El decálogo de reformas, que aspira a contribuir a la nueva arquitectura financiera internacional que salga de las reuniones del G-20, apuesta por una directiva europea que suprima el secreto bancario y establezca medidas severas "de aislamiento financiero" para los Estados que no quieran colaborar.
En aras de acabar con estas "áreas de impunidad" también aboga por introducir un proceso de regularización fiscal progresiva y coordinada en todo el mundo hasta 2015 en el que los capitales que abandonen estos paraísos no serán penalizados y tributarán a un nivel inferior.
A cambio, los fondos obtenidos serían puestos a disposición de organismos financieros internacionales para reducir a la mitad el hambre en el mundo. Desde 2015, los paraísos fiscales, que acumulan un patrimonio privado de casi un trillón de dólares, quedarían completamente prohibidos y los Estados que los mantuvieran "serían excluidos de todos los organismos financieros internacionales".
A escala nacional, propone un gravamen especial para todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un paraíso fiscal, prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios, y fijar penas agravadas cuando el fraude fiscal se produzca a través de estos paraísos fiscales.
Caldera sostuvo que no se trata de una "amnistía fiscal", sino de establecer una serie de ventajas para los capitales derivados de productos opacos, con el fin de aflorarlos, e insistió en que esta propuesta contó con el entusiasmo del premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz. "Esto es mejor de lo que hay ahora", sostuvo.
Dentro de la mejora de la regulación financiera, aboga por imponer límites numéricos al nivel de endeudamiento de las entidades- con un límite de entre 15 y 25 veces los recursos propios- lo que daría un amplio margen de maniobra para financiar la economía real y evitaría situaciones como las que llevaron al colapso a Lehman Brothers, con un ratio de apalancamiento superior a 50 veces sus recursos propios.
Asimismo, la Fundación del PSOE considera que podrían aumentarse las provisiones para las futuras pérdidas esperadas, sistema que "ha funcionado bien en España" gracias a las exigencias del Banco de España, recordó Caldera, también partidario de limitar los blindajes empresariales y las remuneraciones excesivas por parte de los directivos.
La Fundación Ideas también propone crear un Tesoro Europeo que, aunque no sustituiría a los nacionales, gestionaría el presupuesto europeo, y contaría con capacidad financiera mediante la emisión de deuda propia y avales a títulos, así como con liderazgo político para coordinar respuestas conjuntas frente a las crisis de solvencia y liquidez financiera como la actual.
En esta linea de más coordinación europea, apuesta por un sistema europeo de supervisión financiera que iría más allá de la propuesta británica de introducir colegios regionales de supervisores para las entidades de dimensión transfronteriza. Sería una entidad supranacional como el BCE, con el mandato de garantizar la estabilidad financiera y vigilar a las entidades.
Caldera anunció que la Fundación seguirá profundizando en sus propuestas de cara a la próxima reunión del G-20 que se celebrará en Londres el próximo 2 de abril para contribuir a la futura arquitectura financiera internacional, al tiempo que confió en que España sea invitada. "Tenemos esa esperanza, para esto trabajamos", dijo, tras referirse en este sentido al "G-21".
Por su parte, el catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, Emilio Ontiveros, que ha participado en el estudio, aseveró que "ningún acontecimiento de la historia de la humanidad, a excepción de la crisis del 29, ha mermado tanto el bienestar de la sociedad" como la crisis financiera actual.
El propósito de este primer informe de la Fundación Ideas es alimentar el debate sobre las medidas a adoptar para sortear las dificultades sobre las bases de la cooperación internacional, la transparencia de la información y la mejora de la regulación. "No son planteamientos abolicionistas de las instituciones actuales, pero sí para democratizarlas", dijo.
