viernes, 3 de febrero de 2012

Carlos Egea no se bajará el sueldo como presidente de BMN

MADRID.- La reforma financiera aprobada ayer viernes por el Consejo de Ministros incluye una limitación de las retribuciones de los directivos de entidades que hayan recibido préstamos públicos, o que directamente hayan sido intervenidas, que supondrá una considerable rebaja para algunos de los principales ejecutivos del sector, empezando por el presidente Bankia, Rodrigo Rato, que verá rebajadas sus ganancias en un 75% a causa de la nueva normativa.

La medida impulsada por el Gobierno responde así a la polémica generada no solo por los salarios de algunos directivos de entidades en apuros, sino, sobre todo, por las indemnizaciones y pensiones que han cobrado algunos ejecutivos, que se incluyen en el conjunto de su retribución anual.
Uno de los casos más sonados fue el de Novagalicia, el banco resultante de la fusión de las cajas gallegas, que pagó 30 millones de euros a cuatro directivos tras recibir 3.627 millones de euros en ayudas públicas por su intervención, aunque también ha habido casos similares en Caixa Penedés o la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Por este motivo, el Banco de España exigió que todas las entidades con préstamos públicos o intervenidas hicieran públicas las remuneraciones de sus directivos al 31 de diciembre de 2011, lo que reveló que Rodrigo Rato percibió 2,34 millones de euros, mientras que el consejero delegado, Francisco Verdú, tiene un salario anual de 2,26 millones.
En virtud de la nueva normativa, ambos tendrán que reducir la retribución total que perciban por sus actividades en Bankia, que recibió 4.465 millones de euros del FROB, a un máximo de 600.000 euros, lo que para el presidente supone casi un 75% menos y para el consejero delegado, en torno a un 73,5% menos.
De hecho, todos los directivos que publicaron sus remuneraciones tendrán que bajarse el salario, salvo los del Banco Mare Nostrum, cuyo presidente, Carlos Egea, declaró una retribución anual de 456.000 euros, de los que 284.000 euros corresponden a su salario.
Así, entre los ejecutivos que verán reducida su retribución están el presidente de Cataluña Caixa, que percibió 1,55 millones, el presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, que declaró 903.660 euros, y el presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, que cobra 899.290 euros; en este último caso, la reducción será más acusada, puesto que el techo para los directivos de entidades intervenidas es de 300.000 euros.
Algunos de los directivos de esas entidades, en cualquier caso, se negaron a publicar sus sueldos pese a la exigencia del Banco de España, argumentando que esta petición no se ha trasladado a otros sectores económicos que han recibido ayudas públicas, como el del automóvil, y se ampararon en la Ley de Protección de Datos.
En concreto, todos los directivos que se integraron en Bankia procedentes de Caixa Laietana, algunos de Bancaja y de la Caja de Canarias y el presidente de Caja España-Duero, Evaristo del Canto, están entre quienes no han revelado sus retribuciones, recuerda RTVE.

Más de 550 militantes de base del PSRM firman un manifiesto de apoyo a Rubalcaba

MURCIA.-   Un total de 558 militantes de base del PSRM han firmado un manifiesto de apoyo al precandidato a la Secretaría General del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, según informaron fuentes de la Plataforma de Apoyo a Rubalcaba en la Región de Murcia en un comunicado.

   Se trata de militantes de las bases en la Región de Murcia tanto en las agrupaciones locales que han realizado consulta a sus militantes como por medio de la Plataforma digital que surgió hace tan solo una semana.
   La Plataforma murciana digital ha conseguido más de 550 adhesiones a su manifiesto y sus portavoces destacan que "en las agrupaciones locales del partido que han realizado una votación de consulta, como en San Pedro del Pinatar, Bullas o Murcia Este, Rubalcaba ha recibido una amplísima mayoría que le legitima como la opción más deseada por los militantes de base del PSOE en la Región de Murcia".
   Con este apoyo, que también ha resultado favorable a Rubalcaba en la mayoría de votaciones realizadas en diversas agrupaciones de Juventudes Socialistas como Calasparra, Cieza, Yecla o Murcia, desde la Plataforma consideran que "Rubalcaba recibe la legitimidad por parte de la militancia de esta Federación para liderar este partido en un nuevo tiempo cargado de arduo trabajo orgánico y trascendental tarea decisiva".
   La Plataforma 'Más Rubalcaba', presentada la semana pasada, ha basado su trabajo en las redes sociales y en el 'boca a boca' entre militantes, quienes han firmado un manifiesto que se encuentra en un espacio web y en diferentes redes sociales, cuyos perfiles de la plataforma también poseen un destacado número de seguidores.
   Los portavoces de este movimiento destacan el heterogéneo mestizaje de edades que se ha dado entre los apoyos, algo que achacan a "la diversidad intergeneracional que proyecta la precandidatura de Rubalcaba, que combina gente con mucha experiencia y trayectorias contrastadas junto a jóvenes con nuevas ideas y mucha vitalidad".
   Al respecto, este conjunto de militantes murcianos hacen especial hincapié en "el significado de que una murciana como María González Veracruz sea la portavoz de Rubalcaba y en la garantía de trabajo, dedicación y renovación que aporta a esta candidatura".
   Respecto a las cualidades más destacadas por los integrantes de la Plataforma hacia el precandidato socialista resaltan valores como la "coherencia, experiencia o la capacidad de explicar con pedagogía las propuestas a la ciudadanía, resaltando además el alto nivel de autocrítica y de liderazgo".
   Además, desde la Plataforma afirman que "el PSOE necesita realizar importantes cambios que sean liderados con la autoridad y determinación que Rubalcaba posee, así como la realización de un debate interno que sepa reconducir hacia un discurso nacional que diga lo mismo en todos los territorios de España y que de respuestas contundentes a conflictos interregionales como ha sucedido, por ejemplo, con el agua en los últimos años".
   Por último, desde la Plataforma murciana de apoyo a Rubalcaba desean el éxito en la realización del Congreso Federal del PSOE que se celebra este fin de semana en Sevilla para que "se garantice un proceso de renovación no únicamente de caras sino, sobre todo, de métodos y de hábitos para impulsar un proyecto que vuelva a representar a la gran mayoría de ciudadanos de este país y conseguir progreso en vez del regreso que ofrece el actual gobierno del PP".

Juan Bernal cuenta ya con su propio equipo en la Consejería de Economía

MURCIA.- Juan Bernal cuenta desde hoy con su propio equipo en la Consejería de Economía, tras tomar posesión de su cargo hace quince días en sustitución de Salvador Marín.

    El Ejecutivo regional ha aprobado este viernes el nombramiento de Miguel Ángel Blanes Pascual como secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, en sustitución de Antonio Sánchez-Solís de Querol.
   Asimismo, al frente de la Dirección General de Tributos estará Isaac Sanz Brocal, en sustitución de Francisco José Inglés Tomás, mientras que Andrés Carrillo González será el nuevo director general de Presupuestos y Fondos Europeos, en lugar de Esther Ortiz Martínez.
   Además, Pilar Valero Huéscar será la nueva directora del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región, en lugar de Francisco José Fuentes Campuzano.
   El nuevo secretario general de la Consejería de Economía, Miguel Ángel Blanes Pascual, nació en Valencia en 1964 y es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, ha desempeñado en la Administración regional el cargo de director general de Tributos (noviembre de 1996 a julio de 2011) con competencias en materia de financiación autonómica y de ordenación del juego.
   Fue consejero delegado de la Sociedad de Recaudación de la Región (1996 a 2001), funcionario del Cuerpo Técnico de la Hacienda Pública y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1990 a 1995), especializado en Gestión Tributaria, Recaudación e Inspección Tributaria.
   Entre junio de 1995 a noviembre de 1996 fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Cartagena y consejero delegado del polígono industrial de Cartagena. Asimismo, ha sido miembro de la Entidad de Saneamiento de la Región y del Consejo de Administración de Cajamurcia, además de vicepresidente de la Comisión Regional del Juego y Apuestas.
   El director general de Tributos, Isaac Sanz Brocal, nació en Orihuela en 1978, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y licenciado en Economía por la Universidad de Murcia. En ambas licenciaturas obtuvo el Premio extraordinario fin de carrera.
   Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Región de Murcia y jefe del Servicio de Inspección y Valoración Tributaria desde 2006.
   Andrés Carrillo González, el nuevo director general de Presupuestos y Fondos Europeos, nació en Murcia en 1965. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia.
   Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el Servicio Murciano de Salud, donde ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad, entre ellos el de director general de Régimen Económico y Prestaciones que ocupó desde 2004 hasta el pasado año.
   La nueva directora del Instituto de Crédito y Finanzas, Pilar Valero Huéscar, nació en Pliego en 1965, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad de Empresariales, por la Universidad de Murcia. Funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad.
   Ha desarrollado diferentes puestos en la Consejería de Economía y Hacienda, como la jefatura en la sección de Gestión de Tesorería, en Instituciones Financieras y en el área de Gestión y Planificación Financiera. Además, ha sido asesora facultativa en la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, subdirectora general de Finanzas y directora general del Instituto de Crédito y Finanzas.
   En el ámbito académico ha impartido docencia en la Universidad de Murcia en el área de Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa y en gestión financiera, en el Master en Dirección de Empresas (MBA) de la Facultad de Economía y Empresa y en el Master en Ingeniería Química de la Facultad de Química.

El PSRM presenta una moción en la Asamblea en la que reclama un Plan de pagos a proveedores con criterios "objetivos"

CARTAGENA.-   El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que reclama al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel un Plan de pagos a proveedores "con criterios objetivos, rigor, transparencia, seguridad jurídica y publicidad".

   Asimismo, Navarro ha pedido que el Gobierno regional "promueva cuantas disposiciones o modificaciones legislativas sean necesarias con observación de la Ley 15/ 2012 de 5 de julio, de Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales".
   Para el diputado socialista, "también es prioritario que el Ejecutivo de Valcárcel evite alargar los plazos de pago, así como la utilización de su posición dominante para, a través de acuerdos entre las partes, forzar quitas de la deuda contraída y plazos de pago inasumibles y ruinosos para los acreedores de la Hacienda Pública Regional y otros entes".
   Y es que, ha advertido, "la situación económica de las empresas acreedoras de la Comunidad es, en muchos casos, dramática dado el nivel de morosidad que la Administración Regional ha alcanzado".
   "Muchos empresarios han urgido al Ejecutivo regional a que pague las facturas sin más dilación. Según sus testimonios, muchas empresas, incluso con deudas bajas, no han cobrado ni un solo euro, al tiempo que denuncian el incumplimiento del anterior Plan de Pago por parte del consejero saliente, Salvador Marín", ha enfatizado Navarro.
   En concreto, sostiene que la deuda de la Comunidad con proveedores, organizaciones, familias e instituciones "supera los 2.000 millones de euros".
   Según Alfonso Navarro, las propuestas que la Administración Regional plantea "sólo contribuirán a agravar aún más la situación, colocando a muchas empresas directamente en la ruina y destruyendo más empleos".
   Por ello, reclama que de manera inmediata el Gobierno regional "ponga en marcha un Plan de pagos a proveedores, con criterios objetivos, rigor, transparencia, seguridad jurídica y publicidad".

El fiscal de Nueva York demanda a varios bancos de EEUU por fraude

NUEVA YORK.- El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, ha presentado una demanda contra varios de los mayores bancos del país, a los que acusa de proporcionar información "falsa y engañosa" para llevar a cabo ejecuciones hipotecarias "fraudulentas", según informó en un comunicado. 

   En concreto, Schneiderman menciona en su demanda a JPMorgan Chase Bank, Bank of America y Wells Fargo Bank, así como a Merscorp y sui subsidiaria Mortgage Electronic Registration Systems.
   El fiscal señala que la creación del uso de un sistema de registro electrónico de hipotecas privadas nacionales, conocido como MERS, se ha traducido en una amplia serie de ejecuciones hipotecarias "fradulentas y engañosas", perjudicando a los propietarios y socavando la integridad del proceso judicial de ejecuciones.
   La demanda afirma que los empleados y agentes de Bank of America, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo, que actuaron como "agentes certificados por el MERS", presentaron en repetidas ocasiones documentos en los juzgados que contenían información falsa y engañosa que hacían parecer que existía permiso para el embargo cuando no era así.
   Schneiderman apunta que los bancos crearon el sistema MERS en 1995 con el fin de ser un sistema de registro de la propiedad que facilitará una rápida titulización y venta de hipoteas. Sin embargo, luego presentaron demandas de ejecución hipotecaria "en masa" basadas en información fraudulentwa y engañosa, que buscaba echar de sus casas a la gente "con poro respecto a los requisitos legales básicos".

Italia podrá poner firmes a sus jueces cuando yerren

ROMA.- El Gobierno tecnócrata que lidera el primer ministro italiano, Mario Monti, ha sufrido su primera gran derrota en la Cámara de Representantes al aprobarse, en contra de su criterio, una enmienda legal que autoriza a los ciudadanos a denunciar a los jueces que hayan cometido errores. 

   La cámara baja del Parlamento ratificó a última hora del jueves por 264 votos a favor y 211 en contra la enmienda, que permitirá a los ciudadanos presentar denuncias civiles directamente contra los magistrados. La enmienda contaba con el rechazo frontal del Gobierno, que ha prometido eliminarla en el trámite en el Senado.
   La enmienda fue presentada ante la Cámara de Diputados por la Liga Norte, tradicional aliado de gobierno del Pueblo de la Libertad, el partido del exprimer ministro Silvio Berlusconi, y de un grupo de diputados 'díscolos' del Partido Demócrata (centro-izquierda).
   El Pueblo de la Libertad y la Liga Norte representan el principal apoyo en el Parlamento del Gobierno de Monti, por lo que la votación del jueves ha puesto de manifiesto la fragilidad del Ejecutivo tecnócrata.
   Aunque la votación no tendrá consecuencias legales, la aprobación de una norma en contra del Gobierno y los aplausos con que fue recibido el resultado denota el descontento de muchos diputados que no aprueban que les gobierne un gabinete tecnócrata que no ha sido elegido por las urnas.

El Ejecutivo dota de 10.000 millones la línea ICO para comunidades autónomas

MADRID.- El Gobierno ha acordado dotar con 10.000 millones de euros a la línea del ICO que permitirá a las comunidades autónomas afrontar los pagos pendientes con proveedores y financiar vencimientos de deuda. La dotación de la línea se podrá ampliar a 15.000 millones, previo acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 

   Así lo ha adelantado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que el acceso a esta línea estará condicionado al cumplimiento de las exigencias en disciplina presupuestaria.
   Así, las comunidades podrán usar los créditos de esta línea para pagar los contratos de suministro de obras y servicios suscritos antes del 1 de enero de 2012 previamente contabilizados como déficit, y para cumplir las obligaciones de deuda financiera contraída antes del 1 de enero de 2012 que venzan a mediados de este año.
   Según la portavoz, la medida trata de reducir la morosidad de las administraciones y hacer frente a los aplazamientos en el pago de deudas a las pequeñas y medianas empresas de forma que se pueda dinamizar su actividad.
   El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado las características de la nueva línea ICO, que contará con dos tramos, uno para dotar de financiación transitoria a las comunidades para pagar los vencimientos y otro para financiar las deudas pendientes de pago.
   En el primer tramo, el ICO realizará pagos directos a los acreedores de las comunidades autónomas con la mediación, en su caso, de los respectivos agentes de pago en la fecha de vencimiento de dichas obligaciones de pago.
   Los préstamos para financiar deuda vencerán en un máximo de tres años y contarán con una amortización "anual, lineal y constante". El tipo de interés, en este caso, será el de referencia del ICO más 225 puntos básicos.
   En el segundo tramo, el ICO realizará directamente los pagos a los proveedores a través de una entidad financiera y los gastos derivados de los pagos correrán a cuenta del cliente. En este caso, los préstamos tendrán un vencimiento único de 11 meses y el tipo de interés será el de referencia ICO más 175 más puntos básicos.
   De Guindos ha explicado que el Gobierno creará esta línea ante las dificultades de las comunidades para afrontar los vencimientos de deudas pasadas que han madurado en los últimos meses y para pagar a proveedores, situación que a su vez afecta "muy negativamente" a las pymes y los autónomos e influye en la destrucción de tejido empresarial en España.
   El ministro ha asegurado el Gobierno es muy consciente de los problemas que atraviesan las comunidades como consecuencia de los desequilibrios presupuestarios, aunque también ha dicho que el acceso a la línea se supeditará al cumplimiento de "condiciones muy estrictas".
   Así, los préstamos tendrán una "condicionalidad fiscal" por la que las comunidades y el Ministerio de Hacienda acordarán un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal. Además, las comunidades tendrán que aceptar condiciones particulares de seguimiento y adoptar medidas de ajuste para alcanzar los objetivos marcados, límites de endeudamiento y obligaciones de pago a proveedores.
   En este caso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el encargado de evaluar trimestralmente a las comunidades y si detecta incumplimiento podrá ampliar el tipo de interés de los préstamos en 25 puntos básicos.
   Además, la línea tendrá una "condicionalidad financiera", por la que las comunidades tendrán que remitir al Ministerio de Economía y Competitividad un informe de las operaciones realizadas. Además, una vez solicitada la línea, tendrán que obtener la autorización de este Departamento para plantear nuevas operaciones de endeudamiento.
   Si el Ministerio detecta nuevas operaciones de endeudamiento o un incumplimiento de naturaleza financiera podrá exigir anticipadamente las operaciones de préstamos realizadas con cargo a esta línea. Además, los intereses y la comisión de la financiación estarán cubiertos con las retenciones a efectuar a favor del ICO del 25% de los recursos del sistema de financiación.

El Gobierno limita a 300.000 euros el sueldo en entidades intervenidas

MADRID.- El Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado, anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

   El Ejecutivo ha establecido un techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ya sea a través de créditos al 7,75%, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o de capital.
   Han recibido apoyo público a través de créditos ('FROB 1') Bankia, Banca Cívica, Unicaja Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum (BMN) con el fin de llevar a cabo su integración, mientras que han sido nacionalizadas con capital público ('FROB 2') por problemas de solvencia Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia.
   En el caso de las entidades con créditos públicos, queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.
   Así, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 67% y el 65% con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los conceptos.
   En el caso de las entidades intervenidas, el personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros. El Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.
   Estas medidas se enmarcan en la reforma financiera que, entre otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros para sanear sus balances ante el deterioro de sus activos inmobiliarios.
   Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público "del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad".
   De Guindos sostuvo que el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España, e incidió en que el techo máximo establecido a los emolumentos es "razonable".
   El informe del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ponía de manifiesto que el grado de seguimiento de las recomendaciones de retribución contenido en el decreto del FROB por parte de las entidades era "medio o bajo".
   De Guindos subrayó que el Banco de España era responsable de la vigilancia de esta directiva y que cuando las remuneraciones de los directivos no son compatibles con la base de capital el instituto emisor está facultado para limitar el total de emolumentos.
   Se trata de una decisión que en este contexto "parece lógica", que se ha adoptado "sin demagogia pero con responsabilidad", según de Guindos, quien reconoció que es una medida que se aplica de cara al futuro, ya que "no se puede hacer nada" ante las retribuciones devengadas con anterioridad.
   El Gobierno está convencido de que "su misión no es fijar los sueldos del sector privado", pero tanto el Ejecutivo como el Banco de España consideran adecuado que las entidades de crédito que han recibido respaldo público garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que se concedió éste, y sirvan de ejemplo a la sociedad en un momento de dificultad, argumentó el ministro.

El Ejecutivo reduce los órganos de gobierno de las cajas

MADRID.- El Gobierno ha decidido simplificar los órganos de gobierno de las cajas de ahorro que hayan cedido su actividad de crédito, que sólo podrán contar con consejeros en asambleas generales y en los consejos de administración. 

   Según anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, esta limitación se incluye en el decreto ley que ha aprobado la reforma financiera.
   El ministro además concretó que se obligará a las cajas que ya no ejercen como entidades de crédito a destinar el 90% de sus ingresos a la obra social, al tiempo que se simplifica el funcionamiento y la forma de convocatoria de los consejos.
   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que compareció junto a De Guindos, agregó que la intención del Ejecutivo persigue rebajar los costes de las cajas.
   El ministro también avanzó que el decreto ley de la reforma financiera rebaja del 50% actual al 25% el umbral de capital a partir del cual las cajas deberán convertirse en fundaciones.
   Y aseguró que se retirarán ciertas exigencias, tales como auditorías y actividades de riesgo, precisamente por ceder su actividad bancaria a los bancos de los que son accionistas. "No tiene mucho sentido", apuntó.