domingo, 17 de octubre de 2010

La clase política murciana busca recuperar la confianza ciudadana

MURCIA.- La visión que los ciudadanos tienen de los políticos se ha deteriorado en los últimos meses y muchos de ellos, de uno y otro signo, admiten que una parte de la responsabilidad es suya, aunque también culpan a los medios de comunicación de transmitir una imagen que no se ajusta al verdadero trabajo que desarrollan.

La falta de acuerdos en cuestiones graves, como la crisis; la generación de demasiadas expectativas entre los ciudadanos en tiempos en los que se tiene menos margen de maniobra y los casos de corrupción son las principales causas que, según los servidores públicos de la Región, han contribuido a generar esa percepción, de la que se volvió a hacer eco el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Según los resultados de la encuesta de septiembre, publicados el lunes pasado, el paro, los problemas económicos y los partidos son, por este orden, los problemas que más preocupan a los ciudadanos del país.

Para la mayoría de los políticos de la Región de Murcia consultados por 'La Opinión', la mala percepción que, según el CIS, existe sobre su labor es consecuencia directa de la crisis económica. Esta es la opinión del presidente de la Asamblea Regional (PP), Francisco Celdrán, quien recuerda que esta circunstancia «no es nueva ni exclusiva de la clase política española. 

En tiempos de dificultades, los ciudadanos depositan mayores expectativas sobre los políticos que, en muchas ocasiones, no se corresponden con la capacidad real de los mismos,», añade el máximo dirigente del PP en Cartagena, quien no obstante admite que la culpa de generar esas mayores expectativas en parte es de los dirigentes, «que en ocasiones somos demasiado contundentes en nuestras afirmaciones».

Mientras, para Pedro Saura, secretario general del PSRM, y Begoña García Retegui, candidata del mismo partido para las autonómicas de 2011, la corrupción tiene mucho que ver con la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos. Además, consideran que los «excesos» de gasto de las Administraciones en épocas de dificultades económicas favorecen esa desconfianza.

Para el coordinador de IU en la Región, José Antonio Pujante, es la falta de crítica constructiva y de formación política, tanto de los que representantes de los ciudadanos como de éstos, la causante de este distanciamiento entre ambos. Al igual que Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena (PP), no duda en culpar también a los medios de comunicación de generar esta situación.

Para Pujante, no se reflejan convenientemente las alternativas de la oposición y se tiende al titular fácil y llamativo, mientras que Barreiro considera que, al cargarse las tintas contra los políticos y los partidos, «que son los legítimos representantes de los ciudadanos», se está haciendo «flaco favor» precisamente a los fundamentos de la sociedad democrática.

Fernando Jiménez, profesor de la UMU: «La ola de corrupción nace de la sensación de impunidad»

MURCIA.- Fernando Jiménez Sánchez (Almería, 1963) es Profesor Titular de Universidad en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia desde septiembre de 2003. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor-Miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Es también evaluador en el Programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Justicia de España. En estos momentos dirige un proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+I titulado «El control de la integridad de los representantes públicos en España-I: La corrupción política asociada a la actividad urbanística (2009-2011)». Lo entrevista hoy el diario 'La Verdad'.

Marbella. Menorca. Lanzarote. Tres modelos de desarrollo urbanístico diferentes y tres modelos de corrupción diferentes. El primero de ellos, Marbella, máximo exponente de los abusos de poder por parte de los representantes públicos, con un partido, el GIL, que llegó a poner la ciudad entera a su servicio. El segundo, Menorca, ejemplo de crecimiento sostenible y de respeto medioambiental. Y, por último, Lanzarote, que lo tenía todo para convertirse en un paraíso (la declaración de Reserva de la Biosfera, la labor de la Fundación César Manrique...) y donde proliferan los atentados urbanísticos. ¿Qué distingue unos lugares de otros? ¿Por qué la corrupción campa a sus anchas en un sitio y no en otro? Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y evaluador del programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, lleva años estudiando el fenómeno y tratando de hallar respuestas. Aquí ofrece algunas de ellas.
-¿Hay alguna fórmula para atajar los comportamientos desviados?
-La literatura sobre corrupción se dirige en último término a tratar de ofrecer respuestas prácticas. No hay una solución única, porque las causas de la corrupción son siempre complejas y la lucha debe abarcar un abanico amplio de medidas. Lo esencial es empezar por cortar el clima de impunidad. Cuando uno estudia los sumarios judiciales y escucha las conversaciones grabadas a los dirigentes de estas redes, te das cuenta de la absoluta sensación de impunidad que tienen.
-Habla, pues, de medidas policiales y judiciales...
-Sí, judiciales, procesales... Hay que mejorar mucho la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con medidas como dejar la instrucción de los casos a los fiscales, que creo que sería algo clave. El juez debe quedarse para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Pero las investigaciones deben ir orientadas a un fin, y eso debe hacerlo el fiscal, contando con más medios técnicos y humanos. Lo primero , insisto, es romper la sensación de impunidad, que es lo que ha hecho crecer la ola de la corrupción.
-Es que estos delitos, en un enorme porcentaje, salen gratis.
-Exacto. Eso hay que cortarlo de manera radical. Pero otro problema es que en España tenemos un clima social bastante particular, y en algunos territorios bastante preocupante, que es de tolerancia hacia la corrupción y hasta de emulación picaresca: 'Ya me gustaría estar a mí en ese cargo para hacer lo mismo'.
-Además se está dando la paradoja de que aquellos cargos públicos sospechosos de corrupción no sólo no acaban pagándolo en las urnas, sino que encima obtienen un mayor respaldo popular.
-El propio Jesús Gil tuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas. Las causas de esto son muy diversas. Muchos de estos corruptos establecen relaciones clientelares muy sólidas y el sindicato de beneficiarios de la corrupción suele ser muy amplio. Por ejemplo, Gil convirtió Marbella en el tercer ayuntamiento con más plantilla de personal de toda Andalucía: 3.500 familias vivían de eso. Lo cual, unido a políticas muy populistas, como sacar la prostitución del casco urbano, da buen resultado. Los corruptos que juegan bien a esto son muy populistas y eso les da una gran base social.
-Y si encima se le suma la justificación, por parte de muchos ciudadanos, de esos abusos de poder...
-Esa tolerancia tiene una razón muy a largo plazo, que se explica por nuestra reciente historia política, por nuestro enorme recelo hacia las instituciones públicas... Parece que lo público no sea nuestro.
-Es realmente curioso, porque nadie consentiría que en su casa o en su empresa alguien metiera la mano en la caja. Y, sin embargo, no preocupa en absoluto que se esquilmen las arcas públicas.
-Es que no las consideramos nuestras. Nunca nos hemos identificado con las instituciones públicas.
-Lo cual supone una diferencia brutal con otros países, como los del norte de Europa.
-Exacto. Los países nórdicos tienen una cultura política totalmente distinta. Está el protestantismo, la cultura de la responsabilidad individual, de la transparencia... Como miembro del GRECO, cuando hemos ido a hacer evaluaciones a estos países vemos que apenas tienen mecanismos contra la corrupción. ¡Pero es que no los han necesitado! Allí los funcionarios tienen un sentido de la ética pública y del interés general muy fuerte. Y los países anglosajones son los que más han desarrollado políticas anticorrupción; han tenido problemas, pero han puesto instrumentos para atajarlos. El que la hace la paga, vamos. Han reaccionado bien.
-Y, en cambio, los mediterráneos...
-...pues hemos tenido muchos problemas de corrupción y no hemos sacado lecciones de ello. Hemos hecho algunas cosas, como la reestructuración de la Fiscalía, que ha dado un giro importante y ha hecho aumentar exponencialmente las diligencias de investigación abiertas, incluso las condenas por corrupción.
-¿Pero no cree que responde más a la voluntad de algunos fiscales que a una política general de la Fiscalía? Porque la persecución de esos delitos varía mucho por zonas...
-Sí. Efectivamente. No hay dos provincias iguales. Aquí tenemos suerte de contar con un grupo de fiscales que se mueve mucho y que está muy bien valorado a nivel nacional.
-Y, sin embargo, está siendo la institución más castigada y con ataques más serios dirigidos a desacreditarla.
-Claro, porque es la que está moviendo el árbol. Por otro lado, esa estrategia para desacreditarla no es nada tonta; es eficaz. Y es así porque la valoración que los españoles tienen de la Justicia ya era muy mala de entrada. De ahí que si dejas caer que los fiscales o los jueces de instrucción no son imparciales, sino que están condicionados por alguien, eso cae en terreno abonado.
-¿No ocurre que la relación de muchos ciudadanos con los partidos políticos es de llevar puesta la camiseta, como si se tratara de un equipo de fútbol, y así se justifica todo lo que hagan: hemos perdido por el árbitro, han detenido a este alcalde porque el fiscal actúa condicionado...?
-La reacción del grupo mayoritario de votantes es propia..., no de 'hooligans', que sería un término excesivo, pero sí de hinchas. Es ahí donde calan esos mensajes, del tipo Cospedal o Trillo. Pero hay un porcentaje de personas con más capacidad de crítica y de distanciamiento.
-Este tipo de reacciones por parte de los partidos políticos, tratando de desacreditar la acción de las fuerzas de seguridad, de los fiscales, de los jueces..., ¿no supone estar minando los cimientos del Estado de Derecho? ¿No se está cuestionando la actuación de unas instituciones que son básicas para nuestro sistema democrático?
-Por supuesto. Absolutamente. Es una estrategia suicida, peligrosísima, para el sostenimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Socava sus cimientos. Es peligrosísimo, insisto. Cuando un partido mayoritario dice sentirse maltratado por la Administración de Justicia, en este caso es el PP, pero que antes era el PSOE, con el 'caso Filesa', el que se decía perseguido..., eso es muy peligroso. Son ellos, como legisladores, los que tienen la mayor responsabilidad en que una institución como la Justicia funcione bien. Si están convencidos de que no funciona bien, que no hagan una campaña de ello, ya que supone un descrédito absoluto para nuestras instituciones; y, en segundo lugar, habrá que preguntarles por qué cuando gobernaron no pusieron las medidas para garantizar que fuera imparcial. ¡Es que todos han estado antes en el gobierno! Llevan una estrategia suicida y equivocada.
Responsabilidad política 
 
-Estos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, ¿están sabiendo asumir sus responsabilidades política ante estos casos de corrupción?
-No todos están reaccionando igual; unos actúan un poco más, y otros un poco menos. Hay un problema general, que tiene un formato de dilema, y es que, si vas contra tus militantes, te puedes quedar sin partido en esa localidad: el alcalde expulsado forma su propio partido y acaba sacando mejores resultados. Por eso no se toman decisiones drásticas: no tanto por proteger a sus afiliados, sino por estrategia electoral. Y es que tenemos unos partidos que para existir necesitan tener el poder en las instituciones. Pero hay una última razón, que consiste en que en muchos de estos asuntos de corrupción ha acabado saliendo la financiación...
-...la financiación ilegal del propio partido, ¿verdad? Quería llegar ahí. Nos encontramos con militantes que están pidiendo dinero para su partido, que incluso son premiados con cargos públicos por esa labor recaudatoria, y a los que, claro está, difícilmente se les podrá convencer de que es lícito pedir dinero para el partido, y que no lo es pedirlo para ellos mismos.
-Este ha sido uno de los grandes problemas y de las grandes coartadas de la corrupción. La necesidad de contar con esas líneas irregulares de financiación ha llevado a desactivar mecanismos de control que existían. En gran medida, los escándalos de principios de los 90..., aunque el primero fue el de la adjudicación de los contratos de las basuras en Madrid, aquel caso de Alonso Puerta en 1982 o 1983, y luego el 'caso Flick'..., pues de ahí se pasó a escándalos como el de Juan Guerra, que causaron gran rechazo entre los propios militantes del PSOE porque se dieron cuenta de que se estaba quedando para sí mismo con el dinero. No se pueden hacer distinciones sobre si es más moral recaudar para el partido o para uno mismo. Es totalmente rechazable siempre.
-Pues seguimos sin aprender mucho al respecto, porque en los actuales casos de corrupción siguen estando presentes la financiación ilegal de los partidos y la 'financiación' personal.
-Efectivamente. Los circuitos que se crearon para financiar irregularmente a los partidos han ido haciéndose cada vez más autónomos y se ha ido compatibilizando la 'alimentación' del partido y la propia. Y se han llegado a dar redes totalmente autónomas, que aparentaban recaudar para el partido cuando en realidad lo hacían para esas propias personas.
-¿Está el urbanismo en la base de todos estos grandes escándalos?
-Casi todos giran en torno a la contratación administrativa y, más recientemente, en los años del 'boom' inmobiliario, entre 1995 y 2006, en torno al urbanismo, que es la gran fuente de corrupción.
Plusvalías millonarias 
 
-Debe ser muy difícil sustraerse al hecho de que, por una simple decisión política, se generan unas plusvalías millonarias. Muchos de esos políticos pedirán 'su' parte.
-Las conversaciones de los sumarios de corrupción desvelan cómo el alcalde o los concejales, o redes de funcionarios, o redes mixtas..., plantean a los promotores que se están llevando muchos millones gracias a su decisión, y que algo deben repartir..., para el partido o para ellos.
-¿Por qué aparece tanto Murcia? ¿Por el empeño de los fiscales, porque hay más corrupción que en ningún otro sitio...?
-No sólo Murcia. También Comunidad Valenciana, Baleares, Costa del Sol, Canarias... Tenemos una de las mejores fiscalías y además compartimos muchas cosas con Alicante, la Costa del Sol... Y teníamos mucho territorio virgen y con un gran atractivo turístico. Creció mucho el parque de viviendas turísticas y por eso había más ocasiones para la corrupción.
-¿La corrupción responde a una crisis de valores?
-No exclusivamente. Por supuesto, los valores influyen en el comportamiento. La integridad debe venir puesta de casa, como me decía un alto cargo andaluz. Pero, por si acaso fallan los valores, deben existir instrumentos de control eficaces.
-Los mecanismos de control de los propios partidos...
-Eso es un desastre (se ríe).
-...¿se están aplicando?
-Se presentan medidas, y documentos, y decálogos hechos 'ad hoc', como estrategia electoral o política, pero nunca como aplicación real de un código moral o de conducta. Los códigos son de risa en el caso de los dos grandes partidos, y la aplicación a sus militantes es también de risa. No hay ningún órgano independiente que haga la investigación y decida si corresponde imponer una sanción; finalmente es la propia ejecutiva la que toma las decisiones. Hay un desprecio absoluto... Los partidos podían haber hecho mucho para atajar la corrupción, porque ese fenómeno va más allá del Código Penal. Por ejemplo, con los conflictos de interés y las incompatibilidades.
-El otro día decía el presidente del PP murciano, Ramón Luis valcárcel, que a la hora de exigir responsabilidades a los afiliados sospechosos de corrupción sólo se fiaba de su pálpito personal, de su olfato...
-Es ridículo. Eso es ridículo. Pero en estos casos no existen diferencias entre el PP y el PSOE. Hace un tiempo hice un estudio sobre los mecanismos internos de control de la integridad en el PSOE y en el PP y me costó horrores encontrar sus códigos de conducta. ¡Es que ni los tenían en su web, cuando tendría que ser su catecismo! Eso te da una idea de la voluntad real que tienen de erradicar esos comportamientos.

La Región de Murcia sigue haciendo el ridículo en Bruselas, ahora por 'Novo Carthago'

MURCIA.- La Unión Europea ha lanzado un nuevo manguerazo de agua fría al proyecto urbanístico de mayor envergadura defendido en la última década por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, junto con los de Lo Poyo y La Zerrichera, descartados por problemas judiciales. Siguiendo la metáfora, lo relevante es que en este caso las autoridades comunitarias han echado sobre la macrourbanización más agua y aún más fría, porque no sólo insisten en sus dudas sobre el grado de impacto en el entorno del Mar Menor y el saladar de Lo Poyo sino que afirman ya que el proyecto en sí no está suficientemente justificado, revela hoy 'La Verdad'..

«Los motivos aducidos por las autoridades españolas para justificar este plan o proyecto son 'razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica', justificados en 'los 8.000 puestos de trabajo directos que generaría la actuación con una inversión de aproximadamente 1.000 millones de euros'. Sin embargo, no se aporta ningún documento o análisis que permita confirmar esa aseveración», afirma la Comisión Europea en un informe al que ha tenido acceso en exclusiva 'La Verdad'.
Se trata de una carta remitida el pasado mes de julio pasado por el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ladislav Miko, al Ministerio de Medio Ambiente español y la Comunidad Autónoma en la que resume las conclusiones a las que ha llegado su departamento tras analizar la documentación remitida por esta última en relación con Novo Carthago.
Desde 2005, las autoridades comunitarias se han interesado en tres ocasiones por los pormenores de la macrourbanización proyectada por la promotora Hansa Urbana, que quiere levantar 12.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en una zona protegida por sus valores naturales. En concreto, el paraje de San Ginés de la Jara está incluido en la Red Natura 2000 y destaca por la presencia del humedal o saladar de Lo Poyo y una Zona de Especial Protección de las Aves (Zepa).
En su último informe a la Comisión Europea la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad (de la Consejería de Agricultura y Agua) explicó que había diseñado una serie de «medidas compensatorias» para reducir el impacto ambiental de la urbanización sobre la zona.
Datos de otros residenciales
Sin embargo, el Gobierno regional admitió que esas precauciones «mitigarían pero no eliminarían los riesgos de repercusiones negativas» sobre la Red Natura 2000, y en especial por las «especies y la potencialidad ecológica» de la ZEPA.
Ante esta respuesta, Bruselas pidió más papeles a las autoridades regionales para conocer con detalles si se cumplirá la llamada Directiva de Hábitats (en su artículo 6.4) y sigue insistiendo en que de momento no está acreditado «que se haya realizado una adecuada evaluación de las repercusiones del proyecto teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los lugares de la Red Natural 2000 afectados».
En concreto, se refiere al paisaje de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y cita «los impactos acumulados con otros planes o proyectos existentes en la zona». Es decir, que no basta con evaluar de forma aislada Novo Carthago sino ponerlo en relación con la presión urbanística actual de la ribera del Mar Menor y los planes de nuevas urbanizaciones en la zona.
Bruselas echa en falta medidas «específicas» para la «conservación del lugar y los hábitats y especies perjudicados, y que sean proporcionales desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo».
Más y mejores medidas
La Unión rechaza por ejemplo restaurar sólo una parte del humedal de Lo Poyo, y quita valor a construir un Centro de Interpretación y Conservación del saladar. Es más, a su juicio esto último «no proporciona ningún tipo de compensación específica de los efectos negativos del proyecto» ni asegura «la coherencia global de la Red Natura 2000».
Bruselas pide un esfuerzo en cantidad y calidad, y sugiere a las autoridades españolas que apliquen el derecho europeo según los consejos de dos documentos de la Comisión.

La crisis y el fin de Bretton Woods II / Alejandro Nadal *

La asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó con la persistencia de desacuerdos básicos, que son un mal presagio. Ninguna de las dificultades fundamentales de la economía mundial pudo resolverse en estos días. La guerra de las divisas está a la vuelta de la esquina y los peores días de la crisis podrían estar de regreso en unos meses. Hasta se dice que 2008 podría ser un día de campo, comparado con lo que viene en 2011.

En Washington nadie esperaba milagros. Después de todo, el FMI perdió la brújula desde el 15 de agosto de 1971. Ese día Nixon ordenó cerrar la ventanilla de compra-venta de oro y terminó el mundo de los tipos de cambio fijos para el que fue creado el FMI en la conferencia de Bretton Woods en 1944. Al cabo de unos años, el Fondo redefinió su misión como promotor de la liberalización financiera a escala global. Y en este nuevo papel pudo presidir sobre una larga lista de crisis financieras, cada vez más frecuentes y profundas. Como se sabe, en numerosos casos la medicina recetada por el FMI resultó peor que la enfermedad.

Poco a poco se fue consolidando un sistema que recibió en los años noventa el nombre de Bretton Woods II. Al igual que antes, el dólar seguía siendo el referente monetario en la economía mundial, pero en el nuevo esquema, Estados Unidos mantenía una posición de consumidor en última instancia y era subsidiado por China y los países exportadores de petróleo interesados en mantener su propio tren de exportaciones. 

Mientras hubo crecimiento, las cosas marcharon más o menos de manera estable. Claro, los gigantescos desequilibrios se fueron acumulando y adoptaron la forma de un astronómico déficit en las cuentas externas de Estados Unidos y su dual, las gigantescas reservas del banco central en China.

Este esquema podía durar mientras las tasas de crecimiento hicieran pensar a todos que el porvenir era brillante y siempre lo sería. Pero ese tipo de expectativas terminan por ser desmentidas por la dura realidad. Siempre se supo que Bretton Woods II era un sistema insostenible y que terminaría por reventar. Pero mientras dura el carnaval, nadie se preocupa por la cruda del día siguiente.

Al estallar la crisis, el conocido dilema de Triffin se manifestó con una claridad deslumbrante. El desplome en la demanda efectiva en Estados Unidos dejó un vacío que había que llenar. El caos en el sector financiero imposibilitó a los bancos estadunidenses fungir como intermediarios entre el ahorro y el consumo, y el gobierno tuvo que entrar al quite con sus estímulos fiscales y rescates de las hipotecarias semioficiales.

Pero el estímulo fiscal y la inyección de la Reserva Federal de más de un billón (castellano) de dólares para adquirir bonos del Tesoro terminaron por sacudir al mundo entero. Para colmo, aunque el estímulo fiscal permitió una especie de recuperación, resultó insuficiente. 

En lugar de mantenerlo y aumentar su volumen, la clase política estadunidense dejará que expire este otoño. La política monetaria, en su esquema de flexibilización cuantitativa, seguirá inyectando liquidez a un sistema que permanece estancado y con altas tasas de desempleo. Encima de todo, la pérdida de valor del dólar no fue suficiente para corregir el déficit comercial.

Hoy las principales economías del mundo están a punto de sufrir una recaída de proporciones alarmantes. En Estados Unidos el sistema bancario no acaba de digerir el desastre del sector hipotecario. El incremento en los costos de operación de los bancos debido a la ejecución de hipotecas vencidas es la peor amenaza del sector bancario. Esta es la cicatriz que dejarán las hipotecas subprime en los estados financieros de los bancos. Lo importante es que para un banco con problemas en la línea de flotación, el incremento en los gastos de operación puede ser el tiro de gracia.

Europa está amenazada por el regreso a la austeridad fiscal de su absurdo Tratado de Maastricht y Japón porque, en el fondo, nunca superó la crisis de los años noventa. La recesión en forma de W para la economía global es casi inevitable. Para las llamadas economías emergentes el problema se agrava porque sus exportaciones se verán afectadas.

Los desequilibrios acumulados en los últimos 20 años tocan a la puerta hoy para reclamar atención. A China se le exige disciplina cambiaria y mayor énfasis en la demanda interna. Pero la percepción en Pekín es que el gigante asiático no puede darse el lujo de perder competitividad en los mercados internacionales. Eso sucedería si aumentan sus costos laborales y se permite la apreciación del renminbi. Por eso China reclama a su vez disciplina monetaria al país que emite los papelitos verdes, que otrora fueron la piedra de toque del sistema monetario internacional.

Es la terminación del sistema de Bretton Woods II. No será un final tranquilo. Y sí, 2011 puede muy bien ser el peor año de la crisis.

(*) Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

Las CC AA, incluida la de Murcia, descartan emitir bonos para particulares

BARCELONA.- Las 16 comunidades autónomas, al margen de Cataluña, no tienen previsto lanzar una emisión de bonos para particulares como ha hecho el Gobierno de José Montilla, con el objetivo de financiarse.

   La Generalitat colocará deuda a un tipo de interés del 4,75%, con un mínimo de 1.000 euros de inversión por particular, por un importe global de hasta 2.500 millones de euros.
   Entre las comunidades que no adoptarán una iniciativa similar figuran Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Baleares, Cantabria y Extremadura.
   Fuentes de la Xunta de Galicia han explicado que, por el momento, el Gobierno gallego no se lo plantea y ha recordado que cada comunidad elabora su estrategia "como entiende que le es más favorable a sus intereses".
   La Xunta ha marcado distancias con Cataluña y ha señalado que no todos los gobiernos tiene los mismos problemas de tesorería, y ha recordado que los inversores "están diferenciando claramente a unas y otras autonomías y aplicando primas de riesgo muy diferentes".
   Mientras Canarias ha asegurado que tiene "cubiertas" sus necesidades y no tienen pensado emitir bonos, la Generalitat valenciana ha afirmado que no contempla la necesidad de tener que hace una emisión porque sigue colocando la deuda al ritmo que tiene previsto y al que los mercados lo permiten.
   "Aunque no se pueda descartar en un futuro, en estos momentos no se contempla", aseguró esta semana el conseller de Economía de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, que recordó que "lo más probable es que se acabe el ejercicio sin necesidad de realizar una emisión de este tipo".
   Por su parte, el Gobierno cántabro ha señalado que no tienen previsto nada parecido porque no lo necesita y ha explicado que está negociando operaciones de colocación de deuda a plazo más largo y "en condiciones más ventajosas para la comunidad autónoma".
   La Comunidad de Madrid tampoco valora llevar a cabo una emisión para particulares, lo mismo que Extremadura.
   El resto de comunidades --Aragón, Murcia, Andalucía, Castilla y León-- ha optado por no valorar la emisión que desde Cataluña se ha presentado como una operación que es "perfectamente normal y necesaria" y que "no es fruto de una situación de emergencia e improvisada", según dijo el conseller de Economía catalán, Antoni Castells, esta misma semana.
   El gobierno catalán ha insistido en que la propuesta no nace de un problema de las finanzas de la Generalitat, ya que los mercados se cerraron en mayo y se están abriendo "muy lentamente".

sábado, 16 de octubre de 2010

El letrado Diego de Ramón parece que desea llegar al fondo del blanqueo de capitales en la 'Operación Umbra'

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, como compareciente en las diligencias previas penales abiertas por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia a instancia de la Fiscalía Anticorrupción en relación a un supuesto perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Murcia y varios presuntos delitos derivados de la actuación anterior, ha solicitado como medios indiciarios de investigación judicial varias pruebas para ahondar en el conocimiento de la 'Operación Umbra'.

"1.-Que se re quiera a la Consejería de Economía y Hacienda, en su Dirección General de Tributos, CUANTO DINERO SE HA RECABADO POR LOS IMPUESTOS DERIVADOS DE LAS TRANSMISIONES PRODUCIDAS en los dos millones y medio de metros cuadrados que han adquirido como consecuencia de los seis convenios urbanísticos de Nueva Condomina, objeto de esta instrucción judicial.

¿Qué valoraciones económicas se han dado a dichos terrenos, para ser objeto de base imponible de los impuestos? y ¿Qué funcionarios peritos han dado a esas valoraciones?.y ¿Si aceptaron las tasaciones realizadas por los sujetos pasivos, o les realizaron alguna complementariacon tasaciones propias de la Administración?.

2.-Que se requiera al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma, en su Consejería de Obras Públicas y Transportes, como así al Consejo de Gobierno de la Comunidad, que aprobaron las modificaciones de planeamiento del Plan General de Ordenación Urbana, para poder recalificar dichos terrenos.

3.-Que se requiera a las entidades financieras que han participado en la financiación de dichos seis convenios urbanísticos, para que describan las tasaciones económicas de dichos terrenos, para acceder a los créditos que recibió de las mismas.

4.-Que se contrasten dichas tasaciones anteriores, con las realizadas por la Intervención General de la Agencia Tributaria que las tasó en 300 millones de euros.

5.-Que se requieran INFORMES:

5.1.- Por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales.

5.2.-, de la Agencia Tributaria.

5.3.- y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional.

Dichos informes, deberán rastrear a través de dichas propias Agencias Nacionales españolas y las de colaboración de Agencias Norteamericanas y la Interpol, sobre las sociedades con domicilio fiscal en paraísos fiscales como Islas Caimán, México, Panamá, Luxemburgo, Gibraltar, Suiza, que hayan tenido PARTICIPACION LAS ENTIDADES FINANCIERAS que han dado para la financiación de dichos seis convenios urbanísticos (a nombre de sociedades con participación de dichas entidades financieras, y a nombre de todos los imputados en esta causa, políticos, funcionarios, más los que todavía no están imputados, y han sido cómplices necesarios para la consecución de este fraude fiscal y evasión de capitales.

Y por último, comprobar a TRAVES DE SOCIEDADES DE TASACION HOMOLOGADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA, PARA QUE A INSTANCIAS DE LA POLICIA JUDICIAL, INFORMEN SI HAN DEVALUADO DICHAS TASACIONES,CON MOTIVO DE FRAUDE FISCAL DEL PRECIO REAL,QUE ALCANZARIA,UNA VEZ TASADAS INICIALMENTE COMO LOS 2 MILLONES Y MEDIO DE METROS CUADRADOS COMO RUSTICO NO URBANIZABLE Y DESPUES COMO URBANIZABLE, dichas PLUSVALIAS Y VOLUMEN DE EDIFICABILIDAD como precio real, despues de su aprobación. 

Y SI DESPUES DE SU RECALIFICACION FUERON REALIZADAS TASACIONES POSTERIORES POR LA DIRECCION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA,PARA RECABAR LOS CORRESPONDIENTES IMPUESTOS DENTRO DEL PLAZO DE LOS CUATRO AÑOS,O SI POR EL CONTRARIO SE DEJARON DE REALIZAR DICHAS COMPROBACIONES".

Suena el nombre de Pedro Antonio Ríos para nuevo delegado del Gobierno

MURCIA.- El nombre del ex diputado regional y nacional de IU, el profesor de Enseñanza Primaria, Pedro Antonio Ríos, también  ex asesor político del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, suena, entre otros, como posible sustituto del médico Rafael González Tovar al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia,  según han aceptado esta noche fuentes solventes de este Ministerio.

El nombre de este antiguo comunista no goza, sin embargo, de la aceptación plena de la sede socialista de Princesa pero la apuesta de Rubalcaba parece ser muy fuerte frente a un PSRM cuestionado,  desmoralizado  y sin pulso aunque en un proceso de intento de impulso por parte de la candidata a la presidencia del gobierno regional, la actual diputada Begoña García Retegui.

El ministro del Interior necesita en Murcia un hombre de su plena confianza, conocedor del terreno y el paisanaje para intentar dar un vuelco electoral en las próximas elecciones municipales y autonómicas y asegurar así nuevos apoyos dentro de quince meses a la candidatura socialista a la presidencia del Gobierno de España, con independencia de quien sea el candidato final. 

Rubalcaba parece que quiere jugar a fondo la baza de la hoy más que perdida para el PSOE Región de Murcia y no le vale cualquiera para la gran operación de cirugía política que se precisa y para la que González Tovar ha demostrado con creces que no es capaz después de muchos meses en el cargo.

Aunque el 'aparato' del PSRM, incluso García Retegui, ven un riesgo interno cierto con la irrupción de este independiente de izquierdas, bien sintonizado con el establishment, el apoyo de Rubalcaba coloca a Ríos en una buena posición, frente a otros candidatos del PSOE, para resultar finalmente el nombrado para el cargo en un próximo Consejo de Ministros. 

Ríos (60 años) se dedica al magisterio en el instituto Alcántara desde que en 2009 salió del Grupo Parlamentario del Congreso y del gabinete del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Anteriormente había ocupado la secretaría general del PCE en la Región (en la que sustituyó a Agustín Sánchez Trigueros), una concejalía de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia, un escaño de diputado regional y otro de diputado nacional. 

Sus últimas apariciones públicas fueron como integrante de la plataforma que recogió firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular en favor del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

A principios del pasado mes de julio abandonó Izquierda Unida por su falta de identificación con este proyecto político. Ahora, como otros antiguos compañeros suyos en cargos de confianza del Gobierno Zapatero, Ríos podría acabar ocupando el sillón que va a dejar Tovar.

El portal geográfico Cartomur permite realizar vuelos virtuales en tres dimensiones por el territorio regional

MURCIA.- El secretario general de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José María Bernabé, ha destacado este sábado que el portal de referencia geográfica de la Región, Cartomur, "permite, a través de la aplicación Vuelo Virtual, simular vuelos en tres dimensiones por el territorio regional de una manera dinámica e intuitiva".

   Así, esta herramienta, basada en la cartografía regional, ofrece a cualquier usuario la posibilidad de sobrevolar los 11.300 kilómetros cuadrados de la Comunidad y aproximarse a la costa, a los núcleos urbanos o a cualquier lugar de interés situado en el territorio regional, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Y es que, Cartomur recibe al mes más de 3,5 millones de visitas y ofrece también la posibilidad de conocer toda la información geográfica del territorio regional, programar las rutas más seguras en carretera y mejorar la precisión del navegador GPS.
   En este sentido, Bernabé ha explicado que "entre las aplicaciones del portal Cartomur la más utilizada es la denominada 'Cartoteca', donde el usuario puede consultar la información geográfica de la Comunidad y visualizar mediante ortofotografías de alta precisión la evolución del territorio regional desde 1929 hasta la actualidad".
   Junto a estas aplicaciones también se encuentra 'REGAM' (Red de Estaciones de Referencia GPS Activas de la Región de Murcia), que mejora la precisión de las mediciones obtenidas por los dispositivos de navegación convencionales en cualquier punto de la Región. En la actualidad, ya son más de 300 empresas y organizaciones las que utilizan esta aplicación para proyectos de obra civil, ordenación del territorio, logística y actividades de protección civil.
   Por otro lado, los usuarios que entren en Cartomur también podrán programar con 'Navecarm', de una manera sencilla, sus viajes por carretera y consultar la ruta más segura, económica, rápida y corta desde cualquier punto de la Región.
   "Se trata de un mapa de carreteras digital que, a diferencia del resto de navegadores, cuenta con información sobre los índices de siniestralidad de las carreteras regionales, lo que permite programar los recorridos más seguros, ya que se indican los puntos negros y los Tramos de Concentración de Accidentes", ha subrayado Bernabé.
   Finalmente, ha apuntado que el Servicio de Cartografía de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio "es el encargado de actualizar la información territorial recogida en Cartomur, de modo que se garantice la fiabilidad y validez de los datos de las aplicaciones".

El proyecto para recuperar la bahía de Portmán no está parado y el Gobierno murciano lo sabe

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, ha confirmado que el proyecto para la recuperación de la bahía de Portmán en Murcia "no está parado", algo que el Gobierno murciano conoce, aunque ha reconocido que el Ejecutivo está a la espera de que los expertos les remitan sus "conclusiones" para "definir el proyecto que se va a ejecutar".

   "Es un proyecto que no está parado ni está frenado. Es un proyecto absolutamente complejo. Es la primera vez que en la Unión Europea se propone la recuperación de un lugar como es la había de Portmán donde tenemos residuos procedentes de industrias que eran contaminantes", ha explicado la ministra en rueda de prensa, preguntada por el retraso de dos años que acumula el proyecto.
   Espinosa ha insistido en todo momento en la necesidad de ser "absolutamente cuidadosos" tras advertir del problema que puede suponer recuperar la zona y "trasladar los residuos a otra". 
"No podemos regenerar una zona y a lo mejor trasladar los residuos a otra y generar un problema. Ahí está la gran dificultad, pero desde luego nuestra apuesta es firme. La conoce el Gobierno de Murcia" con el que ha confirmado que continúan las reuniones para impulsar su "puesta en común de los objetivos" del proyecto, ha precisado la ministra.
   Para evitar trasladar los residuos a otra zona, el Gobierno está a la espera de que los expertos le remitan sus "conclusiones" de los distintos proyectos piloto impulsados hasta ahora "para poder definir el proyecto que se va a ejecutar ahí en función de las experiencias que hemos obtenido a lo largo de estos años".
   Espinosa ha recordado que el Ejecutivo central ha impulsado "varios proyectos piloto" en la zona con "inversiones superiores" a los 20 millones de euros y, aunque dejó claro que el Gobierno ha valorado "la posibilidad de extender ese proyecto al resto de la bahía", hay que esperar a "ver qué resultado tienen todos y cada uno de esos proyectos piloto". En todo caso, el proyecto de recuperación de la había de Portmán se someterá a la "consulta de impacto medioambiental" preceptiva para llevarlo a cabo y "a los mejores especialistas".

Han sido los funcionarios / Javier Ortega Cañavate *

El presunto aumento del paro en nuestra región; la pensión media en Murcia (presuntamente de las más bajas de España); el presunto aumento del desempleo en el sector del comercio al por menor (casi cuatro puntos más de la media nacional); el presunto despilfarro del dinero público (utilizado más para el mercadeo de votos que para resolver los problemas y garantizar el futuro de esta región); tres altos cargos de Cultura declarando ante la fiscalía por un caso de presunta corrupción, tres detenidos por presunta corrupción urbanística, y el concejal de Urbanismo en el punto de mira, etc. Me digo a mí mismo: «Lo siento, Ramón Luis, de ésta sí que no pasas».

Sí, ya sé que hasta ahora te ha sido suficiente con mirar a Madrid, o a Castilla-La Mancha, o a Aragón, o a la Unión Europea (vamos, a lo que se tercie) y berrear que ellos tienen la culpa de la precaria situación que se vive en Murcia: que nos dejan sin agua para construir urbanizaciones (que no para la agricultura); que impiden la creación de ruinosos parques temáticos de atracciones (que ni los propietarios quieren montar); que ponen en peligro el futuro sostenible de miles de jóvenes murcianos que aprenden en las facultades a llevar carritos de golf y a manejar las cajas registradoras de los hipermercados (porque de inversiones en una enseñanza de calidad, en investigación, en nuevos modelos de producción, etc., nada de nada). Y no será porque no has tenido tiempo: ¿cuántos años llevas gobernando con mayoría absoluta? ¡Pero la culpa es de todos menos tuya y de tus acólitos! ¡Todos están contra Murcia! —clamas al cielo—. Y aunque parezca de risa te ha funcionado a lo largo de los años.

Nunca has pedido perdón. Nunca has asumido ningún tipo de responsabilidad en la situación actual de la Región de Murcia. Miras hacia otro lado, echas la culpa a los demás, y de tus años de presunto desgobierno, presunto despilfarro, presunto pelotazo y presunta corrupción… si te he visto no me acuerdo. Y así día tras día y año tras año, hasta que has conseguido instalar en esta Región el ´trinque´ de votos o de dinero, el interés particular y el beneficio propio como modelos del proceder político y cívico.

No es la primera vez que lo digo en estas páginas: la Región de Murcia es, desde hace muchos años, de las peores de toda España en cuanto a sanidad, educación, protección social, mujer, inmigración, auténtica cultura (a pesar del ´sobrinísimo´), protección del medio ambiente, trabajo, etc. Y nunca ha pasado nada. Nadie te ha pedido responsabilidades políticas, morales y/o jurídicas jamás (excepto algunos idiotas y esperanzados como yo).

Pero lo cierto es que cuando uno es un presunto irresponsable e inepto; cuando uno se dedica presuntamente a echar balones fuera; cuando uno es incapaz de asumir sus presuntas faltas y limitaciones (que todos las tenemos, incluso tu consejero de Cultura), al final el futuro, en términos jurídicos, te termina atrapando y exigiendo responsabilidades.

Y esto es precisamente lo que va a ocurrir ahora, porque en el mejor de los escenarios posibles, la situación se va a volver insoportable y ya no te va a colar eso de que Zapatero tiene la culpa. ¿O es que ha sido él el que ha negociado los contratos urbanísticos de la zona Norte de Murcia?

Escuche usted, don Ramón Luis (con todo mi respeto por lo que representa), se lo voy a explicar despacio, de una manera clara y simple para que pueda ser entendida, incluso, por los responsables de la consejería de Cultura": es una vergüenza y una inmoralidad lo que, bajo su auspicio, está ocurriendo en esta Comunidad, y como máximo mandatario es, como mínimo, responsable político de tanto descontrol, desgobierno, corruptelas, prepotencias e ineptitudes que campan libremente bajo su mandato.

Y, además, es de una bajeza cívica absoluta lo que el pasado martes ´escupió´ su Cospedal desde Madrid, cuando ni corta ni perezosa, sin que se le tuerza el gesto ni se le mueva un rizo; sin que se le caiga la cara de vergüenza ni tan siquiera se sonrojara o le temblara la voz, dijo: «¡Han sido los funcionarios!». A pelo, sin presunción ni otras zarandajas ¿verdad? Tal cuál lo soltó y acto seguido cambió de tema aludiendo a los verdaderos intereses de los ciudadanos…

Vosotros sí que sabéis (de casta le viene al galgo): la culpa ya no es de Zapatero, sino de los funcionarios, que somos todos unos presuntos corruptos, inútiles, ignorantes y ´me sospecho´ (doy mi palabra´ que tan linda expresión la soltó nuestro presidente Valcárcel delante de las cámaras y de los micrófonos de todas las televisiones y radios), que están todos contra el PP.

Pues bien, señora Cospedal y señor Valcárcel, soy ciudadano y funcionario, y como a muchísimas personas de esta Región, este asunto de corrupción en el área de urbanismo del Ayuntamiento de Murcia me interesa muchísimo, es más, es de máxima prioridad porque aquí, de corruptelas, ´trinques´, favores e ilegalidades políticas, que no funcionariales, sabemos mucho y llevamos mucho tiempo ´rezando´ (incluso los ateos como yo) para que la diosa Justicia haga acto de presencia y coloque a cada cual donde le corresponde.

Ahora sólo espero que mis conciudadanos se lo hagan pagar en las urnas porque ´me sospecho´ que a usted eso de dimitir….

(*) Javier Ortega Cañavate es miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

El precio de la vivienda comienza a desplomarse en Alicante, Almería y Murcia

MADRID.- La Comunidad Valenciana es la región en la que más ha bajado el precio de la vivienda en el tercer trimestre del año, hasta el 6,5 por ciento, según los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda.

   Por zonas, los datos indican que los precios se han reducido más en la zona costera, en provincias como Alicante, que ha registrado un descenso del 19,3 por ciento, Málaga (-20,2%), Murcia (-15,9%), y Almería (-15,7%). Por lo que respecta a los archipiélagos, las mayores bajadas se han dado en Las Palmas (-15,4 %) e Illes Balears (-15,3%).
   En tasa interanual, el departamento que dirige Beatriz Corredor indica que se han registrado únicamente tasas positivas en las Comunidades Autónomas de Asturias (1,9%), Cantabria (1,6%), Castilla- La Mancha (1,4%) y Galicia (0,7%).
   En cuanto a las autonomías en las que se han producido descensos, las caídas por encima de la media nacional se han dado, tras la Comunitat Valenciana, en Madrid (-6%), Canarias (-5,9%), Illes Balears (-5,7%), la Comunidad Foral de Navarra (-5,5%), País Vasco (-5,3%), y Andalucía (-4,1%).
   Con caídas inferiores a la medía nacional se sitúan Extremadura (-2,7%), La Rioja (-2,1%), Cataluña (-1,7%), Aragón (-1,6%), Región de Murcia (-1,3%), Castilla y León (-1,1%) y el conjunto de ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-0,8%).
   A nivel nacional, el precio medio de la vivienda libre se situó en 1.832 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre del año, con un descenso interanual del 3,4%, lo que supone una leve moderación de dos décimas respecto a la caída del 3,6% registrada en el segundo trimestre.
   En términos intertrimestrales, el precio de la vivienda descendió un 0,9%. Con estos descensos, el precio de la vivienda libre se sitúa en los niveles más bajos desde 2005. Según el Departamento de Beatriz Corredor, el precio medio por metro cuadrado alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2008, con 2.101,4 euros. Desde entonces, los precios han bajado un 12,8%.
   El descenso del precio de los pisos nuevos (hasta dos años de antigüedad) fue del 3,4% en tasa interanual, quedando el valor del metro cuadrado en 1.846,7 euros, el mismo precio que en el segundo trimestre. En el caso de las viviendas de segunda mano, el precio medio se situó en los 1.827,7 euros, con un descenso intertrimestral del 1,5% y del 3,3% respecto al mismo periodo de 2009.

Casi 6.000 transportistas autónomos dejaron el sector en el último año

MADRID.- La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomas (UPTA) ha denunciado que 5.921 autónomos del transporte ligero abandonaron la actividad entre agosto de 2009 y el mismo mes de este año, una situación que la asociación ha atribuido al Estatuto del Trabajo Autónomo, que a pesar de proteger la figura del transportista ha hecho que muchas empresas se nieguen a contratarlos, informó UPTA en un comunicado.

   "Las empresas de transporte no han llegado a entender que para ellas también supone una ventaja acreditar la condición de Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE) a sus transportistas autónomos, ya que el contrato a firmar entre las partes especifica tanto los derechos como las obligaciones de ambos", ha señalado el secretario ejecutivo de Política Sectorial de UPTA España, César García.
   Asimismo, la asociación atribuye la cifra de abandonos al descenso de los precios en el sector, al considerar que han obligado a los transportistas a trabajar por debajo del coste de explotación. "Hace tiempo, esta circunstancia se daba esporádicamente en algunas cargas, pero hoy en día es una actuación común entre los cargadores", ha destacado García.
   Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza la pérdida de efectivos del transporte (-1.587), seguida de la Comunidad de Madrid (-1.031), Andalucía (-731) y la Comunidad Valenciana (-591).

Ecuador registra un descenso de 1,7 puntos en desempleo

QUITO.- El índice de desempleo se redujo 1,7 puntos porcentuales entre el tercer trimestre del año anterior y el mismo periodo del 2010, cuando fue de 7,4%.

La información publicada en el sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador señaló que al menos 131.000 empleos se incrementaron en el país en el tercer trimestre, lo que permitió una reducción del índice de desempleo.
Al final del tercer trimestre del 2009 el desempleo había llegado a 9,1%.
"Los sectores productivos que más puestos de trabajo han generado... son el comercio (107.000), la manufactura (33.000), el segmento inmobiliario (25.000), la educación (21.000), este último motivado por el inicio del reciente inicio de un nuevo año escolar" en buena parte del país.
El informe precisó que el desempleo también registra una reducción aunque entre enero y septiembre la población económicamente activa creció en 63.000 individuos que la llevaron hasta 4,5 millones.
Los niveles de subempleo se han reducido desde 51,7% en que estaba el mismo período del 2009, hasta el actual 49,6%, destacó. Una persona es considerada subempleada cuando trabajan en áreas distintas a las de su formación en jornadas menores a las 40 horas semanas.
La encuesta para tener datos del empleo se realizó en 127 centros poblados de Ecuador, donde Guayaquil y Machala fueron las ciudades con mayor reducción de desempleados.

Se hunde en Murcia el sector de automoción

MURCIA.- La venta de coches en la Región de Murcia ha descendido un 43 por ciento en la primera quincena de octubre con respecto al mismo mes del anterior, ya que hasta el 14 de este mes se habían matriculado un total de 478 unidades en la Comunidad, según datos de la consultora MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). 

   El descenso en la venta de vehículos registrado en Murcia es cuatro puntos superior a la media nacional, donde se ha registrado una caída del 38,4 por ciento, pasado de 20.645 vehículos vendidos en la primera quincena a los 33.566 de hace un año.
   Así, las ventas hechas a particulares por parte de los concesionarios son las que más están sufriendo estas caídas. En concreto, en lo que va de mes, sólo se han matriculado 364 unidades en este canal, frente a las 735 registradas hace un año, lo que supone un 50 por ciento menos.
   Por su parte, los canales de empresas y "rent a car" suben un 0,8 por ciento, con 114 unidades vendidas.
   Para la patronal de los concesionarios, la situación es de "extrema preocupación", y apunta a un "final de año catastrófico para el sector si no se ponen en marcha medidas estructurales que reactiven la demanda y permitan recuperar la confianza de los compradores".

viernes, 15 de octubre de 2010

Bruselas da luz verde a subir el peaje a los camioneros españoles

LUXEMBURGO.- Los ministros de Transportes de los Veintisiete han alcanzado -con la oposición expresa de España, Italia, Irlanda, Países Bajos y Portugal- un acuerdo político, pendiente de ratificar por la Eurocámara, sobre la norma que permitirá aumentar los peajes para los camiones españoles que cruzan Europa hasta cinco céntimos por kilómetro recorrido.

   Este incremento se debe a que los Estados miembros podrán tener en cuenta al calcular las tarifas no sólo los costes de construcción y mantenimiento de las carreteras, como hasta ahora, sino también los costes del ruido y la contaminación. La denominada 'directiva euroviñeta' podría empezar a aplicarse en 2012.

   El ministro de Fomento, José Blanco, ha mantenido su oposición a la norma por considerar que "penaliza a los países periféricos" de la UE, como España, y supone una carga excesiva "en la situación de crisis económica en la que nos encontramos, que ha afectado de manera singularmente grave al sector del transporte, sector de vital importancia para Europa y que deberá favorecer la recuperación económica".

   A su juicio, esta norma "debería presentarse en el contexto temporal de la previsible recuperación económica a partir del año 2012".

   La directiva euroviñeta perjudica especialmente a los países periféricos, como España, Portugal, Grecia o Italia, ya que puede provocar un encarecimiento de los costes de importación y exportación de sus mercancías.

   Blanco dio a entender este verano que España podría también aplicar la 'euroviñeta' en su territorio para recaudar más recursos para financiar infraestructuras. Pero más tarde dio marcha atrás y aseguró al sector del transporte que no habrá nuevos peajes esta legislatura.

   Los mayores defensores de la directiva son los países de tránsito --especialmente Alemania, Austria y Francia-- que buscan limitar los problemas de congestión y medioambientales aplicando estas nuevas tasas. Francia planea introducir su nuevo sistema de peajes en 2012.

   La norma aprobada establece una serie de criterios armonizados para calcular los peajes pero no obliga a los Estados miembros. Cada país es libre de decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué carreteras. La directiva sólo se aplicará a los camiones de más de 3,5 toneladas, y no a los vehículos privados, aunque en este campo también deja libertad a los Gobiernos.

   Finalmente, los Veintisiete han decidido excluir del cálculo de los peajes los costes de congestión, que sí estaban en la propuesta original de la Comisión.  Además, los camiones que cumplen los estándares más exigentes en materia de reducción de emisiones no tendrán que pagar extra por la contaminación durante los primeros años. En concreto, los camiones que cumplan los límites 'Euro 5' no pagaran por contaminar hasta finales de 2013 y los 'Euro 6' hasta finales de 2017.

   La norma permitirá aumentar los peajes durante las horas punta a condición de que se reduzcan en las horas valle. Los ministros de Transporte han acordado que sólo podrá fijarse un tope de cinco horas punta al día y que el incremento máximo de precio será del 175%.

   La Comisión había propuesto que los recursos recaudados con estos peajes se dedicaran a proyectos en el sector del transporte. Como muchos Estados miembros lo rechazan, finalmente la obligación ha sido sustituida por una simple recomendación.
Oposición de España

El ministro español de Fomento, José Blanco, ha afirmado que no tiene "ningún interés" en aplicar en España la nueva norma aprobada este viernes por el Consejo de Transportes de la UE que permite encarecer los peajes para los camiones y se ha mostrado convencido de que no entrará en vigor hasta que se consolide la recuperación económica. 
   La norma establece una serie de criterios armonizados para calcular los peajes pero no obliga a los Estados miembros. Cada país es libre de decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué carreteras. Afectará a los camioneros españoles que atraviesen Europa porque los países centrales como Alemania, Francia o Austria sí la van a aplicar.

   "Yo no tengo ningún interés en transponer esta directiva, que saben que no es de obligado cumplimiento", ha dicho el ministro de Fomento al término de la reunión. Y ha destacado que "cuando se pueda aplicar, en el caso de que el Gobierno de España decidiera aplicarla", la UE y España ya estarán "en un momento de recuperación económica".

   Además, Blanco ha señalado que la voluntad de España "es seguir trabajando en el Parlamento Europeo para ir mejorando la directiva de acuerdo a las pretensiones del Gobierno".

   "Lo que hoy venía aquí era mucho más duro que lo que ha salido de aquí y por lo tanto yo estoy parcialmente satisfecho con el avance y el acuerdo alcanzado, aunque nosotros hayamos votado en contra", ha dicho el ministro de Fomento.

   "España ha logrado avances muy importantes en lo que se ha acordado hoy en relación a nuestros objetivos y que favorecen al transporte español. Es verdad que no alcanzamos todos los objetivos y esa fue la razón por la que nos opusimos finalmente a la directiva", ha explicado.

La agroalimentación supone ya el 15% de la exportación española

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, destacó la vocación exportadora de la industria agroalimentaria, cuya facturación exterior supone el 15% del total de España. En concreto, el saldo comercial del sector agroalimentario ha sido positivo en los últimos años y se está incrementando este año un 20% respecto al ejercicio anterior. 

   Espinosa presentó en Consejo de Ministros un informe sobre la situación de la industria agroalimentaria en España, cuyos datos de mercado, contribución social y medioambiental, su aportación de sinergias con otros sectores económicos y la búsqueda de nuevas oportunidades constatan su carácter "estratégico y de futuro".
   Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Espinosa destacó los resultados económicos del sector, con unas ventas de 84.600 millones de euros, lo que representa el 14% de las ventas netas del conjunto de la industria española y la generación de 460.075 empleos, lo que la sitúa como primer sector manufacturero industrial de España.
   En relación con el empleo, la ministra señaló que en la actualidad la industria agroalimentaria española cuenta con 29.547 empresas de menos de 50 empleados, 24.383 empresas con menos de 10 empleados y 68 que dan trabajo a más de 500 empleados, "demostrando así su capacidad como motor de la economía".
   Espinosa destacó además la importancia del sector en la generación de sinergias con otros sectores económicos como la gastronomía, el turismo, la cultura y las nuevas tecnologías y su adaptación al modelo de producción europeo en lo relativo a la seguridad, trazabilidad, responsabilidad medioambiental y bienestar animal.
   Según la ministra, uno de los grandes objetivos de la industria agroalimentaria ha sido la mejora de la competitividad, el reforzamiento de su capacidad de crecimiento sostenible y la garantía de integración y consolidación de los sectores a lo largo de la cadena alimentaria, para lo que se han puesto en marcha distintas actuaciones tanto nacionales como comunitarias, destinadas a incrementar su sostenibilidad y competitividad.
   Por último, Espinosa resaltó el papel de la industria en el suministro de alimentos sanos, seguros y de calidad, y su colaboración en la sostenibilidad económica y social manteniendo la población en el territorio y generando actividad económica y empleo, así como su participación en la sostenibilidad ambiental a través de su colaboración en la gestión y el mantenimiento del territorio rural y el medio ambiente.

Carlos Egea se descuelga de sus socios del SIP a la hora de suscribir deuda pública catalana en forma de bonos patrióticos

MADRID.- La Generalitat de Cataluña prevé gastar hasta 145 millones de euros en sólo un año en pagar intereses y comisiones a las entidades financieras por su emisión de bonos patrióticos. Esta cantidad equivale al presupuesto anual del Tripartito en, por ejemplo, una de sus políticas estrella: el fomento del uso del catalán, publica hoy 'El Mundo'.

Esta cantidad equivale también al dinero transferido por el Estado a la Generalitat para que gestione el servicio ferroviario de mercancías en 2010 (117 millones) más la cifra adicional de 2011 (50 millones) para introducir mejoras en el servicio.

Ante el cierre de los mercados, la Generalitat está obligada a vender bonos a los particulares y, para atraerlos, tiene que ofrecer rentabilidades al menos similares a la de los depósitos bancarios a un año. Por eso ofrecerá un tipo de interés del 4,75% que en una emisión de hasta 2.000 millones le va a suponer pagar 95 millones de euros. Esta cantidad se une a los 50 millones de euros de comisiones a las entidades aseguradoras y colocadoras que van a intentar convencer a sus clientes de que compren los bonos.

Se trata de un coste que cualquier analista consultado considera un despilfarro por lo inhabitual de que una institución pública española pague tamaño interés y tan elevadas comisiones. La Generalitat ofrece así una señal de que necesita imperiosamente liquidez y que está forzada a acudir rápidamente al mercado sea cual sea el coste.

El Tesoro español está también realizando una campaña pública para colocar sus letras y obligaciones, pero hasta ahora puede compatibilizar la venta de deuda a particulares con subastarla entre inversores institucionales.

Sin embargo, la Generalitat -y el resto de comunidades autónomas- tiene vedado ahora salir a los mercados financieros por la desconfianza en su solvencia.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha dado por garantizado el éxito de la emisión entre los clientes catalanes de las entidades que colaboran en la operación. Ayer, el BBVA aceptó sumarse al grupo de colocadores y aseguradores compuesto, sobre todo, por entidades catalanas.

La Caixa ejerce el papel de coordinador y principal asegurador y participan también todas las cajas catalanas y el Banco Sabadell.

Ayer también se sumaron, con cantidades simbólicas, la caja balear Sa Nostra y también Caja Granada. Para las entidades aseguradoras, si se quedan con los bonos no colocados a los clientes, la inversión supone cobrar en un año de la Generalitat hasta un 7,75% -4,75% por intereses y entre un 2% y un 3% por comisiones- de rentabilidad. 

Además, la deuda pública catalana es aceptada como garantía cuando el sector financiero español pide préstamos a bajo interés en el Banco Central Europeo.

El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, no descartó ayer seguir los pasos de Cataluña, aunque no a corto plazo.

En su opinión, la Comunidad Valenciana sigue «colocando la deuda al ritmo que tiene previsto y al que los mercados permiten», ya que «los mercados financieros en los que se tiene que negociar la deuda están bastante cerrados».

Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) -la agencia financiera del Estado- anunció ayer que completó una emisión de bonos a tres años con un tipo de interés del 2,82%.

El PSOE exige a Cámara y PP que reclamen a Samper al menos 100 millones del convenio

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, exigió este viernes al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara y al Partido Popular que reclame a Jesús Samper, imputado en la Operación Umbra, "que devuelva urgentemente los 100 millones de euros del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Murcia porque se trata de dinero de todos los murcianos y se tiene que devolver al interés general". 

   Saura hizo estas declaraciones con motivo de las actuaciones que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Murcia en el marco de la operación 'Umbra', que se enmarca en un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, iniciado por una denuncia de la Fiscalía. 

   El PSOE basa su petición en base al convenio suscrito por el alcalde Miguel Ángel Cámara con el empresario Jesús Samper, en julio de 1999. En dicho documento se decía que todas las plusvalías de la operación, todas las mejoras urbanísticas, deberían devolverse a los ciudadanos de Murcia y al Real Murcia. 

   Saura denuncia así que hay una serie de compromisos adquiridos con la firma del convenio que no se han cumplido, tales como la construcción de una ciudad deportiva, un campo de golf municipal, un centro de empresas y un centro de medicina deportiva, además de una residencia para deportistas. 

   Por ello, exigió al PP que "gobierne pensando en el interés general y se reponga el dinero que es de todos los murcianos, procedente de las plusvalías del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y el empresario".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Alfonso Navarro, ha reclamado al alcalde, Miguel Ángel Cámara, que "exija de una vez por todas al propietario del club Real Murcia, Jesús Samper, el cumplimiento del convenio Nueva Condomina, suscrito en julio de 2001".

   Y es que, ha reprobado Navarro, "nueve años después de la firma del convenio Nueva Condomina, el PP municipal sigue sin exigir al propietario del club Real Murcia el cumplimientos de todos los compromisos adquiridos".

   Dicho convenio contempla, además de la entrega del estadio de fútbol al patrimonio municipal, la construcción y entrega de un campo de golf, el desarrollo de la ciudad deportiva, el centro de empresas y convenciones, el centro de medicina deportiva, la residencia para deportistas y la cesión efectiva del 10 por ciento, según ha informado el PSOE de Murcia. 

   Es por ello por lo que se ha preguntado "por qué los responsables del PP en La Glorieta siguen haciendo dejación de su responsabilidad y no defienden los intereses de los murcianos".

   Tras lo que ha recordado que el PP "sigue obviando, además de lo estipulado en el convenio, el espíritu del protocolo marco suscrito en 1999 entre Cámara y el entonces presidente del Real Murcia, Joaquín Romeo, cuyo objetivo primordial era la consolidación económica y viabilidad deportiva del club como equipo de máxima categoría". 

   Finalmente, ha considerado que todos estos compromisos "deben cumplirse en su totalidad, tanto el cumplimiento íntegro del convenio como el protocolo, porque es la única forma de garantizar el respeto a los intereses generales de todos los murcianos y la pervivencia del club deportivo".