martes, 5 de octubre de 2010

Valacárcel se olvida ahora de la 'Paramount', su sobrino-consejero y del viaje a Dubai

BRUSELAS.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha pedido hoy "tranquilidad" ante el nuevo caso de presunta corrupción urbanística por el que se han registrado dependencias del Ayuntamiento de Murcia y ha advertido de que en el Partido Popular "quien la hace la paga", si bien ha confiado en que no haya responsables del partido implicados en el caso.

   Además ha dejado claro que si algún responsable del PP fuera imputado se procedería a "su exclusión inmediata", porque, según Valcárcel, se actuaría "exactamente igual que se ha hecho en todo momento".

   "Hay tres detenidos, pero ninguno de los casos tiene nada que ver con la formación política, con el Partido  Popular. Sí les digo lo que siempre hemos dicho y lo que siempre hemos hecho en este partido: Aún cuando no hay imputados en este caso y espero que no los haya, aún cuando colaboramos con la Justicia como siempre hemos colaborado, en este partido, no obstante, quien la hace la paga", ha declarado a los medios a su llegada al pleno del Comité de Regiones de la UE que se celebra en Bruselas.

   El presidente regional ha insistido en que el PP "está haciendo hoy lo que siempre ha hecho, colaborar con la Justicia" y ha pedido "tranquilidad para todos", aunque ha admitido su preocupación por que los casos de corrupción afecten a los partidos políticos, incluido el PP.

   Preguntado por las medidas concretas que adoptaría el PP si alguno de sus miembros se ve implicado en el nuevo caso destapado en Murcia, Valcárcel ha afirmado que se aplicarán las mismas que "en otras ocasiones", esto es "la exclusión inmediata de esos responsables políticos".

Los tres detenidos por corrupción urbanística en Murcia pasarán este miércoles a disposición judicial

MURCIA.- Los tres personas detenidas, entre ellas el director de la Gerencia de Urbanismo, en el marco de una operación de corrupción urbanística en Murcia, pasarán previsiblemente mañana, miércoles, a disposición del juzgado que instruye la causa. 

   Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha ordenado el registro de las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, además de otros registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid. 

    Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía.

   Las actuaciones han sido declaradas secretas.

Por su parte, la concejala de IU en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha dicho que "puede haber responsabilidad penal" detrás de la investigación desarrollada por la Fiscalía en el Consistorio murciano por presunta corrupción urbanística, y ha apuntado que el caso puede estar relacionado con algunos de los seis convenios urbanísticos aprobados en la zona Norte del municipio hasta 2006. 

   En concreto, de los siete convenios urbanísticos en la zona Norte, Herguedas rechaza uno por haberse firmado en 2008, y los seis restantes corresponden al proyecto de Nueva Condomina, así como el que ha dado lugar al arreglo del Casino, aprobado en Pleno en mayo de 2005. Además, apunta a tres convenios con varias sociedades firmados el 23 de febrero de 2006.

   Herguedas ha deducido que se trata de una investigación de corrupción por las declaraciones del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, quien ha asegurado que todos los expedientes administrativos en materia de Urbanismo están tramitados "con rigurosidad y escrupulosidad absoluta". 

   "Puesto que Berberena ha dicho que desde el punto de vista administrativo todo está bien hecho, no se trata de una investigación de carácter administrativo, sino una investigación de corrupción", según Herguedas, quien ha añadido que la Guardia Civil "no se presenta en un sitio porque le apetezca, sino porque cuanto menos hay pruebas de algún indicio de algún presunto delito".

   Sobre el origen de la investigación, Herguedas reconoció no saberlo con certeza, pero indicó que puede hacer suposiciones "en base a los nombres que se han dado, como el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero, Renato de Noce, ambos relacionados con los convenios urbanísticos de la zona Norte".

   Herguedas subrayó que tanto uno como otro "estaban asociados" con el ex-jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, por lo que indicó que puede tratarse de una investigación derivada del ámbito de la investigación a Peñalver, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas, o de una denuncia que se haya presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.

   Herguedas ha manifestado que IU "está a la espera de confirmar todos los acontecimientos" y determinó que "puede haber nuevas detenciones atendiendo a las que ha habido y a los nombres que han aparecido". Así, ha mostrado su confianza en la Justicia y espera que se le dé "las máximas facilidades para que desarrollen su trabajo con la máxima independencia".

   La concejala lamentó "la imagen que ofrece el municipio de Murcia, que no es buena ni para el Equipo de Gobierno municipal, ni para la ciudadanía de Murcia, puesto que se está ofreciendo una imagen lamentable al resto del país, en la que se ve cómo ha primado durante todos estos años el modelo especulativo en el ámbito urbanístico".

   Igualmente, mostró su preocupación "por la gravedad de las detenciones, especialmente la del director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, por tratarse de un funcionario y del número dos de la Gerencia, y que se suma a la imputación que ya existe sobre Peñalver, quien fue responsable técnico de la Gerencia de Urbanismo durante mucho tiempo".

   En este sentido, destacó que Berberena "tiene ahora su número dos detenido, su responsable jurídico detenido, y el que era su responsable técnico imputado", por lo que instó al concejal de Urbanismo a "dar alguna explicación más que el decir que todo estaba muy bien desde el punto de vista administrativo y que él no sabe absolutamente nada".

   Al respecto, estimó que "hay responsabilidades penales, y todo apunta a ello". Por ello, consideró "imposible" que estas cuestiones "hayan podido pasar desapercibidas por la Gerencia, por delante de las narices de todo el mundo, muchos se dieran cuenta y Berberena no se enterara".

   Según precisó, los hechos "parecen apuntar a una relación de estos funcionarios con otros particulares que han podido estar en la cocina de los convenios urbanísticos desarrollados en la zona Norte del municipio, pero también los del Campo de Cartagena, donde siempre aparecen unos nombres, entre ellos, los de los detenidos Pérez Mateos y de Noce".

   Igualmente, recordó que todos estos convenios urbanísticos "tienen su origen en el año 2001, cuando se firmó el convenio de Nueva Condomina, en el que se modificó la Ley para adaptarla a los intereses o necesidades de una serie de personas con interés en la zona, en vez de utilizar la Ley para beneficiar a la ciudadanía".

   Herguedas llama a este convenio, que sólo contó con la oposición de IU municipal, "la madre de todos los convenios urbanísticos", porque todas aquellas modificaciones legales que "dieron importantes plusvalías" se trasladaron "de manera inmediata a otros convenios firmados en años sucesivos".

   "Se recalificó lo que ya estaba recalificado e, incluso, se hicieron planes especiales para recalificar todavía más, generando importantes plusvalías de las que el municipio no se ha beneficiado nada, y sí que se han beneficiado unos cuantos que fueron más listos", resaltó.

   Herguedas pide explicaciones al alcalde del municipio, Miguel Ángel Cámara, por "haber confiado en ellos en aquel momento, y debe de explicar la relación tan amistosa que tiene con el empresario, promotor de Nueva Condomina y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, que ahora impulsa como inversor privado la instalación de un parque temático de Paramount Pictures en la Región de Murcia".

   Para la concejala, tanto el concejal Berberena como el alcalde "deben dar explicaciones de por qué tienen imputado al principal responsable técnico del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana en Murcia (PGOU) durante todos estos años, Peñalver, y de la detención del número dos de la Gerencia y responsable jurídico del desarrollo del PGOU". "Son los máximos responsables, junto con el concejal, del desarrollo urbanístico del municipio en todos estos años", censuró.

   Herguedas recordó que, durante el periodo de gestación de la revisión del PGOU en Murcia, el grupo empresarial de Samper "compró unos terrenos rústicos o agrícolas o no urbanizables en el PGOU vigente entonces". 

   La empresa que promueve el proyecto es "Sports Management & Project que, en 1999 tenía un capital social de 9.000 euros y unos beneficios empresariales de 572 pesetas de la época, mientras que los terrenos se vendieron por cuatro millones y medio de eurosy la inversión prevista en los mismos era de 870 millones de euros".

   A partir de ese momento, "se va produciendo el milagro de la recalificación continua y progresiva de forma que, en las sucesivas tramitaciones los terrenos van cambiando de uso, pasando por el económico (industrial) y dotacional (equipamientos) al dotacional-residencial con una edificabilidad de 0,09".

   "Tras la firma de convenios, interpretaciones y demás artimañas contables, primero se admite una edificabilidad de hasta 0,40 metros cuadrados por metro cuadrado en la parte residencialen la última adaptación-modificación del PGOU suprime la parte dotacional de forma que todo el suelo pueda ser de uso residencial y elevando la edificabilidad a 0,50 metros cuadrados por metro cuadrado, y siendo el aprovechamiento urbanístico final y definitivo en el Plan Parcial m0,67 metros cuadrados por metro cuadrado", remarcó.

   A su juicio, "esto es la herencia del empresario Jesús Samper, amigo de Miguel Ángel Cámara y ahora socio del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, en su proyecto estrella de la Paramount, y estas son las consecuencias de un modelo económico que ha generado grandes fortunas para unos pocos y graves consecuencias para la economía".

Su hermano y abogado niega la detención de Samper

MADRID.- El hermano y abogado representante del presidente y máximo accionista del Club Real Murcia, Jesús Samper Vidal, Juan Antonio Samper, negó hoy que su hermano haya estado "detenido en ningún momento" y aseveró que su "hermano no tiene que ver con ningún caso de corrupción urbanística".

   En declaraciones a los medios frente a la casa que en estos momentos investigan los agentes para descubrir presuntas irregularidades cometidas en el plan de construcción del estado de la Nueva Condomina, en Murcia, Juan Antonio Samper, negó de manera "firme y exhaustiva" que su hermano sea responsable de ningún tipo de actividad ilícita.

   "Mi hermano no tiene que ver con ningún caso de corrupción. Lo digo en términos genéricos y de forma muy firme y exhaustiva. Mi hermano no está detenido ni se ha encontrado detenido en ningún momento", aseveró el letrado.

   En este sentido, aseguró desconocer el motivo por el cual se está investigado al presidente del club granota ya que el auto del juez número 8 de Murcia que dicta la instrucción del registro domiciliario no "detalla" el porqué de esta actuación y denunció que este desconocimiento "produce una indefensión" para su cliente al "no saber por qué se le investiga" ni si guarda relación con el registro al ayuntamiento murciano.

   "Alguna relación debe guardar porque viene del juzgado número 8 (de Murcia), pero insisto en que la falta de concreción del porqué. El auto dictado nos produce una indefensión manifiesta", reprochó Samper. Aún así y tras recalcar que el domicilio es "un lugar inviolable por un principio "constitucional", destacó que cumplirán "escrupulosamente" con el decreto del registro domiciliario.

También el Real Murcia Club de Fútbol ha desmentido que el presidente del equipo, Jesús Samper, se encuentre detenido, aunque ha confirmado que la Guardia Civil ha registrado su domicilio particular y la sede social de Sport Management & Project SL.


   En concreto, el club afirma en un comunicado oficial que los registros se desarrollaron "sin ninguna incidencia y con absoluta normalidad" por miembros de la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia.

   Asimismo, el club de fútbol explica que, en este momento, Samper se encuentra "desarrollando con absoluta normalidad su vida cotidiana".

Investigan por presunta corrupción al presidente del Club Real Murcia y detienen a dos profesores de la Universidad más tres funcionarios

MURCIA.- Agentes de la UCO de la Guardia Civil han registrado en Madrid el domicilio y la sede empresarial del presidente y máximo accionista del Real Murcia, el abogado Jesús Samper Vidal (Grupo Santa Mónica), en relación con la detención de cinco personas en el marco de una operación de corrupción urbanística desplegada en Murcia, informaron hoy fuentes de la investigación, que han precisado que la relación del máximo accionista del club grana estaría vinculada a presuntas irregularidades cometidas en el desarrollo urbanístico  y el plan de construcción de Nueva Condomina, al norte del municipio de  Murcia.

   Estas mismas fuentes han precisado que se registra su casa en la capital así como la sede de una de sus empresas en la madrileña calle de Serrano. Se buscan evidencias sobre los presuntos beneficios ilícitos que habría experimentado Samper a partir de aquel plan urbanístico que contemplaba la construcción del nuevo estadio, inaugurado en octubre de 2006, así como un complejo de viviendas.  

   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia ya ha ordenado la detención de personas, entre ellas el director de la Gerencia de Urbanismo y profesor universitario, Alberto Guerra así como  el letrado y también profesor universitario Higinio Pérez Mateos. Y  el ingeniero  italiano Renato de Noce, en el marco de una operación de corrupción urbanística.

Posteriormente se ha imputado a los funcionarios municipales Joaquín Peñalver, arquitecto, y  a la esposa de Guerra, Isabel Fernández, destinada en el ámbito más cercano al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara quien, hasta el momento guarda silencio.

La UCO de la Guardia Civil se encuentra desde las ocho de la mañana registrando las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, a los que se suman otros registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid.

   Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).

   No obstante, la concejal de IU+LV en el Consistorio murciano, Esther Herguedas, ha asegurado que los secretarios judiciales se encuentran esperando en dichas dependencias, por lo que aún no han comenzado los registros.
  
   Dos de los detenidos en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en Murcia, el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra y el abogado, Higinio Pérez Mateos, son profesores del departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.

   En concreto, Alberto Guerra es profesor asociado a tiempo parcial y Pérez es profesor asociado de tipo I, según indican sus fichas recogidas en el directorio de la Universidad y según confirmaron fuentes de la institución docente.

   Ambos forman parte del grupo de personal docente e investigador de la universidad, y son profesores del II Máster en ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

En síntesis, la UCO ha desplazado a Murcia una docena de efectivos, la denuncia proviene de la Fiscalía Anticorrupción por recalificaciones de suelo rústico advertidas por los grupos de Oposición en el Ayuntamiento, tras señalar en su día que detrás había una pura acción especulativa; tanto Pérez Mateos como De Noce están relacionados con otros casos de presunta corrupción urbanística -caso Peñalver y caso Ulea-, y el concejal de Urbanismo, Berberena, sostiene que lo investigado ahora está respaldado por dos sentencias firmes del TSJ en cuanto que se ajusta a la legalidad.

Precisamente, la policía judicial de la Guardia Civil ha registrado esta misma mañana dos cajas de seguridad en la sede regional de 'Cajamar', una del propio Berberena, y la otra del empresario Francisco Arqués López.

Fernando Berberena, aseguró a su llegada a la Gerencia de Urbanismo que todos los expedientes administrativos en materia de Urbanismo están tramitados "con rigurosidad y escrupulosidad absoluta", así como que la ciudad de Murcia puede estar tranquila "porque no hay ningún escándalo urbanístico".

   Berberena ha indicado a los medios de comunicación allí congregados que "hemos aportado toda la documentación que se nos ha requerido siempre, pero vamos a esperarnos porque todo está bajo secreto de sumario".

   El concejal, que esperaba que le confirmaran las detenciones, señaló que "hay que dar un voto de confianza" a los detenidos y que el objetivo es "colaborar con la justicia".

"En su día entregamos la documentación necesaria y si tenemos que entregar más, así lo haremos, siempre en permanente colaboración con la justicia porque haremos todo lo que esté en nuestra mano", añadió.

   Asimismo, aseguró desconocer lo que se investiga, y a su salida de las dependencias municipales tras recoger documentación que la Guardia Civil "pueden estimar oportuna para que se la tramiten al juez, que será la encargada de tomar las decisiones que tenga que tomar", ha indicado que no tienen información "de nada", aunque tiene una "buena impresión".

   Tras lo que ha pedido "sentido común y paciencia en honor de las personas y sus familias hasta que no se sepa nada". Así confirmó que agentes de la Guardia Civil están registrando el despacho del gerente de Urbanismo, "que se encuentra de buen ánimo pero decaído y yo siempre puedo estar defraudado pero no sabemos la realidad de los temas", aunque apuntó que no tiene "ni idea" de que haya tres detenidos.

   Berberena, que declaró que el gerente "no tiene nada que ocultar", asegura que éste no está detenido, que todo está bajo secreto judicial. Asimismo, señaló que la Guardia Civil se está llevando documentación sin pedirla, que han aportado a la Fiscalía toda información solicitada e insistió en que van a colaborar con la justicia "y así se lo ha expresado a la Policía para ver si necesitan algo".

   En cuanto a la documentación que los agentes están requisando, el concejal desconoce si está referida a los convenios con la zona Norte y el desarrollo de Murcia o algún expediente concreto. "No sabemos de qué es", sentenció.

   "El Ayuntamiento de Murcia va a estar en plena colaboración con la Policía y los juzgados para que se esclarezca lo antes posible este tema y sufran lo menos posible las personas afectadas", añadió.

   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia ha ordenado la detención de cinco personas en el marco de una operación de corrupción urbanística y ya ha requisado tres grandes cajas de documentos, que ya han sido trasladadas al juzgado correspondiente.

   La UCO de la Guardia Civil se encontraba desde las ocho de la mañana registrando las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia.

   Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).

   De hecho, dos furgonetas Nissan se encuentran a las puertas de la Gerencia de Urbanismo y agentes de la Guardia Civil entran y salen de las mismas dependencias. También se encuentra presente el jefe de la Policía Local de Murcia, Ángel Marín.

Orgía especulativa

Un presunto gran fraude a las arcas municipales se encuentra en el trasfondo de todo. El Ayuntamiento de Murcia puede haberse visto perjudicado en cientos de millones al imputar a los terrenos recalificados sucesivamente al norte de la ciudad un valor cuatro o cinco veces  menor al de mercado en los sucesivos convenios urbanísticos firmados desde 2001 a 2005.

Dentro del nuevo PGOU, en 2001 se firmó el primero bajo el asesoramiento experto del abogado urbanista Juan Enrique Serrano al Grupo Santa Mónica y que contemplaba 4.000 viviendas; el segundo convenio se firmó por este mismo grupo en 2005 para poder construir otras 2.500. La primera compensación al municipio era construir el estadio para cederlo a la ciudad, y la segunda, era costear la rehabilitación del edificio del Casino de Murcia. Posteriormente se firmaron cuatro nuevos convenios con varios grupos de empresas para construir hasta 20.000 viviendas más dentro del mismo desarrollo urbanístico del norte.