martes, 31 de mayo de 2016

"Para salvar el Mar Menor no bastan parches", dice 'Ecologistas en Acción'

MURCIA.- Ecologistas en Acción de la Región Murciana, ha querido desmarcarse hoy de las declaraciones de  COAG, en las que  afirma que tiene el apoyo de “los ecologistas” en su levantamiento contra el intento de la Confederación Hidrográfica del Segura de hacer cumplir la normativa vigente, la cual impide el vertido de las salmueras a las ramblas por su alto contenido en nitratos. 

Hay que recordar que el Campo de Cartagena está declarado como Vulnerable a la contaminación por nitratos justamente por la gran contaminación agrícola que llega al Mar Menor, a través no sólo del Albujón sino también del resto de ramblas que desaguan en la laguna salada. Además, la laguna del Mar Menor está también declarada como Zona Sensible, por lo que no se pueden realizar vertidos con contenidos significativos de nitrógeno o de fósforo.
Ecologistas en Acción rechaza posibles falsas medidas como recoger las salmueras o parte de los drenajes agrarios a través de nuevas obras de canalización para su vertido en  el Mar Mediterráneo. El motivo por el que rechaza dicha medida es porque no supone una solución real, no es una medida deseable a nivel ambiental, y supondría un gasto inútil de dinero público que debería emplearse en otras medidas realmente eficaces. La construcción de nuevas obras para conducir las salmueras al Mar Mediterráneo es ineficaz porque, en el supuesto de que llegaran a funcionar al 100 %, sólo retirarían una pequeña parte de la contaminación agraria, ya que buena parte de dicha contaminación llega a la laguna a través de las avenidas, que no se pueden recoger con canales, y a través de todo el caudal del Albujón y del resto de ramblas, cuyos caudales tampoco serían llevados al Mediterraneo. Además, desde 1997 la Confederación Hidrográfica del Segura construyó y puso a disposición de los regantes del Campo de Cartagena un sistema completo de colectores de drenajes agrarios y la desaladora del Mojón, para reutilizar de nuevo las aguas de drenaje en el regadío una vez tratadas. Sin embargo, los regantes siempre han rechazado reutilizar estas aguas de drenaje tratadas, de forma que aquella costosa obra nunca se puso en marcha y ha supuesto un enorme despilfarro de dinero público. Por tanto nuevas obras para recoger las salmueras podrían constituir igualmente un gasto inútil de dinero público. Finalmente enviar parte de las salmueras y drenajes al Mar Mediterráneo no es una solución ambientalmente adecuada, porque sólo movería la contaminación de sitio, generando problemas de eutrofización en los ecosistemas marinos del Mediterráneo.
Los ecologistas advierten que después de décadas viendo como el Mar Menor iba en declive, como consecuencia de la actividad humana, que no ha tenido en cuenta nunca sus efectos sobre la laguna salada, estamos llegando ya al final de la capacidad de autoregeneración del Mar Menor.
El urbanismo, la agricultura de regadío intensiva, la navegación, y algunas actividades vinculadas al turismo, han puesto en jaque la salud del Mar Menor, a pesar de ser considerada la “joya de la corona” por sucesivos gobiernos.
Este año, como consecuencia de varios factores, el Mar Menor está dando síntomas de un agotamiento extremo, y dando sus últimos avisos antes de cambiar drásticamente: el Mar Menor no puede seguir depurando la enorme cantidad de nutrientes que le llega a través de las diferentes ramblas que en él desembocan, y cuyo origen es principalmente la agricultura intensiva de regadío del campo de Cartagena.
Y lo peor es que sabemos que este es uno de los problemas mayores del Mar Menor desde hace muchos años, pero los sucesivos gobiernos en mayoría del Partido Popular no han dado nigún paso hacia la solución real.
Desde que en el año 2000 se declarara la zona del campo de Cartagena como Zona Vulnerable a la contaminación  por nitratos, no se ha tomado ninguna iniciativa seria encaminada a solucionar el problema de raíz.

Un colector no es la solución
Ecologistas en Acción recuerda que según los estudios realizados por distintos investigadores para evaluar la eficacia del sistema de colectores construido en 1997 para recoger los drenajes agrarios y salmueras, dicha eficacia hubiera sido bastante baja aún en el caso de que dichos colectores se hubieran puesto en funcionamiento. Por ello la actual propuesta de colector que recoja las aguas de vertido de la rambla del Albujón y las lleve al Mar Mediterráneo, tampoco sería una solución real.
Para los ecologistas, cuando se trata de resolver un problema, se ha de buscar una solución que acabe con el origen del mismo, y no que traslade el problema de la contaminación desde el Mar Menor al Mar Mediterráneo (agravando su situación con un nuevo vertido contaminante).
Por otro lado, insisten en que según distintos estudios, con un colector sólo se desviaría del Mar Menor una pequeña parte de la contaminación agraria, posiblemente no superior al 20% de los nutrientes que llegan actualmente a la laguna salada, de forma que el 80% de la contaminación seguiría llegando al Mar Menor, que ya está mostrando un serio agotamiento y evidenciando que no puede absorber más nutrientes.
Por ello, Ecologistas en Acción cree que hay que plantearse otro tipo de soluciones, más difíciles de abordar, pero que suponen una apuesta real para salvar el Mar Menor: la reconversión integral de la agricultura en el Campo de Cartagena, aplicando seriamente las medidas previstas en la Directiva de Nitratos, una amplia batería de medidas naturales de retención de nutrientes en la cuenca, y la utilización de filtros verdes, a través de la creación de nuevas superficies de humedal, que se “coman” la mayor parte de los nutrientes antes de que lleguen al Mar Menor.
Y advierten: “Toda media que no contemple la solución en origen, fracasará”.
Por todo ello, Ecologistas en Acción insta a las administraciones públicas a dejar de pasarse la pelota de una a otra, y a que se pongan a trabajar desde ya y de manera coordinada para salvar -de verdad– un ecosistema único en todo el Mediterráneo, que los murcianos tenemos el privilegio de albergar en nuestro territorio.
Para terminar, la organización ecologista anuncia que remitirá a todos los actores implicados, un documento en el que se esbozan las soluciones reales que propone la organización para salvar el Mar Menor.

'Cambiemos Murcia' cree que 'Urbamusa' no es la adecuada para gestionar el parque de viviendas

MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel ha dicho hoy que Urbamusa no es la entidad adecuada para gestionar el parque de viviendas y locales incorporado en el Programa Municipal de Alquiler de Vivienda. 

Tornel, que ha hecho estas declaraciones después de participar en la primera reunión para abordar la elaboración del citado Programa, ha indicado que si Urbamusa se encarga de esa labor "ocurrirá la jugada de siempre".
Esto quiere decir, en palabras del edil, que "se dejará a los trabajadores sociales del Ayuntamiento la labor de acompañamiento de los usuarios", con una consiguiente descoordinación respecto al resto de tareas de gestión.
A su juicio, el Programa es necesario para garantizar el acceso a la vivienda de muchas personas que no lo tienen, como familias en situación de exclusión social, jóvenes con dificultades para emanciparse o trabajadores desplazados.
Además, se trata de una actuación de importancia para desarrollar las competencias municipales en la materia y dar cobertura a las necesidades reales del municipio y de la ciudadanía.
El concejal ha recordado que Cambiemos Murcia apuesta por el alquiler como fórmula para dinamizar el acceso a la vivienda, muy difícil para ciertos colectivos, y los locales comerciales.
También ha recordado que para que el Programa se pueda desarrollar con plenas garantías es "imprescindible" que se refuercen el número de efectivos y los recursos del servicio de Vivienda, ahora "en situación de precariedad", que cuenta con un potencial en cuanto al trabajo de acompañamiento a los inquilinos de las viviendas.

María Giménez: "Es necesario que por haber convertido al Mar Menor en una sopa verde se depuren responsabilidades "


CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos María Giménez considera una "grata noticia" el que la fiscalía abra una investigación para determinar si existe delito ecológico en el actual estado del Mar Menor y denuncia que ni la Consejería de Agricultura ni CHS hayan tomado las medidas necesarias para evitar el estado "lamentable que presenta actualmente la laguna salada".

En este sentido, Giménez ha señalado que "la actual situación del Mar Menor se debe a una acumulación de negligencia institucional tras veinte años de gobierno del Partido Popular en la Región donde no ha existido ninguna preocupación por el medioambiente, más bien ha sido considerado como un producto, una mercancía y se le ha desprovisto del valor que tiene".
Por lo que ha recordado la iniciativa de creación de la Oficina técnica del Mar Menor, que fue aprobada gracias a las enmiendas de Podemos a los presupuestos de la Comunidad y ante la que la Consejería de Agricultura "ha hecho oídos sordos, no la ha dotado de recursos, y tampoco se ha aprobando un plan de gestión de la zona, lo que ha demostrado la falta de interés desde el punto de vista político por esta zona de alto valor ecológico".
María Giménez ha recordado que "la ciudadanía viene denunciando desde hace más de 20 años, la dejación de uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo" y calificado de logro por parte de la sociedad civil "la gran presión que se está llevando a cabo en los últimos meses, por parte de la ciudadanía como es el caso de la Plataforma por el Pacto del Mar Menor y a la Federación de vecinos, para salvaguardar y proteger la zona del Mar Menor".
Desde Podemos Región de Murcia consideramos que la actual disputa de la Consejería con CHS, manifiesta la profunda ausencia de coordinación entre las dos Administraciones gobernadas, en la actualidad por el mismo partido.

Enrique Ayuso: "El PSOE no quiere ser cómplice del urbanismo a la carta 'marca PP' con el que se ha distinguido el Ayuntamiento de Murcia"

MURCIA.- El concejal del Grupo Socialista, Enrique Ayuso, defendió ayer lunes en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia el cumplimiento de la legalidad urbanística, con la defensa de una moción con el objetivo de no permitir la autorización excepcional de siete edificios ilegales construidos por la Universidad Católica de Murcia (UCAM) a través de la Fundación Universitaria San Antonio.

"Esos edificios son ilegales porque no tienen licencia, porque se han construido en un terreno de huerta protegido, porque están en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos que es Bien de Interés Cultural y porque sobre ellos pesa un procedimiento judicial que se ha iniciado recientemente", indicó Ayuso, quien recordó que la Universidad Católica dispone de terrenos a su disposición en la parte norte y en la que puede hacer la ampliación docente y de otras infraestructuras que necesite. Unos 135.000 metros cuadrados de terrenos que, además, fueron cedidos por el Ayuntamiento de Murcia.
"Durante el debate comprobamos que no conseguiríamos el apoyo suficiente a nuestra moción, y por eso la retiramos", precisó el edil socialista, responsable del seguimiento del área de Urbanismo. "Queríamos evitar que el Partido Popular aprovechara nuestra moción para aprobar un parche, posiblemente ilegal, para darle una salida por la puerta de atrás a esta situación política de hechos consumados".
Enrique Ayuso insistió en que "desde el Grupo Municipal Socialista queríamos evitar que una vez más, el sello al que nos tiene acostumbrados el Partido Popular con ese urbanismo 'marca PP', se pusiera de nuevo en marcha en Murcia y tuviéramos una situación de ilegalidad que discutir en los próximos años".

Pedro Antonio Sánchez niega la mayor: «Jamás, jamás, hubo vínculos con la 'Púnica'»

MURCIA.- El presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, afirmó este martes sobre el informe de la UCO que le relaciona presuntamente con una empresa de la trama Púnica que "jamás, jamás" hubo "vínculos de trabajo" con ninguna de las empresas investigadas.

"Frente a las conjeturas, la verdad. Y la verdad es esa, que ni yo ni mi gente jamás hemos contratado, ni hemos pagado ni un euro, a esas empresas", aseguró el presidente.
Al igual que hiciera esta mañana en una entrevista radiofónica, el presidente reconoció haber recibido "propuestas y contrapropuestas" durante todo un año de una de las firmas de la 'Púnica', "muy insistente", pero reiteró que él y los miembros de su equipo rechazaron en todas las ocasiones esas ofertas.
"No teníamos indicios de que hubiera pasado algo con este tipo de empresas, pero aun así no contratamos y hoy me alegro más que nunca", añadió Pedro Antonio Sánchez, quien se remitió a las certificaciones oficiales remitidas desde el Gobierno regional al juez Eloy Velasco que niegan la existencia de pagos a la trama.
También hizo hincapié en que "lo que interesa a los ciudadanos es que jamás se contrató, encargó, acordó o pagó" a la 'Púnica' y "esa tranquilidad es la que le tiene que quedar a todo el mundo", zanjó.
"Si alguien pudiera demostrar que estoy mintiendo, no daría lugar a que nadie me señalara el camino", aseguró Sánchez en dicha entrevista, confiado en su inocencia y en el devenir favorable para sus intereses del proceso, ya que "nadie podrá demostrar lo que no existe".
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el presidente murciano recurrió a los servicios de una empresa de la 'trama Púnica' para mejorar su reputación en su carrera para ser elegido candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2015.
El informe señala que Sánchez alcanzó un "concierto" con el empresario de la trama Púnica Alejandro de Pedro por el que pagaría 4.600 euros al mes durante ocho meses para mejorar su imagen, un dinero que inicialmente saldría de fondos públicos en el marco de un eventual contrato "en materia de formación".


Uno que 'picó'


La Consejería de Industria y Turismo de Murcia tramitó la contratación irregular de empresas de la red 'Púnica' para favorecer la carrera política del exconsejero Juan Carlos Ruiz, con gestiones como hablar bien de él a la cúpula del PP para posicionarle como candidato a la presidencia de la Región.
La Guardia Civil desgrana en un informe contenido en el sumario de la 'Púnica' las gestiones que hizo el 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, para conseguir dos contratos de la Consejería que servirían para encubrir trabajos de reputación para Ruiz, quien dimitió como consejero de Industria y Turismo en junio de 2015 tras su imputación en este caso.
Según la Guardia Civil, existe "información contrastada" de que la Consejería contrató a De Pedro "para favorecer, entre otros, los intereses personales de carácter político" de Ruiz, para lo que se articularon dos contratos, el primero del Instituto de Fomento de Murcia y el segundo del Instituto de Turismo.
Las empresas de De Pedro ofrecieron al exconsejero mejorar su imagen, e incluso el 'conseguidor' de la 'Púnica', dice el informe, quiso "vender como parte de sus pretendidos 'servicios profesionales' el hacer llegar a la cúpula del Partido Popular información favorable del consejero de cara a posicionarse este como candidato a la presidencia".
Llegan a estas conclusiones analizando documentos y las conversaciones pinchadas a De Pedro y al jefe de gabinete de Ruiz, Fidel Saura, que "son muy claras y dejan patente" que el consejero "era conocedor de los trabajos reputacionales que se le iban a realizar".
"En aquellos meses -dice el informe- la candidatura a la presidencia de la Región de Murcia se encontraba en disputa, no existiendo un candidato en firme para este puesto, pudiendo ser muy importante un buen posicionamiento y una buena reputación en esos momentos para poderse constituir como un posible candidato".
No se trataba, añade, de destacar el papel institucional del consejero, sino "de poner en valor su persona de cara a posicionarlo frente al electorado y al partido".
"Con este propósito, se decide hacer uso de procedimientos de contratación pública para financiar de manera encubierta la creación de perfiles en redes sociales y generar usuarios ficticios, etcétera", concluye.
Estos trabajos reputacionales en redes sociales se llegaron a poner en marcha, afirma la Guardia Civil, y se iban a financiar "a través de varios procedimientos de contratación administrativa pública, y por tanto con cargo a fondos públicos".
La idea de los contratos partió de Fidel Saura y del exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, quienes se la trasladaron a Ruiz. Para conseguir contratar a De Pedro se valieron de las directoras de Turismo y de Fomento, que estaban al tanto, dice el informe, de "la ilicitud de sus acciones".
La de Fomento era Reyes Samper, quien intentó llevar a cabo la contratación pero finalmente no pudo porque sus técnicos se opusieron.
Ella sabía "con certeza que se están realizando trabajos reputacionales a Juan Carlos Ruiz, todo ello bajo el paraguas de una futura contratación con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia".
Estos actos, dice la Guardia Civil, "vulneran sistemáticamente los principios de transparencia, concurrencia competitiva y, sobre todo, el principio de igualdad entre las empresas", por lo que los encuadra en los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude.
En el caso del Instituto de Turismo, su directora, María Dolores Martínez Robles, ordenó a sus trabajadores iniciar el procedimiento de contratación y les dijo las tres empresas que iban a concurrir al mismo.
El precio del contrato era de 30.000 euros, una cantidad que los técnicos denunciaron por "desorbitada" y que en realidad encubría no solo los trabajos de reputación para el consejero, sino también la creación de un diario digital en Molina de Segura (Murcia) que ensalzara la labor de su alcalde, el ya dimitido Eduardo Contreras.
De hecho, en uno de los documentos incautados en la operación, un informe sobre el contrato, se lee en un apartado titulado 'feedback': "El alcalde no paga el diario (lo paga la Consejería de Turismo de Murcia). Entra dentro de la estrategia de comunicación de posicionamiento para presidente de la comunidad murciana del consejero de industria, Juan Carlos Ruiz".

La UCO cree tener muy 'pillados' a Pedro Antonio Sánchez y a Pilar Barreiro; al primero por pagos a futuro

 MADRID.- El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las presuntas conexiones del presidente del Gobierno murciano, el popular Pedro Antonio Sánchez, con la trama Púnica revela que el dirigente había acordado destinar 32.200 euros al año más IVA de fondos públicos para mejorar presuntamente su reputación e imagen personal. El dinero iba a salir de un capítulo destinado a formación del presupuesto de la Consejería de Educación, el cargo que ocupaba Sánchez cuando se produjeron sus contactos con la trama, en octubre de 2014, tal como detalla hoy www.elconfidencial.com

Ni el pago ni los trabajos llegaron nunca a producirse. La operación Púnica estalló antes de que se produjera la primera transferencia. Pero los investigadores han localizado un informe de la empresa de consultoría digital Eico Online Reputation Management con datos sobre la imagen en internet y en redes sociales del presidente murciano. También adjuntan el presupuesto que Eico realizó para el dirigente popular. 
Del documento se desprende que el acuerdo se habría sellado con la Consejería de Educación y que el servicio iba a comenzar a prestarse el 1 de noviembre de 2014, sólo cinco días después del estallido del escándalo. Aunque no se llegara a realizar ningún pago, la UCO considera que Pedro Antonio Sánchez llegó a concertar un pago a futuro, una circunstancia suficiente para que se le pueda imputar un delito de fraude en contrato público. Un miembro de su equipo de comunicación, David Conesa, se enfrenta a la misma acusación.
Según la UCO, "de la lectura del contenido de los trabajos se deduce una vez más que los servicios que se contratan tienen que ver con la reputación de PEDRO ANTONIO SANCHEZ y no son prestaciones que respondan a una necesidad pública sino al interés personal del consejero para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política". 
Los investigadores reproducen por su trascendencia un intercambio de mensajes que habría mantenido Pedro Antonio Sánchez con el propietario de Eico y Madiva Editorial y Publicidad, otra empresa investigada también en la Púnica. El diálogo confirma, como reveló El Confidencial, que el jefe del Ejecutivo murciano se reunió en Madrid con De Pedro. 

Pedro Antonio Sánchez. 9:14:40. Hola. Soy Pedro Ant Sánchez, de Murcia. Hablamos hace un tiempo. Estaré en Madrid mañana por la tarde y martes hasta las 11.00h. Sipuedes, nos vemos. Grac
PAS. 21/09/2014. 1O:44:44. Hola Alex. Nos podremos ver?
PAS. 22/09/2014. 12:03:12. Ok. A esa hora donde me digas. Yo estaré por el Con grso. Grac
Alejandro de Pedro. 22/09/2014. 12:04:06. Hola Pedro antonio disculpa se me fue tu mensaje. Yo llego mañana a madrid, podemos desayunar? Sobre las 9?
PAS. 22/09/2014. 12:05:1O. Desayunamos en el Villarreal?
PAS. 22/09/2014. 12:05:16. Ok
PAS. 22/09/2014. 12:05:37. Perfecto a las 9. Hasta mañana un abrazo
PAS. 23/09/2014. 6:47:28 Te espero en el comedor de desayunos del hotel
PAS. 23/09/2014 6:49:36. Finalmente estoy en un bar de la calle esquina con hotel. Calle Prado. Bar DOCC. Esta al lado del hotel
AP. 23/09/2014. 6:50:10. Pedro antonio el tren lleva 10m de retraso. Estamos a 5m de Atocha. Acudo allí. Gracias
PAS. 23/09/2014. 6:54:55. Ok

El informe de la Guardia Civil revela que dentro de los pagos de la Consejería de Educación también iban a incluirse los trabajos que Eico Online Reputation Management iba a realizar para el otro cargo del PP señalado en el documento, la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. Además, como reveló este diario, Barreiro adjudicó a Madiva un contrato de publicidad municipal de 3.200 euros más IVA. Por esos hechos, los investigadores consideran que Barreiro pudo incurrir en los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráficos de influencias.

Las tres reuniones y el borrador que ponen al presidente de Murcia contra las cuerdas

MADRID.- El Partido Popular se expone a la pérdida del Gobierno de Murcia, uno de sus feudos históricos, tras el nuevo informe que ha elaborado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta implicación del presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica

Al menos tres reuniones y un borrador le ponen contra las cuerdas. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido que el dirigente del PP, que gobierna en minoría con el apoyo de Ciudadanos, habría acordado la utilización de fondos públicos para que empresas de la trama mejoraran su reputación 'online' meses antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, cuando aún era consejero de Educación.


El informe de la UCO también apunta a la exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP Pilar Barreiro, que como adelantó este diario adjudicó una campaña de publicidad por valor de 3.200 euros más IVA a la red de diarios de Alejandro de Pedro, administrador de las empresas Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, investigadas por su relación con la trama. El instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, tiene la última palabra sobre la calificación de los hechos descritos en ese informe, que será entregado este martes a todas las partes personadas en el procedimiento.

Un informe de situación

La acusación contra el presidente de Murcia, adelantada por la Cadena Ser, gira sobre un documento localizado precisamente en un ordenador de De Pedro. Se trata de un informe de situación elaborado por el empresario sobre la imagen que tenía Sánchez, en torno a septiembre de 2014, en los principales buscadores de internet y redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. El nombre del presidente popular aparece en repetidas ocasiones en ese documento. De Pedro lo utilizó como carta de presentación para conseguir que Sánchez se convenciera de que necesitaba contratar sus servicios. El acuerdo iba a sellarse en el otoño de 2014, pero el estallido de Púnica, en octubre de ese año, frustró la firma.

De las conversaciones telefónicas intervenidas por la UCO se desprende que De Pedro esperaba facturar al jefe del Ejecutivo regional 3.000 euros al mes, la tarifa que cobraba habitualmente por esos servicios, y que el político ya estaba decidido a contratarlo. Supuestamente, los trabajos de Eico y Madiva iban a centrarse en promocionar las noticias positivas que Sánchez generaba por su labor como responsable de la cartera de Educación. Pero la UCO le acusa de recurrir a Púnica para tratar de mejorar su imagen personal empleando fondos del presupuesto autonómico, aunque no llegara a realizarse ninguna transferencia.

Citas en Madrid y Murcia

El borrador localizado en el ordenador del experto en reputación 'online' y las intervenciones telefónicas no son los únicos indicios que vinculan a Sánchez con Púnica. El presidente del Gobierno murciano se reunió al menos dos veces en Madrid con De Pedro. Sánchez llegó a esas citas acompañado justamente de Barreiro, la otra dirigente del PP señalada por el informe de la UCO. El encargado de presentarlos fue otro imputado en Púnica, el promotor inmobiliario y antecesor de Barreiro en el Ayuntamiento de Cartagena José Antonio Alonso, del Partido Socialista. En esos momentos, Alonso trabajaba consiguiendo clientes para De Pedro y los políticos del PP querían serlo. 

Esas dos reuniones en Madrid sirvieron como toma de contacto. Y solo unos días antes de que se produjera el estallido del caso, el equipo de comunicación de Sánchez volvió a reunirse con el administrador de Eico y Madiva. Esta tercera y última cita se produjo en Murcia, y ha sido documentada por los investigadores. El objetivo era perfilar los detalles del servicio que iba a comenzar a disfrutar el futuro presidente de Murcia. La operación de la Guardia Civil impidió que se hiciera un solo trabajo. La información difundida por el Ejecutivo regional este lunes, en la que aseguraba que no había pagos ni contratos con Púnica, se ajusta por tanto a la realidad. Pero eso no impide, a juicio de los investigadores, que Sánchez infringiera varios preceptos del Código Penal.

El caso de Pilar Barreiro es ligeramente distinto. La UCO también la acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude a la Administración, entre otros delitos, por haber adjudicado durante su etapa como alcaldesa de Cartagena una campaña de publicidad municipal a De Pedro. Los anuncios aparecieron en los diarios del empresario. Sin embargo, los investigadores han concluido que, en realidad, ese encargo ocultaba trabajos para mejorar la reputación personal de Barreiro, que debieron ser abonados por ella misma o por el PP. Pero la principal diferencia de Barreiro con Sánchez es que la candidata al Senado por Murcia en las próximas generales llegó a pagar varias facturas al empresario de un acuerdo que sumaba un total de 3.200 euros más IVA.


Tovar insiste: «Es vergonzoso que Sánchez esté en el epicentro de un caso de corrupción»

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, afirmó este martes en un comunicado que le parecía "vergonzoso ver al presidente de la Comunidad en un informe de la Guardia Civil y en el epicentro de un caso de corrupción como la Púnica". El dirigente socialista calificó también de vergonzoso que el Partido Popular arremeta contra la Guardia Civil y los jueces, poniendo en duda la independencia y solidez del estado de derecho.

"Y por si fuera poco, el PP pone a toda su cúpula a proteger a Pedro Antonio Sánchez y a Pilar Barreiro, intentando desviar la atención hablando de montaje y persecución, y poniendo en duda un informe tan contundente como el de la Guardia Civil", señaló.
"Es bochornoso para todos los murcianos que la Guardia Civil atribuya a Pedro Antonio Sánchez un supuesto delito de fraude en contratación pública", añadió.
Según González Tovar, el PP, Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro tienen que asumir sus responsabilidades políticas, dejar de acusar de nuevo al mensajero, y no pensar solo en proteger a quienes están siendo investigados.
"Los murcianos tienen derecho a conocer hasta el último detalle de este escándalo", concluyó.
Por su parte, el portavoz socialista regional, Emilio Ivars, ha dicho al respecto: «24 horas y lo único que ha hecho Sánchez es cuestionar a la Guardia Civil»
El portavoz del Comité Electoral del PSOE-RM y diputado regional criticó que ya han pasado 24 horas desde que la Guardia Civil pidió la imputación del presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, quien "solo ha sido capaz de dar una respuesta evasiva ante estos hechos tan graves".
"24 horas y ni una sola decisión, intentando matar al mensajero y poniendo en tela de juicio los informes de la Guardia Civil. Si tenemos que elegir entre creernos los informes de la Benemérita o las declaraciones de un gobierno mentiroso, nosotros lo tenemos claro", remarcó Ivars.
Según el diputado socialista, para Pedro Antonio Sánchez las evidencias se resumen a contratos existentes, "cuando todo apunta a que no es necesario que medie un contrato para intentar utilizar el dinero público en beneficio propio o que la corrupción campe a sus anchas".
En su opinión, se trata de un hecho más que se une, no a Pedro Antonio Sánchez, sino al Partido Popular, que tiene establecida como sistémica la corrupción en su seno.
"La tiene en el ámbito nacional y la tiene, como todos saben, en el ámbito regional, con numerosos casos en los juzgados y algunos ya resueltos con condenas", añadió.
Para Ivars, a estas alturas no es necesario hacer el listado de casos de corrupción relacionados con el PP en la Región, "pero podríamos hablar de Fortuna, Torre Pacheco, Pliego, Totana, Fuente Álamo, Librilla, Aledo, Puerto Lumbreras, Murcia, Cartagena o Caravaca".
"Un sinfín de municipios y un sinfín de políticos del Partido Popular arrastrados por esa lacra asumida y defendida de establecer la corrupción como algo endémico a sus intereses personales", sentenció.
El portavoz socialista aseguró que "el PP, desde siempre, ante cualquier caso de corrupción recibió el respaldo de sus dirigentes, como por ejemplo, los mensajes de Rajoy a Bárcenas, a Barberá, a Camps, a Matas y ayer a Pedro Antonio Sánchez".
Recordó que "quien ha luchado, desde siempre, en todos los ámbitos contra la corrupción en esta Región, en el ámbito social, en el ámbito parlamentario y en el ámbito judicial, ha sido el Partido Socialista".
"Quien empezó la batalla de la corrupción en esta Región fue el PSOE con su trabajo arriesgado y sistemático, denunciando uno y otro caso. No existe ningún caso en el que la denuncia haya sido hecha por el Partido Popular", concluyó.

Javier Maroto: «He hablado con Sánchez y niega haber contratado con una empresa de la trama»

MADRID.- El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, aseguró este martes que habló con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, quien le negó haber contratado con una empresa de la trama Púnica. A su entender, hay que ser "contundente" contra la corrupción pero también "riguroso" y tener "cuidado con llevarse a un inocente por delante".

Así se pronunció en una entrevista en Telemadrid después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considere que hay indicios de que el presidente murciano pudo incurrir en un presunto delito de fraude en materia de contratación pública con empresas investigadas por el 'caso Púnica'.
Maroto señaló que en este tipo de cosas hay que "coger el toro por los cuernos".
 "Le he llamado a él y le he preguntado ¿en algún momento habéis contratado con esta empresa? Y la respuesta es no", reveló.
Dicho esto, subrayó que Pedro Antonio Sánchez presentó certificados de los técnicos y funcionarios de la comunidad que acreditan que "no hay contratos con esa empresa".
 "Si eso se corrobora, yo me quedo absolutamente tranquilo", apostilló, para señalar que no se puede hacer un "juicio sumarísimo" al presidente murciano.
En este sentido, recordó a Ciudadanos -que apoya al PP en Murcia- que no se pueden hacer "acusaciones injustas" por querer ser contundentes con la corrupción, ya que, según reiteró, el presidente de la Región cuenta con un certificado en el que explica que no hubo "ningún contrato en el que figure la comunidad ni ninguno de sus organismos" con empresas de la Púnica.
El responsable de Sectorial del PP hizo un llamamiento a que todos los partidos luchen juntos contra la corrupción porque es el "enemigo común", ya que afecta a todos los partidos. A su entender, hay que evitar el 'y tú más'.

Urralburu: «No le hemos oído decir a Sánchez que no se le ha realizado un lavado de imagen»

CARTAGENA.- El líder de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, dijo este martes en un comunicado que el presidente Pedro Antonio Sánchez eludió hablar con contundencia de su relación con la trama 'Púnica' y que "en ningún momento le hemos oído decir que no se le ha realizado un lavado de imagen".

Indicó que tan solo se refieren a los certificados oficiales, "en los que obviamente no van a reflejarse esas presuntas vinculaciones".
A su juicio, la Guardia Civil va más allá de la apariencia formal los papeles oficiales que presenta la portavoz del gobierno. "Las acusaciones son muy contundentes y durante 60 páginas lo acusan de delitos muy graves", subrayó el portavoz parlamentario de Podemos.
La gran duda, añadió Urralburu, es si el "presidente de esta Región ha cometido algún delito, como parece apuntar el informe de la UCO y que ahora tendrán que determinar los órganos judiciales".
Criticó que ahora se critique a la Guardia Civil, "sobre quien del Partido Popular está poniendo la sombra de la sospecha al decir poco menos que todo es una conspiración para sacarle los colores al PP en campaña".
Por otro lado, se mostró muy sorprendido porque Pedro Antonio Sánchez no haya comparecido ante toda la prensa para explicar su punto de vista, "para nosotros esto no es ni transparencia ni regeneración", añadió. "Es más de lo mismo, es un presidente que no da la cara cuando las cosas no le gustan", añadió.
Además, Urralburu incidió en que la Región de Murcia no merece un presidente que manche la imagen de todos los murcianas y murcianos y ve significativo que el presidente Rajoy "haya matizado sus palabras esta mañana diciendo que hay que ser prudentes pero se ha abstenido de dar un apoyo directo".

El proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras no fue visado por el Colegio de Arquitectos

CARTAGENA.- El proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras adjudicado cuando era alcalde del municipio Pedro Antonio Sánchez, actual presidente del Gobierno regional, nunca llegó a ser visado por el Colegio de Arquitectos, según declaró el exdecano Francisco Camino ante la comisión de la Asamblea Regional que investiga la obra inconclusa. El exdecano, que compareció junto con el arquitecto adjudicatario del proyecto, Martín Lejárraga, y Alberto García Alarcón, el único profesional que compitió por el contrato del Ayuntamiento, aseguró que el proyecto «es ilegal». 

Francisco Camino, que ya prestó declaración el pasado verano ante la juez de Lorca que investiga la recepción y el pago de la obra municipal sin estar terminada, también dijo ante los parlamentarios que el concurso fue «fraudulento» y que «por eso fue recurrido por el Colegio de Arquitectos».
La investigación judicial sobre el Auditorio de Puerto Lumbreras se abrió a raíz de una denuncia de la Fiscalía. El propio Pedro Antonio Sánchez compareció el pasado verano ante el Juzgado, que le notificó la demanda y que ya ha llamado a declarar como imputados a todos los miembros de la Corporación que participaron en la adjudicación del contrato y aprobaron la recepción de la obra sin estar acabada.
Camino recordó que el ayuntamiento de Puerto Lumbreras «dio trece días de plazo para presentar los proyectos y convocó el concurso el Día de los Inocentes. Era humanamente imposible presentar un proyecto en ese tiempo. Ni siendo Superman», aseguró.
Recordó que tras su defenestración como decano, «el Colegio cambió de abogado y contrató al defensor de Pedro Antonio Sánchez».
Por su parte, el arquitecto que se llevó el contrato después de haber comparecido junto a Pedro Antonio Sánchez en la presentación pública del diseño del nuevo auditorio en varias ocasiones, declaró a puerta cerrada que la obra quedó sin terminar, porque se modificó el proyecto, según contó el presidente de la comisión investigadora, el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu. Añadió que Martín Lejárraga declaró que tenía autorización verbal de un funcionario llamado José Fernández para introducir esta modificación, debido a un cambio de emplazamiento, que obligó a trabajar en un terreno con «unas condiciones geotécnicas diferentes».
Urralburu mostró su perplejidad ante la declaración de Lejárraga, dado que el arquitecto «considera que no tenía ninguna ventaja en el concurso, pese a llevar años trabajando con el ayuntamiento en el proyecto».
Añadió que el otro arquitecto que se presentó al concurso, Alberto García Alarcón, quien declaró por videoconferencia, admitió sentirse «estafado». Urralburu explicó que la comisión investigadora se plantea citar a los funcionarios de Puerto Lumbreras y de la Consejería de Cultura que intervinieron en el proceso para julio, dado que la campaña electoral obliga a suspender la actividad parlamentaria.
Por su parte, el socialista Joaquín García Pagán recordó que «estamos hablando de seis millones de euros que suponen un fraude para la ciudadanía de la Región, porque ese auditorio está sin terminar».
El diputado del PP Francisco Jódar dijo que «se ha corrompido el trabajo de la comisión porque está presidida por un señor que es parte acusadora en el proceso penal».