BRUSELAS.- Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado
este miércoles un acuerdo para prohibir algunas prácticas comerciales
desleales en la cadena alimentaria, como las cancelaciones de última
hora, los retrasos en los pagos de productos perecederos o los cambios
unilaterales o retroactivos de los contratos.
También se prohibirán aquellas
situaciones en las que se fuerza al proveedor a pagar por los productos
desperdiciados y en las que se rechazan los contratos escritos. En
total, la nueva normativa pone fin a 16 prácticas comerciales desleales
en el bloque comunitario, mientras que otro grupo de ellas sólo se
podrán ejecutar si se acuerdan de forma "clara e inequívoca" entre las
partes involucradas.
Dentro de este segundo grupo se
encuentran las devoluciones de productos alimentarios al proveedor, la
obligación de que el comprador pague al proveedor para asegurar o
mantener un acuerdo de suministro o los pagos por parte de proveedor al
comprador a cambio de campañas de publicidad y promoción.
Este nuevo marco se aplicará a todos los actores de la
cadena alimentaria con unos ingresos de al menos 350 millones de
ingresos, aunque se imponen diferentes niveles de protección por debajo
de ese umbral. En cualquier caso, las nuevas normas cubren a vendedores
minoristas, procesadores de alimentos, vendedores mayoristas,
cooperativas y organizaciones de productores e incluso a productores
individuales.
Sin embargo, la directiva permite a los
Estados miembros introducir un mayor enfoque por encima del umbral de
350 millones de euros de ingresos en su legislación nacional o adoptar
medidas adicionales si lo desean.
Por otro lado, los socios comunitarios tendrán que crear o designar
autoridades nacionales que estarán encargadas de hacer cumplir estas
reglas. Estos organismos tendrán que tener la capacidad de imponer
sanciones e iniciar investigaciones a raíz de denuncias. La
confidencialidad de los denunciantes debe ser garantizada para evitar
que se adopten medidas de contrapartida.
El acuerdo
de este miércoles, además, introduce una cláusula de revisión en cuatro
años, lo que significa que las disposiciones de la directiva serán
evaluadas y revisadas si es necesario durante el próximo mandato del
Parlamento Europeo.
La Comisión Europea ha destacado
en un comunicado que las nuevas reglas con provocarán un incremento de
los precios para los consumidores. De hecho, Bruselas ha asegurado que
las organizaciones de consumidores alentaron la aprobación de estas
normas para combatir los efectos perjudiciales que tienen sobre ellos
las prácticas comerciales desleales.
"El acuerdo de
hoy allana el camino de la primera ley comunitaria que aporta una
protección significativa para todos los productores europeos, sus
organizaciones y pequeños y medianos negocios. Ahora estarán protegidos
ante todos los grandes operadores que actúan de manera desleal", ha
celebrado el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan.
La nueva directiva debe ser ahora aprobada por el pleno del Parlamento
Europeo y por el Consejo de la UE (los Estados miembros). Una vez se
complete este procedimiento, las capitales tendrán que trasladar sus
disposiciones a la legislación nacional 24 meses después de que entre en
vigor.
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