ALICANTE.- Ignorar
mientras sea posible la resolución del juez Javier Gómez Bermúdez que
ordena el depósito de una fianza solidaria de 25,8 millones de euros, y
esperar acontecimientos mientras se resuelve su recurso contra dicha
resolución. Esa es la estrategia trazada por las defensas de los cinco
exdirectivos de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) imputados por el
magistrado de la Audiencia Nacional, que les atribuye los presuntos
delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre
otros, según 'Abc'.
Gómez
Bermúdez imputó a finales de junio al expresidente de la caja, Modesto
Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores
Amorós, y los exdirectivos Teófilo Sogorb y Vicente Soriano. Todos ellos
han pasado ya por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la
Audiencia Nacional, para prestar declaración en calidad de imputados, y
el magistrado ha adoptado medidas cautelares contra algunos de ellos. En
el caso de López Abad o Amorós, por ejemplo, con la retirada del
pasaporte.
Al
mismo tiempo, Gómez Bermúdez fijó la citada fianza de 25,8 millones de
euros en un auto firmado el pasado 26 de julio. El magistrado concedía a
los cinco imputados -la fianza es solidaria- un plazo de quince días,
que venció la semana pasada. Sin embargo, fuentes de la Audiencia
Nacional confirmaron que no se ha producido depósito alguno.
Para
el martes está prevista la declaración como imputado del presidente de
la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, tras la querella del
FROB que lo acusa de obtener créditos en condiciones ventajosas -una
acusación por la que Avilés, a su vez, se querelló hace varios meses
contra los inspectores del Banco de España-. Al igual que los cinco
imputados en la causa principal de la CAM (cabe recordar que Gómez
Bermúdez ha abierto una causa diferente para Avilés), éste tampoco tiene
intención por el momento de hacer efectiva la fianza de 2,8 millones de
euros que solicita el FROB en su querella.
El
jefe de la comisión de control de CAM presentó ya un recurso contra
la admisión de la querella del FROB, en el que rechaza las acusaciones
de los administradores provisionales de la caja. Los otros cinco
imputados, mientras, esperan que se resuelva el recurso que presentaron
en su momento contra la fianza. Si bien dicho recurso no les eximía de
realizar el depósito de los 25,8 millones, sus defensas apuestan por
esperar acontecimientos. El juez, mientras, no ha adoptado ninguna
decisión al respecto.
Por
otra parte, una vez finalizada la primera toma de contacto entre la
dirección del Banco Sabadell y los sindicatos, todo apunta a que el ERE
que debe acometer la entidad tras adquirir el Banco CAM implicará 1.000
despidos, al margen de prejubilaciones y bajas voluntarias. Tal como
adelantó 'Abc' el pasado sábado, la intención de Sabadell es
llevar a cabo 600 prejubilaciones en CAM y otras tantas en su propia
plantilla, para completar los 2.200 puestos de trabajo a extinguir por
orden de Bruselas. Las negociaciones se abrirán de forma oficial el
jueves.