MADRID.- El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes
políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos
públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la
quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus
funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos
del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político.
“Las autonomías se tienen que redimensionar igual que hacemos todos”. Es el mensaje machacón que en los últimos días repite en público la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y en privado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
a los consejeros de Economía de los gobiernos regionales. Los
responsables de las comunidades insisten en que entre el 70 y el 80% de
sus fondos van a los servicios de sanidad y educación para los
ciudadanos, mientras el Ejecutivo afirma que les queda espacio para recortar: aparato político y de propaganda, más las empresas públicas, fundaciones y entes paralelos.
Sáenz
de Santamaría no concretó nombres ni detalles después de que el Consejo
de Ministros aprobara la mayor subida de impuestos y recorte de gasto
público de la democracia, pero se le entendió claramente dónde cree que
todavía hay margen de ahorro en la estructura del Estado. La
vicepresidenta recordó que el Gobierno ha reducido y fusionado ministerios y
suprimido puestos de altos cargos y asesores en toda la Administración
central. Además, está agrupando o liquidando empresas, fundaciones,
consorcios, observatorios, órganos reguladores y demás sector público
paralelo.
La
vicepresidenta pudo presumir ayer de la reforma de la administración
local que el Gobierno puede acometer con su mayoría absoluta, y que
supone entrar en un ámbito de autonomía municipal en que ningún
Ejecutivo se había atrevido a entrar. Con el proyecto aprobado se
establecen baremos salariales a los alcaldes (algunos ganan casi el
doble que un ministro) en los Presupuesto Generales del Estado, se suprime el 30% de los concejales (21.000) que hay en España, se liquidan las mancomunidades de municipios,
se quita la prestación de servicios a los más pequeños para que se lo
queden las Diputaciones y se eliminan las empresas y entes municipales,
lo que equivale a ahorrar 3.500 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. Sólo eliminar las mancomunidades evitará al Estado gastar 700 millones al año.
En
el Gobierno consideran que con los recortes ya aprobados, más los que
aplicará en las próximas semanas a las empresas del sector público
pendientes y los que planea hacer en los próximos Presupuestos Generales
del Estado (reducción de plantillas de empleados públicos), están
haciendo todo lo que tienen en su mano para reducir al mínimo la
administración central sin tocar los servicios básicos: seguridad,
justicia y defensa. Ayer, el Ejecutivo aplicó el mismo modelo a la
administración local. Pero queda todo el ámbito de la administración autonómica que no puede tocar,
sólo invitar a seguir el mismo camino y amenazar con el principio de
estabilidad presupuestaria incluido en la Constitución y desarrollado en
la ley orgánica correspondiente.
El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación.
Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las
nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos
(incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato
político. Esperanza Aguirre se quedó sola al proponer una
reducción del 50% en el número de diputados de la Asamblea de Madrid. El
Gobierno no se atreve a pedir tanto en público, pero sí reprocha a los gobiernos autonómicos que no se apliquen, por ejemplo, a liquidar todo su sector empresarial público, que la mayoría ni ha tocado.
Sáenz
de Santamaría encadenó ayer las explicaciones sobre la reducción del
30% en el número de concejales de los ayuntamientos con el llamamiento a
la responsabilidad de las autonomías que se resisten a cumplir con el
límite de su déficit fijado en un 1,5% para el próximo año. “No hay otro remedio”,
insistió la vicepresidenta del Gobierno para añadir: “si todos hacemos
un esfuerzo tendrán que redimensionarse todas las administraciones”.
Según la número dos del Ejecutivo, en la administración central ya se ahorra “al céntimo” y las autonomías tendrán que hacer lo mismo. “El
autogobierno tiene otra cara, la de la responsabilidad con los
ciudadanos”, agregó. Como se aprobaba el mecanismo de ayuda para que los
gobiernos autonómicos con problemas puedan financiarse, también dejó
claro que ese apoyo extraordinario, también tendrá condiciones
especiales. No quiso detallar pero se entendió que si no acometen planes severos de ajuste tampoco obtendrán apoyo financiero. Lo mismo que desde Bruselas y Berlín le dicen (y aplican) a Rajoy.