Durante 2006 el suelo se encareció en la Región de Murcia un 73,1%, la más alta subida en España

La Región de Murcia batió durante 2006 el record en cuanto al encarecimiento del suelo urbano (que supone una repercusión en el precio final de una vivienda, entre el 40 y el 60% del coste final de las viviendas). Al término del tercer trimestre del año, el precio aumentó en la comunidad murciana un 73,1%, a mucha distancia de las siguientes comunidades.

El suelo se devaluó de media en las mayores poblaciones de seis comunidades autónomas: Castilla-La Mancha (-27,6 por ciento), Ceuta y Melilla (_15,4 por ciento), Castilla y León (_15,1 por ciento), Galicia (_12,4 por ciento), Cataluña (-8,7 por ciento) y Asturias (-5,6 por ciento).

En el capítulo de subidas, destacaron además de Murcia con el 73,1%, Extremadura (35,8 por ciento) y País Vasco (18,5 por ciento). El precio del suelo en los municipios españoles de más de 50.000 habitantes se situó por encima del coste medio de toda España, situado en los 273,7 euros por metro cuadrado, tras un incremento del 3,7 por ciento respecto a 2005.

Concretamente, el precio del suelo urbano descendió en 17 municipios de más de 50.000 habitantes, con destacadas caídas en el caso de Guadalajara (-51,6 por ciento), Lleida (-47,4 por ciento), Castellón (-41 por ciento), Huelva (-40,6 por ciento) o Salamanca (-34,4 por ciento). No obstante, otros municipios contrarrestaron estos descensos con mayores subidas, como en el caso de Córdoba (114,7 por ciento), Cádiz (67,1 por ciento), Murcia (73,1 por ciento), o Alicante (50,2 por ciento).(EFE)

El PSOE denuncia al Ayuntamiento de Murcia ante el Tribunal de Cuentas por "sobrecostes" en los túneles

El Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento de Murcia ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas y el Consejo Jurídico de la Región las obras de los túneles de la plaza de Castilla y de las Atalayas, que supusieron un "sobrecoste" de 4,5 millones de euros.

Así lo anunciaron los concejales Javier Mármol y Rafael González Tovar, que explicaron en rueda de prensa que por túnel de las Atalayas el ayuntamiento de Murcia pagó 9.484.239 euros, entre los más de seis millones en que se adjudicó y las cuatro modificaciones sucesivas de la obra.

Mármol explicó que los 3,2 millones de euros de diferencia que cobró la empresa adjudicataria, La Generala, supone un 53 por ciento más, con el "agravante" de que la última de las modificaciones tiene fecha de febrero de 2006, cuando el túnel llevaba cinco meses abierto al tráfico.

Respecto al subterráneo de la plaza de Castilla, el concejal socialista dijo que se adjudicó en 2,2 millones en mayor del 2003, el ayuntamiento aprobó dos modificaciones posteriores por más de un millón de euros, lo que significa un 45 por ciento más que el precio inicial de la obra.

Javier Mármol agregó que el PSOE ha solicitado al Tribunal de Cuentas que audite el proceso y reclamará al Consejo Jurídico de la Región para que informe, como es preceptivo, sobre las modificaciones económicas realizadas durante su ejecución.

El edil socialista, que dijo que las sucesivas modificaciones incumplen los artículos 57, 59 y 101 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, señaló que "una vez más se demuestra que el Ayuntamiento no vela por los intereses generales de los ciudadanos sino por el interés particular de unos pocos".

"Si a esto se une los 783 millones que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar por algunos convenios urbanísticos, encontramos que el equipo de Gobierno no ingresa lo que debe y malgasta el dinero que tiene", dijo.

Además Rafael González Tovar señaló que la realización de esos dos túneles no ha solucionado la "grave situación" del tráfico en la ciudad, y se refirió al "'cambiazo' que dieron el alcalde Cámara y el entonces ministro de Fomento Francisco Alvárez Cascos" en el convenio por el que el Consistorio recibía la titularidad de 51 kilómetros de carreteras a cambio de 13,5 millones de euros.

Añadió que esa cantidad se utilizó para costear la construcción de los túneles y dejó sin dinero las arcas municipales para el mantenimiento de esa red de carreteras que, "ahora, con las últimas lluvias, se ha demostrado que están abandonados".

González Tovar agregó que los problemas de tráfico de Murcia "no se solucionan con pegotes ni parches, sino con proyectos integrales" y recordó que su grupo ya advirtió de que la "claudicación de Cámara ante Cascos iba a afectar a los bolsillos de los murcianos".

El concejal socialista afirmó que la "pésima gestión de los recursos municipales demuestra la incapacidad del alcalde Cámara y de su concejal de Fomento, Antonio Sánchez Carrillo, para solucionar los problemas de la ciudad, perjudica a los vecinos, y sólo beneficia las empresas contratistas".(EFE)

El magistrado Carlos Moreno rechazado de nuevo para la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de ayer, alcanzó un amplio consenso para el nombramiento de Manuel Marchena y de Luciano Varela como nuevos magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El conocido y popular magistrado almeriense destinado en Murcia, Carlos Moreno, que optaba a una de estas dos plazas, obtuvo en la votación 4 votos, frente a los 14 logrados por Luciano Varela.Es la segunda vez que este magistrado, de intensa vida social en la ciudad de Murcia, lo intenta y no lo consigue, al no reunir el apoyo necesario entre sus propios compañeros.

Manuel Marchena Gómez es en la actualidad fiscal de Sala del Tribunal Supremo, mientras que Luciano Varela Castro desempeña el puesto de magistrado en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Moreno actualmente es magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, de la que llegó a ser su presidente en otra época.

La diputada Rosique revela el presunto delito del consejero Bascuñana en el expediente de La Zerrichera

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha pedido el cese inmediato del consejero Joaquín Bascuñana, que firmó la aprobación definitiva del proyecto de construcción de 4.000 viviendas en La Zerrichera, tres meses después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Región (BORM) el Plan de Gestión que lo prohíbe. Rosique ofreció una rueda de prensa en la que explicó que el Plan de Gestión, donde se impide construir en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), «existe y está publicado desde diciembre de 2005, mientras Bascuñana aprobó de forma definitiva el proyecto para levantar 4.000 viviendas en marzo de 2006».

La diputada socialista criticó las declaraciones del presidente Ramón Luis Valcárcel en las que decía que el Plan «confirma la posición del Gobierno» y al mismo tiempo «mantiene la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y más tarde la aprobación de Bascuñana».

Después de conocer esos datos, «cómo es posible que el presidente Valcárcel mantenga esa afirmación» se preguntó Rosique, quien exigió también el cese «fulminante» del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, que fue el que rubricó la Declaración de Impacto Ambiental.

Teresa Rosique pidió además la revocación de la aprobación del proyecto hecho por Bascuñana, y que se convoque con carácter de urgencia el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que es el que debe dictaminar y aprobar de forma definitiva el Plan de Gestión de la Sierra de La Almenara. A su juicio, este PLan es incompatible con la Declaración de Impacto favorable y con la aprobación de la urbanización por parte de Joaquín Bascuñana.(EFE)

El lider regional de IU destapa corruptelas en la Confederación Hidrográfica del Segura

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, ha dicho en rueda de prensa que la Confederación Hidrográfica del Segura debe dar a conocer el nombre de los funcionarios que reciben complementos de productividad, y la razón por la cual estas personas reciben un plus también conocido como 'bufandas'.

Pujante criticó lo que considera "falta de transparencia' en el seno de la CHS, si bien reconoció que existe un cambio de actitud entre ésta y la anterior presidencia del organismo de cuenca, por la agilización de expedientes que con anterioridad prescribían o no se ejecutaban.

El dirigente de IU recordó la reciente resolución del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que, según dijo, no descubre una trama organizada de robo de agua "por falta de indicios penales", sí muestra una "nefasta" gestión en la Confederación.

Al respecto, IU desea saber el número de expedientes prescritos durante el anterior mandato de la CHS, así como aquellos que no se han ejecutado, y la pérdida económica que ha supuesto el que no se hayan cobrado las sanciones.

Señaló que entre octubre de 2005 y septiembre de 2006 se abrieron 125 expedientes, de los que 80 eran relativos a pozos, la mitad de los cuales se resolvieron y el resto están pendientes, mientras que hay 55 casos de riego ilegal, de los que 28 están pendientes, y que los resueltos han supuesto una cuantía de 22.000 euros.

Además se mostró sorprendido por las declaraciones de dirigentes del PP "vanagloriándose de la resolución, cuando se hace referencia a una negligencia sistemática. Que no se aprecien consecuencias penales no quiere decir que la gestión sea eficaz y que no haya podido haber irregularidades perseguibles", añadió.

Pujante manifestó que el PP regional "debiera pedir perdón por la ineptitud en la gestión de la CHS", y aseguró que "sí que ha habido una trama política de connivencia y permisividad".

Para Pujante, la CHS necesita de "una democratización y acabar con la opacidad", y citó la necesidad de garantizar el Convenio de Arus que garantiza al ciudadano el acceso a información ambiental.

Preguntado por al archivo del caso de supuesto robo de agua en la finca El Chopillo, en el Noroeste, respondió que lamentaba este archivo y que "no se actuó con la necesaria diligencia" en un caso en el que, según indicó, "hubo un conflicto de competencias".(EFE)