sábado, 24 de febrero de 2007

Los tres en raya y dos más/El Minarete




FRANCISCO POVEDA

El presidente Valcárcel presume en privado de que él no ha firmado nunca nada que le pueda comprometer y que, por tanto, se encuentra muy tranquilo ante la movida judicial que amenaza con llevárselo por delante si se calla, tal como vaticina con mucho tino dialéctico el coordinador regional de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, y si habla, porque la mentira tiene hoy muy poco recorrido por culpa de Internet.Todo está archivado para ser encontrado muy fácilmente, hasta incluso lo de las cinco torres de Isla Plana por si se necesitase.

De poco o nada le va a servir a Valcárcel ser en el futuro, vecino del actual presidente de la Audiencia Provincial, el lorquino Andrés Pacheco, en el polémico antiguo edificio del Banco Exterior, por mucho que esgrima en privado esa circunstancia y el carácter muy conservador del magistrado. Eso es cuestionar la independencia del poder judicial murciano y querer demostrar que lo domina, es inviolable y tiene impunidad, como si él pudiese compararse con el mismo Rey de España.

Y eso que no sabe bien lo que tiene preparado, de aquí a mayo, el nº2 del PSRM, José Ramón Jara, para que la impunidad reinante hasta ahora en esta tierra no le beneficie, ni a él ni a los suyos (los ya muy sospechosos Carlos y Marta Valcárcel, sin olvidar al cuñado José Miguel Monje Carrillo y sus pretendidas recalificaciones urbanísticas de viejos campos de fútbol, que se han quedado muy céntricos en algunas poblaciones de la Región de Murcia).A saco, vamos, que queda ya muy poco.

Después del corrupto Zaplana, ¿sabían que el segundo objetivo estratégico del nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, contra la impunidad y a favor del restablecimiento pleno de la legalidad, se llama Región de Murcia? Hace mucha falta. Y aquí tiene un buen colaborador, si quiere, en la persona del Delegado del Gobierno,Ángel González, nacido como él, en Arenas de San Pedro.

Por eso, lo de la firma sabe perfectamente Valcárcel que no es cierto ni se tiene en pié. En algún sitio, quizás en la Fiscalía del TSJ, ya se encuentra redactada una querella criminal, que le afecta de lleno y que tiene que ver con la compra-venta de una balsa minera a "Portmán Golf S.A." por parte de la Comunidad Autónoma en 1.000 millones de las antiguas pesetas, cuando su valor real no sobrepasa los 50, según el informe contrastado de varios peritos de la CHS.

Esa orden de compra-venta lleva su firma y tiene truco, como los otros 500 millones más en dinero público, invertidos en un solar (también de los mismos propietarios) para arrojar los lodos y residuos no inertes de la citada balsa cuando se colmata.

Pero, aunque luego volveremos sobre eso, su mayor riesgo en los tribunales de justicia, murcianos y españoles, sigue residiendo en los casos de La Zerrichera, Lo Poyo y Novo Carthago. Una vez los tres en raya, y una más por lo del Llano del Beal, los juzgados de Lorca y Cartagena tendrán que pedirle explicaciones, por escrito ante su aforamiento, por el presunto tráfico de influencias de su hermano a la sombra del poder político de San Esteban.

Pero luego el TSJ de la Región de Murcia siempre puede terminar imputándolo, a instancias de la Fiscalía, como primer y último responsable del gobierno autónomo y de todo lo que ocurre por su causa.

Ya está muy claro que Valcárcel tiene miedo a que se descubran todos sus desmanes, los de sus familiares, amigos, conocidos, financiadores, protectores y amos. Por eso retuerce el reglamento y huye de acudir a la Asamblea Regional a dar explicaciones, tal como le exige el PSRM y aunque goce su partido de amplia mayoría absoluta.

Claro, ¿qué va a decir, ni a los suyos? Ya lo dijo todo muy bien, en su día, el especulador y ventajista próximo, Trinitario Casanova, al tacharlo de "débil y cobarde" por ordenar el parón en la recalificación de La Zerrichera. Con Bascuñana ahora está que muerde el presidente, precisamente porque esos polvos...han traido ahora estos lodos, y otros más cerca de La Unión, pueblo natal de Casanova Abadía, hoy vecino de Orihuela.

Resulta que el letrado Carlos Valcárcel está demasiado evidente en Lo Poyo y Novo Carthago y que el CNI lo sabe desde el principio para orientar bien las investigaciones policiales y las paralelas de la Agencia Tributaria a pesar del interpuesto Sánchez Carrillo.

¿Sabía el PP murciano, que Roca había trabajado para el CNI en tiempos de Trillo-Figueroa como ministro de Defensa? Supongo que sí. ¿Y que con la llegada del ministro Bono lo despidieron y sometieron a vigilancia?. Pues por eso conocen bien qué negocios hizo el hermanísimo en ambos casos de brutal especulación, saltándose presumiblemente la ley.Y sus andanzas por Torre Pacheco.

Cerca, muy cerca, junto al poblado minero de El Llano del Beal, la balsa Jeni se vendió a la Comunidad Autónoma en seis millones de euros "por cuestiones medioambientales" aunque, en realidad, la gran beneficiada de la operación por partida doble o triple era la mercantil "Portmán Golf S.A.", propiedad de Alfonso García y Mariano Roca (en la fotografía inferior), dos financiadores del viejo PSRM por medio de los hermanos Alonso (Eduardo y José Antonio), y después del PP a través de Patricio Valverde y Pilar Barreiro, que se sepa.¿También del alcalde socialista Sanes?

El objetivo último era descontaminar los terrenos para ir preparando su urbanización, también en beneficio de "Portmán Golf S.A". Lo que sucedió fue que, una vez adquirida la balsa Jeni, la Comunidad se dió cuenta de que obstruía el alivio de aguas pluviales, lixiviados y de escorrentía para evitar la inundación frecuente y contaminante del poblado de El Llano de Beal (patria pequeña de los socialistas hermanos Alonso, por cierto ambos presentes en la reciente charla, de imagen y propaganda, de Valcárcel en el Casino de Madrid y socios de Trillo, y el diputado cartagenero Andrés Ayala, en opacos negocios varios).

Este tema se investigó a fondo en su día y hasta una querella, que se redactó en Madrid, asistida de un exhaustivo informe jurídico, obtuvo todas las bendiciones inimaginables y en enero regresó, totalmente informada y terminada, a Murcia ¿al cajón de la mesa del despacho del fiscal-jefe, López Bernal, o al del nuevo fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Pablo Lozano?. En alguno de los dos está seguro.

Ahí está esperando su momento. ¿Antes, o después de tener los tres en raya? La última palabra la sabe el que la lleva. Pero podemos estar ante un caso muy claro de presunto tráfico de influencias, prevaricación y compra-venta fraudulenta, que afecta de lleno, directa y personalmente a una sola persona por firmante.

Pero la cosa puede no quedar sólo en eso.¿No es menos cierto que el señor Valcárcel ha ido por ahí actuando de agente de negocios de sus financiadores implicados en la conocida como "Operación Malaya"? ¿O acaso no ha hecho personalmente "lobby" cerca del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Elche para que apoyasen sus concejales un grosero proyecto urbanístico de Tomás Olivo en esta ciudad, arguyendoles que "Tomás es uno de los nuestros" porque, según reveló él mismo por teléfono a sus compañeros ilicitanos, es de los financiadores más importantes que tiene el PP en la Región de Murcia?

El CNI tiene grabada esa conversación, como otras, y a disposición de las investigaciones que se siguen sobre el Presidente, su familia, "Polaris" y "Caja Murcia" desde hace ya mucho tiempo. Y es Valcárcel, en persona, el sujeto de este claro tráfico de influencias para favorecer los intereses económicos directos del empresario murciano, de Lobosillo, ahora en libertad bajo fianza por auto del juez Torres, en Marbella.

Valcárcel, al igual que hizo en su día el presidente balear, Jaume Matas, debería pedir audiencia urgente a Plácido Conde-Pumpido y acudir a la Fiscalía General del Estado, en Madrid, a preguntarle: "¿Qué hay de lo mío?" A lo mejor, ya no vuelve.

Saura profundiza en la renovación del PSRM a tenor de los nuevos candidatos a la Asamblea


El secretario general del PSRM, Pedro Saura, ha materializado ya en la candidatura a las elecciones autonómicas del próximo 27 de mayo la profunda renovación que ya emprendió cuando llegó al cargo hace 30 meses en un congreso regional extraordinario.

El Comité Regional del PSRM ratificó este sábado, sin mayores objeciones, la lista regional y los candidatos a las alcaldías de los 45 municipios de la Región de Murcia. De 256 asistentes, sólo uno votó en contra mientras cuatro se abstuvieron.

La mitad de los 16 integrantes del actual Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional no figura en esta ocasión: el ciezano Ramón Ortiz (en la fotografía), el lorquino Miguel Navarro, el mazarronero Juan Durán, el alcacereño Juan Escudero, el aguileño Alfonso Navarro, el ceheginero Pedro Abellán, Carmen Manzanos o el murciano Francisco Marín Escribano.

De los actuales parlamentarios, sólo el murciano Francisco Javier Oñate, la guipúzcoana Begoña García Retegui, la cartagenera Teresa Rosique, la murciana Rosa Peñalver, el yeclano Domingo Carpena y la aguileña Marí Carmen Moreno tienen segura su reelección, mientras el unionense Manuel Sanes y el muleño Diego Cervantes ocupan puestos menos seguros.

Saura resaltó tras la reunión que las candidaturas están compuestas por personas «honestas, con preparación y compromiso».

El máximo órgano entre congresos del PSOE también dió el visto bueno a los 45 candidatos a alcaldes, donde una treintena son nuevos, entre ellos, diez mujeres.

Los cinco distritos electorales son Murcia(1), Cartagena(2), Lorca (3), Noroeste(4), Altiplano(5). Y los candidatos del PSRM por orden y en cada uno de ellos son:

Nº 1 Pedro Saura/ Teresa Rosique/ Bartolomé Soler/ Jesús López/ y Domingo Carpena

Nº 2 María González/ Antonio Bernal/ Carmen Moreno/ Marién Boluda/y YolandaFernández

Nº 3 José Ramón Jara/ Rosa Peñalver/ A. Martínez Baños/ Diego Cervantes/ y Jesús Sánchez

Nº 4 Francisco Oñate/ Mariano García Pérez/ Noemí Cánovas/ y Mª Dolores Muñoz

Nº5 Begoña García Retegui/ Manuel Sanes/ y Francisco García

Nº6 Lola Hernández/ Francisco Aznar/ y Ascensión Guevara

Nº 7 José Antonio Gil/ Encarna Gil/ y Manuel López

Nº 8 Juan José García Escribano y Francisco Molero

Nº 9 Charo Quesada y María Celdrán

Nº 10 Conchi Estrada y Teresa Justicia

Nº 11 Cecilio Hernández y Cayetano Tornel

Escaños a elegir en total: 20 en Murcia, 11 en Cartagena, 7 en Lorca, 4 en el Noroeste y 3 en el Altiplano.

El Comité Regional del Partido Socialista de la Región también ratificó la lista electoral para el Ayuntamiento de Murcia de cara a las próximas elecciones municipales del 27 de mayo. En un acto que reunió a decenas de dirigentes socialistas en el Edificio de Usos Múltiples de la Delegación del Gobierno, el secretario general del PSRM, Pedro Saura, confirmó los nombres que integran la candidatura ya adelantada.

Saura destacó “la preparación, el compromiso, capacidad, gente honrada, honesta y de servicio público” de los elegidos para integrar una lista “cerrada por unanimidad”.

La lista encabezada por la locutora María José Alarcón, tendrá como segundo al todavía vicepresidente de la Asamblea Regional, diputado regional y coordinador de las agrupaciones locales, el aguileño Alfonso Navarro, y de tercera a la actual Jefa de Costas, también aguileña y bióloga, Francisca Baraza, así como miembro de la Ejecutiva Regional. Del actual grupo municipal socialista se mantienen en puestos con posibilidad real Marcos Ros, José Manuel Abellán, Lola Abellán, José Zapata, Mariola Martínez, Javier Mármol y María Jesús Barqueros.

Ha sido algo inesperada la reincorporación del ex concejal José Antonio García Baños, proveniente de la etapa del gobierno municipal socialista del lorquino José Méndez Espino como alcalde de Murcia. Sale del actual equipo municipal del PSRM el médico Rafael González Tovar, padre de la actual secretaria regional de las Juventudes Socialistas y secretario él de la agrupación "Vista Alegre" aunque suena, a la vez, como el próximo titular de la Delegación del Gobierno si Ángel González ocupase un alto cargo en Madrid.

El candidato socialista a la alcaldía de Cartagena, Ignacio Segado, contará a su lado, como número 2, con la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, pese a que las dos agrupaciones locales mayoritarias –Sur y Centro–, que reúnen a más de un millar de los 1.400 militantes que hay en Cartagena, no la incluyeron en sus propuestas.

Teresa Rosique será pues, al final, la segunda de Segado a la alcaldía de Cartagena después de doce años de gobierno popular. En una reunión con dirigentes del partido a nivel regional, los socialistas cartageneros cerraron una candidatura que destaca por la renovación total en los cinco primeros puestos. El tercer puesto lo ocupará Francisco Martínez, inspector de la Consejería de Educación, que concurre como candidato independiente. En el número cuatro figura Ana Belén Castejón, responsable de Vivienda de Juventudes Socialistas y que simboliza de forma más clara el mensaje del cambio generacional. El quinto puesto es para el economista y profesor Ángel Martínez Lorente, también proveniente de la Universidad Politécnica, donde presidió la Junta de Personal Docente e Investigador.

Los puestos del 6 al 9 los ocupan cuatro concejales de esta legislatura: Juan Luis Martínez (secretario de la Agrupación Norte), Caridad Rives (actual portavoz adjunto), Pedro Trujillo (Agrupación Centro) y José Manuel Torres (Agrupación Sur).

Los otros cinco puestos decisivos, son también para militantes con perfil de expertos: Carmen Martínez, presidenta de la Junta Vecinal de Molinos Marfagones; Francisco Díez Torrecillas; Salvador Martínez, del grupo de trabajo del PSOE en La Manga; José Antonio Romero, profesor del Instituto Jiménez de la Espada; Carmen Soto, presidenta de la Junta Vecinal de El Llano del Beal, y Obdulia Gómez, bióloga de la Consejería de Agricultura.

¿A qué teme el PP de Valcárcel?


Francisco M. Martínez*


El PP murciano capitaneado por un Valcárcel, conocido en España por grabar con su móvil a hurtadillas al presidente del gobierno español, busca desesperadamente que los tribunales no lo enjuicien en los casos de corrupción urbanística que su Gobierno lleva perpetrando desde que llegó al poder en la Región.

Su portavoz, Juan Carlos Ruiz, se atreve a decir hoy que los que son citados en la querella criminal presentada por el Fiscal-Jefe de Murcia, no están informados de la acusación del Ministerio Público, cuando a nadie de los encartados se le negó que asistieran con letrado defensor en sus comparecencias ante la máxima autoridad fiscal en el TSJ de Murcia durante la investigación previa a la querella criminal.

Ruiz debe saber mucho de ladrillos al hablar de "imputados", cuando esta figura forense les será aplicada a los que aparecen citados en la querella criminal de la Fiscalía cuando el juez instructor de Lorca, al que le ha tocado por turno, decida sobre la misma. Ya les informará el magistrado instructor a los ahora encartados en la querella criminal de la Fiscalía.

El PP murciano se ampara en que los medios de comunicación están dando información de la querella, mientras que este partido y su gobierno dicen que no están informados. Bagatelas. Les informará el magistrado, no desespere el PP y el gobierno Valcárcel, porque no hay tal "juicio mediático" paralelo si todavía no hay juicio oficial. Que espere el PP a la acción del Poder Judicial. Y si tiene indicios ilícitos en Los Alcázares, que presente la correspondiente acción jurídica y se deje el PP y su gobierno de difamar.

Aunque lo verdaderamente canalla es difamar a la Fiscalía murciana. ¿Qué responden a las barbaridades del PP y el gobierno Valcárcel las asociaciones de jueces y fiscales en Murcia? Ruiz se escuda en una supuesta "inmoralidad" de la oposición política en Murcia y que Valcárcel escurra el bulto para no acudir a dar cuenta en la Asamblea Regional.

Los ladrones creen que todo el mundo es de su misma condición. ¿A qué teme el PP de Murcia que tiene bajo control a los principales medios de comunicación de la Región?

*Periodista e investigador murciano.

El PSRM quiere ya a Valcárcel dando explicaciones en la Asamblea Regional sobre las implicaciones


El grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional pedirá el martes, en la junta de portavoces, que se convoque de manera inmediata una comparecencia monogáfica del presidente del Ejecutivo, Ramón Luis Valcárcel, para que de explicaciones sobre la implicación de cuatro altos cargos de dos consejerías en el caso Zerrichera.

Se trata del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Rodenas.

Según fuentes del partido socialista, la convocatoria se exigirá por la gravedad de la querella presentada esta semana en el Juzgado de Lorca, al que le corresponde por jurisdicción al estar ubicados los terrenos protegidos objeto de recalificación en el municipio de Águilas.

El titular del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Juan Alcázar, será el que, por reparto, lleve este caso, en el que hay siete personas imputadas por el fiscal jefe del TSJ de Murcia.

La portavoz del grupo socialista, Teresa Rosique, dijo en rueda de prensa que no sería aceptable que el martes el portavoz del PP ponga pegas de reglamento para evitar que Valcárcel pase por el control de la cámara para dar explicaciones.

Rosique indicó que tampoco admitirán que el PP se limite a "preguntas al presidente", ya que "en ocho minutos" que es el tiempo que el reglamento estima para las respuesta a una pregunta al presidente "no es suficiente para las explicaciones que debe dar", por lo que el PSRM-PSOE considera que deberá ser una comparecencia "monográfica" de Valcárcel.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruíz, dijo hoy que el Presidente no puede comparecer como pide el PSOE para hablar de La Zerrichera, según el artículo 182 del reglamento de la Cámara.

Indicó que el citado artículo, referido a las comparecencias del presidente del Consejo de gobierno ante el Pleno, indica que "procederá" tal comparecencia "cuando el objeto de la misma sea el informar sobre los asuntos que, en el ámbito estrictamente político, guarden conexión directa con actuaciones personales suyas o con el ejercicio de las competencias de su exclusiva atribución".

Añade este artículo que la comparecencia se sustanciará por acuerdo de la mesa y de la junta de portavoces, o a petición del propio presidente.

La comparecencia se deberá celebrar, previa la admisión a trámite de la correspondiente solicitud, en los diez días hábiles siguientes al de la entrada de la misma en el registro.

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, afirmó que el PP no puede argumentar cuestiones reglamentarias para impedir que Valcárcel de explicaciones después de que el fiscal jefe de Murcia se haya presentado una querella contra cuatro altos cargos de dos consejerías, por un presunto delito de prevaricación en la recalificación de La Zerrichera.

Rosique, dijo hoy en un comunicado de prensa que el PP está llevando a cabo una campaña de difamación "infundada" y ataques al honor que será respondida con demandas por parte del secretario general del PSRM, Pedro Saura. Hizo este anuncio después de la rueda de prensa ofrecida por el portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruíz, en la que éste le preguntó "si es cierto que el cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, actuó de intermediario de su familia para vender los terrenos de Lo Poyo, un pelotazo urbanístico con el que su familia percibió 6.000 millones de pesetas".

La dirigente socialista, que anunció días atrás la presentación de demandas por injurias contra aquellos que la difamen, contestó hoy que las personas que realmente saben del caso Lo Poyo son el presidente del PP regional, Ramón Luis Valcárcel; la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y el edil de Urbanismo de esa ciudad, Agustín Guillén.

Teresa Rosique indicó en su comunicado que Valcárcel recalificó definitivamente Lo Poyo en 1996, Barreiro "lo resucitó en 2003" y que poco después de una conversación entre Guillén y el supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Roca, en 2004, se inició la reclasificación de nuevo.

En cuanto a la querella por el caso Zerrichera, Rosique indicó que el PP crea una cortina de humo para tapar este asunto y para ello busca excusas de indefensión.

Al respecto, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, criticó que el PP intente poner en tela de juicio a la justicia "dando órdenes a su partido de denigrar la actuación de la fiscalía y de los juzgados cuando sus resoluciones" les perjudican.

Jara habla de "trama" y de "escándalo multimillonario" al referirse al caso Zerrichera, al tiempo que pide al PP que deje trabajar a la justicia.-(EFE)

El alcalde socialista de Los Alcázares deja la política porque no soporta más tanta presión


“En estos cinco meses he conocido la parte más inhumana y agresiva de la política y no quiero seguir con esto”.

Con gesto serio y sacando fuerzas de flaqueza, el alcalde socialista de Los Alcázares, José Antonio Martínez Meca, anuncia su retirada de la política y su vuelta al trabajo como funcionario en el Ayuntamiento de Cartagena, “porque lo mío es la gestión, no las trampas de la política”.

Los últimos acontecimientos le han pasado factura a ‘Pepote’, apodo por el que es conocido no sólo en su entorno familiar, sino también en todo el municipio de Los Alcázares, al que ha dedicado los últimos 12 años de su vida.

Los nervios apenas le dejan dormir, por lo que tiene que recurrir a la toma de ansiolíticos; con los ojos enrojecidos, confiesa que “es doloroso que mi hijo venga del colegio y me pregunte si es verdad que conozco a Roca, y ya no sé cómo explicar que sólo lo he visto una vez en mi vida, fue en la presentación de "Ribera Beach", en un restaurante lleno de gente hace cuatro años, y no creo que a todos los asistentes los vinculen con la Operación Malaya por haber estado allí”.

La presunta vinculación de José Antonio Martínez Meca con el escándalo marbellí surge a raíz de la conversación mantenida entre Gonzalo Astorqui y José Madrid, supuesto testaferro de Roca, que alude al nuevo alcalde asegurando que “es uno de los nuestros”.

Pese a la matización que la propia Policía Judicial hace de esa frase, en la que explica que puede referirse a la ideología que Meca comparte con Juan Escudero, anterior alcalde, el escándalo saltó a los medios de comunicación y sus consecuencias le han hecho presentar su renuncia a la alcaldía de Los Alcázares.

“No vale la pena seguir con esto, ni para mí ni para el pueblo, sé que hubiera sido un buen alcalde, pero no me han dejado demostrarlo, ahora me da todo igual”, manifestó tras asistir al pleno ordinario que se celebró ayer en el consistorio alcazareño.

Carta de José Madrid
El todavía alcalde mostró la carta que José Madrid le ha enviado y en la que asegura que lamenta profundamente “que una frase hecha y sacada de contexto de una supuesta conversación telefónica privada con una persona de Masdevallía (empresa que supuestamente pertenece a Roca), haya podido poner en entredicho al alcalde y su equipo de gobierno municipal”.

En la carta, Madrid le transmite “la confianza, que no certeza, en que el nuevo alcalde mantendría una actitud favorable, por parte del Ayuntamiento, para continuar los proyectos en curso, y resumida en tan desdichada frase”.

La carta supone un flaco consuelo para Martínez Meca, que paradójicamente, en sus 12 años de concejal, jamás ha gestionado el área de Urbanismo ni ha asistido a una sola Comisión. Las áreas que ha presidido son Educación, Cultura, Juventud, Festejos, Turismo, Protección Civil y Parques y Jardines.

“No me acuerdo de cabeza”
Durante el pleno ordinario, el urbanismo volvió a enfrentar al equipo de gobierno con la portavoz del Grupo Popular, María del Carmen Vigueras, quien explicó que “siempre vamos a abstenernos en las votaciones que traten asuntos que tengan la firma del arquitecto municipal”.

El portavoz socialista, Alfredo Blanco, le recordó que su hermano, el arquitecto Antonio Vigueras “era el que más proyecto presentaba al Ayuntamiento, incluido el campo de golf”. Vigueras replicó que esa era otra causa de su abstención, a lo que el alcalde le contestó que en julio de 1.994 “había votado dos actuaciones de su hermano, no sé si usted lo recuerda”.

La portavoz popular no supo responder a la acusación del alcalde y se limitó a asegurar que “no me acuerdo de cabeza”.

Fomento señaliza el aeropuerto de San Javier con nuevos carteles en la autopista


El Ministerio de Fomento, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado, reforzó la señalización vertical para la indicación del Aeropuerto de San Javier, tanto en carteles laterales como en pórticos, banderolas y flechas direccionales en todos los enlaces de la Autopista AP-7, en el tramo entre San Pedro del Pinatar y Cartagena.

La mejora de señalización consistió en la implantación de cajetines con el pictograma de ‘Aeropuerto’ en la cartelería existente en los cinco enlaces de la AP-7 que no disponían de indicación del aeropuerto, según informó la Delegación del Gobierno en Murcia.

En este sentido, depués de las obras, en lugar de señalizar el aeropuerto en San Javier y en los cruces con las carreteras más importantes, a partir de ahora se dispone de señalización en todos los enlaces de la autopista, indicando cuando debe salir de la calzada principal cuando llega al enlace de San Javier Sur, situado en el kilómetro 784 de la autopista.- (Europa Press)

El fiscal jefe podría ser denunciado por prevaricación en los próximos días


Los imputados en el caso de La Zerrichera alegan indefensión al no haber sido informados

El fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, tendrá que responder de la denuncia por prevaricación que algunos de los imputados en La Zerrichera estudian presentar en los próximos días contra el titular del Ministerio Público por vulnerar el artículo 24 de la Constitución Española en el que se dice que «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión», según ha sabido LA RAZÓN de fuentes próximas a los afectados.

Ayer mismo, y tras conocerse que la Fiscalía había presentado una querella en el Juzgado Decano de Lorca contra los presuntos implicados en el «caso de La Zerrichera», Antonio Alvarado, Encarna Muñoz, Juan Ramírez, Manuel Gil, María Jesús Ros y otras treinta personas, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Gobierno regional se afirmó que se habían enterado de la noticia a través de los medios de comunicación, ya que los directamente afectados no habían recibido comunicado alguno.

El portavoz del Ejecutivo, Fernando de la Cierva, aseguró que «al Gobierno le produce una responsable preocupación» y mantuvo que «sabrán estar a la altura de las circunstancias» en función del resultado de la querella. Otras fuentes del mismo crédito aseguran que se ha producido una «enorme indefensión de los acusados al no haber sido informados previamente de su imputación antes de que la noticia llegara a los medios de comunicación».

Justamente esta circunstancia es la que ha llevado a que algunos de ellos estudien en los próximos días, una vez conocido el contenido de la querella de la Fiscalía, la posibilidad de presentar una denuncia contra el fiscal jefe del TSJ por indefensión, y basarán su acusación en el punto dos del artículo 24 de la Constitución en el que se precisa que «todos tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías», así como a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

En el mismo apartado se señala que «la Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos».

Algunos de los imputados denunciaron ayer que la querella responde a motivos políticos de los que no es ajeno el fiscal jefe y señalaron como una de las pruebas dos fotografías fácilmente localizables en internet en las que se ve a López Bernal en la sede socialista junto a un grupo de jóvenes del PSRM, entre las que también figura la diputada socialista Rosa Peñalver.

En la segunda imagen a la que hacen referencia los querellados, igualmente localizable en la red, se aprecia al fiscal jefe junto a destacados miembros del grupo ecologista y antisistema «Murcia no se vende», al parecer también parte de la denuncia que se ha formulado contra los miembros y cargos de las consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas y el Ayuntamiento de Águilas.

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, se sumó al bombardeo mediático al exigir al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que comparezca en la Asamblea para dar explicaciones y cese de inmediato a los altos cargos imputados por el fiscal. El portavoz del PP, Pedro Antonio Sánchez, respondió que «Rosique no tiene autoridad moral para pedir ceses por una denuncia, cuando ella sigue en su cargo después de haber votado a favor de un pelotazo urbanístico en Lo Poyo que beneficiaba a su familia».
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