Multitudinario funeral en Ceutí para despedir al político socialista José Ramón Jara

CEUTÍ.- Gentes del mundo de la política, la sociedad civil y la universidad se reunieron ayer tarde en un funeral multitudinario, en Ceutí, para despedir al bioquímico José Ramón Jara, diputado regional y vicesecretario general de la ejecutiva del PSRM-PSOE, que se ha muerto a los 45 años.

La iglesia parroquial de Santa María Magdalena apenas pudo acoger a la cantidad de personas que llenó completamente la plaza donde se ubica el templo, en el que se encontraban, además de su familia, sus compañeros de la Ejecutiva regional socialista encabezados por el secretario general del PSRM, Pedro Saura.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, en una sentida homilía, tuvo palabras de mucho afecto hacia la mujer y la hija, los hermanos y padres de Jara, cuando dijo que en "él estaba muy presente la sabiduría de las personas sencillas, de los pobres".

Reig Plan, en una misa concelebrada con el párroco y un sacerdote amigo de la familia, pidió a los compañeros en la actividad política de José Ramón Jara, que "su actitud dialogante y conciliadora sirva de ejemplo en su actuación pública", y trabajar con honestidad por la justicia.

(Jara se alineó públicamente desde el principio en favor de las tesis del obispo en la disputa con José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, sobre la titularidad de la UCAM).

Despidieron también a Jara sus amigos y vecinos de siempre, políticos, cargos de diversas administraciones, tanto del PSOE como del PP e IU, y rectores y compañeros de las universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y CLM-Albacete, donde ejerció durante varios años como gerente. Y hasta un vicerrector de la UCAM, donde se celebró otro funeral en su memoria.

Entre otros estaban en el sepelio, el ministro de Justicia y diputado socialista por Murcia, Mariano Fernández Bermejo; el presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel; el ex alcalde de Murcia, José Méndez; el ex presidente Carlos Collado; el coordinador regional de IU y diputado regional, José Antonio Pujante; el diputado Javier Mármol; el ex secretario regional de UGT, Víctor Meseguer; el presidente del Consejo Social de la UMU, Juan Bernal; el presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, y el presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita.

También acudieron destacados cargos socialistas, como Rosa Peñalver, Mari Carmen Moreno, Francisco Oñate, Teresa Rosique, María González y Begoña García Retegui; la diputada Sara García, el senador Francisco Abellán, la ex presidenta autonómica y consejera de "Caja Murcia", María Antonia Martínez, y el también ex presidente regional, Andrés Hernández Ros.

Los congregados dieron un largo aplauso al féretro a su salida del templo, portado a hombros por el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, el senador Manuel Hurtado, hermanos de Jara y algunos compañeros de partido.

Además del medio centenar de coronas envíadas por alcaldes y concejales socialistas de la Región, especialmente de la Vega Media del Segura, el PSRM ha recibido telegramas de pésame de José Blanco y Leire Pajín, miembros destacados de la Ejecutiva Federal, que finalmente no acudieron a Ceutí al delegar su representación en el ministro de Justicia.

Posteriormente, los restos del conocido y joven político fueron incinerados en el tanatorio de Molina.

(En la imagen de "La verdad", los hermanos portan el ferétro)

Murcia concentró un total de 94.979 extranjeros afiliados a la Seguridad Social en noviembre

MURCIA.- La Región de Murcia concentró un total de 94.979 extranjeros afiliados a la Seguridad Social en el mes de noviembre, lo que supone una disminución del 5,45 por ciento con respecto al mismo mes de 2007, según datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Así, entre noviembre de 2007 y 2008 el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia disminuyó en 5.473 personas. Cabe destacar además, que la disminución del 5,45 por ciento registrado en la Región quedó por encima de la media nacional, que registró un descenso del 2,7 por ciento en el último año.

Del conjunto de extranjeros que cotizaban en noviembre, 42.700 pertenecían al Régimen General, 5.594 al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 42.093 al Régimen Agrario, 4.453 al Régimen del Hogar, 140 al Régimen del Mar y ninguno al del Carbón.

Asimismo, del total de ocupados inmigrantes, 13.967 trabajadores procedían de países comunitarios, mientras que 81.012 eran trabajadores no pertenecientes a la UE.

Dentro de los países no comunitarios, 31.081 eran de nacionalidad marroquí y 28.423 ecuatoriana, países que suman entre ambos una media de 59.504 cotizantes. Bolivia, con 4.432 trabajadores, se situó como tercer país de procedencia de afiliados, por delante de Colombia, que contó con 3.143 cotizantes.

El resto de afiliados no comunitarios se repartieron entre Ucrania (2.784), China (1.482), Argelia (1.174), Argentina (930), Senegal (545), y Federación de Rusia (521).

Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, británicos y búlgaros fueron los más numerosos en el undécimo mes del año, con 3.514, 2.173 y 1.791 cotizantes, respectivamente. Les siguieron portugueses y polonios, con 1.415 y 1.024, y algo más lejos, los italianos, con 909 afiliados.

Por regímenes, 42.700 extranjeros que cotizaban a la Seguridad Social en noviembre se encuadraron en el Régimen General y dentro de él, un total de 11.171 personas, el 26,16 por ciento se encontraban en el sector de la construcción.

Tras ésta, el sector que más extranjeros concentra es el comercio, la reparación de vehículos de motor, con el 19,43 por ciento sobre el total de afiliados al régimen general, lo que supone 8.295, seguido de las actividades de hostelería, con el 15,23 por ciento.

Después del Régimen General, la presencia de los extranjeros es más numerosa en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con 5.594 afiliados; de los que el 27,55 por ciento trabaja en el sector comercio (1.541), el 20,81 por ciento en la construcción (1.164), el 19,65 por ciento en la hostelería y el 15,56 por ciento en la actividad inmobiliaria.

Fernández de Mesa pedirá a Defensa que aclare la avería del ‘Tramontana’

CARTAGENA.- El Grupo Popular en el Congreso preguntará al Gobierno por lo que Defensa calificó, el pasado viernes y un día después del suceso, como “una imprevista entrada de agua en la cámara central del submarino ‘Tramontana’, con base en Cartagena, cuando navegaba en inmersión y realizando pruebas rutinarias en la mar posteriores a un periodo de inmovilización programado para mantenimiento”, según el Ministerio.

Así lo anunciaba a "El Faro", el diputado popular por La Coruña, Arsenio Fernández de Mesa, quien definió como “percance grave” a la avería sufrida por el S-74 mientras se encontraba realizando unas maniobras en Cabo Tiñoso.

Para Fernández de Mesa, “es de una gravedad tremenda el riesgo al que se está sometiendo a nuestras Fuerzas Armadas que padecen una reducción presupuestaria que roza el 4% para este año, con la consiguiente pérdida de operatividad que esto conlleva y el envío a unas misiones internacionales con unos recursos cada vez más escasos. Es por ello que vamos a solicitar la comparecencia en el Congreso de la ministra Chacón, reclamando, además, el cuaderno de bitácora del Tramontana para conocer lo ocurrido y planteando dieciocho preguntas para que se aclare esta situación”.

A juicio del diputado y a tenor de las cuestiones remitidas al Gobierno, “aún desconocemos por qué el comandante ordenó zafarrancho de combate minutos antes de que se produjera el incidente y la entrada de agua a bordo, lo que nos hace pensar que fue su preparación y su pericia, así como la respuesta y entrega de toda la dotación, la que evitó una desgracia de grandes dimensiones. Esto supone que también preguntaremos por la forma en que el Gobierno piensa reconocer a a una dotación de sesenta marinos de guerra que se encontraban a 300 metros de profundidad”.

De igual modo, desde las filas populares no entienden que la gran carena del Tramontana, o lo que es lo mismo, el reparo y compostura que se hace en el casco de la nave para hacerlo estanco, “durase cerca de tres años, de abril de 2005 hasta bien entrado el 2008, cuando lo normal es que una gran carena dure un año”, afirmó Fernández de Mesa.

En esta misma línea, para el diputado “el fallo se produjo en uno de los pasos de agua y vamos a preguntar si este tipo de avería está en relación con la falta de presupuesto y el desacuerdo existente entre Defensa y Navantia”.

Los vecinos de Calasparra escenifican su protesta en Murcia por el cierre de La Diosa

MURCIA.- A los 400 trabajadores de Conservas Fernández de Calasparra que se manifestaron esta mañana por las calles de Murcia para protestar por el cierre de su empresa a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a la totalidad de la plantilla se sumaron más de 2.000 vecinos de la localidad, según informó a este medio el alcalde de la localidad, Jesús Navarro.

“Queríamos que en Murcia hubiese una presencia importante de la sociedad calasparreña, empezando por el Equipo de Gobierno local, que iba a la cabeza de la manifestación junto a los trabajadores”, explicó el socialista Navarro.

El alcalde, que desde un primer momento ha mostrado su apoyo a las familias afectadas por el ERE, explicó que el Ayuntamiento ha puesto autobuses gratuitos a disposición de los vecinos, y que los universitarios calasparreños residentes en Murcia han recibido sms para que se uniesen a la protesta.

Los manifestantes se congregaron frente a la Delegación de Gobierno a las 10.30 horas para trasladarse posteriormente al Palacio de San Esteban.

Las centrales sindicales UGT y CC.OO, así como los representantes de los trabajadores tenían la intención de solicitar una reunión con el delegado de Gobierno, Rafael González Tovar; y el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, extremos que consiguieron.

Por otro lado, Jesús Navarro informó que la convocatoria de huelga general en el municipio para hoy, realizada por el comité de empresa, ha tenido “una respuesta magnífica”.

Hasta las 17.00 horas, la actividad quedó paralizada. Comerciantes, hosteleros, centros educativos e incluso el mercado semanal que se celebra los viernes se han sumado a esta huelga.

“Seguiremos luchando con uñas y dientes”, aseguró rotundo Jesús Navarro.

General Dynamics acuerda la venta de su fábrica en Murcia a Expal

MURCIA.- General Dynamics Santa Bárbara Sistemas ha alcanzado un preacuerdo con Explosivos Alaveses (Expal) para la venta de su fábrica de Murcia, ubicada en la pedanía de Javalí Viejo, según informó la compañía.

Según el preacuerdo, Expal asumirá los activos y líneas de producción de la fábrica de Murcia, así como la plantilla de la misma. Asimismo, la compañía tiene previsto concentrar en esta planta todas sus capacidades productivas para la fabricación de pólvoras militares.

El acuerdo está supeditado a la autorización previa del Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos y de determinadas instalaciones de la fábrica de Murcia que actualmente están arrendados a Santa Bárbara Sistemas.

El Grupo Maxam, de cuya Unidad de Negocio de Defensa Expal es la sociedad cabecera, anunció que apoyará el futuro de esta planta con medidas que impulsen la producción en sus líneas de fabricación de nitrocelulosa y pólvoras. De esta manera, contribuirá tanto a la viabilidad futura de la fábrica como a garantizar la capacidad nacional de suministro de munición a las Fuerzas Armadas.

El consejero delegado de General Dynamics Santa Bárbara, Alfonso Ramonet, destacó que el acuerdo amplía las posibilidades de cooperación entre ambas compañías y permitirá mantener estas capacidades tecnológicas “en manos de una importante compañía española del sector que añade nuevas posibilidades para la fábrica de Murcia y sus empleados, asegurando el respaldo y apoyo a las necesidades futuras del Ministerio de Defensa español”.

Los regantes murcianos rechazan el Plan de Modernización de Regadíos

MURCIA.- Doscientos regantes de todo el heredamiento de Molina -La Algaida, Los Palacios, Lorquí, El Llano, Molina, La Torre Alta y La Ribera- 'desembarcaron' en Murcia para protestar por el Plan de Modernización de Regadíos.

Un portavoz de la Asociación en Defensa de los Intereses de los Regantes de Molina de Segura, convocante de la marcha, afirmó que "el agua del Río Segura, en vez de dejarla correr, la cortan en la contraparada, se la llevan a través del trasvase y la venden por ahí. Como nosotros, que tenemos los derechos de la toma directa del río Segura desde 1600, no pagamos el agua, ¿a quién se la van a dar? A quien la pague".

Uno de sus compañeros manifestó a "La Opinión" que, en virtud de este Plan, que ha sido subvencionado por Europa con 52 millones de euros, "están haciendo unas infraestructuras que son inviables para los agricultores, porque vamos a tener que pagar en energía eléctrica mucho dinero y no vamos a poder utilizar el agua. Entonces, se hará lo que ellos quieren: llevarse el agua que no vamos a usar".

Otro miembro de la asociación afirmó que "aquí, el problema es que nos han metido en un embolado de 52 millones de euros de subvenciones para hacer un plan de regadíos que ni queremos, ni nos hace falta, ni hemos pedido", sentenció.

Por ello, aseguró que "si no nos dan explicaciones, las vamos a pedir a Bruselas y recurriremos a la prensa europea. Este Plan no tiene capacidad jurídica, por falta de representatividad".

La marcha partió de San Esteban -donde Valcárcel recibió a los regantes y ambas partes fijaron una reunión para el día 23-. Posteriormente, atravesó la Gran Vía y Teniente Flomesta y llegó a la sede de la CHS, donde concertaron otra cita para tratar de buscar soluciones.

Decano del colegio: "Ocho tramas de arquitectos controlan el 80% de los proyectos urbanísticos"

MURCIA.- El decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Camino, asegura hoy en "La Opinión" que en la Región existen, al menos, ocho tramas formadas por profesionales del ramo que acaparan el 80% de los proyectos urbanísticos de los municipios.

Una de ellas es la que se destapó el pasado martes en San Javier y Fuente Álamo, donde fueron detenidos respectivamente los arquitectos municipales Miguel Botella Jiménez y José Mariano Sánchez Martini, a los que se acusa de cometer delitos fiscales y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Camino aclara que hace poco más de un año recibieron denuncias de supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por Martini y Botella y que se instruyeron expedientes informativos, ya que se sospechaba que las adjudicaciones de los proyectos vulneraban las normas de incompatibilidad a las que están sujetos los funcionarios públicos.

"Desde entonces, a Martini se le paralizó el visado de proyectos al detectarse irregularidades", dijo.

Para el decano, "es una lástima que brillantes y honestos profesionales apenas tengan empleo porque estas redes organizadas les impiden trabajar". Según éste, los arquitectos que respetan la ley "no realizan ni el 5% de los proyectos de la Región".

"Estos casos no son recientes, los estamos denunciando desde hace mucho tiempo. Aún así, de momento, sólo se han destapado las 'corruptelas' de municipios pequeños, pero las más graves, las de los ayuntamientos grandes, están aún por salir a la luz", indica.

Camino apuntó que el Colegio de Arquitectos no ha tardado en actuar contra estos casos, pero reconoce que "son muy difíciles de detectar" porque es necesario reunir numerosas pruebas.

"Las tramas están muy bien organizadas, se mueven, se ocultan y, a veces, cuando impedimos trabajar a un arquitecto de un municipio suelen recurrir a otro de fuera de la administración. Nosotros empezamos a sospechar cuando aparece de la nada otro profesional libre que, de repente, hace hasta cien trabajos en la misma localidad", comentó.

El Colegio de Arquitectos de la Región, tal y como sostiene Francisco Camino, lleva años luchando para defender "la limpieza, la igualdad de oportunidades, la libre competencia, la transparencia y el respeto a la legalidad" en la adjudicación de proyectos urbanísticos en los ayuntamientos de la Región.

Todos los arquitectos detenidos quedan en libertad con cargos y sin fianza

SAN JAVIER.- El arquitecto municipal de San Javier, Miguel Botella, abandonó a última hora de ayer, los juzgados de la localidad ribereña, entre abrazos y felicitaciones de un grupo de allegados que le esperaban. De igual modo, antes, fueron puestos en libertad con cargos los otros dos arquitectos presuntamente implicados en una trama para monopolizar las actuaciones y proyectos urbanísticos de los ayuntamientos de San Javier y Fuente Álamo, según relata hoy "La Verdad".

Tras pasar dos días en dependencias de la Guardia Civil en Cartagena, los tres imputados han sido puestos en libertad sin pagar fianza y con la obligación de presentarse cada quince días ante el Juzgado número 1 de San Javier, que instruye el caso. Fuentes del fiscal que lleva el caso indicaron que, durante las investigaciones, ha quedado acreditada la comisión de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y asociación coyuntural ilícita.

José Mariano Sánchez Martini, funcionario de Fuente Álamo, y Juan Pedro Sánchez Trapero, arquitecto, que según fuentes de la investigación, trabajaban como socios de Botella a través de la empresa Gruparq-3, han quedado en libertad, imputados, aunque no formalmente acusados de los mismos delitos.

Respecto a los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan, la Agencia Tributaria deberá calcular si ha habido fraude fiscal. Fuentes judiciales próximas al caso indican que se ahora habrá que dilucidar si la empresa de la que eran propietarias las esposas de los arquitectos -también imputadas y puestas en libertad- es una pantalla para ocultar el dinero que ganaban sus maridos, que, según los mismos informadores, ascendió a 24 millones de euros el pasado año.

Durante la jornada de ayer, Sánchez Martini fue el primero en declarar, durante dos horas, antes de acudir al registro, que hizo la Guardia Civil, de su casa. Mientras estuvo fuera, le tocó el turno a Sánchez Trapero, también durante dos horas. Ambos llegaron en vehículos del Cuerpo y abandonaron los juzgados en solitario y sin hablar con la prensa.

La declaración más larga fue la de Botella, más de tres horas. A su salida, se mostró feliz, aunque evitó las preguntas. El que sí habló fue su abogado, José Antonio García, para decir que su cliente había respondido a todas y cada una de las cuestiones de manera «lógica y coherente», colaborando con la Justicia en la medida de sus posibilidades.

Penas leves

Por las negociaciones prohibidas a funcionarios: pena de multa y suspensión de empleo público; por la asociación coyuntural ilícita: entre dos y cuatro años de cárcel. Ése es el panorama al que se enfrentarían los arquitectos si se confirmasen los dos cargos que ahora cobran más fuerza, según el fiscal.

Sin embargo, es muy poco probable que ninguno de ellos diese con sus huesos en presidio por dos razones. La primera: al parecer ninguno de ellos tiene antecedentes penales. La segunda: la asociación ilícita se asocia a terrorismo y bandas organizadas; sólo se ha tenido en cuenta en cuestiones económicos en un caso, el del presidente de Filesa, en los 90.

Tampoco está todo dicho. La documentación incautada en los registros servirá para esclarecer si hubo otros delitos. Además, Hacienda aún tiene que investigar si hubo fraude fiscal.

El Metal murciano quiere marcar el rumbo a Zapatero y le remite 61 propuestas de soluciones a los problemas económicos

MURCIA.- La Federación Regional de Empresarios del Metal de la Región de Murcia (Fremm), a través de su Consejo Directivo, mostró su pretensión de que la patronal CROEM «dé curso por vías empresariales» a su recetario de medidas para paliar la crisis -documento en el que se recogen 61 propuestas- al objeto de que se haga llegar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Igualmente, pidió «agilidad y amplitud» en las medidas del Gobierno de la nación. Así lo acordó la federación de empresarios del metal en su Consejo Directivo, que recordó que entre sus propuestas, está «el restablecimiento del flujo de crédito hacia las empresas y familias, además de advertirse de que la falta de liquidez está provocando un incremento alarmante en la morosidad».

Al hilo, la Fremm informó, en un comunicado, que «los empresarios desean que se actúe cara al mercado con mayor rapidez y agilidad, ante la realidad de que las pymes no están recibiendo ayuda alguna con cargo a los planes aprobados por el Gobierno estatal, si bien si se percibe la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno regional».

Es por ello que pidió «el adelanto en un mes de la Línea de ayudas ICO para atender las necesidades de capital circulante de pequeñas y medianas empresas, junto a la introducción de plazos máximos de pago, a contar desde la fecha de emisión de la factura, para frenar el crecimiento de la morosidad».

Detrás del paso dado, está el interés de los dirigentes del sector del Metal en que las medidas expuestas se hagan llegar a los mandatarios en las organizaciones empresariales en Madrid, caso de la CEOE y Cepyme, por entender que «se trata de actuaciones que van en beneficio del desarrollo de este país y que deberían estar presentes en reuniones que celebren con el Gobierno de España».

El propósito de los representantes de la patronal sectorial es que el jefe del Ejecutivo español reciba estas iniciativas tanto por vía política como empresarial, «y las tenga en consideración en favor del progreso de esta Comunidad Autónoma».

El manifiesto de la patronal del Metal parte de la base de que su aplicación «permitiría continuar en la línea de crecimiento económico seguida durante más de una década en esta provincia del sureste, algo posible con medidas de ámbito regional como es un nuevo y consensuado plan hidrológico nacional, el mantenimiento del caudal actual del trasvase Tajo-Segura, el AVE Madrid-Cartagena por Albacete y Cieza, además de otra línea ferroviaria por el Mediterráneo con corredores independientes para pasajeros y mercancías».

A estos planteamientos se uniría «una agilización en la autorización de una nueva dársena para el Gorguel para tráfico de containers y mercancías limpias, y la aceleración de la autovía con Valencia por el interior».

Proponen también medidas «inmediatas» de ámbito estatal, dirigidas a emprender actuaciones en materia tributaria, administraciones públicas, justicia, ámbito socio-laboral y educativo, de energía, acceso rápido a líneas de financiación para tesorería y activo circulante y medidas contra la morosidad, entre otras.

La propuesta recoge también que el Gobierno de España «acuerde la deducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, y que se cierre un pacto que asegurase la unidad del mercado nacional para que la normativa del mercado interior se interprete igual en todas las comunidades autónomas».

El objetivo es frenar la situación que viven, entre otros, los talleres de automóviles, que ven como sus negocios han caído alrededor de un 30%, según publicó el pasado domingo La Verdad.