lunes, 16 de abril de 2007

El PP revela una sentencia por vejaciones contra el diputado Calomarde


MADRID.- La dirección nacional del Partido Popular considera que el diputado valenciano Joaquín Calomarde debería renunciar a su escaño en el Congreso si no comparte las tesis del partido que dirige Mariano Rajoy en lugar de pasarse al Grupo Mixto, tal y como ha confirmado el propio parlamentario.

Calomarde, que se había mostrado muy crítico en las últimas semanas con las decisiones de la dirección del PP –entre ellas el boicot al grupo Prisa– comunicó el sábado a Rajoy su dimisión irrevocable a través de un correo electrónico. En el escrito Calomarde afirmaba que ha sido objeto de una campaña de desprestigio personal llevada a cabo por su partido.

Calomarde tomó la decisión de dejar el partido después de conocerse una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que le condena a pagar 1.200 euros por una falta de vejaciones a través de llamadas telefónicas a una amiga. Sin embargo, Calomarde no tiene intención de renunciar a su acta de diputado por entender que el escaño le pertenece por mandato constitucional y pretende pasarse al Grupo Mixto.- (EP)

Medio Ambiente advierte de que no hay agua garantizada para 300.000 viviendas


MADRID.- El Plan General de Águilas (Murcia), que prevé 80.000 nuevas viviendas, no tiene agua garantizada; el Gobierno no asegura el abastecimiento de las 8.100 viviendas del SAU-21 de El Molar, en Madrid; la urbanización en el embalse de Valdecañas, en Badajoz, se construirá con informe negativo de la confederación hidrográfica; y en Valencia hay 90 planes urbanísticos sin el visto bueno de la confederación, pero siguen adelante.

Como éstos, hay al menos 129 municipios (de Cádiz a Asturias y de Valencia a Badajoz) y 189 planes urbanísticos, con un mínimo de 300.000 viviendas implicadas, que no tienen garantizado el suministro de agua, según los informes emitidos por las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Pero eso no frena a los promotores, que exigen al Gobierno que suministre el agua, dado su carácter de servicio básico.

En julio de 2005, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obligó a las confederaciones hidrográficas a pronunciarse "expresamente sobre la existencia o inexistencia de agua suficiente" para planes urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente intentaba así controlar el urbanismo en zonas sin agua o al menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones.

Las confederaciones tardaron en emitir esos informes pero, casi dos años después, los datos de las cuencas con más dictámenes contrarios -Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y Norte- revelan que hay más de 300.000 viviendas en el aire, sin garantía de suministro por parte del ministerio: 100.000 en la cuenca del Júcar, otras 100.000 en la del Segura y el resto principalmente en la del Tajo. Los datos no están centralizados y el cálculo es complicado. Un informe, por ejemplo, se refiere a todo el Plan General del municipio de Las Rozas de Madrid (unas 5.000 casas), y otro a una pequeña urbanización en un pueblo de Alicante, sin especificar cuánto se construirá.

El secretario general para la Diversidad y el Territorio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explica que los informes no son vinculantes y admite que el efecto depende mucho del lugar: "En la práctica se hacían urbanizaciones sin garantía de agua y queríamos racionalizarlo con estos informes". Los informes no son vinculantes porque las competencias de urbanismo están en manos de las comunidades y los ayuntamientos.

Un dictamen jurídico del Ministerio de 2006 afirma que ese informe, "si bien en sentido estricto no es vinculante, puede serlo en la práctica en caso de que en el mismo se manifieste que no existen recursos suficientes para satisfacer las demandas".

Aunque ese dictamen considere que los informes son vinculantes "de hecho", no están teniendo efecto en la mayor parte de España. El secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, sentencia: "No estamos notando ningún problema ni un freno en la construcción por falta de agua, es un suministro básico que el Gobierno debe garantizar".

Los promotores destacan que el abastecimiento humano es prioritario y piden al Gobierno que, si falta agua, retiren dotaciones del regadío. "En España no falta agua, sino que se malgasta y otra se pierde por las tuberías. Sólo con cobrar el precio real ya habría agua de sobra para las urbanizaciones", añade Martí.

Serrano replica que el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura en los casos ya existentes, pero los nuevos desarrollos no están por delante de los agricultores. Para reforzar el control, la nueva Ley de Suelo convierte estos dictámenes en "determinantes" y sólo se podrá "discrepar de ellos de forma razonada". El Gobierno intenta evitar que las comunidades garanticen el abastecimiento en contra de las confederaciones.

El responsable de Agua en Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, que ha pedido los informes negativos a las confederaciones, advierte a los alcaldes que aprueben planes urbanísticos sin agua: "Denunciaremos a quienes aprueben urbanizaciones con el informe contrario de las confederaciones". Martín Barajas augura problemas enormes en unos años -los planes urbanísticos en trámite tardan años en desarrollarse- y advierte: "Los promotores pueden estar cometiendo una estafa si venden casas sin agua garantizada".

La comunidad que prepara más viviendas sin garantía de suministro es la valenciana. A los ayuntamientos llegan planes urbanísticos y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se le amontonan las solicitudes. El organismo calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se verifique la garantía de abastecimiento y unas 100.000 de 90 planes urbanísticos ya han recibido una resolución negativa.

El Gobierno de Francisco Camps, del PP, ha dado el visto bueno a planes sin el informe de la confederación o incluso con uno negativo al admitir que sean empresas privadas o municipales las que demuestren que habrá agua. Los populares acusan a la CHJ de pretender bloquear el desarrollo.

La Delegación del Gobierno en Valencia ha impugnado ya con desigual suerte una docena de proyectos que suman 15.000 viviendas. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha advertido de que no deben aprobarse planes urbanísticos sin agua, pero ha rechazado paralizar el Manhattan de Cullera, 35 rascacielos y 5.000 pisos, pendiente de aprobación definitiva.

En Murcia, la situación es similar y la Confederación del Segura ha informado negativamente 34 planes urbanísticos de 18 municipios. El presidente de la Asociación de Promotores de Murcia, José López Rejas, admite que se mantienen los planes de construir 800.000 viviendas en 30 años pese a la falta de agua. En Murcia, la mitad del agua de consumo procede del Tajo. Medio Ambiente afirma que las desaladoras permitirán un desarrollo inmobiliario "dentro de una lógica".

La tercera cuenca con viviendas afectadas es la del Tajo, que ha emitido 48 dictámenes contrarios por falta de agua o porque los ayuntamientos no han explicado de dónde obtendrán el caudal necesario. Los 21 informes que afectan a la Comunidad de Madrid son suplidos por un informe positivo del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad. Serrano advierte de que recurrirán los planes que no tienen agua cuando estén aprobados definitivamente, como ya ha hecho el Gobierno en Valencia. Además, hay informes negativos en 20 municipios de La Sagra (Toledo), una comarca en la que la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, planea 80.000 viviendas.

La situación es distinta en el Guadalquivir. Allí, según el comisario de Aguas de la Confederación, Javier Serrano, no se ha emitido formalmente ningún informe negativo, y del centenar de expedientes en trámite, unos 75 presentan problemas. En el Ebro tampoco hay informes contrarios, mientras que el Duero ha emitido 28 informes, aunque no detalla cuántos son favorables.

La Cuenca del Sur (de Málaga a Almería) no ha autorizado captación de agua para el complejo urbanístico de Los Merinos Norte, en Ronda, 800 viviendas y tres campos de golf. El plan parcial para la urbanización de la zona de Cabo Plata, en Tarifa (Cádiz), está paralizado porque no garantiza el abastecimiento de agua a 1.600 viviendas y un campo de golf.

Un reglamento que prepara el Gobierno obligará a que estos informes estén colgados en internet para evitar que los compradores se vean sin agua una vez comprada la vivienda.

URBANIZACIONES EN EL BANQUILLO

Las máquinas han comenzado a mover tierra y arrancar árboles en un paraje del sur del término municipal de Orihuela (Alicante) para levantar "un pequeño y tranquilo pueblo mediterráneo" de 2.286 casas, anuncia la publicidad de la promotora Colinas Golf. La urbanización tendrá vistas a un campo de golf y al futuro parque natural de la Sierra Escalona, cuyos límites se han ajustado a este proyecto, el PAU-21. ¿Y agua? Como en el caso de decenas de planes en localidades de la Comunidad Valenciana, sobre el plan pesa la duda de si habrá recursos suficientes para los residentes.

Ecologistas en Acción lo ha llevado a los tribunales y esgrime un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que advirtió en diciembre de 2005, justo antes de que se aprobara la urbanización, de "que no está garantizada el agua", explica el portavoz en Alicante, Carlos Arribas. La promotora lo niega: "La tramitación se ha ajustado a la más estricta legalidad y tiene todos los informes favorables".

En la polémica tercia el Ayuntamiento, gobernado por el PP, que exhibe un informe positivo de 2003 de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla -que abastece a municipios de Alicante y Murcia- y acuerdos para usar agua depurada en el campo de golf. Fuentes municipales apuntan que el proyecto ya estaba previsto en el plan general urbano de 1990 e interpretan que la confederación se limitó a recordar que debe contar con las pertinentes concesiones para abastecimiento. "Hay agua", aseguran.

Pero Manuel Aldeguer, comisario de Aguas en la cuenca del Segura, la más deficitaria de España y dependiente del trasvase del Tajo, avisa tajante: "En el Segura no hay agua para nuevas demandas" si no la aportan las desaladoras puestas en marcha o planificadas. Mientras la justicia investiga, la obra en Orihuela continúa.

La polémica se reproduce en otros municipios cuyos planes de expansión han acabado en los juzgados. En La Nucía (Alicante), con 33.000 habitantes, el Tribunal Superior de Justicia paralizó en marzo de forma cautelar el programa de actuación urbanística de La Serreta, con 3.884 casas en plena huerta.

El informe de la confederación correspondiente, la del Júcar, ve insuficiente la garantía de recursos y el tribunal afirma que el Consistorio no ha demostrado lo contrario. "Estamos totalmente tranquilos", responde el alcalde, Bernabé Cano, del PP, que aportará nuevos datos para que se retire la suspensión cautelar pedida por una formación política independiente. Hay pozos en el sector, la urbanización gastará menos agua que con el riego de los cultivos actuales y el campo de golf, que será municipal, se regará con recursos depurados, presume el alcalde.

El grupo Ballester, que promueve el plan, añade que no se hubiera arriesgado a presentarlo "sin garantías de abastecimiento". "Somos escrupulosos", dice su director de comunicación en Alicante, Orlando Torregrosa.

La constructora también lidia con recursos judiciales contra otros planes que impulsa en la provincia, lo que acarrea "retrasos y perjuicios financieros importantes", apunta Torregrosa. "Nos preocupa también el daño a la imagen, porque planea una sombra de duda sobre la empresa cuando está cumpliendo con los trámites que marca la ley", añade. Los jueces tendrán la última palabra.
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El comité de empresa de Zincsa causa destrozos en la sede del candidato del PSOE en Cartagena


CARTAGENA.- Miembros del comité de empresa de Zincsa han causado destrozos esta mañana en la sede del candidato del PSOE en Cartagena, según representantes de la formación política que en ese momento se encontraban trabajando en las oficinas del partido.

Según las mismas fuentes, varios miembros del comité de empresas han irrumpido en la oficina del candidato socialista Ignacio Segado con la intención de iniciar un encierro para protestar por la negativa del ministerio de Vivienda a vender a la empresa Zincsa una parcela de 500.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Los Camachos para el traslado de su factoría.

En el momento de ocurrir estos hechos Ignacio Segado se encontraba en Murcia y a su regreso se ha reunido con los representantes de los trabajadores de Zincsa.

El comité de empresa de la antigua Española del Zinc se refiere a su situación como "desesperada" porque la dirección de la fábrica formaliza esta semana un tercer expediente de regulación de empleo porque la situación de falta de suelo bloquea la financiación económica para la compra de materia prima.

Zincsa lleva dos años atravesando una grave crisis económica que se solucionó con la venta del terreno que actualmente ocupa a una empresa promotora y la firma de un convenio con el ayuntamiento de Cartagena que vincula la recalificación de suelo al mantenimiento de los puestos de trabajo y al traslado de la empresa en el plazo de tres años.

La semana pasada el candidato socialista Ignacio Segado propuso la compra de suelo en el Valle de Escombreras o en la finca que fue comprada en su día por la empresa General Electric en La Aljorra.

Los trabajadores de Zincsa y la dirección de la empresa insisten en que la solución pasa por la compra de suelo a la empresa pública SEPES en el polígono de Los Camachos.

Ni SEPES ni el ministerio de Vivienda han querido reunirse con las administraciones regional y local y los representantes de la empresa para explicar los motivos por los que no quieren vender 500 mil metros cuadrados en una fase sin urbanizar en este polígono industrial de seis millones de metros.- (EFE)

Pujante pide a Fiscalía que audite los gastos preelectorales de todos los partidos murcianos



MURCIA.- El coordinador general de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, pidió hoy al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal, que audite los gastos de precampaña y campaña electoral de todos los partidos murcianos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

En rueda de prensa, exigió transparencia en las cuentas y en los gastos que los partidos están realizando en la región de Murcia desde esta precampaña, que cifró en dos millones de euros por parte del PSOE y en 42 por parte del PP, "instrumentados a través de la propaganda que emite la televisión autonómica", que, en su opinión, "ofrece información sesgada y manipula de forma inaudita".

Según Pujante, su formación política gastará 120.000 euros en todo el proceso para las elecciones autonómicas y diversas cantidades menores para las municipales, que en el caso de Lorca, donde él es candidato a la alcaldía, serán unos 20.000, buena parte de los cuales, unos 12.000, proceden de un préstamo personal solicitado a la banca entre varios afiliados.

Así mismo, pidió al resto de candidatos que ofrezcan "información y datos, no propaganda, y debates públicos en los que se aporten a los ciudadanos propuestas de Gobierno concretas".- (EFE)

Rodríguez Zapatero abrirá la campaña electoral en Murcia el viernes 11 de mayo


MURCIA.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, abrirá en Murcia la campaña de las elecciones autonómicas y municipales el viernes 11 de mayo.

Así lo anunció hoy el secretario general del PSRM-PSOE y candidato a la presidencia de la Comunidad autónoma, Pedro Saura, tras ofrecer una rueda de prensa en la capital murciana.

Saura, que señaló que todavía no se ha decidido el marco en el que se celebrará el mitin electoral, que se celebrará en Murcia capital.

Zapatero intervendrá en último lugar después de hacerlo la candidata a la alcaldía del Murcia, María José Alarcón, y Pedro Saura como candidato a presidente de la Región.

Esta será la tercera vez que Rodríguez Zapatero visite la Región de Murcia.
La primera vez, como candidato a secretario general del PSOE, en 2000; la segunda vez el ahora jefe del Ejecutivo central lo hizo como candidato a la Presidencia, en 2004; mientras la tercera fue el pasado 4 de marzo, para visitar la desalinizadora de San Pedro del Pinatar y Lorca, donde asistió a la clausura de la Asamblea General de la organización agraria COAG.

Por otra parte, el candidato del PSOE a la presidencia de la Región, Pedro Saura, se comprometió hoy a "ser el presidente de los derechos frente al de los intereses, que es el que hace el presidente de la derecha, que es Ramón Luis Valcárcel".

Saura dijo que en los cuarenta días previos a las elecciones anunciará su compromiso con 40 derechos básicos para los murcianos, y entre ellos a una vivienda.
Por ello anunció la elaboración de una Ley de Acceso a la Vivienda para que los ciudadanos "puedan exigirnos si no cumplimos con nuestro compromiso".

Esa nueva política de Vivienda se complementaría con medidas para la construcción de 50.000 viviendas protegidas, de las que 25.000 se destinarán a los jóvenes, que "no tendrán que aportar más del 20 por ciento de su sueldo a este capítulo, no como con el modelo Valcárcel por el que deben reservar más del 50 por ciento".

Pedro Saura reiteró que entre esas medidas estará destinar el 40 por ciento de la vivienda protegida a alquiler, a través de la creación de una Agencia Regional de Alquiler, porque "es un derecho y hay que facilitar el acceso a los jóvenes a una vivienda digna".

Ante los representantes de las asociaciones juveniles, Saura aseguró que cambiará la Ley de Juventud con el consenso de sus destinatarios "frente a lo que ha hecho el PP, que no contó con los representantes del Consejo de la Juventud de la Región".

Saura anunció que desde la presidencia de la Región se elaborará una Ley de Transparencia y Participación ciudadana, para "fomentar que los ciudadanos conozcan qué proyectos e inversiones se llevan a cabo y formen parte de los mismos".

"Es importante conseguir un cambio de color político en la Región de Murcia, para pasar de estar a la cola en sanidad, educación, salarios o inversión en I+D, como en la actualidad, y dejar de estar a la cabeza en especulación y precariedad".

"Nos jugamos mucho en las próximas elecciones, dijo Saura, quien agregó que la Región "necesita un cambio profundo hacia una forma de hacer política que apueste por los derechos de los ciudadanos".

Saura pidió a los jóvenes, que suponen el 18 por ciento del censo electoral, que apoyen ese cambio en la forma de hacer política, como en 2004 apoyaron el cambio de Zapatero.

Pedro Saura, dijo también que las candidaturas electorales del PP de la Región de Murcia "son hereditarias".

Se refirió de esta forma a la inclusión de María Dolores Sánchez, hija del actual teniente de alcalde de Fomento del ayuntamiento de Murcia y presidente del comité electoral del PP de la Región, Antonio Sánchez Carrillo, en la candidatura a la alcaldía de la capital murciana.

Las listas del PP "son hereditarias" dijo Pedro Saura, quien señaló que en el Partido Popular "ascienden los que están por la corrupción".

El secretario general del PSRM-PSOE afirmó también que Sánchez Carrillo, como presidente de la Comisión electoral del PP de la Región "pone a su hija" en la candidatura y el "se va, pero no sabemos con cuánto se ha ido".

Saura mostró su convencimiento de que los ciudadanos de la Región "no va a votar a listas electorales compuestas por personas que apuestan por la especulación".- (EFE)