El urbanismo ocupa cada día en el litoral una superficie equivalente a tres campos fútbol

BARCELONA.- El urbanismo ocupa cada día una superficie equivalente a tres campos de fútbol en el litoral español, según la organización ecologista Greenpeace, que denunció hoy que los ayuntamientos costeros planean la construcción de tres millones de viviendas nuevas.

Greenpeace presentó hoy simultáneamente en Madrid y Barcelona el informe "Destrucción a toda costa", un estudio sobre la situación del litoral español que la organización ecologista elabora desde el año 2001.

El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, consideró hoy que el "urbanismo desaforado" en el que están inmersos los ayuntamientos supone de hecho un "trasvase del patrimonio común a manos privadas", y aseguró que el mar ha comenzado ya a enviar signos de "saturación", y citó el caso de las medusas que proliferan por el aumento de la temperatura del agua y de los vertidos.

Uralde citó el caso de Marbella como paradigma de los escándalos judiciales ligados al urbanismo, el hotel del Agarrobico en Carboneras (Almería) como paradigma de los "atropellos" urbanísticos, y La Marina de Cope en Águilas (Murcia) como paradigma de la desclasificación de un terreno natural protegido para propiciar el avance de la construcción.

Según los datos facilitados por Greenpeace, el suelo urbanizable en la actualidad triplica la superficie de suelo ya construido, por lo que Uralde incidió en que la solución ya no pasa por frenar el urbanismo sino por desclasificar suelo urbanizable.

El informe de Greenpeace incide además en los impactos negativos asociados al urbanismo, entre ellos la construcción de más infraestructuras como puertos deportivos, el consumo masivo de recursos naturales como el agua o la multiplicación de los vertidos.

El director de Greenpeace consideró que la construcción de puertos deportivos supone "privatizar el mar", y denunció la proliferación de este tipo de instalaciones y de puntos de amarre para que los propietarios de los barcos utilicen éstos entre dos y tres días al año.

Según los datos recopilados en el informe, el número de viviendas proyectadas en planes urbanísticos o territoriales roza los tres millones; se han detectado 99.519 viviendas ilegales; 89 casos de corrupción urbanística investigados y 354 implicados (entre ellos varios alcaldes).

Apunta además que existen 316 nuevos proyectos para construir campos de golf; 202.250 plazas hoteleras; 112 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de éstos para 38.389 amarres; y 350 municipios depuran mal las aguas o sus vertidos son ilegales.

La autora del informe, María José Caballero, criticó el progresivo incremento del número de plazas hoteleras, sobre todo en Andalucía y en Murcia, a pesar de que la industria turística acumula un constante descenso de ingresos (del 2,8 por ciento el pasado año).

La construcción masiva de segundas residencias en la costa y la consecuente destrucción de la belleza del litoral son las principales causas de la mala racha del turismo, según Greenpeace, que ha insistido en que la protección del litoral está ligada al buen desarrollo del turismo.

Caballero advirtió además que los informes sobre impactos del cambio climático apuntan que en el año 2050 el mar habrá subido 35 centímetros en Galicia, Islas Canarias y el litoral cantábrico, y 20 centímetros en el mediterráneo, y que cada metro de subida supone un retroceso de un metro de la línea de costa, y consideró por ello "imprescindible" incorporar esas previsiones en todos los planeamientos.

Los responsables de Greenpeace fueron también críticos con los planes de Medio Ambiente en la costa, denunciaron los presupuestos "ridículamente bajos" y citaron varios ejemplos de obras insostenibles que a su juicio ponen de relieve la falta de voluntad real del Gobierno para proteger la costa.

Entre estas obras, se refirieron la iniciativa del Ministerio de construir quince diques que convertirán las playas urbanas de Barcelona en "piscinas estancadas" de agua salada o la destrucción y privatización de un tramo de la marisma de Puerto Real (Cádiz).- (EFE)

Ruiz-Mateos ingresa en prisión para cumplir una condena pendiente de tres años

MADRID.- El empresario José María Ruiz-Mateos ingresó a última hora de la tarde de ayer en la cárcel de Madrid-II, ubicada en la localidad madrileña de Alcalá Meco, para cumplir una condena de tres años de prisión por un delito de alzamiento de bienes, según fuentes de Instituciones Penitenciarias.

El ex propietario de Rumasa fue condenado a primeros de octubre de 2005 por la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito de alzamiento de bienes y otro de insolvencia punible a tres años de prisión y multa de 21.600 euros por el caso de la empresa de viajes Mundo Joven.

En la misma sentencia se condenaba también por los mismos hechos a Enrique Caca Autrán, Carlos Solana Contreras y Antonio Sánchez Fariñas a dos años de prisión a cada uno de ellos y multa de ocho meses con una cuota diaria de 20 euros (4.800 euros en total).

La Audiencia Provincial consideró probado que los acusados se lucraron ilegítimamente de la venta del inmueble en el que se encontraba la sede de Mundo Joven, ubicada en el número 22 de la calle Alcalá de Madrid.

El tribunal entendía que, debido a la grave situación económica que atravesaba la sociedad Mundo Joven, sus responsables decidieron iniciar gestiones para venderla. Al enterarse de ello Ruiz Mateos, ordenó a sus abogados estudiar de manera pormenorizada la gestión de la empresa.

De este modo, el empresario decidió comprar 'Mundo Joven' por el precio de 600 pesetas (3,61 euros) con el objetivo de "apoderarse de su activo más importante", integrado por la planta comercial que constituía su sede, valorada en 150 millones de pesetas (901.518,16 euros) y sobre la que pesaba una hipoteca por 65 millones de pesetas (3.906.578,68 euros).- (EFE)

España supera por primera vez a Estados Unidos en consumo de cocaína

NUEVA YORK.- La ONU ha alertado a España porque, por primera vez en la historia, la tasa de consumo de cocaína en nuestro país supera a la de Estados Unidos.

Según Naciones Unidas, ese es el principal problema de España en asuntos de drogas. Para la ONU, el consumo de cocaína se ha disparado, mientras que el del cannabis tiende a estabilizarse.

En su informe mundial sobre drogas correspondiente a 2007 destaca, además, que uno de cada cinco consumidores europeos de cocaína se encuentra en España.- (Agencias)

Valcárcel dice que la Oposición es ajena a los intereses de los murcianos

CARTAGENA.- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dijo hoy que la oposición es ajena a los intereses de los murcianos, y que los planteamientos expresados en los respectivos discursos de investidura le hacen entender los resultados electorales de mayo.

Valcárcel pronunció durante una hora y diez minutos su discurso de réplica a los portavoces de los grupos socialista y mixto en la Asamblea Regional, en la segunda jornada del debate de investidura.

El presidente electo, en respuesta a las afirmaciones de Pedro Saura (PSOE) y José Antonio Pujante (IU-LV), lamentó de ambos dirigentes su "falta" de visión de futuro de la Región.

Valcárcel, que cerró su intervención de hoy con una nueva llamada a pactar sobre agua, dedicó gran parte de su discurso a enjuiciar la estrategia de Saura, de quien dijo que "viene sólo a defender las políticas del Estado".

Según el candidato, "a los murcianos les interesan la educación, las infraestructuras, la sanidad, el empleo y las políticas sociales, y no la Región que a ustedes les gustaría que fuera", por lo que recomendó a Saura "más ambición, realismo y murcianía".

Valcárcel habló del equipo de Gobierno constituido en Ceutí a raíz de que PSOE apoyara al candidato de IU-LV a la alcaldía, y dijo, en respuesta a Pujante, que "su regla 'a más votos, más Gobierno' le ha traicionado, porque es alcalde el menos votado".

Por otra parte, recriminó a Saura que planteara la reforma del estatuto de autonomía con el argumento de que lo reclama la sociedad, porque, en su opinión, esta demanda del PSOE obedece a una "imposición de Ferraz", la sede central del partido socialista.

Al respecto, aseguró que el futuro Gobierno tiene para este proceso "las prisas justas", y que Murcia no entrará en la estrategia "de la inconstitucionalidad, los blindajes y el yo más que tú" de otras regiones para concluir el proceso de reforma estatutaria iniciado en su anterior mandato.

Además, acusó al portavoz del PSOE de emplear el discurso "fácil" al proponer un pacto contra la corrupción, dijo que "la verdadera regeneración política se produce cada cuatro años, según la democracia", y que el informe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia revela que en 2006 se redujo a la mitad el número de delitos urbanísticos en la región de Murcia.

Valcárcel también fue muy crítico con Saura al contestar a su análisis sobre la situación económica y laboral de Murcia, enumeró casi una decena de indicadores sobre crecimiento, temporalidad, paro y siniestralidad de 1995, su primer año de Gobierno, los comparó con los actuales y atribuyó la mejora de estos resultados a la gestión "consensuada" del Gobierno con los agentes sociales y económicos.

Sobre la construcción, Valcárcel preguntó a la oposición los motivos por los que "la demonizan", comentó que este sector es "consecuencia, y no motor", del crecimiento económico, y subrayó que su aportación a la riqueza regional es del 12 por ciento, cuando los servicios suman el 64 por ciento del PIB, y la industria, el 19 por ciento.

En sus alusiones a los desarrollos urbanísticos también dijo que siete ayuntamientos socialistas, o gobernados hasta ahora por ese partido, han previsto en sus nuevos planes generales de ordenación más del 40 por ciento del total de viviendas que podrían ejecutarse en la región en virtud de esos planeamientos, "cuando sólo representan el 15 por ciento de la población".

Antes de cerrar su réplica con alusiones a la reducción de las listas de espera, el futuro aeropuerto internacional y un nuevo llamamiento a la unidad sobre el agua, aprovechó la tribuna para criticar al PSOE por la situación planteada en la empresa Zincsa.

Aseguró haberse reunido en privado, "y sin buscar fotos", en numerosas ocasiones con los trabajadores y la dirección de la firma para obtener suelo y trasladar la fábrica, criticó que el Estado "bloquee" la solución al problema y afirmó que su Gobierno ha ofrecido al central comprar todo el polígono industrial de Los Camachos, "porque no podemos renunciar a esos puestos de trabajo".

El candidato del PP, Ramón Luis Valcárcel, ha sido elegido hoy presidente de la Región de Murcia por cuarta vez consecutiva, con los 29 votos a favor de los diputados de su partido, en el Debate de Investidura celebrado en la Asamblea Regional.

Los quince diputados del PSRM-PSOE y el único representante de IU-LV votaron en contra de la elección de Valcárcel.- (EFE)

Greenpeace denuncia que en Murcia se planea construir mil viviendas por kilómetro de costa

MADRID.- La organización Greenpeace presentó hoy su informe "Destrucción a toda costa 2007" en el que denuncia que en la Región de Murcia se planea construir más de mil viviendas por kilómetro en la costa, "la cifra más elevada del litoral español".

Según este informe, en 272 kilómetros de litoral, los diversos municipios de costa de Murcia ha presentado planes para construir 331.200 nuevas viviendas, además de 20.000 plazas hoteleras, 35 campos de golf y tres puertos deportivos con 2.500 nuevos amarres.

Sitúa a Murcia, autonomía uniprovincial, tras las de Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana, en cuanto al número de viviendas proyectadas, con casi 1.135 casas por kilómetro de costa.

Greenpeace considera que la situación del litoral murciano es "cada vez peor" y reclama la puesta en marcha de medidas puntuales para limitar el crecimiento desmedido, así como otras globales que garanticen la protección del litoral, entre ellas una red de Reservas Marinas.

Recuerda en su informe que en los últimos cinco años la consejería de Obras Públicas murciana ha autorizado la construcción de 195.000 viviendas, y que una de cada tres nuevas residencias va asociada a un campo de golf.

Por municipios Greenpeace cita Mazarrón que prevé en su Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) pasar de las 32.000 viviendas actuales a más de 100.000; Águilas y Lorca (más de 100.000 en ambos casos, y otras 11.000 y 23.000 plazas hoteleras a través del proyecto Marina de Cope); La Unión (22.000), y 5.000 en el entorno del Mar Menor (Cartagena).

La organización recuerda que el desarrollo de Marina de Cope está a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional, tras ser desprotegidas 14.000 hectáreas a través de una disposición adicional introducida por el PP en la Ley del Suelo de 2001.

También añade que los planes de urbanización "desmedidos" van "acompañados de varios casos" de corrupción urbanística, que afectan a Águilas (en el que cita 'La Zerrichera', donde están imputados cinco altos cargos del Gobierno regional y el alcalde de la localidad).

Se refiere a Cartagena, donde la Fiscalía investiga los trámites administrativos realizados en los proyectos de Lo Poyo y Novo Cartagho, éste último con terrenos pertenecientes a imputados en el caso Malaya.

Greenpeace cita que el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP, es investigado por la Fiscalía por la reclasificación de terrenos para construir 43.000 nuevas viviendas.

También critica la "fiebre" de construcción de nuevos puertos deportivos, lo que "choca frontalmente con la mala gestión de los recursos hídricos" y recuerda que desde 2005, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha emitido 117 informes negativos sobre la disponibilidad de agua para nuevas urbanizaciones, de los que 29 corresponden al litoral.

Greenpeace se refiere a los seis de los 19 campos de gol expedientados por riego ilegal por la CHS, que estudia 35 nuevas peticiones para estas instalaciones, cuando "el campo de golf entra en funcionamiento antes de que se terminen las viviendas que deben abastecerlos de aguas depuradas para su riego".

Greenpeace critica además la política de construcción de desaladoras del ministerio de Medio Ambiente, "cuya agua irá destinada, en muchos casos, a abastecer las miles de segundas residencias y campos de golf".

Esta organización recuerda en su informe que el cambio climático será "muy visible" en las costas murcianas, y que la mayor afectada será La Manga, por su escasa altitud y el número de construcciones que reúne.

Greenpeace cita como "puntos negros" además de los ya mencionados, los de Playa La Puntica (San Pedro del Pinatar), Veneciola en La Manga, Torre del Rame (Los Alcázares), Perla de Levante (Los Urrutias), el proyecto de dársena en El Gorguel (La Unión).- (EFE)

Pujante pide que se apueste por los intereses generales "frente a los de especuladores"

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y diputado de IU-LV, José Antonio Pujante, planteó hoy al candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, un plan de lucha contra la corrupción, y desarrollar un modelo económico "solidario" que apueste por los intereses generales "frente a los de especuladores".

En la segunda jornada del Debate de Investidura, Pujante, que intervenía por primera vez en la Asamblea en su calidad de diputado, expresó sus condolencias a las familias de los seis soldados del Ejercito español muertos en el Líbano, y destacó que tres de ellos eran inmigrantes, que "tan valiosa aportación hacen a la Región".

Felicitó al PP por su victoria electoral, pero advirtió de que es un grave error creer que tener más votos es estar en posesión de la "verdad absoluta", para a continuación solicitar una reforma de la Ley Electoral para garantizar la proporcionalidad, porque con 40.000 votos, IU-LV debería tener tres diputados, dijo.

Pujante, que calificó el discurso de investidura de Valcárcel de "autocomplaciente", afirmó que los problemas de la Región "siguen ahí" debido al desarrollo del modelo de crecimiento neoliberal basado en la construcción, y alejado de los modelos europeos de renta per cápita, productividad y desarrollo medioambiental.

En su opinión, este modelo genera "fuertes tensiones" entre el interés general y el de los especuladores. "Ahora vamos a ver quien manda en la Región: si usted -en referencia a Valcárcel-, el señor López Rejas o el señor Facundo Armero", dijo Pujante quien se refirió también a la destrucción del medio natural en varios momentos de su discurso.

Señaló que IU-LV apuesta por un modelo económico de solidaridad y respetuoso con el medio ambiente, con una ley del suelo al servicio del interés general, por la creación de empresas públicas, por una gestión de la vivienda destinada a construir protegidas, así como una moratoria urbanística para proyectos 'insostenibles' y de protección de los espacios naturales.

"Porque es posible otra Región", propuso un plan de lucha contra la corrupción con fuerte regulación pública en materia de suelo, un cambio en el modelo productivo y una política de agua basada en una apuesta por el trasvase Tajo Segura.

Afirmó que los resultados electorales no eximen de sus responsabilidades a los altos cargos imputados en asuntos judiciales y citó el caso abierto en el ayuntamiento de Torre Pacheco, del que el candidato a presidente "tampoco dijo nada ayer. La ley de L' omertá no es la salida más digna".

Reconoció el crecimiento económico de la Región, pero éste, afirmó, no se ha traducido en calidad del empleo ni en los salarios; "se ha creado un proceso acumulativo de capital y de depredación del suelo que deriva en acumulación del poder político", dijo Pujante quien se mostró "especialmente preocupado" por el anuncio de Valcárcel de contar con dos tercios de la Cámara para desproteger espacios naturales.

Tras afirmar que Valcárcel no se refirió ayer en su discurso a medidas de choque contra la temporalidad en empleo, no citó en ningún momento a la salud y siniestralidad laboral, o a la pérdida de posiciones del sector industrial y la inflación, criticó la política de "cheques" y se mostró partidario de fortalecer el sector público.

Pidió un consenso con el Gobierno central por el tema del agua, que se ha usado como "elemento electoral y de confrontación", se refirió a las "muchas contradicciones" de Valcárcel en este tema y se preguntó por qué no se evita que aguas de las Región se deriven a otras comunidades autónomas.

Tras afirmar que el discurso de investidura no ha variado en las tres anteriores convocatorias, pidió más inversión pública en Educación, Sanidad y Política Social, una urgente reforma del Estatuto de Autonomía y, frente a la inseguridad ciudadana "debida -dijo- al modelo de crecimiento desigual", pidió mas dinero para favorecer la solidaridad porque creará, afirmó, más seguridad.- (EFE)

Saura propone a Valcárcel un pacto contra la corrupción y la defensa del trasvase del Tajo

CARTAGENA.- El portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional, Pedro Saura, propuso hoy al presidente electo, Ramón Luis Valcárcel, un pacto contra la corrupción que impida que ejerzan como altos cargos imputados por la justicia, y una estrategia de defensa del trasvase Tajo-Segura.

Saura, que abrió hoy en la Asamblea la segunda sesión del debate de investidura dando sus condolencias a las familias de los soldados muertos en el Líbano, daba la enhorabuena al PP por ganar las elecciones y les deseaba suerte en la gestión de los intereses generales de la Región.

Expresó su disposición a consensuar "los grandes temas", y se refirió en primer lugar a la elaboración de una estrategia en defensa del trasvase Tajo-Segura ante la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, algo que lleva pidiendo más de dos años y que "no ha interesado por cuestiones estrictamente electorales".

A continuación, habló de la importancia de reactivar la reforma del Estatuto de autonomía, pidió la reforma de la ley de Suelo y reiteró el ofrecimiento a Valcárcel de "un pacto contra la corrupción que en su primera línea diga que los altos cargos del Gobierno imputados serán apartados de la gestión de los intereses de los ciudadanos".

Pedro Saura añadió que es necesario incrementar los controles contra la corrupción y propuso la creación de un Tribunal de Cuentas que, entre otras cosas, "fiscalice los convenios urbanísticos".

Afirmó que los ciudadanos valoran llegar a consensos políticos, "pero también entienden que la labor de la oposición y su utilidad en democracia pasa por mostrar los argumentos críticos con la acción del Gobierno".

"Tenemos buena disposición para el pacto, pero no para el pasteleo", añadió Saura, que afirmó que la anterior legislatura se cerró con cien promesas incumplidas, tras lo que mencionó la precariedad laboral, el incremento del precio de la vivienda, las listas de espera en atención primaria o la subida de los impuestos.

"Su discurso de ayer me pareció falto de nervio, escasamente ambicioso y un reconocimiento de múltiples promesas incumplidas", manifestó, tras lo que mencionó el incremento de las inversiones del Gobierno central en la Región para agua y para el incremento de plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Saura pidió un programa de Gobierno que prepare a la Región para el cambio de ciclo económico, recordó que Murcia está a la cola en innovación y que se han desprotegido 15.000 hectáreas de espacios naturales.

En ese sentido, dijo que la mayoría de dos tercios de la cámara propuesta ayer por Valcárcel para desproteger espacios naturales "es de poca utilidad, puesto que el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso relativo al patrimonio medioambiental blinda los espacios naturales protegidos".

"Ahora quiere convertirse en el adalid de la sostenibilidad, usando diez veces el concepto en su discurso, pero su estrategia queda clara y quiere consolidar el turismo residencial, es decir, la barra libre".

Para Saura, la Región tiene un "magnífico futuro por la capacidad y formación de sus gentes, y no sólo por disponer de 12.000 kilómetros cuadrados para poder urbanizar", y aseguró que esta legislatura "es crucial para disponer de una agenda política".

Por último, pidió que en esa agenda se incluya formación, innovación e incremento de la productividad del sector empresarial, atajar la destrucción del territorio y políticas sociales que incrementen la calidad de vida, instituciones limpias y transparentes.

Saura indicó que está dispuesto a acompañar a Valcárcel en la defensa de los intereses de la Región "para todas aquellas cuestiones donde el Gobierno de España tiene un protagonismo especial".- (EFE)

El 65% de los hipotecados no renuncia a "ninguna actividad" por la subida de los tipos de interés

MADRID.- El 65% de los hipotecados españoles no renuncia a "ninguna actividad en su vida cotidiana", a pesar de la subida de tipos de interés que le llevan a pagar, en su mayoría, una cantidad menor a los cincuenta euros adicionales cada mes.

Así lo indica un estudio de la consultora Deloitte, presentada por su socio Héctor Flórez, experto en entidades financieras, quien pidió "desdramatizar" sobre el alto endeudamiento de las familias españolas, dado que también, durante estos años, han podido subir su patrimonio por el incremento del precio de la vivienda.

"No se dan las circunstancias para un aumento de la morosidad, ni un descenso significativo del consumo", señaló Flórez, quien reveló que el plazo medio de amortización de las hipotecas es de 26 años y el importe medio es 130.000 euros.

De hecho, más de la mitad de los encuestados destina un porcentaje de entre el 20 y 30 por ciento de sus ingresos en el pago de hipoteca, mientras que sólo el diez por ciento destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca, con un nivel de esfuerzo considerado "alto".

Las continuas subidas de tipos de interés no son percibidas por los españoles como un "factor excesivamente preocupante" a la hora de afrontar e pago de la hipoteca, puesto que el 49 por ciento debe pagar menos de 50 euros mensuales adicionales, mientras que sólo un 8 por ciento de los mismos dicen ver incrementada su cuota en más de 100 euros.

Además dos de cada tres encuestados (66 por ciento) afirma tener hipotecas contratas a un período de entre 16 y 30 años, mientras que un 25 por ciento las firmó a un plazo entre 5 y 15 años, por lo que casi la mitad de los hipotecados terminará de pagar su hipoteca entre el 2022 y el 2036.

Entre los hipotecados que sí afirman realizar sacrificios importantes para hacer frente a la hipoteca, las principales actividades a las que se renuncia son las vacaciones (43 por ciento) y las comidas fuera de casa (26 por ciento).

También el estudio señala que aquellos encuestados que se ven afectados por la subida de tipos muestran mayor propensión a la contratación de créditos bancarios adicionales (del 25 al 15 por ciento), o una tarjeta "revolving", que ya es utilizada por uno de cada cinco encuestados.

Héctor Flórez añadió, además, que la hipoteca "genera una vinculación duradera entre cliente y entidad financiera", puesto que la movilidad es muy baja (sólo el 6 por ciento cambia de entidad) y se elige por las condiciones financieras (tipos de interés -89 por ciento- y comisiones -80 por ciento-).

El estudio de Deloitte explica, asimismo, que el 45 por ciento de los encuestados terminará de pagar su hipoteca en menos de quince años, lo que, según Florez, "representa un reto" para las entidades financieras que han de desarrollar nuevos productos y servicios "que consigan mantener la vinculación con los clientes en el futuro".

Los jóvenes, los inmigrantes y las personas mayores (con hipotecas inversas) serían los públicos objetivos para conseguir nuevas hipotecas en un mercado como el español, "uno de los más competitivos de Europa" por su "alta bancarización", unas medidas legislativas favorables a la competencia y la "alta fidelización" del cliente.- (EFE)

El Banco de España propiciará que Bancos y Cajas usen modelos propios de provisión de insolvencias

MADRID.- El subgobernador del Banco de España, José Viñals, afirmó que el organismo ha iniciado ya estudios preliminares para "propiciar" una reforma normativa que estará disponible para el cierre de 2008 con el objetivo de que las entidades puedan realizar el cálculo de sus provisiones para insolvencias de acuerdo a sus propios modelos internos.

Viñals explicó que "lo que se pretende es que se hagan trajes a la medida en lugar de tener un traje cortado por el mismo patrón", tras su intervención en una jornada financiera organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodístas de Información Económica (APIE).

Las entidades que podrán situarse bajo el paraguas de esta reforma serán aquellas que cuenten con sistemas integrados de gestión del riesgo de crédito y un experiencia de datos históricos "suficientemente amplia", precisó Viñals, que además aseguró que se producirá la eliminación de los conceptos de provisiones genéricas y específicas y se caminará a un concepto que englobe a ambas.

Viñals aseguró que el impacto económico de la reforma sobre los más de 33.000 millones de euros actuales de provisiones para insolvencias será "moderado", aunque dijo desconocer una cifra exacta hasta que se analicen cada uno de los modelos concretos de las entidades. "Para algunas entidades sí puede ser mas importante que para otras, pero siempre con cifras de ahorro razonables y no espectaculares".

El subgobernador del Banco de España explicó que la reforma comenzará a lo largo de 2008 y que al cierre del ejercicio, las que tengan las capacidades las podrán aplicar. Viñals aseguró que es "dificil de saber" el ahorro concreto, pero avanzó que en ningún caso será "espectacular", pero que sí "favorecerá a todas en el largo plazo".

En cualquier caso, precisó también que se trata de dar un "margen de flexibilidad" a las entidades, pero -dijo-- "tendrán que convencernos de que el modelo es correcto y que las cosas salen bien, porque la autorización depende del Banco de España".

Viñals aseguró que generalmente serán las grandes entidades las que puedan usar sus propios modelos. "Cuanto mas pequeña es una entidad, más dependerá de parámetros estándar y menos a estos modelos particulares. La intención del Banco de España es hacer la vida lo más facil desde el punto de vista regulatorio", dijo.

El subgobernador del organismo dijo que en principio no tendrían que haber diferencias entre bancos y cajas, y explicó que las cajas podrán adoptar sus modelos propios para provisionar insolvencias en tanto tengan la "capacidad para procurarse estos modelos internos". "Tiene más que ver con la capacidad analítica de las entidades, de modo que los que la tengan, bienvenidos sean, tanto bancos como cajas", indicó.

Viñals no quiso precisar quienes podrían ser los candidatos a usar sus modelos propios, aunque si avanzó genericamente que serán las más grandes. "Todavía no tenemos ni candidatos porque ni siquiera les ha dado tiempo de enterarse", dijo. Por otro lado, dijo que este cambio normativo no supone "un cambio en el modelo supervisor", sino que proviene de un "proceso evolutivo".

Viñals también habló del repunte de la morosidad de los bancos y cajas, entre los que dijo no apreciar diferencia alguna, ya que "la calidad de las hipotecas y la de los sistemas de gestión de riesgos en ambos grupos de entidades son igualmente buenos". "Las cajas tienen más hipotecas concedidas que los bancos, pero no quiere decir que eso pueda suponer más morosidad en unos que en otros".

LAS HIPOTECAS A 50 AÑOS "SON LO QUE SON"

Viñals se refirió a las hipotecas a 50 años, y dijo que aunque "uno podría contemplar que fueran inferiores en un mundo ideal, son lo que son". "Si bien son hipotecas tremendamente largas, de lo que hay que asegurarse es de que las entidades que las conceden cuenten con las garantías suficientes para no quedar expuesto a ningun tipo de riesgo", dijo.

"Las hipotecas a 50 años son un juego de mercado entre demandates y oferentes, y las entidades ofrecen productos que cubren las necesidades de su clientela", sentenció.

Además, preguntado por la proliferación de billetes de 500 euros como fruto del dinero negro y el blanqueo de capitales, aseguró que en ningún caso el Banco de España se está planteando limitar la distribucion de este tipo de billetes para frenar el este efecto indeseado.

CAMBIO DE MODELO SUPERVISOR

Viñals se decantó además por cambiar los modelos supervisores en España hacia un sistema de 2 picos, con dos organismos que controlen conjuntamente seguros, sistema financiero y bursátil, pero uno en el ramo de solvencia, que sería el Banco de España, y otro en lo que se refiere a las normas de mercado.

Este sistema, explicó, se ha integrado en Italia y es la "tendencia europea, por lo que podría ser un buen modelo para España". "Es mejor que haya dos entidades con mandatos diferenciados, aunque es un cambio normativo que hay que analizar con paciencia. Hay que pensarlo bien", concluyó.

Fallece en Madrid Pedro Antonio López, el realizador de los programas dramáticos de TVE

MADRID.-El realizador Pedro Amalio López, uno de los símbolos de los "Estudio 1", falleció ayer en Madrid, a los 77 años. Este prestigioso profesional, especializado en dramáticos, fue uno de los pioneros de la televisión en España y dirigió "Las brujas de Salem" o "La muerte de un viajante", entre otras obras que ocupan un lugar destacado en la historia de TVE.

La capilla ardiente con los restos del realizador quedó instalada en la tarde de ayer en el madrileño tanatorio de la M-30. Al mediodía de hoy, será enterrado en el cementerio de La Almudena.

Pedro Amalio López fue de los profesionales pioneros que participó en la primera emisión de televisión en España, el 28 de octubre de 1956. Tras estudiar peritaje mercantil y graduado social, se convirtió en crítico cinematográfico en diversas publicaciones, labor que ejerció entre 1950 y 1955. Durante ese tiempo, trabajó también como guionista para la Escuela Oficial de Cinematográfía y para los Estudios Moro.

En 1956, cuando nace TVE, se incorpora al nuevo medio como realizador y se especializa en dramáticos.

En su haber figuran títulos como "Silencio, vivimos" (1962), con guiones e interpretación de Adolfo Marsillach; "Tras la puerta cerrada" (1963), "Las doce caras de Juan", (1967) con guión de Jaime de Armiñán e interpretación de Alberto Closas; la adaptación de la novela "El conde de Montecristo" (1969) o "La Saga de los Rius" (1976).

También estuvo detrás de las cámaras en magacines como "Todo es posible en domingo" o "300 millones". Pero su nombre quedó asociado a los recordados "Estudio 1". Para este vasto ciclo de obras teatrales adaptadas al medio realizó títulos como "Julio César" (1965) y "Macbeth" (1966).

Tras un período en dique seco, en los años 90 volvería a la realización, con adaptaciones de "Calígula" y "El beso de la mujer araña" (ambas en 1996). En 2000 realiza "Carlota", de Miguel Mihura, en la nueva etapa de "Estudio 1".

El realizador recibió un aluvión de distinciones a lo largo de su carrera. Entre otras, el gran premio del Festival de Berlín (1967) a su programa "Un mundo sin luz"; mención especial en el Festival de Montecarlo (1969) a su programa "Un nuevo rey Midas"; premios Ondas de la televisión (1969) de televisión, y el de la Academia de Televisión (1999) a toda su carrera profesional.- (Colpisa)

Wall Street cierra a la baja por la preocupación por el futuro del mercado de bonos

NUEVA YORK.- La Bolsa de Wall Street cerró hoy a la baja tras una jornada volátil marcada por el nerviosismo por el futuro del mercado de bonos de alto riesgo, en especial aquellos que tienen como colateral deuda inmobiliaria de baja calidad.

Por su parte, el brusco cambio de tendencia del precio del crudo, que empezó la jornada con una importante baja pero que cerró la jornada con una leve subida, también ayudó a restar impulso al mercado tras una mañana marcada por una fuerte subida.

Según cifras preliminares disponibles al cierre, el Dow Jones de Industriales, el indicador más importante de Wall Street, perdió 8,21 puntos, un 0,06 por ciento, hasta las 13.352,05 unidades.El mercado tecnológico Nasdaq registró una baja de 11,88 puntos, un 0,46 por ciento, hasta las 2.577,08 unidades.- (EFE)

¿Entregará el Irak ocupado su petróleo a las «majors» corporaciones? / Arthur Lepic*

Luego de haber derrocado al único gobierno del mundo que tenía la intención de no seguir aceptando dólares por sus contratos petroleros, la coalición anglosajona trata de obligar al Irak ocupado a ceder sus ingresos petroleros a las compañías occidentales. Una huelga general del sector petrolero iraquí ha retrasado la firma de los contratos más desequilibrados del siglo.

Cuatro años después de la invasión de Irak por las tropas anglosajonas, Washington, Londres y Canberra tratan de regularizar según la visión del derecho internacional el saqueo que están cometiendo. Las convenciones internacionales son claras: las tropas de ocupación no pueden confiscar en provecho propio las riquezas de un país, sobre todo si se trata de petróleo. En el caso que nos ocupa, luego de un primer período de explotación desenfrenada mediante una empresa privada hábilmente designada con el nombre de «Autoridad Provisional de la Coalición» [1], se le entregó el poder, durante un segundo período, a un gobierno títere atrincherado en la zona verde de Bagdad.

Este tenía una doble función: por un lado, la de crear fuerzas de seguridad capaces de aliviar a las tropas ocupantes, y, por otro lado, la de cerrar los ojos ante la evaporación cotidiana de entre 200 000 y 300 000 barriles de petróleo. Ahora, ha llegado el momento de entrar en un tercer período durante el cual las fuerzas de ocupación podrán poner en manos de los títeres la responsabilidad del orden público y concentrarse en la protección de los pozos de petróleo, mientras que se legaliza el saqueo para las próximas décadas mediante contratos leoninos.

Es en medio de este contexto que una huelga de los obreros del sector petrolero iraquí, emprendida el 4 de junio de 2007, paralizó la principal zona productora del sur del país e interrumpió durante varios días las exportaciones legales de petróleo. Hasta ahora, estas se elevan, oficialmente, a 2 millones de barriles diarios; una catástrofe para las compañías extranjeras si se compara esa cifra con la de 3,5 millones de dólares diarios correspondiente a la época anterior a la invasión de mayo de 2003.

Entre sus demandas, además de la anulación de medidas que han empeorado seriamente las condiciones de trabajo y aumentado el índice de desempleo en el sector, la Federación iraquí de sindicatos del petróleo, que representa a 26 000 trabajadores, pide que se le consulte sobre el muy controvertido proyecto de Ley sobre los Hidrocarburos [2]. La Federación reclama también la anulación del aumento generalizado de los precios de los combustibles en el interior del país, medida que empeora una situación económica que ya es difícil para la población.

Los responsables sindicales declaran que están actuando en nombre del pueblo y denuncian específicamente la privatización de los ingresos que el país obtiene de las ventas del petróleo en «condiciones escandalosamente provechosas» para las compañías extranjeras, medida prevista en el proyecto de ley.

Desde el principio mismo de la huelga, el gobierno de Nuri Al Maliki ordenó que sus tropas rodearan a los huelguistas y emitió órdenes de arresto contra los líderes sindicales, acusándolos de «sabotear la economía», mientras que aviones de guerra estadounidenses volaban sobre los manifestantes [3]. Hasta ahora, los cuerpos armados del gobierno iraquí se han negado a practicar los arrestos ordenados.

Inquieto por la posibilidad de que se agote la fuente de dólares, Nuri Al Maliki acabó formulando algunas promesas a los huelguistas para que reanudaran el trabajo, pero éstos últimos saben bien que la lucha está lejos de terminar.

Dos sucesivos avisos de huelga habían sido pospuestos durante el mes de mayo, como consecuencia de varios intentos negociadores con los sindicatos emprendidos por el gobierno de Al Maliki. Este último está tratando, desde el mes de febrero, de imponer el famoso proyecto de ley, redactado bajo la supervisión del Departamento de Estado estadounidense a pesar de la oposición de gran número de parlamentarios, de un grupo de 60 expertos iraquíes del sector petrolero y de todos los sindicatos, o sea a contrapelo de la opinión de la población que lleva cuatro años viviendo bajo la ocupación militar extranjera.
¿El botín?, 10% de las reservas mundiales de petróleo

Poseedor del 10% de las reservas mundiales de petróleo, Irak despierta la codicia de las principales compañías, sobre todo porque los costos de explotación de los yacimientos iraquíes se encuentran entre los más bajos del mundo. Las declaraciones del actual vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, cuando dirigía el consorcio Halliburton, y los trabajos de la comisión secreta sobre la energía que él mismo dirigió en el año 2001 no engañaban a nadie sobre cuáles eran sus intenciones para después que se concretara el derrocamiento de Sadam Husein y se restableciera el acceso de las compañías anglosajonas a las reservas petrolíferas iraquíes [4].

Inquieta ante el estancamiento del valor de sus acciones y la disminución del retorno de sus inversiones, la industria petrolera anglosajona temía en aquel entonces a la posibilidad de verse definitivamente excluida de la zona petrolífera más rica del mundo. El discurso de Dick Cheney tuvo entonces el valor de una promesa de que, cuando llegara a la Casa Blanca, gracias a las donaciones de las majors, las volvería a meter dentro del juego.

Desde la invasión de Irak por la coalición petrolera, las acciones de Exxon, BP-Amoco y Shell comenzaron a subir de nuevo, de forma espectacular y sin otra explicación que la perspectiva de grandes dividendos para sus accionistas, dividendos que habían perdido desde que Sadam Husein nacionalizó el sector petrolero, en 1972 [5]

En el marco del proyecto Future for Iraq, puesto en marcha por el Departamento de Estado estadounidense en abril de 2002, o sea un año antes de la invasión, el grupo «Petróleo y Energía», que se reunió cuatro veces entre diciembre de 2002 y abril de 2003 y del era miembro Bahr Al Ulhum, quien se convertiría más tarde en ministro del petróleo en el país «liberado», expresaba sus conclusiones de la siguiente manera: Irak «debe estar abierto a las compañías internacionales tan rápidamente como sea posible al término de la guerra». Otra de sus conclusiones era que: «El país debe instaurar un clima comercial propicio de forma tal que atraiga las inversiones en los recursos petroleros y el gas».

En efecto, el argumento más utilizado en la prensa vinculada a los grandes grupos financieros para justificar la privatización de los ingresos petroleros iraquíes (ya en marcha) o iraníes (ardientemente deseada para el futuro) es el de la necesidad de inversiones masivas, que los países en cuestión no podrían realizar, para poder aumentar la producción con vistas a responder a la creciente demanda de los países consumidores. El problema es que dicho razonamiento entre en conflicto directo con los intereses de los Estados productores: mientras que las compañías tienen que elevar al máximo sus ganancias a corto plazo para aportar dividendos anuales a sus accionistas, los Estados tienen la obligación de administrar sus recursos nacionales pensando en sus ciudadanos y en las futuras generaciones.

En el contexto del declive, ahora seguro, de la producción global de petróleo para los próximos años, el interés de las compañías petroleras privadas es absorberlo todo lo más rápidamente posible, y, después, vivir de la escasez. Por el contrario, el interés de los Estados productores es distribuir la producción para mantenerla y prolongarla el mayor tiempo posible.
La intervención de BearingPoint

Con vistas a organizar la privatización de la economía iraquí, el Departamento de Estado estadounidense recurrió a la sociedad BearingPoint. La creación de BearingPoint tuvo lugar en 2002, luego del escándalo de Enron, mediante la fusión de las ramas de consultoría de KMPG en Estados Unidos (las mismas que habían «reorganizado» las economías de los Estados postsoviéticos en los años 1990) y de Arthur Andersen, en Francia. Esta nueva firma opera conjuntamente con la USAID en más de 60 países, principalmente en Afganistán y en Irak, pero también opera en Serbia y en Egipto [6]. La SEC (Security and Exchange Commission), organismo estadounidense de control de las actividades financieras, viene examinando de cerca sus cuentas desde hace años, sin llegar a nada en concreto.

Resulta revelador el hecho que esta misma comisión confió recientemente la reorganización de su sistema de ficheros a… BearingPoint, lo cual dice mucho en cuanto a los vínculos existentes entre esa sociedad et la administración [7].

En Irak, la USAID concede primeramente a BearingPoint, ya en 2003, un contrato de más de 200 millones de dólares para que ayuda a desarrollar el «sector privado competitivo», contrato redactado para la USAID por… la propia BearingPoint, lo cual dio lugar a que el Center for Corporate Policy de Ralph Nader la señalara como una de las firmas que más se están aprovechando de la guerra [8]. El mencionado contrato consiste en organizar, bajo la supervisión de otra empresa privada, la Coalition Provisional Authority, la atribución de ingresos provenientes del petróleo a las empresas estadounidenses encargadas de la reconstrucción, como Halliburton [9].
Mientras que los primeros 10 000 millones de dólares del fondo proveniente de los ingresos petroleros iraquíes se gastan en contratos de reconstrucción, otros 4 000 millones simplemente desaparecen. Y esto no era más que el principio.

Este vacío jurídico y esta ausencia total de transparencia eran indispensables para mantener el saqueo del país mientras que los nobles objetivos de la invasión se mantenían bajo la luz de los proyectores, ya que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia siempre han negado que hayan invadido Irak por sus recursos petrolíferos. El 18 de marzo de 2003, el primer ministro británico Tony Blair declaraba que: «Los ingresos petroleros, que algunos designan erróneamente como nuestro objetivo de guerra, deberían depositarse en un fondo destinado al pueblo iraquí y administrado por la ONU». Paul Wolfowitz, gran arquitecto de la destrucción del Estado iraquí y secretario adjunto de Defensa en el momento de la invasión, declaraba, por su parte que: «Se trata de un país que realmente puede financiar su propia reconstrucción bastante rápidamente.».

Si el primero expresaba un deseo que en realidad no lo comprometía a nada, el segundo mentía por omisión: es cierto que Irak podía financiar su reconstrucción, pero no reconstruirse a sí mismo. El verdadero problema era, por tanto, saber más bien quién reconstruiría Irak, cobrando de paso con los ingresos provenientes del petróleo.

Luego de haber dilapidado de manera espectacular los fondos existentes [10], Paul Bremer se encargó de decidir a favor de… Halliburton y compañía, cuya costumbre de sobrefacturar sistemáticamente sus contratos públicos es harto conocida, además de servir de correa de transmisión del endeudamiento de las naciones poseedoras de recursos naturales ante el Banco Mundial, cuya presidencia sería entregada posteriormente a Wolfowitz, quizás a modo de recompensa.

Ahora que la ocupación del país se justifica a sí misma, en la medida en que su objetivo oficial es solucionar la situación de caos que ella misma ha creado, la prioridad para las potencias de la coalición es aprovechar la atmósfera de terror para imponer la Ley sobre los hidrocarburos (Iraq Hydrocarbon Law) que permitirá transferir los ingresos petroleros del Estado a las compañías petroleras extranjeras.

Y de es de nuevo la BearingPoint quien recibe del Departamento del Estado la misión de redactar el proyecto de ley. Una primera versión fue rápidamente adoptada por el gobierno colaboracionista de Maliki en enero de 2007. [11].

De forma paralela, se organiza una importante operación de cabildeo entre los iraquíes encargados de decidir. Representantes de las principales compañías petroleras extranjeras (BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total y Eni), agrupadas en el seno de una organización designada como Centro Internacional de Tasas r Inversiones (ITIC, International Tax and Investment Centre), comunican sus quejas al gobierno británico en 2004. Este último, después de indicarles su estrategia tendiente a influir sobre el gobierno iraquí, transmite esas quejas al ministerio iraquí de Finanzas y organiza un encuentro en Beirut, en enero de 2005, entre los representantes de las majors y los ministros iraquíes del Petróleo, de Finanzas y de Planificación. Por otro lado, ya en 2003, un ex dirigente de BP recibe la misión de redactar un documento que establece los términos del acuerdo, documento destinado al gobierno iraquí para que éste tome decisiones conformes a los deseos de BP.

Aunque es probable que los demás países implicados en esas negociaciones hayan hecho lo mismo, los documentos desclasificados desde entonces no permiten determinarlo con certeza [12]. La invitación que recibió Total a que participara en esas decisiones explica por lo menos en parte el cambio de actitud de Francia, que se produjo a principios de 2005, en cuanto a la ocupación de Irak.

Por su parte, los parlamentarios iraquíes no vieron el proyecto de ley hasta enero de 2007, en el momento de su adopción por parte de la administración Maliki. Siendo así, ¿resulta acaso sorprendente que una proposición como esa, redactada por un gabinete de consultoría especializado en el desmantelamiento de los servicios públicos, con el apoyo de una campaña de cabildeo de las compañías extranjeras ante un gobierno títere, enfrente tanta oposición de parte de los parlamentarios y los sindicatos?
El método: les contratos PSA

Lo más inquietante sigue siendo la naturaleza misma de este proyecto de ley. Basado en un tipo de contrato llamado «Contrato de Repartición de la Producción» (production sharing agreement, o PSA) que dejó de usarse en el Medio Oriente después de las nacionalizaciones de los años 1970, este garantiza a las compañías extranjeras un retorno de sus inversiones anormalmente elevado durante un período anormalmente largo, términos que los interesados justifican debido a… ¡los problemas de seguridad del país!

De hecho, durante un período indefinido de amortización de las inversiones, los PSA garantizan al inversionista extranjero un por ciento de los ingresos, cuando en realidad el tipo de concesión que más se practica entre los países productores prevé un retorno fijo, que se calcula en función del costo de producción, no del precio de venta final, durante un período bien definido. Muy a menudo la compañía nacional toma incluso el control íntegro de las operaciones y percibe todos los ingresos después del período de amortización, como sucede en Irán con numerosos yacimientos (contratos llamados «buyback»).

Cuando está en vigor un contrato PSA, la compañía extranjera sólo tiene que hacer creer que está haciendo muchas inversiones, sean estas reales o no, para así prolongar sus prerrogativas. Esto es lo que está sucediendo en Rusia, el único país en tener importantes reservas que ha firmado contratos PSA. Dichos contratos se negociaron bajo la corrupta administración de Boris Yeltsin, durante los años 1990, cosa que la actual administración de Putin deplora hoy amargamente. Esta última ha logrado, sin embargo, revocar algunos de esos contratos (como el de Shell sobre los yacimientos de Sajalin, por razones ecológicas) y limitar las inversiones extranjeras en las futuras concesiones.

Los términos de los contratos PSA previstos en Irak con las majors, en virtud del mencionado proyecto de ley, elevarán la parte correspondiente a las majors a un nivel situado entre el 60 y el 70% de los ingresos durante un período de amortización que iría hasta 40 años, y las majors se echarán en el bolsillo el 20% de las ganancias al cabo de este período. Para establecer un nivel de comparación, el contrato PSA que Sadam Husein negoció con Total en 1992 –y que no llegó a aplicarse por causa del embargo– para la explotación del yacimiento gigante de Majnun era del 40% al 10%, para un período de retorno de la inversión de 20 años, lo cual corresponde a la media de los contratos PSA.

La justificación oficial de las condiciones, anormalmente ventajosas para las majors, que estipula el proyecto de ley es la cuestión de la seguridad en Irak. Deseosas de proteger a su personal, las majors exigen sólidas garantías en cuanto al retorno de sus inversiones.
Coincidentemente, la escalada militar que ha instrumentado George W. Bush empeoró la situación de la seguridad y reforzó los argumentos que esgrimen las majors para exigir márgenes cada vez más extravagantes.

Resulta por demás interesante señalar que BearingPoint dice realizar su trabajo teniendo en cuenta el pico petrolero [13]. En efecto, para las grandes compañías petroleras, firmar ahora contratos PSA en un país como Irak constituye la garantía de poder mantener la cabeza fuera del agua después del principio del declive global, y ayuda a mantener a flote las economías nacionales de sus respectivos países. Coinciden en este punto los intereses de las compañías petroleras anglosajonas y los de los Estados miembros de la coalición.

Además, los retornos de inversiones calculados según la proporción de los ingresos provenientes del petróleo privarán a la economía iraquí de miles de millones de petrodólares a medida que vayan aumentando los precios de ese recurso, aumento que ya constituya una certeza para el futuro debido al pico de producción. Siguiendo el guión habitual, los ingresos petroleros que se queden en el país productor se dedicarán finalmente, en gran parte, al pago de los contratos, que Halliburton y compañía sobrefacturan, por la construcción de infraestructuras civiles, y al pago de las deudas.

¿Qué pasará con los miles de millones provenientes de las ganancias suplementarias provenientes del alza del precio del barril? Por supuesto, la ley iraquí sobre los hidrocarburos tiene previsto que puedan volver al extranjero, contrariamente a otras legislaciones petroleras que estipulan que sean reinvertidas en la economía nacional del país productor. El capítulo intitulado «Régimen fiscal» estipula que «las compañías extranjeras no están sometidas a ninguna restricción en cuanto a sacar las ganancias del país, y no están sometidas a ninguna tasa para ello».

Además, todo litigio entre el Estado iraquí y una compañía extranjera tendrá que someterse al arbitraje no de un tribunal iraquí sino de una corte internacional. De hecho, en caso de que el gobierno iraquí pidiera cuentas algún día por los cargamentos fantasmas que están saliendo constantemente de las terminales de Basora desde el período de embargo de la ONU, la «comunidad internacional» se reserva el derecho de desempeñar ella el papel de juez, cuando es ella misma quien se aprovecha de esos cargamentos, de no ser así ya se habría encargado de imponer un sistema de medida [14]. Finalmente, de los 80 yacimientos descubiertos en Irak, sólo 17 quedarán bajo el control mayoritario del Estado central iraquí, de ser aprobado este proyecto de ley.

Hasta el momento, diferentes tipos de obstáculos se oponen a la adopción de esa ley en la Asemblea Nacional iraquí. A la resistencia de los sindicatos, anteriormente mencionada, se unen la reticencia de la minoría kurda del norte de Irak (segunda región productora del país, después del sur, mayoritariamente chiíta) que aspira a administrar sus recursos petrolíferos en forma autónoma. En función de ello, las autoridades kurdas han otorgado ya varios contratos de repartición de la producción y han anunciado incluso la creación de su propio ministerio del Petróleo, bajo la mirada benevolente de las potencias ocupantes, que dicen, sin embargo, desear la unidad del país y que se comparta la renta petrolera. Después de haber recibido la promesa de una rápida emancipación a cambio de su colaboración con los ocupantes, los kurdos se dan cuenta –un poco tarde– de que, en vez de compartir la renta petrolera con sus compatriotas sunnitas y chiítas, van a tener que ceder buena parte de ella a las majors occidentales, perspectiva que no les hace sentirse precisamente felices.

Durante los últimos días, el almirante Fallon, y más tarde John Negroponto, segundo responsable del Departamento de Estado, han viajado a Bagdad para presionar al gobierno de Maliki con vistas a que éste acelere la adopción del proyecto de ley sobre los hidrocarburos. Y es que George W. Bush, aunque no tiene intenciones de retirar sus tropas del país, tampoco exponerlas más aún.

Simplemente desea imponer una privatización de los ingresos petroleros a un Estado iraquí en situación de debilidad y bajo la amenaza de las bayonetas, para luego ordenar a sus tropas replegarse a bases permanentes, siguiendo un «modelo coreano» frecuentemente mencionado en Washington en los últimos tiempos. Pero antes, los parlamentarios iraquíes tienen que decidir el destino de su economía nacional para los próximos 40 años. Alrededor de ellos, para ayudarlos a decidir, se mantienen 120 000 soldados estadounidenses y una cifra similar de mercenarios armados hasta los dientes, listos proclamar el cumplimiento de la segunda misión de la Coalición del Petróleo en Irak.

La primera consistía en revertir, mediante el restablecimiento del dólar como moneda utilizada en las transacciones petroleras, el movimiento que Sadam Husein y Hugo Chávez habían emprendido en el seno de la OPEP, y salvar así la economía estadounidense. La segunda consiste en garantizar, durante 40 años como mínimo y por tanto más allá del pico petrolero, el monopolio de las majors occidentales sobre el petróleo iraquí y aliviar así el desplazamiento del poder petrolero hacia los países del Medio Oriente.

*Arthur Lepic
Periodista francés, miembro de la sección francesa de la Red Voltaire especializado en los problemas energéticos y militares.

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[1] «Qui gouverne l’Irak?», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 13 de mayo de 2004.

[2] «Iraq Federation of Oil Workers strike demands», Iraqi Federation of Oil Unions, 5 de mayo de 2007.

[3] «Irak’s workers strike to keep their oil», por David Bacon, Truthout, 9 de junio de 2007.

[4] Ver los artículos «Dick Cheney, le pic pétrolier et le compte à rebours final», por Kjell Aleklett, Voltairenet, 9 de marzo de 2005 y «Les ombres du rapport Cheney», por Arthur Lepic, Voltairenet, 30 de marzo de 2004.

[5] En ese contexto, es importante diferenciar la noción de privatización de los yacimientos de la noción de privatización de los ingresos. En efecto, el único país del mundo que ha privatizado sus yacimientos es… Estados Unidos. En cambio, la naturaleza de los contratos que se otorgan a las compañías extranjeras puede ser tremendamente variado en los países que siguen siendo, teóricamente, dueños de sus propios recursos, pero no de los ingresos que provienen de estos.

[6] «Shock and Oil: Iraq’s Billions and The White House Connection», por Stephen Foley, The Independent, 15 de enero de 2007.

[7] «SEC Hires a Company It’s Investigating», por Marie Leone, cfo.com, 27 de septiembre de 2006.

[8] «The Center for Corporate Policy’s Ten Worst War Profiteers of 2004», Center for Corporate Policy, 2004.

[9] «Halliburton, profiteur de guerre », por Arthur Lepic, Réseau Voltaire, 23 de septiembre de 2004.

[10] Sobre este aspecto y sobre los otros miles de millones provenientes del petróleo iraquí que desaparecieron, ver el artículo «So, Mr Bremer, where did all the money go?, The Guardian, 7 de julio de 2005.

[11] La última versión presentada a los parlamentarios de la asamblea colaboracionista iraquí, y aún sin aprobar, puede consultarse aquí: versión en inglés y versión en árabe.

[12] «Exposed: British government pushing oil interests in Iraq», Platform, 9 de marzo de 2007.

[13] Ver la presentación de las actividades de la sociedad BearingPoint en el sector de los hidrocarburos .

[14] Para un análisis más detallado del ley iraquí sobre los hidrocarburos, consultar el excelente informe de la organización británica PLATFORM: «Crude Designs: The rip-off of Iraq’s oil wealth» (disponible solamente en inglés y árabe).

Máxima distinción musulmana para Ben Laden

RAWALPINDI.- Un grupo de eruditos musulmanes paquistaníes otorgó el jueves su título más prestigioso a Osama Ben Laden, en reacción a la condición de noble concedida a Salman Rushdie por la reina de Inglaterra.

El consejo paquistaní de los ulemas (teólogos musulmanes), una organización privada que reinvindica 2.000 miembros, indicó que otorgó al jefe de la organización Al-Qaida el título de "Saifulá", o "Espada de Alá".

"Tenemos el placer de otorgar el título de Saifulá a Osama Ben Laden después de la decisión del gobierno británico de conferir el título de Sir a Rushdie el blasfema", anunció el presidente del consejo Maulana Thir Ashrafi.

"Es el título más alto para un combatiente musulmán", garantizó.

Estos teólogos, que se supone deben actuar por la armonía religiosa, también alentaron al presidente paquistaní Pervez Musharraf a solicitar de urgencia una reunión de los 57 países miembros de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) para presionar a Gran Bretaña a retirar la distinción acordada a Rushdie.

El nuevo "Caso Rushdie", dieciocho años después de la publicación de los "Versículos satánicos", provocó una vez más el miércoles en Pakistán manifestaciones anti-británicas y un llamado a asesinar al escritor "blasfema", en tanto Londres que dijo "lamentar" que algunos puedan sentirse ofendidos.

Salman Rushdie, de origen indio, pasó varios años en la clandestinidad después de haber sido "condenado a muerte" por un decreto religioso (fatua) emitido en 1989 por el fundador de la República islámica de Irán, el ayatolá Jomeini.

Después del petróleo, qué

MADRID.- Según un estudio del petrolero BP, las reservas de bolsas de petróleo en todo el planeta permitirían cubrir la demanda durante un periodo de cuarenta años, siguiendo el ritmo de consumo actual. Las energías renovables se plantean como la mejor alternativa.

Los científicos del llamado Oil Depletion Analysis Centre, en cambio, tachan estas previsiones de “demasiado optimistas” y alertan de que en cuatro años se iniciará una fuerte caída de la producción.

Este colectivo de investigadores, afirna que la cota máxima de producción se va a alcanzar de forma inminente, y calcula que en 2011 la producción petrolera comenzará a caer con fuerza. Además, anuncian que este hecho tendrá un fuerte impacto para la economía mundial.

Colin Campbell, exvicepresidente de importantes compañías del sector como la misma BP, Shel o Chevron Texaco, explicaba esta semana en una entrevista al periódico The Independent que las reservas de petróleo más baratas para su extracción se agotaron hace dos años.

La demanda sigue creciendo

La economía mundial consume 82 millones de barriles diarios.

La Agencia Internacional de la Energía, aunque reconoce que la producción de los pozos petroleros está empezando a caer, prevé que la demanda seguirá creciendo y llegará a los 113 millones de barriles diarios en el año 2020.

El petróleo es, con un 34% del total, la fuente de energía más utilizada para el consumo a nivel mundial, según explica la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos en un video publicado en "Youtube".

Además es el componente con mayor peso en el balance de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Si a esto se le suma que muchas de las energías alternativas, como la eólica o la solar, requieren el insumo de altas cantidades de hidrocarburos, hablar de petroleo es hablar de la fuente de energía fundamental que sustenta el ritmo de consumo mundial hoy en día.

Pero esto tendrá que cambiar, porque el petroleo se agota. Y son las energías renovables la mejor alternativa, a pesar de que en la actualidad no suponen ni un 1% del consumo mundial en nuestra sociedad.

Y el petróleo se agota

Para las petroleras la solución pasa por descubrir nuevos pozos, pero los científicos advierten que esta idea es poco realista y que comportaría elevados costes económicos y medioambientales. “Para contrarrestar estos gastos el petróleo debería ser mucho más caro, lo que tendría enormes consecuencias para la economía actual”, explican desde el Oil Depletion Analysis Centre.

La publicación del Informe Estadístico sobre la Energía en el mundo ha ocasionado la polémica entre la industria y los científicos y ecologistas. Estos últimos, critican que no se tomen medidas y que se empiecen a tomar en serio las energías alternativas.

Energías renovables ¿una solución?

Una de las alternativas por la que apuestan los científicos son las energías renovables. “Debemos promocionar las energías alternativas, ya que tienen la capacidad de no contaminar el medio ambiente y no afectan por lo tanto a la sociedad y además, son renovables”, explican miembros del Oil Depletion Analysis Centre.

En España una de las energías renovables que más se está empezando a desarrollar es la energía eólica. En 2006, el Estado tenía instalada una capacidad de energía eólica de 11.615 megavatios, siendo así el segundo país en el mundo en cuanto a producción, junto con Estados Unidos, y sólo por detrás de Alemania.

La ley nacional sobre energías alternativas pretende alcanzar el objetivo de llegar a los 20.000 megavatios de producción eólica en 2012. No obstante, la energía eólica presenta el problema de la imposibilidad de instalar aerogeneradores en cualquier zona, porque es necesario que el viento sea constante.

Por eso, se buscan más alternativas. Cada vez más gobiernos se comprometen con fuentes renovables como el agua, que genera la energía hidráulica, geotérmica y energía oceánica o mareomotriz o el sol que puede generar energía solar. En los últimos años también ha empezado a despegar el desarrollo de la energía biomasa, que utiliza la descomposición de residuos orgánicos.

La utilización de estas fuentes renovables comporta un modelo energético alternativo, y de momento, el principal salvavidas en el que pudiera sostenerse todo el peso de la demanda energética mundial, cuando el petróleo sólo aparezca en los libros.

Somos los dueños del mundo/ Noam Chomsky*

En las sociedades toscas y brutales, la Línea del Partido es proclamada públicamente, y debe ser obedecida. De lo contrario, uno debe atenerse a las consecuencias. En las sociedades donde el Estado ha perdido la capacidad de controlar por la fuerza, la Línea del Partido no es proclamada. Más bien, es presupuestada, y un vigoroso debate es alentado dentro de los límites impuestos por la inexpresada ortodoxia doctrinaria.

El sistema tosco conduce a una natural incredulidad. La variante sofisticada ofrece la impresión de apertura y libertad, y sirve para imponer la Línea del Partido como algo más allá de toda cuestión, incluso más allá de todo razonamiento. Es como el aire que respiramos.

En el cada vez más precario impasse entre Washington y Teherán, una Línea del Partido confronta a la otra. Entre las bien conocidas víctimas inmediatas están los detenidos iraníes-norteamericanos Parnaz Azima, Haleh Esfandiari, Ali Shakeri y Kian Tajbakhsh. Pero el mundo entero es un rehén en el conflicto Estados Unidos-Irán, donde, después de todo, las apuestas son nucleares.

De manera que no sorprende a nadie que el anuncio del presidente George W. Bush de un “surge” o incremento de tropas en Iraq como reacción al pedido de la mayoría de los estadounidenses de iniciar una retirada, y las aún más fuertes demandas de los (irrelevantes) iraquíes, fuera acompañado de ominosas filtraciones sobre combatientes que actúan desde bases iraníes y que usan en Iraq artefactos explosivos fabricados en Irán. El propósito sería desbaratar la victoria de Washington, la cual es —por definición— noble. Luego le siguió el anticipado debate: los halcones dicen que debemos adoptar violentas medidas contra este tipo de interferencias foráneas en Iraq. Las palomas replican que primero debemos asegurarnos de que la evidencia es verificable. El debate puede continuar sin parecer absurdo siempre que contemos con la tácita suposición de que somos los dueños del mundo. Por consiguiente, la interferencia está limitada a aquellos que estorban nuestros objetivos en un país que invadimos y ocupamos.

¿Cuáles son los planes del cada vez más desesperado compadrazgo que mantiene un estrecho poder político en los Estados Unidos? Declaraciones amenazantes, off-the-record, de miembros del equipo del vicepresidente Dick Cheney han aumentado los temores de una expansión de la guerra.

“Uno no quiere dar argumentos adicionales a los nuevos locos que dicen, ‘vayamos y bombardeemos Irán’ ”, dijo el mes pasado a la BBC Mohamed ElBaradei, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. “Cada mañana me despierto y leo que otros 100 iraquíes, civiles inocentes, han muerto”.

La Secretaria de Estado norteamericana, Condoleeza Rice, que parecería estar enfrentada a los “nuevos locos”, intenta, al parecer, buscar una vía diplomática con Teherán. Pero la Línea del Partido permanece, sin cambios. En abril, Rice habló sobre lo que pensaba decir en caso de encontrarse con su homólogo iraní Manouchehr Mottaki en la conferencia internacional sobre Iraq a efectuarse en Sharm el Sheikh. “¿Qué necesitamos hacer? Es bastante obvio”, dijo Rice. “Paren el flujo de armas a los combatientes extranjeros, paren el flujo de combatientes extranjeros que cruzan las fronteras”. Por supuesto, se refería a los combatientes y armas iraníes. Los combatientes y armas de Estados Unidos no son “extranjeros” en Iraq. Ni en cualquier otro lugar. La premisa tácita que subyace a su comentario, y virtualmente a toda discusión pública sobre Iraq (y más allá) es que somos los dueños del mundo. ¿No tenemos el derecho de invadir y destruir un país extranjero? Por supuesto que lo tenemos. Eso es algo dado. La pregunta es: ¿funcionará el envío de más tropas? ¿O alguna otra táctica? Tal vez esta catástrofe nos está costando demasiado. Y esos son los límites de los debates entre los candidatos presidenciales, el Congreso y los medios de difusión, con raras excepciones. Esa es parte de la razón de que los debates sean tan poco categóricos. Los temas básicos no son discutibles. Sin duda alguna Teherán merece una fuerte condena, ciertamente por su severa represión doméstica y la inflamatoria retórica del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Sin embargo, es útil preguntar cómo habría actuado Washington si Irán hubiera invadido Canadá y México, derrocado a los gobiernos de esos países, asesinado a decenas de miles de personas, desplegado importantes fuerzas navales en el Caribe y lanzado amenazas creíbles de destruir a Estados Unidos si no terminaba inmediatamente con sus programas de energía nuclear (y armamentos). ¿Habríamos observado la situación con tranquilidad?

Después que Estados Unidos invadió Iraq, “si los iraníes no hubieran intentado fabricar armas nucleares, estarían locos”, dice el historiador militar israelí Martin van Creveld. Seguramente ninguna persona sana desea que Irán (o cualquier otro) desarrolle armamento nuclear. Una solución razonable a la crisis permitiría a Irán desarrollar la energía nuclear, según sus derechos, de acuerdo con el Tratado de No Proliferación, pero no armas nucleares.

¿Es ese desenlace posible? Lo sería, pero con una condición: que Estados Unidos e Irán fuesen sociedades democráticas que funcionen a plenitud, en las cuales la opinión pública tenga un impacto importante en la política, superando el enorme abismo que ahora existe en muchos asuntos críticos, incluyendo este. La solución razonable tiene un apoyo abrumador entre los iraníes y los estadounidenses, quienes están de acuerdo en general sobre los asuntos nucleares, según encuestas recientes del Program o­n International Policy Attitudes, de la universidad de Maryland.

El consenso iraní-estadounidense se extiende a la completa eliminación de las armas nucleares en todas partes (82 por ciento de los estadounidenses). Y si eso no se puede conseguir, al menos resultaría importante “una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente que incluiría los países islámicos e Israel (71 por ciento de los estadounidenses)”.

Para un 75 por ciento de los norteamericanos, es mejor construir relaciones con Irán en vez de utilizar amenazas de fuerza. Estos hechos sugieren un posible modo de impedir que la crisis actual explote, tal vez incluso de una Tercera Guerra Mundial, como fue pronosticado por el historiador militar británico Correlli Barnett. Esa tremenda amenaza podría ser impedida persiguiendo una propuesta familiar: la promoción de la democracia.

Aunque no podemos llevar a cabo este proyecto directamente en Irán, podemos actuar para mejorar las perspectivas de valientes reformistas y opositores que intentan conseguir exactamente eso. Entre ellos se incluyen personas como Saeed Hajjarian, la Premio Nobel Shirin Ebadi y Akbar Ganji, y aquellos que usualmente permanecen en el anonimato, como los dirigentes gremiales.

Podemos mejorar las perspectivas para la promoción de la democracia en Irán por medio de un drástico cambio en la política de Estados Unidos, de tal modo que refleje la opinión popular. Esto implicaría retirar las amenazas que caen como maná del cielo para los sectores iraníes de línea dura, y son amargamente condenadas por aquellos iraníes que intentan promover la democracia. Podemos actuar para abrir algún espacio entre aquellos que buscan derrocar desde adentro la reaccionaria y represiva teocracia, en lugar de socavar sus esfuerzos por medio de las amenaza y del militarismo.

La promoción de la democracia, aun cuando no sea una panacea, sería un paso útil para ayudar a que Estados Unidos se transforme en un “accionista responsable” en el orden internacional (para adoptar el término usado por los adversarios), en lugar de ser objeto de miedo y de disgusto en la mayor parte de todo el mundo. Aparte de ser un valor en sí mismo, una democracia en funcionamiento en este país significa una promesa. Sería el simple reconocimiento de que no somos los dueños del mundo, sino que lo compartimos.

* Noam Chomsky. Profesor emérito de lingüística y filosofía en M.I.T.

El mercado inmobiliario se desploma con un descenso de ventas de un 11%

MADRID.- Se acabó. Tras meses de subidas de los tipos de interés y de un avance contenido pero firme de los precios de las casas, los bolsillos ya no resisten más. La compra de pisos se desploma en toda España, y empieza a dejar ‘colgados’ a los promotores y preocupados a bancos y cajas de ahorro.

A finales de marzo, las operaciones de compraventa caían a un ritmo medio interanual del 11%, según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. El recorte superaba el 15% en autonomías como Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura o el País Vasco.

En el caso de la Comunitat Valenciana el descenso a fecha de marzo era de un 12% interanual, al pasar de 149.569 a las 131.966 viviendas nuevas y usadas vendidas en doce meses.

Primero fue el ‘boom’ inmobiliario. Los tipos de interés en mínimos históricos permitieron que el sector inmobiliario avanzara como nunca en España. Ritmos de construcción sin precedentes, superiores a los media Europa junta, una Bolsa en horas bajas y una buena situación económica en el país fueron el caldo de cultivo.

Familias e inversores se lanzaron a comprar pisos a los que, si querían y en apenas meses, sacaban una enorme rentabilidad. Pero a finales de 2005 todo cambió. El imparable euribor -lanzado por los movimientos del Banco Central Europeo (BCE)- y unos precios desbocados por el dinero fácil terminaron por matar a la gallina de los huevos de oro.

Hoy, el panorama es muy distinto. La adquisición de casas cae en todas las comunidades autónomas, si se comparan las realizadas entre marzo de 2006 y marzo de 2007, y los 12 meses anteriores.

Sólo se salva Navarra, donde las operaciones crecen al 4%. En el resto del país, el retroceso es enorme. Sobre todo en el segmento de los pisos nuevos, que registran una caída media del 16% interanual, con ‘números rojos’ insólitos. Como los de Aragón (28%), Cataluña (37%), Extremadura (38%) o Euskadi, con 48.557 transacciones acumuladas frente a 53.856. Esto es, un 22% menos.

El mercado valenciano de viviendas de segunda mano sufre también especialmente el efecto del parón inmobiliario. La Comunitat ha pasado de los 95.713 a los 83.409 pisos usados vendidos en un año, lo que supone un descenso de un 13%.

En cuanto a la vivienda nueva, los efectos han sido algo menos acusados al pasar de 53.856 a 48.557 viviendas vendidas en doce meses, lo que supone un descenso de un 10%.

Ese parón del mercado nuevo es un grave problema para los promotores, muchos de los cuales se ven obligados a vender, si no se quieren ‘comer’ sus promociones, a un precio inferior al que pretendían. Toda una bola de nieve, ya que el sector contrajo deudas multimillonarias para levantar sus pisos que ahora, con los tipos por las nubes, deben pagar. Con el consiguiente aprieto para el sistema financiero.

Nadie quiere hablar de crisis. Pero la realidad es que si la venta de para, todo se para. Bancos y cajas ya han reconocido que empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas. Otorgan menos, y en las que dan alargan plazos y ‘atan’ al cliente con seguros y otras obligaciones accesorias.-(EFE)

Año y medio de subidas de tipos disparan la deuda familiar y reducen el consumo en Murcia

MURCIA.- La continuada subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo y su repercusión en los hipotecarios están provocando desde hace año y medio una importante desaceleración en el consumo regional. Previsiblemente a final de año Murcia -¿enorme y aparente paradoja!- volverá a engrosar el pelotón de las regiones con menores alzas en las compras de particulares (3,1%) y encabezará, sin embargo, el ránking de autonomías que más crecen (4%).

Las asociaciones de consumidores, técnicos de Hacienda y asesores en inversión y financiación alertan de que el consumo privado -en la cota más baja de los últimos ocho años-, se está resintiendo. Consideran, igualmente, que con cada movimiento alcista del BCE, cierto número de familias, al limite de sus posibilidades, pasan a engrosar la lista de las sobreendeudadas.

Antonio García Guerrero delegado de AIF (Asociación Independiente de Asesores Financieros) reconoce que, sobre todo a causa de la situación inmobiliaria de los últimos años y del incremento del euríbor, los murcianos debemos una buena parte de lo que cobramos. Las entidades financieras están endureciendo ya las condiciones en la concesión de préstamos por temor al encarecimiento del precio del dinero.

«Tal vez sea el momento de cambiar los créditos para vivienda de interés variable a otros de tipos mixto-indica García Guerrero-. Se ha conseguido reducir algo el volumen de contratación de hipotecarios, aunque Murcia es uno de los sitios de España donde menos se nota, en cambio hemos percibido un repunte de la morosidad crediticia y sobre todo en las tarjetas de crédito. Estos son síntomas de que la economía se está desacelerando».

La UCE, por su parte, señala que en este escenario alcista, los murcianos deben ser conscientes de que ahorrar y no consumir más de lo que se puede son las únicas medidas posibles, «algo bastante difícil porque destinan la mitad del sueldo a pagar hipotecas. Además, suelen tener otros créditos personales como coche, electrodomésticos, etc». La UCE considera imprescindible que el Congreso apruebe una ley de sobreendeudamiento y quiebra de las familias, al igual que ya existe en Francia, y que articule los mecanismos necesarios para evitar situaciones graves.

Según el último informe de Caixa Catalunya, el consumo privado se moderará en toda España en un entorno de alto crecimiento del PIB. Señala que el año pasado, las regiones del norte y Murcia fueron las que tuvieron un menor crecimiento del consumo , tal vez por la caída de la confianza de los usuarios. De hecho, la Región disminuyó los niveles en cinco décimas, tal vez debido a los altos niveles de inflación. En cuanto a este año la entidad financiera catalana considera que las perspectivas favorables en la evolución del mercado laboral ayudarán a impulsar el consumo de los hogares, aunque en Murcia caerá una décima y se situará de nuevo muy por debajo del resto del país, y eso a pesar de que en abril el gasto creció por encima de la media nacional.

Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automóviles, también ve con preocupación el momento que atraviesa el sector. «En Murcia, las matriculaciones de turismos acumulan un retroceso del 5% en los cinco primeros meses, y el descenso de ventas a particulares llega al 8,5%.

Incentivar los alquileres

Añade que el encarecimiento del precio del dinero mermará aún más el poder adquisitivo de las familias a lo largo de este año, cuyo endeudamiento se sitúa en máximos históricos. «Actualmente son necesarios dos años más de salario familiar para poder adquirir una vivienda -indica Antonio Romero-. Esto, unido al encarecimiento de la financiación de los vehículos, está influyendo en la desaceleración de las ventas en el sector».

José María Mollinedo, vicepresidente de la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha), se muestra preocupado por la repercusión social de las subidas. «Desde una perspectiva económica, puede provocar en una retracción del consumo doméstico y de la inversión, pero también una menor calidad de vida, ya que el alto endeudamiento está llevando a muchas familias a aparcar otros proyectos vitales y trascendentales (educación, ocio, dedicación a la familia, etc) por falta de presupuesto para poder afrontarlo». Los técnicos de Hacienda consideran que se debería incentivar el mercado de alquiler para tratar de frenar la escalada de precios de la vivienda. «Hemos propuesto mejorar la «seguridad jurídica» de la relación entre propietarios e inquilinos con el fin de estimular el mercado de alquiler y favorecer la ocupación de los pisos vacíos.

Mollinedo coincide con los responsables del Banco de España en que las entidades financieras deben limitar la importancia del crédito hipotecario y reducir los plazos de devolución -cada vez más amplios- para que no sobrepasen la vida financiera de las familias, con el consiguiente riesgo de devolución. El plazo actual de los préstamos para vivienda se sitúa en 27 años.

Finalmente, los técnicos de Hacienda señalan que, aunque las entidades financieras han endurecido su política crediticia, todavía crece a un ritmo del 21%. Por lo que respecta a Murcia, la deuda bancaria se ha visto incrementada hasta duplicarse en cuatro años, de tal modo que cada ciudadano debe una media de 28.000 euros en créditos, mientras que los depósitos por persona no llegan a 15.000.
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El fiscal general del Estado lanza un aviso a navegantes osados

SEGOVIA.- El fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, pidió hoy en Segovia que la sociedad española "confíe en la Administración de Justicia y en sus jueces, porque el Estado de derecho no puede funcionar si se produce una descalificación permanente que cuestione su funcionamiento".

En declaraciones a los periodistas, el fiscal general aseguró que el Poder Judicial "es un poder pacífico que se asienta en su capacidad de convicción; por ello es necesario que todos los ciudadanos crean en la Justicia y que las instituciones cumplan con su obligación".

En este sentido, precisó que la misión de los fiscales es "investigar y formular acusaciones, la de los jueces dictar sentencia y la de los periodistas informar confiando en que los tribunales actúan conforme al Derecho y a la razón".

"Y entre todos debemos ayudar a que los ciudadanos confíen en la Justicia y en las instituciones porque esa es la fuerza del Estado de derecho y la fuerza de nuestra convivencia", agregó.

Como antiguo profesor del Colegio Universitario, en el que ejerció la docencia en la década de los 90 coincidiendo con su etapa como presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Conde-Pumpido aseguró que su periodo universitario: "me permitió compartir con los jóvenes alumnos la idea de que el Derecho permite resolver con justicia los problemas de los ciudadanos de forma pacífica".- (EFE)