viernes, 6 de octubre de 2023

El 80% de los abusos sexuales a menores los cometen un familiar o conocido del niño


MADRID.- Un informe elaborado por Save the Children en el que se han analizado 400 sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España arroja una aterradora radiografía que arroja datos tan alarmantes como que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años y que en más del 80% de los casos la víctima es una niña o una adolescente.

También han constatado que ha crecido exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. Mientras que en el análisis que realizaron en base a los casos que tuvieron lugar entre 2019 y 2020 el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años, en el estudio actual, que se centra en los años 2021-2022, solo el 23,5% lo ha hecho en ese mismo intervalo. 

Hay víctimas que continúan teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces en policía, fiscalía y juzgado. Según Save The Children, «solo en el 24,9% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones».

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. 

«Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así», señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.

Este informe arroja más datos: en el 68,6% de los casos de abuso sexual estudiados hay una sola víctima, aunque en algunos llega a haber hasta siete. Además, en el 8% de los casos analizados se menciona que la víctima tiene algún tipo de discapacidad, aunque no se especifica más. 

Sin embargo, en 28,9% de los casos no consta nada al respecto y en el 67,3% se confirma que se trata de víctimas sin discapacidad.

Como se ha mencionado anteriormente, de las sentencias estudiadas se desprende que en relación a la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales se mantiene la misma tendencia, alrededor de los 11 años. 

«En el periodo 2021-2022 un 50,6% de los abusos se produjeron entre los 10 y los 14 años, mientras que entre 2019-2020 veíamos que el 44,7% de casos comenzaban entre los 13-16 años», apuntan desde la ONG.

Eso sí, existen notables diferencias de género en cuanto a los menores agredidos, según el informe: entre los 5-9 años de edad y desde los 15 años, las niñas representan más del 80% de los casos de abuso sexual infantil.

En cuanto al perfil de los abusadores, en ocho de cada diez casos el agresor es un conocido o conocida, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas. Entre los espacios más comunes del grupo de personas conocidas sigue destacando el entorno familiar, aunque esta cifra desciende, incrementándose otros agresores del entorno conocido que no son familia. 

 Este perfil de entorno conocido puede incluir amigos o conocidos de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, la pareja de la propia víctima, etc. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre y el padre.

Además, en casi siete de cada diez casos (67,2%) se trata de agresores o agresoras sin antecedentes, aunque se evidencia un incremento en el número de personas agresoras con antecedentes del 8,6% con respecto al periodo 2019-2020. Desde Save The Children destacan de igual modo que solo en el 4% de los casos los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual

Otro de los temas más preocupantes es el proceso judicial al que son sometidos los menores y las medidas cautelares contra los supuestos agresores. 

Así, en el informe de esta ONG dicen que «a pesar de que en cerca de la mitad de las sentencias no hay ningún tipo de información sobre estas medidas, comprobamos que en el 12,8% de ellos no se ha aplicado casi ninguna, y la más utilizada cuando se aplica (en un 24,1% de los casos) es la prisión provisional sola o en conjunto con otras medidas. 

En el periodo anterior, la más aplicada era la orden de alejamiento».

También subrayan que en el 88,3% de los casos hay condena. «De las 56 absoluciones analizadas, 38 fueron por falta de pruebas. En el 39,3% de los casos la pena principal impuesta es prisión de 2 a 5 años y las penas de prisión de más de cinco años representan el 36,6%, mientras que las de menos de 2 años, el 13,2%».

El Ayuntamiento de Murcia precinta cuatro locales en el municipio, que estaban abiertos pero con orden de cierre


MURCIA.- Los servicios de inspección del Ayuntamiento de Murcia han precintado y procedido  al cierre de cuatro locales, tres en la zona de ocio de Las Atalayas y Mariano Rojas y uno en la pedanía de Gea y Truyols, según han confirmado fuentes del Consistorio.

Precisamente, en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno y vicealcaldesa, Rebeca Pérez, reconocía que había más locales del municipio sobre los que pesaba una orden de cierre y cese de actividad y que estaban abiertos, anunciando que desde ese mismo momento el Ayuntamiento iba a proceder a una revisión actuando, en primer lugar, en la zona de Atalayas y en la de Mariano Rojas, lo que supondría "un refuerzo de inspección de licencias".

Este jueves comenzaron a cursarse visitas para comprobar que los locales "han dado curso a la orden del Ayuntamiento de cese de la actividad y si no es así, se clausurará la actividad y se cerrará el local", dijo Pérez. El objetivo es tener una "radiografía" de los locales del municipio.

Dejó claro que se precintará de forma inmediata en caso de no cumplir la orden de cierre. Hay que recordar que Teatre S.L. siguió ejerciendo su actividad pese a tener decretado un acta de cierre por Inspección desde octubre de 2022 y que los funcionarios que intervinieron en el expediente sobre 'Teatre Murcia S.L.' han sido apartados.

El objetivo del Ayuntamiento es que "nunca jamás vuelva a ocurrir esto en el municipio". De ahí que se han puesto en marcha una serie de medidas, que pasan por la instrucción ordenada por el alcalde José Ballesta a todos los servicios municipales, especialmente a los servicios de licencia, para "revisar, de manera inmediata, la situación administrativa de las licencias de los locales del municipio".

Una labor sobre la que se ha tenido que priorizar, haciéndose un cribado basándose en el criterio de localización geográfica del ocio nocturno, es decir aquellas áreas donde hay mayor densidad de locales de este tipo, utilizando, como segundo criterio, el volumen de afluencia, lugares de mayor aforo.

Finalmente, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Jiménez, ha hecho este viernes una llamada a las Administraciones Públicas ante la necesidad de "afinar" los protocolos y "mejorar" las normas para evitar sucesos como el del pasado domingo.

Pérdidas de 50.000 euros y en riesgo de quiebra

La mercantil Teatre Murcia SL, propietaria de la discoteca homónima incendiada el pasado fin de semana en Murcia, tiene escasa cobertura para hacer frente a las deudas y un riesgo de quiebra alto, dado que cerró 2022 con pérdidas por valor de 48.741 euros, según las cuentas de la compañía remitidas al Registro Mercantil, a las que se ha tenido acceso a través de Infoempresa.

Juan Inglés Rojo, administrador de más de una decena de sociedades, es propietario único de la empresa Teatre Murcia, constituida en 2018 y que cerró 2022 con dos empleados, una facturación de 109.698 euros y pérdidas por valor de 48.741 euros, según sus últimas cuentas.

Estas muestran una situación financiera delicada: su patrimonio neto era negativo en 61.765 euros a cierre de 2022.

La mercantil, según la información a través de Infoempresa, tiene un riesgo de impago alto y está registrada en el ámbito de restauración, cafetería, hostelería, bares, discotecas y merenderos; y en comercio y prestación de servicios de productos alimenticios, bebidas, tabaco, cafés y similares, en todo tipo de establecimientos y fuera de los mismos.

Inglés Rojo ha tenido varios negocios y no siempre relacionados con el ocio nocturno, también ha dirigido empresas inmobiliarias, comercios de equipos informáticos o de productos de metales preciosos, entre otros.

Los concursos se elevan un 190% en la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2023


MURCIA.- El número de concursos recibidos por los juzgados de lo Mercantil de la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2023 fue de 371, lo que representa un incremento del 190% con respecto al mismo periodo de 2022, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El aumento está provocado "fundamentalmente" por los presentados por personas naturales no empresarios, es decir, familias sin actividad empresarial. De estos, se registraron 320 --un 315,6% más que el año anterior--, frente a los 51 de carácter mercantil, empresarios persona física o jurídica.

Estos son datos del informe trimestral 'Efectos de la crisis en los órganos judiciales' del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que en la Región de Murcia refleja una especial incidencia de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, no apreciado, sin embargo, en el conjunto nacional.

Así, salvo en los concursos de acreedores, se observa un descenso generalizado de registro de todos los asuntos de carácter civil y social.

En comparación con el número de concursos presentados por cada 100.000 habitantes en los distintos Tribunales Superiores de Justicia, la Región de Murcia es la cuarta comunidad con más concursos de familias, después de Cataluña, Canarias y Valencia.

El número de nuevos concursos declarados en el segundo trimestre de 2023 en los juzgados de lo Mercantil fue de 222, lo que supone un aumento notable respecto a los 40 declarados el mismo periodo del año anterior.

Esto se explica, según las fuentes, por el fin de la moratoria concursal el 30 de junio de 2022, prorrogada desde marzo de 2020. En este periodo, el deudor concursado no estaba obligado a solicitar el concurso y, en caso de hacerlo, los órganos judiciales no debían admitir a trámite la solicitud.

Asimismo, coincide con los cambios en el proceso de ley de segunda oportunidad y exoneración del pasivo insatisfecho, tras la reforma de Ley Concursal en septiembre de 2022. Desde su entrada en vigor, el deudor, persona física, que no pueda pagar sus deudas por encontrarse en situación de insolvencia puede solicitar directamente al juzgado de lo Mercantil que se cancelen sus deudas, siempre que cumpla unos requisitos y actúe de buena fe.

Ambas circunstancias coinciden con aumento exponencial de concursos declarados desde el tercer trimestre de 2022.

Por otro lado, de abril a junio de 2023, se alcanzó un convenio en 5 procedimientos concursales y se inició la fase de liquidación en 35. Y no se inició ningún expediente de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE) --dos se registraron en el mismo periodo un año antes--. 

Por contra, el número de lanzamientos practicados por los juzgados de Instancia en la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2023, 429 en total, volvieron a experimentar una reducción del 21,4% respecto al mismo trimestre de 2022, consolidando así la tendencia a la baja que viene produciéndose desde el último trimestre de 2021.

De estos lanzamientos, 77 (el 44,3% del total) fueron consecuencia de procedimientos por impago derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 76 (44,7%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 21 restantes obedecieron a otras causas.

Poniendo en relación el número de lanzamientos en el país con la población existente, la Región de Murcia se sitúa como la segunda comunidad autónoma en la que se practican más lanzamientos por ejecución hipotecaría por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 4,9, sólo por detrás de Cataluña, que registró una tasa de 5,3. 

En el segundo trimestre del año, los juzgados de Instancia de la Región de Murcia registraron 195 ejecuciones hipotecarias, un 50,4% menos que en el mismo periodo de 2022. Esta reducción supera la del 17,3% registrado a nivel nacional.

A pesar de ello, atendiendo a las ejecuciones hipotecarias registradas en relación con la población, destacan Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, con 12,6 por cada 100.000 habitantes, como las comunidades con un mayor número de demandas en el periodo de referencia.

Por otra parte, los procedimientos monitorios registrados en el segundo trimestre de 2023 en la comunidad autónoma, también en los juzgados de Instancia, fueron 6.589, lo que supone una caída interanual del 12,7%. El descenso regional contrasta con el incremento del 36,7% en el conjunto nacional de procedimientos registrados para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles. 

Las demandas de despido presentadas en la Región en el segundo trimestre de 2023 mostraron un descenso interanual del 8% (848). Por otro lado, el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas también en este periodo en los juzgados de lo social, 452 en total, también suponen una reducción del 21,5% respecto a las registradas en el mismo periodo.

Si se atiende al número de habitantes, la Región pasa de ser la segunda comunidad de España con mayor tasa de procedimientos registrados, en el primer trimestre a ocupar la octava posición.

Por otro lado, en el segundo trimestre de 2023 ingresaron en el juzgado especializado de la Región 364 acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantía inmobiliarias para personas físicas, lo que representa un 25,3% menos que en igual trimestre de 2022. Y, de nuevo, contrasta con la subida registrada a nivel nacional.

En este periodo se resolvieron 321, un 71,2% menos, y quedaron en tramitación 2.324, un 14,1% menos. 

Además, en el segundo trimestre de 2023 se registraron en los órganos judiciales de la Región de Murcia un total de 18 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas --para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social--, lo que representa un 50% menos que un año antes.

En este periodo se han resuelto 24 procedimientos de este tipo y 122 se siguen tramitando.

Ecologistas en Acción de la Región Murciana denuncia la construcción de un nuevo embalse sin autorización en el Parque Regional de Carrascoy


MURCIA.- Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha presentado una denuncia ante la Consejería de Medio Ambiente por las obras de construcción de un embalse, dentro del Parque Regional de Carrascoy-El Valle, en la pedanía de La Costera de Alhama de Murcia, junto al cauce de la Rambla de Peñas Blancas.

Al parecer, la obra estaría siendo ejecutada por la empresa agrícola de un grupo empresarial agro alimentario con importantes intereses ganaderos e inmobiliarios en la Sierra de Carrascoy y en toda la Región.

En el escrito, dirigido Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática (Subdirección General de Montes y Áreas Protegidas), se denuncia que las obras se están realizando en la “franja de respeto” en la que expresamente están prohibidas las construcciones o instalaciones relacionadas con la actividad agrícola.

Ecologistas en Acción recuerda a la Consejería que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Carrascoy (PORN) del Parque Regional lleva en tramitación desde el año 2005, y que tampoco se ha aprobado el Plan de Gestión del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, lo que está siendo aprovechado para la implantación paulatina de grandes extensiones de regadío intensivo con sus infraestructuras asociadas.

Denuncian asimismo que ahora se pretende tramitar solamente el Plan de la Red Natura 2000, manteniendo en el limbo el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional, donde el citado grupo empresarial tiene grandes fincas.

Esta denuncia se suma a las alegaciones presentadas hace unas semanas al estudio de impacto ambiental de un embalse, que pretende construir el Ministerio de Agricultura, en el paraje de la Casa del Caño, en la pedanía de La Costera de Alhama de Murcia, debido a su pésima calidad y falta de exhaustividad necesarias para cumplir las exigencias de la ley estatal de evaluación ambiental, principalmente por carecer de un verdadero estudio de alternativas y por ofrecer una información ambiental muy deficiente.

Junto a la denuncia del pasado año por la destrucción de arbolado de la finca de la Naveta, de más de 100 hectáreas en el Puerto de la cadena, que albergaba un secano extensivo tradicional, así como áreas de vegetación silvestre de gran valor ambiental dada su proximidad a la Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA) de El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, con fines urbanísticos, se evidencia la falta de interés por proteger y la progresiva degradación del Parque Regional Carrascoy-El Valle y el LIC  y ZEPA asociados, permitiendo impactos agrícolas y urbanísticos en el Parque Regional mas cercano a la capital, muy apreciado por la ciudadanía.

El río Segura continúa en situación de alerta por escasez por segundo mes consecutivo


MURCIA.- Los indicadores de escasez global de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han constatado, por segundo mes consecutivo, el estado de alerta en la cuenca del río Segura.

A pesar de ello, no se prevén restricciones en la atención de las demandas para el abastecimiento humano en el presente año hidrológico 2023-2024, que ahora comienza. Esto es gracias a los diversos orígenes de recursos que gestiona la Mancomunidad de los Canales del Taibilla lo cuál introduce una alta garantía.

Por otro lado, la declaración del escenario de Alerta implica que la CHS activará las medidas correspondientes contempladas en el Plan Especial de Sequía para la cuenca del Segura. Esta cuestión se va a proponer a la próxima Junta de Gobierno e implicará una reducción moderada de las dotaciones a suministrar a la espera de la evolución hidrológica de este otoño.

Asimismo, la Comisaria de Agua intensificará el control y vigilancia de los recursos hídricos a fin de garantizar el reparto equitativo de las dotaciones resultantes en razón de las reducciones que finalmente se adopten.

Por todos estos motivos, la CHS quiere hacer un llamamiento a todos los usuarios para que realicen un consumo racional de los recursos disponibles dada la situación de alerta que se constata en la Demarcación del Segura.

Los índices de escasez coyuntural de la cuenca del Segura se encuentran en nivel de alerta a fecha 1 de octubre de 2023.

El índice de escasez del sistema global que incluye las aportaciones y existencias de la cuenca y del trasvase Tajo-Segura está en 0.234 sobre 1, que se corresponde con la situación de alerta.

De forma individualizada, Índice de escasez del Sistema Cuenca está en 0.288 sobre 1, situación de alerta. Por su parte, Índice de escasez Sistema Trasvase está en 0.18 sobre 1, situación de alerta.

Por otra parte, el resto de Unidades Territoriales contemplan la siguiente situación: la zona de cabecera está en prealerta; mientras que la margen derecha e izquierda mantienen una situación de normalidad.

Finalmente, resaltar que la cuenca del Segura mantiene la ausencia de sequía prolongada, que se calcula únicamente con datos de pluviometría, lo que implica el mantenimiento de los caudales ecológicos que contempla la planificación hidrológica y que son una restricción a los usos, excluido el abastecimiento.

Vox Murcia solicitará al Pleno municipal una Comisión de Investigación por la tragedia de las discotecas


MURCIA.- El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia pedirá en el próximo pleno municipal la apertura de una comisión de investigación en relación con los incendios del pasado 1 de octubre en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en la zona de ocio de Atalayas.

Así lo ha anunciado el portavoz municipal del partido, Luis Gestoso, en una rueda de prensa en la que ha explicado que el objetivo de esta comisión de investigación es poder depurar responsabilidades políticas en torno al suceso sobre el que, considera, tanto el actual equipo de Gobierno, del PP, como el anterior responsable de Urbanismo, del PSOE, han mentido y ocultado información.

Si el pleno acepta la apertura de esa comisión de investigación, ha avanzado, Vox preguntará sobre la situación actual de las familias y las medidas que se han adoptado para proteger a los menores que han quedado huérfanos, pero también se exigirá que se asuman responsabilidades políticas.

Se solicitará, además, información sobre la situación de legalidad o no de las discotecas siniestradas, sobre la cronología en las solicitudes y comunicaciones entre Teatre y el Consistorio o sobre la personación del ayuntamiento en la causa judicial abierta, entre otras cuestiones.

Además de la comisión, el grupo municipal de Vox ha registrado varias solicitudes de información para que les sea entregado una "copia fiel de las órdenes de cese de actividad" que ha firmado el ayuntamiento entre los años 2019 y 2023, y su remisión a los correspondientes servicios municipales para su cumplimiento "agrupadas por actividad".

"Queremos que tengamos un pleno con luz y taquígrafos para que adoptemos las medias políticas que tengamos que adoptar", ha indicado Gestoso, que ha asegurado que en función de las conclusiones de la comisión se solicitarán los "ceses o dimisiones" que el grupo considere pertinentes. 

Lamento del PP

El Grupo Municipal Popular ha lamentado que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, haya permanecido escondido toda la semana y “su primera aparición sea para posicionarse más cerca de los investigados que de los murcianos y la Justicia, que está investigando lo ocurrido en la tragedia del pasado domingo en Atalayas”.

“¿Dónde ha estado Luis Gestoso durante estos días, tras la tragedia de Atalayas que se ha cobrado la vida de trece personas?”, se pregunta el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia tras la aparición pública del portavoz de Vox este viernes.

El Partido Popular ha insistido en que ahora hay que dejar trabajar a los jueces y recuerda que ha sido el Ayuntamiento de Murcia quien actuó contundentemente ante la Justicia e hizo pública la situación de las licencias de las discotecas, en un claro ejercicio de transparencia.

“Se ha actuado con contundencia ante la Justicia y con total transparencia. No hemos hecho política con la tragedia de manera ruin”, ha recalcado el PP.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia fue el único que se ausentó del comité de crisis convocado por el alcalde el mismo domingo, una reunión a la que sí que asistió una de sus compañeras de partido. “¿A qué Vox pertenece Luis Gestoso? Parece que no se entera de lo que ocurre en su propio partido”, se han preguntado los populares.

“Gestoso ha dado el mayor ejemplo de irresponsabilidad y oportunismo político, dando información errónea y contradictoria sobre asuntos que están bajo secreto de sumario”.

El PP recuerda que Luis Gestoso “ha estado ausente en la gestión de la crisis”.

El Grupo Municipal Popular ha explicado los pasos dados hasta el momento para esclarecer lo que ha ocurrido y evitar que esta situación se vuelva a repetir. Para ello, se ha apartado de sus responsabilidades a los funcionarios implicados en la gestión directa del expediente de la discoteca Teatre, se ha anunciado la revisión de los protocolos para mejorar y agilizar los procedimientos y se han reforzado los controles sobre los locales.

Caravaca de la Cruz acogerá una Convención Mundial de Ciudades Santas con motivo del Año Jubilar


CARAVACA DE LA CRUZ.- Caravaca de la Cruz acogerá, con motivo del Año Jubilar 2024, la primera Convención Mundial de Ciudades Santas para la Cristiandad, según anunció el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la reunión del Patronato de la Fundación Camino de la Cruz, celebrada este viernes en el Palacio de San Esteban.

El objetivo de este encuentro internacional será poner en común proyectos y buenas prácticas con el resto de ciudades santas, es decir, Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana. 

La fundación Camino de la Cruz ya ha movilizado más de 4 millones de euros en proyectos para la Ciudad Santa. En este sentido, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, ha agradecido el compromiso de empresas e instituciones murcianas.

El encuentro tiene vocación de continuidad en el tiempo y se irá celebrando alternativamente por el resto de ciudades santas, y ha sido impulsado de forma conjunta por la Región de Murcia, Galicia y Cantabria para “formar un nexo permanente” entre estos destinos.

López Miras ha informado también de que el programa de actos para el Año Jubilar de 2024 se dará a conocer en una presentación en Madrid el próximo mes de noviembre, y en diciembre se inaugurará como antesala de este año la exposición “Magna Urbe”.

Entre los retos que acogerá la ciudad del Noroeste, López Miras ha destacado la acogida de los peregrinos, que espera doblar con respecto al Año Jubilar de 2017, pasando de medio millón a un millón de visitantes.

Asimismo, ha resaltado la red de caminos regionales que conectan con la ciudad santa, ya que al camino que une Orihuela con Caravaca de la Cruz y que ya está señalizado, se sumarán otros dos, desde Cartagena y Mazarrón hasta la sede de la Vera Cruz.

El objetivo es que “la práctica totalidad de la Región de Murcia quede conectada con Caravaca de la Cruz con diferentes caminos de peregrinación, que no quede ni una ciudad que no sienta el camino como propio y como suyo”, ha señalado López Miras.

Entre las iniciativas más inmediatas, destacan una muestra itinerante de 125 obras de Zacarías Cerezo, la sexta edición de los ‘90K Camino de la Cruz’, así como las cocinas del jubileo y la exposición Magna Urbe. Y el próximo 11 de noviembre tendrá lugar en Madrid la presentación del programa de actividades para el próximo Año Jubilar.