MURCIA.- El alcalde, Miguel Ángel Cámara, ha firmado este jueves un decreto para la personación del Ayuntamiento en las diligencias abiertas por el titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, que afectan a la Gerencia de Urbanismo.
De esta forma, el Ayuntamiento ejercitará toda clase de "acciones, excepciones, promoción de incidentes y recursos que procedan ante los órganos jurisdiccionales competentes y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento de Murcia", informa en un comunicado.
Las diligencias abiertas por esta causa responden a los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía.
El director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, investigado en el caso de presunta corrupción urbanística en Murcia, no ha participado este jueves en la reunión que celebra, como cada semana, el Consejo de Dirección de dicha gerencia, y que ha estado presidida por el concejal del ramo, Fernando Berberena.
Guerra deberá abonar antes de las 15.00 horas de este viernes 70.000 euros para eludir la prisión dictada por el juez David Castillejos, que investiga esta causa.
Mientras que Guerra no acuda a su puesto de trabajo, es Ángel Lajarín, el subdirector técnico de la Gerencia, la persona que asume sus funciones, no estando previsto que se cese a Guerra de su condición actual.
El renovado portavoz del PSOE, Alfonso Navarro, ha exigido hoy al alcalde del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que asuma su responsabilidad y que, "velando por el interés de los murcianos y por la credibilidad de la institución", aparte inmediatamente de sus funciones "y de forma definitiva" al director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y proceda al cese del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y máximo responsable de Urbanismo, Fernando Berberena, imputado en este proceso judicial.
Navarro, asegura que, "más allá de las responsabilidades penales que se pudieran concluir respecto a funcionarios y políticos dentro de la Operación Umbra", en este caso, de presunta corrupción urbanística, "la responsabilidad política última es del alcalde de Murcia puesto que, tanto técnicos como políticos, fueron libremente designados e incluidos en listas electorales por vía de la confianza de Cámara, quien es el último responsable de la gestión que se desarrolla en la Gerencia de Urbanismo".
A su juicio, "ni el concejal Berberena ni el alcalde son ni pueden mostrarse ajenos a la evolución, decisiones y actuaciones disparatadas de la Gerencia de Urbanismo en los últimos años, es más, ellos por acción, permisión u omisión han sido los actores principales en este proceso de degradación de esta institución".
Coincide en ello la coordinadora de IU en Murcia, Esther Herguedas, quien pide tanto responsabilidades penales y políticas para los acusados de esta trama.
Aunque, "de momento y de forma cautelar, respetando la presunción de inocencia de las personas", advirtió, "se debería de suspender en funciones tanto a Alberto Guerra como al edil Fernando Berberena".
Asimismo, exige que las competencias urbanísticas del concejal de Urbanismo sean traspasadas a otros miembros del Equipo de Gobierno.
Según Herguedas, el concejal de Urbanismo "es el brazo ejecutor" de la política urbanística de Miguel Ángel Cámara, "por lo tanto si uno dimite, debe dimitir el otro".
De alguna manera, "los dos van de la mano puesto que Fernando Berberena fue puesto en su cargo con el fin de ejecutar una política urbanística concreta". Por lo tanto, sentenció, "tan responsable es uno como el otro".
Desde luego, indica, "no es posible que todas estas cosas hayan pasado por delante de las narices de Guerra y Berberena sin que se hayan enterado", igual que tampoco cree que el alcalde no fuera consciente de lo que ocurría en la Gerencia de Urbanismo.
Por otra parte, el Grupo Socialista valora negativamente la escalada de movimientos que se ha venido produciendo en la Gerencia de Urbanismo a lo largo de los últimos años.
Y es que, apunta, desde antes de la aprobación definitiva del PGOU (en 2001), esta institución ha sido y sigue siendo "el centro de la diana" tras los continuos desfiles de altos funcionarios y técnicos.
El primero en apartarse fue el jefe del servicio de Planeamiento, Pedro Pina, quien ocupando este cargo presentó alegaciones en contra del Plan General aprobado por el PP, siendo expedientado y apartado de su puesto, afirmaron fuentes socialistas en comunicado de prensa.
Con la aprobación del convenio de la Nueva Condomina, continúan, "se produce la dimisión del por aquel entonces concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, sustituido por la actual concejal de Personal, Pilar Megía. A ésta le reemplaza quien, en la actualidad, ostenta dicha competencia, Fernando Berberena".
Así mismo, advierte el PSOE, "a Pedro Pina le sustituyó por libre designación del alcalde, el arquitecto Joaquín Peñalver, quien pide excedencia en 2006. Está imputado en dos de los casos judiciales abiertos en juzgados penales por corrupción urbanística (Operación Barraca y Umbra)".
"Se da la circunstancia, además, de que en los cinco convenios aprobados para la zona norte, figuraban informes técnicos de Peñalver que hacían referencia a la valoración económica de los terrenos, cuando éste es un asunto exclusivo de otro servicio de la Gerencia, en concreto, del de Gestión Urbanística", subrayan las mismas fuentes.
Producida la marcha del anterior gerente, Pedro Morilla, Alberto Guerra, detenido el pasado martes y sobre el que el juez ha dictado prisión eludible con fianza de 70.000 euros, le sustituye en el cargo.
