UCE denuncia que la mayoría de anticipos de vivienda no están garantizados por seguro o aval

MADRID.- La Unión de Consumidores de España (UCE) denunció que la mayoría de promotoras y constructoras incumplen la obligación de suscribir avales o seguros de caución por los anticipos en la compra de vivienda, lo que sitúa "en evidente riesgo a los compradores".

Estos avales, que garantizan la recuperación de los importes entregados en caso de incumplimiento del contrato por parte de las compañías, llegan a alcanzar el 20% del total de la vivienda, superando los 24.000 euros por cada inmueble, según explicó la asociación en una nota.

UCE hizo hincapié en la preocupación que le produce esta situación y destacó la importancia de estos avales y seguros "ante la crisis del sector inmobiliario, y la aparición de casos como el de Urbancasa y Llanera".

"Los casos de quiebras o cierres en el sector inmobiliario son especialmente preocupantes por que los compradores afectados podrían ser incapaces de recuperar las cantidades entregadas si no se hubieran constituido los avales o seguros correspondientes", explicó la organización.

La legislación actual obliga a los promotores y constructores a garantizar las cantidades anticipadas mediante contrato de seguro o aval bancario, que deberá entregar a todos y cada uno de los compradores de forma individualizada a la firma del contrato de compraventa.

UCE realizó un llamamiento a los compradores y les recordó que en el actual contexto de "incertidumbre" inmobiliaria es "muy importante que el comprador solicite la documentación relativa al aval o seguro de caución en la que debe aparecer como beneficiario".

La asociación, además, instó a las distintas administraciones a que incrementen su control sobre el sector mediante inspecciones periódicas que garanticen el cumplimiento de la ley por los constructores y promotores.

En este sentido, UCE aseguró que en los últimos años el sector de la vivienda se ha convertido, "con diferencia", en el sector con mayor número de reclamaciones por parte de los consumidores, tan sólo superado por la telefonía.- (Agencias)

El Gobierno vasco advierte de que los ciudadanos acabarán pagando la sanción a sus cajas

VITORIA.- La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, consideró ayer que, si se mantiene la "desproporcionada" sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a las Cajas de Ahorros vascas y navarra, "serán los ciudadanos los que la acaben pagando", ya que se trata de unas entidades que "no son estrictamente privadas".

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Azkarate se refirió así a la decisión de la Comisión que ha multado con 24 millones de euros a las tres cajas de ahorros vascas (BBK, Kutxa y Vital) y la CAN de Navarra por mantener durante 15 años un supuesto pacto de no competencia.

En opinión de Azkarate, "no está nada claro que los acuerdos de colaboración que han podido mantener las cajas hayan tenido o tengan una influencia perniciosa sobre el mercado en general" y "hayan perjudicado a los consumidores o, más concretamente, a los clientes".

En este sentido, dijo que "hay expertos que niegan este extremo" y que "no comparten la conclusión a la que ha llegado la Comisión Nacional de la Competencia". "El mercado financiero en Euskadi es de los más competitivos del Estado, los márgenes de intermediación son realmente competitivos, y los ratios de competitividad en las cajas son también de los más competitivos del Estado", explicó.

Además, consideró que "la cuantía de la sanción impuesta es desproporcionada" porque "no estamos hablando de unas entidades que sean estrictamente privadas". Por este motivo, "si se mantiene la cuantía serían los ciudadanos los que terminarían pagando la sanción", advirtió.

Por último, denunció "que no se haya respetado la adecuada participación que solicitó el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia", y concluyó considerando que "la Comisión Nacional de la Competencia podía haber dado otro tipo de cabida al Tribunal vasco en la tramitación del expediente".- (Agencias)

UGT no firmará el convenio de las cajas, que suscribirán hoy patronal y dos sindicatos

MADRID.- La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) no firmará hoy el convenio colectivo que la patronal de las cajas de ahorro y otros dos sindicatos (CC.OO. y CSICA) suscribirán tras varios meses de negociación, y que tendrá vigencia hasta 2010.

UGT señaló que, en coherencia con la "tradicional oposición a la ampliación de horarios en el sector y en defensa de la jornada continuada", no suscribirá el convenio porque las partes han alcanzado un compromiso de ampliar los horarios singulares a oficinas de empresa y a las que se sitúen frente a grandes almacenes o en grandes polígonos comerciales.

En su opinión, "es preocupante" que se remita la negociación del número de aperturas y sus horarios al acuerdo empresa por empresa, con lo que se debilita el poder normativo, regulador y unificador del 'Convenio Colectivo Sectorial' y abre la puerta a una guerra de horarios entre entidades.

Asimismo, destaca que el pacto de facilitar estas aperturas y la consiguiente modificación de horarios para un número indeterminado de trabajadores "no está compensado" por los escasos contenidos del convenio a la vista de los grandes beneficios y el incremento de la productividad de las cajas en estos últimos años.

Los representantes de las cajas de ahorro españolas y los representantes de los dos principales sindicatos del sector firmarán hoy el nuevo convenio colectivo del sector, que comenzó a negociarse el pasado mes de abril, tras quedar constituida la mesa de negociación el día 8 de marzo.

Tras varios meses de negociación, ACARL, la Asociación patronal que agrupa a las Cajas de Ahorros españolas y a la propia Confederación (CECA), CSICA, la Confederación de Sindicatos Independientes de cajas de ahorro, así como la Agrupación de cajas de ahorro de Comfia-CC.OO. alcanzaron el pasado 10 de octubre un principio de acuerdo que se materializará esta mañana con la firma del texto.

Las partes limaron sus principales escollos en la negociación del convenio colectivo y el acuerdo final contempla los cuatro ejes sobre los sindicatos consideraban que debía sustentarse el texto final, el incremento salarial, la mejora de las condiciones del préstamo vivienda empleado, la jornada laboral y la conciliación del vida laboral y familiar.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, recoge un incremento salarial real del 1,4% sobre el IPC, con un 'plus de convenio', que oscila entre los 255 euros de este año y los 300 euros en 2010, y un cuantía de un cuarto de paga del salario base, según el nivel de cada empleado. Además, aumentarán de manera progresiva durante los años de vigencia de convenio los conceptos no salariales por kilometraje, dietas y quebranto.

Una portavoz de CSICA señaló que el texto que se ratificará hoy es un "buen convenio", aunque "todo es mejorable". A su juicio, además del incremento salarial, es importante destacar el incremento de la cuantía mínima del préstamo vivienda, que se eleva hasta los 186.000 euros, un 60% más que el actual, y el plazo de amortización a 35 años.

Asimismo, valoró de manera muy positiva el incremento de las ayudas para los empleados con hijos, ya que la cuantía para las guarderías pasa a 850 euros desde los 556 euros actuales.

En cuanto, a la jornada laboral, el acuerdo contempla la libranza de tres tardes de jueves en Navidad (los dos últimos de diciembre y el primero de enero). En 2007 los empleados librarán las dos últimas tardes de jueves de diciembre, salvo que se establezcan otras fechas en acuerdo colectivo de empresa y contarán con 26 días laborables de vacaciones.

Por último, el nuevo texto incluye medidas para conciliar la vida laboral y familiar. En este apartado, los empleados podrán disfrutar todos los años de un día de libre disposición y se amplía a tres los días hábiles por nacimiento de hijos y fallecimiento, accidente o enfermedad grave o por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de los parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.

Asimismo, se reducirá la jornada para aquellos empleados que tengan que cuidar de familiares en los términos que contempla el Estatuto de los Trabajadores.- (Agencias)

(Moderna sede de UGT en la ciudad de Murcia)

El Senado acepta una enmienda transaccional que elimina la pesca de atún rojo en el Mediterráneo

MADRID.- El Senado dio luz verde a una enmienda transaccional, rechazada por el PSOE, que elimina la pesca de atún rojo en el Mediterráneo. Esta enmienda, originada tras la moción presentada por Eusko Alkartasuna sobre la prohibición de pesca en el Océano Atlántico (EA), afectará finalmente sólo a la pesca en el Mediterráneo, tras ser votada por 130 votos a favor y 111 en contra.

La senadora por Tenerife y portavoz del PSOE en este asunto, Patricia Hernández, mostró su rechazo por la medida aprobada y subrayó que se pretende eliminar la pesca de atún rojo en el Mar Mediterráneo, limitándola al Cantábrico, añadiendo que "se produce una enorme discriminación en el sector que afectará a todas las comunidades del litoral mediterráneo".

El Partido Popular, que apoyó inicialmente al Grupo Mixto, CC y PNV en esta transaccional, recibió también críticas por parte del PSOE ya que, en su opinión, el texto va en contra de la interpelación inicial del Grupo Mixto, la cual pedía compensaciones económicas por estos cierres.

"Está claro que para el Partido Popular hay comunidades de primera y de segunda categoría y parece que los pescadores mediterráneos pertenecen a segunda", sentenció Patricia Hernández.- (Agencias)

La Eurocámara respalda endurecer los controles sobre el uso y la comercialización de los pesticidas

ESTRASBURGO.-El pleno de la Eurocámara aprobó anoche en primera lectura un paquete legislativo que refuerza los controles sobre el uso y la comercialización de los pesticidas. El objetivo de las nuevas normas consiste en reducir el uso de pesticidas con efectos nocivos para la salud y por ello se prohíbe la pulverización aérea y se endurecen los criterios de aprobación de nuevos productos.

No obstante, los parlamentarios rechazaron imponer objetivos comunitarios de reducción en el uso de pesticidas.

El Parlamento respaldó en líneas generales la propuesta de la Comisión de prohibir (con algunas excepciones) la pulverización aérea con pesticidas debido a los riesgos que conlleva en las zonas pobladas. Sin embargo, no dio el visto bueno a una enmienda que pedía que, antes de que un agricultor vaya a usar un aerosol, informe de ello por medio de un sistema centralizado de aviso a los vecinos que estén expuestos a los efectos perjudiciales del producto.

Para proteger los humedales y cursos de agua, los eurodiputados apoyaron que se establezcan "zonas barrera" en las que no se podrá utilizar ni almacenar plaguicidas. El pleno rechazó no obstante una enmienda que exigía que estas áreas fueran de al menos 10 metros de ancho.

El Ejecutivo comunitario también había propuesto prohibir el uso de productos fitosanitarios en las áreas frecuentadas por el público en general o por grupos sensibles de población, como parques, jardines públicos, zonas escolares y de juego. La Eurocámara añade a esta lista las zonas residenciales, los terrenos deportivo-recreativos y las inmediaciones de los centros públicos de asistencia sanitaria.

Las nuevas normas obligarán a los Estados miembros a elaborar planes de acción que identifiquen los ámbitos, las actividades o las zonas más expuestas a los riesgos relacionados con estos productos. La comisión de Medio Ambiente del Parlamento había propuesto imponer en estos planes una reducción en el uso de plaguicidas del 25% en cinco años y del 50% en 10 años, pero esta enmienda fue rechazada por el pleno, que tampoco aceptó aumentar los impuestos sobre los plaguicidas para financiar los planes nacionales.

La Comisión propuso que la mayoría de los nuevos productos fitosanitarios se aprueben inicialmente para un periodo de 10 años. Sin embargo, los ingredientes que comportan un riesgo bajo para la salud se mantendrán durante 15 años, mientras que aquéllos que pueden ser sustituidos por sustancias menos tóxicas se aprobarán por siete años.

En este último caso, la Eurocámara pide un recorte de dos años hasta los cinco para favorecer el uso de las sustancias no químicas. Bruselas propone que las sucesivas renovaciones se realicen por un periodo ilimitado, pero el Parlamento aboga por que la aprobación se renueve "una o repetidas veces durante un período no superior a 10 años".

Los diputados respaldaron la propuesta de Bruselas de prohibir las sustancias carcinógenas, genotóxicas, reprotóxicas o de alteración endocrina, pero exigieron más restricciones, incluso en las excepciones que la Comisión está dispuesta a permitir.

Finalmente, la Eurocámara rechazó la propuesta del Ejecutivo comunitario de dividir la UE en tres zonas geográficas -norte, centro y sur- a la hora de aprobar los nuevos pesticidas y abogó por un sistema único de mutuo reconocimiento en toda la Unión, en el que un Estado tendría cierta flexibilidad para confirmar, rechazar o restringir la aprobación dependiendo de las circunstancias nacionales.- (Agencias)

El funcionario que destapó el caso 'Malaya' declara que las licencias se daban de forma "arbitraria"

MÁLAGA.- El jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Jorge González, cuya declaración en otro procedimiento dio origen al caso 'Malaya', aseguró hoy que todas las licencias de obra desde la etapa de gobierno del GIL hasta la comisión gestora se daban de forma "arbitraria" y reiteró, como ya ha hecho en otras comparecencias, que el ex asesor Juan Antonio Roca era "el responsable de hecho" del urbanismo marbellí y las propuestas de licencias seguían sus "designios".

González declaró hoy como testigo en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 8 por la licencia dada en dos comisiones de Gobierno a Artola Inversiones para una vivienda unifamiliar en suelo rústico, según el PGOU de 1968. En este caso, la Fiscalía acusa a Julián Muñoz y cinco ediles de dos delitos urbanísticos en régimen de continuidad, pidiendo 20 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación; mientras que para otros dos, entre ellos Pedro Román, pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación, por un solo delito.

El funcionario municipal explicó que los listados de licencias que llegaban a la comisión eran producto de "los designios de Roca" y no descartó que alguno de los trabajadores de su departamento pudiera haber enviado esos cuadernillos de propuestas a la comisión "por orden de Roca", que, según confirmó hoy el abogado del fallecido Jesús Gil, José Luis Sierra, era "como un gerente de Urbanismo".

González consideró que el PGOU de 1986 era "perfecto y eficaz" y que "no tenía validez" un plan que no había visto la luz, en referencia a la revisión del 98. Así, dijo que los técnicos tuvieron la orden de informar sólo según esta revisión, momento en el que él ordenó a su equipo a que no informaran según ese plan. La consecuencia fue, según indicó, que se desmanteló su servicio jurídico.

Como hipótesis, y respecto a la licencia que se enjuicia, González dijo que a la vista del informe técnico emitido en este caso, que era a favor del otorgamiento pero sin hacer referencia a ningún plan, su dictamen también podría haber sido favorable, pero luego matizó que habría pedido ampliación porque no constan determinados elementos.

Asimismo, aseguró que los informes jurídicos se hacían en virtud de los técnicos y precisó que "no era una excepción" que los expedientes llegaran a la comisión de gobierno sin los dictámenes jurídicos. En este mismo sentido se manifestó el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, quien apuntó que se podría considerar que por este motivo los expedientes nunca estaban conclusos.

Barrantes reiteró que en 1998 Marbella "carecía de PGOU" y negó tajantemente que se hubieran manipulado las actas de las comisiones de gobierno, como dijeron ayer algunos ex ediles. "Imposible, sería el delito más grave que puede cometer un secretario", aseveró. Además, aseguró que existe la delegación de funciones del alcalde a dichas comisiones.

El aparejador que firmó el primer informe técnico, que también compareció como testigo, reconoció haber cometido un error en dicho escrito y afirmó que informó "según el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos", que incluía un plano en el que aparecía la parcela como unifamiliar exenta, por lo que se podía construir.

Aseguró que el Colegio de Arquitectos daba por buena la obra y apuntó que, posteriormente, hizo un informe subsanando el error que "no he encontrado", al tiempo que declaró que también informó a sus superiores, en concreto al jefe del Servicio de Obras, Francisco Merino, que también compareció como testigo.

Éste aseguró que al ser requerido por el juzgado sobre la licencia y ver el informe "lo entendí como un error", al no estar correcto "conforme al plan vigente", aunque negó que los concejales supieran que se hubiera producido. Consideró que en el nuevo plan general, aprobado inicialmente, la obra sería legal, cuando esté en vigor y una vez cumplidas las cargas del terreno.

Merino manifestó que si en el informe no se especifica el plan sobre el que se pronuncia, como ocurre en este caso, "entendemos que es el del 86", aunque aseguró que recibieron la orden de que se informara según la revisión. Explicó que durante los años 80 se emitían informes para el plan del 68 y el del 86 y en los 90 sobre éste último y la revisión del 98.

También declaró el administrador de la empresa, quien dijo que en una primera reunión con el arquitecto anterior éste le dijo que no había problemas para construir en dicho suelo y manifestó que conoció a Julián Muñoz el día en que firmaron el convenio para la permuta de la parcela, que se le dio porque "el Ayuntamiento me debía dinero".

Por su parte, la ex directora general de Planeamiento de la Junta, Josefina Cruz, indicó que las impugnaciones de licencias "se contaban por centenares" de 1995 a 2004, periodo en el que ella estuvo en ese cargo e insistió en que en Marbella, en ese momento, "el único plan vigente era el del 86".- (Agencias)

Sirmu: "el Salón de la Destrucción"

MURCIA.- Diferentes grupos de resistencia de la sociedad civil murciana han suscrito un manifiesto de protesta contra la segunda edición del "Sirmu" a celebrar este fin de semana en los salones de IFEPA, en Torre Pacheco.

En dicho documento, hecho público esta noche, se califica al evento como "Salón de la Destrucción", en clara referencia al carácter depredador del medio ambiente y el medio físico regional por parte de algunas de las empresas participantes, por su carácter más especulador que promotor. El contenido literal es el siguiente:

"Este año, del 25 al 28 de octubre, se celebra la 2ª edición del Salón Inmobiliario de la Región de Murcia en el recinto ferial de Torre Pacheco, lo que junto a otros eventos similares, SILE de Lorca, VERACTIVA en Vera, otros en Aguadulce, Madrid, etc., van haciendo todo lo posible por mantener una dinámica mercantilista del suelo y la vivienda, bien alejada de la función social que corresponde a estos bienes y más cercana con el modelo especulativo y depredador de recursos naturales escasos.

La falta de justificación del interés general, en los trámites para expropiar terrenos, constituyen una práctica injusta. Los escándalos más sonados han llegado al Parlamento Europeo, por dejar desprotegidas a las personas más indefensas frente a la figura del “agente urbanizador”.

Como no puede ser de otra manera, la sociedad civil más concienciada y responsable de esta región, tiene que seguir denunciando el empecinamiento del gobierno regional y de sus colaboradores necesarios en crear todo tipo de infraestructuras favorecedoras y al servicio de la especulación.

El caso más emblemático lo tenemos con la autopista de peaje Cartagena-Vera, cuya apertura al tráfico el 29-03-07, ha demostrado el rotundo fracaso en su utilización, pues no cubre ni la mitad del tráfico previsto. Así podíamos seguir con autovías hechas a la carta de promotores inmobiliarios y el proyecto de Aeropuerto de Corvera, paradigma del modo de transporte más insostenible, junto con las líneas AVE.

Lo más grave de todo esto es que la mayor parte de estas infraestructuras se hacen fuera del marco de la planificación y de la evaluación ambiental estratégica que obligan directivas de la C.E. y Leyes de ámbito estatal y regional.

El urbanismo, vía convenios, ha suplantado a los planes generales de ordenación, facilitando un modelo de tipo discrecional, que solo hace visible lo que interesa, ocultando aspectos y detalles que únicamente la investigación judicial y de los tribunales de justicia llegan a desentrañar en determinados casos.

Este modelo nos aleja de la necesaria y saludable participación ciudadana. Desgraciadamente la nueva Ley del Suelo perpetúa, aunque con algunas limitaciones, los convenios urbanísticos, permitiendo prácticas corruptas entre las distintas administraciones públicas, que difícilmente la sociedad civil organizada, y la administración de justicia, pueden dar abasto a combatir ante tan caótica situación.

Es paradójico que en una de las CC.AA. con mayor índice de corrupción y de delincuencia urbanística, acabe siendo condenado un ecologista que ha tenido la valentía de denunciar públicamente esas prácticas, mientras políticos, empresarios y otros “pringados” siguen esperando tranquilamente que la justicia llame a su puerta.

Por si alguien todavía no lo sabe, nos referimos a nuestro compañero Pedro Costa, Premio Nacional de Medio Ambiente".

(Imagen de la primera edición del "Sirmu" en IFEPA)

Los barones del PP se mueven, según "La Opinión"

MURCIA.- Los cuatro alcaldes de las ciudades más grandes de la Región, Miguel Ángel Cámara (Murcia), Pilar Barreiro (Cartagena), Francisco Jódar (Lorca) y Eduardo Contreras (Molina de Segura) están tomando posiciones en su formación, el Partido Popular, para cuando abandone la presidencia de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel, según revela "La Opinión".

Los barones del PP mantuvieron ayer un nuevo encuentro, no el primero según ha podido saber esta redacción, desde que este periódico avanzara en julio que Valcárcel no tenía intención de agotar la actual legislatura.

Si el presidente presentara su dimisión tras las elecciones generales de marzo, la persona que lo sustituirá debe salir de los bancos del Grupo Parlamentario Popular, y todo apunta a que Valcárcel desearía que fuera el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.

No se discute al jefe

Sin embargo, los barones del Partido Popular están tomando posiciones para intervenir en el debate sobre el futuro de su formación. "Ahora no se discute al jefe, porque los cuatro alcaldes han demostrado sobradamente su lealtad a Valcárcel. Sin embargo, si se marcha el jefe, sí que quieren debatir qué va a pasar", afirman las fuentes consultadas por este periódico.

Los cuatro mandatarios de los principales ayuntamientos de la Región, en consecuencia los que más poder tienen dentro del Partido Popular, se han reunido ya varias veces para hablar de los cambios que pueden producirse en los próximos meses en su formación política.

De esta manera, trabajan sobre varias hipótesis, aunque todas ellas centradas en el hecho de que tienen que ser ellos parte importante de las negociaciones que se abran cuando se plantee la sucesión de Ramón Luis Valcárcel.

Esta es la segunda vez que los regidores aparecen fotografiados juntos; la primera vez fue durante la Feria de Septiembre de Murcia, antes de una corrida de toros, cuando también hablaron de política durante una comida que tuvo lugar en Murcia.

www.laopiniondemurcia.es

Murcia contamina cuatro veces más por encima de su capacidad biológica

MADRID.- Los murcianos contaminan y consumen 3,9 veces por encima de su capacidad biológica (datos de 2005), según los resultados del primer informe ‘La huella ecológica en España’, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente.

En el conjunto del país, se contamina y consume casi tres veces por encima de su capacidad biológica, mientras que cada habitante usa y contaminan los recursos de 6,4 hectáreas, y la biocapacidad del territorio es de 2,43 hectáreas.

Además, estos niveles insostenibles han aumentado un 34% en los últimos 10 años, ya que en 1995 la huella ecológica de España era de 5,37 y su biocapacidad de 2,73, con lo que los habitantes consumían y contaminaban dos veces más de lo medioambientalmente sostenible. Madrid, por su parte, consume y contamina casi una veintena de veces más de lo que debería.- (Agencias)

Leen poco, escriben menos / Fermín Bocos

La política lo es todo para muchos políticos: viven de y para la política.

El resto de los ciudadanos, trabajamos. Ellos, los políticos, dedican todas las horas del día a encomiar lo que hacen y a denostar lo del contrario.

Los de ésta promoción, los Zapatero, Rajoy, Blanco, Zaplana, Ibarretxe, Llamazares, Carod o Montilla, vuelan bajo. Ni uno sólo de ellos ha publicado un solo libro; no tienen obra escrita. No disponen de tiempo para reflexionar o los dioses no les han llamado por el camino del pensamiento.

Y, sin embargo, la política es o debería ser eso: primero pensar, después, hacer. En ese terreno, lo que hizo gigantes a los Churchill, Mitterand o Wily Brandt, Soares o Havel, aquí, en esta generación, ha dado pigmeos.

En España habría que evocar a Carrillo, a Pujol o a Fraga, o remontarse a Azaña, a Cánovas Del Castillo o a Cautelar, para encontrar precedentes de políticos en primera línea que estén familiarizados con los libros, bien por frecuentarlos, bien por escribirlos.

En este registro, ya digo que el panorama actual es yermo. Esa orfandad de libros delata lo que tenemos: políticos en agraz lectores de textos ajenos y rutinarios de la palabra extraída de los periódicos.

El político con ideas propias tiende a fijarlas por escrito; el recolector de ideas de otros tiende a improvisar. Y en eso estamos: con la clase política más endogámica, tribal y ágrafa de toda la Historia de España. Una pena.

Los socialistas murcianos buscan un “buen paracaidista” / Juan Redondo

Con el teórico empate técnico de las encuestas a falta de poco más de cuatro meses, las próximas elecciones generales se juegan en el centro político y en provincias como circunscripciones electorales. Ahí dicen los analistas que es donde se pude romper el teórico empate y hasta marcar importantes diferencias. En un caso porque pueden moverse millones de votos y en el otro porque “el último de la fila” saldrá con un margen tan apretado como en unas municipales.

La clase media, el teórico centro político, económico y social, como lugar de encuentro, parece que no interesa en esta ocasión a los dos grandes. Los populares en la línea Zaplana, Acebes y Esperanza Aguirre apuestan más por sus clientes de la derecha más conservadora y por sumar votos aunque sean de dudosa reputación democrática. Los socialistas de Zapatero, según estos analistas, que han realizado una gran política social, se mueven entre la periferia, los nacionalismos y el intento de restar votos a IU por la izquierda, “con contradicciones entre ministros y ministras y Pedro Solbes haciendo malabarismo económicos”.

Me comenta un amigo que los socialiberales colocan cada mañana flores a Rodrigo Rato y Pedro Solbes, a uno pidiendo que vuelva y al otro rogando para que no se vaya. “Pero los consejos de uno y otro parece que no cuentan en sus respectivos partidos”. Tampoco parece que estas tesis tengan excesivo predicamento de momento entre los populares murcianos y en los socialistas, Saura es “zapaterista” por encima de todo. Así que en teoría en la Región de Murcia no habrá batalla por el centro político. La “batalla contra el centro geográfico dependerá siempre del color del inquilino de La Moncloa”, apunta el amigo.

Otro tema son las circunscripciones electorales, en este caso provincias. Ahí los estudiosos de ambos partidos cuentan "a priori" los posibles votos como “el ávaro sus riquezas”. Por un puñado de votos se pueden perder una docena de diputados si los vientos soplan a favor de la misma corriente. Y en los estudios de los laboratorios de Génova y Ferraz, la Región de Murcia está incluida en un trato especial. Por población se incrementa un diputado y serán diez puestos a repartir. El último, que sería el cuarto para el PSOE o el séptimo para el PP, según las previsiones estadísticas, estaría en juego. Las dos formaciones descartan el cinco a cinco y también consideran inviable que IU pueda meter baza.

Para arañar esos votos en disputa los populares cuentan con el apoyo de las principales instituciones de la Comunidad: Gobierno Regional y los principales Ayuntamientos. Los resultados de los comicios autonómicos y municipales del pasado mes de mayo lo dejaron bien claro. Los socialistas con la gestión del gobierno Zapatero. Pero a falta de unos meses estos últimos se encuentran con un grave problema doméstico, ¿quién poner al frente de la candidatura?. “Aquí hay lo que hay”, comenta con cierta resignación un histórico militante del PSRM. “Esta vez necesitamos un buen paracaidista de prestigio”.

El buen hombre desgrana nombres y no encuentra alternativa. Considera a muchos compañeros y compañeras muy adecuadas para ir en las listas para hacer un buen trabajo parlamentario en Madrid. Pero no ve un cabeza de cartel. Quizás eso le pasa también a Saura. En la Comunidad Valenciana donde los socialistas se juegan más votos van cerrando los carteles provinciales. De momento aquí sólo ha llegado la alicantina Leire Pajín a presentar la precampaña. Y dicen que podría ser un señuelo.

www.elfarodemurcia.info

Reprimenda al Gobierno regional en un dictamen del CES sobre La Zerrichera, según RNE

MURCIA.- El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) estudia un dictamen en el que reprocha al Gobierno regional sus políticas de protección ambiental, las cuales "se quedan sin credibilidad".

Así lo recogía ayer en sus informativos Radio Nacional de España (RNE) de Murcia, emisora que ha tenido acceso al borrador de dicho dictamen, que será sometido a estudio en una comisión que está prevista que se celebre hoy.

Este informe, que consta de 55 folios, es el resultado del estudio del Plan de Gestión de la Sierra de Almenara, trámite necesario para saber si se podrá construir o no en La Zerrichera, y expresamente dice, según informó ayer la cadena radiofónica, que "la situación creada por el incumplimiento de los compromisos fijados por el propio Gobierno regional y por las dudas sobre el alcance jurídico de algunos de los instrumentos de planificación elegidos, supone un importante daño para la credibilidad de las políticas proteccionistas".

Asimismo, el dictamen destaca que con los instrumentos de gestión elegidos por la consejería de Desarrollo Sostenible no se alcanzan "los niveles exigibles de seguridad jurídica". Por otro lado, el documento establece que aunque exista un adecuado análisis de la ordenación territorial en algunos casos, la urbanización de La Zerrichera es "la única e importante excepción".

También se hace mención a las consecuencias que pueda tener la puesta en marcha de este proyecto, destacando que no se ha hecho una identificación técnico ambiental del impacto que puede tener la urbanización de La Zerrichera.

En este borrador se hace referencia también a que las directrices del litoral consideran la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Almenara como "suelos incompatibles con su transformación urbanística".

En relación a este tema, RNE también apunta a que el documento del CES apoya de forma expresa la respuesta a todas las alegaciones realizadas y elogia su rigor técnico, y destaca que el documento "rechaza de forma expresa las que presentó la empresa promotora de la urbanización de la Zerrichera".

Por último, el dictamen también propone al Gobierno regional que se dé prisa en la tramitación del Plan de Gestión de la Sierra de Almenara, ya que "no es aceptable que se tarde tres años", y le advierte de que no es el instrumento adecuado, indicándole que debería haber optado por un Plan de Ordenación de Recursos.

El ex presidente argentino, De la Rúa, procesado

BUENOS AIRES.- Un juez argentino ha procesado a Fernando de la Rúa por el "homicidio culposo" de cinco personas y las heridas sufridas por un centenar de manifestantes en el estallido social que a finales de 2001 derivó en su renuncia a la presidencia del país, según han informado fuentes judiciales.

La medida fue adoptada el lunes por el magistrado Claudio Bonadío, quien además ha decidido el embargo de bienes del ex gobernante (1999-2001) por un importe de 20 millones de pesos (4,4 millones de euros). Entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001 los disturbios y saqueos a comercios registrados en Buenos Aires, sus alrededores y otros puntos de Argentina causaron una treintena de muertos.

Al declarar hace un año ante el juez, el ex presidente alegó que hubo un "complot" contra él que forzó su salida anticipada del gobierno en medio de una grave crisis económica. El juez trata de aclarar quiénes fueron los responsables de la represión lanzada contra manifestantes en inmediaciones de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

Las consecuencias del "corralito"

De la Rúa también declaró que fue la jueza María Servini de Cubría quien el 20 de diciembre de 2001, sin contactar con el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, "dispuso desalojar la Plaza de Mayo", frente a la Casa de Gobierno.

A finales de 2001, el gobierno de De la Rúa , debilitado por disputas internas, adoptó el impopular "corralito" financiero para frenar una fuga masiva de capitales de los bancos, lo que generó una oleada de protestas populares. El 19 de diciembre renunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, mientras que al día siguiente De la Rúa presentó su dimisión en medio de violentos enfrentamientos en las calles entre policías y manifestantes.

En marzo pasado, un tribunal condenó a 15 y 6 años de prisión a un comerciante y a un guardia, respectivamente, por dos homicidios cometidos durante el estallido social, en el primer juicio celebrado en Argentina por los hechos de violencia de 2001.- (EFE)

Seis detenidos en Canarias, entre ellos dos ex alcaldes, por corrupción

LAS PALMAS.- Dos ex alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida y otras cuatro personas han sido detenidas hoy por la Guardia Civil en una operación contra la corrupción en el municipio, han informado fuentes de la investigación.

Los arrestados están imputados por delitos de prevaricación, malversación, falsificación y fraude cometidos durante su mandato al frente del Ayuntamiento, situado en el interior de Gran Canaria y que tiene una población de casi 20.000 personas.

Los ediles detenidos por la Guardia Civil, que gobernaron el ayuntamiento cuando militaban en el PP, son Carmelo Vega y Antonio Díaz, además de Luis Troya, que ejerció de primer teniente de alcalde del municipio.

También han sido arrestados un capataz del Ayuntamiento y dos auxiliares administrativos -Santiago Hernández Suárez y Jacinto Hernández Suárez- que en su día ejercieron accidentalmente funciones de interventores.

Algunos de los detenidos ya han sido condenados en otras causas, como Carmelo Vega y Luis Troya, quienes en marzo de 2006 fueron sentenciados a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como responsable de un delito de prevaricación administrativa.

Estos arrestos se producen después de que varios concejales de la corporación denunciaran hace meses a la Justicia diversas irregularidades cometidas en el municipio por varios alcaldes.

Además, la Guardia Civil ha procedido al registro del Ayuntamiento de Santa Brígida (en la imagen) y de varias viviendas del municipio. Precisamente el consistorio ya fue registrado el 20 de junio por orden del juez que investiga el caso ante la negativa del Ayuntamiento de remitir unos documentos reclamados por el magistrado.- (Agencias)

Corrupción bancaria y especulación financiera, o democracia / Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa

Las entidades financieras y bancarias son cada día más protagonistas de la vida social. Pero no principalmente por su contribución a la financiación de las actividades económicas que crean riqueza y bienestar social.

En las últimas semanas algunos de los grandes bancos españoles han hecho ostentación de su inmenso poder patrocinando y poniendo nombre a algunas de las competiciones deportivas más importantes.

Un lavado de cara que no es casual que se produzca cuando aumentan las críticas, denuncias y pruebas de su actividad corrupta e incluso directamente delictiva.

La compra de voluntades políticas, el blanqueo de dinero, las cuentas secretas o el financiamiento de empresas contaminantes y de armamento son sólo algunas de las acusaciones que recaen continuamente sobre las entidades bancarias y financieras más conocidas.

Quieren aparentar que son generosas y ejemplos de mecenazgo desinteresado pero, en realidad, lo que buscan es solamente ganar más y más y más dinero a cuenta de lo que sea. Por eso están implicadas también en una soterrada lucha (no siempre leal) para lograr quedarse con fondos sociales ahora bajo control público como los de las pensiones, o para introducirse torticeramente en la vida académica para quedarse con la rentabilísima gestión de los ingresos de las universidades, de los de sus estudiantes y profesores.

En las últimas semanas hemos podido comprobar una vez más cómo las entidades financieras han estado en el origen de la última crisis hipotecaria, provocando una situación de debilidad e inestabilidad que con toda seguridad no ha acabado y que terminará afectando al conjunto de las economías y de la actividad económica.

Todo ello es la consecuencia directa de dos factores. Por un lado, del carácter parasitario y pernicioso que han adquirido las instituciones financieras cuando no quedan sometidas a otra lógica o estrategia distinta al afán de lucro. Y por otro, a la cada vez más evidente y peligrosa falta de controles institucionales que pudieran impedir las actividades inmorales, despilfarradoras o simplemente ilegales que vienen realizando continuamente en la casi total impunidad.

La burbuja bursátil de los 90 transformó las costumbres empresariales y consolidó a la especulación y a la corrupción como un alimento preferente de las grandes empresas, como demostró el paradigmático caso de la multinacional eléctrica Enron. Ahora, la reciente crisis financiera ha puesto de relieve que, lejos de disminuir, esta deriva de las corporaciones hacia lo ilícito no ha hecho sino profundizarse a lo largo del tiempo.

Ante este grave proceso los bancos centrales se han limitado a mirar hacia otro lado, en un vergonzoso y cómplice ejercicio de irresponsabilidad. Apenas si se han dado modestísimos pasos aparentemente dirigidos al fomento de la transparencia y de la llamada "responsabilidad social de las empresas", que la realidad ha demostrado insuficientes, cuando no totalmente inútiles.

En lugar de apagar fuegos y evitar que se produzcan, las autoridades monetarias y financieras los avivan por su complicidad e inoperancia. En lugar de advertir, denunciar y controlar, mantienen un silencio doloso orientado a salvaguardar los intereses de los grandes poseedores de recursos financieros.

De hecho, es ya verdaderamente vergonzosa la forma en que ocultan a los ciudadanos lo que está pasando, el peligro financiero que suponen los balances artificialmente hinchados de los bancos, su solvencia amenazada, sus cuentas que no cuadran sino por medio de artificios contables... Y, sobre todo, la inutilidad social de sus operaciones financieras, cada vez más lejos de la economía real y de las necesidades efectivas de las empresas y los consumidores.

La actividad financiera y bancaria es cada vez más inmoral, más inapropiada para crear riqueza, más especulativa y peligrosa para la economía en su conjunto, menos beneficiosa para el conjunto de la sociedad y sólo más rentable para las grandes fortunas.

Hoy día es ya una urgencia impostergable proponer y adoptar medidas contra el desorden financiero y contra la conversión de las finanzas en un gran y corrupto casino global.

Hay que redefinir la fiscalidad actual, estableciendo tasas a las transacciones financieras, e implantar controles mucho más estrictos a los movimientos de capital. Es urgente que los gobiernos recuperen el terreno perdido en cuestión de poder y capacidad de decisión económicas. Es imprescindible democratizar las decisiones económicas.

La vergonzosa y criminal existencia de paraísos fiscales, donde los controles de los capitales son exiguos o nulos, resulta imprescindible para que las entidades puedan legalizar dinero procedente de actividades ilegales e incluso criminales. Por eso, su supresión debería ser un objetivo prioritario para los gobiernos y las organizaciones internacionales que de verdad defiendan un mínimo de legalidad y moralidad en la economía mundial.

La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica ha venido acompañada de un consecuente deterioro de la democracia, puesto que equivale de hecho a una transmisión de poder desde los órganos representativos hacia entidades donde los mecanismos democráticos simplemente no operan. Y paralelamente, los dueños de estas entidades se han convertido en las personas más influyentes de nuestras sociedades, adquiriendo unos roles de extraordinaria importancia en la toma de decisiones en la vida social y económica.

Si realmente creemos en la democracia es hora de reconocer que el único camino posible para implantarla pasa necesariamente por una reestructuración del sistema financiero internacional. Se trata de impedir que las grandes entidades procedan de forma mafiosa y se hagan con un poder que nadie les ha otorgado. Los bancos y las grandes corporaciones financieras son hoy día los mayores enemigos de la libertad real, de la democracia y del bienestar social.

Florida y otros estados pujan por control del agua

WASHINGTON.- Las legislaturas de Alabama, la Florida y Georgia están restringiendo las condiciones en una pelea por derechos acuíferos, algo suscitado por el explosivo crecimiento de Atlanta y los temores de que a las regiones del sur afectadas por la sequía les faltan unos pocos meses para quedarse enteramente sin agua.

Cada uno de esos estados está presionando al Cuerpo de Ingenieros del Ejército por planes de control de agua que datan de hace décadas y dan pautas sobre el mejor modo de liberar millones de galones de agua de cuencas ribereñas que esos estados comparten. Esos planes son particularmente importantes cuando los estados enfrentan inundaciones o sequías.

Los tres estados acusan al Cuerpo de Ingenieros de favoritismo en lo referente a escoger cuándo liberar esos millones de galones de agua para beber, para energía hidroeléctrica, fines recreativos y usos agrícolas.

La batalla de los tres estados pone en confrontación las preocupaciones de la Florida y los efectos del auge de población en Atlanta con los temores de Georgia de que el agua necesaria saca agua de fuentes ya escasas tales como el Lago Lanier en las afueras de Atlanta.

Mientras tanto, Alabama mantiene que Georgia tiene que liberar el uso de agua del Lago Allatoona (imagen) en el área metropolitana, para que ese estado pueda sustituir suministros acuíferos muy necesarios y pueda seguir operando una planta nuclear en el sur del estado.

El Departamento de Protección Ambiental de la Florida recientemente envió una concisa carta al Cuerpo, diciendo que no liberar el agua resultaría en ``una profunda interrupción de la base socioeconómica en la región norte del estado de la Florida''.

Los tres estados tienen demandas ribereñas pendientes en cortes federales, según han dicho los oficiales del Cuerpo.

Y aunque todos estos estados han promulgado una serie de restricciones acuíferas de diversa severidad, se están acusando unos a otros de no estar haciendo lo suficiente por conservar agua.

''Aunque todos estamos sufriendo con esta sequía, no puede haber alivio para el sector metropolitano de Atlanta a expensas del pueblo de Alabama'', dijo el representante republicano de ese estado, Mike Rogers. ``El Cuerpo debe fijarse si les está permitiendo a los municipios de Atlanta recibir mucha más agua de lo que sería justo del Lago Allatoona''.

Los expertos en clima dicen que es la primera vez en un siglo que el Sureste ha pasado por una sequía tan intensa. Otras partes de la nación, como California e Idaho, han luchado con sequías y tienen planes para confrontar los incendios forestales y las mermadas cosechas que resultan de las mismas.

''La sequía del Sureste está mucho más extendida'', dijo Mike Hayes, el director del Centro Nacional de Mitigación de Sequía en la Universidad de Nebraska en Lincoln. 'La gente se pregunta, `¿Le puedo pedir agua a mi vecino si estamos en la misma situación?' Otros desastres naturales unen a la gente. La sequía, si la gente no tiene cuidado, puede poner a un sector contra otro y crear una tensión crónica''.

Para el Sur, históricamente rico en agua, la batalla por los mermados recursos acuíferos ya se ha puesto complicada.

La legislación congresual de Georgia está impulsando una legislación que les daría a todos los estados el poder de suspender la Ley de Especies en Peligro durante sequías graves, una medida que liquidaría las reclamaciones de agua extra de la Florida.

''Mientras ellos están preocupados por los mejillones en peligro en Apalachicola, nosotros estamos preocupados por las personas en peligro aquí'', dijo el jueves el representante Jack Kingston, republicano por Georgia.

Los grupos ambientalistas manifiestan que la culpa de los problemas acuíferos de la región es de Atlanta, no del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. ''El Cuerpo ha sido un conveniente punching bag en todo esto'', expresó Gil Rogers, un abogado del Centro Meridional de Ley Ambiental, un grupo regional no lucrativo que se concentra en temas de protección ambiental en el Sureste.

``El Cuerpo ha cometido algunos errores en el pasado pero no creo que sea justo decir que el problema es culpa de los ingenieros... Hemos permitido crecimiento sin preguntar si pueden sostener ese crecimiento''.
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