viernes, 4 de febrero de 2011

El gran asalto a las cajas / Albert Recio Andreu *

En mi infancia me enseñaron que las Cajas de Ahorros eran una institución distinta a los bancos. En mi ciudad aún estaba vivo el recuerdo de la quiebra del Banco de Barcelona que había arruinado a personas modestas. Las cajas, en cambio, eran vistas como instituciones no especulativas, defensoras del ahorro de los menos ricos, instituciones amigas del entorno (en las escuelas de mi barrio eran habituales los premios en forma de pequeños depósitos: los escolares ahorrábamos sumas modestas mediante la compra de unos sellos pensados para alentar una cultura de la responsabilidad). 
 
Esta figura de las cajas como instituciones sociales empezó a quebrar con la liberalización financiera de principios de los ochenta y la transformación de estas instituciones en operadores financieros normales de la mano de una camada de dirigentes formados en las escuelas de negocios. 
 
Aunque resulta evidente que se ha ido difuminando su diferencia con los bancos, ésta ha persistido en ciertos aspectos: las condiciones laborales, los retornos a la comunidad (pese a que hay mucho de criticable en las obras sociales de las cajas, sobre todo de exceso de acciones publicitarias, salen bien paradas cuando se las compara con los bancos privados) e incluso la implicación en la financiación del tejido productivo local. (No era impensable que una mayor democratización de sus órganos directivos las hubiera podido convertir en impulsoras a gran escala de la economía social). Por ello, con todos sus aspectos criticables, seguían apareciendo, a ojos neoliberales, como una “peligrosa anomalía económica”.

Por tanto, hacía tiempo que las cajas españolas estaban en el punto de mira de los funcionarios del gran capital financiero. Ellas mismas han contribuido a su desmatelamiento con errores propios, especialmente el de subirse al carro de la especulación inmobiliaria a gran escala. Si la gran banca española está saliendo mejor parada de la crisis que las cajas no es tanto por su “eficiencia” como porque su internacionalización previa (explotando chollos financieros como el de las pensiones privadas latinoamericanas) les ha permitido compensar los problemas locales.
 
La crisis actual esta siendo, para los intereses dominantes, como el cerdo: todo resulta aprovechable. Y tras el mercado laboral y las pensiones ahora toca que las cajas sean “reformadas” (seguramente con el caluroso apoyo de algunos de sus directivos formados en cualquier “Business School” local o yanki y esperanzados con que con la transformación podrán obtener los generosos “bonus” que reciben las cúpulas bancarias). 
 
La secuencia del proceso constituye en sí misma una maniobra clásica de golpe de estado: primero se dice que deberán alcanzar un determinado grado de solidez financiera, después se anuncia que ésta deberá ser superior a la de los bancos (ya se sabe: la economía social es menos fiable y hay que asegurarse) y finalmente se afirma que las entidades que no alcancen dicha solidez serán “nacionalizadas” (o sea que pasarán por un programa de saneamiento financiado por la colectividad) como paso previo a su venta total o parcial a inversores privados. También pueden acortar el camino y optar de entrada por la venta al capital privado (es lo que ya ha anunciado la Caixa, una de las instituciones más sólidas). 
 
Vistas en perspectiva, las tormentas financieras recientes que asolaron al país parecen ser el mismo tipo de maniobras de amedrentamiento que realizan los “señores de la guerra” o las mafias cuando quieren conseguir que alguien les ceda un activo o les “solicite” protección.

Si la rendición final se produce —en estos tiempos casi todo lo indeseable acaba por ser inevitable— estaremos expuestos a nuevos problemas. De una parte, toda la experiencia anterior de liberalizacion financiera y de privatización en lugar de redundar en la pretendida competencia creativa se ha traducido en un mero proceso de oligopolización económica. Esto ha ocurrido claramente en el sector bancario, donde hemos acabado, como en la liga de fútbol, con sólo dos grandes grupos. 
 
Y también ha pasado en el resto de sectores privatizados. No hay ninguna razón para que esto no vuelva a ocurrir con las antiguas cajas. Quizás lo único que ganaremos es que a todo el mundo le queden más claros quiénes son los “amos” del país. La otra posibilidad es que, al menos en un plazo inmediato, la privatización sea una puerta de entrada de los fondos financieros, siempre ávidos de entrar en aventuras cortoplacistas. 
 
Y sus efectos especulativos se pueden dejar sentir en muchos campos: nuevas operaciones especulativas en el campo financiero, tratamiento más duro de la clientela e incluso impactos negativos en las redes de empresas locales que aún dependen de las cajas. Teóricamente las cajas preservaran su obra social mediante el cobro de dividendos de sus bancos participados, pero la pérdida de control de la gestión directa refuerza la posibilidad de que estos ingresos disminuyan por cambios en las políticas de gestión (retribuciones a los altos directivos y a los inversores privados, desvíos de fondos mediante operaciones financieras “ad hoc”, etc.)

Aunque el final parece inevitable hay que seguir insistiendo en que la participación pública en las entidades debería ser el embrión de una nueva banca pública y no una mera etapa hacia la privatización. Y deberíamos plantear directamente la cuestión a “nuestros” teóricos representantes en los consejos de las cajas (representantes de sindicatos, impositores, corporaciones locales) para que reviertan el proceso. Porque el triunfo de los mercados es en gran parte el producto de la dejación de responsabilidades de los presuntos representantes de los intereses colectivos.
 
(*) Doctor en Economía y profesor titular del Departamento de Economia Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

"La quimera del ladrillo. Murcia despierta" - Vídeo de Carlos Belmonte

Parte 1
Parte 2
Parte 3

El abogado Diego de Ramón insta a Hacienda a no mandar ni un duro más a Sotoca

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón ha instado a la ministra de Economia y Hacienda, y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, a que práctique una auditoría a la Consejeria de Educación, Formación y Empleo y suspenda, si lo considera oportuno, las transferencias económicas a la Comunidad Autónoma de Murcia, hasta tanto no se depuren responsabilidades personales de políticos y funcionarios.

De Ramón se ha dirigido, igualmente, y en el mismo sentido, al presidente del Consejo de Política Territorial Económica y Financiera así como al director general de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y al subdirector general de Política de Financiación a las Comunidades Autónomas.


Sostiene De Ramón su petición en que 'se ha agravado el funcionamiento anormal de los servicios públicos de enseñanza y contratación en la citada Consejería de Educación, Formación y Empleo, por lo que pido respuesta a la ministra (quien todavía no ha tenido conocimiento de esta denuncia administrativa) para que sea auditada y examinada antes de transferir los fondos económicos de todos los españoles".

En su escrito, De Ramón solicita se evaluen previamente todas la contrataciones en materia de obras realizadas en colegios, institutos, polideportivos, guarderías, conservatorios, formación y empleo.

Finalmente, pide se abra de forma inmediata dicha investigación, como medida de transparencia, eficacia y legalidad de los Fondos del Estado transferidos para la Consejeria de Educación, Formación y Empleo.

CCOO plantea la posibilidad de una Huelga General en Murcia si el Gobierno regional no da un giro

MURCIA.- CCOO ha advertido que en el caso de que el Gobierno regional no dé un giro en su posición y el texto alternativo que se ha comprometido presentar en la próxima reunión con los sindicatos, que se celebrará el martes a partir de las 9.00 horas, no recoja aquellos aspectos que consideran fundamentales "se continuarán con las movilizaciones y las presiones hasta que se consiga un escenario distinto, incluyendo la posibilidad de una Huelga General".

   Así lo ha manifestado el secretario general de CCOO en Murcia, Daniel Bueno, quien ha confirmado que desde la Comunidad, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, se ha comprometido a presentar en el próximo encuentro "un texto alternativo".
   Y es que, ha explicado, Sotoca "ha planteado al final que este modelo de negociación de ir artículo por artículo no nos conducía a ningún sitio, ya que no se puede valorar en su conjunta la ley de recortes".
   Sobre este texto alternativo, los sindicatos han reclamado que incluya "la modificación sustancial de aquellos aspectos que son más dañinos para los trabajadores".
   Todo ello como consecuencia de que el Gobierno regional, en la reunión celebrada este jueves, "haya hecho muy pocas propuestas en materias muy reducidas, que eran los artículos que ya hablamos la pasada semana y en lo más importante, la articulación de la jornada de trabajo, no había ningún avance y sí en pequeñas materias de menor importancia".
   "Se pretende que se trabaje más tiempo, que sea igualmente de productivo y que se cobre menos dinero", ha criticado Bueno, para después recordar que éste es el núcleo central de la reforma y que no aceptan, por lo que esperan que desde el Gobierno regional "se consideren otras alternativas en materia económica y permita dar una nueva orientación a la ley en materia de personal".
   Desde CCOO, su secretario general se ha mostrado cauto y prefiere esperar para ver en qué términos plantea el Gobierno murciano ese texto alternativo y si recogerán las demandas "importantes y los temas más trascendentales o será un intento de dar un maquillaje a la ley".
   Pese a todo, la sensación que se respira desde los sindicatos es positiva, en el sentido de que se muestran esperanzados en que el Ejecutivo murciano "tendrán capacidad real de modificar sustancialmente la ley como ha estado diciendo, pero no lo sé".
   Los ánimos son de preocupación por el "poco avance que se ha dado hoy", aunque también de expectación para ver lo que pasa el martes, puesto que hasta ese día, el Gobierno regional "tiene tiempo para reflexionar sobre el tema y si realmente nos podemos aproximar a un cambio profundo de la ley".
   Los sindicatos han acordado dar un "margen de confianza" al Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel para ver "si sorprende con una propuesta de modificación de la ley que cumpla los requerimiento que le estamos haciendo".
   Un voto de confianza que, según ha precisado Bueno, "no es un ultimátum, porque en estas cosas no lo hay, pero sí presiones de todo tipo, estando firmes en la defensa de intereses legítimos", porque, ha insistido, la voluntad sindical es la del consenso y negociación.
   Sin embargo, ha advertido que se trata de una negociación "desigual" por cuando al otro lado de la mesa se encuentran con una ley aprobada en la Asamblea Regional y no se parte de una "ley en blanco, lo que nos da muchas dificultades".
   En el caso de que en el encuentro de este martes no haya acuerdo, los sindicatos valorarán en función del texto que se les presente, aunque Bueno ha dejado claro que continuarán con las movilizaciones y aquellos mecanismos que consideren más precisos.
   "Seguimos con la agenda de movilizaciones que teníamos planteada, hoy habrá encierros en 80 colegios y posiblemente la próxima semana otra manifestación", ha desvelado.

El Sindicato Médico mantiene la huelga para el 22 de febrero y dice que la jornada laboral es "decisiva" para un acuerdo

MURCIA.- El presidente del Sindicato Médico de Murcia (CESM), Francisco Miralles, ha dicho que mantiene la convocatoria de huelga general para el próximo 22 de febrero en el sector sanitario en caso de que no "haya acuerdo" respecto a la negociación sobre la Ley de recortes, y ha afirmado que el tema de la jornada laboral es "decisivo" para alcanzar un acuerdo al respecto.

   Al hilo, ha puntualizado que la huelga está impulsada exclusivamente por el CESM al ver que el proceso de diálogo "no tiene el avance suficiente". Para desconvocar esta movilización, ha dicho que tiene que haber "acuerdo". Así, ha advertido que no condiciona este acuerdo "a nada" y sólo a que lo que haya encima de la mesa sea suficiente para que los médicos puedan aceptarlo.
   Miralles ha dicho que la Administración "está realizando una serie de propuestas en una buena línea encaminadas a que haya unas modificaciones en la Ley que puedan favorecer un acuerdo", y que el Sindicato ve "con buenos ojos".
   No obstante, ha afirmado que "todavía sigue habiendo una posición conjunta del CESM y del resto de los sindicatos en el sentido de que no es necesario de tener que aplicar la jornada de 37 horas y media porque el ahorro que supuestamente se iba a conseguir, respecto a la jornada de 35 horas, no es tanto como el que se pretendía".
   A su juicio, definir el tema de la jornada "debe ser decisivo para que haya un consenso o no" y, en su opinión, "puede ser definitivo para que pueda haber un acuerdo con la Administración", aunque ha dicho que no puede "hablar por los demás".
   Miralles ha dicho que "parece que hay voluntad del Gobierno de que haya consenso de retirar esas cuestiones que sonaban un poco antisociales".
   El presidente del CESM ha rechazado hacer más declaraciones porque no desea ser "protagonistas" de esta reunión, y aboga porque el protagonismo sea "a favor de que haya acuerdo".

UPyD exige que la Asamblea Regional suprima el Plan de Pensiones de los diputados regionales

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado que la Asamblea Regional "mantenga un plan de pensiones para sus diputados", por lo que ha exigido que el mismo se suprima. 

   Y es que, ha enfatizado, "en un momento de profunda crisis y con los recortes a los empleados públicos encima de la mesa, no es lógico ni razonable que la Asamblea Regional esté destinando casi 200.000 euros al año para financiar los planes de pensiones de los diputados"
   UPyD ha presentado desde hace meses propuestas sobre "la supresión de los privilegios en pensiones y sueldos vitalicios de los diputados nacionales y de los distintos parlamentos autonómicos".
   En esa misma línea, desde UPyD Región de Murcia se enmarca la solicitud de la supresión del plan de pensiones "como una medida de austeridad y ejemplarizante en un momento especialmente crítico para la sociedad murciana".

Los sindicatos tachan de decepcionante la cuarta ronda de negociación con la Comunidad Autónoma

MURCIA.- La cuarta reunión de negociación entre sindicatos y Comunidad Autónoma sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas ha concluido sin avances, según han informado fuentes sindicales en comunicado de prensa.

   Así, el sindicato Sterm-Intersindical se ha mostrado "decepcionada" porque, según explica su secretario, Toni Carrasco, "no hay ningún avance en el desarrollo de las conversaciones entre las organizaciones sindicales y la Administración regional".
   Aunque asegura que el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, se ha comprometido a presentar un documento alternativo el próximo martes para la modificación de la Ley, "que haga más creíble el escenario de la negociación".
   Y es que, efectivamente, "no ha resultado fructífero el tiempo empleado por el Gobierno regional en presentar propuestas alternativas a la redacción de los artículos 1 al 6 del Título Primero de la Ley", denuncia.
   Sus propuestas han obtenido una respuesta contundente por parte de todas las organizaciones sindicales, que ya habían advertido, empleando el mismo código manejado por el consejero Sotoca, cuáles eran sus líneas rojas, es decir, "derechos sociales, derechos de horario, derechos retributivos y la Incapacidad Temporal".
   Al respecto, el secretario de UGT, Antonio Jiménez, en declaraciones a Onda Regional,  ha subrayado que "la Administración regional no ha venido aquí con una valoración ni cuantificación de las medidas alternativas que quiere introducir" a la Ley.
    De hecho, apuntó tras más de dos horas de encuentro que "la medida que quieren introducir en relación con la incapacidad transitoria creemos que puede suponer un coste añadido innecesario".
   Por lo que el Ejecutivo regional "no ha hecho los deberes" y esperan que las propuestas del próximo martes "se acerque a la postura de las nueve organizaciones sindicales, de rectificación integral y sustancial del título primero de esa Ley, que es posible".
   Desde el Gobierno regional, el consejero Sotoca ha asegurado que el próximo martes se presentará un texto alternativo "y completo", mostrando "cuál es la posición respecto a la Ley" y se escuchará a los sindicatos.
   Terminada la reunión, a la que han asistido los consejeros de Educación, Sanidad y Presidencia, Constantino Sotoca, María Ángeles Palacios y María Pedro Reverte, respectivamente, los nueve sindicatos han mantenido una reunión para unificar posturas.
   Tras la reunión de anoche, y vista la "inmovilidad" en la que está instalando el Gobierno regional, el Comité de Crisis ha acordado mantener las movilizaciones planteadas en los centros de trabajo, las ocupaciones y las concentraciones.
   Asimismo, se ha acordado realizar otra manifestación masiva para el próximo jueves día 10 de febrero, a la que convocan a toda la ciudadanía de la Región de Murcia.
   El Comité de Crisis considera así que el Ejecutivo murciano "tiene que volver a escuchar el masivo rechazo social, cívico y laboral a la Ley 5/2010", concluye Toni Carrasco del sindicato Sterm-Intersindical.

CCOO y UGT proponen a Valcárcel medidas alternativas a la Ley de recortes, que suponen un ahorro de 302 millones

MURCIA.- Los sindicatos CCOO y UGT han propuesto al Gobierno regional una serie de medidas alternativas a la Ley de recortes que suponen una reducción del gasto cifrado en 193,5 millones de euros y un aumento de los ingresos en 109 millones, con lo que ahorro total alcanzaría los 302,5 millones de euros.

   Así lo han dado a conocer los secretarios generales de CCOO y UGT, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, una hora antes de que se celebrase el que fue cuarto encuentro con el Gobierno regional y el resto de sindicatos que componen el Comité de Crisis.
   A pesar de que el Comité de Crisis lo integran ocho sindicatos, al que se incorpora en último momento el Sindicato Médico a petición de la Comunidad, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han decidido presentar estas medidas respondiendo así al ofrecimiento que Valcárcel les brindó. De forma que el resto de organizaciones han entendido que no es su función sindical entrar en esta dinámica, "lo que nos parece respetable", ha subrayado Jiménez.
   En lo que respecta a este paquete de medidas, el objetivo, según Jiménez, es "aportar soluciones alternativas para reducir los gastos y mejorar los ingresos de la Administración regional, sin que se vean afectadas las nóminas de los empleados públicos".
   Desde CCOO, su secretario general ha coincidido con su homólogo de UGT en que esta serie de medidas que proponen van encaminadas a "mantener la calidad de los servicios públicos y las políticas sociales, así como a pagar a cientos de proveedores y empresas", cuya deuda se cifra en 600 millones de euros.
   Del mismo modo, Bueno ha puesto de manifiesto que garantizarán "las exigencias del Ministerio de Economía para cumplir el objetivo de déficit presupuestario y el plan de austeridad que le ha marcado".
   En esta misma línea, sendos secretarios han criticado que después de 40 días de la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, en la Asamblea Regional, "no se ha emitido ninguna instrucción de carácter general" por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, lo que da a entender "la dificultad que tiene la Administración Regional de desarrollar la ley".
   En este sentido, Jiménez ha reprobado que el Gobierno regional "aún no nos hayan dicho el coste que supone cada medida, su valoración económica", expresando su deseo de que en el encuentro que en estos momentos celebran "ya tengan" esa cantidad cifrada.
   En concreto, en el paquete de medidas alternativas a la ley de recortes, CCOO y UGT proponen, en materia de política fiscal, "la necesaria equiparación del impuesto que se cobra por la compraventa de vivienda usada con el IVA aplicable a la compraventa de vivienda nueva, situado en el 8 por ciento".
   Y es que, a juicio de Bueno, de esta forma "se favorece la compraventa de vivienda nueva, dándole salida al importante stock que hay en la Región, generando unos ingresos de alrededor de 19 millones de euros para las arcas regionales".
   En materia impositiva, ha continuado, proponen restituir el impuesto de sucesiones y donaciones a la situación que había en 2007, de forma que se generarían unos ingresos de, al menos, 12 millones; además de subir el tipo impositivo aplicable a las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros al 22,5 por ciento, y a las superiores a 120.000 euros, al 25 por ciento.
   Una medida, ha explicado Bueno, que "incrementaría directamente los ingresos tributarios de la Comunidad en 45 millones y permitiría que aquellos que tienen mayores rentas empiecen a contribuir de una vez a apoyar la solución a la crisis".
   Los sindicatos se hacen eco de algunas propuestas que IU y PSOE han presentado en el Parlamento autonómica, consistente en el impuesto a las grandes superficies que permitiría apoyar al pequeño comercio tradicional.
   En lo que respecta a la política de gastos, abogan porque el Servicio Murciano de Salud (SMS) "se gestione de forma más eficiente, corrigiendo los vicios que el sistema de autoconcertación tiene en la actualidad, que se basan en que se pueda producir autoconcertación durante la jornada ordinaria, lo que genera un sobrecoste añadido en la atención a los pacientes o en la eliminación de listas de espera".
   En este sentido, Bueno considera que en el organigrama del SMS "se podrían acometer importantes reducciones de gasto" que vienen motivadas por el incremento de las áreas de salud, lo que supone un equipo directivo y de gestión para cada una que "multiplica por nueve un esquema de gestión del modelo sanitario que es ineficiente".
   Estiman, al hilo, que se debe de revisar el edificio que habita el SMS, que le cuesta al dinero público "7,2 millones de euros al año, 600.000 euros al mes", lo que consideran "un exceso absoluto cuando, por otro lado, la Comunidad habla de malvender patrimonio público".
   Igualmente y en relación al SMS, los sindicatos han alertado que "la no renovación de contratos eventuales puede haber producido una reducción de personal en torno a los 2.000 trabajadores".
   Por su parte, Jiménez ha resaltado la necesidad de que "se ataje el problema de la economía sumergida", para lo que han abogado por la puesta en marcha de un plan de lucha contra la economía irregular que contemple la creación de una Comisión Interadministrativa al objeto de que los datos se puedan mezclar y se detecte el fraude fiscal y a la seguridad social.
   Y es que, ha apostillado, "solo la reducción de un punto de economía sumergida en Murcia devolvería al conjunto de las arcas públicas unos 81 millones de euros, de los que 30 se atribuyen a tributación que pierde y que correspondería a la Administración regional".
   Desde UGT y CCOO se propone, igualmente, "reducir el gasto en bienes corrientes y servicios del capítulo II de los presupuestos", que registra un incremento del 6,48 por ciento respecto a 2010, lo que da a entender que "si no está fracasando, está cerca de fracasar".
   Por ello, han reclamado una revisión del plan de austeridad y de simplificación administrativa que el Gobierno regional "ha vendido 'a bombo y platillo'", además de incidir en la reducción de los gastos de atenciones protolocarios, de publicidad institucional, en mobiliario y material de oficina y de dietas de los altos cargos, entre otros.
   Contemplan la posibilidad de reducir los entes integrantes del sector público regional sobre su estructura y preservando los puestos de trabajo. Un ejemplo de ello, criticado por los sindicatos, es la creación, en "plena situación de crisis", de un Instituto de Crédito y Finanzas en la Consejería de Economía, cuyas funciones "se solapan" con las propias del INFO.
   Además de "fraccionar aquellas inversiones que no son urgentes, que permitiría ahorrar 46,5 millones", tales como instalaciones deportivas o de rehabilitación de determinados espacios lúdicos.
   Preguntado por la negociación que el Sindicato Médico ha estado manteniendo con el Gobierno regional, Bueno y Jiménez han exigido a la Administración regional que la negociación "debiera ser con todas las organizaciones sindicales, puesto que hay ocho en unidad de acción sindical y un sindicato que negociaba al margen de esa mesa institucional".
   En su opinión, "negociar con la Administración en dos mesas distintas un mismo asunto" no debe ser así, por lo que, finalmente y a instancias del presidente murciano, el Sindicato Médico se ha incorporado a la mesa de negociación, algo "magnífico", aunque "se ha equivocado intentando una negociación al margen de la unidad frente al rechazo de la ley".

El Gobierno, partidario de que las CC AA elaboren techos de gasto

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE se han comprometido a establecer techos de gasto antes de elaborar sus presupuestos autonómicos, tal y como hace el Estado, y ha considerado que ése es el camino a seguir en el futuro.

   "Ya tenemos una Ley de Estabilidad Presupuestaria a nivel nacional y es bueno que eso también se traslade a as comunidades", ha señalado Zapatero.
   El jefe del Ejecutivo ha recordado que el Gobierno siempre ha sido un gran "defensor y cumplidor" tanto del Pacto de Estabilidad como de la consolidación fiscal, al tiempo que ha asegurado que España es uno de los países que menos ha incumplido dicho pacto a lo largo de la historia.
   "El principio de estabilidad, de control del déficit y de reducción de la deuda pública es fundamental para el Gobierno, para la Unión Europea y para la estabilidad del euro", ha señalado Zapatero, tras asegurar que el Ejecutivo es partidario de fortalecer la "idea esencial" del Pacto de Estabilidad.

miércoles, 2 de febrero de 2011

e-Línea, digital continuo de pensamiento y cambio para suscitar debate

e-Línea

Digital continuo de pensamiento y cambio con selección de Francisco Poveda y otros profesores/periodistas universitarios/españoles asociados para suscitar debate


El Banco de CAM y Cajastur tendrá un comité de dirección y seis órganos colegiados de decisión

ALICANTE.- El Consejo de Administración del Banco Base, que agrupa a CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, ha aprobado este miércoles el desarrollo de su diseño organizativo, con la creación de la estructura de los comités de la entidad y los niveles directivos departamentales, según ha informado el banco en un comunicado. 

   La entidad pone en marcha el proceso de ejecución de la integración, "dando respuesta al objetivo de impulsar la gestión integrada de una nueva entidad, con una cultura y modelo de gestión único, que operará en el mercado como un banco multimarca, con una posición de liderazgo en los mercados tradicionales de las cajas participantes en el proyecto".
   El objetivo del diseño organizativo y de su desarrollo, según la entidad,  es "acelerar el proceso de integración en la nueva entidad y abordar las acciones y planes para la consecución de las sinergias derivadas". El desarrollo del organigrama y del diseño organizativo del banco "significa un impulso al desarrollo del proyecto y ha supuesto el nombramiento de cincuenta directivos, provenientes de las diferentes entidades que se integran en el proyecto".
   La dirección del Banco actuará a través de un Comité de Dirección y seis comités especializados en los principales ámbitos de gestión y de desarrollo del proceso de integración: Operativo; de Seguimiento de la Integración; de Recursos Humanos; de Activos y Pasivos (gestión financiera global); de Riesgos; y Comercial.

Jiménez Villarejo cree que existe "un sesgo ideológico franquista" en algunos sectores de la magistratura

VALENCIA.- El ex fiscal Jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo considera que, en la actualidad, todavía existe "un sesgo ideológico franquista", en algunos sectores de la magistratura y en otros ámbitos de la sociedad española, donde predomina "un afán de no tocar el franquismo y sus consecuencias delictiva y penales". 

   Jiménez Villarejo, que ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, antes de presentar en esta ciudad el libro 'La solidaridad con el juez Garzón', que él mismo coordina, ha criticado que el magistrado "ha hecho lo que no ha sido capaz de hacer el Tribunal Supremo respecto al franquismo" y que es "aplicar la legalidad, teniendo en cuenta los tratados internacionales".
"El juez Garzón hizo lo que estaba obligado a hacer", ha apostillado.
   Respecto al juicio contra el juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo, el ex fiscal Jefe Anticorrupción ha señalado que "la única salida digna que tiene el Tribunal Supremo ante ese juicio es absolver" al juez "para que quede proclamar pública y totalmente su inocencia". A su juicio, se trata de un juez "honrado, honesto, justo y, además, inocente".
   Preguntado por si considera que el juicio contra el juez Garzón afectará al prestigio de la judicatura, ha asegurado que el "prestigio" de la magistratura española "ya está bastante herido y socavado". En esta línea, ha indicado que "el simple hecho de abrir ese proceso contra Garzón ya ha significado un golpe durísimo contra el prestigio nacional e internacional de la magistratura española".
   Para Carlos Jiménez Villarejo, "el solo hecho de ir a sentar a Garzón en el banquillo es un peso tan insoportable que crea un clima de desconfianza y de rebeldía".
   Asimismo, se ha mostrado convencido de que existe "un sesgo ideológico franquista presente en ciertos sectores de la magistratura", porque, a su juicio, de lo contrario "no se explica que una Tribunal Supremo que ha estado dando posibilidades a la persecución de las dictaduras latinoamericanas", no lo haya hecho en España "cuando ha tenido delante la oportunidad de perseguir esos y muchos más crímenes".
"No se ha atrevido a respaldar las investigaciones y las decisiones que estaba tomando el juez Garzón", ha criticado.
   En su opinión, es "profundamente injusto que en España, el único juez que ha querido dar una respuesta positiva de amparo a los familiares de la víctimas del franquismo, esté tan injustamente perseguido por un delito de prevaricación que no ha existido ni podrá nunca existir".
   Respecto al libro 'La solidaridad con el juez Garzón', publicado por la editorial El Páramo', ha subrayado que se trata de una obra "fundamentalmente colectiva" que recoge "las voces airadas y críticas contra la persecución que sufre Garzón".
"Es una reflexión en voz alta", ha indicado, en la confluyen voces de los ámbitos judicial, académico, cultural y de las instituciones públicas, así como entidades sindicales y asociaciones defensores de derechos humanos, entre otras.
   En la presentación, en la que han dejado una silla vacía de modo simbólico para hacer referencia a la ausencia de Garzón, han participado, además de Jiménez Villarejo, el magistrado y presidente de la Sala Segunda de la Audiencia Provincia de Valencia, José María Tomás i Tio; el portavoz de la Plataforma Cívica Valenciana de Apoyo al Juez Garzón, Matías Alonso, y el conejero delegado de Editorial El Páramo, Ricardo González.

Princesa coincide con el alcalde de Jumilla en que nombrar a Valcárcel pregonero de la Semana Santa puede crear confrontación

MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, ha expresado su respeto por la decisión adoptada por el Pleno del Consistorio de Jumilla, que ha aprobado la moción de rechazo de que el presidente Ramón Luis Valcárcel sea pregonero de la Semana Santa 2011.

   No obstante, comparte con el alcalde de Jumilla, Francisco Abellán, la idea de que "quizás este año, en plena campaña electoral, pueda ser un elemento de confrontación".
   "No me gustaría que así lo fuera y espero que todo transcurra con normalidad, pero los acuerdos de plenos, del Parlamento autonómico, tenemos que respetarlos porque son tomados por la mayoría", ha subrayado Retegui, para después decir que entiende las razones, pero "la situación se normalizará y al final podrá haber una Semana Santa con tranquilidad y paz para los jumillanos".
   Y es que, el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado la moción presentada por el PSOE sobre el rechazo a la designación del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, como pregonero de la Semana Santa 2011.
   La moción fue defendida por el alcalde Francisco Abellán, que explicó los motivos que han llevado a su grupo a presentar esta iniciativa, según fuentes municipales.

En la Murcia de Valcárcel, el desempleo se convierte en el quinto jinete del Apocalipsis

 MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de enero ascendió a 133.127, lo que supone un aumneto de 4.192 personas respecto a diciembre, según datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En términos relativos, el aumento del paro en el mes de enero en la Región fue del 3,25 por ciento respecto al mes de diciembre. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 6.814, un 5,39 por ciento más.
   En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 68.459 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 64.668 personas.
   Por sectores, el paro subió en Servicios en 3.635 personas, en Construcción en 56 personas, en Industria en 228 personas, seguido de Agricultura en 45 personas y en el colectivo Sin Empleo Anterior en 228 personas.
   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante enero se situó en 22.826 personas, lo que supone un aumento de 85 personas respecto a diciembre (0,37 por ciento).
   Respecto al año anterior, el paro entre los extranjeros bajó en 429  personas (-1,84 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 18.887 son extracomunitarios y 3.939 pertenecen a países de la UE.
   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia fue Servicios (10.213), seguido de Construcción (5.384), Agricultura (3.712), Industria (1.868), y el colectivo Sin Empleo Anterior (1.649).
 Por otra parte, la afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en 513.801 personas, lo que supone en términos absolutos un descenso de 8.236 personas con respecto al mes anterior (1,58 por ciento), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
   En términos medios se redujo en 6.544 personas en los últimos 12 meses (-1,26 por ciento).
    De las 513.801 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 346.658 pertenecen al Régimen General, 92.149 al Régimen de Autónomos, 65.307 al Agrario, 8.836 a empleados del Hogar, 851 a Trabajadores del Mary ninguno a Minería y Carbón.

Pujante pide una ley autonómica que permita dar a conocer el uso del dinero público y el patrimonio de todos los cargos públicos

CARTAGENA.- El coordinador regional de Izquierda Unida y candidato a la Presidencia de la Comunidad por esta formación política, José Antonio Pujante, ha solicitado al Gobierno regional la creación de una Ley autonómica que permita a todos los ciudadanos conocer, a través de Internet, el uso del dinero por parte de la Administración y el patrimonio de todos los cargos públicos de la Comunidad.

   Pujante ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que pide al Gobierno la creación de esta Ley de transparencia y acceso a la información pública de la Administración autonómica, que seguiría "el planteamiento de la propia Constitución Española, que garantiza el acceso a la información, y de la reciente convención europea de 2009, que incita a permitir el acceso a la documentación oficial".
   El preámbulo de la moción hace referencia a las características de la Ley, que "deberá hacerse público el patrimonio de los cargos electos y de libre designación, y que el acceso a la información debe ser gratuito por parte de cualquier ciudadano y por medios, preferentemente, de carácter telemático".
   El candidato de IU considera que "debe garantizarse el acceso por parte de cualquier ciudadano a través de Internet a todo tipo de información que tenga que ver con el uso del dinero público que hay en la Comunidad Autónoma, como acceso a contratos y licitaciones, para profundizar en la información".
   La Ley permitiría que un ciudadano cualquiera "pueda comprobar, por ejemplo, las características de un pliego de condiciones, las condiciones de adjudicación de bienes y servicios de la Comunidad, todas las empresas que hayan participado en el proceso de licitación, entre otras cosas".
   La Ley también contempla divulgar los datos de todas las empresas de naturaleza pública que prestan sus servicios a la Administración regional, y cualquier empresa o entidad subvencionada con dinero público, ya que IU cree que todos los ciudadanos "deberían tener información transparente sobre la gestión y las características de las mismas".
   Asimismo, IU considera que "debería hacerse público el patrimonio de todos los cargos públicos, electos y de libre designación de la Comunidad Autónoma, es decir, hacer público el patrimonio de los miembros del Consejo de Gobierno, comenzando por su presidente, Ramón Luis Valcárcel, así como de los diputados y senadores autonómicos, asesores y personal de libre designación por parte del Gobierno regional, como directores generales".
   Todo ello, precisó Pujante, debería hacerse "garantizando la preservación del derecho a la intimidad que también viene recogido en la Constitución". En caso de conflicto, Pujante propone que puede actuar el organismo que se encarga de la protección de datos para garantizar la intimidad, "tal y como aparecía recogido en el anteproyecto del Gobierno central".
   Pujante ha manifestado "la necesidad de mejorar en la Región de Murcia de forma considerable la transparencia y el acceso a la información pública por parte de toda la ciudadanía". A su juicio, esto "se traduce en una mejor democracia, en la profundización de la calidad democrática de las instituciones, así como una mejor gestión y uso de los recursos financieros públicos de la Administración regional".
   IU va a plantear medidas que mejoren la transparencia informativa en los ayuntamientos en los que tenga representación y en su programa electoral. De hecho, ha recordado que IU "propuso en el pasado que se hiciera público el nombre de quienes suscriben los convenios urbanísticos, las empresas y los consejos de administración, con el fin de prevenir posibles casos de corrupción".
   A su juicio, el grado de información que hay en las administraciones públicas, tanto en la autonómica, como en la central y la local "es insuficiente y es un problema estructural en toda España". A su juicio, la Ley "es la mejor forma de luchar contra la corrupción, ganando en transparencia informativa".
   Por ejemplo, Pujante ha dicho que IU ha presentado 19 preguntas escritas al consejo de Gobierno y 48 solicitudes de información cuyo plazo legal de contestación se ha sobrepasado y no han sido contestadas", por lo que IU ha pedido amparo al presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán.
   "Si ya hay un obstáculo claro y evidente por parte de la Región de Murcia a los legítimos representantes del pueblo, no cabe imaginar cómo será en el caso del libre acceso por parte de la ciudadanía a esa información", ha añadido.

IU pide la creación de una ley para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública

CARTAGENA.- IU ha presentado en la Asamblea regional de Murcia una moción por la que solicita la creación de una ley que garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública, con el fin de profundizar en la "calidad democrática" y dar transparencia a la administración autonómica, según han informado fuentes de la formación de izquierdas en un comunicado.

   Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz regional de IU y candidato a la presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, quien ha indicado que "el poder y la información" en una sociedad democrática deben pertenecer a la ciudadanía, tomando como límite el derecho a la intimidad de los poderes públicos.
   "La falta de transparencia encubre la corrupción y la mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y la sociedad", ha asegurado Pujante, tras insistir en que el acceso a la información "es clave para garantizar los derechos individuales y avanzar hacia un gobierno abierto".
   Como muestra de esa "obstrucción", Pujante ha señalado que 19 preguntas y 48 solicitudes de información presentadas por su grupo en la Asamblea regional han cumplido el plazo de contestación sin haber recibido respuesta, lo que ha motivado que haya solicitado amparo al presidente del Parlamento autonómico.
   Asimismo, ha abogado porque los cargos públicos electos y de libre designación de la administración regional hagan público su patrimonio, al objeto de eliminar el "alto grado de opacidad" existente y evitar posibles casos de corrupción, "cuyos ejemplos son desgraciadamente demasiado abundantes", ha apostillado.
   Y es que, a su juicio, el acceso a datos públicos también debería extrapolarse a los municipios, de manera que los ciudadanos y ciudadanas pudiesen consultar información de manera gratuita sobre asuntos locales como las empresas o personas que suscriben convenios urbanísticos con sus ayuntamientos.
   Finalmente, el dirigente de Izquierda Unida ha explicado además que la consulta de datos públicos "permitiría ejercer mejor los derechos de la ciudadanía y crear al mismo tiempo una serie de aplicaciones en internet y dispositivos móviles que aumenten la capacidad de negocio y de servicio público".

El PP en Jumilla retira su moción sobre la condena de la agresión del consejero Cruz por censurar a Tovar

JUMILLA.- Una moción que se preveía que iba a contar con la unanimidad de todos los grupos municipales, relativa a la condena de la agresión del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, provocó el abandono de sus escaños de los concejales socialistas y del portavoz de IU-LV y el posterior abandono definitivo de los concejales del Partido Popular, según han informado fuentes municipales en comunicado de prensa.

   En cuanto a la moción que suscitó la polémica, fue presentada por el Partido Popular y en ella se proponía condenar tajantemente la agresión al consejero, así como solicitar la dimisión del delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.
   Por acuerdo anterior en Comisión, los populares habían retirado el segundo punto y además se había presentado una enmienda del PSOE en la que igualmente expresaban la condena a esta agresión, mostraban plena confianza en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como reconocer la labor desarrollada por el delegado del Gobierno y hacer un llamamiento a la responsabilidad y la cordura para favorecer un clima de tranquilidad y respeto.
   El portavoz popular Enrique Jiménez tomó la palabra para la exposición de motivos y, desmarcándose del acuerdo adoptado en Comisión, procedió a la lectura de un manifiesto de condena de la agresión del consejero en el que responsabilizaba al delegado del Gobierno y acusaba a la izquierda de la 'espiral de violencia' que se vive en Murcia.
   En ese momento, el alcalde, los concejales socialistas y el portavoz de IU-LV abandonaron sus escaños. Una vez que terminó de leer este manifiesto, "que nada tenía que ver con el texto de la moción y con lo acordado previamente en comisión", indicaron las mismas fuentes, anunció que retiraban su moción.
   A continuación, el alcalde y presidente del Pleno ocupó su lugar y señaló que "no se puede permitir esta intervención reaccionaria, que recuerda a épocas pasadas y negras de España, con insultos cobardes hacia personas que no se pueden defender". Estas manifestaciones provocaron el abandono del Pleno de los concejales del Partido Popular que ya no continuaron en la sesión plenaria.

   Con la sola presencia de los concejales del PSOE y el concejal de IU-LV, puesto que los populares habían abandonado la sesión, resultaron aprobadas dos mociones de IU-LV, una sobre cumplimiento de Ley de Morosidad y otra sobre la retirada del Real Decreto por el que recorta la retribución a la producción fotovoltaica. En ambos casos, la aprobación fue con un único voto, puesto que los socialistas se abstuvieron.
   Sobre la primera moción, en ella se solicita que el Ayuntamiento inicie las acciones necesarias para ir cumpliendo la Ley de Morosidad, así como que acuerde la redacción de un plan para el cumplimiento, en tiempo y forma, de los plazos de pago que fija esta ley.
   Además se va a reclamar al Gobierno de la Nación la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta que prevé instrumentar una línea directa de crédito en condiciones preferentes, a través del ICO, destinada a las entidades locales para facilitar el pago de las facturas impagadas a proveedores.
   El grupo municipal de PSOE se abstuvo en este punto argumentado, según la concejal de Hacienda Juana Guardiola "puesto que alguno de los aspectos de esta ley ya se están cumpliendo y otros se irán poniendo en marcha".
   Con la última de las mociones de IU-LV, también aprobada, el Ayuntamiento muestra su apoyo a los productores de energía fotovoltaica y exige al Gobierno la retirada del Real Decreto 14/2010 por el que se recorta, en más de 2.200 millones de euros, la retribución prevista en la generación de esa energía  en los próximos 3 años. Igualmente solicitan a los grupos parlamentarios que rechacen ese decreto.
   En este Pleno también se aprobó, con los votos favorables de PSOE e IU-LV, la actualización de las tarifas de agua y alcantarillado para 2011, en un 2,1% que corresponde al IPC, lo que supone un incremento de 0,06 euros/metro cúbico.

UPyD insiste en el "derroche" que suponen las campañas publicitarias del Gobierno regional

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha insistido en poner en duda la conveniencia de que la Consejería de Sanidad  invierta, "justo en este momento en que se acaban de aprobar unos recortes durísimos en la Región", en una campaña publicitaria "a todas luces propagandística" para difundir la puesta en funcionamiento de los nuevos hospitales de Cartagena y del Mar Menor. 

   Para Sánchez "resulta escandaloso que en la actual situación de profunda crisis financiera, provocada por la deficiente gestión del Gobierno regional, se siga gastando el dinero público en la autopromoción de quienes nos han conducido hasta aquí, en  un nuevo ejercicio de despilfarro", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.
   Sánchez apuntó que "la entrada en funcionamiento de los nuevos hospitales del Cartagena y del Mar Menor no es un producto que haya que vender publicitándolo en autobuses, marquesinas y mobiliario urbano de Cartagena y de las localidades del Mar Menor".
   Igualmente, ha señalado que "los usuarios que necesiten acudir a los hospitales, conocen su existencia y ya saben dónde están. Resulta bochornoso la alegría con la que se gasta en propaganda gubernamental, mientras la Región está en estado de alarma financiera y se recorta en derechos laborales y salariales de los empleados públicos de la Región".
   Finalmente, ha indicado que este hecho es una nueva muestra de "cómo entiende el Gobierno regional la gestión del dinero público". Además, ha criticado la "ausencia total de transparencia que impide saber cuál es el coste real de esta campaña que tiene presencia, además de en los espacios urbanos y transportes públicos, en web creadas de forma específica y en espacios en radio y televisión".

El Ayuntamiento Murcia da luz verde al proyecto de presupuestos para este año

MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado el visto bueno al proyecto del presupuesto municipal para 2011, que asciende a 511,7 millones de euros, incluyendo organismos autónomos y empresas municipales, lo que supone una disminución de 31,9 millones con respecto al 2010. Será el 10 de febrero cuando tenga lugar la celebración del Pleno Extraordinario para aprobar el proyecto.

   Las medidas de ahorro y de contención del gasto emprendidas por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia se hacen presentes en este proyecto, que permitirán reducir el gasto este año en unos 11,5 millones de euros, pero sin afectar al manteniendo la calidad de los servicios públicos que ofrecen a los ciudadanos y manteniendo el mismo nivel de atención con las prestaciones sociales.
   Sobre esta cuestión, el teniente de Alcalde de Economía y Hacienda, Joaquín Moya-Angeler, ha destacado que el propósito del equipo de Gobierno de continuar con la reducción del gasto "se está llevando a cabo con otro objetivo prioritario: garantizar las prestaciones básicas a los más necesitados, personas y entidades de acción social o sanitaria y, a la vez, fomentar las inversiones productivas que mantengan o creen empleo".
   Según el concejal, "el recorte experimentado en los últimos dos años de las transferencias procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (P.I.E.) -cifrado en unos 29 millones de euros-, unido a la paralización de la actual economía provocada por la crisis que padece España, ha ocasionado una disminución de ingresos en torno al 20 por ciento, lo que condiciona aún más el equilibrio financiero del Ayuntamiento y obliga a realizar medidas extraordinarias basadas en la austeridad, el rigor y el control del gasto".
   Además, ha apuntado que a esta reducción de ingresos "hay que sumar la anulación de los recursos extraordinarios que durante 2009 y 2010 se han recibido con cargo a los presupuestos generales del Estado".
   Un hecho que pone de manifiesto "un escenario de grandes y graves recortes de las transferencias del Gobierno de la Nación, además del aumento de los impuestos, las tarifas eléctricas y demás precios, que son una muestra más de la delicada situación económica que padecen los ayuntamientos españoles, que no ven garantizada la suficiencia económica de los municipios".
   "Este dramático panorama ha obligado al Ayuntamiento de Murcia a multiplicar los esfuerzos para continuar garantizando las políticas sociales activas, ayudando a atender las necesidades de los más necesitados y desprotegidos", ha destacado Moya-Angeler.
   Es por ello, por lo que el equipo de Gobierno ha confeccionado un proyecto de presupuestos "consensuado y pormenorizado", en el que no se incrementan los impuestos municipales, al mismo tiempo que se garantiza la acción social y las inversiones productivas como forma eficaz de creación de empleo y promoción de la actividad económica como generadora de trabajo.
   Entre las actuaciones más significativas a desarrollar, figuran la implantación del Plan de Movilidad Sostenible de Murcia, la construcción de nuevos viales que mejoran la comunicación entre pedanías, el desarrollo del proyecto de integración y soterramiento de las vías del tren en el ámbito urbano de Murcia, así como la puesta en servicio del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
   Igualmente, continuará la apuesta por seguir incrementando la red de infraestructuras con la apertura de nuevos centros sociales para jóvenes, mujeres y mayores, junto con el desarrollo de la actividad deportiva en las modernas instalaciones municipales y la consolidación de la red de centros culturales y auditorios más importantes de la Región que, por su cantidad y calidad, constituyen una referencia para todo el país.
   Según ha explicado Moya-Angeler, para seguir construyendo "la ciudad que queremos" el Ayuntamiento dispondrá este ejercicio de un presupuesto para nuevas inversiones de 57.281.313 euros, frente a los 88,6 millones de euros que se destinaron a este apartado en 2010.
   También se mantendrá el impulso a la descentralización y el esfuerzo por asegurar las bonificaciones a los colectivos sociales más necesitados que, lejos de reducirse, se amplían tanto en su cuantía económica como en el número de beneficiarios potenciales.
   La ayuda a las familias y a las personas con menos recursos permitirá dejar en el bolsillo de los murcianos más de 18,3 millones de euros que dejarán de ingresar las arcas municipales.
   Por otra parte, el Ayuntamiento realizará un esfuerzo para reducir la deuda, que ha disminuido en 56,5 millones de euros por dos conceptos: 25 millones de euros en pólizas de crédito y 32 millones de euros que se han amortizado; situándose, a fecha de 31 de diciembre de 2010, en 202 millones de euros.
   En cuanto al nivel de endeudamiento, cifrado en el 52 por ciento, se mantiene alejado del límite permitido para contraer préstamos en 2011, establecido en el 75 por ciento.
   Cuando acabe este ejercicio, el Ayuntamiento habrá amortizado 29 millones de euros, permitiendo reducir la deuda hasta situarla en 172,7 millones de euros, una cifra inferior incluso a la de 1999, cuando alcanzaba 197,61 millones de euros.
   Respecto a los gastos corrientes -aquellos que hacen frente a los servicios que la ciudad requiere día a día para su funcionamiento-, se reducirán más de un 7 por ciento, gracias a una mayor austeridad en los contratos administrativos y en los gastos de funcionamiento interno del Ayuntamiento, pero sin afectar a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

La aportación de Roca a la operación Crucero Banús era "presuntamente ilícita", según Hacienda

MÁLAGA.- Un funcionario de la Agencia Tributaria que intervino en la investigación del caso 'Malaya' ha señalado este miércoles en el juicio contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella que la aportación del presunto cerebro, el cartagenero Juan Antonio Roca, en la operación Crucero Banús "no estaba legitimada", considerando que los 91 millones de las antiguas pesetas, es decir, 546.921,01 euros, que éste supuestamente invirtió "presuntamente son ilícitos".

   Según el fiscal, Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela en Marbella sobre la que lograr, con un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado.
   El perito ha explicado que los cheques que aportó Roca "no están legitimados", lo que sumado al procedimiento penal en el que estaba inmerso en ese momento le ha llevado a afirmar que son fondos "ilícitos" que podrían proceder "de cohechos o malversaciones, de las que hay indicios que se cometieron de 1991 a 1999 en el Ayuntamiento de Marbella".
"Ni como retribución del trabajo, ni como rendimientos mobiliarios ni como ganancias patrimoniales tenía declarada operación que le hiciese legítimamente disponer de ellos", ha dicho.
   Este funcionario, que ya comenzó a declarar este martes y seguirá el lunes, ha apuntado que no tiene constancia de transmisión de valores entre sociedades supuestamente vinculadas a Roca ni que se llegaran a vender las acciones de la sociedad que él dijo para obtener el dinero para invertir en Crucero Banús, de hecho, el testigo ha incidido en que dicha entidad "no tenía activos", estaba "en declive" en ese momento y registraba pérdidas.
   La defensa de Roca ha insistido en demostrar, con el interrogatorio y a través del análisis pormenorizado de los documentos sobre movimientos bancarios que constan en la causa, que éste aportó la cantidad que le correspondía en la operación y en destacar que el testigo no investigó el origen de los fondos de los cheques. Además, ha defendido que sociedades de su cliente tenían actividad en esos años.
   Respecto a Román, acusado por blanqueo de capitales y varios delitos contra la Hacienda Pública, el experto de la Agencia Tributaria ha señalado en esta sesión que él mismo declaró que "cobró 400 millones de pesetas no declarados a la Hacienda Pública", de los que, ha precisado, "hay una parte que le corresponde a todos los españoles", por lo que ha concluido que "hay implícito un delito fiscal, que habrá prescrito o no, pero estaba cometido".
   También se ha referido a Hoffman y ha señalado que "en abril de 2002, antes de liquidar el negocio, el señor Roca fue detenido" por un procedimiento en la Audiencia Nacional. "Por qué el señor Hoffman, como abogado, no comunicó que tenía un negocio con este señor, no pudo levantar el brazo y decir al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) que había hecho un negocio un tanto extraño, que había pagado con fondos que no tenía declarado en España", ha preguntado.
   Ha reiterado que en esta operación las sociedades "se utilizan como instrumento", aunque ha señalado que no es la persona a la que le corresponde referirse a la teoría de levantamiento del velo que sostiene las acusaciones. "Yo podría hablar de confusión patrimonial, del uso abusivo de la personalidad jurídica, de los perjuicios ocasionados a terceros por este uso", ha manifestado el funcionario de la Agencia Tributaria.
   Asimismo, ha incidido en los fondos de Suiza y ha manifestado que la legislación de dicho país es "laxa con las irregularidades fiscales cometidas fuera de allí". "Es muy fácil ir a Suiza con un maletín y decir esto procede de una defraudación fiscal", ha señalado el perito, quien ha apuntado que Suiza es un país "cooperante", pero ha dicho que "con mencionar que los fondos depositados proceden de la defraudación tributaria no hay mayor problema y santas pascuas".
   Las defensas han cuestionado la interpretación dada por los expertos en Hacienda a la documentación intervenida en relación con esta operación y han incidido en los datos manejados para hacer los informes, como la validez del documento de opción de compra para dar el crédito a Ávila Rojas o si uno de los documentos era un extracto bancario o no. De hecho, el presidente del Tribunal, José Godino, ha intervenido en varias ocasiones para calmar el interrogatorio y agilizarlo.

martes, 1 de febrero de 2011

Las cajas abren un cofre repleto de riesgo inmobiliario

MADRID.- Siguiendo las recomendaciones del Banco de España, las cajas de ahorros han abierto un desconocido cofre inmobiliario que desvela una gran exposición solo parcialmente cubierta con provisiones y que, sin embargo, ha tenido un efecto positivo en el mercado al despejar incertidumbres.

"La valoración que hacemos es positiva por el hecho de que haya más información y transparencia, pero sobre todo por el hecho de que el Gobierno haya metido más presión al sector elevando los ratios de solvencia", dijo un analista de Espirito Santo.
A pesar de que los activos considerados "problemáticos" por el Banco de España (créditos dudosos o subestándar) en manos de las cajas superan los 58.000 millones de euros según los datos facilitados, con tasas de cobertura media en torno a un tercio, el diferencial del bono hispano-alemán a diez años alcanzaba niveles mínimos desde mediados de noviembre y la bolsa española mantenía su escalada alcista.
"La exposición al riesgo inmobiliario es enorme, pero, por un lado, el ejercicio de transparencia es positivo y, por otro, en términos generales las dotaciones de provisiones son muy importantes", dijo un analista de un banco nacional.
En un intento por reforzar sus ratios de capital para cumplir con las nuevas exigencias del Gobierno español en aras de recuperar la confianza de los mercados internacionales, varias cajas de ahorro han anunciado ya su intención de salir a bolsa para captar capital y cumplir con los requisitos de 'core capital' o capital básico de al menos un ocho por ciento. En el caso de las entidades no cotizadas en otoño, el mínimo exigido, aún por definir, estaría entre el 9 y el 10 por ciento.
Pero, además de los créditos en riesgo, las cajas han acumulado una ingente cantidad de activos inmobiliarios (mediante daciones en pago a cambio de cancelar deuda, en gran medida) que suman un valor bruto de 38.221 millones de euros, con una pérdida cubierta respecto al valor en libros del 26 por ciento.
De los que serán los dos mayores bancos cotizados, CaixaBank ya ha anunciado que sacará a una sociedad ajena los activos inmobiliarios para no perjudicar el balance del banco y BFA (producto de la fusión liderada por Caja Madrid y Bancaja) también ha reconocido que estudia esta posibilidad.
De facto, ambos bancos gestionarán una cartera superior a la de la mayoría de las inmobiliarias, por lo que tiene sentido su segmentación en una sociedad de carácter meramente inmobiliaria.
BFA, la tercera mayor entidad de crédito tras Santander y BBVA, aglutina el mayor volumen de créditos inmobiliarios o de promotores, con 15.112 millones de euros en créditos inmobiliarios o promotores considerados problemáticos por el Banco de España.
Del importe total, 7.370 millones de euros son considerados dudosos (con cobertura del 100 por ciento) y 7.742 millones son subestándar (al corriente de pago pero que presentan alguna debilidad que puede representar impago o pérdidas), cubierto al 74 por ciento.
Pero, además, el nuevo banco tiene adjudicados activos inmobiliarios por un valor neto contable de 7.402 millones de euros con minusvalías cubiertas desde su adjudicación estimadas en el 33 por ciento. Del importe total, poco más de 3.000 millones corresponden a suelo, un activo particularmente ilíquido y con una cobertura de pérdida desde su adjudicación de más del 40 por ciento.
"Por un lado están los créditos dudosos que, en función de la cobertura y de la potencial mejora de la economía pueden ser un problema relativamente salvable", explicó un analista.
"En activos en cartera la cuestión es distinta, aunque el mercado pueda mejorar en los próximos meses, es muy probable que la liquidación de edificios tenga pérdidas, como demuestran las altas tasas de cobertura presentadas, y hay que prestar especial atención al suelo adjudicado, un mercado particularmente errático e ilíquido", añadió.
Sin embargo, un analista inmobiliario explicó que, en términos generales, tanto las coberturas de créditos inmobiliarios como las de los activos son muy superiores a la caída de los precios de la vivienda en España que, según datos de Fomento, ha perdido un 13,1 por ciento de su valor desde los máximos de principios de 2008.
La Caixa es el segundo grupo con mayor exposición al acumular créditos dudosos y subestándar de 5.737 millones de euros y 4.651 millones de euros en inmuebles adjudicados en cartera con una asunción de pérdida cubierta de 1.095 millones de euros entre el precio de adquisición y el valor contable neto.
En el apartado de suelo, La Caixa tiene una exposición de más de 2.400 millones de euros teniendo en cuenta que ya ha provisionado 637 millones.
"Es un paso en la dirección adecuada y si sacan del balance del banco los activos inmobiliarios, los ratios de solvencia y capital de los cotizados alcanzarán los niveles exigidos", explicó el analista.
En un informe a clientes, Nomura explicó que la percepción del mercado puede mejorar tras los recientes pasos dados por las cajas. "La prueba clave será si las entidades son capaces de emitir a niveles suficientemente asequibles y pueden captar capital del mercado".
El grupo liderado por Caja Madrid ya ha dicho que ha tenido contactos positivos con inversores institucionales para su futura salida a bolsa.
En los próximos meses se podría ver, según los analistas, una carrera entre las cajas para ser las primeras en asegurarse el capital inversor con descuentos importantes.
"Las entidades se están dando prisa para ser las primeras y se tratará fundamentalmente de una cuestión de precio, por ejemplo en el caso de la salida a bolsa de La Caixa es está hablando de 0,8 veces libros y a ese precio creo que sí hay interés inversor", dijo el analista de Espirito Santo.
Entre las exposiciones que más preocupan a los expertos se encuentra Unnim, que cifra sus créditos dudosos y subestándar en 1.241 millones de euros y tiene un nivel de cobertura específico para estos activos de 215 millones. En el otro extremo estarían entidades como Banco Base, que aún con un elevadísimo nivel de crédito de riesgo (más de 9.000 millones entre dudosos y subestándar), tiene coberturas muy altas.

El Gobierno quiere ayudar "lo menos posible"

Ayudar a "todas aquellas que sea necesario, pero realmente las menos posible": este es el mensaje del Gobierno a las cajas de ahorro, que deberán buscar primero capital privado para refinanciarse, dijo el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. 

"La recapitalización del sistema financiero, en la medida de lo posible, debe hacerse a través de fuentes privadas", insistió Campa en una entrevista realizada en Madrid.
José Manuel Campa viajó este martes a París y mañana miércoles lo hará a Londres para hacer "una presentación para inversores y analistas" sobre "la estrategia (de emisión) de deuda (española) para el año 2011". "Aprovechamos también para explicar la coyuntura económica y las principales decisiones de política económica que se han tomado", añadió.
Mientras los mercados siguen dudando de la solidez financiera de España, el Gobierno apuesta por tranquilizarles con su nuevo plan de recapitalización de las cajas de ahorros, talón de Aquiles del sector bancario español.
El Gobierno ha dado hasta septiembre a las 17 cajas de ahorro para refinanciarse, considerando que necesitarán para ello unos 20.000 millones de euros (27.451 millones de dólares), un monto considerado pequeño por los analistas, algunos de los cuales llegan a cifrar estas necesidades en 100.000 millones.
"Los datos preliminares (de los balances de las cajas de ahorro, ndlr) apuntan a esta cantidad" de 20.000 millones, explicó Campa, que no excluye "necesidades adicionales de capital" y considera que hay "un plazo razonable" para dejar a estas entidades encontrar el capital que necesiten.
Si de aquí a septiembre algunas cajas no logran tener inversores privados, entonces "el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, fondo público de ayuda al sector, ndlr) entraría como accionista minorista" en su capital, con la condición previa de que esas cajas se transformen en bancos tradicionales.
Percibida como una nacionalización parcial, se trata de hecho, según Campa, de una "participación de carácter temporal (cinco años máximo, ndlr), nunca con ilusión de permanencia y vinculada a un plan de viabilidad de la entidad y de reestructuración que garantice la facilidad con la que el Frob pudiera salir de esta inversión".
"El objetivo final va a ser que estas entidades sean claramente entidades bien capitalizadas, solventes, rentables y con el funcionamiento normal de los mercados de capitales privados", declaró.
El estatus de cajas de ahorro, heredado de los montes de piedad del siglo XVIII, sigue siendo un concepto mal entendido por los inversores extranjeros.
Pero "con transparencia y solvencia, la credibilidad del sistema financiero (español) está garantizada", consideró el secretario de Estado.
Tras un año 2010 "de transición", "2011 será el año del principio de la recuperación", señaló, confirmando las metas del Gobierno en términos de crecimiento (1,3%) y de déficit (6% del PIB), siendo este último criterio "un objetivo absoluto e incondicional, que no depende de la evolución del ciclo económico".
Mientras que "el desempleo fue una mala estadística" para España, con una tasa del 20,33% a finales de 2010, un récord en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2011 permitirá una "pequeña creación de empleo" gracias a la vuelta al crecimiento, estimulado, según Campa, por las exportaciones y el consumo.
El Gobierno se había mostrado demasiado optimista para 2010 (preveía un 19,6%) y afirmó haberse "sorprendido" por el alza de la población activa total en el segundo semestre, lo que automáticamente elevó la tasa de desempleo. No obstante, sigue teniendo por objetivo un 19,3% en 2011.

90.000 millones en activos inmobiliarios dudosos

Las cajas de ahorro españolas acumulaban a finales de diciembre alrededor de 90.000 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos, según un cálculo realizado a partir de los datos que han publicado a petición del Banco de España.

Un total de 15 cajas de ahorro revelaron así su exposición al sector, muy afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2008, en el que detentan 164.900 millones de euros en créditos o activos inmobiliarios.
De este total, 29.400 millones de euros corresponden a créditos morosos, 27.500 millones de euros son de créditos "subestándar", en riesgo de impago, y 33.100 millones de euros son activos inmobiliarios adjudicados, procedentes de desahucios o que no han tenido compradores.
Otras dos cajas, Caixa Ontivent y Caixa Pollensa, todavía no han suministrado sus datos. Preguntada a este respecto, una portavoz del Banco de España aseguró que "no hay límites en términos de fecha", mientras que muchos medios españoles afirmaban este martes que el periodo expiraba en la noche del lunes. "Deben hacerlo antes o durante la presentación de sus resultados para 2010", explicó.
El Banco de España había solicitado esta información a las 17 cajas de ahorros para mejorar su transparencia, mientras los mercados siguen dudando de su solidez financiera y el Gobierno ha iniciado un nuevo plan de recapitalización de las mismas la semana pasada.
El Ejecutivo llamó a las cajas de ahorro a buscar de aquí a septiembre los alrededor de 20.000 millones de euros, que según el Banco de España necesitan, en el mercado privado, lo que ha llevado a algunas cajas a convertirse en bancos convencionales. De lo contrario, el Gobierno plantea la posibilidad de una nacionalización parcial por un periodo máximo de cinco años, que pasaría obligatoriamente por la conversión en banco.