MURCIA.- El fiscal José Luis Díaz Manzanera retiró la acusación de prevaricación contra el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, el ex concejal Domingo Valera y el que fuera interventor municipal Pedro Sánchez tras la celebración en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, del juicio oral por el caso de los anticipos de dinero entregados por el Ayuntamiento a Valera en la pasada legislatura, según recoge hoy "La Opinión".
Además, aunque a efectos formales la acusación estatal mantuvo su petición de condena por el artículo que condena la malversación con penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación, dejó abierta, como alternativa, la posibilidad de que el tribunal pueda condenar por otro artículo que limita la pena a multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público.
El primer edil mazarronero se sentó ayer en el banquillo de los acusados y negó que hubiera autorizado la entrega de los anticipos al entonces concejal del PIxM para que éste le diera su apoyo para gobernar en la pasada legislatura, tal y como dice el fiscal, cuando el PP no tenía mayoría absoluta.
Blaya señaló que el ex alcalde le solicitó la entrega de dinero -33.000 euros en un año y medio- "porque lo necesitaba porque tenía problemas sanitarios" y manifestó que en todo momento "había garantías de que el dinero que se le entregaba iba a ser reintegrado en su totalidad".
El primer edil señaló que "no hay ninguna normativa que autorice o prohíba la entrega de anticipos a políticos" y que nadie, ni siquiera el interventor, le puso reparos a las entregas de dinero. Blaya explicó ante el tribunal que siempre tuvo consciencia "de obrar dentro de la legalidad, porque no había nada oculto, todo se documentaba y registraba y había una partida presupuestaria para hacer estos pagos".
Por su parte, Domingo Valera comenzó su intervención negando que tuviera un pacto de gobierno con el PP -partido en el que militó durante 16 años y del que salió "por discrepancias con el regional"- en la pasada legislatura.
"El único acuerdo era subir Mazarrón todo lo que pudiéramos". Valera dejó claro que todo el dinero que recibió en concepto de anticipos fue reintegrado, y que incluso cuando acabó el mandato "aporté 23.000 euros a tocateja, con ayuda de mi familia y de buenos amigos que me quedan".
El ex edil del PIxM relató ante el juez que solicitó el dinero para someterse a un tratamiento médico y el alcalde le dijo que no creía que hubiera impedimentos, así como tampoco pusieron pegas el interventor y el tesorero.
"No tuve nunca intención de quedarme con el dinero", concluyó el ex alcalde.
El ex interventor Pedro Sánchez, quien es primo del portavoz socialista Francisco García y vicesecretario general del PSOE en Mazarrón, declaró que autorizó la entrega de los anticipos por mandato del alcalde, quien era el competente para estas decisiones, aun sabiendo que no había una normativa que regulara la entrega de dinero a cuenta a políticos.
No obstante, asegura que alertó al concejal de Hacienda de que había que regular este tipo de operaciones. También asegura que en el ordenamiento de pago del último anticipo, en agosto de 2005, adjuntó una observación expresando su objeción a la entrega de los anticipos. Ese documento no ha aparecido en el sumario del caso.
El interventor fue sustituido poco después de la entrega del último dinero a Valera. Asimismo, indicó que "los anticipos se contabilizaban desde el principio" y que en ningún momento hubo peligro de que el Ayuntamiento perdiera estos fondos públicos.
Durante el juicio también declararon como testigos la actual interventora, Sandra María Antón, el tesorero Juan Martínez y el edil de Hacienda Segundo Muñoz. Las defensas pidieron la absolución de los acusados.
Además, aunque a efectos formales la acusación estatal mantuvo su petición de condena por el artículo que condena la malversación con penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación, dejó abierta, como alternativa, la posibilidad de que el tribunal pueda condenar por otro artículo que limita la pena a multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público.
El primer edil mazarronero se sentó ayer en el banquillo de los acusados y negó que hubiera autorizado la entrega de los anticipos al entonces concejal del PIxM para que éste le diera su apoyo para gobernar en la pasada legislatura, tal y como dice el fiscal, cuando el PP no tenía mayoría absoluta.
Blaya señaló que el ex alcalde le solicitó la entrega de dinero -33.000 euros en un año y medio- "porque lo necesitaba porque tenía problemas sanitarios" y manifestó que en todo momento "había garantías de que el dinero que se le entregaba iba a ser reintegrado en su totalidad".
El primer edil señaló que "no hay ninguna normativa que autorice o prohíba la entrega de anticipos a políticos" y que nadie, ni siquiera el interventor, le puso reparos a las entregas de dinero. Blaya explicó ante el tribunal que siempre tuvo consciencia "de obrar dentro de la legalidad, porque no había nada oculto, todo se documentaba y registraba y había una partida presupuestaria para hacer estos pagos".
Por su parte, Domingo Valera comenzó su intervención negando que tuviera un pacto de gobierno con el PP -partido en el que militó durante 16 años y del que salió "por discrepancias con el regional"- en la pasada legislatura.
"El único acuerdo era subir Mazarrón todo lo que pudiéramos". Valera dejó claro que todo el dinero que recibió en concepto de anticipos fue reintegrado, y que incluso cuando acabó el mandato "aporté 23.000 euros a tocateja, con ayuda de mi familia y de buenos amigos que me quedan".
El ex edil del PIxM relató ante el juez que solicitó el dinero para someterse a un tratamiento médico y el alcalde le dijo que no creía que hubiera impedimentos, así como tampoco pusieron pegas el interventor y el tesorero.
"No tuve nunca intención de quedarme con el dinero", concluyó el ex alcalde.
El ex interventor Pedro Sánchez, quien es primo del portavoz socialista Francisco García y vicesecretario general del PSOE en Mazarrón, declaró que autorizó la entrega de los anticipos por mandato del alcalde, quien era el competente para estas decisiones, aun sabiendo que no había una normativa que regulara la entrega de dinero a cuenta a políticos.
No obstante, asegura que alertó al concejal de Hacienda de que había que regular este tipo de operaciones. También asegura que en el ordenamiento de pago del último anticipo, en agosto de 2005, adjuntó una observación expresando su objeción a la entrega de los anticipos. Ese documento no ha aparecido en el sumario del caso.
El interventor fue sustituido poco después de la entrega del último dinero a Valera. Asimismo, indicó que "los anticipos se contabilizaban desde el principio" y que en ningún momento hubo peligro de que el Ayuntamiento perdiera estos fondos públicos.
Durante el juicio también declararon como testigos la actual interventora, Sandra María Antón, el tesorero Juan Martínez y el edil de Hacienda Segundo Muñoz. Las defensas pidieron la absolución de los acusados.
