El TSJ reitera el archivo del delito de cohecho para Martínez Andreo

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) decidió archivar el recurso de reforma presentado por el Ministerio Fiscal contra el sobreseimiento de la causa instruida al alcalde de Totana, José Martínez Andreo, por presunto delito de cohecho, y reiteró los argumentos del auto impugnado.

El Ministerio Fiscal recurrió el auto del magistrado instructor, Julián Pérez Templado (a la izquierda en la imagen), del pasado 19 de diciembre, en el que acordó el sobreseimiento provisional de la causa porque consideró que el procedimiento sumarial se va a largar, “pues es ahora cuando se van a practicar diligencias sobre el caso ‘Proinvitosa’ en el que evidentemente el señor Martínez Andreo no tiene nada que ver”.

En segundo lugar, porque según la investigación realizada por la Guardia Civil, el alcalde “no ha podido estar lucrándose o beneficiar a personas de su vínculo familiar”. Además, “su ratio de endeudamiento es de un 19,49 por ciento, lo que no demuestra una capacidad de gasto anómala que lleve a suponer que pudiera estar lucrándose de una supuesta actividad ilícita”.

Pues bien, el TSJRM reiteró los argumentos sostenidos en este auto apelado, aunque matizó “la sola añadidura referida a la impunidad de los actos preparatorios de un posible delito cuando éstos no pasan de ser meras elucubraciones o conjeturas”.

En este sentido, el nuevo auto explica que, en efecto, “si hubieron conversaciones entre el empresario Juan Francisco Casanova y Martínez Andreo, para solicitar una comisión a un tercero –en este caso, la empresa gallega INMONUAR–” es algo que “no está nada claro y que, además, no se llegó a pedir ni menos a entregar”.

Igualmente, el auto sostiene que “son cuestiones que no estaban claras en la presente instrucción ni se van a aclarar en el juicio oral con toda probabilidad”, en referencia a “si estas conversaciones iban dirigidas a averiguar, si la empresa gallega iba con ánimo puramente especulativo o pensaba desarrollar el plan parcial de verdad”.

Y, por último, "si lo único que pretendía Casanova, con toda licitud, es que el metro de suelo se pagara a 60 euros en vez de a 30 euros".

En segundo lugar, Pérez Templado se puso en el "peor de los casos para Martínez Andreo", que sería "que existió un 'pactum scleris' con su amigo Casanova para cobrar la comisión delictiva a los 'gallegos'".

En este supuesto, el magistrado aclara que "aún así, nos encontraríamos en lo que la doctrina llama 'resoluciones manifestadas'", y concluyó que "si el supuesto 'pactum scleris' concertado entre Andreo y Casanova no pasó de una mera ideación, pues ni siquiera hubo reunión con los 'gallegos' para transmitirles sus pretensiones económica", por lo que determinó que "todo queda en la nebulosa de las malas intenciones sin plasmación alguna en la realidad".

"Y toda esta argumentación, insisto, se plantea en el peor de los casos que hubiera un ánimo delictivo, pues bien puede interpretarse la famosa conversación telefónica como un contrato amistoso en el que uno pretende aumentar el precio de los terrenos en su condición de propietario y el otro asegurarse la ejecución del plan parcial en su calidad alcalde concernido por la posible maniobra especulativa de terceros perjudicial para la cosa pública municipal", manifestó.

Cabe recordar que en el marco de la 'Operación Tótem', la Guardia Civil captó una conversación entre el actual alcalde, José Martínez Andreo, en aquel momento del PP, y que fue encarcelado por su presunta participación en la trama, y un amigo suyo. En ella Martínez expresaba su preocupación por el dinero adelantado: "Si las arcas sobreviven es gracias a los convenios. Como el plan general no salga y haya que devolver el dinero que nos han adelantado, el Ayuntamiento irá a la quiebra", afirmó.

Entre otras conversaciones en las que se entremezclaban referencias a actuaciones públicas --recalificaciones de los gallegos-- con temas privados --obviar a las esposas-- como también en otra conversación telefónica donde "Martínez Andreo no anduvo muy fino en sus escatológicos comentarios sobre una alcaldesa".

Y en este sentido, el magistrado explicó que "estas conversaciones no constituyen un soporte probatorio lo suficientemente sólido como para mantener una imputación de cohecho a un alcalde".

"Máxime --continuó-- si le damos tanto valor a las siempre confusas pruebas telefónicas, que pueden ser con facilidad sacadas de contexto, también hemos de darle a otra conversación en la que resulta meridiano que Martínez Andreo cinco días antes de su detención no había cobrado nada de nadie".

Los comentario, grabados, forman parte de las conversaciones interceptadas al alcalde y que figuran en las diligencias de la trama urbanística de Totana, que ya se saldó con 13 detenidos.

En concreto, el caso Tótem se trata de una operación contra una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en el término municipal de Totana.

Y es que el Grupo gallego Nuria habría adquirido las licencias para construir más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con 'spa' en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales durante la pasada legislatura.