MADRID.- El mayor aumento de la economía sumergida
durante los años de la crisis económica, al margen de la peculiaridad de
Madrid, se concentró en las comunidades con un mayor desarrollo de la
construcción y con unos mayores niveles de paro, como Extremadura, que
encabeza la clasificación, con una tasa de dinero negro del 31,1% de su
PIB, según el estudio 'La economía sumergida pasa
factura. El avance del fraude en España durante la crisis' elaborado por
el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
A continuación, figuran Andalucía (29,2%), Castilla-La Mancha
(29,1%), Canarias (27,9%), Comunidad Valenciana (26,5%), Castilla y León
(26,4%), Murcia (26,3%), Asturias (26%), Galicia (25,6%) y Baleares (24,8%), todas ellas por encima de la media nacional (24,6%).
Igualando esta tasa o por debajo únicamente se encuentran las
regiones de Cataluña (24,6%), La Rioja (24,1%), Aragón (22,3%),
Cantabria (22%) y Madrid (17,3%), que cierra la clasificación. El
estudio no recoge datos ni de País Vasco ni de Navarra por tener sus
propios regímenes fiscales.
En la distribución por provincias, el estudio pone de manifiesto
que hay zonas geográficas donde la economía sumergida es un "mal
endémico", como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Orense
y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado
contrario, se sitúan Madrid, Tarragona, Lérida, Barcelona, Zaragoza y La
Rioja, con menos fraude que la media en el periodo 2000-2012.
Además, Mollinedo destacó que la crisis económica ha contribuido a
ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha
pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que
menos en el año 2000 hasta los 15,1 puntos en 2012.
La economía sumergida se situó en 253.000 millones de euros al
finalizar 2012, lo que supone 60.000 millones de euros más respecto al
comienzo de la crisis en 2008, con lo que ya representa el 24,6% del
PIB.
Según se desprende de este estudio, dirigido por el profesor Jordi
Sardà, de la Universidad Rovira i Virgili, el volumen de la actividad
económica 'en negro' ha aumentado de media unos 15.000 millones de euros
anuales desde 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situaba en
el 17,8% del PIB, casi siete puntos menos que a cierre de 2012.
El informe de Gestha, que consideraría como un nivel "aceptable"
de economía sumergida entre el 6% y el 8% del PIB, destaca que el mayor
aumento del fraude durante estos años se ha registrado en aquellas
comunidades más castigadas por el "colapso" del ladrillo y el paro, como
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del
Levante español, con tasas de economía sumergida superiores al 26% del
PIB en todos los casos.
Por años, en 2009, considerado como el ejercicio más duro de la
recesión, la economía sumergida creció en 27.000 millones de euros,
cifra que se redujo considerablemente un año después, hasta un
incremento de 12.278 millones de euros. Por su parte, en 2011 creció en
14.807 millones de euros y en 2012 se registró el menor aumento, con
5.155 millones.
Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, este importante
incremento de la economía sumergida se debió en gran medida al efecto
"arrastre" provocado por el 'boom inmobiliario', ya que en los años
previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a
este sector, así como al repunte del desempleo, triplicándose la tasa
de paro hasta el 26% a finales de 2012.
Las subidas de impuestos como consecuencia de la crisis económica,
que no fueron acompañadas, según Gestha, por un eficiente control
tributario, y la multiplicación de los casos de corrupción política y
empresarial, junto con la moralidad de la sociedad española, que tiende a
justificar cierto nivel de fraude fiscal, son otros de los motivos que
explican el incremento del dinero negro.
Además de estos factores, el estudio, que ha tenido en cuenta la
metodología 'Múltiples Indicadores, Múltiples Causas', como el paro, la
evolución del sector inmobiliario, la renta per cápita, el PIB o el
consumo eléctrico, entre otros, también apunta al uso "masivo" de
billetes de 500 euros, que representan el 73,7% del efectivo en
circulación y el 14% del valor de todos estos billetes en el conjunto de
la zona euro.
"Estos billetes son el instrumentos preferido por los
defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco", destacó el
secretario general de Gestha, José María Mollinedo, quien resaltó
también el "grave problema de moralidad" de los españoles con el pago de
impuestos, lo que complica aún más la equiparación del nivel de fraude
de España con otros países europeos, como Alemania, donde se sitúa en el
13,1%, Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).
El estudio realiza también un análisis de la economía sumergida
por comunidades autónomas y provincias. Así, hace hincapié en el
peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de dinero oculto al fisco
"llamativamente baja", del 17,3% de su PIB, la más moderada del país.
Gestha indica que este fenómeno se explica por la elevada concentración
de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que
concentran los ingresos tributarios en esta comunidad, mientras que gran
parte de su negocio se genera en otros territorios.
De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores
corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el
pago de impuestos a través de prácticas fiscales "abusivas" como las
exenciones fiscales, por lo que, según Gestha, más que el fraude fiscal,
que también lo cometen, se caracterizan por llevar a cabo prácticas de
bordean la legalidad para pagar menos impuestos.
Para hacer frente a la reducción de la economía sumergida y tras
denunciar la "falta de voluntad política para luchar contra el fraude",
los responsables de Gestha apelaron a la necesidad de realizar estudios
oficiales por parte del Gobierno para conocer el verdadero volumen del
fraude, alentar la conciencia ciudadana sobre esta lacra social igual
que se ha hecho con el tema de los accidentes de tráfico, o aprovechar
la reforma fiscal para aprobar un sistema tributario que consagre el
principio del pago de impuestos según la capacidad económica.
Ampliar y mejorar los recursos de la Agencia Tributaria en la
lucha contra el fraude, mejorar la coordinación de la Agencia Estatal
con las autonómicas, un mayor control del gasto público, cambios
impositivos para reducir la ingeniería fiscal de las grandes empresas y
limitar a 1.000 euros el pago en efectivo son otras de las propuestas
que realiza Gestha.
Frente a estas medidas, Carlos Cruzado lamentó que los últimos
acontecimientos de la Agencia Tributaria demuestran que no se trata a
todos los contribuyentes por igual, como sus actuaciones en relación a
la Infanta Cristina, la condescendencia con las deudas de los clubes de
fútbol, la segunda oportunidad que se dio a los contribuyentes con
dinero oculto en el HSBC o el cese de una inspectora por una sanción a
la multinacional Cemex.
