miércoles, 12 de mayo de 2010

Los principales recortes del plan de austeridad anunciado por el Gobierno de la Nación hoy

MADRID.- El recorte de los sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones (salvo mínimas y no contributivas) o la supresión del llamado 'cheque bebé' son algunas de las medidas del plan de reducción del déficit público anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los sueldos de los empleados públicos se bajarán un 5% de media a partir del mes de junio y se congelarán en 2011, anunció Zapatero en el Congreso de los Diputados.

Los salarios de los altos cargos del funcionariado sufrirán los mayores recortes y los miembros del Gobierno reducirán su sueldo un 15%.

A partir del 1 de enero de 2011, se suprime la ayuda de 2.500 euros por hijo nacido, implantada en el año 2007. La inversión pública bajará en 6.000 millones de euros entre este año y el próximo.

El Gobierno pedirá a las comunidades autónomas y los ayuntamientos que ahorren 1.200 millones de euros.

La ayuda española al desarrollo entre este año y el próximo se reduce en 600 millones de euros.

Por otra parte, Zapatero dijo que no descarta una subida de impuestos para las rentas más altas. En enero, ya había anunciado un plan que contemplaba una reducción del 10% en la contratación de funcionarios, que se sumaba a un incremento de impuestos y un presupuesto reducido para 2010.

Opiniones autorizadas

El secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, cifró en 1.400 euros el ahorro en las arcas públicas como consecuencia de la rebaja del 5% del sueldo de los funcionarios, dentro de los 15.000 millones del plan de austeridad adicional anunciado por el presidente del Gobierno.

Mollinedo rechazó las medidas planteadas para acelerar la reducción del déficit, que contempla también la congelación de las pensiones, por lo que pidió reorientar el recorte adicional a acercar el peso de la economía sumergida a la media de la UE, del 23% al 10% del PIB, lo que equivaldría a incrementar los ingresos fiscales en alrededor 38.000 millones de euros al año.

Asimismo, el secretario general de Gestha instó a prohibir los movimientos especulativos contra la deuda soberana de los países y contra el euro, ante el encarecimiento de las emisiones de deuda de 1.402 millones de euros, y abogó por incrementar en cinco puntos porcentuales el tipo impositivo de 295 entidades bancarias, con el fin de reportar 1.285 millones al Estado.

Como medidas alternativas a las propuesta por Rodríguez Zapatero, Mollinedo también apostó por recuperar el Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas, ya que más de 47.000 contribuyentes cuentan con un patrimonio superior a 1,5 millones, el equivalente a un aumento de los ingresos de 1.240 millones.

En esta misma línea, desde Gestha instaron a elevar la tarifa del Impuesto de la Renta a los ingresos superiores a 600.000 euros y a eliminar las ventajas de las rentas del ahorro a las ganancias patrimoniales especulativas (Sicav) y las ventajas de los extranjeros residentes con ingresos de hasta 600.000 euros anuales.

Finalmente el profesor de Economía de Esade, Fernando Ballabriga, señaló que el sueldo de los funcionarios sufrirá una bajada real del 2% a consecuencia del recorte anunciado hoy el Gobierno, ya que los salarios se incrementaron en un 3% en plena crisis.

En este sentido, Ballabriga explicó que "hay que tener en cuenta que en 2009, cuando el resto de la economía se estaba empezando a ajustar, se incrementó el sueldo de los funcionarios en más de un 3%".

Por tanto, si se toman como referencia los salarios de 2008, fecha de inicio de la crisis, la reducción real sería de un 2%, afirmó el experto, que calificó las medidas adoptadas por el Gobierno de "acertadas pero insuficientes".

Así, Ballariaga defendió que los recortes salariales a los funcionarios "deberían ser superiores" en favor de aumentar las partidas destinadas a las inversiones públicas, ya que generan puestos de trabajo.

En este sentido, Ballabriga explicó que "el 60% del recorte total provendrá del sector público y, dentro de este porcentaje, tan solo el 20% proviene del recorte del salario de los funcionarios, mientras que la partida más afectada es la inversión pública, con un 40%".

El experto señaló que el recorte de la inversión pública es el que "más afecta en términos económicos, puesto que supone una menor capacidad productiva para el futuro".

(Ayuntamiento de Ricote)

El recorte salarial afectará a 85.667 funcionarios públicos que trabajan en la Región de Murcia

MURCIA.- El recorte salarial anunciado hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afectará a 85.667 funcionarios públicos que trabajan en la Región de Murcia, de los que 52.049 son empleados públicos de la Comunidad Autónoma, 17.479 de la Administración Central, 14.246 de los ayuntamientos, y 1.903 de las universidades públicas.

El Gobierno rebajará un 5% el sueldo de los funcionarios durante lo que queda de 2010 y lo congelará en 2011. Esta reducción es la primera que acomete un Gobierno español en democracia sobre un colectivo que, sin embargo, sí que ha visto cómo su sueldo era congelado en dos ocasiones en los últimos 20 años.

La medida afecta a los más de tres millones de funcionarios con los que cuenta España (3.088.400, según la última Encuesta de Población Activa, el 20,2% de todos los trabajadores por cuenta ajena), aunque no incidirá de la misma forma en todos, según los datos que ha adelantado el Gobierno, quien dice que «la rebaja será proporcional a los ingresos».

Este drástico recorte llega después de que durante los tres primeros meses del año el Ejecutivo haya tenido unos gastos inesperados de 231 millones de euros en el pago a los 660.000 trabajadores que dependen directamente del Gobierno.

Por otra parte, el PP, por boca de Rajoy, ha verbalizado hoy el decálogo de medidas que pondría en marcha para acometer las reformas necesarias y urgentes en el país:

1. La supresión inmediata de la Vicepresidencia tercera del Gobierno, que pilota Manuel Chaves.

2. La desaparición de los Ministerios de Igualdad y Vivienda, con Bibiana Aído y Beatriz Corredor al frente, respectivamente.

3. La integración de varios departamentos, como Educación y Cultura en uno.

4. Que se integren también Trabajo y Sanidad.

5. La revisión de todas las partidas de subvenciones.

6. La eliminación de todas aquellas subvenciones y ayudas que no estén debidamente justificadas.

7. La reducción de las demás, por ejemplo, de las que corresponden a organizaciones empresariales, sindicales y políticas.

8. Un plan completo de reestructuración del gasto público que evite duplicidades entre las administraciones.

9. La revisión de las políticas y de los programas de la Administración General del Estado, que Zapatero se comprometió a hacer antes del 1 de mayo y "no ha hecho", se ha quejado el jefe de la oposición.

10. Y, ha añadido, "todas las reformas estructurales que son necesarias en el país".

Fue el PSOE el que inauguró las congelaciones salariales a los funcionarios. La primera se produjo en 1994, con Felipe González como presidente de Gobierno y Pedro Solbes como ministro de Economía.

Entonces, los socialistas justificaron la medida en la necesidad de reducir el déficit público en una época de crisis. Tampoco se abordó la revisión salarial por la desviación de la inflación registrada sobre la tasa prevista para el periodo incluido entre diciembre de 1991 y noviembre de 1992.

La segunda congelación llegó con el cambio de Gobierno. En 1996, con José María Aznar como presidente del Gobierno y Mariano Rajoy en Administraciones Públicas, se decidió congelar de nuevo el salario de los empleados públicos para 1997.

En esta ocasión, el argumento esgrimido fue la necesidad de elaborar unos presupuestos austeros para poder cumplir con los criterios de convergencia con la Unión Europea que, entre otros asuntos, fijaba un déficit público no superior al 3 por ciento. Los sindicatos respondieron el 11 de diciembre de 1996 con una huelga en la función pública, la primera que afrontó el Ejecutivo de José María Aznar.

El 23 de enero de 2001, la Audiencia Nacional sentenció en contra de la congelación salarial impuesta a los funcionarios, dictamen que fue recurrido por el Gobierno y, posteriormente, anulado por el Tribunal Supremo el 26 de febrero de 2002.

CCOO recurrió al Tribunal Constitucional cuyo fallo, dado a conocer en febrero de 2005, justificaba la decisión del Ejecutivo del PP de congelar el salario de los funcionarios al señalar que las circunstancias de 1996 y 1997 fueron "muy diferentes a las existentes en el momento de alcanzarse el acuerdo de 1994".

EEUU investiga a Morgan Stanley por un posible engaño en la venta de derivados a los inversores

NUEVA YORK.- La Fiscalía Federal de Estados Unidos está investigando si el banco estadounidense Morgan Stanley engañó a los inversores sobre la venta de productos derivados hipotecarios, que ayudó a diseñar y contra los que apostó en algunas ocasiones, según recoge hoy 'The Wall Street Journal', que cita fuentes cercanas al asunto.

Según el diario, Morgan Stanley estructuró y comercializó obligaciones de deuda colateralizada (CDOs), al mismo tiempo que su mesa de trading apostaba que su valor caería. En este sentido, los investigadores están estudiando si, entre otras cosas, Morgan Stanley proporcionó las informaciones adecuadas sobre ellos.

Entre los productos que están siendo analizados se encuentran los conocidos en el mercado como 'Presidentes muertos'.

La causa contra Morgan Stanley se encuentra en una fase "preliminar", y conseguir probar que existen causas penales es un desafío para las autoridades estadounidenses, ya que el Gobierno debe probar que existe "más allá de una duda razonable" sobre la posibilidad de que la empresa o sus empleados engañaran a los inversores.

La fuentes explicaron al periódico que, aunque la entidad pudo haber ganado dinero con estos productos, cualquier beneficio que hubiera obtenido se vería ensombrecido por los 9.000 millones de dólares (7.092 millones de euros) que la compañía perdió en apuestas hipotecarias en 2007.

Un portavoz del banco estadounidense aseguró que el Departamento de Justicia no ha contactado en ningún momento con la entidad sobre las operaciones que señala el diario, así como que no tiene conocimiento de que se haya iniciado una investigación sobre las mismas.

La causa contra Morgan Stanley surge a raíz de una investigación contra el fraude civil iniciada en 2009 por la Comisión de Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) que investiga el negocio de los bonos hipotecarios en una docena de entidades de Wall Street.

Esta investigación se suma a la que está llevando a cabo la SEC sobre Goldman Sachs y a uno de sus vicepresidentes por un presunto fraude relacionado con instrumentos de deuda vinculados a hipotecas 'subprime'.

En concreto, alega que la entidad estructuró y comercializó obligaciones de deuda colateralizada (CDO) dependientes de la evolución de valores respaldados por hipotecas residenciales 'subprime' (RMBS) sobre los que no proporcionó "información vital" a los inversores.

Las cajas de ahorro seguirán siendo públicas y no se privatizarán

MADRID.- El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró el miércoles que las cuotas participativas de las cajas tendrán limitados sus derechos políticos y no supondrán una privatización de este tipo de entidades.

"El hecho de que se admitan derechos a las cuotas participativas no supone que eso sea una privatización de las cajas", aseguró Zapatero en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados donde concretó sus medidas de austeridad adicionales para reducir el déficit público en 15.000 millones de euros en 2010 y 2011.

"Esas cuotas van a tener limitaciones para mantener su naturaleza jurídica (de las cajas)", dijo Zapatero.

Parte de la clase política, con las comunidades autónomas a la cabeza que disponen de una gran control sobre estas instituciones financieras, temen que otorgar derechos políticos abra la puerta a la privatización de las cajas.

Zapatero y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, acordaron la semana pasada agilizar la reestructuración del sistema financiero y tener concluido el mapa definitivo del sector de las cajas de ahorros españolas antes del 30 de junio.

Ambos anunciaron además entre sus novedades conferir derechos políticos a las cuotas participativas como un mecanismo que les permita mejorar su solvencia.

Las cajas se están viendo especialmente afectadas por unos elevados ratios de morosidad y provisiones, que están consumiendo sus recursos propios.

Al contrario que los bancos, las cajas no pueden acudir a los mercados para ampliar capital y su actual sistema de venta de cuotas participativas resulta poco atractivo al no conceder derechos políticos al comprador y establecer límites máximos del 5 por ciento del capital.

Zapatero no dio más detalles sobre qué tipo de limitaciones tendrían esas cuotas si bien en el sector de las cajas se considera que podría haber diferentes topes atendiendo a las necesidades y a la naturaleza de cada caja.

Saura pregunta a Valcárcel "cuándo va a poner en marcha un Plan de austeridad para la Región"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, se preguntó hoy, una vez conocidas las medidas del Gobierno de España para contener el gasto público, "cuándo va a tener el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, un Plan encima de la mesa para contener y frenar el despilfarro de la Administración en la Región de Murcia, un plan de reestructuración y racionalización del sector público regional, de las empresas públicas y las fundaciones".

Saura consideró que Valcárcel "no debe esperar más para tomar medidas de ahorro sobre todo cuando sabemos que la Administración regional le debe 1.500 millones de euros a proveedores y empresas que trabajan para nuestra Comunidad Autónoma", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

El líder socialista murciano destacó que "el Gobierno de España ha tomado un conjunto de medidas que, evidentemente, son dolorosas, pero también son necesarias", mientras que "Valcárcel ha puesto en marcha un monstruo de Administración que no puede manejar, y sobre el que hay que tomar decisiones sobre el gasto corriente y el despilfarro", finalizó.

El PSOE pide que el Gobierno regional explique en la Asamblea la respuesta dada a la UE sobre Novo Carthago

CARTAGENA.- La diputada regional Teresa Rosique ha solicitado la comparecencia del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, para que explique en sede parlamentaria el contenido de la respuesta dada a la Comisión Europea sobre las repercusiones del proyecto Novo Carthago sobre la red Natura 2000. En concreto, sobre todo lo referente al Mar Menor, espacios abiertos e islas e islotes de la Laguna y, fundamentalmente, sobre el saladar de Lo Poyo.

Asimismo, Rosique indicó que quiere que el consejero explique las medidas compensatorias que, según la respuesta dada a la Comisión Europea, la Consejería de Agricultura y Agua dice que va a exigir para garantizar la preservación del saladar.

“Consideramos importante que el consejero aclare determinadas cuestiones contenidas en el escrito remitido a la Comisión Europea, ya que afectan al interés general”.

Valcárcel derrocha en publicidad el doble que en ayudas a los murcianos más necesitados

CARTAGENA.- La diputada regional Lola Hernández anunció que el Grupo Parlamentario Socialista presentó hoy una moción en la Asamblea instando al Gobierno Regional a que elabore de un Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión Social y la lucha contra la pobreza.


Según Lola Hernández, el Gobierno de Valcárcel recorta presupuestos para atender las necesidades de las personas en situación más vulnerable”. “Austeridad, pero para los que menos tienen, es la máxima del presidente Valcárcel”.

La diputada socialista explicó que la Comunidad “no ha desarrollado la Ley de Renta Básica, aprobada en marzo de 2007 (antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas), lo que impide el acceso a los derechos que contempla la citada Ley a las personas que podrían ser beneficiarias y que más lo necesitan”.

“La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, no atiende a los dependientes, no atiende a las necesidades de los mayores, no atiende a las personas con discapacidades, no atiende a las personas en situación de pobreza, no atiende a los Centros de Servicios Sociales, ni a los inmigrantes, tampoco a las necesidades del Tercer Sector no lucrativo y los servicios sociales que prestan; pero sí atiende al gasto en publicidad que, sin contar sus organismos autónomos, lleva ya gastados en lo que va de año 116.000 euros de los 135.000 presupuestados para 2010”, afirmó Lola Hernandez,

Y es que, según la diputada, “la política social del Gobierno Valcárcel está basada en campañas publicitarias: mucha televisión, muchos anuncios en los periódicos, mucha publicidad, pero pocas ayudas a los necesitados”. Hernández consideró inadmisible que Bacuñana haya gastado en publicidad en los primeros cuatro meses del año “el doble de lo que destina a Jesús Abandonado”.

La diputada afirmó, por otro lado, que “el Gobierno de Valcárcel desoye los informes sobre pobreza que elabora la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, en referencia a un documento elaborado por la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, previo a la confección “del deseado y ausente Plan de Inclusión Social”. El citado documento destaca y confirma que, con datos anteriores a la situación de crisis económica, más de 360.000 murcianos están en riesgo de pobreza.

Y es que, para Hernández, “los datos son contundentes, y el documento de la Consejería, según los técnicos y expertos, no se puede llamar “diagnóstico” porque no cumple con las premisas mínimas de elaboración de un estudio”. El documento señala que las tasas más altas de pobreza en esta Comunidad Autónoma (antes de la situación de crisis) estaban situadas en menores de 16 años y mayores de 65.

“Como socialistas, no podemos mirar para otro lado ante la situación de los más vulnerables, como hace Valcárcel”, subrayó. Y recordó que en la Región más del 25 por ciento de ciudadanos están en riesgo de exclusión social, y que tenemos una tasa de paro del 23,19 por ciento (3 puntos por encima de media nacional), y un índice de temporalidad en el empleo superior al 40 por ciento.

“Los hombres y mujeres socialistas exigimos al Gobierno del Sr. Valcárcel, que lleva ya 15 años gobernando, que tome medidas urgentes para atender las necesidades básicas de estos sectores de la población”, finalizó.

García Retegui denuncia el despilfarro del Gobierno Valcárcel

CARTAGENA.- La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, acusa a la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, de que “una vez más vuelve a intentar dar lecciones quien no es capaz de controlar su propio gasto”.


Para la diputada socialista, lo primero que tendría que hacer la consejera de Economía es reducir el gasto, el derroche y despilfarro que se viene produciendo por parte de fundaciones, entes públicos y consejerías como la de Cultura.

También debería “explicar por qué ha crecido el gasto corriente mientras caen las inversiones en la Región; además de ponerse a trabajar y dejarse las declaraciones de este tipo”.

Para García Retegui llama la atención que la consejera hable de la improvisación del Gobierno de España, cuando la han convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera para ser informada.

Por esto, calificó de desleal con el Gobierno de España, la actitud de Inmaculada García por criticar “incluso cuando se anuncia lo que el propio PP venía pidiendo desde FAES y el señor González Pons: unas transferencias a las comunidades autónomas.

Y eso precisamente es lo que ha generado déficit, el derroche de comunidades autónomas como la de Murcia”.

La Comunidad Autónoma de Murcia mantiene una nómina de 52.000 funcionarios

MURCIA.- La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, aseguró hoy que serán 52.000 los funcionarios pertenecientes a la Administración regional que verán reducidas un 5% sus retribuciones básicas, lo que ha dejado fría a la opinión pública regional al enterarse de la abultada nómina que ha de mantener pese a los tiempos de una crisis tan fuerte y arreciando.


Pero lo que todavía no sabe es que a estos 52.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma hay que sumar los pertenecientes a las administraciones local y estatal, puesto que se trata de una legislación básica, "lo que quiere decir que afectará a todas las administraciones públicas al ser de obligado cumplimiento", según García.

García advirtió que estos recortes supondrán a las comunidades "unos sacrificios adicionales", al tiempo que "se desconoce si se homogeneizarán las CCAA".

Manifestó que "se habla de un sobreesfuerzo de 1.200 millones de euros, pero no se conoce en qué cantidad afectará a las comunidades".

Y finalizó aceptando que "todo lo que sea reducir el déficit público me parece bien, ya que es necesario".

San Esteban sabe ya oficiosamente que Bruselas no va a autorizar el aval para Corvera

MURCIA.- El Gobierno regional de Valcárcel ya sabe que Bruselas no va a autorizar el aval de 200 millones de euros a la concesionaria del aeropuerto de Corvera y, aunque para seguir maniobrando con propaganda política oculta esa información oficiosa que tiene, ya explora otras vías posibles en un último y desesperado intento de que no se venga abajo una de las pretensiones faraónicas del presidente, todavía fuera de la realidad.

Mientras se argumenta esta espera para no pagar tampoco las expropiaciones a los propietarios afectados, los escuderos políticos de Valcárcel, Ballesta y García, hacen su papel y siguen afirmando que no pasa nada, para consumo de bienpensantes e ingenuos en plena crisis de la aviación comercial.

Ambos han dicho, no obstante, públicamente, y aceptado, que, en caso de que la Unión Europea deniegue a la Comunidad Autónoma dicho aval, se trabajará en otra línea, al mismo tiempo de que "en esa contestación de Bruselas se nos dirá el camino a seguir".

Saben y ocultan a sabiendas que la tramitación se ha complicado al entrar en juego factores burocráticos imprevistos y una crisis generalizada en el seno de la eurozona, que hace aconsejable mirar con lupa las finanzas públicas y gastar sólamente en actividades productivas de claro valor añadido y necesidad incuestionable, lo que no es para nada el caso de un segundo o tercer aeropuerto internacional en un eje de menos de cien kilómetros, menos justificable aún tras las recientes inversiones en San Javier y las todavía mucho más fuertes para la remodelación de El Altet a punto de finalizar.

La iniciativa popular de dos grupos de la sociedad civil murciana para conjurar un dispendio más de la administración pródiga e irresponsable de Valcárcel, es lo que, en realidad, está evitando y va a evitar una práctica que atenta claramente contra la política de competencia en el seno de la Unión Europea y resulta una clara injerencia en el libre juego del mercado, amén de una discriminación respecto a las otras empresas que concursaron para construir y explotar las instalaciones.