilibrio, la contención del incremento de la deuda de los últimos años y el regreso a un balance corriente positivo.

Alertan de que las administraciones públicas se están financiando con el retrasao de pagos a los proveedores

BARCELONA.- La Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (Asset) ha alertado de que las demoras de pago de las administraciones a sus empresas proveedoras está provocando cierres por falta de liquidez.

   En la asamblea anual de Asset, el presidente de la entidad, Josep Badia, ha defendido que para salir de la crisis "hay que hacer muchas cosas, la primera, cumplir las leyes, por ejemplo la ley de morosidad".
   En este sentido, ha argumentado: "No podemos permitir que nuestras empresas substituyan, de facto, a las entidades financieras como entes financiadores de la Administración pública".
   Por otro lado, Badia ha abogado por la simplificación administrativa, y en este sentido ha celebrado la ley omnibus impulsada por la Generalitat.
   Asimismo, ha reivindicado: "Las empresas precisan que las leyes sean claras, duraderas y den pie a pocas interpretaciones. Es por eso que, leyes como la Reforma Laboral y también la de la Reforma de la Negociación Colectiva, que se pueden convertir en normas abstractas, difusas, poco concretas y poco perdurables en el tiempo, hacen un flaco favor a la recuperación económica".

Un centenar de 'indignados' se concentra ante el Ayuntamiento de Murcia para reclamar el 'Pacto del Buen Gobierno'

MURCIA.- Más de un centenar de 'indignados' han realizado una sentada ante el Ayuntamiento de Murcia, situado en la plaza de la Glorieta, para reclamar el 'Pacto del Buen Gobierno', al tiempo que han hecho llegar a las autoridades una serie de demandas ciudadanas para el Consistorio murciano, tras insultar con gritos de "chorizos" y "sinvergüenzas" tanto a los concejales como al público asistente al salón de plenos..

   Previamente, los acampados en la plaza de la Glorieta de Murcia han acudido, a las 10.00 horas, al registro general de la Delegación del Gobierno, situada en el edificio del MOPU, para presentar un escrito por cada uno de los 45 municipios de la Región para reclamar el 'Pacto del Buen Gobierno'.
   Y es que, a las 11.00 horas, comenzaba el acto de investidura de los nuevos concejales en el Ayuntamiento de Murcia, una circunstancia que los 'indignados' han aprovechado para realizar una sonora pitada y para hacer llegar una serie de propuestas ciudadanas.
   Vestidos con camisetas rojas, ha demandado un reglamento de participación cuidadana que recoja la aplicación de presupuestos participativos en barrios y pedanías. Además, han pedido que se informe a la ciudadanía del salario bruto del alcalde y los concejales, citando de manera explícita todos los conceptos.
   Por otro lado, ha demandado la conservación y el respeto de los ecosistemas del Río Segura y El Gorguel, con una gestión pública y transparente del conjunto natural de la Región de Murcia. Asimismo, independientemente del resultado judicial, reclaman que se demande a los implicados en el caso 'Umbra', presunta trama de corrupción urbanística en el muncipio de Murcia.
   Igualmente, piden que la ciudadanía sea informada de todas las ayudas y subvenciones, aportando un listado de las mismas, su criterio de adopción, "especialmente aquellas en las que el alcalde ha afirmado que no supondrán ningún gasto para los ciudadanos, como el Tranvia de Murcia y el parque Terra Natura".
   Los 'indignados' también han pedido que "cese de inmediato" el canon a la empresa Tribugest, en concreto la recaudación ciudadana, "porque el ayuntamiento no debe pagar por un trabajo que no realizan".
   Por otra parte, han propuesto una serie de medidas para las familias que tengan a todos sus miembros en el paro y que no tengan ingresos. Entre ellas, han pedido gratuidad para el transporte público, no interrupción del suministro del agua y luz, bonificación del IBI y la no ejecución de embargos de bienes.
   Al hilo, han reclamado que el Ayuntamiento acabe con la precariedad y cumpla con el 'Acuerdo de Condiciones de Trabajo', "especialmente en lo relacionado con la 'Oferta de Empleo Público', eliminando la situación anómala de más de 300 contratados, alguno con más de cinco años de antigüedad".
Sin discriminar ni distinguir a quienes salían por la puerta principal del ayuntamiento de Murcia, y tras varias horas de pitadas, bocinazos, sirenas y toques de trombón de varas, los acampados, separados decenas de metros de la sede consistorial por vallas, y vigilados por unos 40 agentes de las policías Local y Nacional, han abucheado y gritado consignas contra la corrupción.
El alcalde, Miguel Ángel Cámara, del PP, ha salido del edificio por la puerta principal una hora y media después de finalizar la lectura de su discurso de investidura, una vez que se habían retirado las vallas y cerrado la puerta principal del ayuntamiento, por lo que quienes lo estaban esperando para increparlo ya no estaban ante ella.
Quien más ha sufrido las vejaciones ha sido el edil del PP Cristóbal Herrero, que ha sido rodeado y perseguido por un grupo de concentrados, algunos de los cuales le han gritado con megáfonos a escasa distancia de su oído que era un "asesino del pueblo", que se iba "a enterar" y que estaba "vendiendo la región de Murcia céntimo a céntimo", mientras él trataba de charlar con unos amigos en la terraza de un bar de la cercana plaza del Cardenal Belluga.
Otros ediles del PP, como Joaquín Moya-Angeler y José Ros, han sido protegidos por varios policías mientras escuchaban vituperios de los indignados al recorrer el escaso trecho que los separaba del aparcamiento subterráneo en el que tenían su coche estacionado.
Dos concejales del PSOE, el portavoz del grupo municipal, Pedro López, y la número 3 de su lista, Andrea Judith Garries, se han acercado a las vallas protectoras para tratar de hablar con los indignados, entre los que había división de opiniones al respecto.
Mientras unos pedían "silencio, dejadlos hablar", otros les gritaban "oportunistas", "no nos representan" y "PSOE, PP, la misma mierda es", al tiempo que algunos le solicitaban que fueran a la asamblea de los acampados para explicarles el pacto del euro.
"Cuando queráis", intentaba hacerse oír López, a quien le contestaban que los acampados estaban allí todos los días desde el pasado 17 de mayo, por lo que el próximo martes hará un mes que instalaron sus tiendas de campaña.
En una de las pancartas podía leerse "En el circo de Fofito hay más valores y menos payasos", y entre las consignas se coreaban la repetida "Oe, oe, oe, lo llaman democracia y no lo es" y "En cada ayuntamiento, un centro social" o "Manos arriba, esto es un atraco".
   Finalmente, se han mostrado en contra del "latrocinio del pueblo y las privatizaciones, porque detrás de las privatizaciones se esconde el paso de patrimonio y recursos de todos a manos de unos pocos, que suelen ser amigos de los políticos de turno".

El PSOE gobernará en Ricote y el PP en los ayuntamiento de Mula y Librilla

MURCIA.- El Partido Socialista (PSOE) gobernará finalmente en Ricote, tras recibir el apoyo del AIRE, mientras que el PP lo hará en los ayuntamiento de Mula, al ser la lista más votada, y Librilla, después de que la candidata del UPrL, María del Mar Hernández, decidiera retirar su candidatura para evitar que los votos del PSOE, formación de la que fue secretaria general hasta la crisis que provocó su salida, la hicieran a ella alcaldesa.

   Así, el PSOE se ha hecho con la alcaldía de Ricote tras recibir el candidato socialista, Celedorio Moreno, el apoyo de María Victoria Martínez, edil del grupo independiente AIRE que ha desequilibrado el empate a cuatro concejales de los dos grandes partidos.
   Por su parte, el Partido Popular gobernará en el municipio de Mula al votarse así misma IU-Verdes y ser la lista 'popular', encabezada por José Iborra, la más votada en las Elecciones Municipales 2011. El PP y el PSOE estaban empatados a siete concejales por lo que IU, con dos ediles tenía la 'llave' de gobierno.
   En Librilla, en donde el PP ganó con cinco concejales, PSOE obtuvo dos ediles y Unión Progresista por Librilla (UPrL) obtuvo cuatro, los 'populares' se han alzado con la alcaldía, después de que la candidata del UPrL, María del Mar Hernández, rechazara los votos del PSOE, del que fue secretaria general hasta su salida.
   Y es que, los dos ediles socialistas habían manifestado su intención de votar a Hernández Porras, con lo que lograrían mayoría absoluta en detrimento de Montalbán, que lideró la lista más votada y obtuvo cinco representantes.

viernes, 10 de junio de 2011

El Gobierno central no autorizó hoy a Murcia a más endeudamiento

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Madrid a realizar operaciones de préstamos en el exterior y una o varias emisiones de deuda pública a largo plazo, hasta un importe máximo de 2.041.732.350 euros. Pero no lo ha hecho con la Comunidad Autónoma de Murcia.

   Asimismo, la Comunidad Autónoma de Galicia podrá realizar una o varias emisiones de bonos u obligaciones a largo plazo, hasta un importe máximo de 485.800.000 euros.
   Estas operaciones corresponden al primer tramo de autorizaciones de endeudamiento para 2011 previsto en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que equivale al 0,65 por 100 del PIB de cada Comunidad Autónoma. En el caso de la Comunidad de Madrid incluye también la financiación de déficits de ejercicios anteriores.
   El Ejecutivo ha explicado que los importes que se autorizan se encuentran dentro de los límites de endeudamiento que se derivan de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, son conformes con los respectivos Programas Anuales de Endeudamiento acordados entre el Estado y dichas Comunidades Autónomas, y se autorizan según lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la Ley Orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, de 2001.
La portavoz del Gobierno regional murciano, María Pedro reverte, había mostrado hoy su esperanza en que el Consejo de Ministros autorizase este viernes a la Comunidad Autónoma de Murcia "otra parte importante" de la emisión de deuda que fue aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
   "Pediríamos que se autorice todo, pero si no puede ser todo, una parte", había añadido Reverte, quien había señalado que la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García "tampoco tiene conocimiento" de la autorización.
   La portavoz ha recordado que "el Consejo de Política Fiscal y Financiera autorizó el 27 de abril a la Comunidad el endeudamiento de los 700 millones de euros, mientras que el 13 de mayo se autorizaron los primeros 150 primeros millones", por lo que ha considerado que ha pasado ya "el tiempo más que suficiente para que el Gobierno autorice la emisión de la deuda".

Valcárcel se apresta a cambiar su gobierno antes del mes de julio

MURCIA.- La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, ha reconocido hoy que "hay que respetar los tiempos" y habrá que esperar unos días para que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel dé a conocer la composición del próximo Consejo de Gobierno.

   Al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Reverte ha recordado que este sábado se constituyen los 45 ayuntamientos, el martes que viene se constituye la Asamblea Regional, después viene el debate de investidura y ha anunciado que será posteriormente cuando el presidente "dé cuenta de la formación del próximo Gobierno".
   Sobre su continuidad, Reverte ha dicho que es una decisión que tiene que adoptar "exclusivamente el presidente de la Comunidad", aunque ha reconocido que ella ha trabajado y sigue trabajando "muy a gusto".
   "En el Gobierno estamos preocupados y ocupados en la reconstrucción de Lorca y en seguir adoptando medidas para paliar la situación de crisis económica y el empleo en la Región", ha añadido.
   Sobre la celebración del debate de investidura, Reverte ha adelantado que no va a tener lugar esta semana, sino la siguiente, posiblemente el 21 y el 22 de junio.
   Así, el 21 de junio "sería la intervención del presidente en funciones y, al día siguiente, sería el debate con los grupos parlamentarios".