En rueda de prensa para presentar los datos del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) correspondientes al mes de julio , el secretario general de COAG, Miguel López (en la imagen), aseguró que el IPOD pone en valor la "especulación que se produce en los mercados agrarios" así como que estos márgenes establecidos suelen ser "abusivos y especulativos".
López aseguró que en el mes de julio la diferencia entre los precios de origen y de destino alcanzó el 441 por ciento. En concreto, en el caso de los productos agrícolas, la diferencia fue del 479 por ciento, mientras que en el caso de los productos ganaderos alcanzó el 324 por ciento.
Por productos, detalló que la berenjena y el calabacín fueron los dos alimentos donde existe "mayor nivel de especulación" en julio. Así, el calabacín multiplicó su valor por 10,60, ya que en su origen cuesta 0,15 euros y en el destino su precio es de 1,59 euros.
En cuanto a la berenjena, el margen comercial es de 8,85, con un precio de origen de 0,20 euros y 1,77 euros en el destino. Esto se debe principalmente a la caída de precios en origen de estos productos.
En cambio, los productos en los que se ha reducido el margen origen-destino son las sandías, los melocotones y las aceitunas con una diferencia de 4,24, 3,46 y 3,47 respectivamente, debido a un ligero aumento de los precios en origen unido a un descenso de los precios en destino, aunque se mantiene una "diferencia importante" en los precios.
López insistió en que "el verano sirvió para aumentar la especulación" y exigió a los grupos políticos que tomen medidas para defender el interés general.
Así, explicó que COAG, UCE y Ceaccu trasladaron a los grupos políticos en julio una proposición no de ley sobre los márgenes comerciales con el objetivo de intentar que el Congreso debata sobre los abusos que se están produciendo en la cadena agroalimentaria y que el Gobierno ofrezca soluciones al respecto.
López señaló que entienden que hay que "mejorar los mecanismos de recogida de precios para dar más transparencia al mercado, crear un marco legislativo de comercialización agroalimentaria para lo que es necesario articular mejor instrumentos como el Observatorio de precios y que la Comisión Nacional de Competencia elimine la especulación en el mercado".
Asimismo, recordó que el Gobierno tiene unas obligaciones y que la Ley de Comercio, en su artículo 13.2, "deja muy claro que el Gobierno puede actuar para fijar precios y establecer márgenes comerciales en los productos que se consideran básicos para la alimentación de la población".
Por otro lado, el secretario general de la coordinadora criticó que "no existe un control sanitario suficiente" por lo que hay que garantizar la seguridad ciudadana. Por ello, señaló que "la Unión Europea tiene que establecer unos mecanismos de control más exigentes".
López propuso también un etiquetado que especifique el precio tanto en origen como en el destino para dar así más trasparecía al mercado. Además, aseveró que a los agricultores los están "asfixiando permanentemente" y añadió que, como agricultor, se le usa como "mano de obra barata", porque no se permite poner un precio en un contrato.
"No podemos establecer un contrato con la industria y poner un precio que contemple costes de producción, porque es ir contra la competencia y sí se permite que siete cadenas de distribución, que controlan el 80 por ciento del consumo del país, tengan acuerdos más o menos hablados o escritos, donde se niega a consumidores la posibilidad de tener precios mas baratos de los que se ofrecen en el expositor", añadió.
Por ello, aseguró que los agricultores "lo dan todo hecho" cuando dan el producto y que las cadenas de distribución que tenían "se las han cargado en base de normas de seguridad alimentaria", por lo que afirmó que se encuentran con que "las seis grandes cadenas de distribución de España tienen su propio sistema de producción, poniendo en peligro la producción ganadera y agrícola de España".
Por otro lado, la secretaria general de Ceaccu, Isabel Peñalosa, y el presidente de UCE, Juan Moreno, lamentaron los márgenes comerciales abusivos. Asimismo, Moreno señaló que hay que elaborar una legislación de comercialización de productos agroalimentarios que "impida que pase con la alimentación lo que ya ha ocurrido con el ladrillo y se convierta en el refugio de actividades especulativas".