La decisión del presidente Valcárcel de conceder Arquitectura a la universidad privada, la Católica, aun contra sus propias palabras en la Asamblea Regional -"la Comunidad Autónoma no autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales en la universidad privada que no estén con anterioridad implantadas en las universidades públicas" (Diario de Sesiones del 24 de octubre de 2007)- y de los acuerdos del Consejo Interuniversitario, que no ha sido convocado para derogarlos, ha causado sorpresa y estupefacción en la sociedad murciana en general, pero entre los rectores públicos muy en particular.
En el rector de la UPCT, en un primer momento, motivó incluso un asomo de dimisión de su cargo, pues se consideró engañado, tanto más cuando el presidente ni siquiera tuvo el detalle de advertirle que se iba a plegar a las presiones del presidente de la UCAM, José Luis Mendoza.
Pero alguien tiene que mantener las responsabilidad. Los rectores de las públicas, tras las sucesivas reuniones de sus consejos de dirección, los pasados lunes y martes, han decidido bajar la tensión sobre el asunto. Seguirán su camino, en la seguridad de que lo de la UCAM es 'otra cosa', inescrutable de momento en lo que supone el padrinazgo indisimulado del Gobierno regional.
Los rectores concluyeron su reunión de ayer con un encuentro, en el bar El Parlamento, con el todavía consejero de Educación, Medina Precioso, obligado a mantener ante ellos la posición oficial de Valcárcel, que no es la suya, a la vista de que él mismo también se vio sorprendido por el giro en la política presidencial, hasta el punto de tener que defenderla con argumentos ridículos, como que la frase del jefe del Gobierno en la Asamblea es coherente, pues la aprobación de Arquitectura para la UCAM se produjo días después de que le fuera aprobada a la UPCT. ¡Estaba implantada en la pública con anterioridad! Una anterioridad de pocos días.
Aunque parezca que hablamos de educación, en realidad lo hacemos de política. Y ahí, Valcárcel sigue siendo más listo que nadie: a los resultados nos remitimos. Hay quienes se preguntan: ¿qué necesidad tiene el presidente de asumir un 'desgaste' como el que supuestamente le proporciona evidenciar su disposición a privilegiar a la Católica -esto en el mejor de los casos-, o a mostrar su vulnerabilidad ante las presiones de Mendoza -en el más creíble de los razonamientos-? No hay desgaste más allá de la impresión momentánea.
Veamos: una parte de la sociedad cartagenera se indigna porque Valcárcel facilite a la UCAM -en Murcia capital- la carrera de Arquitectura en competencia con la UPCT. Pero a la vez, el Gobierno ha firmado -clandestinamente, eso sí- un convenio con Mendoza para poner al servicio de los futuros alumnos de Medicina en la privada los hospitales públicos de la comarca cartagenera. Y esto a ese mismo sector de la sociedad local le parece de perlas. Los mismos que protestan porque 'los murcianos' compitan con Cartagena en Arquitectura, protestarán el año próximo porque desde Murcia -pongamos el rector de la UMU, ahora solidario con la UPCT- proteste a su vez por la implantación de Medicina en la ciudad marítima. Lo comido por lo servido desde el punto de vista político.
Y no busquemos coherencia en estos gestos. Ha dicho Valcárcel que aprueba Arquitectura para la privada porque en caso contrario incurriría en prevaricación, una vez que el órgano consultivo del ministerio de Universidades, la Aneca, dio el visto bueno al proyecto de la UCAM. Veamos el caso de Medicina para Cartagena: la Aneca exige la existencia de un hospital clínico para prácticas. Pues bien, el Gobierno regional empieza por facilitárselo a la UCAM. Después vendrá la Aneca y aprobará Medicina por cumplir esa condición, y Valcárcel dirá que la concede para no prevaricar: ¡pero la Aneca concederá el título porque él ha puesto las condiciones para que lo haga! Es un juego fabuloso, repleto de trampas simples, pero muy efectistas.
A todo esto, el PSOE, a la vista de que el obispo se ha rendido a las presiones de la jerarquía eclesiástica, en la que Mendoza manda romana, ha decidido plantear en su lugar un recurso de interposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia para intentar clarificar la titularidad de la Universidad Católica, que el Gobierno regional atribuye a la Iglesia, pero en la práctica concede a Mendoza, presidente de una fundación privada encargada inicialmente de la gestión.