sábado, 29 de noviembre de 2008

Hacienda no detecta que Daniel García y Facundo Armero se enriquecieran ilícitamente

MURCIA.- La Agencia Tributaria no ha detectado enriquecimiento rápido o ilícito en el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, ni en el empresario Facundo Armero ni en el aparejador municipal, por lo que sus abogados solicitarán a la juez de San Javier que sea sobreseida la causa que se sigue contra ellos por supuestas irregularidades urbanísticas, según "La Opinión".

El abogado del alcalde, José Pardo Geijo, ha anunciado su intención de solicitar a la juez el archivo del proceso una vez analizado el sumario, cuyo secreto fue levantado hace unos días. El letrado mantuvo ayer que la investigación sobre el patrimonio de su representado "demuestra que no hubo ningún enriquecimiento ilícito ni exagerado", aseveró.

"Estamos convencidos de que el secreto de sumario no estaba justificado en absoluto -prosiguió Pardo Geijo-, así que vamos a recurrir las sucesivas prórrogas dictadas por la juez y vamos a insistir en que se cierre el caso porque está claro que no ha habido irregularidades", declaró a esta redacción.

"Hacienda ha investigado en los registros, en los bancos y en lo que respecta al tráfico de vehículos e inmuebles, entre otros capítulos, y ha quedado demostrado lo que habíamos dicho, que no había absolutamente ninguna irregularidad, salvo el tráfico normal de un empresario", apunta José Antonio García, abogado del empresario y ex socio de Polaris World, Facundo Armero (en la imagen).

También anuncia su intención de pedir el archivo de la pieza separada de la causa principal que se refería a una supuesta irregular permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y Polaris, lo que motivó el ingreso en prisión del primer edil pachequero. "La valoración pericial fue errónea", dice.

Esa ausencia de variaciones patrimoniales relevantes es lo que impulsará al letrado Vicente Pérez Pardo a pedir "el sobreseimiento para su archivo de las acusaciones contra mis clientes", que son el aparejador municipal, Ramón Cabrera, y al ingeniero técnico, Pío Montoya.

"Aunque queda alguna diligencia pendiente, ésta no afecta a mis defendidos, de los que se ha demostrado que no existe signo alguno que implique que han recibido cantidad alguna que no provenga de las rentas de su trabajo ordinario", aclara.

Algunos letrados de la veintena de imputados en esta causa también tienen intención de pedir una prórroga sobre los veinte días concedidos para analizar completamente el sumario, que incluye más de ocho mil folios.

El alcalde de Mazarrón será juzgado la próxima semana por la Audiencia Provincial

MAZARRÓN.- El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP, será juzgado el próximo jueves por la Audiencia Provincial de Murcia acusado de varios presuntos delitos que pueden comportar, finalmente, su inhabilitación si prosperan las tesis de la Fiscalía del TSJ.

El fiscal le pide seis años de prisión al acusarle de un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales por los pagos anticipados hechos al concejal Domingo Valera, que fue alcalde entre 1999 y 2001, además de entre 1995 y 1997.

El Ministerio Público acusa también por los mismos delitos al propio Valera y al interventor municipal, Pedro Sánchez García, para quienes pide cinco años y cinco meses de prisión respectivamente.

En los tres casos, el fiscal solicita a la Sala que se condene a los tres a diez años de inhabilitación absoluta, según sus conclusiones provisionales.

Al margen del pleno, Francisco Blaya acordó con Valera «la entrega de las cantidades que en cada momento requiriera de la Corporación, que habrían de disfrazarse, para darles apariencia de legalidad, como anticipos de su sueldo de concejal».

Para el Ministerio Fiscal, los pagos «no tuvieron nunca este carácter, sino el de meros regalos realizados con dinero público, tanto por el hecho de que las entregas de las cantidades no obviaban el que mensualmente recibiera su sueldo íntegro como por el hecho de no existir normativa legal alguna que las amparase».

Según los datos que se aportan en el escrito de acusación, Valera llegó a percibir, entre el 15 de septiembre de 2003 y el 11 de agosto de 2005, un total de 33.300 euros.